crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La protección frente a la arbitrariedad se expresa en el debido procedimiento, la 
motivación de los actos administrativos, la tipicidad disciplinaria, la evaluación objetiva, 
el derecho de defensa, la impugnación y la prohibición de sanciones encubiertas. El 
docente y el auxiliar no pueden ser desplazados, cesados, sancionados, disminuidos 
remunerativamente o excluidos de concursos por represalia, favoritismo, presión 
política, conflicto institucional o criterios no pre vistos por ley. La presente iniciativa 
legislativa busca que la autoridad educativa actúe con legalidad, transparencia y 
responsabilidad, garantizando que toda decisión que afecte derechos magisteriales 
sea expresa, motivada, verificable y revisable.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo mejorar la calidad educativa desde el 
fortalecimiento del Magisterio Nacional. Esta orientación es fundamental, porque la 
calidad educativa no se alcanza debilitando al docente ni invisibilizando al auxiliar, sino 
creando condiciones para que ambos cumplan adecuadamente sus funciones. Una 
política educativa centrada en el magisterio reconoce que la formación inicial, la 
formación continua, la mentoría, la evaluación formativa, la estabilidad razonable, la
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remuneración justa, la salud ocupacional y la protección institucional tienen impacto 
directo en la calidad del servicio educativo. La preparación docente de alta calidad, 
articulada con prácticas reales, reflexión profesional y acompañamiento, constituye un 
factor determinante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Darling-Hammond, 
2006) 19.
La mejora de la calidad educativa exige que el docente cuente con tiempo para 
planificar, evaluar, retroalimentar, investigar, innovar, coordinar con familias y atender 
la diversidad del aula. También exige que el auxiliar de educación cuente con 
formación especializada para apoyar la convivencia escolar, la seguridad, la inclusión, 
el acompañamiento y la protección de los estudiantes. La escuela no puede funcionar 
adecuadamente cuando el docente se encuentra sobrecargado, desprotegido o mal 
remunerado, ni cuando el auxiliar cumple funciones esenciales sin carrera, 
capacitación, reconocimiento o límites funcionales claros. Fortalecer el Magisterio 
Nacional significa fortalecer la estructura humana del sistema educativo.
La presente propuesta de ley comprend e que el desafío educativo no es únicamente 
normativo, sino institucional y social. Por ello, propone un régimen integral que une 
derechos, deberes, carrera, evaluación, remuneración, bienestar, seguridad social, 
tecnología, participación y transparencia. La creación del Sistema Nacional de 
Información y Control de la Carrera Magisterial responde a la necesidad de contar con 
información pública, trazable y verificable sobre plazas, concursos, nombramientos, 
contratos, ascensos, promociones, pagos, beneficio s, ceses y jubilaciones. La 
transparencia es indispensable para evitar manipulación de plazas, ocultamiento de 
derechos, demoras injustificadas y afectación del orden de mérito.
La presente iniciativa legislativa también responde al contexto internacional  de 
preocupación por la escasez de docentes, la pérdida de atractivo de la profesión y la 
necesidad de transformar las condiciones laborales y profesionales del magisterio. El 
fortalecimiento de la profesión docente exige políticas integrales de reclutamie nto, 
formación, apoyo, remuneración, bienestar y permanencia, especialmente en 
territorios vulnerables o de difícil cobertura (UNESCO & International Task Force on 
Teachers for Education 2030, 2024)  20. Desde esa perspectiva, la presente propuesta 
de ley no constituye una medida aislada, sino una respuesta estructural para hacer del 
magisterio una carrera digna, atractiva, protegida y orientada a resultados educativos 
sostenibles.
La finalidad de la propuesta es que el Estado peruano asuma que la calidad educativa 
depende de una relación directa entre derechos magisteriales, responsabilidad 
profesional y condiciones efectivas de trabajo. La exigencia de mérito debe ir 
acompañada de formación; la evaluación debe ir acompañada de acompañamiento; 
la responsabilidad debe ir acompañada de protección; la carrera debe ir acompañada 
de remuneración justa; la innovación debe ir acompañada de capacitación y soporte
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tecnológico; la permanencia en zonas difíciles debe ir acompañada de vivienda, 
alimentación, movilidad, seguridad y reconocimiento reforzado. La presente propuesta 
de ley busca precisamente ese equilibrio: un Magisterio Nacional con derechos claros, 
deberes definidos, carrera ordenada, protección real y compromiso efectivo con la 
educación pública y privada del país.
