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Artículo 230. Auditoría y control de concursos, escalafón, pagos y actos de carrera 
Los concursos de ingreso, nombramiento, contratación, ascenso, promoción, acceso a cargos, 
encargaturas, reasignaciones, permutas, destaques, evaluaciones, pagos y demás actos de 
carrera magisterial se encuentran sujetos a control permanente, posterior y concurrente por 
los órganos competent es del sistema educativo, el órgano de control institucional, la 
Contraloría General de la República y demás entidades habilitadas por ley. 
El control comprende la verificación de legalidad, mérito, transparencia, publicidad, 
trazabilidad, motivación, disponibilidad presupuestal, respeto al orden de mérito, oportunidad 
de pago, correcta actualización escalafonaria y protección de los derechos del docente y del 
auxiliar de educación. 
El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales deben implementar mec anismos de 
alerta temprana frente a duplicidad de plazas, manipulación de cuadros de mérito, omisión de 
pagos, retraso de encargaturas, ocultamiento de plazas, alteración de evaluaciones, 
fraccionamiento indebido de contratos o afectación arbitraria de derechos magisteriales. 
La auditoría de los actos de carrera no suspende el derecho reconocido al docente o auxiliar, 
salvo mandato expreso y motivado de autoridad competente, sustentado en causa legal, 
debido procedimiento y riesgo cierto de afectación al interés público.
Artículo 231. Informe anual sobre la situación del Magisterio Nacional 
El Ministerio de Educación presenta anualmente al Congreso de la República, dentro del 
primer trimestre de cada año, un informe público, documentado y verificable sobre la situación 
del Magisterio Nacional. 
El informe contiene, como mínimo: 
a) Número de docentes y auxiliares nombrados, contratados, cesantes y jubilados. 
b) Plazas orgánicas, vacantes, eventuales, presupuestadas, cubiertas y pendientes de 
cobertura. 
c) Conc ursos convocados, plazas adjudicadas, plazas no cubiertas e impugnaciones 
presentadas. 
d) Ascensos, promociones, encargaturas, reasignaciones, permutas y destaques ejecutados.
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e) Remuneraciones, asignaciones, bonificaciones, CTS, devengados, beneficios soc iales y 
pagos pendientes. 
f) Brechas de docentes y auxiliares por región, nivel, modalidad, EIB, ruralidad, frontera, selva, 
VRAEM y zonas de difícil acceso. 
g) Situación de docentes y auxiliares en zonas de riesgo, incluyendo transporte, alimentación, 
vivienda, conectividad, seguridad y protección estatal. 
h) Estado de la salud ocupacional, bienestar, jubilación, pensiones y protección social del 
magisterio. 
i) Denuncias por manipulación de plazas, concursos, escalafón, pagos o derechos, así como 
acciones correctivas y sanciones impuestas. 
j) Metas, presupuesto ejecutado, presupuesto requerido y medidas necesarias para fortalecer 
la carrera magisterial. 
El informe debe ser publicado en el portal institucional del Ministerio de Educación y remitido 
a las comisiones competentes del Congreso para control político, fiscalización y seguimiento.
Artículo 23 2. Responsabilidad por manipulación, ocultamiento o afectación de 
derechos magisteriales 
Constituye falta muy grave manipular, ocultar, reservar indebidamente,  alterar, suprimir, 
fraccionar, bloquear, demorar injustificadamente o registrar falsamente información sobre 
plazas, concursos, cuadros de mérito, contratos, nombramientos, ascensos, promociones, 
encargaturas, reasignaciones, permutas, destaques, evaluaci ones, escalafón, 
remuneraciones, CTS, bonificaciones, beneficios, ceses, jubilación o cualquier derecho del 
docente o auxiliar de educación. 
También constituye falta muy grave impedir la actualización escalafonaria, desconocer tiempo 
de servicios acreditad o, retrasar pagos reconocidos, omitir la publicación de plazas, alterar 
resultados, favorecer indebidamente a terceros, excluir arbitrariamente a postulantes o 
condicionar derechos a requisitos no previstos por ley. 
