crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La relación costo -beneficio de la presente iniciativa legi slativa es favorable porque 
fortalece la capacidad de cobranza y ejecución del Estado sin sacrificar los principios de 
razonabilidad, proporcionalidad y debido procedimiento. El proyecto no plantea una 
política sancionadora meramente punitiva, sino un mode lo de cumplimiento 
administrativo progresivo, en el que la autoridad sanitaria puede diferenciar entre 
infracciones leves, graves y muy graves, aplicar criterios de gradualidad, valorar la 
conducta del administrado y establecer mecanismos de regularización . Esta orientación 
resulta coherente con la teoría moderna de la regulación, según la cual la eficacia 
regulatoria no depende únicamente de la intensidad de la sanción, sino de la claridad de 
las reglas, la predictibilidad institucional, la capacidad de fi scalización y la adecuada 
selección de instrumentos regulatorios (Baldwin et al., 2012) 17.
En términos económicos, la presente propuesta de ley reduce costos institucionales 
asociados a procedimientos ineficaces, cobranza prolongada, litigiosidad innecesa ria y 
ausencia de criterios uniformes en la actuación administrativa. Al establecer reglas claras 
para la ejecución coactiva, la suspensión del procedimiento, la prescripción, la conclusión 
de la cobranza y la aplicación de medidas restrictivas sobre autor izaciones, licencias y 
títulos habilitantes, se mejora la seguridad jurídica tanto para el Estado como para los 
administrados. Una fiscalización basada en riesgo, proporcionalidad y transparencia 
permite orientar los recursos públicos hacia los casos de ma yor impacto sanitario,
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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
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evitando cargas desproporcionadas sobre operadores de menor escala y mejorando la 
eficacia de la inspección pública (OECD, 2014) 18.
La presente iniciativa legislativa también genera beneficios directos para la población, 
porque cont ribuye a asegurar que farmacias, boticas, droguerías, laboratorios, 
establecimientos de salud y demás operadores sujetos a regulación sanitaria cumplan las 
obligaciones destinadas a proteger la vida, la salud y la seguridad de los usuarios. El 
fortalecimiento de la ejecución administrativa permite que las infracciones graves o 
reiteradas no queden sin consecuencia efectiva, lo que reduce riesgos asociados a 
medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, servicios sanitarios 
inseguros o incumpl imientos que pueden afectar la salud colectiva. La capacidad del 
Estado para prevenir, detectar y responder oportunamente a riesgos sanitarios constituye 
un componente esencial de la seguridad sanitaria y de la protección de la salud pública 
(World Health Organization, 2005) 19.
El diseño normativo propuesto evita que el fortalecimiento sancionador se convierta en 
una carga desproporcionada para las micro y pequeñas empresas del sector 
farmacéutico y sanitario. Por ello, incorpora mecanismos de formalizació n, gradualidad, 
fraccionamiento, adecuación progresiva y garantías alternativas, sin exonerar el 
cumplimiento de las normas sanitarias esenciales. Esta medida permite equilibrar dos 
bienes constitucionalmente relevantes: por un lado, la protección de la sa lud pública y, 
por otro, la continuidad del abastecimiento de medicamentos y servicios esenciales, 
especialmente en zonas rurales, periféricas o de limitada cobertura sanitaria. Un sistema 
de inspección moderno debe promover el cumplimiento, reducir la inf ormalidad y 
concentrar las medidas más severas en quienes generan mayores riesgos o actúan con 
reincidencia, fraude o resistencia sistemática al cumplimiento (OECD, 2018)  20.
