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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
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cargo, jornada o trayectoria del trabajador magisterial debe sustentarse en causa legal, prueba 
suficiente, proporcionalidad y debido procedimiento.
Artículo 81. Derecho a remuneración digna y pago oportuno 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a una remuneración digna, justa, 
suficiente, progresiva, pensionable, oportuna e íntegra, conforme a la naturaleza de su función, 
jornada laboral, escala magisterial, nivel auxiliar, cargo, responsabilidad, especialidad, 
desempeño y condiciones reales del servicio. 
La remuneración del Magisterio Nacional tiene naturaleza alimentaria y preferente. Su pago 
no puede ser suspendido, retrasado, f raccionado, reducido o condicionado por razones 
administrativas, presupuestales o de gestión interna no imputables al trabajador. 
El Estado garantiza que la política remunerativa magisterial revalore la función docente y 
auxiliar, reconozca el mérito, comp ense el servicio en condiciones especiales, incentive la 
permanencia en zonas de difícil acceso y asegure una carrera atractiva, digna y socialmente 
reconocida. 
Los conceptos, porcentajes, asignaciones, bonificaciones, compensaciones, CTS y demás 
beneficios económicos se regulan en el título correspondiente de la presente ley.
Artículo 82. Derecho a condiciones adecuadas, seguras y dignas de trabajo 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a laborar en condiciones materiales, 
institucionales, t ecnológicas, sanitarias y de seguridad compatibles con la dignidad del 
Magisterio Nacional y con la calidad del servicio educativo. 
El Estado, los gobiernos regionales, las instancias de gestión educativa descentralizada y las 
instituciones educativas, seg ún corresponda, garantizan infraestructura segura, mobiliario 
suficiente, servicios higiénicos adecuados, agua, electricidad, conectividad, materiales 
educativos, equipos tecnológicos, ambientes de descanso, seguridad institucional, salubridad 
y soporte administrativo. 
La falta de infraestructura, conectividad, materiales, personal suficiente, seguridad, 
alimentación escolar, transporte, acompañamiento institucional o soporte administrativo no 
puede ser atribuida al docente ni al auxiliar de educación como deficiencia de desempeño, 
cuando tales condiciones dependan de la autoridad educativa o del titular del servicio.  
Cuando las condiciones de trabajo pongan en riesgo la vida, integridad, salud o seguridad del 
docente, auxiliar de educación, estudiantes o co munidad educativa, la autoridad competente 
debe adoptar medidas inmediatas de prevención, protección, traslado, suspensión de riesgo 
o adecuación del servicio.
Artículo 83. Derecho a salud física, mental y ocupacional 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a la protección integral de su salud física, 
mental, emocional y ocupacional, considerando la naturaleza intensiva, formativa, social, 
psicológica y comunitaria del servicio educativo. 
El Estado implementa una política permanente de salud o cupacional magisterial orientada a 
prevenir, atender y reducir enfermedades profesionales, agotamiento laboral, estrés, ansiedad, 
depresión, afectaciones de la voz, riesgos psicosociales, violencia escolar, hostigamiento, 
amenazas, accidentes de trabajo y demás situaciones que afecten el bienestar del Magisterio 
Nacional.
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Las instituciones educativas deben contar con protocolos efectivos de prevención y atención 
frente a agresiones, violencia, acoso, amenaza, conflicto con estudiantes, padres de familia, 
terceros o personal institucional, así como mecanismos de derivación médica, psicológica y 
legal. 
La atención de salud ocupacional del Magisterio Nacional comprende evaluación preventiva, 
asistencia médica, atención psicológica, rehabilitación, descanso médi co, reincorporación 
progresiva, adecuación razonable de funciones y seguimiento especializado cuando 
corresponda.
Artículo 84. Derecho a defensa legal y protección institucional 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a defensa legal, orienta ción jurídica, 
acompañamiento administrativo y protección institucional cuando sean denunciados, 
investigados, demandados, agredidos, amenazados o cuestionados por actos vinculados al 
ejercicio regular de sus funciones. 
La defensa legal procede cuando los hechos imputados deriven de funciones pedagógicas, 
disciplinarias, tutoriales, asistenciales, de convivencia, evaluación, protección estudiantil, 
gestión institucional o cumplimiento de deberes funcionales, siempre que no exista evidencia 
objetiva inicial de dolo, violencia, corrupción, abuso o vulneración grave de derechos 
fundamentales. 
