crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La trazabilidad de concursos fortalece el principio de mérito, porque permite conocer 
cada etapa del procedimiento: convocatoria, requisitos, plazas, postulantes, criterios 
de evaluación, puntajes, impugnaciones, adjudicación y acto admini strativo final. Ello 
permite controlar si el resultado respondió al orden de mérito o si existieron 
alteraciones, exclusiones arbitrarias, cambios de criterio o manipulación de 
información. En una carrera pública, la legitimidad del ingreso, ascenso o prom oción 
depende de que el administrado y la sociedad puedan verificar que el resultado fue 
objetivo, público y motivado. La transparencia moderna no consiste únicamente en 
publicar datos, sino en hacer que la información sea comprensible, verificable y útil 
para controlar el poder público (Meijer, 2009).
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El control de pagos, encargaturas, beneficios y jubilación tiene un efecto directo en la 
dignidad laboral del Magisterio Nacional. En la práctica administrativa, muchos 
derechos no se desconocen abiertam ente, sino que se dilatan mediante falta de 
actualización de planillas, omisión escalafonaria, ausencia de acto formal, demora 
presupuestal, error de registro o falta de interoperabilidad entre entidades. La presente 
propuesta de ley busca cerrar ese espac io de indefensión al establecer que la 
información registrada en el sistema tenga valor oficial para remuneraciones, 
asignaciones, bonificaciones, CTS, encargaturas, beneficios sociales, ceses y 
jubilaciones. De esta manera, el pago deja de depender de gestiones fragmentadas y 
pasa a formar parte de una cadena administrativa controlable.
La modernización planteada también tiene un efecto fiscal positivo. Un sistema 
integrado permite identificar deudas, devengados, encargaturas impagas, plazas 
duplicadas, p agos indebidos, omisiones previsionales, beneficios pendientes y 
obligaciones futuras de jubilación. Esto mejora la programación presupuestal y reduce 
la improvisación financiera. La Administración Pública puede proyectar necesidades 
de financiamiento, pri orizar pagos, evitar contingencias judiciales, reducir intereses 
legales y adoptar decisiones sustentadas en información real. En esa línea, la 
transformación digital del Estado no debe limitarse a informatizar trámites existentes, 
sino a rediseñar proceso s, integrar instituciones, mejorar la calidad de la decisión 
pública y producir servicios más confiables para los ciudadanos y trabajadores 
(Fountain, 2001).
La presente iniciativa legislativa también fortalece la rendición de cuentas. Al exigir 
expediente digital, identificación de responsables, conservación de documentos, 
trazabilidad de actos y auditoría permanente, se reduce el margen para decisiones 
informales o actos administrativos sin sustento. Cada nombramiento, contrato, 
ascenso, promoción, reasignación, destaque, encargatura, evaluación, sanción firme, 
pago o cese debe quedar registrado y ser susceptible de control. Esto permite que los 
órganos de control institucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio 
de Educación, los gobiernos regionales y los propios trabajadores puedan verificar la 
legalidad de los actos de carrera magisterial.
El sistema propuesto también mejora la relación entre el Estado y el trabajador 
magisterial. Cuando el docente o auxiliar puede acceder gratu itamente a su 
información, solicitar actualización, rectificación, incorporación de documentos y 
corrección de errores, se fortalece el derecho de defensa y se reduce la asimetría 
informativa frente a la Administración. El trabajador deja de ser un sujeto que depende 
de archivos internos inaccesibles y pasa a contar con una herramienta de control de 
su propia trayectoria laboral. Esta dimensión es esencial para una carrera pública 
moderna, porque la transparencia no solo debe servir al control externo, sino también 
a la protección directa de los derechos individuales.
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administrativos firmes, remu neraciones por escala o cargo, criterios de evaluación y 
resultados necesarios para el control público; pero no puede exponer indebidamente 
información sensible, médica, familiar, disciplinaria no firme, psicológica, biométrica o 
de protección especial. La  presente propuesta de ley equilibra transparencia y 
privacidad, evitando que la digitalización se convierta en vigilancia, exposición 
arbitraria o tratamiento abusivo de datos. La protección de la privacidad exige 
identificar los distintos riesgos que pue den afectar a una persona, tales como 
recolección excesiva, uso secundario, inseguridad, divulgación indebida o decisiones 
adoptadas a partir de información descontextualizada (Solove, 2006).
