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La Ley N.° 28044, Ley General de Educación, no tendría que ser derogada, porque 
constituye la norma marco del Sistema Educativo Peruano y regula los lineamientos 
generales de la educación, las atribuciones y  obligaciones del Estado, así como los 
derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en la función educadora. 
La presente propuesta de ley debe entenderse como una norma especial de desarrollo 
del régimen profesional, laboral, remunerativo y previsional del Magisterio Nacional, en 
concordancia con los fines de la Ley General de Educación. Lo que sí corresponde es 
modificar o adecuar las disposiciones de la Ley N.° 28044 y de su reglamento que hagan 
referencia a docentes, carrera pública magisterial, formación docente, gestión educativa, 
participación, evaluación, instituciones privadas, auxiliares o personal educativo, para 
armonizarlas con la nueva terminología y con los nuevos derechos reconocidos.
Las normas educativas sectoriales vincula das a currículo, evaluación, convivencia 
escolar, educación inicial, educación especial, educación intercultural bilingüe, educación 
rural, educación técnico -productiva, gestión de instituciones educativas privadas, 
licenciamiento de instituciones formadoras, formación docente y gestión descentralizada 
deberán adecuarse en lo que corresponda. La presente iniciativa legislativa no sustituye
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la política pedagógica nacional ni el currículo nacional, pero sí condiciona la forma en que 
dichas políticas se implem entan respecto del personal magisterial. Esto significa que 
ninguna norma técnica, directiva, resolución ministerial o lineamiento sectorial podrá 
imponer cargas administrativas irrazonables, evaluaciones punitivas, uso obligatorio de 
tecnología sin soport e, jornadas no reconocidas, actividades fuera de horario sin 
compensación, desplazamientos arbitrarios o funciones incompatibles con la naturaleza 
docente o auxiliar.
En materia laboral, la presente propuesta de ley tendría un efecto de especialidad 
respecto de los regímenes generales de empleo público y de la legislación laboral privada. 
La Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad que las entidades públicas 
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten servicios de calidad mediante 
un mejor servicio civil; sin embargo, el Magisterio Nacional, por su naturaleza 
constitucional, educativa y profesional, requiere un régimen especial propio. Por ello, las 
reglas generales del servicio civil, de la carrera administrativa, del régimen laboral privado 
y de la contratación administrativa solo deberían aplicarse de manera supletoria cuando 
exista vacío normativo y siempre que sean compatibles con la dignidad magisterial, la 
estabilidad razonable, el mérito, la progresividad de derecho s y la naturaleza formativa 
del servicio educativo.
El impacto sobre las normas laborales privadas también es significativo, porque el 
presente proyecto de ley extiende estándares mínimos a docentes y auxiliares de 
instituciones educativas privadas. Esto no significa convertirlos automáticamente en 
servidores públicos, sino reconocer que la educación privada cumple una función de 
interés público y que, por ello, no puede desarrollarse mediante precarización laboral, 
locación fraudulenta, jornadas ocultas, remuneraciones inferiores al piso legal, ausencia 
de CTS, falta de seguridad social o desconocimiento de labores no lectivas. En este punto, 
la legislación laboral de la actividad privada continuaría vigente, pero debería 
interpretarse de manera reforzada a favor del trabajador educativo, incorporando los 
estándares mínimos de remuneración, jornada, capacitación, protección institucional, 
seguridad social y reconocimiento de funciones previstos en la nueva ley.
En el plano previsional, la presente iniciati va legislativa exigiría adecuar las normas 
vinculadas al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Privado de Pensiones, a la 
seguridad social en salud, a la compensación por tiempo de servicios, a la pensión de 
sobrevivencia y a los beneficios por fallecimiento, invalidez, discapacidad, riesgo territorial 
o cese. La creación de un Régimen Especial de Jubilación del Magisterio Nacional y de 
un Fondo Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial obliga a establecer reglas de 
articulación con la ONP, AFP, Es Salud, Ministerio de Economía y Finanzas y entidades 
empleadoras. La finalidad no es desconocer los regímenes previsionales existentes, sino 
complementarlos para impedir pensiones irrisorias, reconocer servicios efectivamente 
prestados, proteger a cesantes  y jubilados, y asegurar que el cese no se ejecute sin 
determinación pensionaria, liquidación de beneficios y reconocimiento completo del 
tiempo de servicios.
