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Artículo 51. Comisión de Procedimientos Especiales 
La Comisión de Procedimientos Especiales es el órgano parlamentario encargado de 
instruir, evaluar y emitir informe previo al Pleno del Senado en los procedimientos de 
elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios del Estado 
previstos en la Constitución Política del Perú. 
Sus procedimientos se rigen por los principios de mérito, idoneidad, transparencia, 
publicidad, igualdad de oportunidades, participación ciudadana, tachas, entrevistas 
públicas, motivación, probidad, independencia y ausencia de conflicto de intereses. 
La Comisión debe aprobar previamente el perfil del cargo, los criterios de evaluación, 
la metodología de calificación, el cronograma, la forma de presentación de tachas 
ciudadanas y los mecanismos de publicidad del procedimiento. 
El informe final de la Comisión contiene la evaluación individual de cada candidato, la 
motivación de su condición de apto o no apto, las tachas presentadas, la absolución 
correspondiente y la recomendación técnica para conocimiento del Pleno.
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La Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y 
Regímenes de Excepción es el ó rgano parlamentario especializado encargado de 
analizar, verificar y dictaminar si los decretos legislativos, decretos de urgencia, 
tratados internacionales ejecutivos, decretos supremos de régimen de excepción y 
demás actos normativos del Poder Ejecutivo sujetos a control cumplen con los 
parámetros formales, materiales, competenciales, constitucionales y convencionales 
exigidos por la Constitución Política del Perú y el presente reglamento. 
Su análisis comprende, como mínimo, competencia, habilitación norm ativa, materia 
autorizada, necesidad, excepcionalidad, razonabilidad, proporcionalidad, 
temporalidad, conexidad, motivación, respeto de derechos fundamentales, impacto 
institucional y compatibilidad con el ordenamiento jurídico.
Artículo 114. Dictamen senatorial y requisitos mínimos 
Las comisiones tienen un plazo máximo de noventa días hábiles para expedir el 
dictamen respectivo, salvo los procedimientos especiales previstos en la Constitución 
Política del Perú y en el presente reglamento. 
Todo dictamen senatorial contiene, como mínimo: 
a) Análisis de constitucionalidad y convencionalidad. 
b) Revisión de competencia material del Senado. 
c) Evaluación de técnica legislativa y coherencia normativa. 
d) Identificación del problema público o institucional. 
e) Evaluación de necesidad normativa. 
f) Análisis de impacto institucional, territorial, presupuestal y de derechos 
fundamentales, cuando corresponda. 
g) Evaluación de calidad normativa y coherencia con el ordenamiento jurídico. 
h) Opiniones recibidas de entidades públicas, especialistas y ciudadanía. 
i) Matriz de aportes aceptados, rechazados o parcialmente incorporados. 
j) Sustento de aprobación, modificación o rechazo de la propuesta legislativa. 
k) Texto comparado entre la propuesta remitida y el texto recomendado por el Senado, 
cuando corresponda.
Artículo 116. Procedimiento de urgencia senatorial 
El procedimiento de urgencia senatorial es excepcional y solo procede cuando exista 
necesidad constitucional, legal o pública impostergable, objetivamente acreditada y 
debidamente motivada. 
La solicitud de urgencia debe indicar la causa objetiva que justifica el trámite 
excepcional, el daño institucional o constitucional que se produciría de no tramitarse 
oportunamente, la imposibilidad de utilizar el procedimiento ordinario, el plazo 
requerido para su debate y el informe técnico mínimo de constitucionalidad y 
necesidad normativa. 
Las proposiciones calificadas de urgencia se rigen por las siguientes reglas:
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a) El plazo para dictaminar no puede ser menor de siete días hábiles, salvo supuesto 
de emergencia constitucional debidamente motivada. 
b) El dictamen se publica por un plazo no meno r de tres días calendario antes de su 
debate. 
c) La incorporación a la agenda del Pleno requiere acuerdo motivado de la Junta de 
Portavoces y ratificación del Pleno. 
d) El debate garantiza la participación proporcional de todos los grupos parlamentarios. 
e) No puede votarse texto sustitutorio sustancial que no haya sido publicado y 
distribuido a todos los senadores con una anticipación mínima de veinticuatro horas. 
f) No procede la exoneración de dictamen ni de publicación en materias de especial 
relevancia constitucional.
