crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez solicitarle se sirva remitir, 
opinión del proyecto de ley 1 4738/2025-CR, “Proyecto de ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la creación de la Unidad Ejecutora del Hospital de Chincheros, 
ubicado en el distrito y provincia de Chincheros, departamento de Apurímac”
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima,    05   de    junio      de      2026 
Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 
77° del Reglamento del Congreso de la República:  pase la 
Proposición N° 14739/2025-CR para su estudio y dictamen, 
a la (s) Comisión (es) de:
De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez solicitarle se sirva remitir, 
opinión del proyecto de ley 14740/2025-CR, “Proyecto de ley que modifica la Ley 32577, a fin 
de ampliar el plazo de acceso a la bonificación económica excepcional y garantizar la 
continuidad de los derechos económicos de los licenciados veteranos de la pacificación 
nacional y sus derechohabientes”
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=====FILE:PL_14741.txt=====
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0   
                                                  Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
www.congreso.gob.pe                                       Psje. Simón Rodríguez s/n - Cercado de Lima 
                         Teléfono: (01) 311-7777 Anexos: 7780 - 7781 - 4812
2. PROCESO   
• Fecha de Ingreso a Trámite Documentario: 05 de junio de 2026 
• Fecha de Ingreso a la Comisión: 05 de junio de 2026 
• Proponente: Grupo Parlamentario Somos Perú, señor Paul Silvio Gutiérrez Ticona 
• Orden de envío : como primera comisión dictaminadora a la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado; y como segunda comisión dictaminadora a la Comisión de Salud y Población
De la revisión realizada de la iniciativa legislativa 14741/2025-CR, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, es 
posible afirmar que se cumplen los requisitos establecidos para la presentación de este 
tipo de propuestas legislativas; dado que contiene una expo sición de motivos que 
describe la problemática y el fundamento técnico de la propuesta de norma; cuenta con 
el análisis de impacto cuantitativo o cualitativo de la norma y analiza el impacto de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional.
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PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
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" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
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SUMILLA: LEY QUE FORTALECE LA 
POTESTAD SANCIONADORA, LA 
EJECUCIÓN COACTIVA Y LA REGULACIÓN 
SANITARIA DEL SECTOR SALUD, 
GARANTIZANDO LA PROPORCIONALIDAD, 
LA FORMALIZACIÓN Y LA CONTINUIDAD 
DEL ACCESO A LOS SERVICIOS 
FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS.
Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista Paul Silvio 
Gutiérrez Ticona, miembro del grupo parlamentario “ Somos Perú”, en estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 107º de la Constitución Política del Estado y de conformidad con 
lo establecido en el literal c) del artículo 22° y los artículos 75° y 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa:
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N.° 1161, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, incorporando 
mecanismos orientados a fortalecer la potestad sancionadora, fiscalizadora y de ejecución 
coactiva del Sector Salud, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
administrativas sanitarias, la protección de la salud pública, la continuidad de los servicios 
esenciales de salud y la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica y debido procedimiento administrativo.
Artículo 2.- Finalidad de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad fortalecer la go bernanza sanitaria y la eficacia de la 
actuación administrativa del Sector Salud, asegurando el cumplimiento de las obligaciones 
sanitarias, la protección de la salud pública, la continuidad de los servicios esenciales de salud, 
la formalización de las act ividades sujetas a regulación sanitaria y la observancia de los 
principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
debido procedimiento y tutela efectiva de los derechos de los administrados.
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" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
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“Sexta.- Medidas para garantizar el cumplimiento efectivo, proporcional y 
razonable de las obligaciones administrativas sanitarias 
6.1 Principios aplicables 
Las actuaciones administrativas vinculadas a fiscalización, supervisión, sanción, 
cobranza y ejecución coactiva desarrolladas por el  Sector Salud se rigen por los 
principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, proporcionalidad, 
gradualidad, predictibilidad, transparencia, buena fe procedimental, continuidad del 
servicio sanitario y protección de la salud pública.
6.2 Potestad de ejecución coactiva 
El Ministerio de Salud y las entidades comprendidas en el Sector Salud ejercen la 
potestad de ejecución coactiva respecto de obligaciones no tributarias derivadas de 
infracciones administrativas firmes o que hayan causado estad o, conforme al Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás normas 
aplicables.
