crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La vigencia de la norma tendría también un efecto directo sobre la legislación 
descentralizada. Los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y las 
UGEL conservarían s us competencias, pero su actuación debería alinearse con la 
rectoría técnico -normativa del Ministerio de Educación, los estándares nacionales de 
calidad, los indicadores obligatorios y los planes de mejora. Este punto es jurídicamente 
importante porque evi ta dos riesgos: por un lado, la centralización absoluta que 
desconozca la diversidad territorial; por otro lado, la fragmentación regional que debilite 
la unidad del sistema educativo. La presente iniciativa legislativa busca una 
descentralización con resp onsabilidad, donde la diversificación curricular y la gestión 
territorial no signifiquen reducción de estándares nacionales ni debilitamiento del derecho 
a una educación de calidad.
--- Página 65 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  65 
En materia curricular, la vigencia de la presente propuesta de ley tendrí a como efecto la 
adecuación del Currículo Nacional Base y de los currículos regionales o diversificados. 
La nueva legislación obligaría a integrar aprendizajes fundamentales de lectura, escritura, 
matemática, ciencia, tecnología, ciudadanía, ética, histori a, cultura, deporte, arte, 
educación ambiental, habilidades socioemocionales, educación financiera, 
emprendimiento y productividad. También obligaría a vincular los contenidos educativos 
con la realidad de la costa, sierra y selva, sin afectar la unidad na cional del aprendizaje. 
Este efecto normativo es relevante porque convierte la diversificación territorial en un 
mandato legal controlado por criterios técnicos, evitando que la educación local sea 
improvisada, desigual o desconectada de los estándares nacionales.
La presente propuesta de ley también produciría un efecto de fortalecimiento del régimen 
jurídico del docente. La legislación nacional debería adecuarse para reconocer con mayor 
claridad la autoridad pedagógica, la dignidad profesional, la protec ción frente a 
agresiones, la formación permanente, la evaluación meritocrática, los incentivos 
territoriales y la carrera directiva. Este efecto no elimina la legislación especial sobre 
carrera pública magisterial, sino que la orienta desde una ley general  que revaloriza la 
función docente como pieza central del sistema educativo. A la vez, la protección 
institucional del docente no elimina el régimen disciplinario, porque la norma mantiene la 
posibilidad de investigar y sancionar actos de violencia, abuso, negligencia, corrupción o 
incumplimiento funcional. Este equilibrio es necesario para evitar tanto la desprotección 
del docente como la impunidad frente a faltas reales.
En convivencia escolar y disciplina, la vigencia de la norma tendría un efecto de 
armonización entre autoridad educativa y derechos fundamentales. Las instituciones 
educativas deberán adecuar sus reglamentos internos, protocolos de convivencia y 
medidas disciplinarias a una lógica formativa, preventiva, restaurativa y correctiva. La 
disciplina dejaría de ser entendida como castigo aislado y pasaría a formar parte de la 
formación del carácter, la responsabilidad, el respeto, la honestidad académica y la 
convivencia pacífica. Este diseño guarda coherencia con la idea de que una norma 
jurídica no solo debe existir formalmente, sino también cumplir condiciones mínimas de 
claridad, generalidad, publicidad, coherencia y posibilidad de cumplimiento. Fuller 
advierte que la legalidad exige reglas comprensibles, no contradictorias y capaces de 
orientar la conducta de las personas dentro de una comunidad normativa (Fuller, 1969)18.
