crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
nueva) 
Déficit Cualitativo (Viviendas inadecuadas) 1.3 millones de viviendas  
Hogares urbanos con déficit cuantitativo 2.6%  
Estimación de policías aportantes sin 
beneficio de vivienda 
82%  
Cuadro elaboración propia, según fuente de referencias. 
Es preciso mencionar que, el crecimiento de la informalidad urbana alcanza un aproximado del 
93% de la expansión en las últimas dos décadas, fomentando a los efectivos policiales a adquirir 
predios sin saneamiento físico legal en zonas de riesgo no mitigable ante posibles desastres 
naturales5. 
La presente iniciativa legislativa emerge de la necesidad imperiosa de modernizar el sistema de 
bienestar policial, permitiendo que, el efectivo policial pueda acceder a todas las propuestas de 
los programas de vivienda por parte del Estado y, no depender exclusivamente de la deficiente 
gestión inmobiliaria de su fondo, en tal sentido, permitirá que los aportes dinerarios que realizan 
el personal policial puedan integrarse al mercado formal de vivienda.
1.2. Crisis de gestión e ineficiencia institucional en FOVIPOL 
La justificación de la presente iniciativa legislativa no se basa sólo en cifras estadísticas, sino 
también en evidencia fáctica de una gestión institucional que ha defraudado la confianza del 
personal aportante, en este caso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. 
Las recientes investigaciones de la Contraloría de la República reflejan las irregularidades 
sistémicas sistémicas en la ejecución de proyectos inmobiliarios en regiones como Lambayeque 
y Piura. Proyectos como "La Purísima" y "Carlos Stein" en Chiclayo, o "Las Palmeras de San 
Pablo" en Piura, representan un perjuicio económico directo y una vulneración flagr ante al 
derecho de vivienda de cerca de 1,000 familias policiales6.
6 Fovipol favoreció a inmobiliarias con adelantos por más de S/ 34 ..., acceso: 
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/900117-fovipol-favorecio-a-inmobiliarias-con-
adelantos-por-mas-de-s-34-millones-pero-viviendas-para-policias-nunca-se-concluyeron
En estos casos, se detectó que FOVIP OL entregó adelantos millonarios superando los S/ 34 
millones a empresas inmobiliarias sin exigir las cartas fianza de fiel cumplimiento que manda la 
ley, aceptando en su lugar garantías hipotecarias sobrevaloradas hasta en un 500 por ciento. El 
resultado ha sido la paralización de obras, la entrega de casas inhabitables con graves fallas 
estructurales y el abandono de proyectos donde ni siquiera se colocó la primera piedra, a pesar 
de que los efectivos policiales ya habían comenzado a pagar la s cuotas correspondientes 
mediante descuentos en sus planillas.7
Resumen de Irregularidades Detectadas 
por la Contraloría (2024) 
Impacto / Hallazgo 
Adelantos otorgados sin cartas fianza de ley S/ 34,708,569  
Sobrevaloración de garantías hipotecarias 
(Piura) 
Tasación de S/ 25.6M vs. Valor real S/ 3.8M  
Viviendas unifamiliares no terminadas 
(Piura y Paita) 
680 unidades  
Perjuicio económico establecido en 
Lambayeque 
S/ 9,621,769  
Servidores con responsabilidad 
penal/administrativa 
20 individuos únicos  
Cuadro: Elaboración Propia, según referencias de fuente
En síntesis, es adecuado precisar que la ineficiencia se presenta en los procesos de selección 
interna. FOVIPOL implementó modalidades de “Adjudicación selectiva por invitación”, 
apartándose de los principios de transparencia y competencias de la Ley de Contrataciones con 
el Estado, favoreciendo a pósteres que no demostraron capacidad de contratación, solvencia 
económica, técnica, ni financiera, ni transparencia legal.
Esta incapacidad operativa se refleja también en los indicadores de calidad interna del fondo: el 
21% de las minutas de compraventa presentan observaciones y el 18% de los informes de 
tasación contienen errores críticos que retrasan la titulación de los  inmuebles8. Ante este 
escenario, la "integración estratégica" propuesta busca que FOVIPOL deje de ser un ejecutor de 
obras donde ha fracasado para convertirse en un apalancado financiero que permita al policía 
acceder a la oferta profesional y supervisada del sector privado a través del Fondo MIVIVIENDA.
