crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La presente propuesta de ley es compatible con la sostenibilidad fiscal y la 
programación presupuestal porque no desconoce la necesidad de implementación 
progresiva, programación multianual y disponibilidad presupuestaria. El 
reconocimiento de derechos remunerativos, previsionales, CTS, bonificaciones, 
asignaciones, bienestar, salud ocupacional, vivienda, protección en zonas de riesgo y 
nombramiento progresivo requiere financiamiento responsable. Sin embargo, la 
sostenibilidad fiscal no  puede ser invocada como fórmula general para vaciar de 
contenido los derechos fundamentales y sociales. La constitucionalidad de la iniciativa 
se fortalece cuando distingue entre el reconocimiento normativo del derecho, la 
programación ordenada de su impl ementación y la prohibición de desconocer 
obligaciones firmes, devengados, mandatos administrativos o judiciales. Este 
equilibrio permite que el Estado avance progresivamente sin utilizar la falta de 
presupuesto como excusa para perpetuar precariedad, omis ión de pagos o 
incumplimiento de derechos reconocidos.
La sostenibilidad fiscal debe ser entendida como una regla de responsabilidad pública, 
no como una cláusula de regresión social. Por ello, el presente proyecto de ley prevé 
financiamiento progresivo, programación anual, responsabilidad de los titulares de 
pliego, priorización de obligaciones laborales y previsionales, cronogramas de pago y 
mecanismos de transparencia. Este diseño evita que la norma sea presentada como 
una carga presupuestal inmediata e inejecutable, pues permite una implementación 
escalonada y técnicamente planificada. Al mismo tiempo, impide que la progresividad 
se convierta en postergación indefinida. La compatibilidad constitucional se encuentra 
precisamente en ese punto de equilibrio: reconocer derechos, ordenar prioridades, 
exigir programación, proteger obligaciones laborales y asegurar que la política fiscal 
se subordine a la dignidad de la persona y al derecho fundamental a la educación.
La presente iniciativa legislativa resulta compatible con el interés superior del 
estudiante porqu e toda su estructura normativa está orientada a mejorar las 
condiciones del servicio educativo. La protección del docente y del auxiliar no se 
formula en oposición al estudiante, sino como una garantía indirecta y necesaria de su 
derecho a una educación in tegral, segura, inclusiva y de calidad. Un docente con 
formación sólida, autoridad pedagógica protegida, estabilidad razonable, 
remuneración digna, capacitación continua, salud ocupacional y defensa frente a 
agresiones puede ejercer mejor su función educat iva. Un auxiliar capacitado, 
reconocido y protegido contribuye a una convivencia escolar más segura, al cuidado 
de los estudiantes, al control de riesgos, a la disciplina formativa, a la inclusión y a la
--- Página 172 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  172 
prevención de violencia. De este modo, la dignificac ión del Magisterio Nacional 
fortalece el entorno formativo del estudiante.
El interés superior del estudiante también se protege mediante la prohibición de 
sustitución indebida de la función docente. La presente propuesta de ley impide que, 
por razones de  ahorro presupuestal, improvisación administrativa o ausencia de 
plazas, se utilice al auxiliar de educación para reemplazar al docente en planificación 
curricular, conducción regular de clases o evaluación académica. Esta prohibición es 
constitucionalmente relevante porque garantiza que el estudiante reciba enseñanza 
por profesionales habilitados y que el auxiliar cumpla funciones de apoyo educativo 
conforme a su naturaleza. La iniciativa no debilita la calidad educativa; la ordena, la 
profesionaliza y la protege frente a prácticas informales que terminan perjudicando al 
educando.
La legalidad de la presente propuesta de ley también se expresa en su respeto al 
debido procedimiento, a la motivación de los actos administrativos, a la transparencia 
de concurs os, a la publicidad de plazas, al acceso al expediente, al derecho de 
contradicción y a la impugnación. Estos elementos son indispensables para evitar 
arbitrariedades en nombramientos, contratos, ascensos, promociones, reasignaciones, 
encargaturas, evaluaciones y procedimientos disciplinarios. La creación de un Sistema 
Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial permite otorgar 
trazabilidad, publicidad y valor oficial a la información vinculada a plazas, escalafón, 
pagos, beneficios, sancion es firmes, ceses y jubilaciones. Esta arquitectura 
institucional fortalece la seguridad jurídica, reduce espacios de corrupción y permite 
control administrativo, judicial, parlamentario y ciudadano.