La vigencia de la presente iniciativa legislativa también tendría efectos sobre la legislación 
de protección de niñas, niños y adolescentes, salud, seguridad ciudadana, prog ramas 
sociales, justicia y gobiernos locales. Al crear mecanismos de alerta temprana frente a 
deserción, violencia, salud mental, consumo de drogas, explotación, trata, captación 
criminal, embarazo adolescente, bajo rendimiento y riesgo social, la ley obli garía a 
establecer protocolos de coordinación intersectorial. Este efecto es relevante porque el 
problema educativo no se agota dentro del aula. La escuela se convierte en espacio de 
detección, prevención y derivación, sin sustituir las competencias del Mi nisterio Público, 
Policía Nacional, DEMUNA, servicios de salud o programas sociales. La norma, bien
--- Página 66 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  66 
aplicada, permitiría pasar de una reacción tardía frente al abandono o violencia a un 
sistema preventivo de protección integral.  En materia presupuestal, la  vigencia de la 
presente propuesta de ley generaría un efecto de programación progresiva, no de gasto 
inmediato automático. La legislación nacional deberá adecuarse para priorizar 
financiamiento por brecha, infraestructura digna, conectividad, laboratorios , bibliotecas, 
alimentación, salud mental, transporte, residencia estudiantil, formación docente, 
mantenimiento y recuperación de aprendizajes. La técnica legislativa correcta exige que 
estos mandatos se ejecuten conforme a la Constitución, las leyes anuales de presupuesto, 
la programación multianual y la disponibilidad fiscal. De esa manera, la ley establece una 
obligación jurídica de orientación, priorización y progresividad, sin invadir indebidamente 
la competencia presupuestal del Poder Ejecutivo.
La v igencia de la norma tendría también un efecto sobre la educación privada. Las 
instituciones privadas seguirían ejerciendo libertad de enseñanza, pero dentro de 
estándares de calidad, transparencia, seguridad, idoneidad, protección de datos, 
convivencia y r espeto de derechos fundamentales. La nueva ley no elimina la iniciativa 
privada, sino que la inserta dentro de una responsabilidad pública frente a estudiantes y 
familias. Desde una perspectiva jurídica, ello es coherente porque la educación, aunque 
pueda ser prestada por particulares, conserva naturaleza de servicio de interés público y 
se vincula directamente con derechos fundamentales.
La presente propuesta de ley tendría un efecto interpretativo sobre jueces, autoridades 
administrativas, órganos de control y entidades educativas. Cuando existan controversias 
sobre currículo, disciplina, responsabilidad docente, violencia escolar, autonomía 
institucional, educación privada, datos educativos, infraestructura, financiamiento o 
evaluación, la interpretación  deberá realizarse conforme a los principios de dignidad 
humana, interés superior del estudiante, autoridad pedagógica, equidad territorial, ciencia, 
humanismo, interculturalidad, transparencia y resultados. La interpretación jurídica no 
puede reducirse a una lectura aislada de artículos, sino que debe construir coherencia 
entre principios, reglas y finalidad pública de la norma. Dworkin sostiene que el derecho 
debe ser interpretado como una práctica de coherencia institucional, donde las decisiones 
jurídicas deben presentarse como parte de una estructura normativa que justifique de la 
mejor manera los derechos, principios y responsabilidades del sistema (Dworkin, 1986)19.
La vigencia de la nueva ley también tendría un efecto de continuidad de política públi ca. 
La norma impediría que cada gestión administrativa modifique, suspenda o desnaturalice 
políticas educativas estructurales sin informe técnico, evaluación de impacto, sustento 
presupuestal y mecanismos de continuidad del servicio. Este punto es esencial  para el 
sistema educativo peruano, porque la educación requiere estabilidad de largo plazo. Una 
ley general moderna no debe depender de decisiones coyunturales, sino establecer 
bases permanentes para la formación nacional. La continuidad normativa permiti ría que 
las reformas curriculares, tecnológicas, docentes, territoriales e institucionales sean 
progresivas, evaluables y sostenibles.
--- Página 67 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  67 
La presente iniciativa legislativa también incidiría en la legislación sobre evaluación, 
acreditación y supervisión. La creación de un sistema nacional de evaluación educativa 
y la regulación de autorización, licenciamiento, supervisión, fiscalización y sanción 
obligarían a articular la ley general con los órganos existentes de aseguramiento de 
calidad. Su finalidad no serí a multiplicar burocracia, sino ordenar la medición de 
aprendizajes, desempeño docente, gestión directiva, infraestructura, convivencia, 
inclusión, innovación e integridad. Este efecto resulta necesario para que la educación 
sea evaluada no solo por cumplim iento formal, sino por resultados reales, brechas, 
riesgos y planes de mejora.  La vigencia de la presente propuesta de ley produciría, 
igualmente, un efecto de integridad pública. La legislación nacional educativa deberá 
alinearse con reglas más estrictas de transparencia, auditoría digital, trazabilidad, 
denuncias protegidas, prohibición de uso político de la educación, control de 
contrataciones, veracidad de datos y responsabilidad por manipulación de información. 
