crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La vigencia de la presente iniciativa legislativa también tendrá un efecto ordenador sobre 
los procedimientos electorales, porque traslada al plano legal obligaciones que no deben 
quedar únicamente en protocolos administrativos o disposiciones reglamentarias. La 
digitalización del acta electoral el mismo día de la elección, su publicación inmediata, la 
identificación de responsables, la generación de códigos de trazabilidad, el registro de 
bitácoras digitales, la conservación de evidencia y la activación de alertas ele ctorales 
graves constituyen mecanismos que reducen los espacios de discrecionalidad y evitan 
que las incidencias se traten de manera informal, tardía o no documentada. La claridad, 
publicidad y posibilidad real de cumplimiento de las normas son condiciones  esenciales 
para que una ley tenga fuerza institucional y no sea solo una declaración formal; por ello,
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la presente propuesta de ley convierte la integridad electoral en un conjunto de deberes 
concretos, verificables y exigibles (13. Fuller, 1969).
La inco rporación de disposiciones vinculadas al voto de los ciudadanos peruanos 
residentes en el extranjero producirá un efecto relevante sobre la legislación nacional, 
porque permitirá cerrar uno de los espacios más sensibles del proceso electoral: la 
distancia física entre el lugar de sufragio y el centro nacional de procesamiento. Al exigir 
digitalización y transmisión de actas el mismo día de la elección, antes del repliegue físico 
del material electoral, la presente iniciativa legislativa fortalece la cadena de custodia 
internacional, identifica a los funcionarios consulares responsables y permite que la 
ciudadanía y los personeros contrasten oportunamente el acta emitida con la información 
publicada. Esta regulación no afecta el secreto del voto, porque no se digitaliza la cédula 
marcada por el elector ni se registra el sentido individual del sufragio; lo que se protege y 
publica es el acta electoral como documento público de escrutinio. En materia electoral, 
la confianza pública depende de que todas las etapa s críticas del proceso sean 
verificables, auditables y sometidas a controles independientes, especialmente cuando 
existen riesgos de manipulación, demora, opacidad o falta de trazabilidad ( 14. Norris, 
2014).
Respecto del Código Penal, la vigencia de la presente propuesta de ley tendrá un efecto 
complementario y disuasivo. La reforma no se limita a declarar deberes electorales, sino 
que incorpora tipos penales específicos frente a conductas que lesionan gravemente la 
voluntad popular, tales como la omisión d olosa o por negligencia grave frente a 
incidencias electorales, la corrupción funcional electoral, la alteración de actas, registros 
o sistemas digitales y la vulneración del secreto del voto. Esta técnica normativa es 
necesaria porque la protección del sufragio no solo exige procedimientos administrativos, 
sino también consecuencias penales proporcionales cuando se manipula, encubre o 
altera el resultado electoral. Al mismo tiempo, la propuesta conserva garantías básicas 
del derecho penal, al excluir el er ror material involuntario, la imposibilidad material, la 
fuerza mayor y la corrección técnica autorizada, documentada y trazable. De esta manera, 
se evita criminalizar actuaciones de buena fe y se sancionan únicamente conductas con 
capacidad real de afectar la autenticidad del sufragio o la voluntad popular.
La vigencia de la norma también deberá interpretarse conforme al principio de estabilidad 
electoral. La legislación electoral no debe modificarse de forma intempestiva cuando un 
proceso ya se encuentra  en curso, salvo que las reglas aprobadas tengan una finalidad 
estrictamente garantista, procedimental, tecnológica o de transparencia, sin alterar la 
competencia electoral, la forma de elección, los requisitos de candidatos, la asignación 
de escaños o las  condiciones sustantivas de participación política. Esta precisión es 
importante porque permite armonizar la necesidad de fortalecer la seguridad del voto con 
la exigencia democrática de previsibilidad normativa. Las buenas prácticas electorales 
recomiendan que los elementos fundamentales del derecho electoral no sean
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modificados poco antes de la elección, debido a que la estabilidad de las reglas es una 
garantía de igualdad, confianza y neutralidad institucional (15. Comisión de Venecia, 2002).
