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El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es el riesgo 
de afectación a la conservación del acervo documental bajo custodia del Archivo 
General de la Nación, el cual constituye parte esencial de la memoria institucional, 
histórica y jurídica del país. Esta situación se origina en el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, mediante Resolución N° 
59, que obliga a la restitución de los ambientes ocupados por el AGN en el Palacio 
de Justicia y, en consecuencia, al traslado integral del fondo documental ubicado 
en dicha sede. Si bien la entidad viene desarrollando acciones preparatorias, se ha 
identificado una brecha de financiamiento que limita la capacidad del pliego para 
atender integralmente dicho proceso, generando riesgos para la conservación del 
patrimonio documental y la continuidad de los servicios archivísticos. 
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Financiamiento para la transmisión de mando 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la 
organización y desarrollo de la Transmisión de Mando Supremo y eventos 
relacionados, en tanto no constituye una actividad discrecional de carácter 
protocolar, sino la materialización del mandato previsto en el artículo 116 de la 
Constitución Política del Perú, conforme al cual el 28 de julio del año de la elección 
asume funciones el Presidente de la República electo. Dicha ceremonia oficial ante 
el Congreso de la República garantiza la sucesión presidencial y la continuidad 
institucional del Poder Ejecutivo en el marco del orden democrático; por ello, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores requiere fortalecer su capacidad financiera para 
atender los gastos que demanda su organización, coordinación y dirección, 
incluyendo los actos oficiales en los que participa el Presidente de la República y 
altas autoridades, así como la evaluación y organización de visitas de Jefes de 
Estado y autoridades extranjeras, conforme al Reglamento del Ceremonial del 
Estado y Ceremonial Regional, al Decreto Supremo N.° 97-2005-RE y al Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
- Financiamiento de operatividad del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es que el 
INDECOPI requiere fortalecer su capacidad financiera a efectos de implementar las 
recomendaciones formuladas por el Comité de Políticas del Consumidor de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la 
necesidad de fortalecer las acciones de fiscalización del mercado de combustibles 
a nivel nacional, en el marco de las competencias del INDECOPI en materia de 
protección al consumidor, a fin de prevenir y detectar posibles conductas de 
acaparamiento y especulación que puedan afectar los derechos de los 
consumidores y el adecuado funcionamiento del mercado. 
Cabe resaltar que, estas acciones comprenden el fortalecimiento de los mecanismos 
de recopilación y análisis de información sobre reclamos y denuncias de 
consumidores, la mejora de herramientas de supervisión y fiscalización, así como la 
ejecución de acciones de control destinadas a prevenir y detectar posibles 
conductas de acaparamiento y especulación que puedan afectar los derechos de los 
consumidores y el adecuado funcionamiento del mercado. 
- Financiamiento para la implementación de nuevas universidades públicas 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es el déficit 
de financiamiento del pliego 010 M. de Educación, para la elaboración del plan 
director, IOARR de corresponder, para la adquisición anticipada de terreno en 
locales universitarios y/o los estudios de preinversión respectivos para la 
implementación de la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma de Olmos 
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