La presente propuesta de ley también disminuye riesgos de arbitrariedad administrativa, 
porque exige motivación, proporcionalidad, transparencia, criterios objetivos de 
fiscalización y responsabilidad individualizada. Al impedir que la responsabilidad se 
extienda automáticamente a accionistas, socios, directores o representant es legales sin 
procedimiento específico, se protege el derecho de defensa y se evita una sanción por 
mera vinculación formal. Este aspecto resulta relevante para preservar la 
constitucionalidad de la medida, pues la eficacia administrativa no puede alcanza rse a 
costa de desconocer el debido procedimiento, la tutela jurisdiccional efectiva ni la 
responsabilidad personal en materia sancionadora.  El balance costo -beneficio resulta 
positivo porque los costos de adecuación normativa y administrativa son menores frente 
a los beneficios esperados en recaudación, cumplimiento sanitario, reducción de 
informalidad, fortalecimiento institucional, prevención de riesgos para la salud pública y 
mayor predictibilidad regulatoria. La presente iniciativa legislativa favorece  al Estado 
porque fortalece su capacidad de fiscalización y ejecución; favorece a la población porque 
mejora la protección sanitaria y la continuidad del acceso a medicamentos y servicios 
esenciales; y favorece a los operadores formales, incluidos los pequ eños
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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
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establecimientos farmacéuticos y sanitarios, porque incorpora reglas claras, gradualidad, 
mecanismos de regularización y límites frente a medidas desproporcionadas.
VI.- VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa le gislativa se encuentra alineada con los objetivos de 
fortalecimiento institucional del Estado, modernización de la gestión pública y protección 
efectiva del derecho fundamental a la salud reconocidos en la Agenda Legislativa del 
Congreso de la República y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. En particular, 
contribuye al fortalecimiento de la rectoría sanitaria del Estado mediante la incorporación 
de mecanismos que permiten mejorar la supervisión, fiscalización, sanción y ejecución 
de las obligac iones administrativas en materia de salud, garantizando una actuación 
pública más eficiente, transparente, predecible y orientada a resultados.  Asimismo, la 
propuesta se vincula con las políticas orientadas a garantizar el acceso universal a 
servicios de s alud de calidad, la protección de la salud pública, la lucha contra la 
informalidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, promoviendo el 
cumplimiento efectivo de las normas sanitarias por parte de los agentes económicos que 
participan e n la cadena de suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y demás servicios sujetos a regulación sanitaria.
Del mismo modo, la iniciativa guarda concordancia con los compromisos asumidos por el 
Estado en materia de moderniza ción de la administración pública, fortalecimiento de la 
seguridad jurídica y mejora de la calidad regulatoria, al establecer reglas claras sobre 
ejecución coactiva, gradualidad de sanciones, formalización de micro y pequeñas 
empresas, responsabilidad admi nistrativa individualizada y garantías del debido 
procedimiento. Con ello se busca consolidar un marco normativo equilibrado que 
fortalezca la autoridad sanitaria sin generar barreras desproporcionadas para los 
administrados, promoviendo simultáneamente la  protección de la salud de la población, 
la formalización económica y el desarrollo sostenible del sector farmacéutico y sanitario.
En consecuencia, la propuesta contribuye directamente al cumplimiento de las Políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional relacionadas con el acceso universal a los servicios de 
salud, la promoción de la competitividad y formalización económica, el fortalecimiento del 
Estado de Derecho, la transparencia de la gestión pública y la prestación eficiente de los 
servicios públicos esenciales, constituyéndose en una medida necesaria para fortalecer 
la gobernanza sanitaria y la capacidad regulatoria del Estado en beneficio de la población     
en esa línea de ideas, la presente la iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley 
que se presenta, está alineada con los objetivos del numeral II. Equidad y justicia social, 
del Acuerdo Nacional y vinculados con las Políticas de Estado en el numeral 13. Acceso 
universal a los servicios de salud y a la seguridad social , y concordante con el tema 46. 
Acceso, reforma, modernización y financiamiento en el sistema de salud  de la Agenda 
Legislativa del Congreso para el período Anual de Sesiones 2021 -2022, aprobada por 
Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2021-2022-CR y Resolución Legislativa del 
Congreso N° 002 -2022-2023-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 002 -2023-
2024-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 006-2024-2025-CR.
