crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La dimensión científica y tecnológica de la presente iniciativa legislativa responde a los 
desafíos contemporáneos de la inteligencia artificial, la automatización, la ciencia de 
datos, la robótica, la conectividad y la transformación digital. La educación peruana debe 
preparar a los estudiantes para comprender y utilizar estas herramientas, pero sin 
subordinar la dignidad humana, la autoría, la ética, la privacidad, el pensamiento crítico 
ni la función docente. La tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, la investigación, 
la innovación y la solución de problemas nacionales, no reemplazar la conciencia ni la 
responsabilidad humana. En esa línea, la OCDE plantea que la educación del futuro debe 
formar competencias para el bienestar individual y colectivo, combinando conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, agencia personal y responsabilidad frente a contexto s 
cambiantes (OECD, 2019) 4.
El presente proyecto de ley incorpora, además, un enfoque intercultural, territorial y 
productivo, porque el Perú no es una realidad homogénea. La educación debe responder 
a la costa, sierra y selva; a las zonas rurales, amazó nicas, altoandinas, fronterizas y 
urbano-marginales; a las lenguas originarias, saberes ancestrales, calendarios agrícolas, 
climas, recursos naturales, actividades económicas y potencialidades locales. Esta 
orientación no significa fragmentar el sistema ed ucativo, sino diversificarlo sin afectar 
aprendizajes comunes nacionales. La educación debe permitir que cada estudiante 
reconozca su territorio, valore su cultura, investigue sus problemas, aproveche 
responsablemente sus recursos y contribuya al desarrollo local, regional y nacional.
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La propuesta también asume que la educación cumple una función preventiva y 
protectora. La escuela debe identificar oportunamente riesgos de deserción, violencia, 
bajo rendimiento, consumo de drogas, afectación de salud mental, embarazo adolescente, 
abandono, explotación, captación criminal, violencia digital y otras situaciones que 
comprometan el desarrollo del estudiante. La educación no puede permanecer indiferente 
frente a los problemas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Freire sostuvo 
que la educación debe promover conciencia crítica y transformación de la realidad, no 
simple adaptación pasiva a condiciones injustas o deshumanizantes (Freire, 1970) 5. Bajo 
esa mirada, la presente iniciativa legislativa propone una educación que protege, orienta, 
previene, acompaña y forma proyectos de vida lícitos, dignos y productivos.
La presente propuesta de ley también reivindica la dignidad de la función docente y la 
autoridad pedagógica como condiciones necesarias pa ra el aprendizaje. No existe 
educación de calidad sin docentes respetados, formados, evaluados, protegidos y 
respaldados institucionalmente. El proyecto reconoce que el docente no es un simple 
ejecutor administrativo, sino autoridad pedagógica, orientador del aprendizaje, formador 
de ciudadanía y agente principal de la transformación educativa. Esta visión se 
complementa con la corresponsabilidad familiar, porque la educación no puede recaer 
únicamente sobre la escuela. La familia debe asegurar asistencia, acompañamiento, 
disciplina, respeto, hábitos de estudio y participación en los procesos educativos, 
especialmente cuando existan situaciones de riesgo.
La introducción de la presente iniciativa legislativa debe entenderse como la justificación 
de una refo rma estructural y no como una modificación parcial del sistema vigente. Su 
objetivo es construir una ley general moderna, coherente con los desafíos del siglo XXI y 
con las necesidades reales del Perú. La propuesta articula derecho a la educación, deber 
educativo, ciencia, humanismo, tecnología, interculturalidad, protección integral, 
autoridad docente, gestión descentralizada, financiamiento progresivo, transparencia, 
evaluación y responsabilidad pública. De esta manera, la educación se concibe como una 
política de Estado de largo plazo, orientada a formar personas con conocimiento, 
conciencia, disciplina, libertad, identidad, productividad, respeto y capacidad de contribuir 
al desarrollo nacional.
 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
- Constitución Política del Perú.  
- Ley N.° 28044, Ley General de Educación.  
- Decreto Supremo N.° 011 -2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación.  
- Ley N.° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  
- Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  
- Decreto Supremo N.° 004 -2013-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  
- Ley N.° 30220, Ley Universitaria.
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- Ley N.° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes.  
- Ley N.° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa.  
- Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas.  
- Decreto Supremo N.° 010 -2012-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia 
en las instituciones educativas.  
