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Artículo 192. Permisos por salud, alimentación, lactancia, traslado y emergencia 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a permisos razonables y justificados por 
atención médica, tratamiento, rehabilitación, lactancia, alimentación, cuidado urgente de 
familiar directo, citación oficial, emergen cia familiar, traslado desde o hacia zonas alejadas, 
condiciones climáticas, interrupción de vías, transporte fluvial, terrestre o aéreo, inseguridad, 
desastre, conflicto social o cualquier hecho no imputable que impida o dificulte 
razonablemente la asiste ncia o permanencia en el centro de trabajo. El tiempo destinado al 
refrigerio, alimentación o descanso breve dentro de la jornada debe garantizarse cuando la 
permanencia en la institución educativa, la jornada extendida, la ubicación territorial, la 
distancia, el turno o las condiciones del servicio impidan el retorno oportuno al domicilio o el 
acceso regular a alimentación. En zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, 
VRAEM, selva, comunidades dispersas o de difícil acceso, no constituye inasist encia, 
tardanza injustificada ni abandono de cargo el retraso ocasionado por falta de transporte, 
crecida de ríos, lluvias, derrumbes, bloqueo de vías, inseguridad, emergencia o causa objetiva 
debidamente acreditada. Estos permisos se aplican sin perjuicio  de las asignaciones por 
movilidad, alimentación, refrigerio, riesgo, transporte o conectividad reguladas en el régimen 
remunerativo de la presente ley.
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El docente nombrado tiene dere cho a acceder a año sabático o licencia de desarrollo 
profesional para realizar estudios de posgrado, investigación educativa, innovación 
pedagógica, producción académica, elaboración de materiales educativos, especialización, 
pasantías o proyectos orienta dos a mejorar la calidad educativa. El acceso se realiza 
mediante procedimiento objetivo, público y meritocrático, considerando tiempo de servicios, 
desempeño, conducta ética, proyecto académico, pertinencia educativa, impacto institucional 
y necesidades d el servicio, garantizándose reserva de plaza, reconocimiento de tiempo de 
servicios y mantenimiento de derechos de carrera, conforme a ley. El auxiliar de educación 
puede acceder a licencia de desarrollo profesional para especialización, certificación, 
formación técnica, estudios pedagógicos, educación inicial, convivencia escolar, educación 
especial, protección estudiantil, inclusión o profesionalización hacia la carrera docente, sin 
que ello implique incorporación automática como docente. El reglamento de sarrolla 
únicamente el procedimiento de postulación, evaluación y ejecución del año sabático o 
licencia de desarrollo profesional, sin crear restricciones, requisitos, exclusiones o límites no 
previstos expresamente en la presente ley.
Artículo 194. Garantía de aplicación directa 
Los derechos reconocidos en el presente título son de aplicación directa y obligatoria para el 
Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones regionales de educación, unidades 
de gestión educativa local, instituciones educativas públicas, instituciones educativas privadas, 
en lo que corresponda, y demás entidades vinculadas al servicio educativo. Ningún 
reglamento, directiva, acto administrativo, contrato, disposición interna o práctica institucional 
puede desconocer, r educir, diferir, condicionar o desnaturalizar la jornada, carga laboral, 
licencias, permisos, vacaciones, descanso, compensaciones o protección funcional 
reconocidos en favor del docente y del auxiliar de educación.
Artículo 195. Derecho a jubilación digna 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a una jubilación digna, oportuna, 
suficiente y proporcional al tiempo efectivo de servicios, a la naturaleza formativa de su labor, 
a la responsabilidad social que desempeñan y al desgaste físico, mental, emocional y 
territorial propio del servicio educativo. 
La jubilación del Magisterio Nacional no constituye una extinción ordinaria del vínculo laboral, 
sino el reconocimiento del servicio prestado a la educación nacional y de la contribución del 
docente y del auxiliar de educación a la formación integral de los estudiantes. 
El Estado garantiza que ningún integrante del Magisterio Nacional sea obligado a cesar sin la 
previa determinación de su situación pensionaria, liquidación de beneficios sociales, 
reconocimiento de tiempo de servicios y orientación previsional suficiente.