6.3 Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva 
La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva procede únicamente cuando: 
a) El administrado garantice razonablemente el íntegro de la obligación mediante carta 
fianza irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática y sin beneficio 
de excusión, emitida por entidad supervisada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). 
b) Exista mandato judicial firme o medida cautelar vigente emitida por autoridad 
competente. 
c) El administrado se encuentre acogido a fraccionamiento, refinanciamien to o 
mecanismo de regularización aprobado y vigente. 
d) Existan circunstancias excepcionales debidamente motivadas vinculadas a la 
continuidad de servicios farmacéuticos o sanitarios esenciales. 
Tratándose de micro y pequeñas empresas, el reglamento podrá establecer 
mecanismos alternativos de garantía conforme a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.
6.4 Clasificación de infracciones y criterios de gradualidad 
Las infracciones administrativas sanitarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 
La determinación y graduación de sanciones y medidas administrativas considera, 
entre otros, los siguientes criterios: 
a) El nivel de afectación o riesgo a la salud pública. 
b) La reincidencia del infractor. 
c) El beneficio ilícito obtenido. 
d) La conducta obstructiva, colaborativa o correctiva del administrado. 
e) La capacidad económica del infractor. 
f) La magnitud del daño ocasionado. 
g) La subsanación voluntaria de la infracción. 
h) La intencionalidad o negligencia en la conducta infractora.
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6.5 Medidas restrictivas aplicables 
Las restricciones para el otorgamiento, renovación, ampliación, modificación, 
transferencia o continuidad de autorizaciones, registros, permisos, licencias o títulos 
habilitantes únicamente pueden aplicarse en los siguientes supuestos: 
a) Infracciones graves o muy graves que generen riesgo relevante para la salud 
pública. 
b) Incumplimiento reiterado de obligaciones administrativas exigibles. 
c) Conductas fraudulentas, simuladas o destinadas a evadir obligaciones 
administrativas. 
d) Existencia de riesgo cierto, grave o inminente para la salud pública debidamente 
sustentado. 
Toda medida restrictiva debe encontrarse debidamente motivada y sustentada 
conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
6.6 Medidas de formalización y gradualidad para micro y pequeñas empresas 
El Ministerio de Salud implementa mecanismos especiales de gradualidad, 
regularización y formalización dirigidos a las micro y pequeñas empresas del sector 
farmacéutico y sanitario. 
Dichos mecanismos pueden comprender: 
a) Fraccionamiento razonable de obligaciones administrativas. 
b) Programas de adecuación sanitaria progresiva. 
c) Incentivos para la formalización. 
d) Reducción gradual de intereses administrativos conforme a ley. 
e) Asistencia técnica sanitaria y regulatoria. 
f) Mecanismos alternativos de garantía. 
La aplicación de dichas medidas no exime del cumplimiento de las normas vinculadas 
a la protección de la salud pública y seguridad sanitaria.
6.7 Responsabilidad administrativa individualizada 
La responsabilidad administrativa es personal y no se extiende de manera automática 
a accionistas, socios, asociados, directores, representantes legales o administradores. 
La atribución de responsabilidad individual únicamente procede mediante 
procedimiento administrativo específico en el que se acredite participación directa en 
actos de fraude, simulación, ocultamiento patrimonial, abuso de la personalidad 
jurídica o mecanismos destinados a evadir obligaciones administrativas.
6.8 Prescripción de la ejecución administrativa 
La facultad del Sector Salud para exigir coactivamente el cumplimiento de obligaciones 
no tributarias prescribe a los diez (10) años contados desde la notificación válida de la 
Resolución de Ejecución Coactiva o de la medida cautel ar correspondiente, lo que 
ocurra primero. 
La prescripción se interrumpe conforme a las causales previstas en la normativa 
vigente.
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6.9 Transparencia y predictibilidad regulatoria 
El Ministerio de Salud pública periódicamente: 
a) Escalas de gradualidad sancionadora. 
b) Criterios técnicos de fiscalización. 
c) Parámetros objetivos de evaluación de riesgo sanitario. 
d) Criterios de reincidencia. 
e) Procedimientos de regularización y formalización. 
Las actuaciones administrativas deben garantizar objetividad, predictibilidad, 
transparencia y seguridad jurídica.
6.10 Garantías del administrado y tutela jurisdiccional efectiva 
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a: 
a) Formular descargos y presentar medios probatorios. 
b) Impugnar actos administrativos conforme a ley. 
c) Acceder a tutela jurisdiccional efectiva. 
d) Obtener decisiones debidamente motivadas dentro de plazo razonable. 
