crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La adecuación previsional debe tener un tratamiento diferenciado y preferente. La 
presente propuesta de ley crea un régimen especial de jubilación, reconoce pensión 
digna, complemento previsional, pensión mínima magisterial, protección familiar, 
pensión de sobrevivencia, reconocimiento integral de tiempo de servicios y un Fondo 
Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial. Su implementación exige depurar 
información histórica, reconocer contratos, encargaturas, aportes, licencias 
computables, servicios rura les, servicios en zonas de riesgo, tiempo laborado como 
contratado y beneficios pendientes. La jubilación no debe ser tratada como un simple 
acto de cese, sino como el reconocimiento institucional de una vida dedicada al 
servicio educativo.
La adecuación previsional debe impedir que el docente o auxiliar sea cesado sin tener 
previamente determinada su situación pensionaria y liquidación de beneficios. En la 
práctica, muchos trabajadores del sector público enfrentan demoras por falta de 
actualización de dat os, errores de aportes, omisiones presupuestales o expedientes 
incompletos. La presente iniciativa legislativa debe corregir esa fragilidad mediante 
una obligación estatal de orientación previsional, actualización escalafonaria, 
liquidación previa, reconoc imiento de servicios y pago oportuno. La seguridad social
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no puede depender de la capacidad individual del trabajador para reconstruir 
expedientes que el propio Estado debió conservar.
La adecuación de instituciones educativas privadas es un aspecto indispensable para 
la coherencia del sistema. La función educativa privada tiene naturaleza de interés 
público, porque participa directamente en la garantía del derecho a la educación. Por 
ello, la presente propuesta de ley establece estándares mínimos de dignidad, 
remuneración, jornada, contrato escrito, seguridad social, capacitación, protección 
frente a violencia, reconocimiento de labores adicionales y prohibición de fraude 
laboral. La imp lementación progresiva en el sector privado debe permitir que las 
instituciones adecuen sus contratos, planillas, jornadas, beneficios y registros, pero 
sin utilizar la gradualidad como excusa para mantener locaciones fraudulentas, recibos 
por honorarios, trabajo gratuito, jornadas invisibles o remuneraciones inferiores al piso 
legal.
La adecuación de las instituciones educativas privadas también debe comprender 
fiscalización interinstitucional. El Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las 
UGEL, el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL deben coordinar criterios para verificar si 
la relación contractual responde a la realidad del servicio prestado. Cuando exista 
subordinación, horario, aula asignada, estudiantes a cargo, actividades obligatorias, 
dependencia institucional y remuneración, corresponde reconocer la relación laboral. 
Los estándares internacionales sobre la condición docente han señalado que la 
protección del profesorado comprende preparación, empleo, condiciones de trabajo, 
remuneración, seguridad social y participación profesional, aplicables a docentes de 
instituciones públicas y privadas dentro del nivel escolar (ILO & UNESCO, 1966). Esta 
referencia resulta coherente con la orientación de la presente iniciativa legislativa, que 
no d esconoce la gestión privada, pero exige que dicha gestión respete derechos 
mínimos.
La adecuación tecnológica y de sistemas de información es la base operativa para que 
la ley pueda ejecutarse con transparencia. La presente propuesta de ley crea un 
Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial, que debe integrar 
plazas, escalafón docente, escalafón del auxiliar, contrataciones, nombramientos, 
ascensos, promociones, encargaturas, reasignaciones, permutas, destaques, 
evaluaciones, remun eraciones, bonificaciones, CTS, ceses, jubilaciones, sanciones 
firmes y expedientes digitales. Sin un sistema interoperable, actualizado y auditado, la 
reforma corre el riesgo de reproducir los problemas que busca corregir: pérdida de 
expedientes, ocultami ento de plazas, duplicidad de registros, demora en pagos, 
desconocimiento de tiempo de servicios y falta de trazabilidad.