- Ley N.° 31902, Ley que modifica la Ley N.° 29719, Ley que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas, a fin de fortalecer la 
prevención del acoso escolar; y el Decreto Legislativo N.° 1218, Decreto 
Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, para incorporar a 
su objeto al acoso escolar.  
- Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  
- Decreto Supremo N.° 003 -2013-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  
- Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del 
desarrollo económico y social del país.  
- Decreto Supremo N.° 115 -2025-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia 
artificial en favor del desarrollo económico y social del país.  
- Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental.  
- Decreto Supremo N.° 007 -2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental.  
- Ley N.° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.  
- Ley N.° 30 466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño.  
- Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar.  
- Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los 
niños, niñas y adolescentes.  
- Ley N.° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo.  
- Decreto Supremo N.° 002 -2013-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Le y N.° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por 
embarazo.  
- Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
- Decreto Supremo N.° 002 -2014-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
- Ley N.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.  
- Ley N.° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural.  
- Ley N.° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de 
familia en las instituciones educativas públicas.
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- Decreto Supremo N.° 004 -2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 28628, Ley que regula la participaci ón de las 
asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas.  
- Ley N.° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.  
- Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
- Ley N.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesg o de 
Desastres.  
- Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
- Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
- Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
- Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
- Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
- Decreto Legislativo N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  
- Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley parte de una premisa central: la educación peruana no puede 
seguir siendo concebida únicamente como un servicio de transmisión de contenidos, sino 
como una función pública esencial para formar personas libres, íntegras, cultas, críticas, 
disciplinadas, responsables, científicas, humanistas, tecnológicamente competentes y 
comprometidas con el desarrollo nacional. Esta orientación resp onde a una visión 
moderna del derecho a la educación, en la cual la escuela no solo instruye, sino que 
forma ciudadanía, carácter, pensamiento, convivencia, identidad, productividad y 
responsabilidad social. En esa línea, la presente iniciativa legislativa  recoge una 
concepción democrática de la educación, entendida como proceso de formación de 
personas capaces de participar activamente en la vida social, resolver problemas 
comunes y contribuir a la construcción de una comunidad política más justa y 
cohesionada. Esta idea guarda correspondencia con el planteamiento de Dewey, para 
quien la educación y la democracia se encuentran estrechamente vinculadas, pues la 
educación permite que las nuevas generaciones incorporen saberes, hábitos, valores y 
capacidades indispensables para la vida social (Dewey, 1916) 6.
La presente propuesta de ley se justifica porque el sistema educativo requiere pasar de 
una estructura principalmente declarativa a una arquitectura normativa basada en 
resultados, responsabilidades, indi cadores, financiamiento, evaluación, corrección y 
rendición de cuentas. Una ley general de educación no debe limitarse a proclamar 
principios, sino establecer mandatos verificables, distribuir competencias y crear 
mecanismos para asegurar que las políticas  públicas educativas tengan continuidad y 
puedan ser evaluadas. Desde esa perspectiva, la educación debe permitir que la persona 
aprenda a conocer, aprenda a hacer, aprenda a vivir con los demás y aprenda a ser, 
pilares que permiten comprender la formación  integral no como acumulación de
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información, sino como desarrollo de capacidades para la vida, la convivencia, el trabajo, 
la cultura y la ciudadanía (Delors et al., 1996) 7.
La presente iniciativa legislativa también se fundamenta en la necesidad de col ocar a la 
persona humana en el centro del sistema educativo. Ello exige que la educación no 
reduzca al estudiante a un receptor pasivo de contenidos, ni al docente a un simple 
ejecutor administrativo de programas, sino que reconozca el proceso educativo como una 
relación humana, ética, pedagógica y social. La formación del pensamiento crítico, la 
conciencia ciudadana, la responsabilidad moral, la disciplina personal y el respeto a la 
dignidad humana son elementos indispensables para superar una educación memorística, 
fragmentada o desvinculada de la realidad. Freire cuestionó la educación bancaria, 
entendida como depósito mecánico de información, y propuso una educación 
problematizadora, dialógica y crítica, orientada a que la persona comprenda su realidad 
y pueda transformarla responsablemente (Freire, 1970/2000) 8.
