crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
El título también establece deberes generales y específicos. Para docentes, se exige 
planificación, conducción, evaluación, tutoría, coordinación con familias, adecuación a 
la diversidad y participación en mejora institucional. Para auxiliares, se exige apoyo 
educativo, t rato digno, comunicación de riesgos, cumplimiento de protocolos, 
coordinación con docentes y reserva de información. Las prohibiciones comunes 
sancionan violencia, discriminación, cobros indebidos, alteración de documentos, 
hostigamiento, abandono injustificado y actos incompatibles con la dignidad educativa.
El Título IX desarrolla el componente económico del presente proyecto de ley. Su 
importancia es evidente: no existe revaloración real del magisterio sin remuneración 
digna, pagos oportunos, beneficios sociales, asignaciones por condiciones especiales 
y protección de la CTS. La presente iniciativa legislativa busca convertir la dignificación 
magisterial en obligaciones económicas concretas.
El régimen remunerativo se organiza sobre la RIM para docentes  y la RIAE para 
auxiliares. Ambas tienen carácter remunerativo, alimentario y pensionable. Esta 
precisión es crucial porque impide que conceptos esenciales sean transformados en 
pagos no pensionables, incentivos ocasionales o beneficios discrecionales. La 
intangibilidad remunerativa protege al trabajador frente a reducciones, 
fraccionamientos o sustituciones arbitrarias.
La bonificación por preparación de clases reconoce que la labor docente no se agota 
en la hora lectiva. Planificar, preparar sesiones, elaborar materiales, evaluar, calificar, 
retroalimentar, atender familias y participar en coordinación pedagógica son 
actividades indispensables para la enseñanza. Al reconocer esta bonificación como 
mensual, permanente, remunerativa y pensionable, la norma corrige una visión 
limitada del trabajo docente.
Las asignaciones comunes por ruralidad, selva, frontera, VRAEM, difícil acceso, 
movilidad, alimentación, conectividad, riesgo, materiales educativos y carga 
excepcional responden a una realidad nacional div ersa. La misma función educativa 
puede exigir esfuerzos muy distintos según el territorio, el número de estudiantes, la 
seguridad, la conectividad, el transporte o la vulnerabilidad social. La norma busca
--- Página 156 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  156 
compensar esas diferencias y evitar que el trabajad or financie con sus propios 
recursos el funcionamiento del servicio educativo.
El régimen de CTS, cese y liquidación integral de beneficios se orienta a proteger el 
carácter alimentario y previsional de los derechos económicos. La prohibición de 
retener, condicionar o diferir pagos por trámites internos, errores escalafonarios o falta 
de actualización de sistemas es una garantía relevante frente a prácticas 
administrativas que suelen perjudicar al trabajador magisterial.
El Título X extiende la protección mínima del presente proyecto de ley al personal que 
presta servicios en instituciones educativas privadas. Su fundamento es claro: la 
gestión privada no elimina la naturaleza pública del servicio educativo ni autoriza 
precarización laboral. La educación privada también forma estudiantes, ejecuta 
currículo, exige trabajo pedagógico y participa del Sistema Educativo Nacional.
La regulación reconoce al docente privado como profesional de la educación y 
autoridad pedagógica. También reconoce al auxiliar privado como integrante del 
Magisterio Nacional en función de apoyo educativo. Esta incorporación permite que su 
experiencia, trayectoria, capacitación y servicios sean valorados en concursos, 
nombramientos, encargaturas y procesos de desarrollo profesional, siempre que estén 
debidamente acreditados.
La norma fija pisos remunerativos nacionales para docentes y auxiliares privados, 
vinculados a jornada, nivel, modalidad, carga lectiva, función y responsabilidad. 
Prohíbe remuneraciones simbólicas, fraccionamiento artificial de jornadas, contratos 
civiles, recibos por honorarios, voluntariado, prácticas encubiertas o cualquier 
modalidad destinada a ocultar una relación laboral. Este punto es especialmente 
relevante porque en la edu cación privada puede presentarse simulación contractual 
pese a existir subordinación, horario, estudiantes asignados y función permanente.
La jornada laboral privada debe reconocer todas las actividades obligatorias, incluidas 
reuniones, capacitaciones, t utorías, atención a familias, actividades extracurriculares 
y labores fuera del aula. La capacitación exigida por el empleador debe considerarse 
tiempo de trabajo. Esta regla protege al trabajador frente a la exigencia de 
disponibilidad permanente o trabajo gratuito.