La autoridad educativa debe brindar asistencia oportuna desde el inicio del hecho o 
procedimiento, sin esperar resolución final, garantizando orientación jurídica, 
acompañamiento ante entidades administrativas o jurisdiccionales y medidas de protección 
cuando exista riesgo. 
La protección institucional no impide la investigación de hechos ilícitos ni la determinación de 
responsabilidad, pero prohíbe el abandono institucional  del trabajador magisterial frente a 
denuncias manifiestamente temerarias, maliciosas, instrumentales o derivadas del ejercicio 
legítimo de sus funciones.
Artículo 8 5. Derecho a reconocimiento, revaloración y protección de la carrera 
magisterial 
El Estado reconoce al Magisterio Nacional como sector estratégico para el desarrollo del país 
y adopta medidas permanentes de revaloración social, profesional, económica e institucional 
del docente y del auxiliar de educación. 
El reconocimiento comprende la trayect oria ética, desempeño destacado, innovación, 
investigación, producción pedagógica, servicio rural, permanencia en zonas de difícil acceso, 
aporte a la convivencia escolar, protección estudiantil, liderazgo institucional y contribución 
verificable a la mejora educativa. 
Los reconocimientos oficiales tienen valor para concursos, ascensos, promociones, 
encargaturas, reasignaciones, permutas, becas, pasantías, vivienda, estímulos, acceso a 
cargos y demás oportunidades de desarrollo profesional o laboral. 
La revaloración del Magisterio Nacional constituye obligación permanente del Estado y no 
puede reducirse a actos simbólicos. Debe expresarse en carrera fortalecida, remuneración 
digna, formación continua, seguridad social, condiciones de trabajo, protección fren te a la 
violencia, bienestar y jubilación digna.
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Capítulo II 
Derechos específicos del docente
Artículo 86. Derecho a la autoridad pedagógica 
El docente tiene derecho a ejercer autoridad pedagógica en el aula, en la institución educativa 
y en todo espacio  físico, virtual, comunitario o institucional donde se desarrollen actividades 
educativas. 
La autoridad pedagógica comprende la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
la planificación curricular, la organización del trabajo educativo, la evaluación de aprendizajes, 
la retroalimentación, la tutoría, la orientación formativa, la disciplina escolar y la adopción de 
medidas pedagógicas razonables. 
La autoridad pedagógica se ejerce con respeto a la Constitución, la ley, la dignidad del 
estudiante, el interés superior del niño y adolescente, la convivencia democrática, la inclusión, 
la interculturalidad y los fines de la educación nacional. 
Toda agresión, amenaza, hostigamiento, difamación, presión indebida, interferencia arbitraria 
o desconocimiento ilegítimo de la autoridad pedagógica genera responsabilidad administrativa, 
civil o penal, sin perjuicio de las medidas inmediatas de protección que correspondan.
Artículo 87. Derecho a autonomía profesional docente 
El docente tiene derecho a ejercer auton omía profesional en el desarrollo de su labor 
pedagógica, dentro del currículo nacional, el proyecto educativo institucional, la ley y los fines 
de la educación. 
La autonomía profesional comprende la selección razonada de estrategias metodológicas, 
recursos educativos, formas de retroalimentación, organización del aula, adecuaciones 
pedagógicas, evaluación formativa y atención a la diversidad de los estudiantes. 
Ninguna autoridad, padre de familia, apoderado, estudiante, tercero o entidad privada puede 
imponer al docente decisiones pedagógicas contrarias a la ley, al currículo, a la ética 
profesional, a la evidencia educativa o al interés superior del estudiante. 
La autonomía profesional no exonera al docente de responsabilidad, evaluación, coordinación 
institucional ni cumplimiento de los estándares educativos, pero impide toda interferencia 
arbitraria o ajena a criterios pedagógicos.
Artículo 88. Derecho al desarrollo profesional, formación especializada y ascenso 
El docente tiene derecho al desarrollo profesional continuo, a la formación especializada, a la 
investigación, innovación, mentoría, producción pedagógica, acceso a cargos y ascenso en la 
Carrera Profesional Docente. 