Artículo 172. Control sobre los decretos de urgencia durante el interregno 
parlamentario 
Durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo debe dar cuenta inmediata al 
Senado de la emisión de decretos de urgencia, acompañando exposición de motivos, 
sustento técnico, análisis de constitucionalidad, impacto presupuestal, informe de 
necesidad y justificación de conexidad con el normal funcionamiento del Estado o con 
la política general de gobierno.
Artículo 173. Procedimiento de control sobre los decretos de urgencia durante 
el interregno parlamentario 
El procedimiento de control sobre los decretos de urgencia durante el interregno 
parlamentario se sujeta, en lo que resulte aplicable, al procedimiento de control sobre 
decretos de urgencia previsto en el presente reglamento. 
La Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y 
Regímenes de Excepción emite dictamen dentro del plazo máximo de quince días 
hábiles desde que toma conocimiento del decreto de urgencia. 
Si el Senado determina que el decreto de urgencia excede los límites constitucionales, 
puede aprobar su modificación o derogación, mediante votación favorable de la 
mayoría del número legal de senadores. La decisión se remite al presidente del 
Congreso para su promulgación y publicación.”
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Se incorporan los artículos 7 -A, 7-B, 7-C, 10-A, 31-A, 33-A, 53-A, 116-A, 116-B y 172 -A al 
Reglamento del Senado, aprobado por Resolución Legislativa del Congreso N.° 006 -2025-
2026-CR, en los siguientes términos:
“Artículo 7-A. Principio de revisión senatorial reforzada 
El Senado ejerce la revisión de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de 
Diputados mediante deliberación reforzada, evaluación técnica y motivación expresa.  
La revisión senatorial comprende el examen de constitucionalidad, convencionalidad, 
técnica legislativa, coherencia normativa, imp acto institucional, sostenibilidad 
presupuestal, impacto territorial, respeto de derechos fundamentales, necesidad 
normativa y calidad regulatoria. 
Toda aprobación, modificación o rechazo de una propuesta legislativa debe contar con 
motivación suficiente. La modificación propuesta por el Senado debe guardar 
conexidad directa con la materia aprobada por la Cámara de Diputados y no puede 
incorporar materias ajenas al objeto principal de la propuesta remitida.
Artículo 7-B. Iniciativa legislativa calificada del Senado 
El Senado ejerce iniciativa legislativa calificada únicamente en materias vinculadas a 
su competencia constitucional y funcional. 
La iniciativa legislativa calificada del Senado comprende: 
a) Reglamento del Senado. 
b) Reglamento del Congreso de la República. 
c) Organización y funcionamiento del sistema bicameral. 
d) Control político de actos normativos del Poder Ejecutivo. 
e) Procedimientos de elección, designación, ratificación y remoción de altos 
funcionarios. 
f) Reforma política, sistema electo ral y fortalecimiento democrático, cuando guarden 
relación directa con la función senatorial. 
g) Tratados, política exterior parlamentaria y control constitucional de compromisos 
internacionales, conforme a la Constitución. 
h) Continuidad constitucional, i nterregno parlamentario, regímenes de excepción y 
equilibrio de poderes. 
i) Calidad normativa, técnica legislativa y evaluación posterior de leyes. 
j) Organización, funcionamiento y control institucional del Senado.
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Las declaraciones de interés, saludos, reconocimientos, e xhortaciones o 
pronunciamientos políticos se tramitan, cuando corresponda, mediante mociones, 
acuerdos senatoriales o resoluciones, y no mediante leyes. 
Excepcionalmente, puede admitirse una proposición de naturaleza declarativa cuando 
exista mandato constitucional expreso, efecto jurídico directo, competencia material 
verificable o necesidad normativa debidamente sustentada.
Artículo 10-A. Procedimiento meritocrático de altos funcionarios 
Todo procedimiento de elección, designación, ratificación o re moción de altos 
funcionarios a cargo del Senado se realiza mediante convocatoria pública, perfil del 
cargo, cronograma, evaluación curricular, declaración jurada de intereses, publicación 
de hojas de vida, tachas ciudadanas, absolución de tachas, entrevist as públicas, 
evaluación objetiva, informe motivado y votación nominal. 