La fiscalización conjunta entre Ministerio de Educación, DRE, UGEL, Ministerio de 
Trabajo y SUNAFIL permite abordar el problema desde dos dimensiones: la educativa 
y la laboral. De esta forma, el incumplimiento no se reduce a una infracción contractual 
individual, sino que afecta la calidad del servicio educativo y la dignidad profesional 
del trabajador.
--- Página 157 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  157 
desplazamientos pueden ser usados legítimamente para atender necesidades del 
servicio, pero también pueden convertirse en instrumentos de castigo, rep resalia o 
arbitrariedad.
La presente propuesta de ley establece principios de legalidad, mérito, transparencia, 
predictibilidad, gratuidad, debido procedimiento, protección familiar y no afectación de 
derechos. Estos principios protegen al trabajador fren te a denegatorias inmotivadas, 
ocultamiento de plazas, manipulación de criterios o exigencia de requisitos no 
previstos por ley.
La permuta, reasignación, destaque y encargatura docente se regulan con garantías 
específicas. La permuta permite intercambio voluntario de plazas compatibles. La 
reasignación protege salud, unidad familiar, seguridad, interés personal, necesidad de 
servicio y retorno desde zonas difíciles. El destaque se concibe como desplazamiento 
temporal sin pérdida de plaza de origen. La encargatura reconoce el ejercicio temporal 
de cargos de mayor responsabilidad con derecho a pago desde el primer día.
Para auxiliares de educación, el régimen es paralelo pero adaptado a la naturaleza de 
su función. La reasignación debe considerar experienci a en educación inicial, 
educación especial, inclusión, convivencia, protección estudiantil, ruralidad o 
seguridad escolar. La encargatura auxiliar no puede convertirse en sustitución docente 
ni asignación de planificación curricular o evaluación académica.
Las garantías comunes impiden que cualquier desplazamiento reduzca remuneración, 
escala, nivel, jornada, tiempo de servicios, beneficios o trayectoria escalafonaria. El 
plazo de resolución, el derecho de impugnación y la responsabilidad funcional por 
ocultamiento o manipulación de plazas fortalecen la seguridad jurídica del personal 
magisterial.
El Título XII responde a una de las dimensiones más sensibles del servicio educativo 
peruano: la prestación de labores en zonas rurales, amazónicas, altoandinas,  de 
frontera, VRAEM, comunidades alejadas, zonas de emergencia o riesgo. El presente 
proyecto de ley reconoce que trabajar en estos territorios implica desafíos adicionales 
de traslado, seguridad, alimentación, alojamiento, conectividad, salud, riesgo climático, 
aislamiento y exposición a violencia.
La protección especial comprende traslado seguro, movilidad, alimentación, 
alojamiento, comunicación, seguro especial, defensa legal, incentivos, reconocimiento 
de servicios y retorno preferente. Esta regulació n es relevante porque el Estado no 
puede exigir presencia educativa en zonas complejas sin garantizar condiciones 
mínimas de permanencia. La continuidad del servicio educativo no debe descansar en 
el sacrificio personal no reconocido del docente o auxiliar.
--- Página 158 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  158 
acceso, medios de transporte, condiciones de alojamiento, conectividad, seguridad y 
medidas de protección necesarias. Esta información tiene valor para asignaciones, 
seguros, movilidad, reasignaciones y medidas de protección.
La regulación del seguro especial, indemnización por fallecimiento, desaparición o 
invalidez, protección frente a amenazas y retorno preferente aporta una visión integral 
de cuidado estatal. El docente y el auxiliar no son simples recursos humanos 
desplazables; son trabajadores que sostienen el derecho a la educación en territorios 
donde el Estado muchas veces tiene presencia limitada.
La prohibición de abandono institucional es una fórmula normativa fuerte. Impide que 
la falta de presupuesto, la lejanía o la precariedad territorial sean utilizadas para 
justificar condiciones indignas. Esta disposición tiene especial valor  constitucional, 
porque conecta el deber estatal de garantizar educación con el deber de proteger a 
quienes hacen posible ese servicio.
