crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
Por todas estas razones, la presente iniciativa de ley busca corregir un conjunto 
de distorsiones legales que, acumuladas en el tiempo, han debilitado los 
cimientos de la justicia penal. No se trata de una medida aislada ni de una 
reforma técnica menor, si no de una decisión política orientada a restablecer el 
principio de legalidad, reforzar la eficacia del sistema judicial y garantizar el 
derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno seguro y con instituciones 
confiables, es decir, se apunta a tres objetivos principales:
2  CHANJAT DOCUMET, Rafael. “ Apuntes sobre la inconstitucionalidad de la Ley 32108 de crimen  
organizado”. Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2024. En: 
https://facultad-derecho.pucp.edu.pe/ventana-juridica/apuntes-sobre-la-inconstitucionalidad-de-la-ley-
32108-de-crimen-organizado/
La presente iniciativa se sostiene sobre una base constitucional y legal sólida 
que exige la coherencia interna del ordenamiento jurídico, la prevalencia de las 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el deber 
indeclinable del Estado de garantizar la seguridad, la justicia y la integridad 
institucional. Desde esa perspectiva, la derogación de las normas indicadas 
responde a mandatos constitucionales y a obligaciones legales y convencionales 
que obligan a la acción legislativa correctiv a cuando leyes internas vulneran 
principios superiores del sistema constitucional.
En primer lugar, la Constitución Política del Perú establece principios y deberes 
que resultan determinantes. Así, el artículo 44 impone al Estado la obligación de 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la 
persona humana; el artículo 55 integra los tratados internacionales sobre 
derechos humanos al derecho interno, configurando así el bl oque de 
constitucionalidad; el artículo 138 reafirma la función constitucional del Poder 
Judicial como órgano encargado de administrar justicia; y el artículo 159 
reconoce al Ministerio Público como ente rector de la acción penal pública y 
defensor de la l egalidad. Estas previsiones constitucionales sitúan al legislador 
en una obligación de respetar y armonizar las normas internas con los 
compromisos internacionales y con los principios estructurales del Estado de 
Derecho.
En segundo lugar, los principios rectores del derecho penal y procesal (v.g. 
principio de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso en sus diversas 
manifestaciones) constituyen límites materiales a la potestad legislativa penal. 
Dichos principios exigen que las reformas orientadas a proteger garantías no se 
conviertan en instrumentos de impunidad ni desarmen, de facto, las funciones 
esenciales del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación 
eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales 
y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado 
la definición de “crimen organizado” en el  Código Penal para excluir 
delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos (…)”3.
3 Human Rights Watch. “Legislar para la impunidad. Cómo el Congreso del Perú permite el avance del 
crimen organizado”. 8 de julio de 2025 https://www.hrw.org/es/report/2025/07/08/legislar-para-la-
impunidad/como-el-congreso-del-peru-permite-el-avance-del-crimen
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
Por otra parte , la arquitectura del derecho internacional en materia penal y de 
derechos humanos integra obligaciones concretas que tienen rango 
supranacional dentro del sistema jurídico peruano. El Perú ha ratificado 
instrumentos esenciales (entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción  y la Convención de Palermo) que 
imponen deberes de investigación, sanción y reparación frente a delitos graves.
Del mismo modo, la jurisprudencia interamericana ha deslindado con claridad la 
ilegitimidad de disposiciones internas que constituyan instrumentos de 
impunidad (amnistías, indultos extensivos, disposiciones de prescripción o 
excluyentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de 
violaciones graves) y ha establecido el deber estatal de remover obstáculos de 
hecho y de derecho que impidan la investigación eficaz 4 . Dichos 
pronunciamientos configuran estándares de interpretación obligatorios para los 
órganos internos y orientan el ejercicio del control de convencionalidad por parte 
de jueces y tribunales. Estos estándares interamericanos refuerzan la idea de 
que la existencia de leyes que limitan la persecución penal frente a hechos de 
especial gravedad resulta incompatible con el derecho internacional de los 
derechos humanos y con el propio orden constitucional peruano que incorpora 
esos tratados.
