crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
Artículo 118. Denuncias y protección del denunciante 
El Sistema Educativo Nacional cuenta con canales accesibles, seguros y confidenciales para 
denunciar actos de corrupción, violencia, abuso, hostigamiento, cobros indebidos, maltrato, 
discriminación, manipulación de información, uso político de recursos, afectación de l servicio 
educativo o cualquier irregularidad que comprometa la integridad educativa.
Artículo 119. Auditoría educativa digital 
El Ministerio de Educación implementa mecanismos de auditoría educativa digital, trazabilidad, 
interoperabilidad y análisis de datos para detectar riesgos de  corrupción, ineficiencia, obras 
paralizadas, sobrecostos, inasistencia, manipulación de información, compras irregulares, 
incumplimiento de metas y afectación del servicio educativo. 
La auditoría educativa digital se articula con el Sistema Nacional de Co ntrol, los órganos de 
control institucional, las entidades competentes y los sistemas administrativos del Estado, 
conforme a ley.
Artículo 120. Comunidad educativa 
La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, padres de familia o quienes hagan 
sus veces, docentes, directivos, personal administrativo, exalumnos, instituciones públicas, 
gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales, universidades, institutos, empresas 
y demás actores vinculados al desarrollo educativo.
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La participación de la comunidad educativa se ejerce conforme a la ley, al reglamento 
institucional, al respeto de la autoridad pedagógica y sin interferir en la función docente, 
directiva ni técnico-pedagógica de la institución educativa.
Constituyen deberes esenciales de los padres: asegurar la matrícula oportuna, permanencia 
y asistencia regular del estudiante; acompañar su proceso de aprendizaje; promover hábitos 
de estudio, lectura, respeto y responsabilidad; asistir a las reuniones convocadas por la 
institución educativa; participar en las acciones de orientación familiar; supervisar la conducta 
escolar y digital del estudiante; y guardar respeto a los docentes, directivos y demás miembros 
de la comunidad educativa.
Artículo 122. Consejos educativos institucionales 
Los Consejos Educativos Institucionales son órganos de participación, concertación, vigilancia 
y colaboración de la comunidad educativa para contribuir a la mejora del servicio educativo.  
Su actuación se rige por los principios de legalidad, transparencia, respeto, responsabilidad, 
no interferencia pedagógica, interés superior del estudiante, mérito, convivencia democrática 
y orientación a resultados.
Los Consejos Educativos Institucionales participan en  la formulación, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos de gestión institucional, planes de mejora, acciones de 
convivencia, prevención de riesgos, promoción cultural, científica, tecnológica, deportiva y 
ambiental, sin sustituir ni limitar las compe tencias del director, docentes ni autoridades 
educativas.
Artículo 123. Alianzas educativas territoriales para la formación integral 
Las instituciones educativas, UGEL, gobiernos regionales y Ministerio de Educación 
promueven alianzas educativas territori ales con universidades, institutos, centros de 
investigación, empresas, iglesias, clubes deportivos, comunidades campesinas, comunidades 
nativas, municipalidades, organizaciones culturales, colegios profesionales y organizaciones 
sociales, con la finalidad  de fortalecer aprendizajes, ciencia, tecnología, humanidades, 
deporte, arte, cultura, convivencia, empleabilidad, emprendimiento y desarrollo territorial.
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Las alianzas pueden comprender mentoría, investigación escolar, voluntariado, talleres 
técnicos, deporte, arte, lectura, laborato rios, orientación vocacional, prácticas formativas, 
innovación, responsabilidad social y recuperación de aprendizajes.
Artículo 124. Voluntariado educativo 
El voluntariado educativo es la participación libre, solidaria, organizada y no remunerada de 
profesionales, investigadores, universitarios, técnicos, artistas, deportistas, exalumnos, 
jubilados, líderes comunitarios y ciudadanos idóneos en actividades de apoyo al aprendizaje 
y formación integral de los estudiantes.
