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Artículo 212. Fallecimiento, sepelio y protección familiar inmediata 
El fallecimiento del docente o auxiliar de educación en actividad genera el derecho inmediato 
de sus beneficiarios al apoyo por sepelio, pago de beneficios pendientes, liquidación de 
derechos lab orales, activación de seguros, orientación previsional y acompañamiento 
administrativo hasta la conclusión del trámite correspondiente. 
Cuando el fallecimiento, desaparición o invalidez se produzca como consecuencia del 
ejercicio de la función educativa, traslado al centro de trabajo, prestación del servicio en zona 
de riesgo, agresión, accidente, desastre, conflicto social, inseguridad o situación vinculada al 
servicio, corresponde además una indemnización especial y protección familiar prioritaria, sin 
perjuicio de la pensión de sobrevivencia y demás derechos reconocidos por ley.  
El pago por sepelio, indemnización, seguros, beneficios sociales, devengados, 
remuneraciones pendientes y demás derechos no puede ser suspendido, condicionado ni 
retardado por trámites administrativos internos no imputables a los beneficiarios. 
El Ministerio de Educación y la autoridad regional competente establecen un procedimiento 
preferente, simplificado y gratuito para la atención de los familiares del docente o auxiliar 
fallecido, garantizando trato digno, orientación integral y resolución oportuna.
Artículo 213. Intangibilidad de la protección social magisterial 
Los derechos de bienestar, salud ocupacional, vivienda, seguro de vida, sepelio y protección 
familiar reconocidos en el presente Título tienen carácter protector, progresivo e irrenunciable. 
Ningún reglamento, directiva, lineamiento, contrato, acto administrativo o decisión 
presupuestal puede suprimir, restringir, condicionar o desnaturalizar los derechos 
establecidos en este Título, salvo norma expresa con rango de ley y conforme a los principios 
de razonabilidad, proporcionalidad, progresividad y no regresividad.
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TÍTULO XVIII 
TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA AL SERVICIO 
DEL MAGISTERIO
Artículo 214. Competencia digital e innovación docente 
El Estado garantiza a los docentes formación gratuita, permanente, certificada y progresiva 
en competencias digitales, innovación pedagógica, inteligencia artificial educativa, recursos 
tecnológicos, plataf ormas virtuales, seguridad digital, protección de datos y uso ético de 
tecnologías aplicadas a la enseñanza, evaluación, tutoría, investigación e innovación 
educativa. 
La competencia digital docente forma parte del desarrollo profesional, la formación cont inua, 
el ascenso, el acceso a cargos, la mentoría, la investigación, la innovación y el reconocimiento 
de buenas prácticas, siempre que el Estado haya garantizado previamente capacitación, 
asistencia técnica, conectividad, equipamiento y condiciones razona bles para su 
implementación. 
Ningún docente puede ser evaluado desfavorablemente, sancionado, desplazado, excluido 
de concursos, impedido de ascender o responsabilizado por el no uso de tecnologías, 
plataformas o inteligencia artificial cuando la entidad c ompetente no haya proporcionado 
capacitación suficiente, acceso oportuno, conectividad, equipos, soporte técnico o 
condiciones mínimas de funcionamiento.
Artículo 215. Competencia digital del auxiliar de educación 
El Estado garantiza a los auxiliares de e ducación capacitación gratuita, certificada y 
progresiva en el uso de plataformas educativas, registros de asistencia, reportes de 
convivencia escolar, comunicación institucional, seguridad digital, protección de datos 
personales, prevención de violencia, convivencia digital y herramientas tecnológicas 
vinculadas a su función de apoyo educativo. 
La formación digital del auxiliar de educación se orienta a fortalecer la convivencia escolar, la 
disciplina formativa, la protección estudiantil, el acompañamiento , la comunicación oportuna 
de riesgos, el apoyo al docente y la seguridad de los estudiantes, sin desnaturalizar su función 
ni asignarle responsabilidades propias de la función docente. 
Ningún auxiliar de educación puede ser sancionado, evaluado desfavorab lemente o 
responsabilizado por fallas, omisiones o limitaciones en el uso de sistemas digitales cuando 
no haya recibido capacitación, usuario institucional, conectividad, equipos, soporte técnico o 
instrucciones claras y verificables.