La presente iniciativa legislativa tendrá un efecto directo sobre la legislación nacional al 
elevar el estándar de transparencia electoral. La publicación de actas, la bitácora digital, 
el acta cero del sistema informático, la auditoría técnica independiente y el acc eso de 
personeros técnicos permiten que el proceso electoral sea controlado no solo por las 
autoridades, sino también por los actores políticos y la ciudadanía. Esta apertura fortalece 
la legitimidad del resultado porque permite verificar la correspondencia entre el acta física, 
la imagen digitalizada, la digitación, el procesamiento y la proclamación. La transparencia 
no debilita a la autoridad electoral; la fortalece, porque convierte la confianza pública en 
una consecuencia de la verificación y no solo de la declaración institucional.
La presente propuesta de ley también producirá un efecto preventivo sobre la legislación 
nacional. Al establecer deberes claros antes, durante y después del sufragio, reduce la 
posibilidad de que una irregularidad quede sin  registro, que una denuncia sea ignorada, 
que una cédula observada no sea custodiada, que un acta sea trasladada sin trazabilidad, 
que una diferencia entre imagen y digitación pase inadvertida o que una incidencia grave 
no active intervención del JNE, la ONPE, el Ministerio Público o los personeros. La norma 
no garantiza que nunca pueda intentarse un acto fraudulento, pero sí crea un sistema 
más fuerte para prevenirlo, detectarlo, documentarlo, corregirlo y sancionarlo.
En el plano de la aplicación temporal, la vigencia de la norma debe producir efectos hacia 
el futuro, respetando la seguridad jurídica, la irretroactividad penal y la estabilidad de los 
procesos electorales. Las disposiciones penales solo deben aplicarse a hechos 
cometidos después de su entr ada en vigor, mientras que las disposiciones 
procedimentales y tecnológicas pueden aplicarse de manera inmediata siempre que no 
alteren derechos adquiridos, etapas precluidas o reglas esenciales de un proceso 
electoral ya convocado. Esta precisión evita co nflictos de aplicación y permite que la ley 
opere como una reforma institucional seria, técnica y compatible con el ordenamiento 
jurídico vigente.
La presente iniciativa legislativa, al modificar la Ley Orgánica de Elecciones e incorporar 
delitos electorales al Código Penal, tendrá un impacto positivo sobre la legislación 
nacional porque integra prevención, fiscalización, trazabilidad, transparencia, tecnología, 
control ciudadano y sanción penal dentro de un mismo marco jurídico. Su vigencia 
permitirá pasar de un modelo basado principalmente en la confianza formal en el acta y 
en el cómputo, hacia un modelo de verificación pública, documental, digital y penalmente 
protegido. Con ello, el Estado fortalece la legitimidad democrática, protege el voto 
ciudadano dentro y fuera del territorio nacional, reduce riesgos de manipulación y 
consolida la voluntad popular como bien jurídico central del sistema electoral.
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El presente proyecto de ley genera un beneficio institucional, democrático y social 
superior al costo operativo que demandará su implementación, porque introduce 
mecanismos de prevención, trazabilidad, digitalización, fiscalización y sanción orientados 
a proteger la autenticidad del voto ciudadano. La presente iniciativa legislativa no se limita 
a crear nuevas obligaciones formales, sino que busca cerrar espacios de riesgo en el 
ciclo electoral: preparación del material  electoral, instalación de mesa, escrutinio, 
digitalización del acta, transmisión de resultados, custodia, traslado, publicación, 
auditoría y sanción penal de conductas que afecten la voluntad popular.
Desde una perspectiva de costo público, la presente propuesta de ley exige adecuaciones 
tecnológicas, capacitación de miembros de mesa, fortalecimiento de la plataforma de 
transparencia electoral, implementación de bitácoras digitales, auditorías técnicas y 
protocolos especiales para el voto en el extranjero . Estos costos son razonables y 
justificables porque se insertan dentro de funciones que ya corresponden a los 
organismos electorales, especialmente a la ONPE, el JNE, el RENIEC y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en el ámbito consular. La reforma no crea una estructura paralela 
al sistema electoral, sino que fortalece sus procedimientos existentes mediante 
obligaciones de trazabilidad, publicación y control. En esa línea, el costo de implementar 
controles preventivos resulta menor que el costo político, económico y social de enfrentar 
una crisis de legitimidad electoral, nulidades masivas, judicialización de resultados, 
conflictividad social o pérdida de confianza ciudadana.