El Título XIII redefine la evaluación del Magisterio Nacional desde una perspectiva 
formativa, contextualizada y garantista. La presente iniciativa legislativa no elimina la 
evaluación; por el contrario, la fortalece al exigir que sea técnica, objetiva, transparente, 
integral y orientada a la mejora. Lo que se rechaza es el uso de la evaluación como 
instrumento de hostigamiento, persecución, precarización o sanción encubierta.
La evaluación docente comprende ingreso, desempeño, ascenso, acceso a cargos, 
certificación, permanencia y diagnóstico para formación. Cada modalidad debe tener 
finalidad expresa, criterios previamente publicados, instrumentos técnicos, 
evaluadores certificados, trazabilidad y mecanismos de revisión. Esta regulación evita 
evaluaciones improvisadas, subjetivas o aplicadas sin información suficiente al 
evaluado.
La evaluación integral del docente debe valorar planificación, conducción, evaluación, 
dominio pedagógico, gestión de aula, tutoría, inclusión, experiencia, formación, 
innovación, investigación, tecnologías, servicio territorial, conducta ética, participación 
institucional y resultados contextualizados. La norma acierta al prohibir que la 
evaluación se sustente exclusivamente en prueba escrita, encuesta aislada, resultado 
estadístico descontextualizado o informe no verificable.
El acompañamiento previo y el plan de mejora son garantías esenciales. Cuando se 
detectan dificultades, la autoridad debe ofrecer capacitación, mentoría, 
retroalimentación, asistencia técnica y plazo razon able antes de adoptar medidas 
desfavorables. Este enfoque es coherente con una política educativa que busca 
mejorar el desempeño y no simplemente excluir al trabajador.
--- Página 159 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  159 
protocolos, trato digno, educación inicial, inclusión y desempeño en contextos 
complejos. Esta pr ecisión evita responsabilizar al auxiliar por resultados que no 
dependen de su cargo.
El Título XIV establece un régimen disciplinario basado en legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento, presunción de inocencia, razonabilidad, proporcionalidad, motivaci ón 
suficiente, imparcialidad y derecho de defensa. Su importancia consiste en equilibrar 
la protección de estudiantes y comunidad educativa con la seguridad jurídica del 
docente y auxiliar investigado.
La clasificación de faltas leves, graves y muy graves permite ordenar la potestad 
sancionadora. Las faltas leves se orientan preferentemente a corrección y mejora. Las 
graves comprenden conductas que afectan significativamente deberes funcionales o 
derechos de la comunidad educativa. Las muy graves abarcan violencia sexual, 
violencia grave, corrupción, falsificación dolosa, condenas incompatibles, amenazas, 
represalias o conductas manifiestamente incompatibles con la función educativa.
La disposición sobre denuncias falsas, maliciosas o temerarias cumple una función 
protectora relevante. No impide denunciar hechos reales o razonablemente 
sospechados, pero sí evita el uso instrumental de denuncias para hostigar, presionar, 
extorsionar o afectar la reputación del trabajador magisterial. La restitución de 
derechos, eliminación de anotaciones perjudiciales y comunicación a autoridades 
competentes fortalecen el debido procedimiento y la dignidad profesional.
El Título XV reconoce que la jornada magisterial no puede entenderse de manera 
reducida. En el caso docente, comprende enseñanza directa, planificación, 
preparación de clases, evaluación, retroa limentación, tutoría, atención a familias, 
coordinación pedagógica, formación, actividades institucionales, entrenamientos, 
ensayos y preparación de estudiantes para actividades oficiales. La norma visibiliza el 
trabajo no lectivo y evita su exigencia gratuita.
--- Página 160 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  160 
competencias, festivales, acompañamiento, traslados y permanencia fuera de jornada. 
El presente proyecto de ley reconoce que, cuando estas actividades son programadas, 
autorizadas o aprovechadas institucionalmente, constituyen tiempo efectivo de trabajo 
y deben ser compensadas.
La protección frente a sobrecarga laboral docente también es relevante. La norma 
prohíbe asignar cargas excesivas de aulas, estudiantes, comités, reportes, vigilancia 
o labores ajenas a la función pedagógica. Esta previsión conec ta directamente con la 
salud ocupacional y la calidad educativa, porque un docente sobrecargado no puede 
planificar, evaluar ni acompañar adecuadamente.