La adecuación tecnológica debe responder a tres fines: transparencia, protección de 
derechos y mejora de la gestión educativa. No bas ta con digitalizar documentos; se 
requiere un sistema que permita verificar la existencia de plazas, seguir el estado de 
concursos, validar méritos, registrar pagos, controlar encargaturas, identificar deudas, 
actualizar información previsional y permitir que el trabajador acceda gratuitamente a
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su expediente. Las reformas educativas requieren alinear actores, información, 
incentivos y capacidades institucionales para que el sistema funcione efectivamente 
en favor del aprendizaje y no solo en la formalidad administrativa (World Bank, 2018). 
Por ello, el sistema de información previsto en el presente proyecto de ley debe ser 
una herramienta de control público y de garantía de derechos, no una carga 
burocrática adicional para el docente o el auxiliar.
La implementación tecnológica también debe incluir protección de datos personales y 
derechos digitales. El nuevo sistema magisterial administrará información sensible 
sobre salud, sanciones, evaluaciones, remuneraciones, familia, discapacidad, 
trayectoria laboral y situación previsional. Por ello, debe establecer reglas claras de 
acceso, reserva, seguridad, interoperabilidad, trazabilidad y responsabilidad por uso 
indebido. La digitalización no puede convertirse en vigilancia laboral masiva ni en 
mecanismo de  decisiones automatizadas que afecten derechos sin intervención 
humana, motivación y contradicción. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad 
magisterial, la transparencia y la calidad educativa.
La implementación progresiva de la ley también ex ige una conducción política y 
técnica sostenida. Las reformas educativas no se consolidan únicamente con la 
publicación de una norma; requieren liderazgo, comprensión del cambio, participación 
de los actores involucrados, formación de capacidades y coheren cia entre lo que la 
ley ordena y lo que las instituciones pueden ejecutar. Fullan sostiene que el cambio 
educativo efectivo requiere comprender la complejidad de la implementación, generar 
capacidades en los actores y sostener procesos de mejora en el tiempo, evitando creer 
que la sola aprobación formal de una reforma produce transformación real (Fullan, 
2007) [55]. Esta idea resulta especialmente aplicable al presente proyecto de ley, 
porque su aprobación debe ir acompañada de reglamentación, financiamient o, 
asistencia técnica, sistemas de información, capacitación de funcionarios, 
participación magisterial y control permanente.
La presente iniciativa legislativa debe prever una transición ordenada entre el régimen 
vigente y el nuevo régimen legal. Esa transición debe proteger los derechos adquiridos, 
reconocer actos firmes, mantener beneficios más favorables, respetar escalas y 
niveles alcanzados, garantizar continuidad del servicio educativo y evitar que los 
procedimientos en trámite sean resueltos bajo c riterios más perjudiciales. Los 
docentes nombrados deben ser incorporados de pleno derecho a la nueva Carrera 
Profesional Docente; los auxiliares nombrados deben ser incorporados a la Carrera 
Especial del Auxiliar de Educación; los contratados deben tener reconocimiento oficial 
de servicios y acceso progresivo a concursos de nombramiento; los cesantes y 
jubilados deben ser incorporados progresivamente a los beneficios previsionales y de 
bienestar que correspondan.
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dispersión geográfica o capacidad de gestión. P or ello, la adecuación debe ser 
nacional en sus estándares, pero descentralizada en su ejecución. El Ministerio de 
Educación debe fijar lineamientos, sistemas, financiamiento, criterios y supervisión; 
los gobiernos regionales, DRE y UGEL deben ejecutar la actualización de plazas, 
escalafones, pagos, registros, nombramientos y adecuaciones dentro de su 
competencia; y los órganos de control deben verificar que la descentralización no se 
convierta en desigualdad, arbitrariedad o incumplimiento.
La implementación progresiva debe incorporar participación del Magisterio Nacional. 
Los docentes, auxiliares, directores, especialistas, organizaciones sindicales, Colegio 
de Profesores, instituciones formadoras y representantes regionales deben participar 
en la adecuac ión normativa y operativa. Esta participación no debe ser meramente 
formal, sino orientada a identificar problemas reales de aplicación, corregir vacíos, 
mejorar instrumentos técnicos y prevenir conflictos. Una ley que busca dignificar al 
magisterio debe ser implementada con el magisterio, no contra él ni al margen de su 
experiencia cotidiana.