La literatura especializada sostiene que la integridad electoral no debe ente nderse 
únicamente como ausencia de fraude, sino como la existencia de reglas, procedimientos 
e instituciones capaces de generar confianza pública en todas las etapas del proceso 
electoral. Norris advierte que los procesos electorales defectuosos pueden red ucir la 
confianza en las autoridades, afectar la participación ciudadana y producir protestas o 
crisis de legitimidad (Norris, 2014)  16. Bajo esa premisa, el presente proyecto de ley 
produce un beneficio democrático directo, porque permite que cada acta ele ctoral sea 
verificable, que el resultado digitado pueda contrastarse con la imagen del acta y que 
toda incidencia quede registrada bajo responsabilidad funcional.
El beneficio principal de la presente iniciativa legislativa consiste en proteger la volunta d 
popular mediante reglas objetivas de control. La digitalización obligatoria del acta el 
mismo día de la elección, antes del traslado físico del material electoral, reduce el riesgo 
de alteración, sustitución, pérdida o manipulación posterior. La publicac ión inmediata de 
la imagen del acta permite que los personeros, organizaciones políticas, observadores y 
ciudadanos puedan comparar el acta de mesa con el resultado procesado. Este 
mecanismo eleva el costo de cualquier intento de fraude, porque toda difere ncia entre el 
acta física, la imagen digital y el dato ingresado quedaría expuesta a control público, 
técnico y jurídico.
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acto de votación, sino también en la administración, conteo, transmisión y validación de 
resultados (Birch, 2011) 17. Por ello, el proyecto acierta al no concentrarse únicamente en 
la cédula de sufragio, sino tamb ién en las actas, el material electoral, la cadena de 
custodia, los sistemas digitales, el voto en el extranjero, las alertas graves, la auditoría 
técnica y las responsabilidades penales. El beneficio de esta amplitud normativa es que 
se protege el proceso  electoral como una cadena completa, donde cada eslabón debe 
ser verificable y responsable.
El costo tecnológico de implementar bitácoras digitales, códigos de trazabilidad, acta cero, 
auditorías y publicación de actas se compensa con la reducción del rie sgo de 
controversias poselectorales. Stark sostiene que las auditorías estadísticas posteriores a 
una elección permiten evaluar si el resultado informado corresponde al verdadero 
resultado electoral, reduciendo la posibilidad de confirmar erróneamente una elección 
cuando un recuento completo demostraría lo contrario (Stark, 2008)  18. Esta idea guarda 
coherencia con el presente proyecto de ley, porque la auditoría no debe concebirse como 
un gasto accesorio, sino como una garantía de corrección, transparencia y legitimidad.
La incorporación de auditorías técnicas independientes antes, durante y después del 
proceso electoral tiene un beneficio adicional: fortalece la confianza de las organizaciones 
políticas y de la ciudadanía en los sistemas de digitalización, transmisión y cómputo. Hall 
y otros autores han señalado que las auditorías poselectorales con límite de riesgo 
buscan impedir la certificación de resultados incorrectos y pueden contribuir a confirmar 
la validez del resultado cuando se aplican de manera verificable (Hall et al., 2009)  19. En 
esa línea, la presente iniciativa legislativa permite que la tecnología electoral no sea una 
“caja negra”, sino una herramienta sometida a control, trazabilidad, bitácora, fiscalización 
y responsabilidad.
Respecto del voto en el extranjero, el beneficio institucional es particularmente relevante. 
La presente propuesta de ley obliga a que las actas consulares sean digitalizadas y 
transmitidas el mismo día de la elección, antes del repliegue físico del material electoral . 
Esta medida reduce el riesgo de sospechas sobre demora, pérdida, sustitución o 
manipulación de actas provenientes del exterior. También fortalece el principio de 
igualdad del voto, porque el sufragio emitido fuera del país recibe el mismo nivel de 
protección, trazabilidad y publicidad que el voto emitido dentro del territorio nacional. De 
esta manera, el costo de implementar protocolos consulares, responsables identificados, 
constancias de transmisión y mecanismos de contingencia resulta proporcional fren te al 
beneficio de proteger el voto de millones de ciudadanos residentes fuera del país.