La responsabilidad alcanza al funcionario, servidor, directivo, integrante de comité, evaluador 
o autoridad que disponga, ejecute, tolere, encubra o se beneficie de dichos actos. 
La comisión de estas conductas genera responsabilidad administrativa, civil y penal, sin 
perjuicio de la nulidad del acto irregular, la reposición del derecho afectado, el pago de 
devengados, intereses legales, regularización escalafonaria y reparación institucional que 
corresponda.
Artículo 233. Protección del orden de mérito y del derecho adquirido 
El orden de mérito obtenido en concursos, ascensos, promociones, encargaturas, 
reasignaciones, permutas, destaques o evaluaciones tiene carácter vinculante para la 
autoridad administrativa y solo puede ser modificado por causa legal expresa, resolución 
motivada y debido procedimiento. 
El derecho del docente o auxiliar derivado de plaza adjudicada, ascenso, promoción, 
encargatura, remuneración, asignación, bonificación, CTS, tiempo de servicios, beneficio 
social o jubilación no puede ser desconocido por cambios posteriores de criterio, errores 
administrativos no imputables al trabajador, falta de actualización del sistema o disposiciones 
reglamentarias restrictivas.
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Toda decisión que afecte un derecho magisterial reconocido debe ser expresa, motivada, 
notificada y susceptible de impugnación.
Artículo 234. Trazabilidad y expediente digital magisterial 
Todo acto de carrera magisterial debe contar con expediente digital, trazabilidad completa, 
identificación de responsables, documentos de sustento, fecha de emisión, etapa 
procedimental, resultado, recursos presentados y estado de ejecución. 
El expediente digital magisterial tiene valor administrativo oficial y debe conservarse de 
manera segura, íntegra e interoperable, garantizando el acceso del docente o auxiliar titular 
de la información. 
La pérdida, alteración, eliminación, inaccesibilidad injustificada o negativa de entrega del 
expediente digital genera responsabilidad de la autoridad encargada de su custodia.
Artículo 235. Protección de datos personales y publicidad funcional 
La información del Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial se 
rige por los principios de transparencia, finalidad pública, veracidad, seguridad, 
proporcionalidad y protección de datos personales. 
Son de acceso público la informa ción sobre plazas, concursos, cuadros de mérito, 
adjudicaciones, encargaturas, ascensos, promociones, criterios de evaluación, puntajes 
finales, remuneraciones por cargo o escala, asignaciones y actos administrativos firmes, en 
cuanto sean necesarios para garantizar transparencia y control ciudadano. 
La información sensible, médica, familiar, disciplinaria no firme o de protección especial del 
docente o auxiliar solo puede ser tratada conforme a ley y con las reservas correspondientes.
Artículo 236. Nulidad de disposiciones restrictivas de transparencia y control 
Es nula toda disposición reglamentaria, directiva, instructivo, lineamiento, acto administrativo 
o práctica institucional que limite indebidamente la publicidad de plazas, reduzca la 
trazabilidad d e concursos, impida la actualización escalafonaria, restrinja el acceso del 
docente o auxiliar a su información personal magisterial, condicione pagos reconocidos o 
debilite los mecanismos de control previstos en la presente ley. 
La nulidad no afecta los d erechos válidamente adquiridos por docentes y auxiliares de 
educación, ni impide la responsabilidad administrativa, civil o penal de las autoridades que 
aprobaron, aplicaron o toleraron la disposición restrictiva.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera. Adecuación de docentes nombrados a la Carrera Profesional Docente 
Los docentes nombrados comprendidos en los regímenes magisteriales vigentes a la entrada 
en vigor de la presente ley quedan incorporados de pleno derecho a la Carrera Profesional 
Docente regulada por esta norma, sin necesidad de nuevo concurso, evaluación habilitante ni 
procedimiento adicional que condicione su continuidad laboral.
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derechos previsionales, méritos escalafonarios y demás derechos adquiridos o reconocidos 
conforme a ley.