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La presente propuesta de ley también tendría impacto sobre las normas de gestión 
pública, presupuesto y recursos humanos. La implementación de nuevas remuneraciones, 
asignaciones, bonificaciones, CTS, encargaturas, nombramiento progresivo, 
promociones de auxiliares, protección en zonas de riesgo, formación continua, salud 
ocupacional, vivienda, segur os y fondo previsional exige adecuar los sistemas 
administrativos de presupuesto, abastecimiento, tesorería, contabilidad, inversión pública, 
gestión de recursos humanos y control gubernamental. El efecto jurídico no puede ser 
entendido como una autorizaci ón abierta de gasto sin programación, sino como un 
mandato de implementación progresiva, multianual, verificable y priorizada, respetando 
la sostenibilidad fiscal, pero sin permitir que la disponibilidad presupuestal sea utilizada 
para desconocer derechos adquiridos, devengados, mandatos firmes o beneficios ya 
reconocidos.
En materia presupuestal, la nueva ley requerirá armonización con las reglas de 
programación multianual, financiamiento de plazas, registro de remuneraciones, 
validación presupuestal y ge stión de planillas. La creación de nuevas escalas, niveles, 
asignaciones y bonificaciones obliga a que el Ministerio de Educación y los gobiernos 
regionales coordinen con el Ministerio de Economía y Finanzas la actualización de plazas 
orgánicas, presupuesto analítico de personal, AIRHSP, sistemas de planillas, NEXUS, 
escalafón y demás registros administrativos. El problema que la presente iniciativa 
legislativa busca superar es precisamente la dispersión y opacidad que permite mantener 
plazas permanentes co mo temporales, ocultar vacantes, fraccionar jornadas, retrasar 
pagos de encargaturas o desconocer servicios efectivamente prestados. La seguridad 
jurídica exige que cada derecho reconocido tenga correlato en registro, presupuesto, acto 
administrativo y mecanismo de control.
El impacto sobre el escalafón es uno de los aspectos más importantes de la vigencia de 
la norma. El presente proyecto de ley propone transformar el escalafón en un sistema 
nacional, digital, interoperable y con valor oficial para concursos, ascensos, promociones, 
reasignaciones, encargaturas, pagos, CTS, jubilación, beneficios y reconocimiento de 
trayectoria. Ello exige adecuar las normas internas del Ministerio de Educación, DRE, 
GRE y UGEL sobre administración de legajos, registro de m éritos, sanciones firmes, 
tiempo de servicios, contratos, nombramientos, desplazamientos y derechos económicos. 
La omisión o demora administrativa en actualizar información no debe perjudicar al 
docente ni al auxiliar cuando estos acrediten documentalmente la prestación efectiva del 
servicio o el derecho reclamado. Esta regla es coherente con la necesidad de que el 
Derecho no sea una suma de documentos formales desconectados de la realidad, sino 
un sistema institucional que ordena competencias, derechos, ob ligaciones y 
consecuencias jurídicas (Rubio Correa, 2020) 62.
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administrativos, nulidad, eficacia del acto administrativo, plazos, notificación, 
responsabilidad administrativ a y principios procedimentales. Sin embargo, en materia 
magisterial, la nueva ley establecería reglas especiales que prevalecerían sobre la norma 
general cuando regulen de modo específico concursos, evaluaciones, nombramientos, 
ascensos, promociones, desplazamientos, licencias, encargaturas, régimen disciplinario, 
pagos, ceses y jubilación. La LPAG seguiría siendo esencial para cubrir vacíos, ordenar 
procedimientos y garantizar defensa, contradicción, motivación y control de arbitrariedad.
Las normas que continuarían vigentes de manera supletoria o transitoria serían aquellas 
que no se opongan al nuevo régimen y resulten necesarias para asegurar continuidad del 
servicio educativo. Entre ellas se encuentran las disposiciones generales de la Ley 
General de Ed ucación, las normas del procedimiento administrativo general, las reglas 
generales del servicio civil compatibles con el régimen especial, la legislación laboral 
privada aplicable a instituciones educativas privadas, las normas de seguridad social, las 
normas presupuestales, las normas de control gubernamental, las normas de protección 
de datos personales, las normas de salud y seguridad en el trabajo, y las disposiciones 
sectoriales educativas que no contradigan los derechos reconocidos por la nueva ley. La 
regla debe ser clara: la supletoriedad no puede convertirse en un mecanismo para reducir 
derechos, reintroducir requisitos eliminados, imponer topes no previstos, negar beneficios 
o mantener prácticas administrativas contrarias a la finalidad protectora de la nueva 
norma.