El Grupo Parlamentario PERÚ LIBRE a iniciativa del Congresista de la República, FLAVIO 
CRUZ MAMANI, integrante del grupo parlamentario PERÚ LIBRE, en ejercicio del derecho 
de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Estado 
y conforme lo establecen los artículos 22°, 75° Y 76º del Reglamento del Congreso de la 
República, presenta el siguiente PROYECTO DE LEY:
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto declarar el 5 de octubre de cada año como Día Nacional 
de los Valores y la Convivencia Pacífica, con la finalidad de promover en la sociedad 
peruana la práctica de valores éticos, cívicos, democráticos, solidarios y comunitarios, así 
como fortalecer la cultura de paz, el respeto mutuo, la convivencia democrática y la 
resolución pacífica de conflictos.  
Artículo 2. Declaración de interés nacional  
Se declara de interés nacional la promoción de actividades educativas, culturales, cívicas, 
comunitarias y de sensibilización ciudadana con motivo del Día Nacional de los Valores y 
la Convivencia Pacífica, a fin de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía 
responsable, solidaria, participativa y comprometida con la paz social.  
Artículo 3. Finalidad  
La presente ley tiene por finalidad:
a) Promover la práctica de valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad, la empatía, la tolerancia, la justicia, la cooperación y el respeto a la 
diversidad cultural del país. 
b) Fomentar la convivencia pacífica en las instituciones educativas, familias, comunidades, 
centros laborales, entidades públicas y demás espacios de interacción social. 
c) Reconocer la importancia de la educación y de la labor docente en la formación integral 
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y ciudadanos en general. 
d) Contribuir a la prevención de la violencia, la discriminación, el acoso, la intolerancia y 
toda forma de afectación a la convivencia social. 
e) Impulsar una cultura de diálogo, concertación, respeto a los derechos humanos y 
cumplimiento de los deberes ciudadanos. 
Artículo 4. Actividades conmemorativas 
En el marco del Día Nacional de los Valores y la Convivencia Pacífica, las entidades 
públicas competentes, en coordinación con instituciones educativas, universidades, 
gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, pueden 
promover, conforme a sus competencias y disponibilidad presupuestal, actividades tales 
como: 
a) Jornadas de reflexión sobre valores ciudadanos, cultura de paz y convivencia 
democrática. 
b) Talleres, seminarios, charlas, campañas y espacios de diálogo dirigidos a estudiantes, 
docentes, familias, servidores públicos y ciudadanía en general. 
c) Concursos académicos, artísticos, literarios, culturales y comunitarios vinculados a la 
promoción de valores y convivencia pacífica. 
d) Actividades de integración comunitaria, mediación escolar, prevención de la violencia y 
resolución pacífica de conflictos. 
e) Reconocimientos simbólicos a personas, instituciones educativas, organizaciones 
sociales o comunidades que destaquen por su contribución a la promoción de valores, 
ciudadanía democrática y cultura de paz.
Artículo 5. Entidad promotora 
El Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y demás entidades públicas competentes, promueve la difusión del Día Nacional 
de los Valores y la Convivencia Pacífica, en el marco de sus funciones y competencias. 
La presente disposición tiene carácter declarativo y no genera la creación de nuevas 
obligaciones administrativas, orgánicas, presupuestales ni funcionales distintas a las 
previstas en la normativa vigente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 
1.1. Identificación del problema 
La sociedad peruana atraviesa una etapa marcada por el debilitamiento de la convivencia 
social, la pérdida progresiva de valores cívicos, el incremento de situaciones de violencia, 
intolerancia, discriminación, conflictos sociales y deterioro del respeto mu tuo en diversos 
espacios de la vida cotidiana. 
Estos problemas se expresan en la familia, la escuela, la comunidad, los espacios 
laborales, las instituciones públicas y la vida política nacional. Frente a ello, resulta 
necesario promover medidas simbólicas, educativas y cívicas que contribuyan a fortalecer 
una cultura de paz, diálogo, solidaridad, responsabilidad ciudadana y respeto a los 
derechos fundamentales. 
La propuesta parte de la necesidad de institucionalizar una fecha nacional de reflexión 
colectiva, orientada a promover valores y convivencia pacífica en todo el territorio nacional, 
sin generar nuevas cargas presupuestales ni estructuras administrativas adicionales.