De otro lado, el principio de separación de poderes y la autonomía funcional de 
las fiscalías y los tribunales exigen que la legislación penal no invada 
competencias judiciales ni someta la persecución penal a criterios de carácter 
extraordinario que debiliten la acción institucional. Legislaciones que condicionan 
o restringen indebidamente la actuación del Ministerio Público o alteran el 
régimen probatorio y procesal pueden constituir una injerencia en funciones 
propias de la judicatura y la fiscalía, con efectos perniciosos sobre la 
independencia judicial y la tutela jurisdiccional efectiva.  
En ese sentido, l a derogación propuesta se orienta a garantizar que las 
instituciones competentes actúen con la autonomía y herramientas técnicas 
necesarias para la persecución del delito, evitando interferencias legales 
regresivas.
4 Cfr. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú.  Sentencia de 22 de junio de 2016 (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 314, Caso La Cantuta vs. Perú.  Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C No. 162, 29 de noviembre de 2006, Caso Barrios Altos y otros vs. Perú.  
Sentencia de Fondo. Serie C No. 75, 14 de marzo de 2001, entre otros.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
obligaciones internacionales ratificadas por el Estado, a exigencias del derecho 
penal y procesal en materia de proporcionalidad y eficacia, y a la necesidad de 
preservar la independencia institucional y la confianza ciudadana. La derogación 
de las normas señaladas es, en consecuencia, una medida jurídicamente 
fundada, necesaria para restablecer la coherencia del sistema normativo y para 
asegurar que el Perú cumpla con sus deberes internos e internacionales en 
materia de justicia y lucha contra la impunidad.
El sentido de esta iniciativa no se reduce a un ajuste técnico del sistema penal, 
sino que constituye un acto de reafirmación del Estado de Derecho frente a una 
tendencia legislativa que, de manera progresiva, ha erosionado las capacidades 
del sistema de p ersecución penal, debilitando el equilibrio entre las garantías 
individuales y el interés público de proteger a la sociedad.
Durante los últimos años, el país ha experimentado una creciente preocupación 
por la proliferación de normas penales y procesales que, bajo el argumento de 
proteger derechos o corregir excesos del sistema, han tenido en los hechos un 
efecto contrario, es decir, la reducción de las posibilidades reales del Estado para 
investigar, sancionar y prevenir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos 
graves. Este fenómeno ha sido calificado por diversos sectores de la sociedad 
civil, la prensa y organismos especializados como la “normalización de la 
impunidad legislativa” 5 . Las seis leyes comprendidas en este proyecto se 
inscriben en esa tendencia y han contribuido a debilitar la capacidad institucional 
del sistema de justicia, generar incertidumbre entre los operadores jurídicos y 
enviar un mensaje de tolerancia frente a la criminalidad.
En el plano político, la aprobación de tales normas refleja una preocupante 
instrumentalización del poder legislativo, en la que decisiones de política penal 
se adoptan sin una evaluación técnica ni un diálogo estructurado con los órganos 
del sistema de justicia, lo cual no solo afecta la calidad democrática del proceso 
legislativo, sino que también compromete la legitimidad del Congreso ante la 
ciudadanía6. El Parlamento, como poder del Estado, tiene la potestad de legislar,
5 Cfr. Diario La República. “Estas son las 8 leyes pro crimen que aprobó el Congreso” . Lima, 23 de octubre 
de 2025. En: https://larepublica.pe/politica/2025/10/23/congreso-aprobo-8-leyes-a-favor-del-crimen-
organizado-el-legado-de-dina-boluarte-respaldado-por-el-gobierno-de-jeri-hnews-1112947  
6 Cfr. Panamericana Televisión. “Expertos piden derogar “leyes pro crimen” aprobadas por el Congreso”. 
Lima, 28 de octubre de 2025. En:  https://panamericana.pe/24horas/locales/457191-expertos-piden-
derogar-leyes-pro-crimen-aprobadas-congreso
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
pero esa potestad está sujeta a límites de razonabilidad, proporcionalidad y 
respeto a los fines superiores de la Constitución. La función política del legislador 
debe ser la de garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, no la 
de producir normas que fragmenten el orden jurídico ni socaven la confianza en 
las instituciones.
