crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
Desde esa perspectiva, el proyecto de Nueva Ley General de Educación no constituye 
una propuesta aislada, sino una respuesta legislativa coherente con las prioridades 
nacionales de largo plazo. Su contenido fortalece la educación como derecho 
fundamental y  como herramienta de desarrollo humano, equidad social, movilidad 
económica, ciudadanía democrática y cohesión nacional. La propuesta supera una visión 
meramente declarativa del servicio educativo y la reemplaza por un modelo de gestión 
basado en objetivos  verificables, indicadores, responsables, financiamiento progresivo, 
evaluación, corrección institucional y rendición de cuentas, lo que se encuentra alineado 
con la exigencia de un Estado eficiente, transparente, descentralizado y orientado a 
resultados. La iniciativa se articula especialmente con el objetivo de equidad y justicia 
social, porque busca cerrar brechas históricas de acceso, permanencia, calidad, 
infraestructura, conectividad, alimentación, salud mental, formación docente y 
aprendizajes en fav or de estudiantes de zonas rurales, amazónicas, altoandinas, 
fronterizas, urbano -marginales y en situación de vulnerabilidad. El Acuerdo Nacional 
reconoce como política de Estado el acceso universal a una educación pública gratuita y 
de calidad, así como l a promoción y defensa de la cultura y el deporte; asimismo, 
incorpora la igualdad de oportunidades sin discriminación, la reducción de la pobreza, la 
seguridad alimentaria y nutricional, y el fortalecimiento de la familia, la niñez, la 
adolescencia y la juventud.
El proyecto también guarda relación con el objetivo de competitividad del país, porque 
incorpora la ciencia, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, la robótica, la 
ciencia de datos, la educación financiera, el emprendimiento, la  formación técnico -
productiva y la articulación del currículo con las potencialidades económicas de cada 
territorio. El Acuerdo Nacional comprende políticas vinculadas con la competitividad, la 
productividad, la formalización de la actividad económica, el desarrollo sostenible, la 
gestión ambiental, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la infraestructura, el 
desarrollo agrario y rural, y la sociedad de la información y del conocimiento. En esa línea, 
la nueva ley propone que la educación deje de est ar desconectada de la realidad 
productiva del país y se convierta en un eje estratégico para formar talento humano, 
generar innovación, fortalecer capacidades territoriales y contribuir al desarrollo nacional.
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Asimismo, la propuesta se vincula con el obje tivo de democracia y Estado de derecho, 
porque promueve una formación ciudadana basada en la Constitución, los derechos 
fundamentales, los deberes, la cultura de legalidad, el respeto a la autoridad educativa, 
la convivencia pacífica, la prevención de la v iolencia, la identidad nacional y la 
participación responsable. El Acuerdo Nacional incorpora políticas orientadas al 
fortalecimiento del régimen democrático, la afirmación de la identidad nacional, la 
institucionalización del diálogo, la erradicación de l a violencia, el fortalecimiento del 
civismo y la seguridad ciudadana, así como la descentralización para el desarrollo integral 
del país. La educación propuesta no se limita a aprendizajes académicos, sino que busca 
formar ciudadanos con conciencia cívica,  disciplina, pensamiento crítico, respeto por la 
ley y compromiso con la democracia.
La iniciativa también se alinea con el objetivo de un Estado eficiente, transparente y 
descentralizado, porque regula la rectoría del Ministerio de Educación, las 
responsabilidades de los gobiernos regionales, las UGEL y las instituciones educativas, 
los indicadores obligatorios de gestión, los informes anuales de resultados, la continuidad 
de la política educativa, la evaluación del sistema, la acreditación, la supervisió n, la 
transparencia de contrataciones, la auditoría educativa digital y la responsabilidad por 
incumplimiento de deberes y metas. Esta orientación coincide con las políticas de Estado 
referidas a la afirmación de un Estado eficiente y transparente, la prom oción de la ética, 
la erradicación de la corrupción, el acceso a la información, la sostenibilidad fiscal, la 
gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y la sociedad de la información 
y del conocimiento.
