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resguardar la sostenibilidad financiera y evitar afectaciones al equilibrio fiscal o a la 
capacidad de gestión presupuestaria de las siguientes administraciones. 
- Aplicación del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo 
que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es 
establecer el cómputo del plazo de duración del Contrato Administrativo de Servicio, 
en el marco de la Ley N° 32563, Ley que regula los derechos y obligaciones de los 
servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057. 
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A partir de las normas que regulan el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, esto es, el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se deriva que el 
contrato administrativo de servicios constituye un régimen especial de contratación 
laboral aplicable al sector público, mediante el cual, una entidad pública contrata a 
una persona natural para la prestación subordinada de servicios. Asimismo, se 
prevé que la contratación bajo dicho régimen debe efectuarse mediante un 
procedimiento de selección que garantice los principios de mérito, capacidad e 
igualdad de oportunidades, comprendiendo etapas de convocatoria, evaluación y 
suscripción del contrato. 
Ahora bien, en cuanto a la duración del contrato administrativo de servicios, es de 
recordar que el texto primigenio del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057 
establecía que el contrato administrativo de servicios era a plazo determinado y era 
posible su renovación, en correlato de lo cual el artículo 5 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, precisó que dicho contrato podía ser prorrogado o 
renovado cuantas veces considerara necesario la entidad contratante, en función 
de sus necesidades, precisándose únicamente que cada prórroga o renovación no 
podía exceder del respectivo año fiscal. De ello se advierte que, el marco normativo 
original que regulaba el régimen del contrato administrativo de servicios (CAS) no 
contemplaba un límite máximo acumulado para las prórrogas o renovaciones 
sucesivas de los contratos a plazo determinado. 
- Suspensión del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 32387, Ley que 
promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los 
gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN) 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es el riesgo 
de que los gobiernos locales no accedan oportunamente al incremento progresivo 
del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), establecido por la Ley N° 
32387, Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo 
de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN), el cual se financia mediante el incremento gradual del Impuesto de 
Promoción Municipal (IPM). Este riesgo adquiere especial relevancia considerando 
que el año 2026 corresponde al último año de gestión municipal, por lo que 
eventuales incumplimientos de los requisitos previstos en la Ley podrían afectar el 
acceso al incremento del FONCOMUN durante el primer año de la siguiente gestión 
municipal, limitando la disponibilidad de recursos destinados al financiamiento de 
proyectos de inversión pública orientados al cierre de brechas y, de manera 
excepcional, a transferencias a los municipios de centros poblados. 
- Adecuación del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, aplicación de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas modificada por la presente 
Ley, vigencia de la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la 
presente ley, modificación de la Primera Disposición Complementaria Final de 
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