Artículo 125. Participación social para la formación científica y humanística 
El Estado promueve la participación articulada de la familia, comunidad, academia, empresa, 
sociedad civil y gobiernos locales para formar es tudiantes con pensamiento científico, 
conciencia ética, sensibilidad humanística, identidad cultural, disciplina, respeto, creatividad, 
capacidad productiva y vocación de servicio al país.
Las instituciones educativas impulsan actividades permanentes de investigación escolar, 
lectura, debate, arte, deporte, innovación tecnológica, cultura de paz, respeto a los docentes, 
respeto a los padres de familia, responsabilidad ciudadana y valoración de los saberes locales. 
La participación social en educación debe  orientarse a construir una sociedad culta, 
respetuosa, democrática, solidaria, científicamente competente y humanísticamente 
responsable, capaz de contribuir al desarrollo nacional y a la inserción del Perú en la sociedad 
del conocimiento.
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Las autoridades educativas, g obiernos locales y órganos competentes adoptan medidas 
preventivas, correctivas y de protección para garantizar que la institución educativa sea un 
espacio seguro, respetuoso, científico, cultural, inclusivo y orientado al aprendizaje.
Artículo 128. Infracciones de los estudiantes 
Constituyen infracciones de los estudiantes las conductas que vulneren la c onvivencia 
democrática, la autoridad pedagógica, el respeto a los docentes, directivos, padres de familia, 
compañeros y demás integrantes de la comunidad educativa; así como los actos que afecten 
la integridad física, psicológica, moral o digital de las pe rsonas, el patrimonio educativo, la 
honestidad académica, la seguridad escolar, el uso responsable de la tecnología, la protección 
de datos, la dignidad humana y los fines formativos de la educación.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy g raves, conforme al reglamento interno 
de la institución educativa y a las normas nacionales de convivencia escolar, debiendo 
aplicarse medidas formativas, restaurativas, correctivas o de protección, según la gravedad 
del hecho, la edad del estudiante, la r eiterancia, el daño ocasionado y el interés superior del 
niño y adolescente.
Artículo 129. Infracciones de los padres de familia o apoderados 
Constituyen infracciones de los padres de familia, tutores o apoderados el incumplimiento 
injustificado y reiterado de sus deberes de matrícula, asistencia, acompañamiento, respeto, 
seguimiento académico, participación en convocatorias institucionales y protección del 
estudiante.
También constituyen infracciones la agresión física, verbal, psicológica o digit al contra 
docentes, directivos, estudiantes o integrantes de la comunidad educativa; la obstrucción del 
servicio educativo; la amenaza, hostigamiento, difamación o interferencia indebida en la labor 
pedagógica; y la negativa reiterada a participar en proce sos de intervención educativa 
vinculados a violencia, deserción, riesgo social o afectación emocional del estudiante.
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Las medidas aplicables deben ser proporcionales, priorizar la protección integral del 
estudiante, respetar el debido procedimiento y cons iderar las condiciones familiares, 
territoriales, laborales, económicas, de salud o fuerza mayor debidamente acreditadas. 
Cuando corresponda, se activa la intervención de la UGEL, DEMUNA, Ministerio Público u 
otra autoridad competente.
Artículo 130. Infracciones de docentes y directivos 
Constituyen infracciones de docentes y directivos las conductas que vulneren la dignidad, 
integridad, seguridad, igualdad, aprendizaje o derechos de los estudiantes; el incumplimiento 
grave de deberes funcionales; la manipu lación de evaluaciones o información educativa; el 
abandono injustificado de funciones; los actos de violencia, discriminación, hostigamiento, 
corrupción, negligencia, abuso de autoridad o afectación de la finalidad educativa.