Ningún proceso de adecuación puede generar disminución remunerativa, pérdida de escala, 
reducción de jornada, afectación de la estabilidad, desconocimiento del tiempo de servicios ni 
restricción de beneficios laborales, previsionales o profesionales. Cualquier diferencia 
favorable al docente se mantiene como derecho reconoc ido hasta su plena homologación 
conforme al régimen más beneficioso.
Segunda. Adecuación de auxiliares de educación nombrados a la Carrera Especial 
Los auxiliares de educación nombrados a la entrada en vigor de la presente ley quedan 
incorporados de pleno derecho a la Carrera Espec ial del Auxiliar de Educación, como 
integrantes del Magisterio Nacional, sin necesidad de nuevo concurso ni procedimiento que 
condicione su permanencia.
La adecuación al nivel de carrera correspondiente se realiza considerando el tiempo efectivo 
de servic ios, formación, capacitación, certificaciones, especializaciones, experiencia en 
educación inicial, educación especial, inclusión, convivencia escolar, protección estudiantil, 
ruralidad, educación intercultural bilingüe, zonas de riesgo, encargaturas, func iones de 
coordinación, desempeño, méritos y trayectoria escalafonaria.
La adecuación respeta plaza, jornada, centro de trabajo, remuneración, beneficios, estabilidad, 
régimen previsional, derechos adquiridos y experiencia funcional. En ningún caso puede 
generar cese, desplazamiento arbitrario, disminución remunerativa, pérdida de derechos, 
desconocimiento de servicios ni modificación indebida de funciones.
La incorporación a la Carrera Especial del Auxiliar de Educación no implica conversión 
automática a la Carrera Profesional Docente. El auxiliar que cuente con título profesional de 
profesor, licenciado en educación o título equivalente puede postular a la Carrera Profesional 
Docente mediante concurso público, reconociéndose su experiencia educativa como mérito, 
sin que ello sustituya los requisitos de título, habilitación, evaluación e idoneidad profesional.
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encargaturas, funciones asumidas y servicios prestados en zonas rural es, selva, frontera, 
VRAEM, instituciones multigrado, unidocentes, educación especial, educación intercultural 
bilingüe y demás contextos de difícil cobertura.
El incumplimiento de esta disposición constituye infracción laboral o educativa, sujeta a  
fiscalización del Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las 
Unidades de Gestión Educativa Local, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conforme a sus competencias.
Quinta. Régimen pensionario, cesantes y jubilados del Magisterio Nacional 
El Poder Ejecutivo implementa progresivamente el Régimen Especial de Jubilación del 
Magisterio Nacional, garantizando pensión digna, reconocimiento del tiempo de servicios, 
protección de cesantes y jubilados, seguridad social, pensión de sobrevivencia, complemento 
pensionario y beneficios compatibles con la naturaleza de la función educativa.
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Los docentes y auxiliares de educación cesantes y jubilados son incorporados 
progresivamente a los beneficios previsionales, de salud, bienestar, reconocimiento, 
participación institucional, seguridad social y protección especial previstos en la presente ley, 
conforme a su condición y derechos reconocidos.
Toda disposición reglament aria, directiva, lineamiento, instructivo, acto administrativo, 
contrato o práctica institucional que reduzca, suspenda, condicione, desnaturalice o restrinja 
derechos reconocidos por la presente ley es nula de pleno derecho, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal de la autoridad que la apruebe, aplique o tolere.
Séptima. Financiamiento progresivo y protección de obligaciones laborales 
La implementación de la presente ley se financia progresivamente con cargo al presupuesto 
público, conforme a la programación multianual correspondiente, priorizando remuneraciones, 
compensación por tiempo de servicios, pensiones, beneficios sociales, nombramiento 
progresivo, encargaturas, asignaciones, protección en zonas de riesgo, salud ocupacional, 
formación continua, bienestar y cierre de brechas magisteriales.
La progresividad presupuestal no autoriza al Estado a desconocer, suspender, reducir, 
postergar indefinidamente ni condicionar el pago de derechos adquiridos, remuneraciones 
devengadas, compensación por tiempo de ser vicios, beneficios sociales, encargaturas, 
asignaciones, bonificaciones, pensiones o mandatos administrativos y judiciales firmes.