El régimen disciplinario propuesto también respeta la co nstitucionalidad y legalidad 
porque se estructura sobre los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, 
presunción de inocencia, debido procedimiento, motivación suficiente y derecho de 
defensa. La potestad sancionadora del Estado no puede operar  sobre imputaciones 
genéricas, denuncias sin sustento, criterios subjetivos o represalias institucionales. La 
clasificación de faltas leves, graves y muy graves permite graduar la respuesta estatal 
conforme a la entidad del hecho, daño producido, intencionalidad, reiterancia, contexto 
y responsabilidad funcional. A su vez, la regulación de denuncias falsas o maliciosas 
protege la dignidad del docente y del auxiliar sin impedir la investigación de hechos 
reales ni la adopción de medidas urgentes cuando exista riesgo para estudiantes.
Desde una perspectiva garantista, el presente proyecto de ley se justifica porque 
convierte derechos en garantías institucionales efectivas. Ferrajoli sostiene que el 
constitucionalismo de los derechos exige que las normas no se  limiten a proclamar 
valores, sino que establezcan garantías primarias y secundarias capaces de limitar el 
poder y proteger a los sujetos frente a la arbitrariedad (Ferrajoli, 1999) 45. En esa línea, 
la presente iniciativa legislativa no solo declara la dignidad del Magisterio Nacional, 
sino que crea mecanismos concretos para hacerla exigible: escalafón, concursos
--- Página 173 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  173 
públicos, cuadros de mérito, defensa legal, bonificaciones, protección en zonas de 
riesgo, reconocimiento de tiempo de servicios, estabilidad r azonable, sistema de 
información, control de plazas, régimen disciplinario garantista y reglas de no 
regresividad.
La constitucionalidad de la presente propuesta de ley se refuerza porque armoniza 
derechos laborales, educación de calidad, mérito, igualdad , sostenibilidad fiscal y 
protección del estudiante. No plantea una visión aislada del docente ni del auxiliar, 
sino una comprensión integral del servicio educativo como sistema. La carrera 
magisterial no puede evaluarse solo desde el gasto público, ni sol o desde la 
administración de personal, ni solo desde el rendimiento estudiantil. Debe analizarse 
como una garantía institucional del derecho a la educación. Por ello, la presente 
iniciativa legislativa se ubica dentro de los márgenes constitucionales del C ongreso y 
desarrolla una política legislativa legítima, razonable y necesaria para revalorar al 
Magisterio Nacional, ordenar la carrera pública educativa, combatir la precarización, 
fortalecer el mérito y asegurar que el estudiante reciba un servicio educa tivo digno, 
profesional, seguro y de calidad.
 INCIDENCIA EN IGUALDAD, INCLUSIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES  
La presente iniciativa legislativa tiene una incidencia directa en la igualdad, la inclusión 
y la protección de derechos fundamentales, porque no se limita a regular una relación 
laboral ordinaria, sino que reorganiza jurídicamente las condiciones bajo las cuales el 
Estado garantiza el derecho a la educación mediante la dignificación del docente y del 
auxiliar de educación. Desde esta perspectiva, el presente proyecto de ley parte de 
una idea esencial: no existe igualdad educativa real si quienes sostienen diariamente 
el servicio educativo trabajan bajo precariedad, desprotección, inestabilidad, 
discriminación, sobrecarga funcional o ausencia de reconocimiento profesional. La 
igualdad de oportunidades no puede entenderse solo como acceso formal a una plaza, 
a un concurso o a una institución educativa, sino como la existencia de condiciones 
materiales, profesionales, remunerativas, territoriales y sociales que permitan a cada 
integrante del Magiste rio Nacional desarrollar efectivamente sus capacidades y 
cumplir su función pública con dignidad. Esta orientación se vincula con el enfoque de 
capacidades, según el cual la justicia no debe evaluarse únicamente por la existencia 
abstracta de derechos, sino por las oportunidades reales que tienen las personas para 
ser y hacer aquello que valoran en condiciones de libertad sustantiva (Sen, 1999)  46.
