crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
En ese sentido, la reducción de plazos administrativos se presenta como una 
medida necesaria para mejorar la eficiencia del sistema, permitiendo acelerar 
el retiro efectivo de vehículos fuera de circulación y reducir su acumulación en 
depósitos vehiculares . Esta medida resulta consistente con las 
recomendaciones internacionales en materia de mejora regulatoria y se alinea 
con los principios de celeridad, eficacia y simplicidad recogidos en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Ad ministrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
En atención a la problemática expuesta, la presente iniciativa, propone la 
modificación de la normativa d el chatarreo vehicular y los procedimientos de 
declaración de abandono a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el retiro y 
disposición de vehículos que se encuentran internados en depósitos y que, por 
distintas razones, han dejado de ser operativos o simplemente no han sido 
reclamados por sus propietarios.
En ese sentido, la propuesta  busca, en paralelo, reducir los impactos 
ambientales y sanitarios que genera la acumulación de estos vehículos, así 
como mejorar la capacidad operativa de los depósitos. 
En ese sentido, se propone modificar el régimen de  autorización para el 
chatarreo de vehículos que tienen cargas o gravámenes inscritos en el Registro 
de Propiedad Vehicular de SUNARP. Hasta ahora, la existencia de estas 
cargas —como medidas cautelares o derechos de terceros — ha funcionado 
como un obstáculo para disponer de los vehículos.
Ante esta situación, la iniciativa establece dos caminos para superar esta 
situación. El primero requiere el consentimiento de los titulares de esos 
derechos, quienes son notificados y tienen siete días hábiles para 
pronunciarse; si aceptan, el valor que genere el chatarreo se destina a cub rir 
sus acreencias. El segundo camino se activa cuando el vehículo lleva más de 
cinco años en el depósito y ya ha sido declarado en abandono: en ese caso, 
los terceros son igualmente notificados, pero si no se oponen ni r etiran el 
vehículo dentro del plazo —asumiendo además el pago de los costos de 
internamiento— el chatarreo procede de manera obligatoria.
El proyecto también contempla situaciones en las que el propietario registral ha 
fallecido. Si no existen sucesores identificables, la entidad que custodia el 
vehículo debe comunicar la situación a la Sociedad de Beneficencia 
correspondiente, que es la entidad llamada a actuar en estos casos conforme 
al Código Civil. Si transcurren siete días hábiles sin respuesta, y habiendo 
publicado previamente un aviso en su portal institucional, la entidad puede 
continuar con los trámites que correspondan, incluyendo el chatarreo.
Otra situación que la propuesta aborda es la de los vehículos que tienen una 
anotación registral de robo, pero cuya fecha es posterior a su ingreso al 
depósito. En estos casos, la entidad custodio debe informar a la Policía 
Nacional del Perú, que dispone de siete días hábiles para opone rse a la 
disposición del vehículo. Si no formula oposición, se inicia el procedimiento de 
declaratoria de abandono y, una vez concluido este, se puede proceder a la 
disposición del vehículo, lo que incluye el chatarreo.
La norma también introduce una figura para los casos en que un vehículo se 
encuentra en tal estado de deterioro que no es posible identificar a su 
propietario. En esa situación, la entidad debe levantar un acta motivada y 
publicar avisos en El Peruano, en un diario de amplia circulación y en su portal 
institucional durante al menos cinco días hábiles. Si nadie se presenta, personal 
técnico evalúa si el bien ha perdido efectivamente la condición de vehículo y, 
de ser así, es declarado residuo sólido y tratad o como tal, priorizando su 
valorización mediante chatarreo.
El proyecto también modifica dos decretos de urgencia vigentes. Respecto del 
primero de ellos, el Decreto de Urgencia N.º 029-2019, Decreto de Urgencia 
que establece incentivos para el fomento del chatarreo , se modifica para 
precisar que las empresas interesadas en operar como entidades de chatarreo 
deben contar previamente con habilitación para actividades de valorización de 
residuos sólidos, ya sea a través de su inscripción en el Registro Autoritativo 
del Ministerio del Ambiente o mediante la aprobación de un instrumento de 
gestión ambiental.