Los criterios de evaluación comprenden trayectoria profesional, especialidad, 
independencia, solvencia ética, experiencia pública o privada relevante, ausencia de 
conflicto de intereses , conocimiento de la función, compromiso constitucional y 
capacidad para ejercer el cargo con imparcialidad. 
La votación del Pleno del Senado debe estar precedida de debate público y del informe 
final de la Comisión de Procedimientos Especiales. La decisión debe ser publicada en 
el Portal de Transparencia Senatorial.
Artículo 31-A. Oficina Senatorial de Revisión Constitucional y Calidad Normativa 
Créase la Oficina Senatorial de Revisión Constitucional y Calidad Normativa como 
órgano técnico del servicio parlamentario del Senado, encargado de emitir opinión no 
vinculante sobre constitucionalidad, convencionalidad, técnica legislativa, coherencia 
normativa, impacto institucional, impacto presupuestal, impacto territorial y calidad 
normativa de los asuntos sometidos a revisión del Senado. 
La opinión técnica de dicha oficina se incorpora al expediente antes del debate y 
votación en comisión o en el Pleno, salvo los casos de urgencia constitucional 
debidamente motivada, en cuyo supuesto se emite en el plazo más breve posible. 
La Oficina Senatorial de Revisión Constitucional y Calidad Normativa actúa con 
independencia técnica, objetividad, imparcialidad y publicidad de sus informes, sin 
sustituir la decisión política que corresponde a los órganos senatoriales.
Artículo 33-A. Agenda de minorías senatoriales 
Una vez al mes, el Pleno del Senado reserva una sesión o parte sustancial de ella 
para la agenda de minorías senatoriales. 
La agenda de minorías puede ser solicitada por grupos parlamentarios que 
representen no menos del veinte por ciento del número legal de senadores o por un 
número no menor de doce senadores. 
La agenda de minorías puede comprender debates sobre control constitucional, actos 
normativos del Poder Ejecutivo, elección o remoción de altos funcionarios, regímenes 
de excepción, interregno parlamentario, reformas institucionales, calidad normativa, 
derechos fundamentales o asuntos de alta relevancia nacional.
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Artículo 53 -A. Efectos del control político sobre actos normativos del Poder 
Ejecutivo 
Cuando el Senado determine que un acto normativo del Poder Ejecutivo vulnera la 
Constitución Política del Perú, excede la delegación legislativa, carece de urgencia, 
invade materias prohibidas, afecta derechos fundamentales o incumple parámetros de 
necesidad, razonabilidad o proporcionalidad, la Comisión de Control Político propone 
al Pleno su derogación, modificación, recomendación correctiva o remisión de 
antecedentes a la autoridad competente. 
El dictamen aprobado por el Pleno se remite al presidente del Congres o de la 
República, al Poder Ejecutivo, a la Contraloría General de la República, al Tribunal 
Constitucional, al Ministerio Público o a la entidad competente, según corresponda.
Artículo 116-A. Límites materiales del procedimiento de urgencia senatorial 
No pueden tramitarse por procedimiento de urgencia ni ser objeto de exoneración de 
dictamen o publicación las proposiciones referidas a reforma constitucional, leyes 
orgánicas, Reglamento del Senado, Reglamento del Congreso, sistema electoral, 
partidos polít icos, derechos fundamentales, administración de justicia, organismos 
constitucionales autónomos, régimen tributario, presupuesto, endeudamiento, control 
político, elección o remoción de altos funcionarios, tratados internacionales, regímenes 
de excepción e interregno parlamentario. 
La prohibición alcanza a textos sustitutorios, acumulaciones, reconsideraciones o 
cualquier modalidad procedimental que tenga por efecto reducir indebidamente la 
deliberación senatorial en materias de especial relevancia constitucional.
Artículo 116-B. Texto sustitutorio en revisión senatorial 
Ningún texto sustitutorio puede votarse en el Senado si no ha sido publicado 
previamente en el Portal de Transparencia Senatorial y distribuido a todos los 
senadores. 