Bajo esa lógica, la presente propuesta de ley fortalece la igualdad de oportunidades 
porque busca corregir desigualdades estructurales que históricamente han afectado a 
docentes y auxiliares de educación en el ingreso, nombramiento, ascenso, promoción, 
remuneración, capacitación, desplazamientos, protección institucional y jubilación. La 
regulación de concursos  públicos transparentes, cuadros de mérito, publicidad 
obligatoria de plazas, escalafón digital, registro de contratados y prohibición de 
manipulación u ocultamiento de vacantes tiene un impacto igualador, porque reduce 
espacios de arbitrariedad, favoritis mo, discriminación, clientelismo o informalidad
--- Página 174 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  174 
administrativa. En términos prácticos, la igualdad deja de ser una declaración general 
y se convierte en una garantía procedimental y material: todos los postulantes deben 
conocer las reglas, competir bajo criterios objetivos, acceder a información verificable, 
impugnar decisiones irregulares y obtener reconocimiento de sus méritos reales. Con 
ello, el presente proyecto de ley protege no solo el derecho al trabajo y a la carrera 
pública, sino también el princi pio de mérito, la interdicción de la arbitrariedad y el 
derecho fundamental a la educación de los estudiantes, quienes requieren docentes y 
auxiliares seleccionados por idoneidad y no por decisiones discrecionales.
La incidencia en docentes y auxiliares m ujeres es particularmente relevante, porque 
la labor educativa en el Perú y en América Latina tiene una alta presencia femenina, 
especialmente en educación inicial, educación primaria, educación especial y 
funciones de cuidado, acompañamiento, convivencia y apoyo educativo. La presente 
iniciativa legislativa reconoce jurídicamente tareas que muchas veces han sido 
invisibilizadas por estar asociadas socialmente al cuidado, la protección, la asistencia, 
la contención emocional y la formación cotidiana de niña s, niños y adolescentes. Al 
incorporar al auxiliar de educación dentro del Magisterio Nacional, reconocer su 
carrera especial, garantizar remuneración progresiva, capacitación, protección 
institucional, seguridad social, bienestar y jubilación digna, se co rrige una forma de 
desigualdad indirecta que afecta con mayor intensidad a las mujeres que cumplen 
labores de apoyo educativo, sobre todo en educación inicial y contextos de 
vulnerabilidad. La teoría de la interseccionalidad permite comprender que la 
discriminación no opera de manera aislada, sino mediante la acumulación de factores 
como género, condición laboral, territorio, pobreza, lengua, discapacidad o 
pertenencia cultural; por ello, una regulación magisterial protectora debe atender esas 
formas combinadas de desventaja (Crenshaw, 1989) 47.
El presente proyecto de ley también impacta favorablemente en las docentes y 
auxiliares mujeres al reconocer licencias, salud ocupacional, protección frente a 
violencia, hostigamiento, amenazas, denuncias maliciosas, represalias, afectación por 
maternidad, cuidado familiar, lactancia, riesgos psicosociales y sobrecarga laboral. 
Estas garantías son fundamentales porque la igualdad de género en el sector 
educativo no se alcanza únicamente permitiendo el acceso de muj eres al empleo 
docente o auxiliar, sino asegurando que su permanencia, ascenso, capacitación, 
estabilidad y retiro no sean afectados por factores familiares, maternidad, violencia, 
discriminación o prácticas institucionales que penalizan el cuidado. La pre sente 
propuesta de ley, al prohibir el cese arbitrario, la reducción remunerativa, la no 
renovación discriminatoria, el desplazamiento abusivo y la afectación de derechos por 
razones ajenas al mérito, fortalece la igualdad material de las mujeres dentro de l 
Magisterio Nacional.
--- Página 175 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  175 
discriminación. La propuesta permite una lectura constitucionalmente adecuada: la 
idoneidad para el cargo debe evaluarse en relación con las funciones efectivas, los 
ajustes razonables posibles, la accesibilidad, la capacitación, el soporte institucional y 
la eliminación de barreras. Desde un enfoque de dignidad humana, el problema no se 
encuentra en la discapacidad como condición personal, sino en las barreras jurídicas, 
administrativas, físicas, tecnológicas y culturales que impiden ejer cer derechos en 
igualdad. Esta mirada coincide con el enfoque de capacidades, que coloca en el centro 
la pregunta sobre qué oportunidades reales tiene cada persona para desplegar su 
proyecto de vida con dignidad y participación social efectiva (Nussbaum, 2011) 48.
