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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
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bilingüe; la mejora de la atención a estudiantes con discapacidad; la protección 
reforzada de niñas, niños y adolescentes; y el reconocimiento de que la educación 
pública y privada cumple una función de inter és público que debe ejercerse con 
respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la  inclusión y la ju sticia 
social.
 IMPACTO EN LA DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL  
La presente iniciativa legislativa tiene un impacto directo en la descentralización 
educativa, porque no se limita a reconocer derechos individuales del docente y del 
auxiliar de educación, sino que reorganiza la forma en que el Estado debe gestionar 
territorialmente la carrera magisterial. En un país con brechas profundas entre Lima, 
regiones urbanas, zonas rurales, Amazonía, frontera, selva, VRAEM, instituciones 
multigrado, unidocentes e interculturales bilingües, una ley docente no puede tener 
únicamente una mirada administrativa centralizada. Debe construir un sistema 
nacional con reglas comunes, pero con capacidad de respuesta territorial. La 
descentralización educativa exige distribuir responsabilidades, recursos, información 
y capacidad de decisión entre el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las 
Direcciones Regionales de Educación, las UGEL y las instituciones educativas, 
evitando que la transferencia de funciones se convierta en abandono, fragmentación 
o desigualdad de trato. La litera tura especializada advierte que la descentralización 
educativa no consiste únicamente en trasladar competencias, sino en definir con 
claridad quién decide, quién financia, quién ejecuta y quién responde por los 
resultados del servicio educativo (Welsh & McGinn, 1999).
El presente proyecto de ley fortalece el rol de los gobiernos regionales porque les exige 
asumir una responsabilidad más activa en la planificación, financiamiento, 
administración y protección del personal magisterial dentro de su territo rio. La carrera 
docente y la carrera especial del auxiliar de educación no pueden gestionarse 
adecuadamente si las regiones no cuentan con información real sobre plazas, brechas 
de personal, necesidades de nombramiento, contratación, capacitación, reasignación, 
movilidad, vivienda, conectividad, seguridad y salud ocupacional. La propuesta obliga 
a que los gobiernos regionales dejen de actuar solo como ejecutores administrativos 
de disposiciones nacionales y pasen a convertirse en actores estratégicos de la 
política educativa territorial. Esto implica identificar las necesidades permanentes del 
servicio, convertir progresivamente plazas eventuales en plazas orgánicas, programar 
presupuestos, proteger al personal en zonas difíciles, ejecutar concursos con 
transparencia y responder por las demoras u omisiones que afecten derechos 
magisteriales.
El impacto en los gobiernos regionales también se expresa en la necesidad de articular 
la política magisterial con el desarrollo territorial. La presente propuesta de le y 
reconoce que la calidad educativa no depende solamente del currículo o de la 
evaluación docente, sino también de las condiciones reales en las que el docente y el 
auxiliar prestan servicios. En regiones con alta dispersión geográfica, comunidades 
alejadas, zonas de riesgo, falta de transporte, ausencia de conectividad o carencia de
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vivienda funcional, el gobierno regional debe intervenir de manera integral. No basta 
con asignar una plaza si no se garantiza traslado seguro, alimentación, alojamiento, 
comunicación, seguro especial y protección institucional. Desde esta perspectiva, la 
descentralización se convierte en un mecanismo de justicia territorial, porque permite 
que la política magisterial responda a las diferencias reales del país y no trate como 
iguales a instituciones educativas que funcionan en condiciones radicalmente distintas.
La presente iniciativa legislativa impacta en las Direcciones Regionales de Educación 
porque les asigna un papel técnico más exigente en la conducción territorial de la 
carrera magisterial. Las DRE deben dejar de ser oficinas de trámite o instancias 
intermedias con limitada capacidad de decisión, para convertirse en órganos de 
planificación, supervisión, asistencia técnica y control de calidad de la gestión 
educativa regi onal. Bajo el enfoque de la propuesta, la DRE debe consolidar 
información de las UGEL, verificar la correcta publicación de plazas, monitorear 
concursos, acompañar procesos de evaluación, asegurar la actualización del 
escalafón, promover formación continua y supervisar que los derechos remunerativos, 
laborales y previsionales se ejecuten sin arbitrariedad. La rendición de cuentas en 
educación exige que cada nivel del sistema tenga responsabilidades claras y 
verificables, pues la falta de claridad permite qu e los errores, demoras o abusos se 
diluyan entre varias entidades sin que nadie responda efectivamente (UNESCO, 2017).