La interposición de recursos administrativos o judiciales no suspende 
automáticamente la ejecución de obligaciones, salvo di sposición legal expresa o 
mandato judicial firme.
6.11 Conclusión del procedimiento de ejecución coactiva 
El procedimiento de ejecución coactiva concluye por: 
a) Pago total de la obligación. 
b) Extinción legal de la deuda. 
c) Prescripción declarada conforme a ley. 
d) Resolución administrativa firme que disponga el castigo, extinción o deterioro de la 
acreencia emitida por el órgano competente. 
e) Cumplimiento integral del fraccionamiento aprobado. 
Lima, 03 de Junio de 2026
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
La protección de la salud pública constituye uno de los fines esenciales del Estado y una 
de las manifestaciones más relevantes de su deber constitucional de garantizar las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de la persona humana. En dicho 
contexto, la actuación del Sector Salud no se limita a la prestación de servicios sanitarios, 
sino que comprende también el ejercicio de funciones regulatorias, fiscalizadoras, 
sancionadoras y de ejecución administrativa destinadas a asegurar el cumplimiento 
efectivo de las disposiciones que tutelan la vida, la salud y la seguridad de la población.
La experiencia comparada y la doctrina especializada coinciden en que la eficacia de un 
sistema regulatorio no depende únicamente de la existencia de normas sustantivas, sino 
de la capacidad institucional para supervisar su cumplimiento y hacer efectivas las 
consecuencias jurídicas derivadas de su inobservancia. Al respecto, Cassagne sostiene 
que el ejercicio de la potestad administrativa encuentra su justificación en la necesidad 
de asegurar la realización efectiva del interés público dentro del marco del Estado de 
Derecho, debiendo las entidades públicas contar con mecanismos idóneos para 
garantizar el cumplimiento de sus decisiones administrativas (Cassagne, 2017)  1.
Bajo dicha premisa, el presente proyecto de ley responde a la necesidad de fortalecer el 
marco normativo aplicable al Ministerio de Salud y a las entidades que integran el Sector 
Salud, a efectos de dotarlas de instrumentos jurídicos más eficaces para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones administrativas sanitarias. La presente iniciativa 
legislativa parte del reconocimiento de que la protección de la salud pública exige no solo 
una adecuada regulación de las actividades sujetas a control sanitario, sino también la 
existencia de mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización, sanción y ejecución 
coactiva que permitan corregir conductas infractoras y prevenir riesgos qu e puedan 
afectar a la colectividad.
La importancia de fortalecer las capacidades regulatorias del Estado resulta 
especialmente relevante en sectores vinculados al abastecimiento de medicamentos, 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sa nitarios, debido a que 
cualquier incumplimiento de las obligaciones legales puede generar consecuencias 
directas sobre derechos fundamentales. En tal sentido, la Organización Mundial de la 
Salud ha señalado que los sistemas regulatorios sólidos constituyen  un componente 
esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos y servicios de 
salud, contribuyendo de manera decisiva a la protección de la salud pública y al 
fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones sanitar ias (World Health 
Organization, 2021) 2.
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principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad, predictibilidad y 
debido procedimiento administrativo, en concordancia con los estándares desarrollados 
por la doctrina y la jurisprudenc ia administrativa contemporánea. Sobre este aspecto, 
Morón Urbina destaca que la potestad sancionadora administrativa constituye una 
manifestación legítima del ius puniendi estatal, cuya validez exige la observancia de 
garantías procedimentales que aseguren la protección de los derechos fundamentales de 
los administrados y eviten actuaciones arbitrarias por parte de la Administración Pública 
(Morón Urbina, 2023) 3.
De igual manera, la presente iniciativa legislativa incorpora mecanismos orientados a 
compatibilizar la eficacia de la actuación administrativa con la sostenibilidad de las 
actividades económicas sujetas a regulación sanitaria. Ello responde a la necesidad de 
evitar que las medidas de fiscalización o cobranza administrativa generen efectos 
desproporcionados que puedan afectar la continuidad del abastecimiento de 
medicamentos o la prestación de servicios esenciales de salud, particularmente en 
aquellas zonas donde la oferta sanitaria resulta limitada. Bajo esta perspectiva, la 
propuesta normativa i ncorpora medidas de gradualidad, regularización y formalización 
dirigidas a las micro y pequeñas empresas del sector farmacéutico y sanitario, 
reconociendo su importancia dentro de la cadena de suministro y acceso a productos y 
servicios de salud.
