crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
En zonas de riesgo social, violencia, pandillaje, criminalidad, drogadicción, abandono o alta 
deserción escolar, el Estado implementa programas educativos especiales de jornada 
ampliada, mentoría, tutoría, talleres técnico -productivos, deporte, arte, cultura, orientación 
vocacional, liderazgo juvenil, voluntariado, emprendimiento y recuperación de aprendizajes.
Artículo 69. Prevención del consumo de drogas y otras adicciones 
El sistema educativo incorpora programas permanentes de prevención del consumo de 
drogas, alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas, ludopatía, adicción digital y otras conductas 
adictivas que afecten la salud, el aprendizaje, la convivencia y el proyecto de vida del 
estudiante.
Artículo 70. Protección frente a violencia sexual y explotación 
Toda institución educativa tiene el deber de prevenir, denunciar y  activar de inmediato los 
mecanismos de protección frente a hechos de violencia sexual, explotación sexual, trata de 
personas, hostigamiento, grooming, sextorsión, acoso, abuso, tocamientos indebidos, difusión 
de contenido íntimo, captación o cualquier otra conducta que afecte la libertad, indemnidad o 
integridad sexual del estudiante.
Conocido el hecho o indicio razonable, el director de la institución educativa comunica de 
inmediato a la autoridad competente, garantiza la protección de la presunta víctim a, reserva 
de identidad, apoyo psicológico, continuidad educativa y adopción de medidas preventivas 
respecto de la persona denunciada, conforme a ley y sin afectar la presunción de inocencia.  
La omisión de denuncia, el encubrimiento, la revictimización o l a inacción frente a estos 
hechos genera responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.
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El Estado garantiza progresivamente condiciones mínimas de alimentación, salud y bienestar 
para asegurar la asistencia, permanencia, aprendizaje y desarrollo integral del estudiante, 
priorizando la primera infancia, educación básica, zonas rurales, altoandinas, amazónicas, 
fronterizas, urbano-marginales y de pobreza.
El Estado reconoce al docente como agente principal de la formación integral de los 
estudiantes y garantiza su dignidad profesional, autor idad pedagógica, capacitación 
permanente, evaluación objetiva, condiciones adecuadas de trabajo y protección institucional. 
La mejora remunerativa y los incentivos docentes se regulan conforme a la legislación 
especial, la meritocracia, la responsabilidad social de la función docente, la disponibilidad 
presupuestal y la programación multianual correspondiente.
La política docente comprende la selección rigurosa de postulantes a la formación inicial, la 
formación profesional de alta calidad, la práctica pedagógica supervisada, el ingreso 
meritocrático a la carre ra pública, la inducción obligatoria, la formación permanente, la 
evaluación integral, el acompañamiento pedagógico, la protección de la autoridad docente, el 
bienestar profesional, la investigación educativa, la innovación pedagógica y los incentivos 
diferenciados por desempeño y servicio en territorios de alta complejidad.
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La formación y evaluación docente se orientan a garantizar dominio disciplinar, competencia 
pedagógica, ética profesional, pensamiento científico y humanístico, uso responsable de 
tecnologías, atención a la diversidad, convivencia escolar, ciudadanía democrática, identidad 
nacional, interculturalidad y capacidad para mejorar los aprendizajes.
Artículo 74. Formación inicial docente 
La formación inicial docente se sustenta en altos es tándares académicos, éticos, científicos, 
humanísticos, pedagógicos, tecnológicos, interculturales e inclusivos, orientados a formar 
educadores capaces de desarrollar estudiantes críticos, investigadores, creativos, 
respetuosos, solidarios y comprometidos con el desarrollo nacional.
Comprende, como mínim o, actualización en comprensión lectora, producción escrita, 
matemática aplicada, ciencia experimental, investigación escolar, inteligencia artificial, 
tecnologías digitales, robótica educativa, ciudadanía digital, ética, interculturalidad, inclusión, 
salud mental, prevención de violencia, evaluación formativa, metodologías activas y gestión 
del aula.
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Artículo 76. Evaluación docente 
La evaluación docente es periódica, técnica, objetiva, transparente, formativa y meritocrática. 
Tiene por finalidad mejorar la práctica pedagógi ca, elevar los aprendizajes, fortalecer la 
carrera docente y garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.
El acceso a cargos de director, subdirector, especia lista pedagógico, jefe de gestión 
pedagógica y demás cargos de conducción educativa se realiza mediante concurso público, 
certificación, experiencia acreditada, solvencia ética, formación en gestión educativa, dominio 
normativo, liderazgo territorial y evaluación periódica de desempeño, conforme a la legislación 
aplicable. 