En consecuencia, la aprobación d e la Nueva Ley General de Educación resulta 
plenamente compatible con la Agenda Legislativa y con el Acuerdo Nacional, porque 
desarrolla políticas públicas de Estado en materia de educación, cultura, deporte, ciencia, 
tecnología, descentralización, transpa rencia, familia, niñez, juventud, productividad, 
desarrollo territorial, lucha contra la violencia y fortalecimiento democrático. Su 
aprobación permitiría dotar al país de un marco normativo moderno, coherente y exigible, 
capaz de ordenar el sistema educativo en torno a resultados, equidad, calidad, innovación 
y responsabilidad pública, convirtiendo a la educación en el principal instrumento de 
transformación social, desarrollo nacional y construcción de ciudadanía en esa línea de 
ideas, la presente la iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley que se presenta, 
está alineada con los objetivos del numeral II. Equidad y justicia social , del Acuerdo 
Nacional y vinculados con las Políticas de Estado en el numeral 12. Acceso universal a 
una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del 
deporte, y concordante con el tema 41. Mejora del currículo nacional de educación y 
capacitación de docentes  de la Agenda Legislativa del Congreso para el período Anual 
de Sesiones 2021-2022, aprobada por Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2021-
2022-CR y Resolución Legislativa del Congreso N° 002 -2022-2023-CR, Resolución 
Legislativa del Congreso Nº 002-2023-2024-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 
006-2024-2025-CR.
2. PROCESO 
• Grupo Parlamentario Perú Libre a iniciativa de la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez. 
• Fecha de Ingreso a Trámite Documentario: 07 de julio de 2026. 
• Fecha de Ingreso a Comisión: 09 de julio de 2026. 
• Orden de envío: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República; y Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte.
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SUMILLA: NUEVA LEY DEL DOCENTE.
Artículo I. Finalidad de la Ley 
La presente ley tiene por finalidad regular el régimen profesional, laboral, formativo, 
remunerativo, pre visional, disciplinario y de protección social del Magisterio Nacional, 
fortaleciendo la Carrera Profesional Docente y la Carrera Especial del Auxiliar de Educación, 
en el marco del derecho fundamental a la educación y de los fines del Sistema Educativo 
Nacional; para tal efecto, el Estado reconoce al docente como agente fundamental de la 
educación, autoridad pedagógica y profesional estratégico para el desarrollo nacional, y al 
auxiliar de educación como personal de apoyo educativo indispensable para la co nvivencia 
escolar, la disciplina formativa, la asistencia, la seguridad y la protección de los estudiantes, 
garantizando que ambas funciones se ejerzan con dignidad, mérito, estabilidad razonable, 
remuneración justa, formación permanente, seguridad social,  bienestar, protección 
institucional y reconocimiento efectivo de su aporte a la educación nacional.
Artículo II. Naturaleza del Magisterio Nacional 
El Magisterio Nacional está integrado por los docentes y auxiliares de educación que prestan 
servicios en el Sistema Educativo Nacional, en instituciones educativas públicas o privadas, 
conforme a la naturaleza, responsabilidad y finalidad de sus funciones, cumpliendo una 
función social, formativa y de interés público directamente vinculada con la garantía del  
derecho a una educación integral, científica, humanística, tecnológica, intercultural, ética, 
ciudadana y de calidad; la incorporación del auxiliar de educación al Magisterio Nacional no 
desnaturaliza la función docente ni lo habilita para ejercer docenci a regular sin título 
pedagógico, habilitación profesional y concurso público, salvo los supuestos excepcionales 
expresamente previstos por ley.
Artículo III. Docente como agente fundamental de la educación 
El docente es agente fundamental de la educación,  profesional de la enseñanza y autoridad 
pedagógica responsable de planificar, conducir, orientar, evaluar y mejorar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y formación integral de los estudiantes; en atención a la elevada 
misión que cumple en la formación académica, ética, científica, humanística, tecnológica,
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ciudadana, democrática e intercultural, el Estado garantiza su desarrollo profesional, 
estabilidad razonable, remuneración digna, protección frente a la arbitrariedad, formación 
continua, ascenso por mérito y jubilación digna, sin que ninguna política educativa pueda 
desconocer su rol central en la calidad de los aprendizajes, la convivencia escolar, la 
innovación pedagógica y el desarrollo nacional.