La educación no solo transmite conocimientos, sino que también cumple una función 
esencial en la formación ética, ciudadana, democrática y social de las personas. En ese 
sentido, los docentes desempeñan un rol fundamental en la formación integral de 
estudiantes y en la construcción de una ciudadanía responsable, solidaria y comprometida 
con el desarrollo del país. 
Por ello, la elección del 5 de octubre resulta pertinente, al coincidir con el Día Mundial de 
los Docentes, fecha que permite vincular la promoción de valores y convivencia pacífica 
con el reconocimiento de la labor educativa y formativa de las maestras y maestros del 
país, conforme ya se plantea en el proyecto original.
2.1. Constitución Política del Perú 
La Constitución reconoce que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, garantiza el derecho a la 
educación, la formación integral de la persona, la promoción de la cultura y el deb er del 
Estado de contribuir al desarrollo moral, cívico y democrático de la ciudadanía.
2.4. Normativa internacional 
La iniciativa se vincula con instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los principios promovidos por la UNESCO en materia de  
educación, cultura de paz y reconocimiento de la labor docente.
Entre los beneficios esperados se encuentran: 
a) Fortalecimiento de la educación en valores. 
b) Promoción de la cultura de paz y convivencia pacífica. 
c) Reconocimiento del rol de los docentes en la formación ética y ciudadana. 
d) Prevención de la violencia, discriminación e intolerancia. 
e) Fomento de la participación ciudadana, comunitaria y educativa. 
f) Contribución al fortalecimiento de una sociedad democrática, solidaria e inclusiva. 
Desde una perspectiva social, la iniciativa tiene un beneficio preventivo y formativo, al 
promover prácticas de respeto, diálogo, solidaridad y resolución pacífica de conflictos.
La aprobación de la presente ley no modifica, deroga ni contradice normas vigentes del 
ordenamiento jurídico nacional. Su efecto es declarativo y promotor, orientado a 
institucionalizar una fecha nacional dedicada a la reflexión y promoción de valores, 
convivencia pacífica y cultura de paz. 
La norma se integra armónicamente con la legislación educativa, las políticas de 
convivencia escolar, las políticas de prevención de la violencia y los objetivos nacionales 
vinculados al fortalecimiento de la ciudadanía democrática.
VINCULACION CON EL ACUERDO NACIONAL 
La propuesta se vincula con diversas políticas de Estado del Acuerdo Nacional. En 
particular, se relaciona con la Política de Estado N° 7, referida a la erradicación de la 
violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana, que promueve un a 
cultura cívica de respeto a la ley, normas de convivencia y cultura de paz.
También guarda relación con la Política de Estado N° 12, sobre acceso universal a una 
educación pública gratuita y de calidad, en tanto la educación debe formar ciudadanos 
responsables, democráticos, solidarios y comprometidos con la convivencia social. Lo s 
consensos del Acuerdo Nacional en materia educativa resaltan que la educación pone 
énfasis en valores éticos y forma ciudadanos comprometidos con la democracia, la 
equidad, la inclusión y la valoración de la diversidad. 
Asimismo, se vincula con la Política de Estado N° 16, sobre fortalecimiento de la familia, 
protección de la niñez, adolescencia y juventud, que promueve espacios institucionales y 
entornos barriales para la convivencia pacífica y la seguridad personal, así  como una 
cultura de respeto a los valores morales, culturales y sociales. 
De igual modo, la Agenda Legislativa 2024 -2025 comprende temas vinculados con 
educación, cultura, civismo, seguridad ciudadana, promoción de la cultura y mejora del 
currículo nacional, materias compatibles con el contenido declarativo de la presente 
iniciativa.
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted para saludarl o cordialmente y, a la vez, solicitarle se sirva remitir a esta 
Comisión, con carácter de urgencia, la opinión de su Despacho sobre el Proyecto de Ley N° 14744-
2025-CR, que propone promover la inclusión financiera y el ahorro de los adolescentes mayores de 
dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, mediante el acceso y administración de 
productos financieros, bajo condiciones especiales de protección y educación financiera  con el fin 
de preparar al adolescente para una adecuada vida financiera al alcanzar la mayoría de edad. 