La vigencia de la presente propuesta de ley también obliga a revisar normas técnicas 
sobre evaluación docente, nombramiento, contratación, ascenso, encargaturas, 
reasignación, racionalización, cuadro de horas, licencias, permisos, vacac iones, 
escalafón, procesos disciplinarios, contratación de auxiliares, remuneración de auxiliares, 
nombramiento de auxiliares y publicación de plazas. La adecuación reglamentaria debe 
ser integral y no fragmentada, porque una regulación dispersa generaría inseguridad 
jurídica y permitiría que las entidades apliquen criterios contradictorios. La interpretación 
jurídica no se agota en leer literalmente normas aisladas; exige reconstruir el sentido del 
sistema, identificar antinomias, resolver vacíos y preserv ar la coherencia normativa, 
especialmente cuando se trata de derechos fundamentales y relaciones laborales de 
especial protección (Guastini, 2014) 63.
La presente iniciativa legislativa debe prever una cláusula de adecuación normativa para 
que el Poder E jecutivo, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las 
entidades competentes actualicen sus reglamentos, directivas, sistemas informáticos, 
procedimientos, TUPA, lineamientos, normas técnicas, registros y plataformas dentro de 
un plazo razonable. Esta adecuación no puede crear requisitos adicionales, exclusiones, 
causales, topes, restricciones, plazos o procedimientos no previstos en la ley. El 
reglamento debe tener naturaleza ejecutiva, no correctiva ni restrictiva. Su función debe 
limitarse a desarrollar la forma de aplicación, registro, cálculo, procedimiento, 
coordinación interinstitucional y control, sin alterar el contenido esencial de los derechos 
reconocidos.
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El efecto derogatorio de la norma debe alcanzar también a toda disposición legal o 
reglamentaria que se oponga a la nueva ley, aun cuando no sea mencionada 
expresamente. Esta derogación tácita por incompatibilidad debe operar respecto de 
normas que permita n mantener plazas permanentes bajo contratación temporal 
indefinida, negar el carácter remunerativo de conceptos permanentes, impedir el pago de 
encargaturas efectivamente ejercidas, desconocer tiempo de servicios, atribuir al auxiliar 
funciones docentes, sancionar sin tipicidad legal, evaluar sin criterios públicos, negar 
defensa, ocultar plazas o trasladar al trabajador costos de conectividad, materiales, 
transporte o actividades institucionales. La derogación expresa de la Ley N.° 29944 debe 
complementarse con una fórmula general de incompatibilidad para asegurar que no 
subsistan reglas inferiores contrarias al nuevo régimen.
El impacto institucional de la nueva ley será mayor en los gobiernos regionales, DRE y 
UGEL, porque estas entidades ejecutan gran parte de los actos de carrera, contratación, 
nombramiento, desplazamiento, escalafón y pago. La presente propuesta de ley requiere 
que la gestión descentralizada sea más transparente, trazable y responsable. La 
publicación obligatoria de plazas, la digital ización del expediente magisterial, la 
interoperabilidad de registros y la auditoría de concursos permitirán reducir espacios de 
discrecionalidad indebida, direccionamiento, ocultamiento de plazas, manipulación de 
cuadros de mérito y retraso de pagos. La a rgumentación jurídica que sustenta una 
reforma de esta naturaleza debe mostrar no solo la validez formal de la medida, sino 
también su racionalidad práctica, su necesidad institucional y su capacidad para resolver 
problemas reales de aplicación normativa (Atienza, 2013) 64.