La educación involucra grandes recursos p úblicos, infraestructura, alimentación, 
materiales, contratación docente, tecnología y servicios; por ello, una ley general 
moderna debe prevenir que el sistema educativo sea capturado por corrupción, 
clientelismo, intereses particulares o manipulación política.
En el plano constitucional, la vigencia de la norma reforzaría el contenido del derecho a 
la educación como derecho de acceso, permanencia, calidad, pertinencia, seguridad, 
inclusión, aprendizaje efectivo y formación integral. El derecho a la educación ya no sería 
concebido únicamente como matrícula o asistencia, sino como garantía de condiciones 
reales para aprender y desarrollarse. Esta perspectiva es coherente con la comprensión 
contemporánea de la educación como derecho habilitante, porque permi te ejercer otros 
derechos, participar en la vida democrática, acceder al trabajo, comprender la tecnología, 
proteger la dignidad personal y contribuir al desarrollo social. Nussbaum destaca que la 
educación debe ampliar capacidades humanas reales, no solo transmitir información, 
porque una sociedad democrática necesita formar personas capaces de razonar, 
imaginar, deliberar, convivir y participar dignamente en la vida colectiva (Nussbaum, 
2011)20.
La presente propuesta de ley, al entrar en vigencia, tendría  un efecto de reforma 
estructural sobre la legislación nacional porque obligaría a que el sistema educativo 
funcione bajo una nueva matriz: persona humana, ciencia, humanismo, tecnología, 
interculturalidad, territorio, familia, autoridad docente, protecció n integral, evaluación, 
financiamiento progresivo, integridad y resultados. Su impacto normativo no sería solo 
derogatorio, sino reorganizador. La ley anterior quedaría sustituida, las normas 
compatibles se mantendrían temporalmente, las normas opuestas se rían desplazadas, 
los reglamentos deberían adecuarse, las entidades educativas tendrían nuevas 
responsabilidades y el Estado contaría con una base legal más clara para transformar la 
educación en un verdadero instrumento de desarrollo nacional.
--- Página 68 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  68 
El análisis costo–beneficio del presente proyecto de ley debe partir de una premisa central: 
la educación no constituye un gasto ordinario del Estado, sino una inversión pública 
estratégica de largo plazo. La presente iniciativa legislativa propone reorganizar el 
sistema educativo peruano bajo una lógica de formación integral, científica, humanística, 
tecnológica, intercultural y productiva, lo que implica asumir costos progresivos en 
currículo, formación docente, infraestructura,  conectividad, evaluación, salud mental, 
prevención social, supervisión, transparencia y gestión por resultados. Sin embargo, 
dichos costos se justifican porque buscan corregir fallas estructurales del sistema 
educativo que generan consecuencias mucho más gravosas para el país: baja 
productividad, informalidad, deserción escolar, violencia, escasa innovación, brechas 
territoriales, pérdida de talento, limitada competitividad y débil ciudadanía democrática. 
El contenido normativo del proyecto apunta precisam ente a pasar de una educación 
meramente declarativa a un sistema con objetivos, responsables, indicadores, 
financiamiento progresivo, evaluación, corrección y rendición de cuentas.
Desde el punto de vista económico y social, el principal beneficio de la presente propuesta 
de ley consiste en elevar la calidad del capital humano nacional. La evidencia 
internacional demuestra que no basta con aumentar años de escolaridad si los 
estudiantes no adquieren aprendizajes reales, pensamiento crítico, lectura, matemá tica, 
ciencia, tecnología y habilidades para resolver problemas. El Banco Mundial ha sostenido 
que la crisis educativa debe enfrentarse midiendo aprendizajes, actuando con evidencia 
y alineando a los actores del sistema hacia resultados efectivos (Banco Mundial, 2018)21. 