Artículo 216. Uso ético de la inteligencia artificial en la educación 
La inteligencia artificial y las tecnologías emergentes son herramientas de apoyo pedagógico, 
administrativo, formativo y de gestión educativa al servicio de la persona humana, del docente, 
del auxiliar de educación, del estudiante y de la mejora de los aprendizajes. 
La inteligencia artificial no sustituye la autoridad pedagógica del docente, su criterio 
profesional, su responsabilidad ética, su vínculo formativo con el estudiante ni su función de 
evaluación, orientación, planificación y conducción del proceso educativo. 
Queda prohibido utilizar sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, plataformas 
automatizadas o herramientas digitales para reemplazar docentes, reducir plazas
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magisteriales, precarizar el vínculo laboral, desnaturalizar la función auxiliar, imponer cargas 
administrativas irrazonables, vigilar masivamente al personal educativo, perfilarlo 
laboralmente o adoptar decisiones disciplinarias, evaluativas, remunerativas o de 
desplazamiento sin  intervención humana, motivación expresa, trazabilidad, debido 
procedimiento y derecho de contradicción. 
Todo uso de inteligencia artificial en el servicio educativo debe respetar la dignidad humana, 
el interés superior del estudiante, la autoridad pedagógica del docente, la protección de datos 
personales, la transparencia algorítmica, la seguridad digital, la no discriminación, la inclusión, 
la interculturalidad y la finalidad pública de la educación.
Artículo 217. Equipamiento, conectividad y soporte tecnológico 
El Estado garantiza progresivamente a las instituciones educativas públicas equipamiento 
tecnológico suficiente, conectividad segura, plataformas educativas interoperables, recursos 
digitales, dispositivos adecuados, mantenimiento, reposición, asi stencia técnica y soporte 
permanente para el adecuado ejercicio de la función docente y auxiliar. 
La entrega de equipos, conectividad y soporte tecnológico prioriza a las instituciones 
educativas rurales, amazónicas, altoandinas, interculturales bilingües,  de frontera, VRAEM, 
unidocentes, multigrado, de educación especial, de difícil acceso, de alta vulnerabilidad o con 
brechas acreditadas de conectividad e infraestructura digital. 
La falta de equipamiento, conectividad, mantenimiento, interoperabilidad, asistencia técnica o 
funcionamiento adecuado de las plataformas no puede ser trasladada como responsabilidad 
funcional al docente ni al auxiliar de educación. 
El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales implementan un sistema público de 
registro, m antenimiento, reposición, soporte y seguimiento del equipamiento tecnológico 
educativo, bajo responsabilidad funcional de las autoridades competentes.
Artículo 218. Protección de datos educativos y derechos digitales del magisterio 
El tratamiento de datos personales de estudiantes, familias, docentes, auxiliares de educación 
y demás integrantes de la comunidad educativa se realiza únicamente con finalidad educativa 
legítima, base legal suficiente, seguridad, confidencialidad, proporcionalidad, transparenci a y 
respeto de los derechos fundamentales. 
Los datos educativos, laborales, biométricos, disciplinarios, evaluativos, médicos, 
psicológicos, familiares o de desempeño del personal magisterial no pueden ser recolectados, 
transferidos, comercializados, publi cados, utilizados para vigilancia, perfilamiento, sanción, 
evaluación automatizada o toma de decisiones laborales sin autorización legal expresa, 
finalidad determinada, intervención humana, trazabilidad y debido procedimiento. 
Las plataformas, sistemas dig itales, aplicaciones, servicios de inteligencia artificial o 
proveedores tecnológicos que traten información educativa deben cumplir estándares de 
seguridad, confidencialidad, interoperabilidad, conservación limitada, auditoría y 
responsabilidad por filtra ción, pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a la 
información. 
