--- Página 21 ---
3. GOBIERNOS LOCALES 123 705 671 364 087 083 487 792 754 
Total general 650 081 684 2 366 787 172 3 016 868 855 
La implementación de la Ley, en el presente ejercicio fiscal, generará un 
desfinanciamiento de la planilla en las entidades de Gobierno Nacional ascendente 
a S/ 1,930 millones, en los gobiernos regionales de S/ 795 millones y en los gobiernos 
locales de S/ 497 millones. 
En ese sentido, resulta necesario establecer criterios de progresividad que permitan 
la implementación de la Ley N° 32563, sin que implique una afectación de las 
obligaciones que tienen las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 
Asimismo, para viabilizar la implementación progresiva de las gratificaciones y de la 
CTS del personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057 resulta necesaria 
la exoneración de la restricción prevista en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 
32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, así como la 
habilitación de los recursos necesarios para su implementación. 
, INEp 
oiREccolPRoGfioAcoly
1..autidevro V.PRC S Liryks TAL e 
<'414 psn.90('' 
- Autorización al Ministerio del Interior para realizar modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender son las 
obligaciones económicas derivadas del Caso Lupaka Gold Corp. Conforme a lo 
informado por la Secretaría Técnica de la Comisión Especial que representa al 
Estado en Controversias Internacionales de Inversión, en aplicación del literal h) del 
artículo 8 y del artículo 14 de la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de 
Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, 
se identificó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio del Interior 
(MININTER) como las entidades competentes para asumir la atención del pago 
dispuesto por el Tribunal Arbitral. Durante la etapa de ejecución del proyecto de la 
empresa minera Invicta Mining Corp S.A.C. (subsidiaria de Lupaka Gold Corp) se 
configuró una situación de conflictividad social con la Comunidad Campesina de 
Parán, originada por desacuerdos vinculados a las condiciones económicas 
asociadas a la actividad extractiva. Dicha controversia, iniciada en el año 2017 y 
sostenida durante 2018, derivó en medidas de restricción al acceso de la unidad 
minera. Posteriormente, en el año 2019, se produjo un episodio de violencia entre 
integrantes de la comunidad y terceros presuntamente vinculados a la empresa, en 
el marco de acciones orientadas al retiro de comuneros que mantenían bloqueado el 
ingreso al campamento minero, ocasionando personas lesionadas y el fallecimiento 
de una de ellas. 
De acuerdo con la posición expuesta por Lupaka Gold Corp., la persistencia de las 
restricciones de acceso habría generado la interrupción de las operaciones de 
explotación minera, comprometiendo la viabilidad financiera del proyecto. Como 
consecuencia de dicha afectación operativa, la entidad acreedora activó los 
mecanismos contractuales previstos en el financiamiento otorgado, incluyendo la 
aceleración de la deuda y el inicio del procedimiento de ejecución de las garantías 
constituidas sobre los activos de Invicta Mining Corp S.A.C. 
En ese contexto, Lupaka Gold Corp. promovió un procedimiento arbitral ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 
atribuyendo al Estado peruano un incumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de protección de inversiones, debido a la presunta 
ausencia de medidas estatales idóneas frente a los actos que limitaron el acceso y 
funcionamiento de la operación minera. 
21