La presente propuesta de ley incorpora una dimensión humanística porque el desarrollo 
científico y tecnológico, por sí solo, no garantiza una sociedad democrática, ética ni 
solidaria. La educación debe formar personas con dominio de lectura, escritura, 
matemática, ciencia, tecnología e innovación, pero también con sensibilidad moral, 
cultura histórica, sentido de comunidad, respeto a la familia, valoración de la diversidad, 
compromiso con la democracia y capacidad de convivencia pacífica. Esta orientación 
resulta especialmente relevante en un contexto donde las sociedades pueden priorizar 
únicamente competencias utilitarias o económicas, debilitando la formación cívica, la 
imaginación moral y el juicio crítico. Nussbaum advierte que las humanidades cumplen 
un papel esencial para la democracia, porque fortalecen la argumentación, la empatía, la 
comprensión del otro y la capacidad de pensar críticamente frente a los problemas 
públicos (Nussbaum, 2010) 9.
La presente iniciativa legislativa se justifica, además,  por la necesidad de que la 
educación peruana responda a la diversidad territorial, cultural, lingüística, ambiental y 
productiva del país. El Perú no puede tener una política educativa homogénea que ignore 
las diferencias entre costa, sierra, selva, zonas  rurales, amazónicas, altoandinas, 
fronterizas, comunidades campesinas, comunidades nativas y espacios urbano -
marginales. La educación debe asegurar aprendizajes comunes nacionales, pero 
también permitir una diversificación curricular seria, técnicamente v alidada y vinculada a 
los saberes locales, actividades productivas, lenguas originarias, climas, riesgos, 
recursos naturales y necesidades reales de cada territorio. Esta perspectiva se vincula 
con la idea contemporánea de educación como contrato social or ientado a construir 
futuros comunes, sostenibles, inclusivos y solidarios, donde el conocimiento debe servir 
para cuidar la vida, la dignidad humana, la justicia social y el planeta (UNESCO, 2021)10.
7 Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley , M., Quero, M. P., Savane, M. A., Singh, 
K., Stavenhagen, R., Suhr, M. W., & Nanzhao, Z. (1996). Learning: The treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on 
Education for the Twenty-first Century. UNESCO Publishing. 
8 Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.; M. B. Ramos, Trans.). Continuum. (Original work published 1970).  
9 Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.  
10 UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. UNESCO.
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La presente propuesta de ley también tiene fundamento en la necesidad de incorporar la 
ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial al sistema educativo sin deshumanizar el 
proceso formativo. La inteligencia artificial, la robótica, la ciencia de datos, la conectividad 
y las plataformas digitales deben s er instrumentos al servicio del aprendizaje, la 
investigación, la innovación y la productividad, pero bajo reglas de ética, transparencia, 
supervisión humana, protección de datos personales, seguridad digital, honestidad 
académica y responsabilidad. La tec nología no puede sustituir el pensamiento crítico, la 
autoría intelectual, la evaluación pedagógica, la función docente ni la decisión humana. 
Por ello, la presente iniciativa legislativa plantea una regulación educativa de la tecnología 
que no se limite a entregar dispositivos o conectividad, sino que forme ciudadanía digital, 
prevenga el fraude académico, proteja a los estudiantes frente a la violencia digital y 
garantice un uso pedagógico, seguro y humanamente supervisado de la inteligencia 
artificial.
La presente propuesta de ley encuentra sustento adicional en la urgencia de fortalecer la 
convivencia escolar, la disciplina formativa y la autoridad pedagógica del docente. La 
educación requiere ambientes seguros, respetuosos y ordenados, donde el estudia nte 
pueda aprender, el docente pueda enseñar y la familia pueda participar por canales 
institucionales adecuados. Reconocer la autoridad docente no significa negar derechos 
al estudiante ni impedir reclamos de los padres de familia; significa restablecer e l 
equilibrio entre derechos, deberes, respeto, debido procedimiento y finalidad educativa 
de la disciplina. Una escuela sin autoridad pedagógica, sin reglas claras, sin 
corresponsabilidad familiar y sin mecanismos de intervención frente a la violencia o la  
indisciplina pierde capacidad formativa y debilita su función social.
La presente iniciativa legislativa también responde a la necesidad de proteger 
integralmente al estudiante frente a riesgos que afectan su aprendizaje, permanencia y 
proyecto de vida. La deserción, la violencia familiar, el acoso escolar, la violencia digital, 
la explotación, la trata, el consumo de drogas, el embarazo adolescente, la captación 
criminal, la afectación de la salud mental, el abandono y la pobreza no son hechos 
externos al sistema educativo; son condiciones que impactan directamente en el derecho 
a la educación. Por ello, el presente proyecto de ley incorpora sistemas de alerta 
temprana, salud mental escolar, prevención de adicciones, protección frente a violencia 
sexual, intervención frente al riesgo de deserción, bienestar estudiantil, alimentación, 
salud, transporte y residencia escolar cuando corresponda. La educación se concibe así 
como una política pública de prevención social, protección humana y desarrollo de 
capacidades.