Desde el punto de vista institucional, las normas que se propone derogar han 
generado impactos negativos sobre el funcionamiento del sistema de justicia 
penal. Varias de ellas han restringido la eficacia de la acción penal al ampliar los 
márgenes de prescr ipción, establecer causales de exclusión o alterar la 
calificación de delitos de organización criminal, lo que ha debilitado la capacidad 
del Ministerio Público para perseguir delitos complejos y del Poder Judicial para 
impartir justicia en plazos razonabl es. La acumulación de estas reformas ha 
afectado la coherencia del sistema y ha incrementado la percepción ciudadana 
de que el Estado no está en condiciones de hacer frente al crimen con firmeza 
ni transparencia.
La impunidad no solo lesiona a las víctimas, sino que deteriora la confianza 
colectiva en la justicia, incentiva la corrupción y alimenta la sensación de 
inseguridad. Por ello, la decisión de derogar las leyes mencionadas constituye 
un acto legislativo de reafirmación del principio republicano en el que todos los 
ciudadanos y funcionarios, sin excepción, deben estar sometidos a la ley, y 
ninguna disposición normativa puede ser usada para neutralizar la acción del 
Estado frente al delito. Asimismo, y desde esta misma perspectiva institucional, 
esta propuesta reivindica el papel del Congreso como órgano de control y 
corrección normativa.
En un contexto en que parte de la legislación penal ha sido aprobada sin el 
necesario contraste técnico, la derogación representa una oportunidad de 
rectificación y fortalecimiento del equilibrio de poderes. De esta manera, el 
Parlamento ejerce una función  de autodepuración, asumiendo su 
responsabilidad frente al país y demostrando que la función legislativa incluye 
también la corrección de sus propios desvíos, en consonancia con el principio de 
rendición de cuentas. 
La propuesta también responde a una necesidad de fortalecimiento del sistema 
de justicia en su conjunto. El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía 
Nacional requieren un marco normativo claro, estable y coherente que respalde 
su actuación frente  al crimen. La derogación de estas normas permitirá 
restablecer un entorno normativo más predecible, uniforme y coherente con las 
funciones constitucionales de cada entidad.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
De otro lado, a  nivel discursivo, esta iniciativa reafirma un mensaje central: la 
seguridad, la justicia y la integridad institucional son bienes públicos que el 
Estado tiene el deber de proteger frente a cualquier intento de debilitamiento. En 
tiempos de crisis de confi anza, la eliminación de normas que facilitan la 
impunidad constituye una señal de coherencia moral y política. Supone 
reconocer que no hay justicia sin responsabilidad, ni Estado de Derecho sin 
límites al poder. Derogar leyes injustas o regr esivas no es un acto de 
confrontación política, sino una expresión de madurez institucional y compromiso 
con el bien común.
Por tanto, desde una perspectiva política e institucional, el proyecto de ley busca 
restablecer el equilibrio perdido entre la autoridad del Estado y los derechos de 
los ciudadanos, devolver coherencia a la política criminal, fortalecer el control 
parlamentario y reconstituir la confianza ciudadana en la justicia. Representa, en 
suma, una acción correctiva necesaria para evitar que el sistema penal se 
convierta en un espacio de privilegios y para reafirmar el principio básico sobre 
el que descansa toda democracia constitucional, esto es, que la ley es igual para 
todos y que ninguna norma puede estar por encima del deber de justicia.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 26889, 
Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007 -2022-JUS, el análisis de impactos cuantitativos y/o 
cualitativos de la norma consiste en un método de análisis para el impacto y los 
efectos que tiene una propuesta legislativa sobre diversas variables que afectan 
a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite 
cuantificar los costos y beneficios o en su defe cto posibilita apreciar 
analíticamente beneficios y costos no cuantificables.
