crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
El primer núcleo del problema se encuentra en la persistente crisis de aprendizajes. La 
educación básica no está asegurando de manera suficiente que todos los estudiantes 
alcancen competencias fundamentales en lectura, escritura, matemática, ciencia, 
pensamiento crítico, ciudadanía y solución de problemas. Los resultados de evaluaciones 
internacionales muestran que una proporción importante de estudiantes peruanos no 
logra desempeños mínimos esperados para su edad, lo que compromete su trayectoria 
educativa, su empleabilidad futura, su participación democrática y su capacidad para 
desenvolverse en una sociedad cada vez más científica y tecnológica. PISA 2022 
muestra que el Perú mantiene desafíos relevantes en matemática, lectura y ciencia, con 
una alta proporción de estudiantes por debajo del nivel básico de desempeño, lo que 
evidencia que la permanencia escolar no siempre se traduce en aprendizaje efectivo 
(OECD, 2023) 11.
Esta situación revela que el problema educativo no consiste solo en que los estud iantes 
asistan a la escuela, sino en que la escuela no siempre logra convertir el tiempo educativo 
en aprendizajes significativos, útiles, humanizadores y socialmente transformadores. 
Cuando un estudiante culmina grados escolares sin comprender adecuadamen te lo que 
lee, sin razonar matemáticamente, sin dominar habilidades científicas básicas, sin 
conciencia ética, sin disciplina personal y sin capacidad de resolver problemas reales, el 
sistema educativo reproduce desigualdad en lugar de superarla. Desde esa perspectiva, 
la presente iniciativa legislativa identifica una brecha entre escolarización formal y 
formación real, entre cobertura educativa y calidad educativa, entre declaración normativa 
y resultado verificable.
El segundo núcleo del problema es la desigualdad territorial. El Perú es un país geográfica, 
cultural, lingüística, climática y productivamente diverso; sin embargo, el sistema 
educativo ha funcionado muchas veces bajo una lógica excesivamente uniforme, 
centralizada y poco sensible a las reali dades de la costa, sierra, selva, zonas rurales, 
amazónicas, altoandinas, fronterizas y urbano -marginales. Esta desconexión provoca 
que muchos estudiantes reciban una educación que no dialoga suficientemente con su 
territorio, su lengua, su cultura, sus ri esgos, sus actividades económicas ni sus 
posibilidades de desarrollo. La educación pierde fuerza transformadora cuando no vincula 
los aprendizajes comunes nacionales con los saberes locales, la investigación aplicada, 
la innovación productiva y las necesidades concretas de cada comunidad.
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infraestructura precaria, transporte lim itado y débil acceso a servicios de salud o 
protección. La crisis mundial de aprendizaje, profundizada por la pandemia, ha 
demostrado que los estudiantes más vulnerables son quienes soportan con mayor dureza 
las pérdidas educativas y la exclusión acumulada . El informe sobre pobreza de 
aprendizajes elaborado por el Banco Mundial, UNICEF y UNESCO advierte que la crisis 
educativa mundial se expresa en millones de niños que no pueden leer y comprender un 
texto simple a una edad esperada, lo que exige medidas ur gentes de recuperación, 
equidad y priorización de los más rezagados (World Bank et al., 2022) 12.
El tercer núcleo problemático es la debilidad de la educación como formación integral. La 
educación no puede limitarse a transmitir información ni a preparar m ano de obra sin 
conciencia crítica, ética, histórica, cultural y democrática. Una ley general de educación 
debe reconocer que el estudiante no es únicamente un receptor de contenidos, sino una 
persona en formación que requiere desarrollar inteligencia, car ácter, sensibilidad, 
responsabilidad, identidad, creatividad, disciplina, respeto por los demás y compromiso 
con el bien común. La formación humana no puede ser un complemento decorativo del 
currículo, sino el fundamento de toda política educativa. Delors y la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI sostuvieron que la educación debe 
organizarse sobre aprendizajes que permitan conocer, hacer, vivir juntos y ser, lo que 
evidencia que una educación centrada solo en contenidos académicos resulta insuficiente 
para formar personas capaces de convivir, crear y actuar responsablemente en sociedad 
(Delors et al., 1996) 13.