Artículo IV. Auxiliar de educación como integrante del Magisterio Nacional 
El auxiliar de educación integra el Magisterio Nacional y cumple función pública de apoyo 
educativo, formativo, preventivo, asistencial, disciplinario, tutorial, de convivencia escolar, 
seguridad, inclusión, acompañamiento y protecc ión de los estudiantes, conforme al nivel, 
modalidad, contexto territorial y necesidades del servicio educativo; el Estado reconoce que 
dicha función es indispensable para el funcionamiento ordenado, seguro, inclusivo y humano 
de las instituciones educativ as, especialmente en educación inicial, educación especial, 
instituciones con alta población estudiantil, zonas rurales, interculturales bilingües, de frontera, 
VRAEM y contextos de riesgo social o especial vulnerabilidad, garantizando una Carrera 
Especial propia con niveles progresivos, ingreso y ascenso por concurso, formación titulada, 
capacitación continua, certificación de competencias, especialización funcional, escalafón, 
régimen remunerativo, desplazamientos, protección institucional, bienestar y seguridad social, 
sin que ello autorice al auxiliar a sustituir al docente, asumir planificación curricular, 
conducción regular de clases, evaluación académica o calificación de aprendizajes, salvo que 
cuente con título pedagógico, habilitación profesional y  acceda a la Carrera Profesional 
Docente mediante concurso público, conforme a ley.
Artículo V. Dignidad, autoridad y protección magisterial 
La dignidad del docente y del auxiliar de educación constituye principio esencial del Sistema 
Educativo Nacional y obligación permanente del Estado, de las instituciones educativas y de 
la comunidad educativa; el docente ejerce autoridad pedagógica en el aula, en la institución 
educativa y en todo espacio formativo, mientras que el auxiliar de educación coadyuva a la 
disciplina formativa, la convivencia escolar, la seguridad y la protección estudiantil conforme 
a la naturaleza de su función, por lo que todo acto de agresión, amenaza, violencia, 
hostigamiento, difamación, presión indebida, discriminación o interferencia arbitraria cometido 
contra ellos en el ejercicio de sus funciones genera responsabilidad administrativa, civil o 
penal, sin perjuicio de las medidas inmediatas de protección que correspondan.
Artículo VI. Principios rectores 
La presente ley se rige por l os principios de dignidad magisterial, calidad educativa, mérito, 
idoneidad, estabilidad razonable, igualdad de oportunidades, formación permanente, 
evaluación formativa, interculturalidad, transparencia, ética, responsabilidad, protección 
estatal, progresividad y no regresividad de derechos; en virtud de estos principios, el ingreso, 
permanencia, ascenso, promoción, acceso a cargos, desplazamientos, reconocimientos y 
beneficios del Magisterio Nacional se sustentan en criterios objetivos, públicos, verifica bles y 
compatibles con la naturaleza de cada función, y la evaluación del docente y del auxiliar de 
educación tiene finalidad formativa, técnica, contextualizada y de mejora continua, sin poder 
ser utilizada como mecanismo de persecución, represalia, arbit rariedad o precarización 
laboral.
Artículo VII. Unidad del régimen magisterial nacional 
El Estado establece un régimen magisterial nacional con estándares mínimos comunes en 
materia laboral, remunerativa, previsional, formativa, disciplinaria y de protecc ión social 
aplicables a docentes y auxiliares de educación, públicos y privados, sin perjuicio de la 
existencia de carreras diferenciadas conforme a la naturaleza de sus funciones; ninguna forma 
de contratación, gestión educativa o vínculo laboral puede desconocer los derechos mínimos 
reconocidos por la presente ley, y los docentes y auxiliares de educación de instituciones 
privadas gozan, como mínimo, de remuneración digna, contrato escrito, jornada razonable, 
seguridad social, descanso, licencias, protecc ión frente a la violencia, capacitación y demás 
derechos laborales compatibles con la función educativa de interés público que realizan.