El Estado garantiza que el ascenso docente reconozca el mérito integral, el desem peño real, 
la formación continua, la experiencia, la ética profesional, la investigación, la innovación, el 
servicio en zonas de difícil acceso, la mentoría, la producción pedagógica y la contribución a 
la mejora de los aprendizajes. 
Ningún procedimiento d e ascenso, acceso a cargo, evaluación o reconocimiento puede 
sustentarse exclusivamente en una prueba escrita ni desconocer el contexto real donde el 
docente presta servicios.
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El docente tiene derecho a que su trayectoria sea registrada, actualizada y valo rada en el 
escalafón correspondiente, sin que la omisión, demora o error administrativo pueda perjudicar 
su ascenso, remuneración, beneficios, desplazamiento o reconocimiento profesional.
Artículo 89. Derecho al respeto y reconocimiento de la función auxiliar 
El auxiliar de educación tiene derecho al respeto, reconocimiento y protección de su función 
como integrante del Magisterio Nacional y personal de apoyo educativo, formativo, 
disciplinario, asistencial, tutorial, de convivencia escolar y protección estudiantil. 
Su labor contribuye a la seguridad, asistencia, disciplina formativa, permanencia, bienestar, 
integración, protección y desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en educaci ón 
inicial, educación especial, instituciones con alta población estudiantil, zonas de riesgo y 
contextos de vulnerabilidad. 
La función auxiliar no puede ser desnaturalizada mediante la asignación permanente de 
labores ajenas a su naturaleza ni mediante la sustitución irregular de la función docente.
Artículo 90. Derecho a capacitación especializada del auxiliar de educación 
El auxiliar de educación tiene derecho a capacitación gratuita, permanente, certificada y 
pertinente, conforme al nivel, modalidad, contexto territorial y funciones que desempeña. 
La capacitación comprende, como mínimo, convivencia escolar, disciplina formativa, 
educación inicial, desarrollo infantil, protección del estudiante, prevención de violencia, 
primeros auxilios, inclusión, disc apacidad, interculturalidad, gestión emocional, seguridad 
escolar, atención de riesgos y protocolos institucionales. 
La capacitación y especialización del auxiliar de educación son consideradas mérito para 
promoción, encargatura, desplazamiento, reconocimi ento, permanencia en la carrera y 
acceso a programas de profesionalización docente cuando corresponda.
Artículo 91. Derecho a protección en funciones de disciplina, convivencia y protección 
estudiantil 
El auxiliar de educación tiene derecho a protección i nstitucional cuando, en cumplimiento 
regular de sus funciones, interviene en situaciones de disciplina, convivencia escolar, 
asistencia, protección, prevención de violencia, seguridad, ingreso, salida, recreo o 
acompañamiento de estudiantes. 
La autoridad e ducativa debe respaldar al auxiliar frente a agresiones, amenazas, 
hostigamiento, denuncias maliciosas, presiones indebidas o represalias derivadas de su 
función de apoyo disciplinario, formativo y protector. 
Toda denuncia contra el auxiliar debe tramitars e con objetividad, debido procedimiento, 
presunción de licitud, valoración del contexto y respeto al derecho de defensa, sin perjuicio de 
la protección inmediata del estudiante cuando corresponda.
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Artículo 92. Deberes generales del Magisterio Nacional 
Son deberes generales del docente y del auxiliar de educación: 
a) Cumplir sus funciones con responsabilidad, puntualidad, probidad, eficiencia, respeto y 
vocación de servicio. 
b) Tratar a los estudiantes con dignidad, igualdad, respeto, buen trato y especial protección. 
c) Respetar la Constitución, la ley, los derechos fundamentales, la diversidad cultural, 
lingüística, social, territorial y familiar de los estudiantes. 
d) Contribuir a la convivencia  democrática, disciplina formativa, prevención de violencia, 
protección estudiantil y mejora del clima institucional. 
e) Guardar reserva sobre la información personal, familiar, académica, disciplinaria o de salud 
de los estudiantes, salvo obligación legal de comunicación o denuncia. 
f) Comunicar oportunamente situaciones de riesgo, violencia, abandono, afectación emocional, 
vulneración de derechos o peligro para la integridad de los estudiantes. 
g) Participar en actividades institucionales vinculadas al se rvicio educativo, dentro de la 
jornada, función y responsabilidad que les corresponda. 
h) Actualizar sus competencias profesionales o funcionales conforme a los programas de 
formación establecidos por la autoridad competente. 
i) Usar responsablemente los b ienes, materiales, información, plataformas y recursos 
institucionales. 
j) Mantener conducta compatible con la dignidad del servicio educativo.