Artículo 131. Infracciones de las autoridades educativas 
Constituyen infracciones de las autoridades, funcionarios y servidore s del Ministerio de 
Educación, gobiernos regionales, direcciones regionales de educación, UGEL e instituciones 
educativas el incumplimiento grave o reiterado de sus deberes, la inejecución injustificada del 
presupuesto, la omisión de supervisión, la manipu lación de datos, el encubrimiento de 
violencia, la omisión de denuncia obligatoria, el uso político del servicio educativo, la 
contratación irregular, la negligencia en infraestructura, la afectación de la autoridad docente 
y toda conducta que perjudique l a continuidad, calidad, seguridad, transparencia o finalidad 
pública de la educación.
Artículo 132. Debido procedimiento, proporcionalidad y finalidad formativa 
Toda medida correctiva, disciplinaria, administrativa o de protección prevista en la presente 
ley se aplica con respeto al  debido procedimiento, derecho de defensa, motivación, 
presunción de inocencia, razonabilidad, proporcionalidad, imparcialidad, protección de la 
víctima, confidencialidad cuando corresponda y respeto al interés superior del niño y 
adolescente.
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En el caso de estudiantes, las medidas tienen finalidad esencialmente formativa, restaurativa, 
preventiva y de reinserción educativa, orientadas a fortalecer la responsabilidad, la disciplina, 
el respeto, la honestidad, la convivencia pacífica, el pensamiento crítico , la cultura científica, 
la formación humanística y el compromiso con la comunidad.
El ejercicio de la disciplina escolar no constituye acto de violencia cuando se realiza conforme 
a ley, con finalidad pedagógica, sin humillación, sin maltrato y respetand o la dignidad de la 
persona. La autoridad docente y directiva debe ser protegida por el Estado, sin perjuicio del 
control legal frente a abusos o excesos debidamente acreditados.
SEGUNDA. Política Nacional de Educación 
El Ministerio de Educación aprueba o actualiza la Política Nacional de Educación de largo 
plazo, con horizonte mínimo al año 20 50, orientada a formar ciudadanos libres, científicos, 
humanistas, éticos, productivos, cultos, respetuosos, democráticos y tecnológicamente 
competentes, capaces de contribuir al desarrollo integral del Perú.
TERCERA. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Inteligen cia Artificial e Innovación 
Educativa 
El Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades competentes, aprueba el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Inteligencia Artificial e Innovación Educativa, destinado a 
incorporar progresivamente la inve stigación científica, la robótica, la programación, la 
inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad, la conectividad, los laboratorios, 
las plataformas digitales y la capacitación docente en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo.
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CUARTA. Plan Nacional de Formación Científica y Humanística 
El Ministerio de Educación aprueba el Plan Nacional de Formación Científica y Humanística, 
orientado a fortalecer, desde la educación básica, la lectura, la escritura, la  matemática, el 
método científico, la investigación escolar, la filosofía, la ética, la historia, la literatura, el arte, 
la identidad nacional, la interculturalidad, la cultura constitucional y el respeto a la dignidad 
humana.
QUINTA. Plan Nacional de Respeto, Convivencia y Autoridad Docente 
El Ministerio de Educación  aprueba el Plan Nacional de Respeto, Convivencia y Autoridad 
Docente, con la finalidad de proteger la dignidad y autoridad pedagógica del docente, prevenir 
agresiones físicas, psicológicas, verbales o digitales, fortalecer la disciplina formativa y 
garantizar una convivencia escolar basada en el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 
puntualidad, el orden y la cultura de paz.
SÉPTIMA. Plan Nacional de Educación Territorial, Rural, Amazónica, Andina y Costera 
El Ministerio de Educación aprueba el Plan Nacional de Educación Terr itorial, Rural, 
Amazónica, Andina y Costera, orientado a garantizar modelos educativos diferenciados 
conforme a la diversidad geográfica, climática, cultural, lingüística, productiva y social del país.
El plan comprende estrategias específicas para costa,  sierra, selva, zonas de frontera, 
VRAEM, comunidades campesinas, comunidades nativas, zonas altoandinas, territorios 
amazónicos, zonas rurales dispersas y áreas urbano-marginales, considerando sus recursos 
naturales, saberes ancestrales, actividades produ ctivas, calendario climático y 
potencialidades de desarrollo.