Este equilibrio entre publicidad funcional y reserva de dat os sensibles resulta 
especialmente importante en el sector educación, donde se administra información de 
docentes, auxiliares, estudiantes, familias y procedimientos disciplinarios. La 
transparencia no autoriza a difundir información que pueda dañar la honra, seguridad, 
salud, intimidad o presunción de inocencia de una persona. Por ello, la presente 
iniciativa legislativa debe entenderse como una modernización garantista: promueve 
datos abiertos respecto de la gestión pública, pero protege los datos persona les 
cuando su exposición no sea necesaria, proporcional ni legalmente justificada.
La presente propuesta de ley también impacta en la lucha contra la corrupción y la 
discrecionalidad. La manipulación de plazas, el ocultamiento de vacantes, la alteración 
de cuadros de mérito, la demora injustificada en pagos, la falta de registro de 
encargaturas, la pérdida de expedientes o la negativa de actualización escalafonaria 
no son simples deficiencias administrativas; son actos que pueden afectar derechos 
fundamentales, remuneraciones, estabilidad laboral, ascensos, jubilación y confianza 
pública. Al tipificar estas conductas como faltas graves o muy graves y vincularlas con 
responsabilidad administrativa, civil o penal, el proyecto convierte la transparencia en 
un deber exigible y no en una declaración programática.
El Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial también 
contribuye a la descentralización responsable. Las UGEL, DRE y gobiernos regionales 
mantienen competencias de gestión, pero  dentro de un sistema nacional común que 
permite interoperabilidad, estándares mínimos, control centralizado de información y 
trazabilidad descentralizada de actos. Esto evita que cada territorio administre la 
carrera magisterial con criterios aislados o s istemas incompatibles. Una 
descentralización sin información común puede generar desigualdad, discrecionalidad 
y desorden; en cambio, una descentralización con plataforma nacional, reglas 
comunes y auditoría permanente permite acercar la gestión al territo rio sin perder 
control, legalidad ni protección de derechos.
La presente iniciativa legislativa fortalece la seguridad jurídica de la carrera magisterial. 
Cuando los actos de nombramiento, contratación, ascenso, promoción, encargatura, 
reasignación, permuta, destaque, beneficios y jubilación se encuentran registrados, 
motivados y trazables, se reduce la incertidumbre del trabajador y se fortalece la 
confianza en la Administración. La seguridad jurídica no se agota en reconocer
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derechos por ley; exige que existan mecanismos administrativos capaces de hacerlos 
efectivos. Por ello, el sistema propuesto se convierte en una herramienta de ejecución 
de derechos magisteriales.
El impacto en la transparencia también alcanza a la ciudadanía. La educación pública 
utiliza recursos públicos y cumple una función constitucional esencial. Por tanto, la 
sociedad tiene derecho a conocer cuántas plazas existen, cómo se adjudican, qué 
brechas docentes y auxiliares persisten, cuántas encargaturas están pendientes de 
pago, qué regiones tienen déficit de personal, qué obligaciones previsionales existen 
y qué acciones adopta el Estado para corregir problemas. El informe anual sobre la 
situación del Magisterio Nacional permite que el Congreso de la República ejerza 
control político y que la ciudadanía conozca el estado real de la carrera magisterial.
La presente propuesta de ley permite pasar de una administración educativa basada 
en expedientes dispersos a una administración basada en evidencia. Esto es 
fundamental para diseñar po líticas públicas serias sobre nombramiento progresivo, 
remuneraciones, formación continua, bienestar, jubilación, plazas rurales, incentivos, 
encargaturas y protección en zonas de riesgo. Sin información confiable, la política 
educativa se vuelve declarativa; con información integrada, el Estado puede priorizar, 
financiar, fiscalizar y corregir. La modernización del Estado, en este punto, no es un 
fin tecnológico, sino una condición para garantizar derechos y mejorar la calidad del 
servicio educativo.