Cuando el texto sustit utorio incorpore cambios sustanciales, la votación se posterga 
por un plazo mínimo de veinticuatro horas, salvo acuerdo del Pleno adoptado por dos 
tercios del número legal de senadores, con motivación expresa. 
La infracción de esta regla constituye vicio sustancial del procedimiento senatorial.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Implementación del Portal de Transparencia Senatorial 
La Mesa Directiva del Senado implementa el Portal de Transparencia Senatorial en un plazo 
máximo de noventa días calendario contados desde la entrada en vigencia de la presente 
resolución legislativa. 
Durante dicho plazo se aprueban los formatos obligatorios de expediente de revisión 
senatorial, informe de control político, informe de altos funcionarios, ficha pública del senador, 
registro de reuniones, matriz de aportes  ciudadanos, informe de viaje oficial y dictamen 
senatorial.
SEGUNDA. Implementación de la Oficina Senatorial de Revisión Constitucional y 
Calidad Normativa 
La Mesa Directiva del Senado implementa la Oficina Senatorial de Revisión Constitucional y 
Calidad Normativa en un plazo máximo de ciento veinte días calendario contados desde la 
entrada en vigencia de la presente resolución legislativa, garantizando independencia técnica, 
personal especializado y publicación de sus informes.
TERCERA. Adecuación de procedimientos de altos funcionarios 
La Comisión de Procedimientos Especiales adecúa sus reglamentos, directivas, formatos y 
metodologías de evaluación a los principios de mérito, transparencia, idoneidad, participación 
ciudadana, tachas, entrevistas públi cas, motivación y ausencia de conflicto de intereses, en 
un plazo máximo de sesenta días calendario.
CUARTA. Adecuación de la Comisión de Control Político 
La Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes 
de Excepc ión adecúa sus procedimientos internos para garantizar control constitucional, 
convencional, material, competencial y de derechos fundamentales sobre decretos 
legislativos, decretos de urgencia, tratados ejecutivos y regímenes de excepción, en un plazo 
máximo de sesenta días calendario.
SEXTA. Evaluación anual del funcionamiento democrático del Senado 
El Senado aprueba anualmente un informe público de evaluación democrática institucional, 
que contiene indicadores sobre revisión legislat iva, calidad normativa, control político, actos 
normativos del Poder Ejecutivo evaluados, altos funcionarios elegidos o ratificados, 
transparencia, asistencia, votaciones, ética parlamentaria, rendición de cuentas, 
funcionamiento de comisiones, agenda de m inorías y actuación durante el interregno 
parlamentario.
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El informe es debatido en sesión pública del Pleno del Senado y publicado en el Portal de 
Transparencia Senatorial.
SÉPTIMA. Interpretación conforme a la identidad constitucional del Senado 
Las dis posiciones del Reglamento del Senado se interpretan conforme a la Constitución 
Política del Perú, el principio democrático, la separación y equilibrio de poderes, el pluralismo 
político, la democracia deliberativa, la calidad normativa, la transparencia, l a protección de 
minorías y la identidad constitucional del Senado como cámara de revisión, control superior y 
continuidad democrática.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA. Derogación de disposiciones incompatibles 
Deróganse o déjanse sin efecto las disposiciones reglamentarias, directi vas internas, 
acuerdos de Mesa Directiva, acuerdos de Junta de Portavoces o prácticas senatoriales que 
se opongan a la presente resolución legislativa. 
Lima, 25 de Junio de 2026
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el Reglamento del Senado para 
consolidar una cámara alta con identidad constitucional propia, capaz de cumplir una 
función distinta, complementaria y superior dentro del siste ma bicameral. La presente 
iniciativa legislativa parte de una premisa esencial: el Senado no debe ser concebido 
como una instancia de repetición política ni como una cámara meramente receptora de 
las decisiones provenientes de la Cámara de Diputados, sino como un órgano de revisión 
constitucional, deliberación reforzada, control político superior, estabilidad democrática, 
calidad normativa y designación meritocrática de altos funcionarios del Estado.
