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- Financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas a nivel nacional 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es 
garantizar la continuidad de las diversas intervenciones y acciones pedagógicas, las 
cuales se encuentran en riesgo de paralización en el último trimestre del presente 
año fiscal por falta de cobertura presupuestal, lo que vulneraría el derecho a una 
educación continua, inclusiva y de calidad para más de 5 millones de estudiantes a 
nivel nacional. Es preciso indicar, además, que las intervenciones y acciones 
pedagógicas constituyen la respuesta estatal directa para brindar equidad, soporte 
socioemocional y acompañamiento técnico. 
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- Financiamiento del Subsistema de Extorsión 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la 
creciente incidencia de delitos vinculados a extorsión, sicariato y criminalidad 
organizada en el Distrito Judicial de La Libertad, situación que afecta directamente la 
seguridad, integridad y acceso oportuno a la justicia de la población usuaria, 
especialmente de víctimas y personas en condición de vulnerabilidad involucradas 
en procesos penales vinculados a dichos delitos. De acuerdo con la información 
estadística del Ministerio Público correspondiente al período 2021-2025, el distrito 
fiscal de La Libertad registra 12 704 denuncias por el delito de extorsión, 
concentrando el 14,7% del total nacional y ubicándose entre los distritos fiscales 
priorizados con mayor incidencia de este delito. Asimismo, se evidencia un 
crecimiento de 327% en el año 2025 respecto al año 2021 y una tasa de crecimiento 
anual de 43,8%, lo que refleja la expansión y persistencia del fenómeno delictivo en 
dicho ámbito territorial. 
En dicho contexto, la población usuaria del sistema de justicia en el Distrito Judicial 
de La Libertad enfrenta limitaciones para acceder de manera oportuna y 
especializada en casos vinculados a extorsión y delitos conexos, debido a la 
inexistencia de una estructura operativa especializada implementada en el marco del 
Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos. Esta situación 
genera riesgos de afectación al derecho de defensa, retrasos en la atención legal 
especializada, limitaciones en la participación oportuna en audiencias y diligencias, 
así como riesgos de revictimización y afectación al acceso efectivo a la justicia. 
Asimismo, el proceso de implementación progresiva del Subsistema Especializado 
Contra la Extorsión y sus Delitos Conexos en los distritos judiciales priorizados 
demandará una mayor capacidad operativa, técnica y funcional por parte de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal (CEI-CPP), órgano encargado de conducir, coordinar y brindar asistencia 
técnica a las instituciones involucradas en el proceso de implementación. 
- Financiamiento para la implementación de lo establecido en la Septuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32513 
El problema público que la presente propuesta normativa busca asegurar es la 
continuidad operativa del Pliego 028: Congreso de la República para cumplir con las 
obligaciones legales y garantizar la transición hacia el modelo parlamentario 
bicameral programado para el 28 de julio de 2026. Ante este proceso de 
transformación institucional, se identifican las siguientes problemáticas estructurales: 
a) El incremento proyectado en el pago de liquidaciones y beneficios sociales se debe 
a tres factores: i) Crecimiento de la planilla: El personal de la Organización 
Parlamentaria aumentará de 1 380 trabajadores proyectados en 2025 a 1 469 
servidores en 2026, ii) Actualización salarial: En noviembre de 2025 se aprobó una 
nueva escala remunerativa que representa un incremento del 15%, iii) Cierre de 
periodo legislativo: En julio de 2026 se ejecutará el proceso de liquidación por el fin 
del mandato legislativo y la transición hacia la Bicameralidad. 
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