El docente y el auxiliar de educación tienen derecho a conocer, acceder, rectificar, actualizar, 
oponerse y solicitar la supresión de datos personales incorrectos, desactualiz ados, 
impertinentes o tratados indebidamente, sin perjuicio de la conservación de información
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estrictamente necesaria para fines escalafonarios, laborales, previsionales, disciplinarios o de 
gestión educativa conforme a ley
Artículo 219. Participación profesional del docente 
El docente participa, individual y colectivamente, en la elaboración, actualización, ejecución y 
evaluación de los instrumentos de gestión pedagógica e institucional de la institución 
educativa, conforme a su función profesional, autoridad pedagógica y responsabilidad en la 
mejora de los aprendizajes. 
La participación docente comprende, como mínimo, el Proyec to Educativo Institucional, el 
Plan Anual de Trabajo, el Proyecto Curricular Institucional, el Reglamento Interno, el Plan de 
Tutoría, el Plan de Convivencia Escolar, los planes de mejora de aprendizajes, las estrategias 
de evaluación, innovación, investig ación educativa, uso pedagógico de tecnologías y demás 
instrumentos vinculados directamente al servicio educativo. 
La opinión técnica del docente en materias pedagógicas, curriculares, evaluativas, tutoriales, 
disciplinarias formativas y de convivencia escolar debe ser considerada por la dirección de la 
institución educativa. Su apartamiento requiere motivación expresa, objetiva y compatible con 
la normativa educativa. 
La participación docente no puede generar represalia, hostigamiento, discriminación, 
afectación de jornada, pérdida de derechos, rotación arbitraria, exclusión de concursos, 
evaluación desfavorable ni sanción indirecta. Todo acto contrario genera responsabilidad 
administrativa, civil o penal, según corresponda.
Artículo 220. Participación del auxiliar de educación 
El auxiliar de educación participa en la formulación, ejecución y evaluación de los planes 
institucionales vinculados a convivencia escolar, disciplina formativa, seguridad estudiantil, 
ingreso y salida de estudiantes, recreos, tutoría asistencial, protección estudiantil, prevención 
de violencia, inclusión educativa y apoyo institucional. 
La participación del auxiliar de educación se ejerce conforme a la naturaleza de su función de 
apoyo educativo, sin sustituir la responsabilidad ped agógica del docente ni la dirección 
institucional del equipo directivo. 
La dirección de la institución educativa debe considerar la información, reportes, alertas y 
propuestas formuladas por el auxiliar de educación respecto de situaciones de riesgo, 
indisciplina, violencia, abandono, inasistencia, afectación emocional, vulneración de derechos 
o necesidad de apoyo a estudiantes. 
El auxiliar de educación no puede ser objeto de represalia, maltrato, discriminación, 
sobrecarga funcional, rotación arbitraria o sanción indirecta por ejercer su participación 
institucional o comunicar hechos relacionados con la protección de estudiantes y la 
convivencia escolar.
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Créanse las Comunid ades Profesionales de Aprendizaje Docente y los Equipos de Apoyo 
Educativo del Auxiliar de Educación, como espacios permanentes de trabajo colaborativo, 
reflexión profesional, mejora de prácticas, innovación, convivencia escolar y fortalecimiento 
institucional. 
Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje Docente tienen por finalidad fortalecer la 
práctica pedagógica, la planificación curricular, la evaluación de aprendizajes, la investigación 
educativa, la innovación, la tutoría, la atención a la diversida d, el uso pedagógico de 
tecnologías y la mejora continua del servicio educativo. 
Los Equipos de Apoyo Educativo del Auxiliar de Educación tienen por finalidad fortalecer la 
disciplina formativa, la convivencia escolar, la seguridad estudiantil, la prevención de violencia, 
el acompañamiento de estudiantes, el apoyo en educación inicial, la atención de situaciones 
de riesgo y la coordinación con docentes y directivos. 
La participación efectiva, acreditada y evaluada en las comunidades profesionales y equipos 
de apoyo constituye mérito registrable en el Escalafón Nacional del Magisterio para efectos 
de reconocimiento, formación, promoción, ascenso, encargaturas, reasignaciones y demás 
procesos de desarrollo profesional, conforme a la naturaleza de cada carrera. 
El Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las instancias de gestión educativa 
descentralizada garantizan tiempo institucional, asistencia técnica, registro, seguimiento y 
condiciones mínimas para el funcionamiento de estos espacios, sin afect ar la jornada laboral 
ni imponer cargas administrativas innecesarias.