En el caso del auxiliar, la jornada comprende apoyo educativo, convivencia, disciplina, 
asistencia, in greso, salida, recreos, desplazamientos, actividades institucionales y 
protección estudiantil. En educación inicial, incluye cuidado, seguridad, higiene, 
hábitos, adaptación y acompañamiento de niñas y niños. La norma impide que la carga 
auxiliar se desnat uralice con labores administrativas, limpieza, vigilancia externa, 
mantenimiento o reemplazo docente.
Las licencias, permisos, vacaciones y descanso se regulan con enfoque protector. El 
descanso vacacional se reconoce como irrenunciable. Las licencias con goce cubren 
enfermedad, maternidad, paternidad, duelo, salud, capacitación oficial, representación, 
emergencia o riesgo. Las licencias sin goce preservan la plaza y el retorno. Los 
permisos por salud, alimentación, lactancia, traslado o emergencia incorporan la 
realidad territorial, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.
El Título XVI introdu ce una visión previsional integral del Magisterio Nacional. La 
jubilación se concibe como reconocimiento del servicio educativo prestado y no como 
simple extinción del vínculo laboral. Esta perspectiva es importante porque el docente 
y el auxiliar dedican su vida laboral a una función de alto impacto social, físico, 
emocional y comunitario.
La creación del Régimen Especial de Jubilación del Magisterio Nacional busca 
asegurar jubilación ordinaria, jubilación anticipada, pensión mínima, complemento 
previsional, reconocimiento de servicios, pensión de sobrevivencia, protección de 
salud y apoyo por fallecimiento. Esta regulación pretende evitar que la trayectoria 
educativa culmine en pensiones insuficientes o trámites previsionales desordenados.
La jubilación anticipada por servicios especiales o condiciones de riesgo reconoce el 
desgaste generado por años de labor en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de 
frontera, VRAEM, multigrado, unidocentes, de emergencia o riesgo. Esta previsión es 
coherente con la i dea de que no todos los servicios tienen la misma carga física, 
emocional o territorial.
--- Página 161 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  161 
resolución, contrato, boleta, constancia, planilla u otro medio idóneo, la falta de registro 
o aportes imputable a la entidad no debe perjudicar sus derechos. Esta regla responde 
a problemas frecuentes de desactualización escalafonaria y omisión de aportes.
El Fondo Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial se orienta a financiar 
progresivamente complemento previsional, sepelio, salud ocupacional, asistencia 
social, vivienda y protección de sobrevivientes. La norma exige transparencia, 
intangibilidad, aud itoría y rendición de cuentas, lo que permite evitar un uso 
discrecional o ajeno a la finalidad previsional.
La Política Nacional de Bienestar y Revaloración Magisterial comprende salud física, 
mental, emocional, familiar, económica, c ultural, recreativa, profesional y social. Esta 
amplitud es adecuada porque el desempeño educativo no depende únicamente de 
capacitación o evaluación; también depende de condiciones de salud, estabilidad 
emocional, seguridad, vivienda, descanso, protección y reconocimiento social.
La salud ocupacional magisterial adquiere especial relevancia. El presente proyecto 
de ley reconoce afectaciones de la voz, estrés, agotamiento, ansiedad, depresión, 
violencia escolar, hostigamiento, riesgos psicosociales y sobre carga laboral. Esta 
regulación permite tratar la salud del magisterio como política pública preventiva y no 
solo como atención individual posterior al daño.
El acceso a vivienda, alojamiento temporal, residencia funcional, crédito preferente o 
módulos habitacionales resulta particularmente importante para docentes y auxiliares 
en zonas alejadas. La permanencia educativa en territorios rurales o de difícil acceso 
exige condiciones materiales mínimas. Sin vivienda o alojamiento seguro, la 
permanencia del personal se vuelve inestable y riesgosa.
Las Casas del Maestro y del Auxiliar de Educación se presentan como espacios 
regionales de bienestar, formación, orientación legal, apoyo psicológico, biblioteca, 
cultura, recreación e innovación. Esta medida puede fo rtalecer identidad profesional, 
acompañamiento institucional y revaloración social, siempre que no sustituya 
obligaciones remunerativas, previsionales o sanitarias del Estado.