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Las entidades competentes deben prever anualmente los recursos necesarios para cumplir 
las obligaciones laborales, prevision ales y sociales derivadas de la presente ley, bajo 
responsabilidad funcional de los titulares de pliego, funcionarios y servidores encargados de 
su programación, gestión y ejecución.
Octava. Protección especial del servicio educativo en zonas rurales, sel va, frontera, 
VRAEM y zonas de riesgo 
El Estado garantiza condiciones especiales de protección, traslado seguro, movilidad, 
alimentación, alojamiento, comunicación, seguro de vida, atención médica, asistencia legal y 
apoyo institucional para docentes y aux iliares que presten servicios en zonas rurales, selva, 
frontera, VRAEM, comunidades alejadas, instituciones de difícil acceso, zonas de emergencia 
o territorios de riesgo.
Novena. Igualdad remunerativa por encargatura directiva, jerárquica, especializada o 
de coordinación 
El docente o auxiliar de educación que asuma encargatura directiva, jerárquica, especializada, 
de coordinación, convivencia escolar, protección estudiantil o gestión institucional percibe, 
desde el primer día de ejercicio efectivo, la asignación, bonificación o diferencia remunerativa 
que corresponde al cargo o función asumida.
Primera. Titulación progresiva de auxiliares de educación en servicio 
Los auxiliares de educación nombrados o contratados que, a la entrada en vigor de la presente 
ley, no cuenten con título específico de Auxiliar de Educación, Apoyo Educativo o 
denominación equivalente, mantienen plenamente su vínculo laboral, remuneración, plaza, 
jornada, beneficios y tiempo de servicios.
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El Ministerio de Educación, en coordinación con universidades, escuelas de educación 
superior pedagógica, institutos superiores licenciados y gobiernos regionales, implementa 
programas progresivos de titulación, complementación formativa, certificación de 
competencias y reconocimiento de aprendizajes previos para auxiliares de educación en 
servicio.
El escalafón registra, como mínimo, identidad, título, formación, escala docente o nivel auxiliar, 
plaza, jornada, cargo, contratos, nombramientos, encargaturas, tiempo de servicios, 
remuneraciones, asignaciones, beneficios, desplazamientos, capacitaciones, méritos, 
evaluaciones, s anciones firmes, derechos previsionales y datos necesarios para la 
compensación por tiempo de servicios, jubilación y reconocimiento de beneficios.
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La autoridad que mantenga indebidamente plazas permanentes bajo modalidad temporal, 
eventual, fraccionada, simulada o contractual incurre en responsabilidad administrativa, civil 
o penal, sin perjuicio del reconocimiento de derechos del trabajador afectado.
Cuarta. Procedimientos en trámite 
Los procedimientos administrativos, concursos, evaluaciones, ascensos, promociones, 
reasignaciones, permutas, destaques, encargaturas, licencias, pagos, beneficios, procesos 
disciplinarios y solicitudes de cese iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se 
adecuan a sus disposiciones cuando resulten más favorables al docente o auxiliar de 
educación.
Quinta. Pago de compensación por tiempo de servicios, devengados y beneficios 
pendientes 
El Estado reconoce como obligación prioritaria el pago de compensación por tiempo de 
servicios, remuneraciones devengadas, encargaturas, asignaciones, bonificaciones, 
beneficios sociales, pensiones, intereses legales y demás derechos pendientes a favor de 
docentes, auxiliares, cesantes y jubilados.
El Ministerio de Educación, los gobiernos re gionales y el Ministerio de Economía y Finanzas 
aprueban un cronograma obligatorio, público y financiado para la cancelación progresiva de 
dichas obligaciones, priorizando a adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedad 
grave, cesantes, jubilados, deudos y trabajadores con mayor antigüedad de deuda.
Sexta. Regularización de encargaturas ejercidas antes de la vigencia de la ley 
Las encargaturas directivas, jerárquicas, especializadas, de coordinación, convivencia escolar, 
protección estudiantil o gestión institucional ejercidas a ntes de la entrada en vigor de la 
presente ley deben ser revisadas de oficio para reconocer el pago de asignaciones, 
bonificaciones, diferencias remunerativas, tiempo de servicios y mérito escalafonario que 
correspondan.