La presente propuesta de ley también genera beneficios en materia de gobernabilidad 
democrática. International IDEA destaca que la confianza de los actores políticos y de la 
ciudadanía en la administración electoral es esencial para la credibilidad de los procesos 
electorales y de los gobiernos resultantes (Wall et al., 2006) 20. Desde esa perspectiva, el
17 Birch, S. (2011). Electoral malpractice. Oxford University Press . 
18 Stark, P. B. (2008). Conservative statistical post-election audits. The Annals of Applied Statistics, 2(2), 550–581. 
19 Hall, J. L., Miratrix, L. W., Stark, P. B., Briones, M., Ginnold, E., Oakley, F., Peaden, M., Pellerin, G., Stanionis, T., & Webber, T. (2009). Implementing 
risk-limiting post-election audits in California. Electronic Voting Technology Workshop/Workshop on Trustworthy Elections . 
20 Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). Electoral management design: The Internation al IDEA handbook.
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proyecto no solo protege votos individuales, sino que fortalece la aceptación institucional 
de los resultados. Una elección puede ser técnicamente correcta, pero si carece de 
mecanismos visibles de trazabilidad y control, puede quedar expuesta a 
cuestionamientos públicos. Por ello, la publicidad de actas, la intervención de personeros, 
la auditoría y la cadena de custodia producen un beneficio intangible pero fundamental: 
confianza pública.
En el plano jurídico -penal, la incorporación de delitos específicos también presenta una 
relación costo -beneficio favorable. La san ción de la omisión dolosa o por negligencia 
grave, la corrupción funcional electoral, la alteración de actas o sistemas digitales y la 
vulneración del secreto del voto cumple una función preventiva y disuasiva. No se trata 
de penalizar errores materiales o actos involuntarios, sino de sancionar conductas graves 
que pueden afectar la voluntad popular. Al excluir expresamente el error material 
involuntario, la imposibilidad material y las correcciones técnicas autorizadas, 
documentadas y trazables, el proyect o evita una criminalización excesiva de la función 
electoral y concentra la respuesta penal en conductas dolosas o gravemente negligentes.
La presente iniciativa legislativa no genera beneficios únicamente para las organizaciones 
políticas, sino para el c iudadano elector. La protección del voto secreto evita presiones, 
coacciones, compra de votos, control indebido del elector o exposición del sentido 
individual del sufragio. Al mismo tiempo, la publicidad de las actas no afecta el secreto 
del voto, porque lo que se digitaliza y publica no es la cédula marcada por cada elector, 
sino el acta final de mesa, con resultados agregados. Esta diferencia es esencial para 
equilibrar dos valores constitucionales: reserva del voto individual y transparencia del 
resultado colectivo.
El costo administrativo de capacitar a miembros de mesa, personeros, funcionarios 
electorales, personal consular y operadores tecnológicos es necesario para que la 
reforma sea aplicable. La capacitación reduce errores, evita nulidades, mejora la atención 
de incidencias y permite que las autoridades actúen con criterios uniformes. El beneficio 
esperado es una jornada electoral más ordenada, con menor improvisación, mejor 
registro de incidencias y mayor capacidad de respuesta inmediata ante hec hos que 
comprometan la autenticidad del sufragio. La presente propuesta de ley también permite 
un ahorro institucional indirecto. Cuando las actas son digitalizadas oportunamente, 
publicadas, auditadas y trazadas, se reduce la cantidad de controversias bas adas en 
sospechas no verificables. Ello puede disminuir reclamos infundados, impugnaciones 
innecesarias, pedidos de nulidad sin sustento y conflictos políticos derivados de la falta 
de información. La transparencia temprana tiene un efecto pacificador, por que permite 
que las discrepancias se resuelvan con evidencia documental y no solo con percepciones 
o denuncias generales.
International IDEA. 
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fiscalización, eleva la calidad del cómputo electoral, protege el voto en el extranjero, evita 
la manipulación de actas, g arantiza la publicidad de resultados verificables y crea 
sanciones proporcionales frente a conductas que afecten la legitimidad electoral. Su 
aprobación permitiría dotar al sistema electoral de mayores garantías objetivas, 
reduciendo los riesgos de fraude, alteración, opacidad y desconfianza ciudadana.