En esa línea, el marco jurídico vigente establece que el análisis costo beneficio 
es obligatorio en todos los proyectos normativos, y en particular en aquellas de 
desarrollo constitucional, en las leyes orgánicas o de reformas del Estados, leyes 
que incidan en aspectos económicos, financieros, productivos o tributarios; y 
leyes relacionadas con política social y ambiental7.
Al respecto, conforme al planteamiento del presente proyecto de ley, a partir de 
su entrada en vigencia se busca restablecer la coherencia y eficacia del sistema 
penal peruano, eliminando del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que 
debilitan la persecución del delito y favorecen la impunidad. Con ello, se asegura 
la plena vigencia del Estado de Derecho y se refuerzan los principios de 
legalidad, igualdad ante la ley y responsabilidad penal efectiva, pilares 
esenciales de un sistema democrático y justo.
De esta manera, la iniciativa legislativa deroga de manera integral un conjunto 
de normas que, en distintos ámbitos del Derecho Penal y Procesal Penal, 
introdujeron limitaciones, excepciones o modificaciones regresivas que han sido 
ampliamente cuestionadas  por instituciones del sistema de justicia, 
organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia penal. Dichas leyes 
afectaron la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos graves, 
redujeron los mecanismos de persecución penal y deb ilitaron la lucha contra la 
criminalidad organizada, la corrupción y la inseguridad ciudadana.
En este sentido, el análisis costo -beneficio de l a medida evidencia impactos 
constitucionales, institucionales y sociales positivos , pues  se fortalece la 
autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, se garantiza la 
predictibilidad y coherencia del sistema de justicia penal , y se restituye la 
confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para sancionar la 
criminalidad. Asimismo, se reafirma el compromiso del Perú con los principios 
consagrados en la Constitución Política y en los tratados i nternacionales en 
materia de derechos humanos y justicia penal, en particular la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
La derogación conjunta de las normas mencionadas no genera vacíos legales ni 
conflictos normativos, dado que no suprime tipos penales ni altera el régimen 
sustantivo vigente. Por el contrario, corrige distorsiones que erosionaban la 
eficacia de la persecuc ión penal y vulneraban principios constitucionales 
esenciales, restableciendo la coherencia del sistema jurídico nacional con los 
estándares internacionales en materia de legalidad, justicia y lucha contra la 
impunidad.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
formalmente justificadas como medidas de “optimización” del sistema penal, 
generaron un debilitamiento efectivo de la capacidad del Estado para investigar y 
sancionar delitos graves. Tales normas, en conjunto, redujeron plazos de 
prescripción, limitaron la  responsabilidad penal de personas jurídicas y 
organizaciones políticas, restringieron las herramientas procesales de 
investigación, y crearon incentivos para la impunidad en casos de corrupción y 
criminalidad organizada.
Desde el punto de vista normativo, la derogación de estas leyes no genera vacíos 
ni conflictos jurídicos, ya que no suprime tipos penales ni introduce nuevas figuras, 
sino que corrige distorsiones estructurales que afectaban la coherencia y eficacia 
del sistema penal. Con su eliminación, se restituye la vigencia plena del principio 
de legalidad y del deber estatal de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los 
delitos con proporcionalidad y eficacia, en cumplimiento de la Constitución Política 
del Perú, as í como de los compromisos derivados de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.
En el ámbito institucional, la medida fortalece la independencia y autonomía 
funcional de las entidades encargadas de la persecución penal y la administración 
de justicia, particularmente del Ministerio Público  y el Poder Judicial. Al eliminar 
interferencias legislativas que restringían sus facultades, se consolida el principio 
de separación de poderes y se reafirma la función constitucional de estos órganos 
como garantes del Estado de Derecho. De igual modo, se r efuerza la capacidad 
del sistema de justicia  para enfrentar fenómenos complejos como el crimen 
organizado, la corrupción sistémica y la infiltración de intereses ilegales en la vida 
política y económica del país.
