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Antes del traslado físico del material electoral, la ONPE garantiza la digitalización del 
acta electoral en el local de votación, centro autorizado de transmisió n, oficina 
descentralizada, sede consular o punto oficial habilitado. 
Todo traslado debe contar con identificación del responsable, fecha, hora, ruta, medio 
de transporte, constancia de recepción, estado del material y registro de incidencias. 
Cualquier pérdida, sustitución, apertura indebida, demora injustificada, falta de registro, 
ausencia de responsable identificado o ruptura de cadena de custodia debe ser 
comunicada inmediatamente al Jurado Electoral Especial, al JNE, a la ONPE y al 
Ministerio Públic o, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que correspondan.
Artículo 301-B. Bitácora electoral digital y auditoría de trazabilidad 
La ONPE implementa una bitácora electoral digital obligatoria para registrar cada 
acceso, modificación, transmisión, recepción, observación, corrección, validación o 
anulación vinculada a actas electorales, incidencias, resultados y material electoral 
digitalizado. 
La bitácora debe contener fecha, hora, usuario, dependencia, acción realizada, 
documento afectado y sustento correspondiente. 
La eliminación, alteración, ocultamiento o manipulación de la bitácora electoral digital 
constituye infracción grave y debe ser comunicada al Ministerio Público. 
La ONPE, bajo fiscalización del JNE, garantiza auditorías técnicas independientes 
antes, durante y después del proceso electoral respecto de los sistemas de 
digitalización, transmisión, consolidación, cómputo, publicación de resultados, 
trazabilidad de actas, bitácoras digitales y seguridad informática. 
Los informes de auditoría deben ser publicados en el portal institucional 
correspondiente, salvo información estrictamente reservada por razones de seguridad 
electoral debidamente sustentadas.
Artículo 301 -C. Alertas electorales graves y actuación inmed iata de las 
autoridades 
Cuando durante la jornada electoral, escrutinio, digitalización, transmisión, acopio, 
traslado, procesamiento o publicación de actas se adviertan hechos que puedan 
constituir alteración de la voluntad popular, manipulación de actas,  sustitución de 
material electoral, ruptura de cadena de custodia, vulneración del voto secreto, 
violencia, coacción, corrupción funcional electoral o manipulación informática, la 
ONPE, el JNE, el Jurado Electoral Especial, el Ministerio Público o la autor idad 
competente deben activar una alerta electoral grave. 
La alerta electoral grave debe registrarse en el Portal de Transparencia Electoral, 
identificando la mesa, local, circunscripción, sede consular, hecho advertido, autoridad 
que reporta, medidas adop tadas y estado de atención, sin revelar datos personales 
protegidos ni afectar el secreto del voto. 
Activada la alerta electoral grave, la autoridad competente debe adoptar medidas 
inmediatas de verificación, preservación de evidencia, protección del material electoral, 
custodia del acta, suspensión preventiva del procesamiento cuando corresponda, 
intervención fiscal y comunicación a los personeros acreditados.
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La omisión injustificada de activar, registrar o atender una alerta electoral grave genera 
responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a ley.
Artículo 301-D. Auditoría técnica independiente del sistema electoral digital 
La ONPE, bajo fiscalización del JNE, garantiza auditorías técnicas independientes del 
sistema electoral digital antes, du rante y después de cada proceso electoral, 
referéndum o consulta popular. 
La auditoría comprende, como mínimo, la revisión del software de digitalización, 
transmisión, consolidación, cómputo, publicación de resultados, gestión de usuarios, 
control de accesos, bitácoras digitales, respaldo de información, trazabilidad de actas, 
seguridad informática, continuidad operativa y mecanismos de contingencia. 
Los personeros técnicos acreditados pueden participar en las sesiones de verificación 
técnica, formular obse rvaciones, solicitar constancias, acceder a reportes no 
reservados y contrastar la correspondencia entre las actas electorales digitalizadas y 
los resultados procesados. 
Toda modificación, actualización, mantenimiento, migración, reinicio, contingencia o 
intervención técnica en el sistema electoral digital debe quedar registrada en la 
bitácora electoral digital, indicando fecha, hora, usuario, dependencia, acción 
realizada, motivo, autorización y sustento técnico. 
Los informes de auditoría deben publicarse en el Portal de Transparencia Electoral 
antes de la proclamación de resultados, salvo la información estrictamente reservada 
por razones de seguridad informática debidamente motivadas.”