VI.- VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL 
La presente iniciativa legislativa guarda directa vinculación con la Agenda Legislativa, al 
orientarse al fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia electoral, la 
integridad institucional y la defensa de la voluntad popular. La propuesta plantea una 
reforma normativa integral para garantizar que las elecciones, referéndums y consultas 
populares se desarrollen bajo condiciones de seguri dad, fiscalización efectiva, 
trazabilidad, publicidad de actas, protección del voto secreto y sanción frente a conductas 
que puedan alterar los resultados.
El proyecto contribuye al fortalecimiento de la democracia representativa y del Estado 
constitucional de derecho, al proteger el voto ciudadano como elemento esencial de 
legitimidad democrática. La seguridad del sufragio no solo implica permitir que el elector 
vote, sino asegurar que su voluntad sea recibida, escrutada, digitalizada, transmitida, 
custodiada, publicada y computada de manera correcta y verificable.
Asimismo, la iniciativa se vincula con las políticas del Acuerdo Nacional, especialmente 
con los ejes de Democracia y Estado de Derecho, y de Estado eficiente, transparente y 
descentralizado. En esa línea, promueve procedimientos electorales transparentes, uso 
responsable de tecnología, trazabilidad de actas, bitácoras digitales, auditorías técnicas 
y publicación oportuna de información electoral.
De igual manera, fortalece la participación ciu dadana y la fiscalización democrática al 
ampliar el acceso de personeros, organizaciones políticas, observadores y ciudadanos a 
información electoral verificable. Por tanto, el proyecto se encuentra alineado con la 
Agenda Legislativa y el Acuerdo Nacional, al prevenir el fraude, reducir la discrecionalidad, 
proteger el voto secreto, garantizar la autenticidad del sufragio y fortalecer la confianza 
ciudadana en los procesos electorales  en esa línea  de ideas,  la presente la  iniciativa 
legislativa contenida en el Proyecto de Ley que se presenta, está alineada con los 
objetivos del numeral I. “Democracia y Estado de Derecho”, del Acuerdo Nacional y 
vinculados con las Políticas de Estado en el numeral 2. Democratización de la v ida 
política y fortalecimiento del sistema de partidos, y concordante con el tema 8. Procesos 
electorales y elección del congreso bicameral de la Agenda Legislativa del Congreso para 
el período Anual de Sesiones 2021 -2022, aprobada por Resolución Legislati va del 
Congreso N° 002 -2021-2022-CR y Resolución Legislativa del Congreso N° 002 -2022-
2023-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 002 -2023-2024-CR, Resolución 
Legislativa del Congreso Nº 006-2024-2025-CR.
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SUMILLA: RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL 
SENADO QUE MODIFICA E INCORPORA 
DIVERSOS ARTÍCULOS AL REGLAMENTO 
DEL SENADO, A FIN DE FORTALECER SU 
FUNCIÓN DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, 
CALIDAD NORMATIVA, CONTROL POLÍTICO 
SUPERIOR, TRANSPARENCIA, 
CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA Y 
DESIGNACIÓN MERITOCRÁTICA DE ALTOS 
FUNCIONARIOS.
Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista Paul Silvio 
Gutiérrez Ticona, miembro del grupo pa rlamentario “Somos Perú”, en estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 107º de la Constitución Política del Estado y de conformidad con 
lo establecido en el literal c) del artículo 22° y los artículos 75° y 76° del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL SENADO QUE MODIFICA E INCORPORA DIVERSOS 
ARTÍCULOS AL REGLAMENTO DEL SENADO, A FIN DE FORTALECER SU FUNCIÓN 
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL, CALIDAD NORMATIVA, CONTROL POLÍTICO 
SUPERIOR, TRANSPARENCIA, CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA Y DESIGNACIÓN 
MERITOCRÁTICA DE ALTOS FUNCIONARIOS
Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa 
La presente resolución legislativa tiene por objeto modificar e incorporar diversos artículos al 
Reglamento del Senado, aprobado por Resolución Legislativa del Congreso N.° 006 -2025-
2026-CR, con la finalidad de fortalecer la identidad constitucional del Se nado como cámara 
de revisión, deliberación reforzada, control político superior, calidad normativa, continuidad 
democrática, transparencia institucional, participación ciudadana, protección de minorías y 
designación meritocrática de altos funcionarios del Estado.