 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA LEY  
El presente proyecto de ley responde a una necesidad jurídica impostergable: dotar al 
Magisterio Nacional de un régimen integral, sistemático y coherente que supere la 
dispersión normativa, la fragmentación de derechos, la insuficiente protecci ón de la 
carrera y la ausencia de una regulación completa para el auxiliar de educación como 
integrante del servicio educativo. La regulación vigente ha tratado principalmente al 
docente desde la lógica de carrera, evaluación y gestión administrativa, pero  no ha 
desarrollado con suficiente amplitud una arquitectura normativa que articule dignidad 
profesional, estabilidad razonable, formación permanente, protección frente a la 
precarización, régimen remunerativo progresivo, salud ocupacional, jubilación dign a, 
defensa institucional y transparencia en los actos de carrera. La presente iniciativa 
legislativa se justifica porque el derecho a la educación no se garantiza únicamente 
con infraestructura, currículo o materiales, sino con un cuerpo magisterial proteg ido, 
formado, reconocido y jurídicamente respaldado. Desde los estándares 
internacionales sobre la condición docente, la profesión magisterial exige protección 
de derechos, condiciones adecuadas de trabajo, libertad profesional, participación y 
reconocimiento de su función social, tanto en instituciones públicas como privadas 
(OIT y UNESCO, 1966) 21.
La necesidad jurídica también se manifiesta en la obligación de ordenar las relaciones 
entre docentes, auxiliares de educación, Estado, instituciones educati vas privadas, 
gobiernos regionales, unidades de gestión educativa y demás entidades competentes. 
El presente proyecto de ley no se limita a declarar derechos, sino que construye un 
régimen jurídico especial con reglas de ingreso, nombramiento, contratación, ascenso, 
promoción, desplazamientos, evaluación, régimen disciplinario, remuneraciones, 
beneficios, cese, jubilación y protección institucional. Esta sistematización es 
necesaria para evitar interpretaciones restrictivas mediante reglamentos, directivas o 
actos administrativos que, en la práctica, pueden reducir derechos, ocultar plazas, 
desnaturalizar contratos, afectar encargaturas, desconocer tiempo de servicios o 
convertir la temporalidad en una forma ordinaria de vinculación laboral. La ley, por su 
jerarquía normativa, debe establecer los contenidos esenciales del régimen 
magisterial para impedir que decisiones administrativas de menor rango 
desnaturalicen la carrera docente o mantengan al auxiliar de educación en una 
situación funcionalmente necesaria, pero jurídicamente débil.
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y adolescentes, la convivencia democrática, la prevención de la violencia, la 
permanencia escolar y la formación ciudadana. Una sociedad que exige mejores 
aprendizajes, disciplina formativa, inclusión, seguridad escolar, desarrollo tecnológico 
y convivencia pacífica necesita reconocer que la escuela descansa sobre personas 
concretas que sostienen diariamente el servicio educativo. El docente forma, orienta, 
evalúa, acompaña y construye ciudadanía; el auxiliar de educación apoya la 
convivencia, la asistencia, la seguridad, la disciplina formativa, la protección estudiantil 
y el orden institucional. Desproteger a cualquiera de estos actores debilita el sistema 
escolar en su conjunto, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, 
violencia familiar, abandono, pobreza, ruralidad, discapacidad, brechas lingüísticas o 
riesgo territorial.