La adecuación presupuestal, escalafonaria, remunerativa, previsional, tecnológica, de 
plazas y de instituciones privadas debe ser objeto de seguimiento público. El i nforme 
anual sobre la situación del Magisterio Nacional debe permitir conocer cuánto se 
avanzó, cuánto falta implementar, qué regiones presentan retrasos, qué obligaciones 
están pendientes de financiamiento, qué plazas siguen ocultas o temporales, qué 
beneficios continúan impagos, qué problemas existen en el sistema de información y 
qué medidas correctivas se adoptarán. La transparencia es indispensable para que la 
progresividad no se convierta en inercia administrativa.
La presente propuesta de ley, al establecer una implementación progresiva, no debilita 
su fuerza normativa; por el contrario, la fortalece, porque permite que la reforma sea 
viable, controlable y sostenible. La progresividad debe operar como una obligación de 
avance continuo, no como una autorización para incumplir. Cada etapa de adecuación 
debe tener responsables, plazos, metas, presupuesto, indicadores, supervisión y 
consecuencias frente al incumplimiento. Solo de esa manera el nuevo régimen del 
Magisterio Nacional podrá traducirse en mejo res condiciones de trabajo, mayor 
estabilidad, remuneraciones más justas, protección previsional, transparencia de 
plazas, reconocimiento de auxiliares, fortalecimiento de la carrera docente y mejora 
efectiva del servicio educativo.
IV.- INCIDENCIA AMBIENTAL 
La presente iniciativa legislativa presenta una incidencia ambiental favorable, indirecta y 
progresiva, en tanto fortalece el rol del Magisterio Nacional como actor estratégico para 
la formación de ciudadanía ambiental, cultura de prevención, adaptación climática, 
gestión de riesgos, valoración del territorio y protección de la vida en contextos educativos 
diversos. Si bien el presente proyecto de ley no tiene por objeto regular directamente el 
aprovechamiento de recursos naturales, la fiscalización ambiental o la gestión de 
ecosistemas, su contenido incide positivamente en la dimensión ambiental del servicio
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educativo porque reconoce que la calidad de la educación no puede separarse de las 
condiciones territoriales, climáticas, sanitarias, tecnológicas y sociales en las que 
docentes, auxiliares y estudiantes desarrollan sus actividades.
La incidencia ambiental de la presente propuesta de ley debe entenderse desde una 
perspectiva educativa, preventiva y territorial. La escuela no es un espacio aislado del 
ambiente; por el contrari o, se encuentra inserta en una realidad concreta marcada por 
riesgos climáticos, contaminación, déficit de agua, inseguridad alimentaria, deforestación, 
pérdida de biodiversidad, emergencias naturales, brechas de conectividad, precariedad 
de infraestructura y dificultades de acceso en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de 
frontera, VRAEM y comunidades alejadas. En ese sentido, al fortalecer la formación inicial 
y continua de los docentes, y al reconocer la especialización funcional de los auxiliares 
de educación, el presente proyecto de ley contribuye a que la comunidad educativa pueda 
comprender mejor su entorno, prevenir riesgos, promover hábitos sostenibles y responder 
de manera organizada ante situaciones ambientales que afectan la vida escolar.
La educación ambiental moderna no se limita a transmitir información sobre la naturaleza, 
sino que busca formar conciencia, responsabilidad, capacidades prácticas y compromiso 
ético frente a la interdependencia entre la persona, la sociedad y el ambiente. Esta visión 
guarda coherencia con el enfoque de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, que 
estableció que la educación ambiental debe contribuir a comprender las relaciones entre 
los componentes económicos, sociales, políticos y ecológicos del mundo contemporáneo, 
promoviendo responsabilidad individual y colectiva frente al ambiente (UNESCO & UNEP, 
1978) 51. Bajo esa orientación, la presente iniciativa legislativa resulta ambientalmente 
pertinente porque revalora al docente como autoridad pedagógica capaz de formar 
estudiantes con pensamiento crítico, identidad territorial, responsabilidad ciudadana y 
sensibilidad frente a los problemas ambientales de su comunidad.