Artículo VIII. Irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad de derechos 
Los derechos reconocidos por la presente  ley a favor de los docentes y auxiliares de 
educación son irrenunciables, progresivos e indisponibles, conforme a la Constitución, los 
tratados internacionales, la legislación laboral y los principios protectores del derecho del 
trabajo; en consecuencia, ningún reglamento, directiva, lineamiento, acto administrativo, 
contrato, convenio individual, reglamento interno, decisión institucional o práctica laboral 
puede reducir, condicionar, restringir, suspender o desnaturalizar tales derechos, siendo nula 
de pleno derecho toda disposición de inferior jerarquía que los limite sin habilitación legal 
expresa, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de la autoridad o 
empleador que la apruebe, aplique o ejecute; la interpretación de la pres ente ley se realiza 
conforme a la dignidad del Magisterio Nacional, la protección del docente y del auxiliar de 
educación, la mejora de la calidad educativa, la progresividad de derechos, la estabilidad 
razonable, la remuneración justa, el mérito, la segur idad jurídica y el interés superior del 
estudiante.
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico especial del Magisterio Nacional, 
integrado por la Carrera Profesional Docente y la Carrera Especial del Auxiliar de Educación, 
regulando, conforme a la naturaleza diferenciada de sus funciones, el ingreso, nombramiento, 
contratación, permanencia, ascenso, promoción, evaluaci ón, formación, capacitación, 
especialización, remuneraciones, asignaciones, bonificaciones, beneficios, desplazamientos, 
régimen disciplinario, cese, jubilación, escalafón, bienestar, seguridad social, protección 
integral y demás derechos inherentes a su d esarrollo profesional, laboral y previsional; 
asimismo, reconoce que ambas carreras son distintas, complementarias y articuladas dentro 
del servicio educativo nacional, por lo que ninguna disposición de la presente ley puede 
interpretarse en forma que desn aturalice la función docente ni reduzca la función auxiliar a 
una labor meramente administrativa, informal o carente de desarrollo profesional.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente ley es de aplicación obligatoria al Magisterio Nacional que presta  servicios en el 
Sistema Educativo Nacional, en instituciones educativas públicas, programas educativos 
públicos, instituciones educativas de gestión pública, instituciones educativas de gestión 
privada, instituciones educativas privadas y demás servicios educativos reconocidos por el 
Estado, comprendiendo la educación básica en todas sus modalidades, la educación técnico-
productiva, la educación intercultural bilingüe, la educación rural, la educación especial, la 
educación alternativa, los programas educa tivos estatales y todo servicio que, por su 
naturaleza, requiera función docente o función auxiliar de educación; su aplicación alcanza a 
zonas urbanas, rurales, altoandinas, amazónicas, de frontera, de selva, del VRAEM, 
multigrado, unidocentes, intercultu rales bilingües, de emergencia, de riesgo social, de difícil 
acceso o de especial necesidad educativa, garantizando, cuando corresponda, medidas 
diferenciadas de protección, incentivo y compensación; en las instituciones educativas 
privadas, sus disposiciones constituyen estándares mínimos de protección laboral, profesional, 
remunerativa y de seguridad social, sin perjuicio de los mayores derechos reconocidos por 
contrato, convenio colectivo, reglamento interno, costumbre laboral, norma especial o decisión 
del empleador.