En esa línea, la presente propuesta de ley identifica que el sistema educativo peruano 
requiere superar una visión fragmentada  de la formación. No basta con enseñar 
asignaturas aisladas si no se forma una persona capaz de comprender su realidad, 
respetar la dignidad humana, valorar la familia, actuar con honestidad, usar 
responsablemente la tecnología, convivir pacíficamente, pro teger el ambiente, respetar 
la ley, rechazar la corrupción y construir un proyecto de vida lícito y productivo. La 
educación debe integrar ciencia y conciencia, tecnología y humanidad, libertad y 
responsabilidad, derechos y deberes, identidad nacional e interculturalidad.
El cuarto núcleo del problema se vincula con la insuficiente articulación entre educación, 
democracia y humanidades. Una educación que abandona la filosofía, la historia, la 
literatura, el arte, la ética, la ciudadanía y la deliberación c rítica corre el riesgo de formar 
sujetos técnicamente útiles, pero democráticamente débiles. La formación para el 
desarrollo económico debe ser compatible con la formación para la vida democrática, la 
empatía, la imaginación moral y la defensa de la libertad. Nussbaum advierte que cuando 
las humanidades son desplazadas por una visión puramente utilitaria de la educación, se 
debilita la capacidad de formar ciudadanos críticos, sensibles y preparados para sostener 
instituciones democráticas (Nussbaum, 2010) 14.
12 World Bank, UNICEF, UNESCO, FCDO, USAID, & Bill & Melinda Gates Foundation. (2022). The state of global learning poverty: 2022 update. World 
Bank. 
13 Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley, M., Padrón Que ro, M., Savané, M. -A., 
Singh, K., Stavenhagen, R., Suhr, M. W., & Nanzhao, Z. (1996). Learning: The treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on 
Education for the Twenty-first Century. UNESCO. 
14 Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University P ress.
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Este problema es especialmente relevante para el Perú, donde la educación debe 
contribuir a enfrentar la corrupción, la violencia, la informalidad, la discriminación, el 
debilitamiento de la autoridad legítima, la pérdida de confianza institucional y la  
indiferencia frente al bien común. La escuela no puede ser neutral frente a la formación 
ciudadana. Debe formar estudiantes capaces de comprender la Constitución, respetar la 
ley, ejercer derechos, cumplir deberes, rechazar la violencia, deliberar con res peto y 
participar responsablemente en la vida pública. Por eso, el presente proyecto de ley 
plantea que la educación debe ser científica y tecnológica, pero también humanística, 
ética, cívica, cultural y democrática.
El quinto núcleo del problema está relacionado con la revolución tecnológica y la ausencia 
de un marco educativo suficientemente actualizado para enfrentarla. La inteligencia 
artificial, la robótica, la ciencia de datos, la automatización, las plataformas digitales y la 
conectividad están modi ficando la forma de aprender, enseñar, trabajar, producir y 
participar en la sociedad. Sin embargo, si estas herramientas ingresan al sistema 
educativo sin principios claros, pueden profundizar desigualdades, facilitar el fraude 
académico, afectar datos pe rsonales, reducir la autoría intelectual, debilitar el 
pensamiento propio o sustituir indebidamente la función docente. UNESCO ha planteado 
la necesidad de un nuevo contrato social para la educación que permita reorientar el 
aprendizaje hacia futuros justo s, pacíficos y sostenibles, incorporando la relación entre 
humanidad, tecnología, planeta y convivencia social (UNESCO, 2021)  15.
La presente iniciativa legislativa reconoce que la tecnología debe ingresar al sistema 
educativo, pero no como simple moderniz ación instrumental. Debe hacerlo con ética, 
supervisión humana, protección de datos personales, seguridad digital, inclusión, 
transparencia, honestidad académica y finalidad pedagógica. El problema no es la 
existencia de la inteligencia artificial, sino la  falta de reglas claras para que su uso 
fortalezca el aprendizaje sin sustituir el pensamiento, la creatividad, la responsabilidad ni 
la evaluación docente. Por ello, la propuesta legislativa incorpora ciudadanía digital, 
ciberseguridad, alfabetización en inteligencia artificial, plataforma educativa pública, 
conectividad universal progresiva y protección reforzada de datos educativos.