Los cargos de dirección regional, dirección de UGEL u otros cargos de conducción 
administrativa se sujetan al régimen legal correspondiente, debiendo observar criterios de 
idoneidad, mérito, integridad, experiencia y responsabilidad por resultados.
Artículo 78. Protección legal e institucional del docente 
El Estado garantiza protección legal, administrativa y psicológica al docente y al per sonal 
educativo frente a agresiones físicas, verbales, psicológicas, digitales, amenazas, 
hostigamiento, difamación, denuncias manifiestamente maliciosas o actos de interferencia 
indebida en el ejercicio legítimo de su función.
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docente, con respeto al debido procedimiento, la presunción de inocencia y la protección de 
la víctima.
Artículo 79. Incentivos docentes territoriales 
El Estado establece incentivos especiales para atraer, retener y reconocer a docentes y 
directivos que presten servicios en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, 
VRAEM, comunidades nativas, comunidades campesinas, áreas de difícil acceso, zonas de 
emergencia, alta vulnerabilidad social o marcada brecha educativa.
Le corresponde fijar los estándares nacionales de calidad, el currículo base, los lineamientos 
de formación docente, los criterios de evaluación, la p olítica de innovación educativa, la 
transformación digital, el uso ético de la inteligencia artificial, la gestión de datos educativos, 
la supervisión del servicio educativo y la orientación estratégica del financiamiento público 
destinado al cierre de brechas y mejora de aprendizajes.
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docente, acompañamiento pedagógico, atención a la diversidad cultural y lingüística, 
ejecución presupuestal eficiente y cumplimiento de la s metas regionales de aprendizaje, 
convivencia, permanencia escolar e innovación.
Les corresponde verificar el cumplimiento del calendario escolar, la asistencia docente, la 
ejecución de horas efectivas de aprendizaje, la aplicación del currículo, la convivencia escolar, 
la protección del estudiante, la atención de casos de violencia, la recuperación de 
aprendizajes, el uso adecuado de recursos públicos y el cumplimiento de metas institucionales. 
Las Unidades de Gestión Educativa Local deben actuar con celeridad, transparencia, criterio 
técnico y presencia territorial efectiva, priorizando las instituciones educativas con mayor 
rezago, riesgo social, bajo rendimiento, violencia, deserción o car encias de infraestructura y 
conectividad.
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La autonomía educativa está sujeta a responsabilidad por resultados, transparencia, legalidad, 
integridad, respeto a los derechos fundamentales, protección del estudiante, autoridad 
docente, participación familiar y cumplimiento de metas verificables.
a) Aprendizajes: comprensión lectora, escritura, razonamiento matemático, ciencia, 
tecnología, ciudadanía, pensamiento crítico e investigación escolar. 
b) Trayectoria educativa: matrícula, asistencia, permanencia, conclusión, deserción, 
reinserción y recuperación de aprendizajes. 
c) Convivencia y protección: violencia escolar, violencia digital, salud mental, respeto a la 
autoridad docente, participación familiar y activación de alertas tempranas. 
d) Condiciones del servicio: infraestructura, agua, san eamiento, conectividad, equipamiento, 
bibliotecas, laboratorios, materiales, alimentación y accesibilidad. 
e) Gestión institucional: asistencia docente, desempeño directivo, ejecución presupuestal, 
transparencia, mantenimiento, innovación, inclusión e interculturalidad.
Artículo 86. Informe anual de resultados educativos 
El Ministerio de Educación presenta anualmente ante el Congreso de la República un Informe 
Nacional de Resultados Educativos, dentro del primer semestre del año siguiente al evaluado. 
El informe contiene, como mínimo, el estado de los aprendizajes, brechas territoriales, 
ejecución presupuestal, infraestructura, conectividad, formación docente, convivencia escolar, 
violencia, deserción, educación rural, educación intercultural bilingüe, innovación tecnológica, 
uso de inteligencia artificial, cumplimiento de metas regionales y evaluación de políticas 
educativas.
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Constituyen supuestos de responsabilidad el incumplimiento grave o reiterado de metas 
educativas, la inejecución i njustificada del presupuesto, la manipulación de información, la 
omisión de supervisión, el abandono de funciones, la falta de atención de casos de violencia, 
la afectación de la autoridad docente, la negligencia en la protección del estudiante, el 
deterioro injustificado del servicio educativo y la omisión de planes de mejora.
TÍTULO XI 
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FINANCIAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS EDUCATIVOS
Artículo 90. Financiamiento educativo suficiente, progresivo y sostenible 
El Estado garantiza el financiamiento progresivo, equitativo y sostenible del Sistema Educativo 
Nacional, orientado al cierre de brechas, la mejora de aprendizajes, la formación científica, 
tecnológica, humanística, ética y ciudadana, así como al desarrollo integral del país.