La presente iniciativa legislativa también producirá un efecto de profesionalización 
normativa del auxiliar de educación. En el régimen vigente, el auxiliar ha sido regulado 
principalmente desde normas remunerativas, de contratación y situaciones 
administrativas, pero no desde una carrera especial completa. La nueva ley cambia ese 
enfoque al reconocerlo como integrante del Magisterio Nacional con función propia, 
niveles, promoción, capacitación, certificación, especialización, escalafón , protección 
institucional y derechos diferenciados. Esta modificación obliga a adecuar toda norma 
que trate al auxiliar como personal meramente administrativo o como apoyo informal sin 
desarrollo profesional. A la vez, la ley debe preservar una línea divi soria clara: el 
reconocimiento del auxiliar no puede desnaturalizar la función docente ni habilitar la 
sustitución de clases, planificación curricular, evaluación académica o calificación de 
aprendizajes, salvo que el auxiliar obtenga título pedagógico, ha bilitación y acceda a la 
carrera docente por concurso público.
En el ámbito de la educación privada, la vigencia de la presente propuesta de ley generará 
un estándar mínimo laboral educativo. Las instituciones educativas privadas deberán 
adecuar contratos, jornadas, remuneraciones, beneficios sociales, CTS, seguridad social, 
capacitación, protección frente a violencia, reconocimiento de labores adicionales y 
prohibición de locación fraudulenta. Las normas laborales privadas continuarán vigentes,
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pero el nuevo régimen funcionará como piso reforzado por la naturaleza de interés público 
del servicio educativo. La fiscalización deberá ser coordinada entre el Ministerio de 
Educación, DRE, UGEL, Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, evitando que la gestión 
privada sea utilizada para encubrir subordinación bajo contratos civiles, desconocer horas 
no lectivas o imponer actividades obligatorias sin pago.
La presente propuesta de ley también incide en las normas sobre salud ocupacional, 
seguridad en el trabajo, bienestar,  vivienda, seguro de vida y protección en zonas de 
riesgo. Estas materias no sustituyen las normas generales de salud y seguridad, sino que 
las especializan para el Magisterio Nacional. La labor docente y auxiliar tiene riesgos 
específicos: agotamiento emocional, violencia escolar, afectaciones de voz, sobrecarga, 
desplazamiento a zonas alejadas, inseguridad, falta de conectividad, infraestructura 
precaria y exposición territorial. Por ello, las normas generales de salud ocupacional 
deben adecuarse para rec onocer evaluaciones preventivas, atención psicológica, 
descanso médico, reubicación por salud, protección frente a amenazas, seguro especial 
e indemnización por daño vinculado al servicio educativo.
El impacto sobre normas de tecnología, datos personales e inteligencia artificial también 
debe ser previsto. La presente iniciativa legislativa reconoce que las herramientas 
digitales pueden fortalecer la enseñanza, la gestión y la convivencia escolar, pero prohíbe 
que sean usadas para sustituir docentes, reduc ir plazas, vigilar masivamente, perfilar 
laboralmente o adoptar decisiones automatizadas sin intervención humana. Por ello, 
deberán adecuarse las normas sectoriales sobre plataformas educativas, reporte digital, 
interoperabilidad, protección de datos, segu ridad de información, uso de inteligencia 
artificial y expediente digital magisterial. La protección de derechos fundamentales exige 
que toda herramienta tecnológica se someta a criterios de razonabilidad, proporcionalidad, 
finalidad legítima, transparenci a y control humano, porque los derechos no pueden 
quedar sujetos a decisiones opacas o puramente automatizadas (Alexy, 1993)  65.
La vigencia del presente proyecto de ley debe diseñarse con un régimen transitorio sólido. 
Los docentes nombrados deben ser i ncorporados de pleno derecho a la nueva Carrera 
Profesional Docente, respetando escala, plaza, jornada, remuneración, tiempo de 
servicios y derechos adquiridos. Los auxiliares nombrados deben ser incorporados a la 
Carrera Especial del Auxiliar de Educación , ubicándolos progresivamente en niveles 
conforme a tiempo de servicios, formación, experiencia, funciones, méritos y trayectoria. 