Asimismo, la presente propuesta de ley fortalece la transparencia y predictibilidad de las 
actuaciones administrativas, incorporando disposiciones orientadas a garantizar que las 
decisiones de la autoridad sanitaria se encuentren sustentadas en criterios objetivo s y 
previamente establecidos. Esta orientación responde a la necesidad de reforzar la 
seguridad jurídica de los administrados y de consolidar relaciones de confianza entre la 
Administración Pública y los agentes sujetos a regulación. Como señala Parejo Alf onso, 
la seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del Derecho 
Administrativo moderno, pues permite que la actuación estatal sea previsible, coherente 
y compatible con los principios propios de un Estado Constitucional de Derecho (Pare jo 
Alfonso, 2020) 4.
La modificación del Decreto Legislativo N.° 1161 propuesta mediante el presente 
proyecto de ley se orienta, por tanto, a consolidar un modelo de gobernanza sanitaria 
basado en el equilibrio entre la eficacia de la actuación administra tiva y la protección de 
los derechos de los administrados. Este enfoque resulta coherente con los principios 
promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
según los cuales una regulación efectiva debe combinar mecani smos adecuados de 
cumplimiento normativo con garantías suficientes de transparencia, proporcionalidad y 
rendición de cuentas, fortaleciendo simultáneamente la confianza institucional y la 
protección del interés público (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
2021) 5.
3 Morón Urbina, J. C. (2023). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (15.ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica. 
4 Parejo Alfonso, L. (2020). Lecciones de Derecho Administrativo (12.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). OECD Regulatory Policy Outlook 2021. París: OECD Publishing.
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 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
1. Constitución Política del Perú.  
2. Ley N.° 26842, Ley General de Salud.  
3. Decreto Legislativo N.° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  
4. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
5. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.  
6. Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.  
7. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS.  
8. Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
9. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N.° 021-2019-JUS.  
10. Ley N.° 28015 , Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa.  
11. Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N.° 013 -2013-
PRODUCE.  
12. Ley N.° 29459, Ley de los Produc tos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios.  
13. Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 014-2011-SA.  
14. Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Di spositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 016-2011-SA.  
15. Decreto Legislativo N.° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N.° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, y deroga la Ley N.° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo.  
16. Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
17. Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
18. Decreto Legislativo N.° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.  
19. Texto Único Ordenado de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-PCM.  
20. Decreto Legislativo N.° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada.  
21. Decreto Supremo N.° 031-2014-SA, Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.  
22. Decreto Legislativo N.° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA por Superintendencia Nacional 
de Salud – SUSALUD.  
23. Ley N.° 30220, Ley Universitaria (únicamente respecto de establecimientos 
universitarios prestadores de servicios de salud sujetos a supervisión sanitaria).
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24. Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N.° 31307.  
25. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 017-93-JUS.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
La protección de la salud pública constituye una de las funciones esenciales del Estado 
y una manifestación concreta del deber constitucional de garantizar las condiciones 
necesarias para la preservación de la vida, la integridad y el bienestar de las personas. 
En ese contexto, el Ministerio de Salud ejerce competencias regulatorias, fiscalizadoras 
y sancionadoras destinadas a prevenir, controlar y corregir aquellas conductas que 
generen riesgos o afectaciones a la salud colectiva. Sin embargo, la eficacia de dichas 
competencias no depende únicamente de la facultad de emitir actos administrativos, sino 
también de la capacidad institucional para asegurar su cumplimiento efectivo una vez que 
estos adquieren firmeza administrativa.
La experiencia comparada demuestra que los si stemas regulatorios sanitarios más 
eficientes son aquellos que cuentan con mecanismos efectivos de supervisión, 
fiscalización y ejecución de sus decisiones administrativas. La regulación sanitaria 
moderna no se limita a establecer obligaciones, sino que re quiere instrumentos jurídicos 
que permitan garantizar su observancia real y oportuna, evitando que las sanciones 
administrativas se conviertan en simples declaraciones carentes de eficacia práctica. Al 
respecto, la Organización Mundial de la Salud ha señal ado que la gobernanza sanitaria 
exige marcos regulatorios sólidos, transparentes y dotados de mecanismos efectivos de 
cumplimiento para garantizar la protección de la salud pública y la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones sanitarias6 (World Health Organization, 2021).