La presente propuesta de ley genera un efecto protector adicional para docentes y 
auxiliares con discapacidad porque reconoce derechos a condiciones adecuadas de 
trabajo, salud ocupacional, adecuación razonable de funciones, licencias por salud , 
permisos, seguridad social, protección frente a discriminación, evaluación 
contextualizada y prohibición de decisiones arbitrarias. Esto es importante porque una 
carrera magisterial verdaderamente inclusiva no solo debe abrir el acceso, sino 
también gara ntizar permanencia, progresión, capacitación, ascenso y jubilación sin 
discriminación directa o indirecta. El diseño legal propuesto evita que la discapacidad 
sea confundida con falta de idoneidad y obliga a la administración educativa a evaluar 
cada situación con criterios objetivos, proporcionales y compatibles con el derecho al 
trabajo, la igualdad y la dignidad de la persona.
La incidencia en la educación rural e intercultural bilingüe es uno de los aspectos más 
importantes de la presente iniciativa le gislativa. El proyecto reconoce que la igualdad 
educativa no puede medirse con los mismos parámetros en una institución urbana con 
conectividad, transporte, seguridad, materiales y acceso a servicios básicos que en 
una escuela rural, amazónica, altoandina,  de frontera, multigrado, unidocente, 
intercultural bilingüe o ubicada en el VRAEM. Por ello, introduce una lógica de igualdad 
diferenciada: dar más protección, incentivos, bonificaciones, acompañamiento, 
formación especializada, traslado seguro, alojamien to, alimentación, conectividad y 
retorno preferente a quienes prestan servicios en territorios de mayor dificultad. Esta 
medida no constituye privilegio, sino corrección de desigualdades reales que afectan 
tanto al trabajador magisterial como al estudiante . En materia educativa, la inclusión 
exige identificar las barreras que excluyen o debilitan la participación de determinados 
grupos y adoptar medidas específicas para que el derecho a la educación sea efectivo 
para todos, no solo para quienes se encuentra n en mejores condiciones de partida 
(UNESCO, 2020) 49.
La presente propuesta de ley impacta de manera favorable en comunidades 
campesinas, comunidades nativas, pueblos originarios, zonas de selva, frontera y 
VRAEM porque incorpora la interculturalidad, la lengua originaria, el territorio, la 
ruralidad, la seguridad, el transporte, la alimentación, la vivienda funcional y la 
conectividad como elementos jurídicamente relevantes de la carrera magisterial. Esto 
permite que el Estado deje de tratar la ruralidad como una simple ubicación geográfica
--- Página 176 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  176 
y la reconozca como una condición estructural que exige respuestas diferenciadas. 
Para estas comunidades, contar con docentes formados en educación intercultural 
bilingüe, con competencias lingüísticas, conocimiento de la cultura local, estabilidad 
razonable y condiciones dignas de permanencia, fortalece la continuidad del servicio 
educativo y evita la rotación permanente del personal. Para los auxiliares, la 
especialización en convivencia, protección estudiantil, edu cación inicial, inclusión, 
riesgo social y acompañamiento comunitario permite mejorar la seguridad, 
permanencia y bienestar de los estudiantes en contextos donde la escuela cumple una 
función social decisiva.
En educación especial e inclusión, el presente  proyecto de ley produce un impacto 
positivo porque reconoce que la atención a estudiantes con discapacidad, 
necesidades educativas especiales, alta vulnerabilidad, riesgo social o condiciones de 
exclusión requiere docentes y auxiliares capacitados, protegidos y especializados. La 
inclusión no se reduce a matricular estudiantes en una institución educativa; exige 
apoyos reales, personal suficiente, formación pertinente, adaptación pedagógica, 
convivencia respetuosa, infraestructura accesible, materiales ade cuados y 
coordinación entre docente, auxiliar, familia y comunidad. La presente iniciativa 
legislativa acierta al reconocer funciones diferenciadas: el docente mantiene la 
responsabilidad pedagógica, la planificación curricular, la conducción del aprendiza je 
y la evaluación; el auxiliar cumple una función de apoyo educativo, acompañamiento, 
seguridad, asistencia, convivencia, inclusión y protección, sin sustituir la función 
docente. Esta delimitación evita dos riesgos: precarizar la docencia mediante 
sustituciones indebidas y abandonar al auxiliar en responsabilidades para las que no 
ha sido formado ni reconocido remunerativamente.