Artículo 5. Incorporación de los artículos 359 -A, 359-B, 359-C, 359-D y 359-E al Código 
Penal 
Incorpóranse los artículos 359 -A, 359 -B, 359 -C, 359 -D y 359 -E al Código Penal, en los 
siguientes términos:
“Artículo 359 -A. Omisión dolosa o por negligencia grave frente a incidencias 
electorales 
El miembro de mesa, funcionario electoral, coordinador electoral, funcionario consular, 
efectivo policial, fiscal o cualquier autoridad que, teniendo conocimiento efectivo de 
una incidencia electoral que comprometa la autenticidad, libertad, seguridad, 
trazabilidad o transparencia del su fragio y actuando con dolo o negligencia grave, 
omita injustificadamente verificar, documentar, registrar, custodiar, comunicar o 
adoptar las medidas previstas por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al artículo 36 del 
Código Penal. 
No constituye delito el error material involuntario, la equivocación excusable, la 
imposibilidad material de actuación o la omisión derivada de caso fortuito o fuerza 
mayor, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.
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candidato, fórmula, lista o alternativa sometida a consulta popular, la pena será no 
menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme al artículo 36 del 
Código Penal.
Artículo 359-C. Corrupción funcional electoral 
El miembro de mesa, funcionario electoral, coordinador electoral, funcionario consular, 
efectivo policial o cualquier autoridad vinculada al proceso electoral que solicite, reciba, 
acepte o acuerde recibir directa o indirectamente dinero, beneficio, ventaja o promesa 
para omitir el cumplimiento de sus funciones electorales, alterar el proceso electoral, 
vulnerar la cadena de custodia o encubrir incidencias que afecten la autenticidad del 
sufragio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de 
veinte años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal.
Artículo 359-D. Alteración de actas, registros o sistemas electorales digitales 
El que altera, sustituye, elimina, oculta, manipula, duplica, modifica o incor pora 
indebidamente actas electorales, imágenes digitalizadas, archivos de transmisión, 
registros de trazabilidad, bitácoras digitales, bases de datos electorales o resultados 
procesados, con capacidad de afectar la autenticidad del sufragio o la voluntad popular, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. 
Si el agente es funcionario electoral, funcionario consular, miembro de mesa, 
coordinador electoral, servidor público, proveedor tecnológico, operador informático o 
persona con acceso autorizado al sistema electoral, la pena será no menor de diez ni 
mayor de veinte años e inhabilitación. 
No constituye delito la corrección técnica autorizada, documentada, t razable y 
sustentada en el acta electoral o en resolución motivada de la autoridad electoral 
competente.
Artículo 359-E. Vulneración del secreto del voto 
El que, durante un proceso electoral, referéndum o consulta popular, mediante 
violencia, amenaza, engaño, abuso de autoridad, uso indebido de tecnología, registro 
fotográfico, audiovisual, digital o cualquier otro medio, revele, capture, condicione, 
identifique o pretenda identificar el sentido individual del voto de un elector, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e 
inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal. 
La pena será no menor de seis ni mayor de diez años si el agente es miembro de 
mesa, funcionario electoral, funcionario consular, efectivo policial, fiscal, servidor 
público, personero, observador electoral, proveedor tecnológico, operador informático 
o persona con acceso autorizado al material electoral o al sistema electoral. 
No constituye delito el registro fotográfico o audiovisual de actos públicos del proceso 
electoral, tales como instalación de mesa, cierre de votación, escrutinio, llenado de 
actas, digitalización del acta, lacrado, custodia o traslado del material electoral, 
siempre que no permita identificar el sentido individual del voto de una persona.”.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Reglamentación 
La ONPE, el JNE, el RENIEC, el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en el marco de sus competencias, aprueban las disposiciones reglamentarias necesarias para 
la aplicación de la presente ley dentro de los noventa días calendario siguientes a su entrada 
en vigencia. 
La falta de reglamentación no impide la aplicación inmediata de las disposiciones de la 
presente ley que resulten autoaplicativas.
SEGUNDA. Digitalización obligatoria y publicación de actas electorales 
La ONPE adopta las medidas técnicas, presupuestales, logísticas y operativas necesarias 
para garantizar la digitalización, transmisión y publicación de las actas electora les el mismo 
día de la elección, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 
En casos excepcionales debidamente justificados, la publicación puede realizarse dentro del 
plazo máximo de veinticuatro horas de concluido el escrutinio, dejando constancia pública de 
las razones que impidieron la publicación inmediata.
TERCERA. Portal de Transparencia Electoral 
La ONPE implementa el Portal de Transparencia Electoral, que permite el acceso público, 
progresivo y verificable a las actas electorales, inci dencias, observaciones, impugnaciones, 
resoluciones, trazabilidad del material electoral, bitácoras digitales y auditorías técnicas, 
respetando el secreto del voto y la protección de datos personales.