El impacto sobre las DRE también se observa en la obligación de ordenar la gestión 
de información. La propuesta crea un Sistema Nacional de Información y Control de la 
Carrera Magisterial que debe ser interoperable, actualizado y verificable. Ello obliga a 
las Direcciones Regionales de Educación a trabajar con datos reales y no con registros 
incompletos, planillas desactualizadas, esca lafones fragmentados o plazas no 
publicadas. Esta medida es especialmente importante porque muchos conflictos 
magisteriales se originan en omisiones administrativas: tiempo de servicios no 
registrado, encargaturas no pagadas, plazas ocultas, contratos suce sivos sobre 
necesidades permanentes, reasignaciones demoradas, beneficios no liquidados o 
información contradictoria entre UGEL, DRE y Ministerio de Educación. La presente 
propuesta de ley busca que la descentralización funcione con trazabilidad, 
transparencia y responsabilidad funcional.
En el caso de las UGEL, el impacto es todavía más operativo y directo, porque son las 
instancias que tienen contacto permanente con las instituciones educativas, los 
directores, docentes, auxiliares, padres de familia y c omunidades. La UGEL será la 
entidad clave para ejecutar nombramientos, contrataciones, desplazamientos, 
encargaturas, permisos, licencias, reasignaciones, capacitaciones, acompañamiento 
y atención de conflictos. Por ello, la presente iniciativa legislativa  exige que las UGEL 
actúen con criterios objetivos, plazos ciertos, expedientes digitales, motivación 
administrativa y respeto al debido procedimiento. Una UGEL que oculta plazas, retrasa 
pagos, no actualiza escalafones, desconoce encargaturas o no atiende situaciones de 
riesgo termina debilitando la confianza del magisterio y afectando la continuidad del 
servicio educativo. La evidencia sobre el caso peruano ha advertido que la
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superposición de reportes y responsabilidades entre directores, UGEL y Direccio nes 
Regionales puede generar cargas administrativas y problemas de gestión si no se 
delimitan adecuadamente las competencias (Cotlear, 2006).
La presente propuesta de ley también obliga a repensar el funcionamiento interno de 
las UGEL. Estas entidades deben contar con equipos especializados para gestión de 
plazas, régimen laboral, bienestar magisterial, salud ocupacional, educación rural, 
educación intercultural bilingüe, protección frente a violencia, acompañamiento 
pedagógico y función auxiliar. No sería razonable aprobar una ley que reconoce 
nuevos derechos y carreras diferenciadas sin fortalecer a la entidad responsable de 
ejecutarlos en el territorio. En ese sentido, el impacto en las UGEL exige capacitación 
del personal administrativo, simplificación de procedimientos, digitalización de 
expedientes, control de plazos, mecanismos de alerta temprana y responsabilidad 
funcional frente a la omis ión o manipulación de derechos. La descentralización solo 
será efectiva si la UGEL cuenta con capacidad técnica y recursos suficientes para 
resolver los problemas reales de las escuelas.
El impacto en las instituciones educativas es sustantivo, porque el presente proyecto 
de ley reconoce que la escuela es el espacio donde se materializa la política educativa. 
La norma fortalece la autoridad pedagógica del docente, ordena la función del auxiliar 
de educación, protege la convivencia escolar, reconoce el trabajo no lectivo, regula la 
carga laboral y exige condiciones adecuadas para el servicio. Esta regulación permite 
que la institución educativa funcione con mayor claridad organizativa: el docente 
planifica, conduce, evalúa y orienta el proceso pedagógico; el  auxiliar apoya la 
convivencia, disciplina formativa, seguridad, asistencia y protección estudiantil; el 
director gestiona la institución sin desconocer derechos laborales ni asignar funciones 
indebidas. Con ello, la presente iniciativa legislativa reduce conflictos internos, evita la 
desnaturalización de funciones y mejora la coordinación cotidiana entre dirección, 
docentes, auxiliares, estudiantes y familias.