Artículo 222. Libertad sindical, representación gremial y democracia interna 
Los docentes y auxiliares de educación tienen der echo a la libertad de asociación, 
sindicalización, representación, negociación colectiva, participación institucional y defensa de 
sus derechos profesionales, laborales, remunerativos, previsionales y de bienestar, conforme 
a la Constitución, los tratados internacionales y la ley.
Los dirigentes sindicales del magisterio son elegidos mediante voto universal, directo, secreto, 
personal y periódico de sus afiliados habilitados, conforme a estatuto y ley. Es nula toda 
elección que desconozca el padrón de afiliados, impida la participación, manipule resultados, 
prorrogue indebidamente mandatos o afecte la democracia interna.
Ningún docente o auxiliar de educación puede ser discriminado, sancionado, trasladado, 
cesado, e valuado desfavorablemente, excluido de concursos, privado de beneficios o 
afectado en su carrera por razón de afiliación, no afiliación, actividad sindical, representación 
gremial, opinión profesional o participación en espacios de diálogo social.
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Las org anizaciones representativas del Magisterio Nacional pueden formular propuestas, 
observaciones, informes técnicos y pedidos de mejora normativa, presupuestal, formativa, 
remunerativa, previsional y de bienestar ante el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, 
Congreso de la República y demás entidades competentes.
Artículo 223. Licencias sindicales del Magisterio Nacional 
El Estado reconoce licencia sindical con goce de remuneraciones para el ejercicio efectivo de 
la representación gremial del Magiste rio Nacional, sin afectación de plaza, escala, nivel, 
tiempo de servicios, beneficios sociales, seguridad social, derechos previsionales, ascenso, 
promoción, reasignación, encargatura ni trayectoria escalafonaria.
Las organizaciones sindicales de auxiliares de educación tienen derecho a licencias sindicales 
con goce de remuneraciones en proporción razonable a su número de afiliados y ámbito de 
representación. En ningún caso la representación nacional de auxiliares de educación puede 
ser inferior a tres licencias sindicales nacionales cuando cuente con inscripción vigente y 
representación efectiva en más de una región.
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reuniones con autoridades y actividades gremiales vinculadas a la protección de derechos 
laborales y profesionales.
Artículo 226. Consejo Nacional del Magisterio 
Créase el Consejo Nacional del Magisterio como órgano consultivo, técnico y permanente de 
participación institucional del Magisterio Nacional, adscrito al Ministerio de Educación, 
encargado de emitir opinión, formular propuestas y realizar seguimiento a las políticas 
públicas vinculadas a carrera, formación, evaluación, remuneración, bienestar, seguridad 
social, jubilación, protección y revaloración del docente y del auxiliar de educación.
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especialistas en educación y otros actores vinculados al Sistema Educ ativo Nacional, 
conforme a ley.
La representación docente, auxiliar y gremial ante el Consejo Nacional del Magisterio debe 
ser elegida mediante mecanismos democráticos, públicos, transparentes, periódicos y 
representativos, garantizando participación de r egiones, educación rural, educación 
intercultural bilingüe, educación especial, educación inicial, auxiliares de educación y 
docentes contratados. Son funciones del Consejo Nacional del Magisterio: 
a) Emitir opinión técnica sobre proyectos normativos que i ncidan en derechos, carrera, 
evaluación, remuneración, formación, bienestar, seguridad social, jubilación o régimen 
disciplinario del magisterio. 
b) Proponer medidas para fortalecer la Carrera Profesional Docente y la Carrera Especial del 
Auxiliar de Educación. 
c) Formular recomendaciones sobre remuneraciones, bonificaciones, condiciones de trabajo, 
salud ocupacional, bienestar, seguridad y protección del magisterio. 
d) Promover políticas de revaloración social, profesional y económica del docente, director , 
subdirector, especialista y auxiliar de educación. 
e) Evaluar el impacto de normas, directivas y políticas públicas sobre la dignidad, estabilidad, 
desempeño y desarrollo profesional del magisterio. 
f) Proponer medidas para reducir precarización laboral,  sobrecarga administrativa, violencia 
contra docentes y auxiliares, y brechas territoriales del servicio educativo. 
g) Emitir un informe anual sobre la situación del Magisterio Nacional, remitido al Congreso de 
la República y publicado por el Ministerio de Educación.