En cuanto al segundo decreto, Decreto de Urgencia N° 019-2020, Decreto de 
Urgencia que garantiza la seguridad vial , vinculado a la seguridad vial, se 
modifica para  incorporar un nuevo supuesto para iniciar la declaración de 
abandono. En ese sentido, incorpora el supuesto de cuando el vehículo ingresó 
al depósito como consecuencia de una medida de embargo en un 
procedimiento coactivo y su propietario no lo retiró dentro de los quince días 
hábiles siguientes al internamiento.
Finalmente, la norma otorga noventa días calendario al Poder Ejecutivo para 
aprobar o adecuar los reglamentos necesarios para su implementación, y 
encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la promoción de 
convenios de cooperación con SUNARP, or ientados a facilitar el acceso a 
información registral y a simplificar los trámites de inscripción y levantamiento 
de cargas relacionadas con estos procedimientos.
II. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley N.° 
26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 007-2022-JUS, el análisis de impactos cuantitativos 
y/o cualitativos de una norma consiste en un método para evaluar los efectos 
que tiene una propuesta legislativa sobre diversas variables que afectan a los 
actores involucrados, a la sociedad en su conjunto y al bienestar general. Este 
análisis puede cuantificar los costos y beneficios , o, en su defecto, identificar 
de forma cualitativa aquellos efectos no cuantificables directamente.
Pese a dichos costos , se observan diferencias relevantes en la eficiencia del 
uso del espacio, evidenciadas en el costo por metro cuadrado efectivo 
(considerando únicamente el 70% del área total disponible). En ese sentido, 
depósitos como el ubicado en el Callao presentan el costo más elevado (S/ 
22.50 por m²), seguido por Lurín 1, Lurín 2 y Lurín 4 (S/ 14.93 por m²), mientras 
que otros como Huachipa (S/ 14.29), Campoy (S/ 13.26) y Salamanca (S/ 
12.57) muestran niveles intermedios de costo.
En ese sentido, se advierte que, pese a los altos costos asociados, una 
proporción significativa del área contratada no es utilizada de manera óptima, 
debido a la presencia de vehículos que permanecen internados por largos 
periodos sin posibilidad de ser retirados o sometidos a chatarreo. Esta situación 
incrementa el costo real del almacenamiento y reduce la capacidad operativa 
del sistema.
La propuesta legislativa no afecta las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política del Perú, tampoco modifica leyes orgánicas ni normas de 
carácter presupuestario, toda vez que se encuentra dirigida a establecer un 
marco normativo para promover el chatarreo de vehículos a fin de optimizar el 
gasto de las entidades fiscalizadoras y garantizar el derecho de la población a 
un ambiente sano y equilibrado.
Asimismo, la propuesta contempla dos disposiciones modificatorias, de un lado 
la modificación del Decreto de Urgencia N.° Decreto de Urgencia N.° 029-2019, 
que establece incentivos para el fomento del chatarreo  y, de otro lado, la 
modificación d el Decreto de Urgencia N.° 019 -2020, para garantizar la 
seguridad vial, de acuerdo al siguiente detalle:
4.2. Previa a la habilitación emitida por el 
MTC para constituirse como entidad de 
chatarreo, las empresas son habilitadas 
para las operaciones de valorización a 
través de su inscripción en el Registro 
Autoritativo de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos a cargo del Ministerio del 
Ambiente o la aprobación del 
instrumento de gestión ambiental por la 
autoridad ambiental competente . Esto 
se exige adicionalmente al
Las operaciones de valorización 
podrán ser desarrolladas por las EO 
RS, constituidas mediante su 
inscripción en el referido registro, o por 
actividades extractivas, productivas o 
de servicios que contemplen dichas 
operaciones de manera 
complementaria a su actividad principal 
en su instrumento de gestión ambiental 
aprobado por la autoridad ambiental 
competente.