La creación de registros especializados permite, además, ordenar la relación entre el 
régimen público y el régimen privado. El registro de contratados identifica la 
temporalidad en el sector público; el registro de personal magisterial privado permite 
visibilizar condiciones laborales en instituciones privadas; el escalafón docente y 
auxiliar protege la trayectoria de carrera; y la publicidad de plazas garantiza mérito e 
igualdad de oportunidades. Estos componentes no actúan de manera aislada, sino 
como partes de una arquitectura institucional de transparencia, control y protección.
El presente proyecto de ley también tiene un valor pedagógico para la propia 
Administración. Obliga a las entidades educativas a producir información ordenada, 
motivar sus decisione s, responder solicitudes, actualizar registros, publicar plazas, 
conservar expedientes y asumir responsabilidad por omisiones. Una administración 
que registra adecuadamente aprende de sus propios datos, identifica sus cuellos de 
botella, detecta prácticas irregulares y mejora sus procesos. De ese modo, la 
modernización no se reduce a crear una plataforma digital, sino a instalar una cultura 
institucional de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano.
La presente iniciativa legislativa resulta coherente con una visión de Estado moderno, 
social, digital y garantista. Moderniza porque integra información; transparenta porque 
publica plazas y actos relevantes; protege porque reconoce el derecho del docente  y 
auxiliar a acceder y corregir su información; controla porque permite auditoría y 
trazabilidad; y dignifica porque impide que la falta de registro, la demora administrativa
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o la manipulación de datos afecten remuneraciones, beneficios, ascensos o jubilación. 
En el marco de la Nueva Ley del Docente, el Sistema Nacional de Información y 
Control de la Carrera Magisterial no es un componente accesorio, sino una columna 
institucional para asegurar que la revaloración del Magisterio Nacional sea real, 
verificable y exigible.
 IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA LEY  
La implementación progresiva de la presente propuesta de ley constituye una 
condición indispensable para asegurar que el nuevo régimen del Magisterio Nacional 
no quede reducido a una declaración normativa, sino que se convierta en una política 
pública educativa viable, ordenada, financiada, verificable y sostenible. El alcance 
material del presente proyecto de ley es amplio, porque no solo regula derechos 
laborales, remunerativos y previsionales, sino que reorganiza la carrera docente, crea 
una carrera especial para el auxiliar de educación, fortalece los mecanismos de 
transparencia, incorpora estándares de protección en zonas rurales y de riesgo, 
reconoce derechos mínimos en instituciones educativas privadas e introduce un 
sistema naciona l de información magisterial. Por esa razón, su ejecución debe 
realizarse mediante una implementación gradual, técnicamente planificada y 
jurídicamente vinculante, de modo que cada obligación estatal tenga plazos, 
responsables, financiamiento, instrumentos  administrativos, soporte presupuestal y 
mecanismos de control.
La implementación progresiva no debe entenderse como postergación indefinida de 
derechos, sino como una técnica de ejecución pública que permite ordenar el tránsito 
entre el régimen anterior y el nuevo régimen legal. Una reforma de esta magnitud exige 
articular decisiones normativas, presupuestales, administrativas, tecnológicas y 
territoriales. La literatura especializada en implementación de políticas públicas ha 
señalado que la eficacia de una norma depende no solo de la claridad de sus objetivos, 
sino también de la existencia de recursos suficientes, órganos responsables, reglas 
operativas, incentivos adecuados y capacidad institucional para ejecutar lo aprobado 
(Sabatier & Mazmanian, 1980). Bajo esa perspectiva, la presente iniciativa legislativa 
debe prever una ruta de aplicación gradual que impida vacíos administrativos, 
conflictos interpretativos o cargas imposibles de cumplir de manera inmediata, sin 
afectar el contenido esencial d e los derechos reconocidos al docente y al auxiliar de 
educación.