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El Ministerio de Educación implementa progresivamente el Sistema Nacional de Alerta 
Temprana Escolar creado por la present e ley, priorizando instituciones educativas públicas 
ubicadas en zonas de mayor deserción, violencia, pobreza, ruralidad, riesgo social y bajo 
rendimiento académico.
NOVENA. Financiamiento progresivo y cierre de brechas educativas 
El Estado garantiza el financiamiento progresivo,  sostenible y equitativo de la educación, 
priorizando primera infancia, educación rural, zonas de pobreza, infraestructura, conectividad, 
laboratorios, bibliotecas, alimentación, salud mental, formación docente, transporte escolar, 
innovación tecnológica y recuperación de aprendizajes.
DÉCIMA. presentación del Informe Nacional de Resultados Educativos 
El Ministerio de Educación presenta el Informe Nacional de Resultados Educativos regulado 
en la presente ley dentro del primer semestre del año siguiente a la aprobación de su 
reglamento. 
El informe deb e identificar la línea de base nacional, regional y local para la aplicación 
progresiva de metas, indicadores, financiamiento, planes correctivos y medidas de mejora 
continua.
PRIMERA. Adecuación normativa e institucional 
El Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, 
las unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas adecúan sus normas, 
reglamentos, planes, instrumentos de gestión y procedimi entos internos a la presente ley en 
un plazo máximo de ciento ochenta días calendario, contado desde la publicación de su 
reglamento.
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Toda interpretación normativa debe realizarse conforme a los principios, fines y mandatos de 
la presente ley.
TERCERA. Implementación progresiva de obligaciones materiales 
Las obligaciones referidas a infraestructura, conectividad, laboratorios, bibliotecas, tecnología, 
transporte escolar, residencias estudiantiles, equipos de salud mental, talleres productivos y 
demás condiciones materiales del servicio educativo se implementan de manera progresiva, 
conforme a la disponibilidad presupuestal y a la programación multianual correspondiente.
CUARTA. Implementación progresiva de la educación científica, tecnológica y 
humanística 
El Ministerio de Educación implementa progresivamente la enseñanza de ciencia 
experimental, investigación escolar, inteligencia artificial, robótica, programación, 
pensamiento computacional, filosofía, ética, historia, literatura, arte, ciudadanía constitucional 
y educación financiera, garantizando capacitación docente, materiales educativos y 
pertinencia territorial.
SEXTA. Continuidad del servicio educativo 
La entrada en vigencia de la presente ley no interrumpe la prestación del servicio educativo, 
los procesos de matrícula, evaluación, certificación, contratación, nombramiento, promoción, 
gestión institucional ni demás procedimientos en curso, los cuales continúan conforme a la 
normativa vigente en lo que no se oponga a la presente ley.
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La derogación no afecta derechos adquiridos, procedimientos en trámite, actos 
administrativos firmes, situaciones jurídicas consolidadas, procesos de matrícula, evaluación, 
certificación, contratación, nombramiento, promoción ni la continuidad del servicio educativo.  
Hasta la aprobación del Reglamento de la presente ley, mantienen vigencia las normas 
reglamentarias, técnicas y administrativas emitidas al amparo de la Ley N.° 28044, 
únicamente en aquello que no se oponga a la presente ley.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
La educación constituye uno de los pilares esenciales para la construcción de una 
sociedad democrática, desarrollada, justa y culturalmente cohesionada. Desde esta 
perspectiva, el presente proyecto de ley propone una nueva arquitectura normativa del 
sistema educativo peruano, orientada no solo a garantizar el acceso formal a la educación, 
sino a transformar su finalidad, contenido, organización, calidad, pertinencia territorial y 
capacidad real para formar ciudadanos libres, cultos, críticos, respetuosos, disciplinados, 
científicos, humanistas, tecnológicos y productivos. La presente iniciativa legislativa parte 
de una premisa central: el Perú no requiere únicamente ampliar cobertura educativa, sino 
asegurar que la educación forme personas capaces de comprender la realidad, actuar 
éticamente, convivir democráticamente, crear conocimiento, usar re sponsablemente la 
tecnología y contribuir al desarrollo integral del país.