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Créase el Régimen Especial de Jubilación del Magisterio Nacional, aplicable a docentes y 
auxiliares de educación comprendidos en la presente ley, sin perjuicio del régimen previsional 
al que se encuentren afiliados y con respeto de los derechos adquiridos. 
El régimen especial reconoce, para efectos previsionales y de protección social, la naturaleza 
esencial, continua, formativa y de alto impacto social de la función educativa, así como las 
condiciones de servicio en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, interculturales 
bilingües, multigrado, unidocentes, VRAEM, de emergencia, riesgo o difícil acceso. 
El régimen especial comprende jubilación ordinaria, jubilación anticipada, pensión mínima 
magisterial, complemento previsional, r econocimiento integral de servicios, pensión de 
sobrevivencia, protección de salud, apoyo por fallecimiento y demás beneficios previstos en 
la presente ley.
Artículo 197. Jubilación ordinaria 
La jubilación ordinaria del docente y del auxiliar de educación procede por cumplimiento de la 
edad legal y del tiempo mínimo de aportes o servicios exigidos por el régimen previsional 
correspondiente. 
El trámite de jubilación se inicia a solicitud del interesado o de oficio cuando corresponda, 
garantizando en todos los casos la notificación previa, el acceso al expediente, la verificación 
del tiempo de servicios, la liquidación de beneficios y la determinación de la pensión antes del 
cese efectivo. 
El cese por jubilación no puede ejecutarse mientras existan omisiones atribuibles a la 
administración en el reconocimiento de servicios, aportes previsionales, encargaturas, 
contratos, bonificaciones, asignaciones, licencias reconocidas o información escalafonaria 
necesaria para determinar la pensión.
Artículo 198. Jubilación anticipada por servicios especiales o condiciones de riesgo 
El docente y el auxiliar de educación pueden acceder a jubilación anticipada cuando acrediten 
largos años de servicio efectivo, discapacidad, enfermedad grave, incapacidad permanente, 
afectación ocupacional, desgaste profesional acreditado o prestación de servicios en zonas 
rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, interculturales bilingües, multigrado, 
unidocentes, VRAEM, de emergencia, riesgo o difícil acceso. 
Para efectos de la jubilación anticipada, el Estado reconoce como condiciones especiales de 
servicio aquellas que impliquen aislamiento territorial, exposición a inseguridad, 
desplazamiento riesgoso, ausencia de servicios básicos, alta carga laboral, atención de 
población vulnerable, violencia, conflicto social, riesgo sanitario, climático o geográfico. 
La jubilación anticipada no puede ser utilizada para reducir, desconocer o disminuir derechos 
pensionarios, beneficios sociales, compensaciones, bonificaciones devengadas o tiempo de 
servicios efectivamente prestado.
Artículo 199. Pensión de jubilación mínima 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a una pensión  de jubilación mínima que 
garantice condiciones materiales dignas de subsistencia, salud, alimentación, vivienda,  
movilidad y bienestar personal. 
La pensión mínima del docente no puede ser inferior al porcentaje que establezca la ley 
respecto de la Remuneración Íntegra Magisterial correspondiente a la primera escala de la
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Carrera Profesional Docente, considerando jor nada equivalente y años de servicios 
reconocidos. 
La pensión mínima del auxiliar de educación se determina en función del piso remunerativo 
nacional del auxiliar, su nivel de carrera, jornada, años de servicios reconocidos y aportes 
efectuados. 
La pensión mínima magisterial se reajusta progresivamente conforme al costo de vida, la 
evolución de la remuneración magisterial, la sostenibilidad fiscal y el principio de no 
regresividad de derechos.
Artículo 200. Complemento previsional magisterial 
Créase el Comp lemento Previsional Magisterial como prestación económica adicional 
destinada a evitar pensiones irrisorias, reducir brechas previsionales y reconocer la función 
social cumplida por docentes y auxiliares de educación al servicio del país. 
El complemento previsional procede cuando la pensión reconocida al integrante del Magisterio 
Nacional resulte inferior a la pensión mínima magisterial o no guarde proporción razonable 
con los años de servicio, aportes efectuados, nivel de carrera, condiciones territoriales  del 
servicio o responsabilidad funcional desempeñada. 