Esta idea guarda plena coherencia con el presente proyecto de ley, porque incorpora 
indicadores obligatorios, evaluación, informes anuales de resultados, planes correctivos, 
continuidad de política educativa y responsabilidad por incumplimiento de metas. El 
beneficio institucional es evidente: el Estado deja de administrar únicamente matrícula, 
infraestructura o programas aislados, y comienza a gestionar aprendizajes, permanencia, 
convivencia, innovación y desarrollo territorial.  La presente iniciativa legislativa también 
produce beneficios económicos de largo plazo porque vincula educación con 
productividad, empleabilidad, ciencia, tecnología, emprendimiento y desarrollo regional. 
Hanushek y Woessmann han demostrado que el crecimiento económico de los países se 
relaciona de manera significativa con las habilidades cognitivas de su población, es decir, 
con la calidad efectiva del aprendizaje y no únicamente con la cobertura escolar formal 
(Hanushek & Woessmann, 2015) 22. Bajo esa persp ectiva, la inversión que demanda el 
presente proyecto de ley en lectura, matemática, ciencia experimental, inteligencia 
artificial, educación financiera, formación técnica, laboratorios, talleres productivos y 
conectividad no debe ser entendida como una ca rga fiscal improductiva, sino como una 
condición para que el Perú forme ciudadanos capaces de producir conocimiento, 
incorporarse a empleos dignos, innovar, emprender y generar valor en la costa, sierra y 
selva.
--- Página 69 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  69 
población pueden generar impactos relevantes  en el bienestar futuro de una nación 
(OCDE, 2010) 23. Esta premisa resulta especialmente aplicable al caso peruano, donde 
las brechas de aprendizaje, conectividad, infraestructura, desempeño docente, salud 
mental y permanencia escolar afectan directamente l a competitividad nacional. La 
presente propuesta de ley busca reducir esos costos ocultos mediante un sistema 
educativo basado en resultados, con financiamiento por estudiante y por brecha, 
financiamiento adicional por mejora continua, mantenimiento preven tivo obligatorio, 
recuperación de aprendizajes y responsabilidad funcional de las autoridades educativas.
El análisis costo –beneficio también debe valorar los beneficios preventivos de la 
educación. La presente iniciativa legislativa no se limita a regula r materias curriculares, 
sino que incorpora alerta temprana, salud mental escolar, prevención de deserción, 
violencia familiar, violencia digital, consumo de drogas, delincuencia juvenil, explotación, 
trata de personas y violencia sexual. Estas medidas gen eran costos de implementación, 
tales como equipos de soporte psicológico, protocolos, articulación intersectorial, 
capacitación y seguimiento de casos; sin embargo, sus beneficios son superiores porque 
reducen daños sociales, costos judiciales, costos sanitarios, abandono escolar, violencia 
comunitaria y pérdida de trayectorias educativas. Heckman ha sostenido que la formación 
de habilidades es un proceso acumulativo y que las intervenciones tempranas pueden 
mejorar los resultados posteriores de la persona,  haciendo más productivas las 
inversiones educativas posteriores (Heckman, 2006) 24. En esa línea, el presente proyecto 
de ley incorpora una visión preventiva y no meramente reactiva: detecta riesgos antes de 
que se conviertan en exclusión, violencia, fracaso escolar o daño irreversible al proyecto 
de vida del estudiante.
La incorporación de tecnología, inteligencia artificial, ciudadanía digital, protección de 
datos y supervisión humana genera costos vinculados a conectividad, plataformas, 
seguridad digital, capacitación docente, recursos educativos digitales y regulación del uso 
tecnológico. No obstante, estos costos son necesarios porque la educación 
contemporánea ya no puede desarrollarse al margen de la transformación digital. La 
UNESCO ha señalado que la tecnología educativa debe introducirse con base en 
evidencia, equidad, sostenibilidad, pertinencia y protección del interés del estudiante, de 
modo que complemente la interacción pedagógica y no sustituya al docente (UNESCO, 
2023)25. Por ello, la presente propuesta de ley adopta una posición equilibrada: promueve 
inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos, plataformas digitales y conectividad, pero 
exige ética, transparencia, protección de datos personales, supervisión humana, 
honestidad académica y responsabilidad institucional.
23 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2010). The high cost of low educational performance: The long -run economic impact of 
improving PISA outcomes. OECD Publishing. 