La necesidad social de esta reforma también se explica porque la revaloración 
magisterial no puede agotarse en discursos simbólicos. Revalorar significa reconocer 
derechos exigibles, mejorar condiciones de trabajo, garantizar formación, proteger 
frente a agresiones, asegurar remuneración digna, ordenar la carrera, impedir la 
precarización, reconocer la experiencia y brindar una jubilación compatible con la 
dignidad del servicio prestado. Paulo Freire sostuvo que la práctica educativa exige 
ética, reflexión crítica, respeto por los educandos y compromiso con la transformación 
de la realidad; bajo esa mirada, la dignidad del educador no es un privilegio corporativo, 
sino u na condición para que la educación cumpla su finalidad humanizadora y 
democrática (Freire, 1997) 22.
La necesidad educativa de la presente iniciativa legislativa se fundamenta en que la 
calidad del aprendizaje depende, en gran medida, de la calidad, estabilidad, formación 
y motivación del personal que sostiene el proceso educativo. No existe reforma 
curricular, tecnológica o institucional que pueda producir resultados sostenibles si los 
docentes carecen de formación continua, condiciones de trabajo adecua das, 
autonomía profesional, acompañamiento pedagógico, protección frente a 
evaluaciones arbitrarias o reconocimiento de su trayectoria. La presente propuesta de 
ley fortalece la formación inicial docente, exige estándares mínimos, reconoce la 
práctica prep rofesional, promueve la investigación pedagógica, la innovación, la 
competencia digital, la inteligencia artificial educativa y la actualización permanente. 
Esta orientación es coherente con la evidencia comparada que muestra que los 
sistemas educativos má s sólidos no improvisan la formación docente, sino que 
articulan reclutamiento, preparación rigurosa, inducción, acompañamiento, desarrollo 
profesional y mejora colectiva de la práctica (Darling-Hammond, 2017) 23.
La necesidad educativa alcanza también al auxiliar de educación, cuya función ha sido 
históricamente subestimada pese a su importancia real en la vida escolar. En 
educación inicial, educación especial, instituciones con alta población estudiantil, 
zonas rurales, contextos de riesgo o centros educativos con problemas de convivencia, 
el auxiliar no es un simple apoyo administrativo, sino un actor de acompañamiento,
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prevención, seguridad, disciplina formativa y protección. La presente iniciativa 
legislativa reconoce esa realidad y propone una Carrer a Especial del Auxiliar de 
Educación, con niveles progresivos, formación titulada, certificación de competencias, 
promoción, especialización, escalafón, remuneración y protección institucional. Esta 
regulación permite ordenar su función sin confundirla con  la docencia, evitando dos 
extremos igualmente perjudiciales: reducir al auxiliar a una labor secundaria sin 
desarrollo profesional o permitir que sea utilizado indebidamente para sustituir al 
docente habilitado.
La necesidad laboral de la ley se advierte en la urgencia de enfrentar la precarización, 
la temporalidad injustificada, la contratación sucesiva sobre plazas permanentes, el 
desconocimiento de beneficios, la falta de pago oportuno de encargaturas, la ausencia 
de protección frente a denuncias malic iosas, la sobrecarga administrativa, el trabajo 
fuera de jornada sin compensación y la insuficiente defensa legal del personal 
magisterial. El presente proyecto de ley afirma el principio de primacía de la realidad, 
prohíbe modalidades civiles o comerciale s cuando exista relación laboral efectiva, 
exige publicación y trazabilidad de plazas, reconoce derechos de docentes y auxiliares 
contratados, y dispone que las plazas de necesidad permanente sean 
progresivamente convocadas a nombramiento. Con ello se busc a que el Estado y las 
instituciones educativas privadas no utilicen la temporalidad, la informalidad o la falta 
de registro como mecanismos para reducir derechos o debilitar la carrera.
La necesidad laboral también comprende la regulación de la jornada y la carga real de 
trabajo. En el caso docente, la enseñanza no se agota en la hora de aula, porque 
incluye planificación, preparación de clases, evaluación, retroalimentación, tutoría, 
atención a familias, coordinación pedagógica, formación en servicio y ac tividades 
oficiales. En el caso del auxiliar de educación, su jornada comprende acompañamiento, 
ingreso y salida, recreos, seguridad, convivencia, apoyo al docente, protección 
estudiantil y actividades institucionales. La presente propuesta de ley reconoce  que 
toda labor exigida, autorizada o aprovechada institucionalmente debe tener 
tratamiento laboral, registro y compensación. Esta previsión es necesaria para sincerar 
el trabajo educativo real y evitar que la vocación sea utilizada como excusa para 
imponer labores gratuitas, cargas excesivas o responsabilidades no reconocidas.