El complemento previsional tiene naturaleza previsional, personal, intangible e inembargable, 
salvo mandato judicial por alimentos. Su otorgamiento no sustituye ni extingue pensiones, 
devengados, CTS, bonificaciones, asignaciones o beneficios sociales pendientes.
Artículo 201. Reconocimiento integral de tiempo de servicios 
Para efectos de jubilación, cesantía, beneficios sociales, pensión, complemento previsional y 
demás derechos derivados del cese, se  reconoce el tiempo efectivo de servicios prestado 
como docente o auxiliar de educación bajo cualquier modalidad legal, incluyendo 
nombramiento, contratación, encargatura, destaque, reasignación, permuta, servicio en 
programas educativos, educación rural, educación intercultural bilingüe, frontera, VRAEM, 
multigrado, unidocente, educación especial y demás servicios educativos reconocidos por el 
Estado. 
También se reconocen las licencias con goce de remuneraciones, licencias por salud, 
maternidad, paternidad, representación institucional, capacitación oficial, estudios autorizados, 
comisión de servicios y demás periodos que la ley considere computables. 
La falta de registro, actualización escalafonaria, pago de aportes o regularización 
administrativa imputabl e a la entidad no perjudica al docente ni al auxiliar de educación 
cuando estos acrediten la prestación efectiva del servicio mediante resolución, contrato, 
constancia, boleta de pago, planilla, certificado institucional u otro medio idóneo.
Artículo 202. Cesantía, cese voluntario y oportunidad del cese 
El docente y el auxiliar de educación pueden solicitar su cese voluntario por jubilación, límite 
de edad, salud, razones personales, conclusión de servicios o decisión libre e informada, 
conforme a ley. 
A elección del solicitante, el cese puede hacerse efectivo de manera inmediata o al finalizar 
el periodo lectivo, calendario escolar o periodo presupuestal correspondiente, siempre que 
dicha decisión no afecte derechos pensionarios, liquidación de beneficios ni continuidad 
esencial del servicio educativo.
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La autoridad educativa está obligada a tramitar el cese dentro del plazo legal, emitir el acto 
administrativo correspondiente, actualizar el escalafón, reconocer el tiempo de servicios, 
remitir la información  previsional y liquidar los beneficios sociales, incluyendo CTS, 
remuneraciones pendientes, encargaturas, asignaciones, bonificaciones, vacaciones, 
devengados e intereses legales que correspondan. 
Queda prohibido retener, condicionar o diferir injustificad amente el cese, la pensión, la 
liquidación de beneficios o la entrega de documentos previsionales por omisiones 
administrativas no imputables al trabajador.
Artículo 203. Pensión de sobrevivencia y protección familiar 
El fallecimiento del docente o auxili ar de educación genera derecho a pensión de 
sobrevivencia, beneficios sociales pendientes, sepelio, apoyo económico inmediato y demás 
prestaciones que correspondan a favor del cónyuge, conviviente, hijos menores de edad, hijos 
mayores con discapacidad, padres dependientes y demás beneficiarios reconocidos por ley. 
Cuando el fallecimiento, desaparición, invalidez o incapacidad permanente se produzca como 
consecuencia del servicio educativo, traslado hacia el centro de trabajo, permanencia en zona 
rural, selva, frontera, VRAEM, emergencia, riesgo o difícil acceso, el Estado otorga protección 
especial, indemnización, cobertura familiar y trámite preferente. 
La entidad educativa debe activar de oficio la asistencia administrativa, legal, previsional y 
social a f avor de los beneficiarios, sin exigir trámites innecesarios ni trasladarles cargas 
documentales que obren en poder del Estado.
Artículo 204. Seguridad social integral del Magisterio Nacional 
El Estado garantiza a docentes y auxiliares de educación el acceso efectivo a seguridad social 
en salud, pensiones, riesgos laborales, invalidez, sobrevivencia, maternidad, rehabilitación, 
salud mental, enfermedades ocupacionales y protección frente a accidentes derivados del 
servicio educativo. 