1.3. El derecho a la propiedad y la naturaleza del aporte policial 
Un pilar fundamental de la técnica legislativa en materia de derechos sociales es el respeto a la 
propiedad y a la libre disponibilidad de la remuneración. El aporte al FOVIPOL, que actualmente 
representa el 3% de la remuneración consolidada del personal tras la reducción establecida por 
la Ley 31826 en 2023, ha sido tradicionalmente interpretado como un fondo de carácter solidario 
e intangible.9 Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha evolucionado para 
reconocer que esta restricción a la disponibilidad del salario solo es legítima si cumple 
efectivamente con su fin social.10 
En la sentencia recaída en el Expediente N° 02769 -2024-PA/TC, el máximo intérprete de la 
Constitución señaló que, si bien la obligatoriedad del aporte es constitucional para garantizar el 
acceso a la vivienda, el sistema debe garantizar que, si el afiliado  no recibe el beneficio, se le 
restituya su dinero con intereses al momento del retiro11. 
La presente propuesta legislativa tiene el objetivo que el personal policial pueda decidir el fin de 
sus aportes para obtener una vivienda de calidad a su libre . Si el policía es el dueño de sus 
aportes, debe tener la facultad de utilizarlos como capital semilla (cuota inicial) para adquirir una 
vivienda en el mercado libre, especialmente cuando el fondo institucional no le ofrece opciones 
viables o seguras. 
Este enfoque se sustenta en el precedente exitoso de la Ley 30478, que permite a los afiliados 
del Sistema Privado de Pensiones disponer de hasta el 25% de su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC) para el pago de la cuota inicial o la amortización de un crédito hipotecario 
de primer inmueble12. Dicha norma ha demostrado que la inyección de capital propio en el sector
9 Reglamento de la Ley 24686, fondo de vivienda policial y militar. FOVIPOL [DS 003 -2025-DE] | Jurispol, 
acceso:  https://jurispol.pe/reglamento-de-la-ley-24686-fondo-de-vivienda-policial-y-militar-fovipol-ds-003-
2025-de/
inmobiliario no solo facilita el acceso a la propiedad, sino que reduce el riesgo financiero de los 
hogares al disminuir el monto de los préstamos y los intereses devengados. El personal policial, 
que aporta mensualmente de manera obligatoria, merece un tratamiento equivalente que respete 
su derecho a elegir dónde y cómo vivir. 
1.4. El modelo de libertad de elección frente al monopolio de oferta 
El actual sistema de FOVIPOL impone un modelo de "oferta dirigida", donde el policía está 
supeditado a los proyectos que el fondo decide construir o a los préstamos que decide otorgar 
bajo sus propias condiciones 13. Esto limita la movilidad del personal y no considera las 
necesidades geográficas o familiares del efectivo, quien muchas veces es rotado a distintas 
regiones del país sin posibilidad de trasladar su beneficio habitacional. 
La integración con el Sistema Nacional de Vivienda y el Fondo MIVIVIENDA S.A. introduce la 
"libertad de elección habitacional". Bajo este nuevo paradigma, el policía califica como sujeto de 
crédito ante cualquier entidad del sistema financiero, utiliza sus aportes acumulados en FOVIPOL 
como cuota inicial y accede a los subsidios estatales como el Bono del Buen Pagador (BBP) y el 
Bono Familiar Habitacional (BFH) 14. Este modelo fomenta la competencia: las inmobiliarias 
privadas se verán incentivadas a ofrecer mejores productos a la familia policial, y FOVIPOL se 
verá obligado a profesionalizar su gestión para ser competitivo frente a la banca tradicional.15 
Comparativa de Modelos: 
FOVIPOL vs. Integración 
MIVIVIENDA 
Modelo Actual (FOVIPOL 
Directo) 
Modelo Propuesto 
(Integración Estratégica) 
Origen de la Oferta Proyectos propios limitados 
y dirigidos. 
Mercado inmobiliario 
nacional libre. 
Gestión de Riesgos FOVIPOL asume riesgo 
constructor y financiero. 
Entidades financieras y 
MIVIVIENDA asumen 
riesgo. 
Libertad del Policía Sujeta a sorteos o Total autonomía para elegir
disponibilidad de proyectos. ubicación y tipo de vivienda. 
Uso de Subsidios Difícil articulación con bonos 
estatales. 
Plena compatibilidad con 
BBP, BFH y Bono Verde. 
Transparencia Fondo común con visibilidad 
limitada. 
Cuentas individuales 
visualizables en tiempo real. 