En el plano constitucional, la derogación contribuye al cumplimiento del deber del 
Estado de garantizar la seguridad y la justicia, conforme al artículo 44 de la 
Constitución, y reafirma la obligación de respetar y proteger los derechos 
fundamentales de la s personas, asegurando que las normas legales no sean 
utilizadas como instrumentos de protección indebida frente a la acción de la justicia. 
Asimismo, evita la erosión del principio de igualdad ante la ley y la generación de 
responsabilidad internacional por incumplimiento de obligaciones convencionales 
asumidas por el Perú en el marco del sistema interamericano y de las Naciones 
Unidas.
Desde una perspectiva social, la medida restablece la confianza ciudadana en el 
sistema de justicia y en la institucionalidad democrática, al eliminar normas 
percibidas como retrocesos en la lucha contra la impunidad. Su aprobación 
representa una señal clara de compromiso político y ético con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la lucha frontal contra el crimen y la corrupción, 
contribuyendo a reconstruir la legitimidad del Estado ante la ciudadanía.
En conjunto, esta iniciativa restituye la integridad y coherencia del sistema jurídico 
nacional, reafirma el compromiso del Perú con los valores universales de justicia, 
responsabilidad y legalidad, y consolida su posición en la comunidad internacional 
como un Estado que no tolera la impunidad ni las reformas regresivas que debiliten 
la persecución penal y la lucha contra el crimen organizado.
De mi especial consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarl e cordialmente y, a su vez, solicitar opinión 
institucional del Proyecto de Ley 1 4732/2025-CR, “PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA UN 
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN AL PROCESO DE INTEGRACIÓN OBLIGATORIA PREVISTO EN EL DECRETO 
LEGISLATIVO 1280 Y EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1620 — LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO — EN BENEFICIO DE LA S ORGANIZACIONES 
LOCALES SIN FINES DE LUCRO QUE ACREDITEN GESTIÓN EFICIENTE EN PEQUEÑAS CIUDADES Y 
CENTROS POBLADOS”, la misma que será un valioso aporte en tanto, será objeto de estudio por 
parte de la comisión que presido coadyuvando al resultado del mismo.
El congresista de la república ALFREDO PARIONA SINCHE , miembro de la 
BANCADA SOCIALISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le 
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y , en concordancia 
con los artículos 22 inciso c) 67, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la 
República presenta el siguiente proyecto de ley.
Artículo 1. Objeto de la ley  
La presente ley tiene por o bjeto se declare como interés nacional el 
reconocimiento como patrimonio cultural, la expresión cultural inmaterial “Qatun 
Riksinakuy”, a fin de promocionar y difundir lo como la manifestación cultural 
ancestral más importante de la Comunidad Campesina Chopcca del 
departamento de Huancavelica, puesto que, simboliza el reconocimiento, 
encuentro y, fortalecimiento de identidad comunal y cultural de la población.
--- Página 2 ---
2 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 
PARIONA SINCHE ALFREDO 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. El Poder Ejecutivo , en coordinación con el Gobierno Regional de 
Huancavelica, priorizará las acciones correspondientes de acuerdo con sus 
competencias y atribuciones, para el cumplimiento de la presente ley.
“Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 
lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 
testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes 
culturales, y provisionalmente los que se presumen com o tales, son 
patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. En el caso 
de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en 
zonas subacuáticas del territ orio nacional, la propiedad de estos es del 
Estado, la que es inalienable e imprescriptible. Todos los bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter 
público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El 
Estado f omenta conforme a ley, la participación privada en la 
conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la 
restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del 
territorio nacional.”
--- Página 4 ---
4 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 
PARIONA SINCHE ALFREDO 
inmaterial relacionada o con incidencia en el quehacer humano, que por 
su importancia, significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 
urbanístico, artístico, militar, social, simbólico, antropológico, vernacular 
o tradicional, religioso, etno lógico, científico, tecnológico, industrial, 
intelectual, literario, documental o bibliográfico sea expresamente 
declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. 
Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública, o privada con 
las limitaciones que establece la presente Ley. El Estado es responsable 
de su salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y promoción, como testimonio de la identidad cultural 
nacional.” (Artículo II, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
2004)