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la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y disposiciones 
aplicables a la modificación de la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la 
necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos 
sancionadores (PAS) a cargo del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), 
debido al modelo instructor-resolutor vigente desde el 1 de abril de 2026. Este 
modelo divide el procedimiento en una etapa instructiva, a cargo de las secretarías 
técnicas del PAS, y una etapa sancionadora, a cargo de las salas del TCP, lo que 
incrementa el plazo estimado de atención de noventa y seis (96) a ciento sesenta 
y seis (166) días hábiles. Esta mayor duración reduce la oportunidad y eficacia de 
la potestad sancionadora, pues permite que proveedores presuntamente 
infractores permanezcan en el mercado mientras sus procedimientos siguen en 
trámite; por ello, resulta necesario contar con un régimen sancionador en 
contratación pública más efectivo, sin afectar las garantías del administrado. 
- Modificación del numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 038-2019 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la 
afectación en los ingresos de aproximadamente 2 901 servidores administrativos 
sujetos al Decreto Legislativo N° 276, pertenecientes a los grupos ocupacionales 
profesional, técnico y auxiliar, que entre los años 2023 y 2025 accedieron a un nivel 
remunerativo superior o cambiaron de grupo ocupacional y, como consecuencia de 
lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 038-2019, 
dejaron de percibir el Beneficio Extraordinario Transitorio (BET). Esta situación 
afecta a 238 servidores del grupo profesional, 1 866 del grupo técnico y 797 del 
grupo auxiliar, pese a que el ascenso o cambio ocupacional forma parte de la 
progresión en la carrera administrativa y del reconocimiento de mayores 
responsabilidades y funciones; por ello, mantener dicha disposición podría 
continuar desincentivando el desarrollo profesional y la progresión en la carrera 
administrativa, afectando criterios de meritocracia, equidad y razonabilidad en la 
gestión de los recursos humanos del Sector Público. 
- Modificación del literal f) del artículo 6 y del literal i) al artículo 10 del Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la 
necesidad de precisiones en el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 para el 
reconocimiento de determinados derechos y causales de extinción del vínculo 
laboral del personal contratado bajo esta modalidad. En particular, si bien la Ley N° 
29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, reconoció treinta (30) días de 
vacaciones para los trabajadores por Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), no estableció expresamente el tratamiento aplicable al pago de vacaciones 
truncas cuando el vínculo laboral culmina antes de completar un año de servicios; 
asimismo, la normativa vigente no contempla como causal de término del contrato 
el límite de edad de setenta (70) años, lo que genera diferencias respecto de otros 
regímenes laborales del sector público y puede afectar la gestión de los recursos 
humanos en las entidades públicas. 
3.2 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA QUE SE 
PRETENDE REGULAR O MODIFICAR 
Sobre los Créditos Suplementarios, modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático con excepciones a la normatividad 
presupuestaria vigente y autorizaciones en materia presupuestaria; a favor de 
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