Cuadro: Elaboración propia 
2. Descripción y análisis de la propuesta normativa 
2.1. Objeto y finalidad de la norma (Artículo 1) 
El objeto de la ley es facultar a los miembros de la PNP aportantes al FOVIPOL a disponer de 
sus aportes acumulados e intereses con un fin específico y excluyente: ser utilizados como cuota 
inicial o para la amortización de créditos hipotecarios bajo los programas del Fondo MIVIVIENDA. 
Esta disposición no debe interpretarse como una desnaturalización del fondo, sino como el 
cumplimiento optimizado de su finalidad. El fin último de FOVIPOL es que el policía tenga casa 
propia; si el fondo no puede construirla eficientemente, la ley habilita el mecanismo para que el 
policía la compre por su cuenta usando su capital ahorrado. 
La finalidad de la norma es doble: por un lado, fomentar la libertad de elección del efectivo policial, 
reconociendo su autonomía como ciudadano y consumidor financiero; y por otro, elevar la 
eficiencia en el uso de los fondos públicos y privados destinados a vivienda social, al canalizarlos 
a través de instituciones con mayor experticia técnica y regulatoria como el Fondo MIVIVIENDA 
y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
2.2. Modificaciones a la Ley N° 24686 (Artículo 2) 
La propuesta modifica los artículos 3, 10 y 22 de la ley orgánica de los fondos de vivienda militar 
y policial para dotarlos de flexibilidad y coherencia con el sistema financiero moderno. 
● Recursos Financieros (Art. 3):  Se incorpora el inciso j), que formaliza los fondos 
provenientes de convenios con MIVIVIENDA y el sistema financiero. Esto permite que FOVIPOL 
actúe como una entidad de segundo piso o como un garante, multiplicando su capacidad de 
impacto mediante alianzas estratégicas. 
● Destino de los Recursos (Art. 10):  Se explicitan dos nuevas funciones cruciales: 
transferir los aportes acumulados para el pago de la cuota inicial y el otorgamiento de garantías 
para el financiamiento habitacional a través de IFIs supervisadas por la SBS. Esto reduce el 
riesgo de FOVIPOL, ya que la evaluación de crédito y la supervisión del proyecto pasan a manos
de profesionales del sector financiero privado16. 
● Exclusión del Aporte (Art. 22):  Se introduce una cláusula de justicia distributiva: el 
policía queda excluido de seguir aportando obligatoriamente una vez que ha utilizado su fondo 
acumulado para adquirir una vivienda, salvo que desee hacerlo de manera voluntaria para 
mejoras. Esto elimina la figura del "aporte eterno" que ha sido cuestionada por vulnerar la 
propiedad privada, permitiendo que el efectivo disponga de ese 3% mensual para otros fines una 
vez satisfecha su necesidad habitacional. 
2.3. Mecanismo de transferencia y salvaguardas de intangibilidad (Artículos 3 y 4) 
El procedimiento establecido garantiza que el dinero no sea desviado para fines distintos a la 
vivienda. El personal policial debe calificar primero como sujeto de crédito ante una Institución 
Financiera (IFI). Solo con la carta de pre -aprobación del crédito hipotecario, FOVIPOL procede 
a la transferencia directa de los fondos a la entidad bancaria. 
Este diseño imita los controles de la Ley 30478 (AFP), donde el dinero nunca pasa por las manos 
del beneficiario, evitando el riesgo de consumo o malversación17. Además, el Artículo 4 reafirma 
el carácter de intangibilidad de los fondos transferidos hasta el momento de la firma de la escritura 
pública de compraventa, protegiendo el ahorro del policía frente a posibles embargos o 
contingencias durante el proceso de adquisición. 
2.4. Interoperabilidad con beneficios estatales (Artículo 5) 
Uno de los mayores aportes de la norma es que clarifica la compatibilidad de los fondos de 
FOVIPOL con los subsidios del Ministerio de Vivienda. Actualmente, existe confusión normativa 
sobre si un beneficiario de FOVIPOL puede recibir un bono del Estado. L a ley establece 
explícitamente que el uso de los aportes de FOVIPOL no excluye al personal policial de percibir 
el Bono del Buen Pagador (BBP) o el Bono Familiar Habitacional (BFH). 
Esto genera un efecto multiplicador: 
1. Aportes FOVIPOL (Ahorro propio) + 
2. Bono del Buen Pagador (Subsidio estatal) + 
3. Crédito MIVIVIENDA (Financiamiento a tasa preferencial) = 
4. Acceso real a una vivienda de calidad superior con una cuota mensual reducida. 
Para el año 2025, el Bono del Buen Pagador puede alcanzar hasta los S/ 27,400 para viviendas 
de interés social, lo cual, sumado a los aportes acumulados de un oficial o suboficial tras 10 o 15 
años de servicio, podría cubrir más del 20% o 30% del valor del inmueble, facilitando tasas de
interés más bajas y plazos más cómodos18. 