Artículo 91. Progresividad y no regresividad educativa 
El financiamiento, cobertura, calidad, infraestructura, conectividad, alimentación, salud mental, 
formación docente, innovación, inclusión y demás condiciones esenciales del servicio 
educativo se rigen por los principios de progresividad y no regresividad. 
El Estado no puede reducir injustificadamente los niveles alcanzados de protección, 
financiamiento o prestación del servicio educativo, salvo causa objetiva, excepcional, temporal 
y debidamente sustentada, de conformidad con el marco constitucional y presupuestal vigente.
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El Estado implementa mecanismos de financiamiento adicional vinculados al cumplimiento 
verificable de metas educativas, sin afectar la asignación básica que corresponde a cada 
estudiante.
Artículo 96. Laboratorios, talleres productivos y espacios de innovación 
El Estado implementa progresivamente laboratorios de ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemática, inteligencia artificial, robótica, programación, biotecnología, energías renovables 
y ciencias ambientales, conforme a la r ealidad de cada nivel educativo, la programación 
multianual y la disponibilidad presupuestal.
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gastronomía, metalmecánica, construcción, comercio digital, servicios tecnológicos y 
emprendimientos locales.
Artículo 98. Transporte, residencia escolar y acceso territorial 
El Estado garantiza progresivamente medidas de transporte escolar, residencia estudiantil, 
internados seguros u otros mecanismos de apoyo para estu diantes que, por distancia, 
geografía, clima, pobreza, discapacidad, inseguridad o dispersión poblacional, tengan 
dificultades de acceso o permanencia en el servicio educativo.
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promoviendo identidad nacional, respeto a la diversidad, investigación, innovación, 
productividad sostenible y convivencia democrática.
Artículo 100. Educación rural integral 
La educación rural se organiza bajo un modelo integral que garantice acceso, permanencia, 
calidad, conectividad, alimentación, transporte, residencia estudiantil cuando corresponda, 
infraestructura adecuada, materiales pertinentes y acompañamiento pedagógico permanente. 
El Esta do prioriza la estabilidad de docentes idóneos en zonas rurales, altoandinas, 
amazónicas, de frontera y de difícil acceso, otorgando incentivos, formación especializada, 
vivienda, conectividad y condiciones dignas para el ejercicio de la función docente.
Artículo 102. Educación andina 
La educación andina se desarrolla con  pertinencia cultural, lingüística, climática, científica, 
tecnológica y productiva, incorporando la realidad de las comunidades campesinas, lenguas 
originarias, agricultura altoandina, ganadería, agua, glaciares, heladas, friaje, minería 
responsable, turismo, textilería, música, organización comunal y gestión del territorio.
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La educación andina promueve la investigación científica sobre agua, suelos, biodiversidad, 
energías renovables, seguridad alimentaria, cambio climático y tecnologías productivas, 
integrando los saberes ancestrales con el conocimiento contemporáneo para el desarrollo 
sostenible de las comunidades y del país.
Artículo 103. Educación costera 
La educación costera se orienta al desarrollo científico, tecnológico, humanístico, ambiental y 
productivo de los territorios del litoral y zonas urbanas vinculadas, incorporando contenidos 
sobre pesca, puertos, comercio, agroindustria, industria, turismo, patrimonio arqueológico, 
gestión del agua, desiertos, riesgos sísmicos, cambio climático y economía marina.
Artículo 105. Investigación territorial aplicada 
El sistema educativo promueve proyectos de investigación escolar, innovación tecnológica y 
solución de problemas reales del territorio, vinculados a agua, alimentación, salud, energía, 
biodiversidad, agricultura, pesca, minería responsable, bosques, turismo, industria, ambiente, 
seguridad, transporte, vivienda y transformación digital.
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La investigación territorial aplicada tiene finalidad formativa, científica, humanística y 
productiva, y busca convertir las potencialidades naturales, culturales y humanas del Perú en 
desarrollo sostenible, empleo digno, identidad nacional y bienestar social.
Artículo 107. Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
Créase el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como mecanismo permanente, técnico, 
transparente, descentralizado y funcionalmente autónomo, destinado a medir la calidad, 
equidad, pertinencia, integridad y resultados del servicio educativo, en articulación con los 
órganos y sistemas de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad previstos en la 
legislación especial.
El sistema evalúa periódicamente los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño docente, 
la gestión directiva, el funcionamiento de las instituciones educativas, las UGEL, las 
Direcciones Regionales de Educación, la infraestructura, la convivencia escolar, la inclusión, 
la innovación y la formación científica, humanística, tecnológica y ciudadana.