El contenido de la referida iniciativa legislativa se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: 
https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDAxNDMy/pdf  
Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima,    05   de    junio      de      2026 
Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 
77° del Reglamento del Congreso de la República:  pase la 
Proposición N° 14745/2025-CR para su estudio y dictamen, 
a la (s) Comisión (es) de:
De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y solicitarle tenga a bien emitir 
su opinión técnico legal y/o sugerencias, respecto del Proyecto de Ley 14746/2025-CR        
“PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BILLETERAS 
ELECTRÓNICAS PARA LA CUSTODIA, INMOVILIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DE 
CRIPTOACTIVOS VINCULADOS A DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA” presentado por el congresista Ilich Fredy López Ureña , que será de mucha 
utilidad para el estudio y análisis de la citada proposición legislativa que realizará esta comisión 
dictaminadora. 
El proyecto de ley mencionado podrá ser descargado mediante el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/14746 
 Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho la oportunidad para    
expresarle mi consideración y estima. 
Atentamente,
1 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 
PARIONA SINCHE ALFREDO 
PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE EL 
ACCESO UNIVERSAL A INTERNET Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD 
DIGITAL EN LAS ZONAS RURALES Y 
CENTROS POBLADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
El congresista de la república ALFREDO PARIONA SINCHE, miembro de la 
BANCADA SOCIALISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le 
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia 
con los artículos 22 inciso c) 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la 
República presenta el siguiente proyecto de ley.
Artículo 1.- Objeto de la ley  
La presente ley tiene por objeto promover el acceso universal a internet y el 
fortalecimiento de la conectividad digital en las zonas rurales y centros poblados 
del departamento de Huancavelica, con la finalidad de reducir las brechas 
digitales y promover el acceso equitativo a los servicios de educación, salud, 
comercio, seguridad y desarrollo económico.
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“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 
PARIONA SINCHE ALFREDO 
Artículo 2.- Acciones para el fortalecimiento de la conectividad digital 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), el Gobierno 
Regional de Huancavelica y los gobiernos locales involucrados, en el marco de 
sus competencias y disponibilidad presupuestal, priorizan las siguientes 
acciones: 
a) La ampliación de redes de fibra óptica, enlaces inalámbricos y demás 
tecnologías de conectividad digital. 
b) La instalación y fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones 
en zonas rurales y de difícil acceso. 
c) La implementación de puntos de acceso gratuito a internet en instituciones 
educativas, establecimientos de salud, municipalidades, centros 
comunales y demás espacios públicos. 
d) La promoción de alianzas público-privadas y mecanismos de inversión 
que contribuyan a la expansión de los servicios de telecomunicaciones. 
e) El impulso de programas de alfabetización digital y capacitación 
tecnológica dirigidos a estudiantes, docentes, productores agrarios, 
emprendedores y población en general.
Artículo 4.- Coordinación interinstitucional 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de PRONATEL, en 
coordinación con el Gobierno Regional de Huancavelica, gobiernos locales, 
comunidades campesinas y operadores de telecomunicaciones elaborarán en 
un plazo no menor de ciento ochenta días, un Plan Especial de Conectividad 
Rural para el departamento de Huancavelica que identifique zonas prioritarias
Artículo 2° Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: 
(…) 
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 
cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 
censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 
El Estado promueve el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en todo el país. 
(…)
Artículo 14° Educación para la vida y el trabajo. Los medios de 
comunicación social 
La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 
práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 
educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y 
fomenta la solidaridad. 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 
del país. 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de 
los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso 
educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con 
respeto a la libertad de las conciencias.
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“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 
PARIONA SINCHE ALFREDO 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 
principios constitucionales y a los fines de la correspondiente 
institución educativa. 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado 
en la educación y en la formación moral y cultural.