La presente propuesta de ley fortalece también la función docente, la gestión educativa y 
la responsabilidad institucional. El docente es agente central de la formación integral y 
requiere dignidad profesional, formación inicial rigurosa, actualiza ción permanente, 
evaluación meritocrática, protección frente a agresiones, respaldo institucional e 
incentivos para prestar servicios en zonas de difícil acceso. A su vez, el sistema educativo 
requiere directivos idóneos, UGEL con presencia territorial efectiva, gobiernos regionales 
responsables de la prestación del servicio, instituciones educativas con autonomía
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responsable y un Ministerio de Educación con rectoría técnico -normativa clara. Sin esta 
cadena de responsabilidades, la política educativa se fra gmenta y los resultados no 
pueden ser exigidos ni corregidos.
La presente iniciativa legislativa plantea que la educación debe ser financiada con 
criterios de progresividad, equidad territorial, cierre de brechas y responsabilidad por 
resultados. No basta reconocer el derecho a la educación si las instituciones carecen de 
infraestructura segura, agua, saneamiento, conectividad, bibliotecas, laboratorios, 
materiales educativos, alimentación, salud preventiva, mantenimiento, transporte o 
docentes suficientes. Por ello, el proyecto propone financiamiento por estudiante y por 
brecha, financiamiento adicional por resultados, infraestructura pertinente a la realidad 
territorial, mantenimiento preventivo obligatorio, laboratorios, talleres productivos, 
biblioteca física y digital, conectividad y mecanismos de acceso para estudiantes de 
zonas alejadas. Esta visión permite que el derecho a la educación tenga contenido 
material real y no quede reducido a una declaración formal.
La presente propuesta de ley incorpora evaluación, acreditación, supervisión, integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción educativa porque una reforma educativa sin 
control, sin datos confiables y sin rendición de cuentas no puede sostenerse. El sistema 
debe medir aprendizajes, traye ctoria educativa, convivencia, protección, infraestructura, 
asistencia docente, ejecución presupuestal, innovación, inclusión y desempeño 
institucional. La evaluación debe tener finalidad de mejora, pero también debe generar 
planes correctivos, responsabil idad funcional y medidas de intervención cuando el 
servicio educativo se deteriore de manera grave o reiterada. La educación pública y 
privada debe sujetarse a condiciones básicas de calidad, fiscalización, transparencia, 
protección del estudiante y sanciones conforme al debido procedimiento.
La presente iniciativa legislativa se funda en la necesidad de construir una política 
educativa de largo plazo, con continuidad, evidencia técnica y responsabilidad 
intergeneracional. Las reformas curriculares, tecnol ógicas, docentes, territoriales o de 
gestión no deben depender únicamente del cambio de autoridades ni de decisiones 
coyunturales. Por ello, la propuesta incorpora la continuidad de la política educativa 
nacional, el fortalecimiento técnico del Consejo Nac ional de Educación, el informe anual 
de resultados educativos, la obligación de planes correctivos y la rendición pública de 
cuentas. De esta manera, el sistema educativo peruano deja de ser una suma de 
programas dispersos y pasa a organizarse como una pol ítica de Estado orientada al 
desarrollo humano, científico, cultural, tecnológico, productivo y democrático del país.
III.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación peruana enfrenta un problema estructural que no puede ser reducido 
únicamente a la falta de infraestructura, al bajo rendimiento escolar o a la insuficiencia 
presupuestal. El problema de fondo es más profundo: el sistema educativo no ha logrado 
consolidarse como una verdadera arquitectura nacional de formación humana, científica, 
ética, tecnológica, intercultural, productiva y ciudadana. Durante años, la legislación 
educativa ha reconocido principios valiosos, pero no ha garantizado suficientemente que
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dichos principios se traduzcan en resultados verificables, responsabilidades claras, 
continuidad de políticas, cierre efectivo de brechas, fortalecimiento docente, disciplina 
formativa, participación familiar, innovación tecnológica y pertinencia territorial. En ese 
contexto, el presente proyecto de ley parte de una constatación central: el Perú no solo 
necesita ampliar el acceso a la educación, sino transformar la finalidad, organización, 
gestión, evaluación y sentido público del sistema educativo.