Otro componente crítico del problema es la crisis de convivencia, disciplina y autoridad 
pedagógica. La escuela no puede cumplir su función si el aula se convierte en un espacio 
sin respeto, sin límites, sin corresponsabilidad familiar y sin respaldo institucional al 
docente. La autoridad pedagógica no debe confundirse con autoritarismo; constituye una 
condición necesaria par a ordenar el proceso educativo, proteger a los estudiantes, 
prevenir violencia y garantizar aprendizajes. Cuando el docente es agredido, 
desautorizado, hostigado o dejado sin respaldo, no solo se afecta su dignidad profesional, 
sino también el derecho de l os estudiantes a recibir una educación en condiciones de 
orden, seguridad y respeto.
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La identificación del problema permite advertir que la educación peruana requiere un 
régimen equilibrado de convivencia escolar que reconozca deberes de estudiantes y 
padres de familia, medidas formativas y restaurativas, mecanismos de protección frente 
a agresiones, participación familiar obligatoria en casos críticos y debido procedimiento 
para toda medida disciplinaria. La presente propuesta de ley no busca instalar una  
disciplina punitiva, sino una disciplina formativa, proporcional y restaurativa, orientada a 
formar carácter, responsabilidad, autocontrol, respeto y convivencia pacífica.
El problema educativo también se expresa en la débil respuesta institucional frent e a 
riesgos sociales que afectan directamente el aprendizaje. La deserción escolar, la 
violencia familiar, el bullying, el ciberacoso, el consumo de drogas, el embarazo 
adolescente, la captación criminal, la explotación, la trata, el riesgo suicida y la afectación 
de la salud mental no son hechos externos a la educación. Son factores que interrumpen 
trayectorias educativas, deterioran el rendimiento, dañan la convivencia y comprometen 
el proyecto de vida de los estudiantes. Una escuela que no detecta ni activa alertas frente 
a estos riesgos llega tarde a la protección del estudiante.
Por ello, el presente proyecto de ley identifica como problema la ausencia de un sistema 
suficientemente articulado de alerta temprana, prevención social, salud mental escolar y 
protección integral. La educación debe operar como primera línea de identificación del 
riesgo, sin reemplazar a los sectores de salud, justicia, protección familiar, seguridad 
ciudadana o programas sociales, pero articulándose con ellos. La escuela no pu ede 
resolver sola la violencia, la pobreza o la salud mental; sin embargo, sí puede detectar, 
registrar, derivar, acompañar y evitar que el estudiante sea abandonado por el sistema.
La gestión educativa representa otro eje problemático. El sistema no siem pre define con 
claridad quién responde por los resultados: el Ministerio de Educación, los gobiernos 
regionales, las UGEL, las instituciones educativas, los directivos, los docentes, las 
familias o la comunidad. Esta dispersión de responsabilidades debilit a la rendición de 
cuentas. La política educativa cambia con frecuencia, los programas se descontinúan, los 
indicadores no siempre generan consecuencias y la información no siempre se usa para 
corregir deficiencias. La presente iniciativa legislativa identi fica que una educación 
moderna requiere rectoría clara, descentralización responsable, autonomía institucional 
con resultados, indicadores obligatorios, informes anuales, planes correctivos, evaluación 
permanente y responsabilidad funcional por incumplimiento grave de deberes educativos.
El financiamiento constituye un problema estructural, pero no solo por insuficiencia de 
recursos. También existe un problema de asignación, priorización, mantenimiento, 
transparencia y vínculo entre presupuesto, brechas y resultados. Un sistema educativo 
que asigna recursos sin considerar pobreza, ruralidad, discapacidad, lengua originaria, 
dispersión geográfica, conectividad, clima, inseguridad, anemia, violencia o nivel de 
aprendizajes reproduce desigualdad. Por eso, la p resente propuesta de ley plantea que 
el financiamiento educativo debe ser progresivo, sostenible, territorialmente diferenciado 
y orientado al cierre de brechas, sin dejar de exigir eficiencia, transparencia, 
mantenimiento preventivo y responsabilidad por resultados.