CUARTA. Protocolo especial para el voto en el extranjero 
La ONPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores aprueban un protocolo especial de 
seguridad, digitalización, transmisión, traslado, custodia, publicación y fiscalización del voto 
de peruanos residentes en el extranjero, con participación del JNE y meca nismos de 
intervención del Ministerio Público. 
El protocolo debe garantizar que las actas electorales del extranjero sean digitalizadas y 
transmitidas el mismo día de la elección, antes del traslado físico del material electoral.
QUINTA. Capacitación obligatoria 
La ONPE incorpora obligatoriamente en la capacitación de miembros de mesa, coordinadores 
electorales, personal de apoyo, funcionarios consulares y demás actores electorales los 
procedimientos de atención de incidencias, protección de actas, cadena de custodia, 
digitalización, transmisión, publicación, voto en el extranjero y responsabilidades reguladas 
en la presente ley.
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Las auditorías deben realizarse antes, durante y después del proceso electoral, y sus 
resultados deben ser publicados en el portal institucional correspondiente, salvo información 
estrictamente reservada por razones de seguridad electoral debidamente sustentadas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley parte de una premisa esencial para todo Estado constitucional 
democrático: el voto ciudadano no solo debe ser libre y secreto, sino también auténtico, 
seguro, trazable y verificable. La legitimidad de una elección no se agota en la realización 
formal de la jornada electoral, sino que exige que cada etapa del proceso —desde la 
preparación del material electoral hasta la proclamación de resultados — asegure que la 
voluntad popular no sea sustituida, alterada, manipulada ni debilitada por omisiones 
funcionales, fallas tecnológicas, ruptura de cadena de custodia, interferencias indebidas 
o actos de corrupción electoral.
La democracia representativa requiere que los ciudadanos tengan una posibilidad real de 
participar en la  elección de sus autoridades bajo reglas iguales, transparentes y 
confiables. Robert Dahl sostiene que una democracia exige instituciones que permitan la 
participación efectiva, la igualdad de voto y el control ciudadano sobre las decisiones 
públicas (Dahl, 1989) 1. Desde esta perspectiva, la presente iniciativa legislativa se orienta 
a reforzar el núcleo democrático del sufragio, garantizando que el voto emitido por el 
ciudadano sea respetado en su integridad, desde el acto individual de votación hasta su 
reflejo exacto en el acta electoral y en el resultado oficial.  La experiencia comparada 
demuestra que la integridad electoral no depende únicamente de la existencia de 
elecciones periódicas, sino de la calidad institucional de todo el proceso electoral. L a 
Comisión de Venecia ha señalado que el sufragio democrático requiere condiciones de 
universalidad, igualdad, libertad, secreto y carácter directo, junto con garantías 
procedimentales que permitan proteger la autenticidad del resultado electoral (Comisión  
de Venecia, 2002)  2. En esa línea, la presente propuesta de ley busca fortalecer la Ley 
Orgánica de Elecciones mediante reglas expresas sobre trazabilidad del material 
electoral, seguridad del acta, digitalización inmediata, publicación verificable, fiscalización 
de personeros, voto en el extranjero, cadena de custodia y control tecnológico.
El problema que aborda la presente iniciativa legislativa no se limita a la posibilidad de 
fraude directo en la emisión del voto. También comprende los riesgos posteriores que 
pueden afectar la voluntad popular, tales como la alteración de actas, la digitación 
irregular de resultados, la falta de publicación oportuna de imágenes de actas, la pérdida 
o sustitución de material electoral, la ruptura de cadena de cus todia, la ausencia de 
bitácoras digitales, la falta de auditorías técnicas independientes y la insuficiente 
respuesta frente a incidencias graves. La observación electoral internacional ha 
destacado que la confianza en una elección depende de que el proces o sea verificable, 
transparente y sujeto a control efectivo durante todas sus etapas, no solo durante el día 
de la votación (OSCE/ODIHR, 2010) 3.
1 Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press . 
2 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. (2002). *Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report*. Council 
of Europe. 
3 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. (2010). *Election observation handbook* (6th ed.). OSCE/ODIHR .
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En ese sentido, la presente propuesta de ley introduce un enfoque preventivo, correctivo 
y sancionador. Preve ntivo, porque exige trazabilidad del material electoral antes del 
sufragio, acta cero del sistema informático, mecanismos de seguridad física y digital, 
auditoría técnica y capacitación obligatoria. Correctivo, porque regula la actuación 
inmediata frente a  incidencias, alertas electorales graves, diferencias entre el acta 
digitalizada y los datos ingresados al sistema, así como la publicación de información 
verificable. Sancionador, porque incorpora nuevos tipos penales destinados a reprimir la 
omisión dolosa o gravemente negligente frente a incidencias electorales, la corrupción 
funcional electoral, la alteración de actas o sistemas digitales y la vulneración del secreto 
del voto. La seguridad del voto no debe entenderse como una declaración formal, sino 
como un conjunto de garantías materiales que permitan verificar que el resultado electoral 
corresponde fielmente a la voluntad ciudadana. Pippa Norris advierte que la integridad 
electoral resulta decisiva porque las elecciones defectuosas deterioran la conf ianza 
pública, reducen la legitimidad de las autoridades y pueden agravar la conflictividad 
política (Norris, 2014) 4. Por ello, el presente proyecto de ley plantea que el acta electoral 
sea digitalizada el mismo día de la elección, antes del traslado físico del material electoral, 
y que su imagen sea publicada de manera oportuna para permitir la comparación entre 
el acta emitida en mesa, el dato digitado y el resultado procesado.