Los contratados deben tener reconocimiento oficial de servicios y participación en 
concursos progresivos de nombramiento cuan do existan plazas orgánicas, 
presupuestadas o de necesidad permanente. Los cesantes y jubilados deben ser 
incorporados progresivamente a los beneficios previsionales y de bienestar compatibles 
con su condición. La regla de transición debe impedir que la n ueva ley sea aplicada de 
manera regresiva. Ningún docente o auxiliar debe perder remuneración, escala, nivel, 
plaza, jornada, beneficios, tiempo de servicios, pensión, CTS, encargatura, derecho 
previsional o procedimiento favorable por efecto de la adecuac ión. Los procedimientos 
en trámite deben continuar bajo la regla más favorable, siempre que no se afecten actos
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firmes ni la continuidad del servicio educativo. Las normas anteriores solo deben aplicarse 
transitoriamente cuando resulten necesarias para com pletar procesos iniciados, pagar 
derechos pendientes, ejecutar concursos ya convocados o sostener actos administrativos 
válidos, siempre bajo el principio de favorabilidad magisterial.
La presente propuesta de ley, al entrar en vigencia, también debe orde nar el pago de 
beneficios pendientes, devengados, CTS, encargaturas, asignaciones, bonificaciones, 
intereses y pensiones. Ello implica coordinar la nueva ley con normas presupuestales y 
con mecanismos de programación multianual. La progresividad presupuest al puede 
regular la implementación de nuevos beneficios, pero no puede servir para desconocer 
derechos ya devengados, resoluciones firmes, mandatos judiciales o prestaciones 
efectivamente realizadas. El diseño normativo debe distinguir entre derechos nuevo s de 
implementación progresiva y obligaciones preexistentes exigibles. Esta precisión evitará 
que la administración invoque la falta de reglamento o presupuesto para paralizar el 
reconocimiento de derechos. El presente proyecto de ley debe incluir una disposición de 
adecuación normativa que obligue al Poder Ejecutivo a revisar y armonizar todas las 
normas laborales, educativas, administrativas, presupuestales, previsionales, 
remunerativas y de gestión pública vinculadas al Magisterio Nacional. Esta adecuac ión 
debe comprender, como mínimo, reglamento de la nueva ley, normas técnicas de 
concursos, normas de contratación, nombramiento, ascenso, promoción, reasignación, 
destaque, permuta, encargatura, licencias, permisos, vacaciones, escalafón, régimen 
disciplinario, evaluación, remuneraciones, CTS, jubilación, bienestar, seguridad social, 
auxiliares de educación, instituciones privadas, tecnología, protección de datos y gestión 
de plazas. La ausencia de adecuación oportuna no debe impedir la aplicación directa de 
los derechos reconocidos por la ley.
La vigencia de la presente iniciativa legislativa producirá un efecto ordenador sobre el 
conjunto del sistema educativo. Su finalidad no es generar dispersión normativa, sino 
concentrar en una norma especial las reg las esenciales del régimen magisterial. Las 
normas anteriores que sean incompatibles serán derogadas; las normas generales 
seguirán aplicándose de manera supletoria; las normas sectoriales deberán adecuarse; 
y las disposiciones transitorias asegurarán cont inuidad del servicio, estabilidad laboral y 
protección de derechos. De esta manera, la presente propuesta de ley permitirá pasar de 
un régimen fragmentado, centrado principalmente en la Ley de Reforma Magisterial y en 
normas dispersas sobre auxiliares, a u n régimen integral del Magisterio Nacional, con 
mayor coherencia jurídica, mayor protección laboral, mejor control administrativo y una 
estructura normativa alineada con la dignidad del docente, el reconocimiento del auxiliar 
de educación y la calidad del servicio educativo.
VII.- VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa legislativa guarda directa vinculación con la Agenda Legislativa del 
Congreso de la República y con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en tanto 
aborda uno de los ejes estructurales del desarrollo nacional: la mejora de la calidad 
educativa m ediante el fortalecimiento, revaloración y protección a los docentes del 
Magisterio Nacional. La Agenda Legislativa se organiza sobre objetivos vinculados a la
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democracia, la equidad y justicia social, la competitividad del país y la afirmación de un 
Estado eficiente, transparente y descentralizado; dentro de dicho marco, la propuesta de 
Nueva Ley del Docente se inserta de manera coherente, porque desarrolla una reforma 
integral orientada a garantizar educación de calidad, fortalecer la carrera magisterial, 
mejorar la for mación docente, proteger derechos laborales y asegurar condiciones 
adecuadas para la prestación del servicio educativo.