La seguridad social del  Magisterio Nacional comprende prevención, atención médica, 
tratamiento especializado, rehabilitación, salud mental, cobertura de enfermedades 
profesionales, afectaciones de la voz, estrés laboral, agotamiento profesional, riesgos 
psicosociales, accidentes durante el traslado y daños sufridos en ejercicio o con ocasión del 
servicio. 
La cobertura de seguridad social no puede ser suspendida, reducida ni desconocida por 
retrasos administrativos, falta de transferencia de aportes o errores imputables a la entid ad 
empleadora.
Artículo 205. Fondo Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial 
Créase el Fondo Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial, destinado a financiar 
progresivamente el complemento previsional magisterial, apoyo por sepelio, salud 
ocupacional, asistencia social, vivienda, rehabilitación, protección de sobrevivientes y demás 
beneficios de bienestar previsional establecidos en la presente ley. 
El Fondo se financia con recursos asignados por ley, partidas presupuestales específicas, 
saldos a utorizados, transferencias, donaciones, cooperación, rentas financieras y otras 
fuentes legalmente permitidas, sin afectar remuneraciones, pensiones, CTS, aportes 
individuales ni derechos adquiridos de docentes y auxiliares de educación.
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La administración del Fondo se sujeta a transparencia, intangibilidad, control público, auditoría 
anual, participación consultiva del Magisterio Nacional y rendición de cuentas ante el 
Congreso de la República.
Artículo 206. Prohibición de regresividad previsional 
Ninguna norma reglamentaria, directiva, acto administrativo, informe técnico, contrato o 
práctica institucional puede reducir, suspender, condicionar o desnaturalizar los derechos de 
jubilación, cesantía, seguridad social, pensión mínima, complemento previsional, 
reconocimiento de servicios, protección familiar o beneficios derivados del cese reconocidos 
en la presente ley. 
Toda interpretación sobre derechos previsionales del Magisterio Nacional debe realizarse 
conforme a los principios de dignidad humana, protección del trabajador, irrenunciabilidad de 
derechos, continuidad previsional, razonabilidad, proporcionalidad y no regresividad.
Artículo 207. Política Nacional de Bienestar y Revaloración Magisterial 
La Política Nacional de Bienestar y Revaloración Magisterial constituye una obligación 
permanente del Estado y tiene por finalidad garantizar condiciones dignas para el ejercicio de 
la función educativa, fortalecer la Carrera Profesional Docente, proteger la salud integral del 
magisterio y reconocer la contribución social, formativa y cultural de los docentes y auxiliares 
de educación al desarrollo nacional. 
La política comprende medidas de bienestar físico, mental, familiar, económico, cultural, 
recreativo, profesional y social, orientadas a prevenir el deterioro de la salud, reducir riesgos 
laborales, fortalecer la estabilidad emocional, mejorar el desempeño educativo, promover la 
permanencia en el servicio y dignificar la labor magisterial. 
El Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales, las unidades de 
gestión educativa local y las entidades competentes, implementa programas permanentes de 
bienestar magisterial, priorizando a quienes laboran en zonas rurales, amazónicas, 
altoandinas, de frontera, VRAEM, instituciones unidocentes, multigrado, interculturales 
bilingües, de difícil acceso, de riesgo o con alta vulnerabilidad social. 
La implementación de esta política no tiene naturaleza asistencial ni discrecional; constituye 
una condición institucional para asegurar la calidad educativa, la continuidad del servicio y la 
protección efectiva del Magisterio Nacional.
Artículo 208. Salud ocupacional y atención integral del magisterio 
El Estado garantiza la protección de la salud física, mental, emocional y ocupacional de los 
docentes y auxiliares de educación, atendiendo a la naturaleza formativa, social, psicológica, 
vocal, emocional y comunitaria de la labor educativa. 
La salud ocupacional magisterial comprende acciones de prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y acompañamiento frente a enfermedades profesionales,
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afectaciones de la voz, estrés laboral, agotamiento profesional, ansiedad, depresión, violencia 
escolar, hostigamiento, agresiones, riesgos psicosociales, sobrecarga laboral y demás 
condiciones derivadas del ejercicio de la función educativa. 