Artículo 3. Sujetos comprendidos 
Son sujetos comprendidos en la presente ley los docentes nombrados, contratados, 
designados, encargados, destacados, reasignados, permutados o incorporados bajo 
cualquier mo dalidad legal, siempre que ejerzan función pedagógica, formativa, directiva, 
técnico-pedagógica, de gestión educativa, investigación, innovación, mentoría, 
acompañamiento, formación docente o conducción institucional del servicio educativo; 
asimismo, compr ende a directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos, personal 
jerárquico, especialistas en educación, formadores, mentores, acompañantes pedagógicos, 
docentes investigadores, docentes de innovación, docentes de educación intercultural 
bilingüe, docentes rurales, docentes de educación especial, docentes de educación técnico -
productiva y demás profesionales que ejerzan función docente conforme a ley; igualmente, 
los auxiliares de educación nombrados, contratados o incorporados bajo cualquier modalidad 
legal forman parte del Magisterio Nacional como personal de apoyo educativo con carrera 
especial propia, derechos, deberes, régimen remunerativo, beneficios, desplazamientos, 
capacitación, evaluación, protección y régimen disciplinario regulados por la presente ley; los 
docentes y auxiliares cesantes y jubilados integran la comunidad magisterial nacional y se 
encuentran comprendidos en las disposiciones referidas al reconocimiento de tiempo de 
servicios, seguridad social, pensiones, bienestar, salud, parti cipación, protección previsional 
y demás derechos compatibles con su condición.
Artículo 4. Docentes y auxiliares de instituciones educativas privadas 
Los docentes y auxiliares de educación que prestan servicios en instituciones educativas 
privadas se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, sin perjuicio de los derechos 
mínimos de dignidad magisterial, remuneración, jornada, descanso, capacitación, seguridad
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social, compensación por tiempo de servicios, beneficios sociales, protección frente a la 
violencia y prohibición de precarización reconocidos por la presente ley; en consecuencia, las 
instituciones educativas privadas no pueden emplear modalidades civiles, comerciales, 
locaciones de servicios, contratos atípicos u otras formas contractuales destinadas a encubrir 
una relación laboral cuando concurran prestación personal, subordinación, jornada, 
permanencia, aula, estudiantes asignados o función educativa regular.
Artículo 5. Exclusiones y aplicación supletoria 
Los docentes universitarios, docentes de instituciones de formación militar o policial y demás 
educadores sujetos a regímenes especiales se rigen por sus leyes propias, sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de los principios de dignidad profesional, libertad de enseñanza, debido 
procedimiento, no discriminación, seguridad social, protección frente a la violencia, salud 
ocupacional y respeto a la función educativa, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza 
de su régimen; dicha exclusión no puede interpretarse para desconocer derechos laborales 
mínimos, reducir la dignidad profesional del educador, limitar la protección frente a agresiones, 
afectar la seguridad social ni debilitar la calidad del servicio educativo; en caso de vacío 
normativo, se aplican supletoriamente las disp osiciones de la presente ley cuando sean 
compatibles con el régimen especial correspondiente y resulten más favorables a la protección 
de la función educativa.
Artículo 6. Relación con la Ley General de Educación 
La presente ley desarrolla el régimen labo ral, profesional, remunerativo, previsional y de 
protección social del Magisterio Nacional, en concordancia con los principios, fines y 
mandatos de la Ley General de Educación; en tal sentido, toda norma, reglamento, directiva, 
concurso, evaluación, nombra miento, contratación, ascenso, promoción, desplazamiento, 
remuneración, beneficio, cese, jubilación o procedimiento disciplinario referido al Magisterio 
Nacional debe interpretarse conforme a la dignidad magisterial, la calidad educativa, la 
autoridad peda gógica del docente, la función de apoyo educativo del auxiliar, el interés 
superior del estudiante y la progresividad de los derechos laborales.
Artículo 7. Definición y función del docente 
El docente es el profesional de la educación con título de profesor, licenciado en educación o 
título equivalente reconocido conforme a ley, habilitado para ejercer la función pedagógica en 
el Sistema Educativo Nacional; conduce, planifica, desarr olla, orienta, evalúa y mejora los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y formación integral de los estudiantes, de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, la presente ley, el currículo 
nacional y los fines superiores de la educación peruana. El Estado lo reconoce como agente 
fundamental de la educación, autoridad pedagógica del proceso formativo y profesional 
estratégico para el desarrollo nacional, garantizando su dignidad, carrera profesional,
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condiciones adecuadas para el ejercicio de su función.