24 Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of inves ting in disadvantaged children. Science, 312(5782), 1900 –1902. 
25 UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO.
--- Página 70 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  70 
educación con las reglas presupuestales del Estado. La ley orienta la inversión hacia 
prioridades verificables: primera infancia, educ ación rural, infraestructura, conectividad, 
bibliotecas, laboratorios, alimentación, salud mental, formación docente, transporte 
escolar, residencia estudiantil, recuperación de aprendizajes y educación técnico -
productiva. Esto evita que el presupuesto edu cativo se disperse en acciones inconexas 
o coyunturales, y permite que los recursos públicos se asignen conforme a necesidad, 
evidencia, impacto y resultados.
En términos administrativos, el presente proyecto de ley genera costos de adecuación 
institucional, porque exige fortalecer la rectoría del Ministerio de Educación, la 
responsabilidad de los gobiernos regionales, las UGEL y las instituciones educativas. Sin 
embargo, el beneficio de esta reorganización es mayor, porque introduce claridad 
competencial y reduce la fragmentación de responsabilidades. Una de las principales 
debilidades del sistema educativo es que muchos problemas no tienen un responsable 
claramente identificable. La presente propuesta de ley corrige ese defecto al establecer 
obligaciones diferenciadas, indicadores, informes, planes correctivos, supervisión, 
evaluación, auditoría digital y responsabilidad por incumplimiento de deberes y metas 
educativas. Desde la perspectiva social, los beneficios alcanzan directamente a 
estudiantes, familias, docentes y comunidades. Los estudiantes se benefician con una 
formación más completa, pertinente y útil para la vida. Las familias reciben un marco de 
corresponsabilidad educativa que las incorpora al proceso formativo sin desplazar la 
obligación estatal. Los docentes obtienen reconocimiento de su autoridad pedagógica, 
protección institucional, formación permanente, evaluación objetiva e incentivos 
territoriales. Las comunidades se benefician con una educación vinculada a su realidad 
productiva, cultural, climática y lingüística. La sociedad en su conjunto gana ciudadanos 
más preparados, respetuosos, responsables, productivos y capaces de convivir 
democráticamente. El costo normativo de mantener el sistema actual sin una reforma 
integral sería sostener u na educación con baja capacidad de respuesta frente a la 
inteligencia artificial, la transformación productiva, la violencia escolar, la crisis de salud 
mental, la deserción, la desigualdad territorial y la pérdida de autoridad pedagógica. 
Frente a ello, l a presente propuesta de ley ofrece beneficios superiores porque articula 
formación científica con formación humanística, tecnología con ética, disciplina con 
debido procedimiento, territorialidad con unidad nacional, autonomía con rendición de 
cuentas y financiamiento con resultados.
La relación costo –beneficio resulta favorable porque los costos son progresivos, 
programables y orientados a cerrar brechas, mientras que los beneficios son estructurales, 
acumulativos y de largo plazo. Una educación con mejor es aprendizajes, docentes 
fortalecidos, estudiantes protegidos, familias corresponsables, tecnología regulada, 
infraestructura digna, evaluación real y gestión transparente reduce costos futuros en 
seguridad, salud, desempleo, informalidad, violencia, corrupción y baja productividad. La 
presente iniciativa legislativa, por tanto, no solo busca mejorar el sistema educativo, sino 
reordenar una de las inversiones públicas más importantes para el desarrollo nacional.
--- Página 71 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  71 
La presente iniciativa legislativa se vincula directamente con los grandes objetivos de la 
Agenda Legislativa y con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en tanto propone 
una reforma estructural del sistema educativo peruano orient ada a garantizar una 
educación pública gratuita, inclusiva, científica, humanística, tecnológica, intercultural, 
productiva y de calidad. La Agenda Legislativa aprobada por el Congreso para el periodo 
anual de sesiones 2024-2025 se organiza sobre los objetivos de democracia y Estado de 
derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente 
y descentralizado, e incorpora entre sus prioridades el acceso universal a una educación 
pública gratuita y de calidad, la promoción  de la cultura y el deporte, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, la descentralización, la erradicación de la violencia, la 
transparencia, la lucha contra la corrupción, la gestión territorial y la sociedad de la 
información y del conocimiento.