La institución educativa también se ve impactada por la obligación de registrar, 
sustentar y tra nsparentar las actividades que generan derechos. Si un docente 
acompaña delegaciones deportivas, ensayos, concursos, actividades culturales o 
eventos oficiales fuera de jornada, debe existir programación, autorización, registro y 
compensación. Si un auxili ar asume funciones de mayor responsabilidad en 
convivencia, protección estudiantil o apoyo institucional, debe reconocerse la 
encargatura o asignación correspondiente. Si el director necesita cubrir una ausencia, 
no puede convertir al auxiliar en docente d e aula de manera irregular. La presente 
propuesta de ley permite ordenar la vida institucional desde una lógica de derechos y 
responsabilidades, evitando que la necesidad del servicio sea utilizada como excusa 
para imponer trabajo gratuito, desconocer jornadas o trasladar al personal cargas que 
corresponden a la administración.
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presta servicios en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, selva, VRAEM, 
multigrado, unidocentes o de riesgo enfrenta condiciones muy distintas a las de una 
institución urbana con acceso a transporte, internet, servicios básicos y soporte 
administrativo. Por ello, la descentralización debe tener enfoque territorial diferenciado. 
No se trata únicamente de pagar una bonificación, sino de construir un sistema de 
protección integral que incluya traslado seguro, rutas de acceso, alojamiento, 
alimentación, conectividad, seguro especial, atención de emergencias, retorno 
preferente, reconocimiento escalafonario y prioridad en programas de bienestar. La 
gestión pública descentralizada debe responder a las desigualdades territoriales, pues 
los servicios educat ivos y de salud se prestan en contextos diversos donde la 
coordinación multinivel y la claridad de responsabilidades son esenciales para evitar 
brechas de acceso y calidad (OCDE, 2021).
El presente proyecto de ley tiene especial importancia para zonas  rurales porque 
vincula la carrera magisterial con la permanencia digna del docente y del auxiliar. Uno 
de los problemas estructurales del sistema educativo es la dificultad para atraer y 
retener personal idóneo en territorios alejados. Si la plaza rural se asocia a abandono 
institucional, inseguridad, falta de vivienda, demora de pagos, ausencia de transporte 
y escaso reconocimiento profesional, el sistema incentiva la rotación y debilita la 
continuidad educativa. La presente propuesta de ley corrige esa l ógica al reconocer 
que el servicio en zonas difíciles debe generar mérito, asignaciones, prioridad de 
reasignación, acceso a formación, protección familiar y retorno preferente. Este 
enfoque permite que la descentralización no sea una simple distribución administrativa 
de plazas, sino una política de equidad territorial orientada a sostener el derecho a la 
educación en los lugares donde el Estado tiene mayores dificultades para llegar.
La coordinación intergubernamental necesaria es amplia y permanente. El  Ministerio 
de Educación debe fijar estándares nacionales, garantizar interoperabilidad del 
sistema de información, financiar políticas estructurales, aprobar lineamientos, 
supervisar el cumplimiento de derechos y asegurar que la carrera magisterial 
mantenga unidad nacional. Los gobiernos regionales deben planificar territorialmente, 
presupuestar necesidades, gestionar condiciones de servicio y responder por las 
brechas regionales. Las DRE deben conducir técnicamente la política educativa 
regional, supervisar a las UGEL y consolidar información confiable. Las UGEL deben 
ejecutar los actos de carrera, acompañar a las instituciones educativas y resolver 
oportunamente los procedimientos del personal. Las instituciones educativas deben 
organizar el trabajo cotid iano respetando la función docente, la función auxiliar, la 
jornada laboral, la convivencia escolar y la protección de estudiantes. La calidad y 
equidad de los sistemas educativos dependen de la capacidad de usar información, 
sostener buenas reglas de gobe rnanza y responder a las necesidades reales de los 
territorios, especialmente en países con brechas sociales y regionales persistentes 
(OCDE, 2026).