Los resultados de evaluación no podrán ser utilizados únicamente con fines estadísticos o 
declarativos. Su finalidad esencial es corregir deficiencias, elevar aprendizajes, fortalecer 
capacidades docentes, mejorar la gestión, reducir brechas, p revenir el abandono escolar y 
garantizar una educación científica, humanística, tecnológica e intercultural de calidad.
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Artículo 109. Planes obligatorios de recuperación y excelencia educativa 
Las instituciones educativas implementan planes obligatorios de recuperación, nivelación y 
excelencia para los estudiantes que presenten bajo rendimiento, inasistencia reiterada, riesgo 
de abandono, dificultades de aprendizaje o brechas en lectura, escritura, matemática, ciencia, 
ciudadanía, tecnología y habilidades socioemocionales.
Artículo 110. Acreditación institucional 
La acreditación institucional es el proceso público, técnico y periódico mediante el cual se 
verifica que las instituciones educativas públicas y privadas cumplen estándares mínimos y 
progresivos de calidad, seguridad, gestión, convivencia, inclusión, infraestructura, 
conectividad, desempeño docente, resultados de aprendizaje, innovación, integridad y 
respeto a la dignidad humana.
Artículo 11 1. Autorización, licenciamiento, supervisión, fiscalización y sanción del 
servicio educativo 
El Estado, a través del Ministerio de Educación y las instancias competentes, establece 
condiciones básicas de calidad para la autorización, licenciamiento, funcionamiento, 
supervisión, fiscalización, acreditación y mejora continua de las instituciones ed ucativas 
públicas y privadas, conforme a su nivel, modalidad, forma de gestión, legislación especial y 
realidad territorial.
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curricular, transparencia, conectividad, materiales educativos, gestión institucional, integridad, 
resultados de aprendizaje y respeto a la dignidad humana.
Artículo 112. Información educativa y datos abiertos 
El Ministerio de Educación implementa un sistema nacional de información educativa, 
interoperable, actualizado y de acceso público, que contenga datos agregados sobre 
aprendizajes, brechas territoriales, infraestructura, conectividad, convivencia escolar, 
violencia, asistencia, deserción, inclusión, presupuesto, ejecución del gasto, desempeño 
institucional y cumplimiento de metas.
Artículo 113. Protección de la veracidad e integridad de la información educativa 
La información educativa tiene carácter público, veraz, verificable y estratégico para el Estado. 
Está prohibida la alteración, ocultamiento, falsificación, manipulación, destrucción o uso 
indebido de notas, registros de asistencia,  actas, certificados, informes, evaluaciones, 
indicadores, expedientes, datos presupuestales o resultados institucionales.
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lectura, la cultura, la ética, la disciplina, el respeto, la identidad nacional, la convivencia 
democrática y la productividad del país.
Artículo 115. Integridad educativa 
La integridad educativa constituye principio rector del Sistema Educativo Nacional y 
comprende la probidad, transparencia, mérito, neutralidad política, honestidad académica, 
uso eficiente de los recurs os públicos, respeto a la verdad, responsabilidad funcional y 
rechazo absoluto de toda forma de corrupción, clientelismo, fraude, discriminación, violencia 
o aprovechamiento indebido de la función educativa.
Artículo 116. Transparencia en contrataciones educativas 
Toda contratación, adquisición, obra, servicio, consultoría, mantenimiento, alimentación 
escolar, material educativo, recurso tecnológico, conectividad, mobiliario, in fraestructura, 
nombramiento, contratación docente o prestación vinculada al servicio educativo se sujeta a 
los principios de publicidad, trazabilidad, control, integridad y rendición de cuentas.
El Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las UGEL y las instituciones educativas 
publican, conforme a la legislación de transparencia, contrataciones públicas y protección de 
datos personales, información actualizada sobre presupuesto, proveedores, montos, plazos, 
avances físicos y financieros, penalid ades, responsables, supervisores y conformidades del 
servicio. 
La publicidad de la información no exime del cumplimiento de los procedimientos, controles y 
responsabilidades establecidos en la legislación especial aplicable.
Artículo 117. Prohibición de uso político de la educación 
Queda prohibido utilizar programas educativos, plazas docentes, becas, materiales, alimentos, 
infraestructura, nombramientos, contratos, recursos tecnológicos, actividades escolares, 
símbolos institucionales o cualquier bien o servicio educativo con fines partidarios, electorales, 
clientelistas, proselitistas o de favorecimiento personal, familiar, gremial, empresarial o político.
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recursos comprometidos y la inmediata comunicación a los órganos de control y persecución 
competentes.