Artículo 93. Deberes específicos del docente 
Son deberes específicos del docente: 
a) Planificar, conducir, evaluar y retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes. 
b) Desarrollar su labor conforme al currículo nacional, proyecto educativo institucional, 
programación curricular y necesidades del estudiante. 
c) Ejercer disciplina formativa y autoridad pedagógica  con respeto a la dignidad humana y al 
interés superior del estudiante. 
d) Orientar, acompañar y brindar tutoría a los estudiantes, conforme a la organización 
institucional. 
e) Coordinar con las familias y la comunidad educativa sin afectar su autonomía pr ofesional 
ni autoridad pedagógica. 
f) Adecuar razonablemente sus estrategias a la diversidad cultural, lingüística, territorial, social, 
cognitiva y emocional de los estudiantes. 
g) Promover pensamiento crítico, identidad nacional, convivencia democrática,  cultura 
científica, ética, innovación y responsabilidad ciudadana. 
h) Evaluar con objetividad, transparencia, pertinencia y finalidad formativa. 
i) Participar en procesos de formación continua, investigación, innovación y mejora 
institucional. 
j) Cumplir los demás deberes propios de la función docente establecidos por ley.
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a) Cumplir sus funciones de apoyo educativo, convivencia escolar, disciplin a formativa, 
asistencia, seguridad, inclusión, acompañamiento y protección estudiantil conforme a la 
presente ley. 
b) Actuar con respeto, prudencia, responsabilidad, reserva, trato digno y protección del interés 
superior del estudiante. 
c) Comunicar oportu namente al docente, tutor, directivo o autoridad competente los hechos 
que puedan afectar la integridad, asistencia, permanencia, convivencia, salud, seguridad 
o derechos de los estudiantes. 
d) Cumplir los protocolos de convivencia escolar, prevención de violencia, seguridad, gestión 
de riesgos, atención de emergencias y protección estudiantil. 
e) Coordinar su labor con docentes, tutores, directivos y demás integrantes de la comunidad 
educativa, sin sustituir la función docente. 
f) Guardar reserva sobre inf ormación personal, familiar, médica, psicológica, disciplinaria o 
académica de los estudiantes, salvo obligación legal de comunicación. 
g) Participar en capacitaciones, procesos de acompañamiento y acciones de mejora 
vinculadas a su función. 
h) Abstenerse de realizar actos de violencia, discriminación, humillación, hostigamiento, abuso 
de autoridad, negligencia o cualquier conducta incompatible con la función educativa.
Artículo 95. Prohibiciones comunes 
Está prohibido al docente y al auxiliar de educación: 
a) Ejercer violencia física, psicológica, sexual, simbólica, verbal o cualquier trato cruel, 
humillante o degradante contra estudiantes o integrantes de la comunidad educativa. 
b) Discriminar por origen, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, discapacidad, 
identidad cultural, lugar de procedencia, situación familiar o cualquier otra condición. 
c) Realizar cobros indebidos, exigir dádivas, favores, bienes, servicios o beneficios para 
cumplir funciones educativas o administrativas. 
d) Alterar notas, registros, asistencia, evaluaciones, documentos, certificados, expedientes o 
información institucional. 
e) Utilizar la función educativa para fines de proselitismo partidario, presión ideológica, 
aprovechamiento personal, hostigamiento o represalia. 
f) Divulgar indebidamente información personal, familiar, académica, disciplinaria, médica o 
psicológica de estudiantes o trabajadores. 
g) Incurrir en acoso, hostigamiento, amenaza, represalia, abuso de autoridad o maltrato contra 
estudiantes, padres de familia o trabajadores. 
h) Abandonar injustificadamente el servicio, incumplir funciones esenciales o poner en riesgo 
la vida, integridad o seguridad de los estudiantes. 
i) Sustituir irregularmente funciones que por ley corresponden a otro integrante del Magisterio 
Nacional. 
j) Realizar cualquier acto incompatible con la dignidad, ética y finalidad pública del servicio 
educativo. 