2.5. Implementación de cuentas individuales y transparencia (Artículo 6) 
La ley impone a FOVIPOL la obligación de implementar un sistema de gestión de cuentas 
individuales en un plazo máximo de 90 días. Este es un cambio de paradigma en la 
administración de fondos policiales. El modelo de "bolsa común" o fondo solidario absolut o ha 
servido históricamente para ocultar ineficiencias y desvíos de recursos. 
La cuenta individual permite: 
● Transparencia: El policía conoce exactamente cuánto ha aportado y cuánto ha ganado 
por rentabilidad. 
● Auditoría: Facilita la labor de la Contraloría y de los propios órganos de control interno 
para detectar faltantes o malversaciones. 
● Planificación: El efectivo puede proyectar en qué momento tendrá suficiente capital 
acumulado para calificar a un departamento de determinado valor, fomentando una cultura de 
ahorro y educación financiera.
3. Importancia de la propuesta.  
La presente ley, busca mejorar el modo de vida y, de la adquisición de una vivienda, modernizar 
el sistema de bienestar policial, permitiendo que, el efectivo policial pueda acceder a todas las 
propuestas de los programas de vivienda por parte del Estado y , no depender exclusivamente 
de la deficiente gestión inmobiliaria de su fondo, en tal sentido, permitirá que los aportes 
dinerarios que realizan el personal policial puedan integrarse al mercado formal de vivienda, es 
preciso fomentar la libertad de elección del efectivo policial, reconociendo su autonomía como 
ciudadano y consumidor financiero;  elevando la eficiencia en el uso de los fondos públicos y 
privados destinados a vivienda social, al canalizarlos a través de instituciones con mayor 
experticia técnica y regulatoria como el Fondo MIVIVIENDA y la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS).
18 Crédito Mivivienda: El Ministerio de Vivienda incrementa el Bono del Buen Pagador hasta S, acceso: 
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/1132702-credito-mivivienda-el-inisterio-de-vivienda-incrementa-el-
bono-del-buen-pagador-hasta-s-27-400
II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
La presente iniciativa legislativa no generará gasto alguno al Estado, ni vulnera el equilibrio 
financiero o la caja fiscal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 79° de la Constitución 
Política de1993: "Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar 
gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" ; toda vez que se ejecutará dentro 
del marco presupuestal de las instituciones involucradas, y por parte de la empresa privada 
siguiente los parámetros del Estado para su distribución y mejor empleabilidad,  mejoras en 
acceso a una vivienda,  no teniendo la necesidad de contar con presupuesto adicional para su 
cumplimiento.
La propuesta legislativa no contraviene ni altera la legislación nacional sobre la materia, ya que 
su objetivo facultar a los miembros de la Policía Nacional del Perú, aportantes al Fondo de 
Vivienda Policial (FOVIPOL), a disponer de sus aportes acumulados e intereses para ser 
utilizados como cuota inicial o amortización de créditos hipotecarios otorgados bajo los 
programas del Fondo MIVIVIENDA S.A., fomentando la libertad de elección habitacional y la 
eficiencia en el uso de los fondos públicos de vivienda.
IV. RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa legislativa se encuentra alineada con las siguientes políticas de Estado: 
II. Equidad y Justicia Social19 
11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, 
reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad 
social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de 
comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. 
La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren 
temporalmente de acciones afirmativas del Estado y  de la sociedad, aplicando políticas y 
estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, 
sociales y políticas para toda la población.
21. Desarrollo en infraestructura y vivienda20 
Nos comprometemos a desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, 
hacer al país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las 
condiciones necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. El Estado, en sus 
niveles nacional, regional y local, será el facilitador y regulador de estas actividades y fomentará 
la transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según el 
caso, al sector privado.
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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
INFORME DE ADMISIBILIDAD  
Proyecto de Ley 14829/2025-CR
2. ACTOS PROCEDIMENTALES 
• Ingreso a Trámite Documentario: 23 de junio de 2026 
• Decreto de envió por Consejo Directivo: 25 de junio de 2026 
• Grupo Parlamentario: Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Jiménez Heredia, David 
Julio.   
• Comisiones dictaminadoras: Trabajo y Seguridad Social (única comisión dictaminadora)
3. REQUISITOS FORMALES Y ESPECIALES 
3.1 Requisitos de presentación previstos en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
Requisitos Si/No 
1. Exposición de motivos Sí 
2. Antecedentes legislativos Sí 
3. Efectos de la vigencia de la norma Sí 
4. Análisis costo-beneficio Contiene una parte 
con dicho título.  