La propuesta se sustenta en una visión integral de la persona humana como centro, sujeto 
y fin del sistema educativo. Esta orientación resulta coherente con la concepción de la 
educación como proceso permanente de formación de capacidades humanas, sociales, 
éticas y productivas. La educación no puede reducirse a la transmisión mecánica de 
información ni a la acumulación de contenidos curriculares, sino que debe formar 
conciencia, ca rácter, responsabilidad, pensamiento crítico, sensibilidad humana y 
compromiso con el bien común. En esa línea, el informe de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI de la UNESCO sostuvo que la educación debe 
organizarse sobre aprend izajes fundamentales vinculados al aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, lo que permite comprender 
que una reforma educativa moderna debe integrar conocimiento, convivencia, acción y 
desarrollo humano (Delors et al., 1996) 1.
La presente propuesta de ley recoge esa orientación y la adapta a la realidad peruana, 
incorporando una finalidad educativa que une ciencia, humanismo, tecnología, 
interculturalidad, productividad, ciudadanía y respeto a la dignidad humana. La educación 
peruana debe formar personas capaces de leer críticamente, razonar matemáticamente, 
investigar, innovar, dialogar, respetar la autoridad pedagógica, valorar la familia, conocer 
la Constitución, ejercer ciudadanía y participar responsablemente en la vida democrática. 
La escuela, en ese sentido, no debe ser entendida como un espacio aislado de la 
sociedad, sino como una institución esencial para la formación de la vida republicana. 
Dewey sostuvo que la educación y la democracia se encuentran profun damente 
vinculadas, pues la escuela prepara a las personas para participar en una vida común 
basada en experiencia, comunicación, cooperación y responsabilidad social (Dewey, 
1916) 2.
1 Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley, M., Quero, M. P., Savané, M. A., Singh, 
K., Stavenhagen, R., Suhr, M. W., & Nanzhao, Z. (1996). Learning : The treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on 
Education for the Twenty-first Century. UNESCO Publishing. 
2 Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. The Macmillan Company .
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Desde esa perspectiva, la presente iniciativa legislativa fortalece la dimensión 
democrática de la educación mediante la formación cívica, constitucional, ética y 
humanística del estudiante. La democracia no se sostiene únicamente mediante reglas 
electorales o instituciones formales, sino mediante ciudadanos con juicio crític o, cultura 
pública, respeto a la ley, capacidad de deliberación y sensibilidad frente a la dignidad del 
otro. Por ello, la educación humanística no aparece como un complemento ornamental, 
sino como una condición necesaria para evitar que la formación cient ífica y tecnológica 
derive en una educación puramente instrumental. Nussbaum advierte que las 
humanidades son indispensables para formar ciudadanos democráticos, capaces de 
pensar críticamente, imaginar la situación de otros y resistir formas de educación 
orientadas exclusivamente a la utilidad económica (Nussbaum, 2010)  3.
La presente propuesta de ley también responde a la necesidad de superar una educación 
declarativa y fragmentada, avanzando hacia un sistema con objetivos verificables, 
responsables iden tificables, financiamiento progresivo, indicadores, evaluación, 
corrección y rendición de cuentas. Una ley general de educación no debe limitarse a 
proclamar principios, sino establecer una estructura normativa que obligue al Estado, a 
las instituciones educativas, a los gobiernos regionales, a las UGEL, a los docentes, a las 
familias y a la comunidad a asumir responsabilidades concretas. Por ello, el proyecto 
incorpora gestión por resultados, informes anuales, continuidad de política educativa, 
financiamiento por brechas, evaluación del sistema, acreditación, supervisión, integridad 
y responsabilidad por incumplimiento de metas educativas.