La primera exigencia práctica de la implementación progresiva es la adecuación 
reglamentaria. El reglamento de la ley debe tener carácter estrictamente ejecutivo, 
porque su función no es re ducir derechos, crear nuevas restricciones ni modificar el 
sentido protector de la norma, sino precisar procedimientos, formularios, plazos, 
competencias, instrumentos técnicos, sistemas de registro, criterios de validación y 
mecanismos de coordinación int erinstitucional. En una reforma educativa, el 
reglamento cumple una función de puente entre el mandato legal y la gestión cotidiana 
del sistema educativo. Por ello, debe ordenar cómo se realizará la incorporación de 
docentes y auxiliares al nuevo régimen, cómo se actualizarán los escalafones, cómo
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se identificarán las plazas permanentes, cómo se calcularán los nuevos conceptos 
remunerativos, cómo se reconocerá el tiempo de servicios y cómo se ejecutarán los 
procesos de adecuación en instituciones públicas y  privadas. La claridad 
reglamentaria es indispensable porque, cuando una política pública se aprueba sin 
reglas operativas suficientes, se corre el riesgo de que cada entidad interprete la ley 
de forma distinta, generando desigualdad, demora, judicializaci ón y afectación de 
derechos.
La adecuación reglamentaria también debe respetar el principio de no regresividad. 
Ninguna disposición de menor jerarquía puede convertir la progresividad en un 
mecanismo de restricción. El reglamento no debe crear topes no pr evistos por la ley, 
requisitos adicionales para acceder a beneficios, criterios restrictivos para reconocer 
servicios, exclusiones injustificadas para auxiliares, barreras para docentes 
contratados ni condiciones que reduzcan la remuneración, la estabilidad, la protección 
previsional o la carrera magisterial. La regulación reglamentaria debe orientarse a 
facilitar la aplicación del presente proyecto de ley, no a limitarlo. Esta precisión es 
importante porque el desarrollo normativo posterior suele ser el es pacio donde se 
debilitan las reformas laborales y educativas si no se establecen límites materiales 
claros.
La implementación progresiva requiere, además, una adecuación presupuestal seria, 
multianual y transparente. La presente propuesta de ley reconoce derechos 
remunerativos, bonificaciones, asignaciones, beneficios sociales, compensación por 
tiempo de servicios, protección en zonas de riesgo, formación continua, salud 
ocupacional, bienestar, jubilación y protección previsional. Todos estos componentes 
demandan financiamiento público. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal no puede 
utilizarse como argumento para desconocer derechos laborales esenciales ni para 
mantener indefinidamente condiciones de precariedad. La programación presupuestal 
debe permitir q ue el Estado identifique el costo real de la reforma, establezca 
prioridades de ejecución, incorpore partidas específicas, programe obligaciones por 
etapas y rinda cuentas sobre el avance de su cumplimiento.
La adecuación presupuestal debe diferenciar ent re obligaciones inmediatas y 
obligaciones de desarrollo progresivo. Son de cumplimiento inmediato aquellas 
vinculadas con la protección de derechos fundamentales, la prohibición de 
precarización, el respeto al debido procedimiento, el pago de remuneracione s 
devengadas, la transparencia de plazas, la actualización de información escalafonaria 
y la protección frente a violencia o riesgo grave. Son de desarrollo progresivo aquellas 
que requieren expansión presupuestal, como la mejora remunerativa por escalas y  
niveles, la creación de fondos de bienestar, la implementación de viviendas 
funcionales, la cobertura universal de asignaciones especiales, la modernización 
tecnológica integral o la ejecución plena del régimen especial de jubilación. Esta 
distinción permite ordenar la aplicación de la ley sin desnaturalizarla.
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La adecuación escalafonaria constituye uno de los aspectos más sensibles de la 
reforma. El escalafón no puede ser tratado como un simple archivo administrativo, 
porque en él se define la historia l aboral, profesional, remunerativa y previsional del 
docente y del auxiliar de educación. Una mala actualización escalafonaria puede 
impedir ascensos, promociones, reasignaciones, encargaturas, pago de beneficios, 
reconocimiento de tiempo de servicios, jubi lación o liquidación correcta de derechos. 
Por ello, la presente iniciativa legislativa debe exigir una actualización nacional, digital, 
interoperable y de oficio, con derecho de rectificación, contradicción e impugnación. 