El fortalecimiento del docente como profesional investigador, innovador y productor de  
conocimiento pedagógico también genera incidencia ambiental positiva, porque permite 
que los problemas ambientales locales sean incorporados como oportunidades de 
aprendizaje. La gestión del agua, los residuos sólidos, la protección de áreas verdes, la 
prevención de incendios, el cuidado de fuentes hídricas, la seguridad alimentaria, la 
adaptación a heladas, friajes, lluvias intensas, huaicos, inundaciones o sequías pueden 
convertirse en experiencias educativas contextualizadas. David Orr sostiene que la 
alfabetización ecológica exige comprender que las decisiones humanas tienen 
consecuencias sobre los sistemas vivos y que la educación debe formar personas 
capaces de habitar responsablemente su entorno (Orr, 1992)  52. Desde esa perspectiva, 
la presente propuesta de ley fortalece la base humana e institucional necesaria para que 
el sistema educativo forme estudiantes capaces de entender, valorar y proteger el 
ambiente.
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auxiliares que laboran en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera , VRAEM, 
instituciones multigrado, unidocentes, interculturales bilingües y de difícil acceso. Esta 
previsión es relevante porque los territorios más vulnerables frente al cambio climático y 
la degradación ambiental suelen coincidir con los espacios donde existen mayores 
brechas educativas. Al reconocer incentivos, protección, movilidad, alimentación, 
alojamiento, conectividad, seguridad y retorno preferente para quienes sostienen el 
servicio educativo en dichos lugares, el presente proyecto de ley contribu ye a la 
permanencia del personal educativo en zonas donde la formación ambiental, la 
prevención de riesgos y la educación contextualizada resultan especialmente necesarias.
La formación continua propuesta en la ley tiene una clara relación con la sostenib ilidad, 
porque permite que docentes y auxiliares incorporen competencias vinculadas a gestión 
de riesgos, prevención de desastres, salud ocupacional, seguridad escolar, educación 
intercultural, inclusión, tecnología educativa y protección estudiantil. La U NESCO ha 
señalado que la educación para el desarrollo sostenible debe empoderar a las personas 
para transformar su manera de pensar y actuar, orientándolas hacia sociedades más 
justas, sostenibles y resilientes (UNESCO, 2020) 53. En ese marco, la presente propuesta 
de ley fortalece la capacidad del sistema educativo para formar generaciones con 
conciencia ambiental, responsabilidad social y disposición para actuar frente a los 
desafíos ecológicos y climáticos.
La regulación de tecnología, inteligencia ar tificial e innovación educativa también tiene 
incidencia ambiental relevante. La digitalización responsable puede reducir 
progresivamente el uso innecesario de papel, mejorar la trazabilidad administrativa, 
optimizar la gestión de información educativa y facilitar la capacitación en zonas alejadas. 
Sin embargo, el presente proyecto de ley asume correctamente que la tecnología no 
puede imponerse sin conectividad, equipamiento, soporte técnico ni capacitación. Esta 
precisión es ambientalmente importante porque evita una falsa modernización basada en 
traslado de costos al docente o al auxiliar, consumo desordenado de equipos, uso 
ineficiente de plataformas o generación de brechas digitales que afecten a comunidades 
rurales y vulnerables. Una política tecnológic a educativa ambientalmente responsable 
debe ser inclusiva, eficiente, segura, gradual y vinculada a fines pedagógicos reales.
La presente iniciativa legislativa también incide en la adaptación frente al cambio climático, 
debido a que reconoce la necesidad  de proteger al personal magisterial en zonas de 
riesgo, emergencia, aislamiento geográfico, inseguridad territorial o afectación climática. 
El cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de eventos extremos, afectando 
infraestructura, salud, mo vilidad, seguridad alimentaria, disponibilidad de agua y 
continuidad del servicio educativo. El IPCC ha advertido que la adaptación requiere 
fortalecer capacidades institucionales, reducir vulnerabilidades y proteger a las 
poblaciones expuestas a riesgos c limáticos (IPCC, 2023)  54. En esa línea, una ley que 
regula traslado seguro, alojamiento, comunicación, protección, seguro especial, gestión
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de riesgos y respuesta frente a emergencias contribuye a que el sistema educativo no 
quede paralizado ni abandone a quienes trabajan en los territorios más expuestos.
La incidencia ambiental de la presente propuesta de ley no debe medirse únicamente por 
la existencia de disposiciones ambientales expresas, sino por su capacidad de fortalecer 
a quienes educan, acompañan, protegen y organizan la vida escolar en contacto directo 
con la realidad territorial. La educación ambiental requiere docentes bien formados, 
auxiliares capacitados, escuelas seguras, comunidades organizadas, información 
confiable, protección institucional y condiciones dignas de trabajo. Una política ambiental 
sin maestros fortalecidos queda reducida a una declaración formal; una política educativa 
sin conciencia ambiental queda incompleta frente a los desafíos del presente siglo.
La presente iniciati va legislativa permite que la escuela se convierta en un espacio de 
cultura ambiental práctica. Desde la labor docente se pueden desarrollar aprendizajes 
vinculados al cuidado del agua, manejo responsable de residuos, biohuertos escolares, 
alimentación saludable, prevención de desastres, uso racional de energía, protección de 
la biodiversidad, respeto a los saberes ancestrales y comprensión científica del cambio 
climático. Desde la función auxiliar se puede fortalecer la convivencia, la seguridad, el 
orden, la prevención de riesgos, la protección de estudiantes durante emergencias, el 
acompañamiento en desplazamientos y la aplicación de protocolos institucionales. 
Ambas funciones, sin confundirse ni sustituirse, contribuyen a una escuela 
ambientalmente responsable, segura y preparada.
El reconocimiento de la salud ocupacional, la seguridad institucional, la carga laboral 
razonable y la protección frente a condiciones territoriales adversas también tiene 
incidencia ambiental. El ambiente laboral educativo no se reduce al aula, sino que 
comprende infraestructura, servicios higiénicos, agua, energía, ventilación, seguridad, 
conectividad, accesibilidad, exposición a riesgos y condiciones de permanencia. Al 
establecer que la falta de infraestructura, materiales, c onectividad, seguridad, transporte 
o soporte institucional no puede atribuirse indebidamente al docente o auxiliar como bajo 
desempeño, el presente proyecto de ley introduce una lectura ambientalmente justa de 
la evaluación laboral, pues reconoce que el de sempeño educativo depende también de 
condiciones materiales y ambientales que son responsabilidad del Estado.
La presente propuesta de ley es compatible con una visión de escuela resiliente al clima. 
La UNESCO ha planteado que los sistemas educativos debe n preparar a las escuelas 
para enfrentar el cambio climático, integrando esta materia en políticas, planes de estudio, 
formación docente y gestión institucional (UNESCO, 2021)  55. Bajo esta perspectiva, la 
norma propuesta no solo protege derechos laborales, sino que crea condiciones para que 
el magisterio pueda cumplir un papel activo en la preparación de estudiantes y 
comunidades frente a riesgos ambientales. Esto resulta especialmente importante en el 
Perú, por su alta diversidad geográfica, exposición a fenómenos naturales y presencia de 
poblaciones escolares ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad.
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La incidencia ambiental de la presente iniciativa legislativa es favorable porque fortalece 
el componente humano del sistema educativo, que es indispensable para toda política de 
sostenibilidad. La protección del ambiente no depende únicamente de normas sectoriales 
ambientales, sino también de procesos educativos sostenidos, docentes capacitados, 
auxiliares preparados, escuelas con condiciones dignas y estu diantes formados en 
responsabilidad ecológica. El presente proyecto de ley aporta precisamente a esa base 
institucional, al reconocer que la dignificación del Magisterio Nacional tiene efectos 
directos sobre la calidad educativa e impactos indirectos sobre  la cultura ambiental, la 
prevención de riesgos, la resiliencia territorial y la sostenibilidad del desarrollo nacional.