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recursos. Si el Ministerio de Educación dicta reglas sin financiar ni acompañar, la 
descentralización se debilita. Si los gobiernos regionales no programan presupuesto 
ni gestionan condiciones t erritoriales, la carrera magisterial se precariza. Si las DRE 
no supervisan ni ordenan la información, se multiplican conflictos. Si las UGEL no 
ejecutan con transparencia, se afectan plazas, pagos y derechos. Si las instituciones 
educativas no reciben soporte suficiente, la carga se traslada indebidamente al director, 
al docente o al auxiliar. Por ello, el presente proyecto de ley plantea una 
descentralización con responsabilidad compartida, trazabilidad, control, 
financiamiento progresivo, protección territorial y enfoque de derechos.
La presente iniciativa legislativa fortalece la gestión territorial porque reconoce que la 
educación no se administra de manera abstracta, sino en territorios concretos, con 
estudiantes concretos, docentes concretos y auxili ares concretos. La norma permite 
que cada nivel de gobierno asuma su papel dentro de un marco nacional común, 
evitando la arbitrariedad y la desigualdad. Su aprobación contribuiría a ordenar la 
carrera magisterial, reducir conflictos administrativos, mejor ar la transparencia de 
plazas, fortalecer la permanencia en zonas rurales, proteger al personal educativo y 
elevar la capacidad de respuesta del Estado en el territorio. En esa línea, la 
descentralización no se presenta como una amenaza a la unidad del sis tema, sino 
como una herramienta para que la dignidad docente, la función auxiliar y el derecho a 
una educación de calidad lleguen efectivamente a todas las regiones del país.
 IMPACTO EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y TRANSPARENCIA  
El presente proyecto de ley introduce un componente esencial de modernización del 
Estado al crear un Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial, 
concebido como una plataforma pública, digital, interoperable, trazable y auditada, 
destinada a ordenar integralmente la información laboral, profesional, remunerat iva, 
previsional y escalafonaria de docentes y auxiliares de educación. Esta decisión 
legislativa no constituye una medida meramente tecnológica, sino una reforma 
estructural de gestión pública, porque transforma la forma en que el Estado registra, 
controla, publica, verifica y protege los actos vinculados a la carrera magisterial. Desde 
una perspectiva de administración pública moderna, la organización estatal requiere 
reglas impersonales, archivos verificables, continuidad administrativa y decisiones 
sujetas a control, elementos que permiten sustituir la discrecionalidad informal por una 
gestión racional, documentada y jurídicamente previsible (Weber, 1978).
La presente iniciativa legislativa parte de un problema real del sistema educativo: la 
dispersión, fragmentación, demora, opacidad o inconsistencia de la información sobre 
plazas, nombramientos, contratos, escalafón, encargaturas, ascensos, beneficios, 
ceses y jubilaciones. Cuando la información magisterial se encuentra distribuida en 
archivos físicos, bases de datos no interoperables, registros incompletos o criterios 
administrativos variables entre UGEL, DRE, gobiernos regionales y el Ministerio de 
Educación, se incrementa el riesgo de arbitrariedad, pérdida de documentos, 
manipulación de plazas, duplicidad de registros, retraso de pagos, desconocimiento 
de tiempo de servicios y afectación de derechos laborales. Por ello, el Sistema
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Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial cumple una función de 
garantía institucional: permite que  cada acto de carrera tenga sustento documental, 
trazabilidad, responsable identificable, fecha cierta, registro digital, posibilidad de 
auditoría y acceso por parte del trabajador magisterial.
El impacto de esta propuesta en la modernización del Estado e s especialmente 
relevante porque desplaza una lógica administrativa reactiva hacia una lógica 
preventiva, predictiva y verificable. Un Estado moderno no debe esperar que el 
docente o auxiliar afectado judicialice cada pago, ascenso, encargatura, beneficio o 
reconocimiento de servicios; debe contar con sistemas capaces de prevenir errores, 
detectar inconsistencias, alertar omisiones, transparentar plazas y garantizar la 
ejecución oportuna de derechos. En ese sentido, la presente propuesta de ley fortalece 
la capacidad estatal para gestionar información pública con criterios de eficiencia, 
legalidad, integridad y control, evitando que la burocracia educativa funcione sobre 
expedientes aislados, documentos extraviados o decisiones discrecionales no 
trazables.