La implementación escalafonaria d ebe incluir títulos, contratos, nombramientos, 
encargaturas, jornadas, plazas, tiempo efectivo de servicios, méritos, capacitaciones, 
sanciones firmes, bonificaciones, asignaciones, beneficios, aportes previsionales y 
toda información relevante para la carrera.
La adecuación escalafonaria también debe corregir una deuda histórica del sistema 
educativo: la invisibilización administrativa del personal contratado y del auxiliar de 
educación. Muchos docentes contratados han sostenido durante años necesidades 
permanentes del servicio educativo, pero su experiencia no siempre ha sido 
reconocida de manera objetiva. De igual modo, los auxiliares de educación han 
cumplido funciones esenciales en convivencia escolar, educación inicial, seguridad, 
disciplina formativa e inclusión, sin contar con una carrera plenamente estructurada ni 
con un registro funcional suficiente. La presente propuesta de ley busca revertir esa 
situación mediante un escalafón que reconozca la realidad del servicio prestado y que 
impida que error es, omisiones o demoras administrativas perjudiquen al trabajador 
magisterial.
La adecuación de plazas es otro componente decisivo. El fortalecimiento del 
Magisterio Nacional exige sincerar la situación real de las plazas docentes y auxiliares. 
La impleme ntación de la ley debe iniciar con una auditoría nacional de plazas 
orgánicas, vacantes, presupuestadas, eventuales, temporales, por reemplazo, por 
encargatura, por destaque, por necesidad permanente y por servicios especiales. La 
finalidad de esta revisió n es identificar qué plazas responden a necesidades 
estructurales y cuáles son verdaderamente transitorias. Cuando una plaza atiende de 
forma continua un aula, sección, nivel, modalidad, servicio educativo, función auxiliar, 
educación inicial, educación es pecial, institución rural, multigrado, unidocente, 
intercultural bilingüe o zona de difícil cobertura, debe ser progresivamente convertida 
en plaza orgánica convocable a concurso público.
La adecuación de plazas evita que la temporalidad se convierta en r egla. La 
contratación temporal debe servir para cubrir necesidades excepcionales, licencias, 
reemplazos o situaciones debidamente acreditadas, no para mantener durante años 
funciones permanentes sin nombramiento. Una reforma orientada a la dignificación del 
magisterio debe impedir el ocultamiento de plazas, la reserva indebida, el 
fraccionamiento de jornadas, la simulación de necesidad temporal y la manipulación 
de cuadros de mérito. La transparencia de plazas no solo protege al trabajador, sino
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que protege el derecho de los estudiantes a contar con personal estable, idóneo y 
comprometido con el proyecto educativo institucional.
La adecuación remunerativa debe ejecutarse con especial cuidado técnico, porque 
constituye uno de los ejes centrales del presente proyecto de ley. La nueva estructura 
remunerativa reconoce escalas docentes, niveles del auxiliar de educación, 
remuneración íntegra magisterial, remuneración íntegra del auxiliar, bonificaciones, 
asignaciones, compensaciones y beneficios de naturaleza remunerativa, pensionable 
y alimentaria. Su aplicación requiere identificar la situación de cada servidor, su 
jornada, escala, nivel, cargo, encargatura, zona de servicio, condiciones especiales, 
tiempo de servicios y conceptos actualmente percibidos. La impl ementación debe 
evitar disminuciones, duplicidades indebidas, pagos diminutos, sustitución de 
conceptos pensionables por no pensionables o absorciones que terminen anulando el 
efecto real de la mejora remunerativa.
La adecuación remunerativa debe responde r a una idea central: no hay revaloración 
del magisterio sin reconocimiento económico efectivo. Las políticas educativas 
comparadas han destacado que atraer, desarrollar y retener buenos docentes exige 
carreras profesionales sólidas, condiciones de trabajo  adecuadas, reconocimiento 
social y políticas remunerativas coherentes con la responsabilidad de la función 
educativa (OECD, 2005) . Desde esa perspectiva, la presente iniciativa legislativa no 
puede ser entendida solo como una norma de administración de personal, sino como 
una reforma de calidad educativa, porque la dignidad laboral del docente y del auxiliar 
incide directamente en la estabilidad del servicio, la permanencia en zonas difíciles, la 
motivación profesional y la continuidad pedagógica.