[…] 
Decreto de Urgencia N.° 029-2019 
Propuesta 
 Artículo 5. Declaración de abandono de 
los vehículos internados en depósitos y 
chatarreo obligatorio 
 5.1 Las autoridades con competencia 
para la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores por 
infracciones en materia de transporte o 
tránsito terrestre, pueden iniciar el 
procedimiento de declaración de 
abandono de los vehículos internad os en 
sus depósitos, sean gestionados
Artículo 5. Declaración de abandono de 
los vehículos internados en depósitos y 
chatarreo obligatorio 
5.1 Las autoridades con competencia para 
la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores por 
infracciones en materia de transporte o 
tránsito terrestre, pueden iniciar el 
procedimiento de declaración de 
abandono de los vehículos internad os en 
sus depósitos, sean gestionados
a) Cuando el vehículo ingresó al depósito 
a consecuencia de una medida preventiva 
de internamiento, impuesta en el marco de 
un procedimiento administrativo 
sancionador en materia de transporte o 
tránsito terrestre, y su propietario no haya 
solicitado su retiro del depósito en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que la resolución de 
sanción quedó firme.
b) Cuando el vehículo ingresó al depósito 
a consecuencia de una medida de 
embargo en forma de secuestro 
conservativo, dictada en el marco de un 
procedimiento de ejecución coactiva cuyo 
título de ejecución lo constituye una 
sanción derivada de un procedimie nto 
administrativo sancionador por la comisión 
de cualquier incumplimiento o infracción 
en materia de transporte o tránsito 
terrestre, y su propietario no haya 
solicitado su retiro del depósito en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha de internamiento del 
vehículo como consecuencia de la 
ejecución de la medida cautelar.
a) Cuando el vehículo ingresó al depósito 
a consecuencia de una medida 
preventiva de internamiento, impuesta 
en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador en materia 
de transporte o tránsito terrestre, y su 
propietario no haya solicitado su retir o 
del depósito en el plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la 
fecha en que la resolución de sanción 
quedó firme.
b) Cuando el vehículo ingresó al depósito 
a consecuencia de una medida de 
embargo en forma de secuestro 
conservativo, dictada en el marco de 
un procedimiento de ejecución 
coactiva cuyo título de ejecución lo 
constituye una sanción derivada de un 
procedimiento administrativo 
sancionador por la comisión de 
cualquier incumplimiento o infracción 
en materia de transporte o tránsito 
terrestre, y su propietario no haya 
solicitado su retiro del depósito en el 
plazo de quince (15)  días hábiles 
contados a partir de la f echa de 
internamiento del vehículo como 
consecuencia de la ejecución de la 
medida cautelar. 
[…].”
Elaboración: Propia 
Finalmente, la propuesta contempla dos Disposiciones Complementarias 
Finales, la primera establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y las demás entidades competentes, adecúa o 
aprueba las disposiciones reglamentarias necesarias para la implementación 
de lo dispuesto en el articulado de la propuesta , para ello, se contempla un 
plazo no mayor de noventa (90) días calendario contados desde la entrada en 
vigencia de la ley.
Por su parte, la segunda de dichas disposiciones habilita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones  para que,  en coordinación con la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, promueve la 
suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para facilitar el 
acceso a la información registral, así como la inscripción de actos y el
De otro lado, en atención a que aún no se ha aprobado la Agenda Legislativa 
para el periodo 2025-2026, corresponde señalar que la presente iniciativa se 
enmarca en las siguientes materias contempladas en la Agenda Legislativa 
para el período anual de sesiones 2024 – 2025, aprobada por Resolución 
Legislativa N° 006-2024-2025-CR:
De mi consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez solicitarle se sirva remitir, 
opinión del proyecto de ley 1 4725/2025-CR, “Proyecto de ley que habilita la aprobación del 
monto y la escala del incentivo único - Cafae a favor de las unidades ejecutoras 300 – 
Dirección Regional de Educación Ucayali, 302 – UGEL Atalaya y 304 – UGEL Padre Abad del 
Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali”
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima,    05   de    junio      de      2026 
Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 
77° del Reglamento del Congreso de la República:  pase la 
Proposición N° 14726/2025-CR para su estudio y dictamen, 
a la (s) Comisión (es) de:
De mi especial consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle la opinión 
técnica de su representada sobre el Proyecto de Ley N° 14727-2025 - CR, que plantea la “Ley 
que establece el reordenamiento en la estructura organizacional del personal de la Policía 
Nacional del Perú”.