El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, EsSalud, los gobiernos 
regionales y las entidades competentes, implementa evaluaciones preventivas periódicas, 
atención psicológica, asistencia médica especializada, campañas de salud, programas de 
rehabilitación y protocolos de intervención frent e a situaciones que afecten la salud del 
personal magisterial. 
Cuando la afectación de salud tenga relación directa con el ejercicio de la función educativa, 
la autoridad competente debe activar medidas inmediatas de atención, protección, 
adecuación razona ble, reubicación temporal, licencia, reasignación por salud o 
acompañamiento especializado, según corresponda.
Artículo 209. Vivienda, alojamiento y condiciones de permanencia magisterial 
El Estado promueve el acceso progresivo de los docentes y auxiliare s de educación a 
programas de vivienda, alojamiento temporal, residencia funcional, crédito preferente, alquiler 
social, módulos habitacionales o apoyo equivalente, con prioridad para quienes laboran en 
zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, VRAEM, de difícil acceso o donde no 
existan condiciones razonables de permanencia. 
La vivienda o alojamiento magisterial tiene por finalidad garantizar la permanencia del 
personal educativo, reducir la rotación, proteger la unidad familiar, asegurar la continuidad del 
servicio educativo y preservar la integridad física y emocional del docente y del auxiliar de 
educación. 
En las instituciones educativas ubicadas en zonas donde el retorno diario resulte imposible, 
riesgoso o desproporcionado, la autoridad edu cativa competente debe gestionar alojamiento 
seguro, movilidad, condiciones mínimas de salubridad, comunicación y acceso a servicios 
básicos. 
La falta de vivienda, alojamiento o condiciones mínimas de permanencia en zonas de difícil 
acceso no puede ser utilizada para responsabilizar al docente o auxiliar por hechos derivados 
de la ausencia de soporte institucional.
Artículo 210. Casas del Maestro y del Auxiliar de Educación 
Créanse las Casas del Maestro y del Auxiliar de Educación como espacios regionales de 
bienestar, revaloración, formación, salud preventiva, orientación legal, acompañamiento 
psicológico, biblioteca, cultura, recreación, innovación pedagógica y fortalecimiento 
profesional del Magisterio Nacional. 
Las Casas del Maestro y del Auxiliar de Ed ucación brindan, como mínimo, servicios de 
capacitación, asesoría administrativa y legal, orientación previsional, apoyo psicológico, 
actividades culturales, acceso a recursos educativos, promoción de buenas prácticas y 
atención preferente a docentes y aux iliares cesantes, jubilados o en situación de 
vulnerabilidad. 
Los gobiernos regionales, en coordinación con el Ministerio de Educación y las unidades de 
gestión educativa local, implementan progresivamente estos espacios, priorizando regiones 
con mayor dis persión territorial, ruralidad, brechas educativas, alta carga magisterial o 
ausencia de servicios de bienestar.
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Estos espacios no sustituyen las obligaciones remunerativas, previsionales, sanitarias ni 
laborales del Estado, sino que constituyen mecanismos  complementarios de protección, 
revaloración y fortalecimiento institucional del magisterio.
Artículo 211. Seguro de vida y cobertura especial por riesgo educativo 
Los docentes y auxiliares de educación tienen derecho a un seguro de vida y cobertura 
especial cuando presten servicios en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, 
VRAEM, de emergencia, de difícil acceso, de riesgo social, de inseguridad, desastre, conflicto, 
violencia o exposición especial derivada del servicio educativo. 
El seguro cubre, como mínimo, fallecimiento, invalidez permanente, invalidez temporal, 
accidente, desaparición vinculada al servicio, agresión, traslado riesgoso, emergencia 
territorial y demás contingencias producidas durante el ejercicio de la función educativa o con 
ocasión directa de esta. 
La cobertura se activa desde el desplazamiento hacia el centro de trabajo, durante la 
permanencia en la institución educativa, en actividades oficiales, comisiones de servicio, 
retorno autorizado y demás actos vinculados al cumplimiento de la función educativa. 
La autoridad educativa que omita gestionar, activar o comunicar oportunamente la cobertura 
del seguro incurre en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
penal que corresponda.