La necesidad presupuestal progresiva de la reforma no debe entenderse como 
impedimento, sino como mandato de planificación. La presente iniciativa legislativa no 
desconoce la sostenibilidad fiscal; por el contrario, ordena las obligaciones del Estado 
en una ruta progresiva, priorizando remuneraciones, CTS, beneficios sociales, 
encargaturas, formación continua, salud ocupacional, protección en zonas de riesgo, 
nombramiento progresivo y jubilación digna. Una ley de revaloración magisterial seria 
debe distinguir entre derechos de aplicación inmediata, obligaciones sujetas a 
programación multianual y medidas de implementación gradual. Esta técnica permite 
compatibilizar el principio de progresividad con la responsabilidad fiscal, evitando que 
la falta de presupuesto sea utilizada como justificación permanente para incumplir 
derechos laborales o previsionales.
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La viabilidad presupuestal se fortalece porque la propuesta no plantea una ejecu ción 
desordenada, sino un marco de priorización, registro, transparencia y control. El 
Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial permitirá 
identificar plazas, contratos, encargaturas, pagos pendientes, beneficios, tiempo de 
servicios, brechas territoriales y obligaciones previsionales. Sin información confiable, 
el presupuesto educativo se vuelve reactivo, incompleto y vulnerable a omisiones. Con 
información pública, digital, trazable e interoperable, el Estado puede programar mejor, 
sincerar deudas, evitar duplicidades, reducir litigios, priorizar zonas críticas y financiar 
progresivamente la carrera magisterial. La inversión en docentes y auxiliares no debe 
ser vista solo como gasto corriente, sino como inversión social que incide  en 
aprendizaje, permanencia escolar, prevención de violencia, productividad futura, 
cohesión territorial y desarrollo nacional.
La necesidad territorial de la presente propuesta de ley es especialmente relevante 
para el Perú, por su diversidad geográfica , cultural, lingüística y social. No es 
jurídicamente razonable ni educativamente justo tratar igual a quien presta servicios 
en una zona urbana con acceso a transporte, salud, conectividad y seguridad, que a 
quien trabaja en comunidades rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, VRAEM, 
instituciones multigrado, unidocentes o zonas de riesgo. La presente iniciativa 
legislativa reconoce que la carrera magisterial debe tener un enfoque territorial, con 
bonificaciones, movilidad, alimentación, alojamiento,  comunicación, seguro especial, 
retorno preferente, reconocimiento escalafonario y protección reforzada. Esta 
diferenciación no rompe la igualdad; la realiza materialmente, porque compensa 
condiciones objetivamente más gravosas del servicio educativo.
La necesidad territorial también se conecta con la permanencia del personal idóneo 
en zonas de difícil cobertura. Cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas de 
traslado, seguridad, vivienda, conectividad o alimentación, el servicio educativo se 
vuelve inestable, se incrementa la rotación, se debilita la continuidad pedagógica y se 
afecta con mayor intensidad a estudiantes que ya enfrentan desigualdades 
estructurales. La escasez mundial de docentes y las dificultades de reclutamiento y 
retención afectan con mayor fuerza a las comunidades desatendidas, donde las aulas 
sobrepobladas, la falta de personal y las condiciones adversas reducen las 
oportunidades reales de aprendizaje (UNESCO y Equipo Internacional de Tareas 
sobre Docentes para Educación 2030, 2024) 24.
La viabilidad normativa de la presente propuesta de ley se sustenta en su 
compatibilidad con el derecho fundamental a la educación, el principio de dignidad 
humana, la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la 
igualdad de oportunidades, el mérito en el acceso a la función pública, el debido 
procedimiento y la seguridad jurídica. El proyecto no elimina la evaluación, no 
desconoce el mérito, no impide la responsabilidad disciplinaria ni sustituye la rectoría 
del Estado en materia educativa. Lo que hace es reconducir esas potestades dentro
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de un marco garantista, objetivo, transparente y proporcional. Evaluar no debe 
equivaler a perseguir; disciplinar no debe significar arbitrariedad; contratar no debe 
convertirse en precari zar; reglamentar no debe permitir reducir derechos; gestionar 
plazas no debe habilitar ocultamientos o direccionamientos.