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La infraestructura educativa, los laboratorios, las bibliotecas, la conectividad, el transporte 
escolar, la residencia estudiantil y los espacios de innovación no deben entenderse como 
elementos accesorios, sino como condiciones materiales del  derecho a la educación. 
Cuando un estudiante rural camina horas para llegar a clases, cuando una escuela carece 
de agua segura, cuando no existe internet, cuando no hay biblioteca, cuando no hay 
laboratorio o cuando el local escolar es inseguro, el derech o a la educación se vuelve 
formal, pero no real. Esta es una de las razones por las que la presente iniciativa 
legislativa busca pasar de una ley declarativa a una ley con condiciones, responsables, 
prioridades, progresividad y evaluación.
También se iden tifica un problema de pertinencia productiva. La educación no siempre 
dialoga con el trabajo digno, la innovación, la formalización, las economías regionales, la 
ciencia aplicada ni las potencialidades del territorio. En un país con agricultura, minería, 
pesca, turismo, biodiversidad, bosques, energía, industria, gastronomía, cultura, 
emprendimiento y tecnologías emergentes, la escuela debe formar estudiantes capaces 
de investigar, innovar, producir, emprender y resolver problemas reales sin perder su 
formación ética y humanística. La educación técnico-productiva, la secundaria vinculada 
al territorio, los talleres, la investigación escolar y la formación financiera deben ser parte 
de una respuesta estructural frente a la informalidad, la baja productividad y la falta de 
oportunidades.
La identificación del problema permite sostener que el marco normativo vigente ya no 
resulta suficiente para responder a la complejidad actual del sistema educativo peruano. 
La educación enfrenta simultáneamente crisis de apre ndizajes, desigualdad territorial, 
transformación tecnológica, debilitamiento de convivencia, riesgos sociales, brechas de 
infraestructura, desconexión productiva, discontinuidad de políticas, insuficiente rendición 
de cuentas y limitada articulación entre Estado, familia, escuela y comunidad. La presente 
propuesta de ley busca responder a ese conjunto de problemas mediante una nueva 
arquitectura normativa orientada a formar personas íntegras, científicas, humanistas, 
tecnológicamente competentes, intercult urales, productivas, respetuosas, democráticas 
y comprometidas con el desarrollo nacional.
IV.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
La entrada en vigencia del presente proyecto de ley produciría un efecto ordenador, 
integrador y renovador sobre la legislación educativa nacional, porque establecería un 
nuevo marco jurídico general para el Sistema Educativo Peruano, sustituyendo la lógica 
predominantemente declarativa de la legislación vigente por un modelo normativo 
orientado a fin es verificables, responsabilidades identificables, evaluación permanente, 
financiamiento progresivo, cierre de brechas, protección integral del estudiante, 
fortalecimiento docente, incorporación tecnológica y rendición de cuentas. La presente 
iniciativa legislativa no se limita a modificar aspectos parciales del sistema educativo, sino 
que propone una nueva arquitectura legal que articula derechos, deberes, competencias, 
principios, políticas públicas, gestión descentralizada y mecanismos de supervisión baj o 
una misma dirección normativa.
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Desde el punto de vista jurídico, la vigencia de la presente propuesta de ley tendría como 
primer efecto la derogación expresa de la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, y la 
reordenación del marco legal educativo conf orme a una nueva ley general. Ello implica 
que todas las normas reglamentarias, técnicas, administrativas, curriculares, 
presupuestales y de gestión educativa deberán interpretarse de acuerdo con los 
principios y mandatos de la nueva ley, siempre que no se opongan a ella. Este efecto es 
propio de toda ley general que cumple función estructurante dentro de un sector del 
ordenamiento jurídico, pues una norma superior o posterior reorganiza el sentido de 
validez de las normas inferiores o anteriores. Desde la teoría normativa, la validez de las 
normas jurídicas se comprende dentro de un sistema jerárquico en el que las normas 
inferiores deben guardar conformidad con las superiores, lo que resulta especialmente 
relevante cuando una nueva ley general redefine pri ncipios, competencias y fines 
estatales (Kelsen, 1967) 16.