El impacto en niñas, niños y adolescentes es transversal a toda la propuesta. La 
dignificación del Magisterio Nacional no es un  beneficio aislado del trabajador, sino 
una condición para garantizar el derecho fundamental de los estudiantes a recibir una 
educación integral, segura, inclusiva, intercultural y de calidad. Cuando el docente 
cuenta con estabilidad razonable, formación c ontinua, autoridad pedagógica, 
remuneración digna, salud ocupacional, protección frente a violencia y evaluación 
formativa, puede desarrollar mejor su función educativa. Cuando el auxiliar cuenta con 
carrera propia, capacitación, delimitación funcional, pr otección institucional y 
reconocimiento remunerativo, puede apoyar de manera más efectiva la convivencia 
escolar, el ingreso y salida segura, los recreos, la asistencia, la disciplina formativa, la 
prevención de violencia, la inclusión y la protección de e studiantes. De esta manera, 
el presente proyecto de ley conecta los derechos laborales del Magisterio Nacional 
con el interés superior del niño y del adolescente, porque una escuela que protege a 
quienes educan y acompañan también protege mejor a quienes aprenden.
--- Página 177 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  177 
del docente y del auxiliar es decisivo para identificar alertas tempranas, comunicar 
riesgos, activar protocolos, sostener la permanencia escolar y generar un en torno de 
confianza. Por ello, la propuesta no se limita a regular remuneraciones o ascensos; 
introduce una arquitectura de protección educativa que vincula convivencia escolar, 
salud mental, seguridad, tutoría, acompañamiento, familia, comunidad y gestión 
institucional. Esta visión permite comprender que la igualdad educativa requiere 
instituciones capaces de responder a las necesidades reales de los estudiantes, 
especialmente de quienes enfrentan mayores barreras para aprender, permanecer y 
culminar su trayectoria educativa.
La presente propuesta de ley también tiene incidencia en los derechos fundamentales 
de participación, sindicalización, negociación colectiva, libertad profesional, debido 
procedimiento y acceso a información pública. Al crear espacios de participación, 
consulta normativa previa, Consejo Nacional del Magisterio, comunidades 
profesionales de aprendizaje, equipos de apoyo educativo, escalafones digitales y 
sistemas de transparencia, se fortalece la dimensión democrática de la política 
educativa. La educación no puede construirse únicamente desde decisiones 
administrativas verticales; requiere escuchar a quienes conocen el aula, la convivencia, 
la ruralidad, la educación inicial, la educación especial, la interculturalidad y la realidad 
territorial. La Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente reconoce 
estándares internacionales sobre preparación, empleo, carrera, derechos y 
responsabilidades del personal docente, lo que respalda la necesidad de que la 
política magisterial se diseñe con garantías profesionales, laborales y de participación 
institucional (OIT & UNESCO, 1966) 50.
El presente proyecto de ley, al reconocer la igualdad material como eje de la carrera 
magisterial, contribuye a superar una visión limitada de la ed ucación centrada 
únicamente en resultados estandarizados. La calidad educativa exige mirar las 
condiciones de quienes enseñan, acompañan y protegen; las brechas territoriales; la 
situación de las mujeres; las barreras que enfrentan las personas con discapa cidad; 
la realidad de comunidades campesinas y nativas; la educación intercultural bilingüe; 
la educación especial; la seguridad en zonas de riesgo; la salud mental del personal 
educativo; y el derecho de niñas, niños y adolescentes a una escuela segura, inclusiva 
y humana. La presente iniciativa legislativa convierte esas dimensiones en 
obligaciones jurídicas, mecanismos de carrera, garantías remunerativas, medidas de 
protección y criterios de evaluación contextualizada.
Desde la perspectiva de igualdad, inclusión y derechos fundamentales, la aprobación 
de la presente propuesta de ley resulta jurídicamente relevante porque permite pasar 
de un régimen fragmentado, insuficiente y muchas veces centrado en la gestión 
administrativa del personal, hacia un régimen integral de protección, profesionalización 
y revaloración del Magisterio Nacional. El efecto esperado es la reducción de brechas 
de acceso, trato, permanencia, promoción y protección; la dignificación de labores 
históricamente invisibilizadas; el fortal ecimiento de la educación rural e intercultural