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Inocuidad en Pesca y Acuicultura e Instituto Nacional de Calidad). En ese sentido, la 
norma habilita el marco legal indispensable para realizar las modificaciones 
presupuestarias y la transferencia financiera hacia COFIDE, garantizando así la 
operatividad del subsidio, la sostenibilidad del programa IMPULSO MYPERÚ y el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas establecidas en la Ley N° 31658. 
Asimismo, la propuesta normativa es viable y oportuna toda vez que permitirá 
optimizar el uso de los recursos para atender el incremento sostenido de la demanda 
del subsidio, proyectada en 35 287 beneficiarios para el año 2026. La transferencia 
resulta fundamental para evitar la interrupción de los desembolsos, especialmente 
ante la concentración de la demanda en el último trimestre del año (13 698 
beneficiarios), garantizando así la confianza del sistema financiero y el fortalecimiento 
del financiamiento de las micro y pequeñas empresas que representan más del 90% 
del total proyectado. 
- Medida en materia de ingresos del personal para garantizar la responsabilidad 
fiscal por fin de mandato 
La medida resulta necesaria debido a que, en un contexto de culminación de 
mandato de las autoridades de gobierno, existe el riesgo de aprobar acuerdos, en el 
marco de la negociación colectiva o procesos arbitrales, sobre beneficios o 
compromisos económicos de carácter permanente que puedan comprometer 
recursos públicos de ejercicios fiscales futuros sin una adecuada previsión 
presupuestaria. 
La medida es viable porque busca establecer límites temporales y claramente 
definidos respecto de los compromisos económicos que puedan generarse en el 
marco de la negociación colectiva o procesos arbitrales, permitiendo que las 
entidades públicas adecuen sus actuaciones y procesos de negociación dentro de un 
marco de previsibilidad financiera y capacidad presupuestal. 
La medida es oportuna debido a que su aplicación durante el año fiscal 2026 
permitirá asegurar una transición ordenada y fiscalmente responsable en el contexto 
del cierre de gestión gubernamental, evitando la generación de obligaciones 
económicas permanentes que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y limitar la capacidad presupuestaria de las futuras administraciones. 
- Aplicación del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios 
La medida resulta necesaria debido a que la modificación introducida por la Ley N° 
32563 ha generado incertidumbre respecto de la aplicación de los numerales 5.2 y 
5.3 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057 a los contratos administrativos de 
servicios suscritos por necesidad transitoria en el marco de la Ley N° 31131. Esta 
situación podría afectar la continuidad de los vínculos laborales de un número 
considerable de servidores civiles bajo el régimen CAS temporal, comprometiendo la 
operatividad de las entidades públicas y la prestación continua de servicios públicos 
esenciales. Asimismo, la ausencia de precisiones normativas respecto de las 
renovaciones y prórrogas de dichos contratos podría generar interpretaciones 
disímiles entre entidades y riesgos de contingencias administrativas y laborales. 
La medida es viable porque establece un marco normativo uniforme para la 
aplicación de las disposiciones incorporadas por la Ley N° 32563, precisando el 
tratamiento aplicable a los contratos CAS por necesidad transitoria celebrados con 
anterioridad a su vigencia. En ese sentido, la propuesta permite compatibilizar la 
finalidad de ordenamiento del régimen CAS con la continuidad de las actividades 
institucionales y la adecuada prestación de servicios públicos, manteniendo además 
un límite temporal objetivo para las prórrogas o renovaciones contractuales. 
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