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La entidad está obligada a emitir el acto administrativo de cese y liqu idar compensación por 
tiempo de servicios, beneficios sociales, remuneraciones pendientes, encargaturas, 
asignaciones, devengados e intereses dentro del plazo legal. La falta de disponibilidad 
presupuestal no exonera el reconocimiento del derecho ni la obligación de programar su pago 
prioritario.
La adecuación normativa no puede afectar derechos adquiridos, derechos reconocidos, 
remuneraciones, compensación por tiempo de servicios, pensiones, beneficios sociales, 
estabilidad laboral, escalas, niveles, tiempo de servicios, nombramien tos, contratos, 
encargaturas, asignaciones, bonificaciones, procesos en trámite ni situaciones jurídicas 
consolidadas de docentes, auxiliares, cesantes o jubilados.
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La derogación no afecta derechos adquiridos, actos firmes, beneficios reconocidos, tiempo de 
servicios, escalas, niveles, remuneraciones, pensiones, compensación por tiempo de 
servicios, encarg aturas, asignaciones, bonificaciones, procedimientos en trámite ni 
situaciones jurídicas consolidadas. En caso de duda, prevalece la disposición más favorable 
a la dignidad, estabilidad, carrera, remuneración, protección social y seguridad j urídica del 
Magisterio Nacional. 
Lima, 08 de Julio de 2026
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
La presente iniciativa legislativa parte de una premisa esencial: no existe educación 
pública de calidad sin un Magisterio Nacional reconocido, protegido, profesionalizado y 
dignamente remunerado. La educación no puede ser entendida únicamente como un 
servicio administrativo ni como una prestación ordinaria del Estado, sino como una 
función pública de alto conten ido constitucional, social, cultural y humano, orientada a 
formar personas libres, responsables, críticas, solidarias, productivas y comprometidas 
con el desarrollo nacional. Desde esa perspectiva, el presente proyecto de ley propone 
un nuevo marco jurídic o integral para revalorar al docente y reconocer jurídicamente al 
auxiliar de educación como integrante indispensable del sistema educativo, respetando 
la naturaleza diferenciada de sus funciones.
La necesidad de una nueva ley se justifica porque la carre ra magisterial no puede 
reducirse a reglas dispersas sobre ingreso, evaluación o remuneración. Debe concebirse 
como un régimen integral de desarrollo profesional, estabilidad razonable, mérito, 
protección social, formación permanente, bienestar, seguridad jurídica y reconocimiento 
efectivo. La Recomendación relativa a la situación del personal docente, adoptada por la 
UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, constituye un referente 
internacional fundamental, pues reconoce que la condición del docente debe comprender 
formación inicial, perfeccionamiento, empleo, carrera, remuneración, seguridad social, 
derechos profesionales y condiciones adecuadas para el ejercicio de la enseñanza 
(UNESCO & OIT, 1966)1. Bajo dicha orientación, la presente propuesta de ley no se limita 
a modificar aspectos parciales del régimen vigente, sino que plantea una arquitectura 
normativa completa para fortalecer el Magisterio Nacional como columna vertebral del 
sistema educativo.
El presente proyecto de ley reconoce al doc ente como agente fundamental de la 
educación, autoridad pedagógica y profesional estratégico para el desarrollo del país. 
Esta afirmación no tiene únicamente valor declarativo, sino consecuencias jurídicas 
concretas. Reconocer al docente como autoridad ped agógica implica proteger su 
autonomía profesional, su capacidad de conducción del proceso de enseñanza, su 
función evaluadora, su labor tutorial, su intervención formativa y su derecho a ejercer la 
docencia sin interferencias arbitrarias. La autoridad pedagógica debe ejercerse dentro del 
respeto a la Constitución, los derechos fundamentales, el interés superior del estudiante 
y los fines de la educación, pero no puede ser debilitada por presiones indebidas, 
denuncias maliciosas, sobrecarga administrativa, p recariedad laboral o políticas 
educativas que desconozcan el rol central del maestro.