La vigencia de la nueva ley también produciría un efecto de adecuación normativa 
progresiva. No toda la legislación educativa complementaria quedaría automáticamente 
sin efecto, sino únicamente aquella que contradiga, restrinja o desnaturalice el nuevo 
marco general. Las normas reglamentarias compatibles podrían mantenerse 
temporalmente para evitar vacíos normativos, mientras el Poder Ejecutivo aprueba el 
nuevo reglamento y las disposiciones de a decuación. Esta técnica es jurídicamente 
correcta, porque garantiza continuidad del servicio educativo y evita que la derogación de 
la ley anterior genere inseguridad jurídica. La seguridad normativa exige que las personas, 
instituciones educativas, docent es, estudiantes, familias, gobiernos regionales y UGEL 
conozcan con claridad qué reglas siguen vigentes, cuáles deben adecuarse y cuáles 
quedan derogadas por incompatibilidad.
En términos de coherencia del ordenamiento jurídico, el presente proyecto de ley tendría 
un efecto de sistematización. Actualmente, la educación se encuentra regulada por una 
pluralidad de normas sobre currículo, carrera docente, gestión descentralizada, 
infraestructura, educación privada, educación superior, protección del estudiant e, 
convivencia escolar, tecnologías, transparencia y presupuesto. La presente iniciativa 
legislativa no reemplaza necesariamente todas esas leyes especiales, pero sí establece 
el marco común desde el cual deben ser interpretadas. Esta función de regla de 
reconocimiento sectorial permite identificar qué normas pertenecen válidamente al 
sistema educativo, cómo se articulan entre sí y bajo qué criterios deben aplicarse por las 
autoridades competentes. En ese sentido, Hart sostiene que todo sistema jurídico 
requiere reglas que permitan identificar la validez, aplicación y cambio de las normas 
dentro de una estructura institucional reconocible (Hart, 1994)  17.
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humanística, tecnológica, intercultural, productiva, territorial y basada en resultados. Esto 
significa que los reglamentos sobre currículo, evaluación, convivencia escolar, formación 
docente, gestión de datos, uso de inteligencia artificial, protección contra la violencia, 
infraestructura, conectividad, acreditación y supervisión deberán ser revisados para 
asegurar correspondencia con la nueva orientación legal. No bastará con mantener 
procedimientos administrativos anteriores si estos no responden a objetivos verificables, 
metas, indicadores, responsables, plazos y mecanismos de mejora continua.
La presente propuesta de ley tendría, además, un efecto modernizador s obre la 
legislación nacional al incorporar materias que la ley educativa tradicional no desarrolló 
con suficiente precisión, como inteligencia artificial, ciudadanía digital, protección 
reforzada de datos educativos, ciberseguridad, fraude digital, supervi sión humana de 
decisiones automatizadas, conectividad educativa y plataformas públicas digitales. Estas 
materias obligarían a armonizar la legislación educativa con la normativa sobre protección 
de datos personales, gobierno digital, transparencia, segurid ad de la información y 
derechos fundamentales. La incorporación de tecnología no operaría como simple 
innovación administrativa, sino como una dimensión jurídica del derecho a la educación 
en una sociedad digital. La técnica legislativa exige que la tecnol ogía sea regulada con 
límites, responsabilidades y garantías, pues una norma que introduce herramientas 
digitales sin controles podría afectar privacidad, igualdad, autoría académica, debido 
procedimiento y dignidad del estudiante. Otro efecto relevante sería la transformación de 
la legislación educativa hacia un modelo de responsabilidad pública. El presente proyecto 
de ley no concibe la educación únicamente como prestación estatal o actividad privada 
autorizada, sino como servicio de interés público sujeto a calidad, integridad, supervisión, 
evaluación y rendición de cuentas. Por ello, su vigencia obligaría a revisar la legislación 
nacional vinculada a gestión pública educativa, responsabilidad funcional, control 
gubernamental, contrataciones, ejecución pr esupuestal, infraestructura y transparencia. 
La educación dejaría de evaluarse solo por cobertura, matrícula o cumplimiento formal 
de horas lectivas, para ser examinada también por aprendizajes, permanencia, bienestar, 
seguridad, convivencia, cierre de bre chas, ejecución eficiente de recursos y resultados 
institucionales.