La presente iniciativa legislativa también atiende una dimensión especialmen te sensible: 
el voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Este voto tiene el mismo 
valor democrático que el emitido en el territorio nacional y, por tanto, requiere garantías 
reforzadas de digitalización, transmisión, custodia, fiscaliza ción y publicación. La 
distancia geográfica, la intervención de oficinas consulares, la logística internacional y el 
traslado físico del material electoral hacen indispensable establecer obligaciones precisas 
para evitar vacíos de responsabilidad, demoras injustificadas o pérdida de trazabilidad. 
La protección del voto extranjero exige que las actas sean digitalizadas y transmitidas el 
mismo día de la elección, con constancia de responsables, presencia de personeros y 
mecanismos de contingencia.
La presente propuesta de ley no sustituye el voto físico ni vulnera el secreto del sufragio. 
Por el contrario, distingue claramente entre el acto individual de votar, que debe 
mantenerse absolutamente reservado, y el acta electoral, que debe ser pública, 
verificable y trazable. La digitalización no debe comprender la cédula marcada por el 
elector ni permitir identificar el sentido individual del voto. Solo debe alcanzar el acta 
electoral, como documento público que refleja el escrutinio realizado en mesa. Esta 
distinción protege simultáneamente el secreto del voto y la transparencia del resultado.
Desde la perspectiva de la justicia electoral, una democracia requiere mecanismos 
eficaces para prevenir, corregir y sancionar irregularidades que puedan afectar la 
autenticidad del sufragio. International IDEA sostiene que un sistema de justicia electoral 
efectivo es indispensable para asegurar procesos libres, justos y genuinos, porque 
permite resolver controversias, proteger derechos políticos y preservar la confianza 
pública en los resultados (International IDEA, 2010)  5. Bajo ese criterio, la presente
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iniciativa legislativa complementa la reforma electoral con modificaciones al Código Penal, 
a fin de que las obligaciones de transparencia, custodia y trazabilidad no quede n como 
mandatos declarativos, sino como deberes exigibles con responsabilidad penal cuando 
se afecte gravemente la voluntad popular.
La presente propuesta de ley busca consolidar una arquitectura normativa de protección 
integral del voto ciudadano. Su objetivo no es generar una carga burocrática innecesaria 
sobre el proceso electoral, sino asegurar que cada fase tenga responsables identificables, 
registros verificables, publicidad suficiente, control ciudadano, fiscalización partidaria, 
intervención institucional y consecuencias jurídicas frente a actos u omisiones graves. La 
confianza democrática se fortalece cuando el ciudadano puede saber que su voto fue 
emitido en secreto, contado públicamente, registrado correctamente, digitalizado 
oportunamente, custodiado con seguridad y publicado de manera transparente.
 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
1. Constitución Política. 
2. Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 
3. Ley N.° 31764, Ley que incorpora el Título Preliminar a la Ley N.° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones. 
4. Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 
5. Ley N.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
6. Ley N.° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
7. Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
8. Decreto Legislativo N.° 635, Código Penal. 
9. Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. 
10. Ley N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
11. Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
12. Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
13. Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital. 
14. Decreto Supremo N.° 029 -2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N.° 
1412, Ley de Gobierno Digital. 
15. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
16. Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
17. Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
La presente iniciativa legislativa se sustenta en la necesidad de fortalecer la confianza 
ciudadana en el sistema electoral, garantizando que el voto emitido por cada ciudadano 
sea protegido antes, durante y después de la jornada electoral. La democracia no se 
agota en la realización periódica de elecciones, sino que exige que estas se desarrollen 
bajo condiciones reales de libertad, igualdad, secreto, autenticidad, transparencia y 
verificabilidad. En esa línea, el presente proyecto de ley busca  cerrar los espacios de 
riesgo que pueden afectar la voluntad popular mediante mecanismos de trazabilidad,
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digitalización oportuna, publicidad de actas, cadena de custodia, fiscalización efectiva y 
sanción frente a actos u omisiones que comprometan la integridad del sufragio.