La viabilidad normativa se expresa también en la diferenciación entre la Carrera 
Profesional Docente y la Carrera Especial del Auxili ar de Educación. Esta distinción 
evita confusiones funcionales y protege la naturaleza de cada labor. El docente 
mantiene la titularidad de la función pedagógica, la planificación curricular, la 
conducción del proceso de enseñanza, la evaluación académica y la autoridad 
pedagógica. El auxiliar de educación es reconocido como integrante del Magisterio 
Nacional, pero dentro de una carrera especial propia, vinculada al apoyo educativo, 
convivencia, disciplina formativa, asistencia, seguridad, inclusión y prote cción 
estudiantil. Esta fórmula es jurídicamente equilibrada porque reconoce derechos sin 
desnaturalizar funciones, profesionaliza sin invadir competencias y articula 
responsabilidades sin confundir carreras.
La viabilidad institucional de la presente iniciativa legislativa se aprecia en que no crea 
un sistema ajeno a la estructura educativa existente, sino que ordena y fortalece 
competencias ya presentes en el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, 
las Direcciones Regionales de Educación, las UGEL, las instituciones educativas, 
SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, el sistema previsional y los órganos de control. El 
proyecto propone plataformas, registros, escalafones, procedimientos digitales, 
auditorías, informes anuales y mecanismos de control que pueden implementarse 
progresivamente sobre la base de capacidades institucionales existentes. Su 
viabilidad depende de una adecuada articulación intergubernamental, de la 
interoperabilidad de la información y de la asignación gradual de recursos, pero no 
exige crear una institucionalidad imposible ni ajena al aparato público.
La viabilidad institucional se refuerza con la creación del Consejo Nacional del 
Magisterio como órgano consultivo, técnico y permanente. Esta instancia permite 
canalizar la participación docente, auxiliar, gremial, regional, profesional y técnica en 
las políticas de carrera, formación, evaluación, remuneración, bienestar, jubilación y 
protección. La participación institucional no debilita la rectoría del Ministerio de 
Educación; la fortalece, porque permite que las decisiones normativas se construyan 
con información del territorio, experiencia profesional y evaluación de impacto. Los 
sistemas educativos contemporáneos reconocen que el desarrollo profesional docente 
requiere políticas sostenidas, escucha de los actores educativos, formación continua 
y aprendizaje institucional permanente (OCDE, 2019) 25.
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educación digital, inteligencia artificial, f ormación docente y precarización laboral 
demanda una respuesta legislativa de mayor alcance. La presente propuesta de ley 
permite ordenar esa agenda en un solo cuerpo normativo, evitando soluciones 
aisladas que atienden un problema mientras dejan intactas otras causas estructurales. 
Una nueva ley del docente y del auxiliar de educación permite renovar el pacto entre 
Estado, magisterio, familias y estudiantes, colocando la dignidad profesional y la 
calidad educativa como ejes inseparables.
La oportunidad de la reforma también radica en que el fortalecimiento del Magisterio 
Nacional puede convertirse en una política de Estado con legitimidad social. La 
ciudadanía demanda mejores aprendizajes, pero también escuelas seguras, docentes 
respetados, auxiliares capacitados, estudiantes protegidos, instituciones 
transparentes y un Estado capaz de sostener el servicio educativo en todo el territorio. 
La presente iniciativa legislativa responde a esa expectativa al vincular derechos 
laborales con resultados educativos, protección institucional con convivencia escolar, 
formación continua con calidad, remuneración digna con atracción de talento, y 
estabilidad razonable con continuidad del servicio. No se trata de una norma aislada 
de beneficio sectorial, s ino de una reforma estructural para mejorar las condiciones 
materiales, profesionales y humanas que hacen posible la educación.