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Para evaluar la eficacia de la propuesta, pueden considerarse indicadores verificables como: 
i) porcentaje de votos válidos obtenido por la candidatura ubicada en primer lugar; ii) suma 
de votos válidos obtenidos por las dos candidaturas que accederían a l a segunda vuelta 
ordinaria; iii) porcentaje de votos válidos que quedaría fuera de dicha segunda vuelta; iv) 
diferencia porcentual y absoluta entre la segunda y tercera candidatura; v) porcentaje de votos 
agotados en la segunda elección ampliada; vi) porce ntaje de transferencias efectivas de 
segunda preferencia; vii) número de actas observadas por errores de marcación o cómputo; 
y viii) nivel de comprensión ciudadana del mecanismo de primera y segunda preferencia. 
En términos de balance, los beneficios institucionales de la propuesta superan sus costos de 
implementación. La reforma mejora la representatividad de la segunda elección presidencial, 
reduce el riesgo de voto negativo forzado, preserva la mayoría absoluta , no genera nuevas 
entidades públicas, no exige una tercera jornada electoral y ofrece una respuesta 
constitucional diferenciada frente a escenarios excepcionales de fragmentación extrema. En 
consecuencia, constituye una medida razonable, proporcional y pe rtinente para fortalecer la 
legitimidad democrática, la gobernabilidad y la confianza ciudadana en el sistema electoral. 
IV. INCIDENCIA AMBIENTAL 
La presente iniciativa no genera incidencia ambiental directa, por tratarse de una reforma 
constitucional de naturaleza electoral referida al procedimiento de elección del Presidente y 
vicepresidentes de la República. 
La propuesta no regula actividades productivas, extractivas, ambientales, territoriales, 
urbanísticas, energéticas ni de infraestructura que puedan producir impactos sobre el 
ambiente o los recursos naturales. 
En consecuencia, no corresponde realizar un análisis de impacto ambiental sustantivo. 
V. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON LAS 
POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa guarda coherencia con los objetivos institucionales orientados al 
fortalecimiento del régimen democrático, la mejora de la representación política, la 
gobernabilidad y la consolidación del Estado constitucional de derecho. 
En cuanto a la Agenda Legislativa, la propuesta se vincula temáticamente con las materias 
referidas a reforma política, fortalecimiento democrático, sistema electoral, gobernabilidad y 
mejora de la representación ciudadana, en tanto plantea una regla excep cional destinada a 
corregir escenarios de alta fragmentación en la elección presidencial. 
Asimismo, la iniciativa se relaciona con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional 
comprendidas en el eje Democracia y Estado de Derecho. En particular, se vincula con la 
Primera Política de Estado, referida al fortalecimiento del régimen democrático y del Estado 
de derecho, y con la Segunda Política de Estado, relativa a la democratización de la vida 
política y el fortalecimiento del sistema de partidos. 
La reforma contribuye a dichos objetivos porque busca que la elección presidencial refleje de 
manera más adecuada la voluntad popular en contextos de fragmentación extrema, fortalezca 
la legitimidad democrática del gobierno electo y reduzca el riesgo de qu e la segunda vuelta 
quede limitada a dos candidaturas con baja adhesión inicial. De este modo, la propuesta