Artículo 227. Consulta normativa previa en materia magisterial 
Todo proyecto de ley, decreto supremo, reglamento, directiva, lineamiento, norma técnica, 
acto normativo general o polític a pública que incida directamente en la carrera, ingreso, 
nombramiento, contratación, evaluación, ascenso, promoción, remuneración, bonificaciones, 
jornada, desplazamientos, disciplina, bienestar, seguridad social, jubilación o derechos del 
Magisterio Nacional debe ser sometido a consulta normativa previa. 
La consulta normativa previa comprende la publicación del proyecto, exposición de motivos, 
sustento técnico, análisis de impacto, identificación de derechos afectados, plazo razonable 
para recibir aportes  y elaboración obligatoria de una matriz pública de observaciones, 
indicando las propuestas acogidas, rechazadas o parcialmente incorporadas, con la 
respectiva motivación. 
La consulta debe garantizar la participación de docentes, auxiliares de educación, 
organizaciones representativas del magisterio, gobiernos regionales, instituciones formadoras, 
especialistas y demás actores vinculados al servicio educativo, según la materia regulada.  
La omisión injustificada de la consulta normativa previa en normas de a lcance general que 
afecten derechos magisteriales constituye vicio de procedimiento y genera responsabilidad
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funcional de la autoridad que la aprueba, sin perjuicio del control administrativo, judicial o 
constitucional que corresponda. 
Quedan exceptuadas d e consulta previa las medidas urgentes dictadas por emergencia 
nacional, desastre, riesgo inminente o necesidad impostergable del servicio educativo. En 
tales casos, la entidad competente debe realizar consulta posterior y evaluación de impacto 
dentro del plazo máximo de noventa días calendario. 
Ninguna consulta normativa puede ser utilizada para reducir, suspender, condicionar o 
desconocer derechos reconocidos por la presente ley.
Artículo 228. Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial 
Créase el Sistema Nacional de Información y Control de la Carrera Magisterial, a cargo del 
Ministerio de Educación, como plataforma pública, digital, interoperable , actualizada, 
verificable y auditada, destinada a garantizar la transparencia, trazabilidad, legalidad y 
protección de los derechos de los docentes y auxiliares de educación.
El sistema integra los módulos de escalafón docente, escalafón del auxiliar de educación, 
registro de contratados, registro de personal magisterial privado, plazas, nombramientos, 
contratos, encargaturas, ascensos, promociones, reasignaciones, permutas, destaques, 
evaluaciones, remuneraciones, asignaciones, bonificaciones, compensaci ón por tiempo de 
servicios, ceses, jubilación, beneficios sociales, sanciones firmes, expedientes digitales y 
demás actos vinculados a la carrera magisterial.
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Toda plaza docente o auxiliar, orgánica, vacante, presupuestada, eventual, temporal, por 
reemplazo, encargatura, destaque, reasignación, permuta, ascenso, promoción o cargo 
directivo debe ser publicada previamente en el Sistema Nacional de Información y Control de 
la Carrera Magisterial. 
La publicación debe contener, como mínimo, código de plaza, institución educativa, nivel, 
modalidad, ubicación geográfica, jornada, especialidad, lengua requerida, condición 
presupuestal, naturaleza de la plaza, vigencia, causal  de vacancia o necesidad de servicio, 
remuneración aplicable, asignaciones correspondientes y requisitos exigibles. 
La adjudicación, cobertura, reserva, modificación, supresión, conversión o reasignación de 
plazas solo puede realizarse sobre información previamente publicada, verificable y trazable. 
Es nulo todo acto de adjudicación, nombramiento, contratación, encargatura, reasignación, 
destaque, permuta, ascenso o promoción efectuado sobre plaza no publicada, inexistente, no 
presupuestada, indebidamente r eservada, manipulada u ocultada, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal de los funcionarios intervinientes.