La creación del escalafón docente y del escalafón del auxiliar de educación permite 
reconocer formalmente la trayectoria de ambos integrantes del Magisterio Nacional, 
respetando la naturaleza diferenciada de sus funciones. En el caso del docente, el 
escalafón registra títulos, grados, especialidades, habilitación profesional, 
nombramientos, contratos, escala magisterial, ascensos, encargaturas, tiempo de 
servicios, formación continua, producción pedagógica, méritos, sanciones firmes, 
remuneraciones, bonific aciones, beneficios y datos previsionales. En el caso del 
auxiliar, registra formación, nivel de carrera, experiencia funcional, capacitación, 
certificaciones, especialización, encargaturas, desempeño, méritos, tiempo de 
servicios y derechos económicos. Esta separación es jurídicamente importante porque 
evita confundir la función docente con la función auxiliar, pero al mismo tiempo permite 
reconocer que ambas forman parte del Magisterio Nacional y requieren una 
administración pública ordenada, objetiva y protectora.
La utilidad del escalafón no se limita al archivo de datos; su verdadero valor está en 
servir como prueba oficial de la carrera. Cuando el escalafón se encuentra actualizado, 
el docente o auxiliar no tiene que volver a demostrar reiteradamente su tiempo de 
servicios, sus encargaturas, sus capacitaciones, sus desplazamientos, sus méritos o 
sus derechos reconocidos. La Administración debe actuar sobre información ya 
validada y disponible. Esto reduce cargas administrativas, evita duplicidad de trámites, 
mejora la predictibilidad de los concursos, facilita el cálculo de beneficios y disminuye 
la conflictividad. Desde la perspectiva de gestión pública, la información deja de ser 
un obstáculo burocrático y se convierte en un instrumento de garantía de derechos.
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o permanente. Este registro permite enfrentar uno de los problemas más sensibles de 
la administración educativa: la utilización sucesiva de contratos temporales para cubrir 
necesidades permanentes del servicio. La presente iniciativa legislativa permite que el 
Estado cuente con información objetiva para planificar concursos de nombramiento, 
sincerar plazas, evitar simulaciones de temporalidad y reconocer la experiencia  
efectiva del personal contratado. Bajo una visión moderna de gestión pública, la 
eficiencia no se mide únicamente por reducir costos, sino por ordenar 
responsabilidades, transparentar resultados y controlar el uso correcto de los recursos 
públicos (Hood, 1991).
El registro de personal magisterial privado también tiene un impacto significativo, 
porque reconoce que la educación privada cumple una función de interés público y 
que los docentes y auxiliares que laboran en instituciones privadas no pueden 
permanecer invisibles para el sistema educativo nacional. La presente propuesta de 
ley no estatiza la gestión privada ni desconoce su régimen laboral propio, pero sí 
establece estándares mínimos de transparencia, registro y protección. Ello permite 
verificar contratos, jornadas, remuneraciones, beneficios sociales, seguridad social, 
tiempo de servicios, capacitaciones y funciones reales. De esta manera, se fortalece 
la fiscalización frente a posibles supuestos de locación fraudulenta, simulación 
contractual, remuneraciones diminutas, jornadas no reconocidas o asignación 
indebida de funciones docentes al auxiliar de educación.
La publicidad de plazas constituye una de las medidas más relevantes para combatir 
la arbitrariedad administrativa. Una plaza docente o auxiliar que no se publica, que se 
reserva sin sustento, que se modifica durante el procedimiento, que se oculta o que 
se adjudica sin trazabilidad, debilita el mérito, afecta la igualdad de oportunidades y 
abre espacios para favoritismo, direccionamiento o corrupción. La presente iniciativa 
legislativa exige que toda plaza orgánica, vacante, presupuestada, temporal, por 
reemplazo, encargatura, reasignación, destaque, permuta, ascenso, promoción o 
cargo directivo sea publicada previamente con información completa y verificable. Esta 
exigencia convierte la publicidad en una garantía de legalidad y no en una simple 
formalidad administrativa.