5. Fórmula legal Sí
Requisitos Si/No 
1. Grupo Parlamentario Sí 
2. No creación ni aumento de gasto público Se determinará durante el estudio y 
análisis 
3. No pueden versar sobre viajes del exterior 
de presidente, prorroga de estado de sitio, 
aprobación de tratados internacionales, 
autorización de ingreso de tropas 
extranjeras, declaración de guerra y firma de 
paz. 
No  
4. Consignar si tiene relación con el Acuerdo 
Nacional 
Sí  
5. Consignar si tiene relación con la Agenda 
Legislativa. 
No 
6. Creación o renovación de exoneraciones, 
beneficios o incentivos tributarios 
No  
7. Adecuación Constitucional No contraviene la parte dogmática 
durante el estudio y dictamen se 
analizará la compatibilidad.
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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES Y ESPECIALES (ARTÍCULO 77º DE REGLAMENTO 
DEL CONGRESO1) 
La iniciativa cumple generalmente con los requisitos de presentación de proposiciones de ley 
establecidos en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso , citados en el artículo 77 del 
referido reglamento.
1 Artículo 77º del Reglamento del Congreso de la República, Cuarto párrafo 
“.... La Comisión competente califica la admisibilidad de los proyectos de ley, verificando que la proposición cumpla con 
lo establecido en los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso, así como su compatibilidad constitucional, estando 
facultada pa ra rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la 
Oficialía Mayor. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto.” 
Acuerdo de Mesa N. º 011-2005-2006-MESA, numeral 2. 
“Las funciones y responsabilidades del secretario técnico y del Especialista Parlamentario son las siguientes: […]. 
2) Análisis de la admisibilidad de las iniciativas. - Calificación del estado procesal de las iniciativas bajo competencia de 
la Comisión, indicando la adecuación y cumplimiento de los requisitos de admisibilidad o procedibilidad de las iniciativas 
legislativas según la Constitución, el Reglamento del Congreso y las leyes vigentes. […]”
RU: 2354886
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                                                  Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
www.congreso.gob.pe                                       Psje. Simón Rodríguez s/n - Cercado de Lima 
                         Teléfono: (01) 311-7777 Anexos: 7780 - 7781 - 4812
2. PROCESO   
• Fecha de Ingreso a Trámite Documentario: 23 de junio de 2026 
• Fecha de Ingreso a la Comisión: 25 de junio de 2026 
• Proponente: Grupo Parlamentario Perú Libre, señor Waldemar José Cerrón Rojas  
• Orden de envío como primera y única comisión dictaminadora a la Comisión 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado
De la revisión realizada de la iniciativa legislativa 14831/2025-CR, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, es 
posible afirmar que se cumplen los requisitos establecidos para la presentación de este 
tipo de propuestas legislativas; dado que contiene una expo sición de motivos que 
describe la problemática y el fundamento técnico de la propuesta de norma; cuenta con 
el análisis de impacto cuantitativo o cualitativo de la norma y analiza el impacto de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional.
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                                                  Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
www.congreso.gob.pe                                       Psje. Simón Rodríguez s/n - Cercado de Lima 
                         Teléfono: (01) 311-7777 Anexos: 7780 - 7781 - 4812
2. PROCESO   
• Fecha de Ingreso a Trámite Documentario: 23 de junio de 2026 
• Fecha de Ingreso a la Comisión: 25 de junio de 2026 
• Proponente: Grupo Parlamentario  Acción Popular , señor Pedro Edwin Martínez 
Talavera 
• Orden de envío : como primera comisión dictaminadora a la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado ; y como segunda comisión dictaminadora a la Comisión de Vivienda y 
Construcción
De la revisión realizada de la iniciativa legislativa 14833/2025-CR, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, es 
posible afirmar que se cumplen los requisitos establecidos para la presentación de este 
tipo de propuestas legislativas; dado que contiene una expo sición de motivos que 
describe la problemática y el fundamento técnico de la propuesta de norma; cuenta con 
el análisis de impacto cuantitativo o cualitativo de la norma y analiza el impacto de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional.
RU: 2354886
=====ARCHIVO Separator=====
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                                                  Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
www.congreso.gob.pe                                       Psje. Simón Rodríguez s/n - Cercado de Lima 
                         Teléfono: (01) 311-7777 Anexos: 7780 - 7781 - 4812