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted para saludarl o cordialmente y, a la vez, solicitarle se sirva remitir a esta 
Comisión, con carácter de urgencia, la opinión de su Despacho sobre el Proyecto de Ley N° 14728-
2025-CR, que propone la devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron os 
empleadores. 
El contenido de la referida iniciativa legislativa se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: 
https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDAxMTMy/pdf   
Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal.
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0   
                                                  Edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
www.congreso.gob.pe                                       Psje. Simón Rodríguez s/n - Cercado de Lima 
                         Teléfono: (01) 311-7777 Anexos: 7780 - 7781 - 4812
2. PROCESO   
• Fecha de Ingreso a Trámite Documentario: 04 de junio de 2026 
• Fecha de Ingreso a la Comisión: 05 de junio de 2026 
• Proponente: Grupo Parlamentario Bancada Socialista, señor Alfredo Pariona Sinche 
• Orden de envío como primera y única comisión dictaminadora a la Comisión 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado
De la revisión realizada de la iniciativa legislativa 14729/2025-CR, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, es 
posible afirmar que se cumplen los requisitos establecidos para la presentación de este 
tipo de propuestas legislativas; dado que contiene una expo sición de motivos que 
describe la problemática y el fundamento técnico de la propuesta de norma; cuenta con 
el análisis de impacto cuantitativo o cualitativo de la norma y analiza el impacto de la 
vigencia de la norma en la legislación nacional.
• Ley 31751 , Ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código 
Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción. 
• Ley 31990, Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo 
Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por 
colaboración eficaz 
• Ley 32054, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, 
y la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democracia 
representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción 
en las organizaciones políticas. 
• Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; 
la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de 
procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de 
derechos en investigaciones preliminares, a fin de determin ar las 
características concurrentes para la tipicidad de una organización 
criminal. 
• Ley 32138 , Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen 
organizado, modificada por la Ley 32108. 
• Ley 32181, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, 
y el Nuevo Código Procesal presunción Penal, Decreto Legislativo 957,
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. - Continuidad de los procesos y restablecimiento de la normativa previa 
Los procesos judiciales y las investigaciones fiscales afectadas por la aplicación de las 
normas derogadas se adecuan al marco legal vigente antes de su promulgación, 
garantizando el principio de legalidad, así como el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, tanto en cuanto al derecho de acceso a la justicia como al derecho a l debido 
proceso en sus diversas manifestaciones.
Durante los últimos años, el Perú ha experimentado un proceso legislativo 
caracterizado por la aprobación de diversas normas en materia penal y procesal 
penal que, lejos de fortalecer la persecución del delito, han producido efectos 
regresivos en la eficacia del sistema de justicia y en la confianza ciudadana en 
las instituciones. Estas reformas, aprobadas en distintos momentos del actual 
periodo parlamentario, han sido presentadas bajo el argumento de optimizar 
procedimientos, garantizar derechos o actuali zar conceptos jurídicos; sin 
embargo, su aplicación práctica ha demostrado que generan un debilitamiento 
estructural del aparato estatal encargado de investigar, procesar y sancionar los 
delitos.
La necesidad de esta iniciativa se fundamenta en el impacto negativo que ha 
tenido la vigencia de un conjunto de leyes que, en su conjunto, han limitado la 
acción penal del Estado, reducido las herramientas de investigación y favorecido 
la impunidad frente a delitos graves. Entre ellas se encuentran la Ley 31751, que 
modifica la suspensión del plazo de prescripción; la Ley 31990, sobre 
colaboración eficaz; la Ley 32054, que altera el régimen de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas y de las organizaciones políticas; la Ley 32108 y la Ley 
32138, que modifican la Ley contra el Crimen Organizado; y la Ley 32181, que 
introduce cambios en las medidas provisionales de carácter penal ante el uso de 
la fuerza policial. Todas estas normas, de manera individual y acumulativa, han 
alterado el equilibrio del sistema penal, reduciendo su capacidad preventiva y 
sancionadora.