La instauración de una cámara senatorial exige comprende r que el bicameralismo no se 
justifica por la sola existencia de dos órganos parlamentarios, sino por la distribución 
racional de funciones entre ellos. La Cámara de Diputados responde principalmente al 
impulso político inmediato, al debate de origen y a l a representación más directa de las 
demandas ciudadanas; el Senado, en cambio, debe asumir una función de segunda 
reflexión, revisión normativa, control institucional y equilibrio democrático. Esta distinción 
resulta coherente con la teoría clásica de la s eparación de poderes, según la cual la 
libertad política requiere que el poder no se concentre ni se ejerza sin límites, pues 
cuando las funciones públicas se confunden o se acumulan sin controles efectivos, se 
abre espacio a la arbitrariedad (Montesquieu, 1989/1748)1.
Desde esa perspectiva, la presente propuesta de ley busca que el Senado sea un 
verdadero órgano de garantía constitucional. Su tarea no debe limitarse a aprobar o 
rechazar textos legislativos de manera formal, sino a examinar si las normas remitidas a 
su conocimiento respetan la Constitución, los derechos fundamentales, la coherencia del 
ordenamiento jurídico, la sostenibilidad fiscal, la técnica legislativa y la necesidad 
normativa. La revisión senatorial debe operar como un filtro de madur ez institucional 
frente a la posibilidad de normas apresuradas, coyunturales, declarativas, contradictorias 
o deficientemente sustentadas. La existencia de una segunda cámara solo adquiere valor 
democrático cuando mejora la calidad de la decisión pública y  evita que la regla de 
mayoría se convierta en una herramienta de imposición sin deliberación suficiente.
La tradición constitucional comparada ha reconocido que una cámara alta cumple un 
papel relevante cuando introduce prudencia, estabilidad y mayor ref lexión en el 
procedimiento legislativo. En esa línea, la defensa clásica del Senado como órgano de 
deliberación más pausada se sustenta en la necesidad de corregir los impulsos 
momentáneos de la política y asegurar que las decisiones legislativas sean prod ucto de 
una evaluación más serena, informada y responsable (Madison, 2003/1788) 2. Esta idea 
resulta especialmente pertinente para el caso peruano, donde la producción legislativa 
ha estado frecuentemente marcada por la velocidad, la fragmentación política,  el uso de
1 Montesquieu, C. de S. (1989). The spirit of the laws (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds. & Trans.). Cambridge University Press. (Obra 
original publicada en 1748). 
2 Madison, J. (2003). Federalist No. 62. En C. Rossiter (Ed.), The Federalist Papers (pp. 376 –382). Signet Classics. (Obra original publicada en 1788).
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procedimientos de urgencia, la aprobación de normas declarativas y la insuficiencia de 
análisis técnico previo.
El presente proyecto de ley propone, por ello, que el Senado sea fortalecido como cámara 
de revisión sustantiva y no como cámara de convalidación. La revisión sustantiva implica 
que toda aprobación, modificación o rechazo de una propuesta legislativa debe contar 
con motivación expresa, análisis constitucional, evaluación de técnica legislativa, revisión 
de impacto institucional y respeto del principio democrático. Esta exigencia no debilita la 
política; por el contrario, la dignifica, porque obliga a que la decisión parlamentaria se 
sustente en razones públicas verificables y no únicamente en acuerdos coyunturales, 
mayorías circunstanciales o negociaciones sin transparencia.
La presente iniciativa legislativa también incorpora una visión deliberativa de la 
democracia. En un Estado constitucional, la legitimidad de la ley no depende solo de 
haber sido aprobada por mayoría, sino de que ha ya sido producida mediante 
procedimientos abiertos, racionales, inclusivos y sujetos a debate público. La teoría 
democrática contemporánea ha resaltado que la legitimidad del derecho se fortalece 
cuando las normas resultan de procesos deliberativos en los que las razones pueden ser 
discutidas, contrastadas y justificadas ante la ciudadanía (Habermas, 1996) 3. Bajo esa 
orientación, el Senado debe contar con reglas que garanticen publicidad, trazabilidad, 
motivación, participación ciudadana, protección de mino rías y control técnico de sus 
decisiones.