La infracción de las prohibiciones previstas en este artículo genera responsabilidad 
administrativa, civil o penal, según corresp onda, respetando el debido procedimiento, la 
proporcionalidad y el derecho de defensa.
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TÍTULO IX 
RÉGIMEN REMUNERATIVO, ASIGNACIONES, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS Y BENEFICIOS DEL MAGISTERIO NACIONAL 
Capítulo I 
Disposiciones generales del régimen remunerativo
Artículo 96. Régimen remunerativo del Magisterio Nacional 
El régimen remunerativo del Magisterio Nacional comprende la remuneración principal, 
asignaciones, bonificaciones, compensaciones, incentivos, beneficios sociales y demás 
conceptos económicos reconocidos por la presente ley, conforme a la naturaleza de la función 
docente y auxiliar, la jornada laboral, la escala o nivel de carrera, el cargo ejercido, la 
responsabilidad asumida y las condiciones reales de prestación del servicio educativo.
La remuneración del docente se determina sobre la base de la Remuneración Íntegra 
Magisterial —RIM—, conforme a su escala magisterial, jornada laboral, cargo y función. La 
remuneración del auxiliar de educación se determina sobre la base de la Remunerac ión 
Íntegra del Auxiliar de Educación —RIAE—, conforme a su nivel de carrera, jornada, función 
y responsabilidad.
Artículo 98. Remuneración Íntegra del Auxiliar de Educación 
La Remuneración Íntegra del Auxiliar de Educación —RIAE— se rige por lo establecido en el 
artículo 76 de la presente ley, constituye la base de cálculo de la remuneración principal del 
auxiliar de educación y tiene carácter remunerativo, pensionable y alimentario.
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Artículo 99. Pago oportuno, integridad e intangibilidad remunerativa 
Las remuneraciones, asignaciones, bonificaciones, encar gaturas, compensaciones, 
incentivos, CTS, beneficios sociales, devengados e intereses legales del personal 
comprendido en la presente ley se pagan de manera íntegra, prioritaria, oportuna y sin 
condicionamientos administrativos indebidos. 
El retraso, omisión, fraccionamiento injustificado, retención, reducción o desconocimiento de 
pagos genera intereses legales, responsabilidad administrativa, civil o penal de la autoridad 
competente y obligación de regularización inmediata. 
Los conceptos remunerativos del Magisterio Nacional tienen naturaleza alimentaria. Su pago 
prevalece frente a trámites internos, falta de actualización de sistemas, omisiones 
presupuestales, demora escalafonaria o errores administrativos no imputables al trabajador.
La bonificación por preparación de clases retribuye la planificación curricular, preparación de 
sesiones, elaboración de materiales, evaluación de aprendizajes, calificación, 
retroalimentación, tutoría, atenció n a familias, coordinación pedagógica, participación 
institucional, trabajo pedagógico no lectivo y demás actividades profesionales indispensables 
para garantizar aprendizajes de calidad.
Artículo 101. Bonificación por función directiva, jerárquica, especializada o de mayor 
responsabilidad 
El docente que ejerce cargo de director, subdirector, coordinador, jefe, especialista, mentor, 
formador, acompañante pedagógico, responsable de gestión institucional, gestión pedagógica 
o cualquier función de mayor responsabilidad tiene derecho a percibir la bonificación, 
asignación o diferencia remunerativa correspondiente desde el primer día de ejercicio efectivo 
del cargo.
Artículo 10 2. Asignación por desempeño, innovación, investigación y excelencia 
docente 
El docente tiene derecho a asignación o incentivo por dese mpeño destacado, innovación 
pedagógica, investigación aplicada, producción académica, elaboración de materiales 
educativos, uso pedagógico de tecnologías, mentoría, liderazgo institucional, mejora 
verificable de aprendizajes, convivencia escolar y servicio educativo en contextos de especial 
complejidad. 
La asignación se otorga sobre la base de criterios objetivos, públicos, verificables y 
contextualizados, sin sustituir ni reducir la remuneración ordinaria, asignaciones permanentes 
o derechos adquiridos.