El debilitamiento de las herramientas investigativas y procesales ha sido uno de 
los efectos más notorios. Algunas de estas leyes han limitado las posibilidades 
del Ministerio Público de actuar eficazmente frente a delitos complejos. Las 
modificaciones en los plazos de prescripción o en los procedimientos de 
colaboración eficaz han generado espacios de incertidumbre jurídica que son 
aprovechados para dilatar procesos o invalidar pruebas, afectando la posibilidad 
de alcanzar condenas firmes. Ello ha conducido a que investigaciones relevantes, 
en curso desde hace años, enfrenten obstáculos innecesarios derivados de 
disposiciones legislativas que no responden a la lógica de eficiencia y 
transparencia que debe regir el sistema penal.
Asimismo, la reducción o distorsión de la responsabilidad penal de actores 
colectivos como organizaciones políticas ha introducido un nuevo foco de 
preocupación institucional. Las reformas recientes han atenuado los 
mecanismos de control y sanción frente a conductas delictivas cometidas en el 
ámbito político, debilitando el principio de res ponsabilidad y socavando los 
avances logrados en materia de prevención de la corrupción.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
Esta tendencia contradice la evolución de los sistemas jurídicos modernos, que 
tienden a fortalecer la rendición de cuentas de las personas jurídicas en la 
comisión de delitos económicos o contra la administración pública. Ello, además 
de ir en contra de lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, entidad que 
subraya que la lucha contra la corrupción en todas sus formas constituye un 
interés de rango constitucional que el Estado tiene el deber de proteger. En este 
sentido, sostuvo que "el interés con stitucional de combatir la corrupción viene 
reforzado desde la Constitución"1.
La modificación del marco normativo aplicable al crimen organizado constituye 
otro de los aspectos más sensibles. Las reformas introducidas por la Ley 32108 
y la Ley 32138 a la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, han restringido 
las condiciones par a la tipificación y persecución de las organizaciones 
criminales, afectando la capacidad del Estado para enfrentar redes delictivas 
estructuradas y con alta capacidad de infiltración en las instituciones públicas. 
En un contexto nacional marcado por el inc remento de la violencia organizada, 
la trata de personas, el narcotráfico , la extorsión  y el sicariato, resulta 
contradictorio debilitar las herramientas legales destinadas precisamente a 
combatir estos fenómenos.
En términos institucionales, las normas mencionadas han generado también un 
efecto deslegitimador sobre el sistema de justicia. La aprobación recurrente de 
disposiciones que alteran las competencias de los operadores judiciales y 
fiscales, reducen sus facu ltades o condicionan su independencia funcional, ha 
sido percibida por la ciudadanía como una intromisión legislativa que debilita la 
autonomía de los órganos encargados de la persecución penal. Esa percepción 
de interferencia política se traduce en una pé rdida de confianza en el sistema 
judicial y en un deterioro de la imagen del Congreso como órgano de 
representación nacional comprometido con la justicia y la seguridad ciudadana.
En el plano social, las consecuencias son igualmente preocupantes. La 
percepción de impunidad, reforzada por la aprobación de normas que dificultan 
la sanción de delitos, erosiona el tejido social y fomenta el desencanto ciudadano 
respecto del Estado de Derecho. Cuando la población observa que la ley puede 
ser modificada para reducir la eficacia de las investigaciones o proteger a 
determinados sectores, la autoridad de las instituciones pierde legi timidad y se 
debilita la cohesión democrática. Esta situación vulnera no solo la confianza en 
la justicia, sino también la estabilidad política y la gobernabilidad.
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
y la Convención de Palermo, imponen la obligación de fortalecer, no debilitar, las 
capacidades estatales para investigar y sancionar los delitos más graves. La 
existencia de normas  que obstaculizan ese mandato no solo genera 
responsabilidad internacional, sino que afecta la cooperación judicial y policial 
con otros países y organismos multilaterales.
“(…) cabe hacer referencia a la vulneración de los artículos 1 y 3 de la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en la medida en 
que hacen referencia a la finalidad de la convención de que los Estados 
persigan y repriman eficazmente las diversas  formas de corrupción. 
Ahora bien, cuando se trate de delitos de lavado de activos provenientes 
de actos de corrupción que se han dado en el marco de la operatividad 
de organizaciones criminales, también se puede apreciar una vulneración 
específica de otros artículos de esta Convención, como los artículos 14 y 
23, que tienen por finalidad que los Estados prevengan, investiguen y 
sancionen eficazmente el lavado de activos provenientes de delitos de 
corrupción”2.