El Título XVIII aborda un aspecto contemporáneo de gran relevancia: la incorporación 
de tecnología e inteligencia artificial en la educación. La presente propuesta de ley 
asume una posición equilibrada: reconoce el valor de la innovación, pero prohíbe que 
la tecnología sustituya la autoridad pedagógica del docente, reduzca plazas, precarice 
vínculos laborales o imponga vigilancia masiva.
--- Página 162 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  162 
La competencia digital docente se reconoce como parte del desarrollo profesional, 
siempre que el Estado garantice capacitación, conectividad, equipamiento y soporte. 
Esta condición es fundamental por que sería injusto evaluar, sancionar o excluir a 
docentes por no usar tecnologías que la propia entidad no proporcionó o no enseñó a 
utilizar.
El uso ético de la inteligencia artificial se regula desde una perspectiva de derechos. 
La IA puede apoyar planificación, gestión, evaluación o recursos educativos, pero no 
reemplaza el criterio profesional, la relación formativa ni la decisión humana del 
docente. La prohibición de decisiones automatizadas en mate ria disciplinaria, 
evaluativa, remunerativa o de desplazamiento sin intervención humana, motivación y 
derecho de contradicción es una garantía moderna y necesaria.
La protección de datos educativos y derechos digitales del magisterio completa el 
enfoque. Los datos laborales, biométricos, médicos, disciplinarios, evaluativos o de 
desempeño no pueden ser recolectados o usados sin finalidad legítima, base legal, 
proporcionalidad, seguridad y debido procedimiento. Esta regulación previene riesgos 
de vigilancia, perfilamiento laboral y uso indebido de información sensible.
La parti cipación docente en instrumentos de gestión pedagógica e institucional 
fortalece la autonomía profesional y la calidad de las decisiones escolares. La opinión 
técnica del docente debe ser considerada en materias curriculares, evaluativas, 
tutoriales, disci plinarias y de convivencia. Esta regla evita una gestión vertical que 
excluya a quienes conocen directamente la realidad del aula.
La participación del auxiliar en planes de convivencia, seguridad, protección, ingreso, 
salida, recreos, prevención de violencia e inclusión permite aprovechar su experiencia 
cotidiana en la vida escolar. Muchas veces el auxiliar detecta riesgos, conflictos, 
inasistencias, abandono o situaciones de vulnerabilidad antes que otros actores 
institucionales. Su voz debe ser considerada dentro de la gestión educativa.
--- Página 163 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  163 
depende solo de capacidades individuales, sino de culturas profesionales 
colaborativas y sostenidas (Hargreaves & Fullan, 2012).
El reconocimiento de libertad sindical, negociación colectiva, licencias sindicales, 
representación del Colegio de Profesores del Perú y creación del Consejo Nacional 
del Magisterio fortalece la dimensión democrática del sistema. La consulta normativa 
previa en materia magisterial es especialmente relevante, porque impide que normas 
de alto impacto sean aprobadas sin escuchar a docentes, auxiliares, organizaciones 
representativas, gobiernos regionales, instituciones formadoras y especialistas.
El Sistema Nacional de Información y Control de la Carr era Magisterial integra 
escalafón docente, escalafón auxiliar, registro de contratados, registro de personal 
privado, plazas, nombramientos, contratos, encargaturas, ascensos, promociones, 
reasignaciones, evaluaciones, pagos, CTS, ceses, jubilaciones y san ciones firmes. 
Esta integración permite que la carrera sea verificable y que los derechos no dependan 
de archivos dispersos o decisiones discrecionales.
La publicidad obligatoria de plazas es una garantía central. Toda plaza docente o 
auxiliar debe ser publicada con código, institución, nivel, modalidad, ubicación, jornada, 
especialidad, condición presupuestal, causal de vacancia, remuneración y requisitos. 
La nulidad de actos sobre plazas no publicadas, inexistentes, no presupuestadas, 
manipuladas u ocult adas protege el orden de mérito y combate prácticas de 
favorecimiento.
La auditoría y control de concursos, escalafón, pagos y actos de carrera permite 
detectar manipulación de cuadros de mérito, omisión de pagos, retraso de 
encargaturas, duplicidad de pl azas, fraccionamiento indebido de contratos y 
afectación arbitraria de derechos. El informe anual al Congreso fortalece el control 
político y permite evaluar brechas, presupuesto, pagos pendientes, condiciones en 
zonas de riesgo y situación previsional.