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La aprobación del presente proyecto de ley resulta necesaria porque el Magisterio 
Nacional requiere una norma que reconozca su complejidad real. El docente no es 
únicamente ejecutor de currículo; es autoridad pedagógica, profesional reflexivo, 
formador de ciudadanía, orientador y actor central de la calidad educativa. El auxiliar 
de educación no es un trabajador accesorio; es sopo rte indispensable para la 
convivencia, seguridad, protección, inclusión, disciplina formativa y funcionamiento 
cotidiano de la escuela. La presente propuesta de ley coloca a ambos en un régimen 
común de dignidad y protección, pero con carreras diferenciadas según su naturaleza 
funcional. Esta arquitectura normativa permite fortalecer la educación sin confundir 
roles, reconocer derechos sin eliminar exigencias, garantizar mérito sin precarización 
y promover estabilidad sin impunidad.
La reforma propuesta es  viable porque respeta los principios constitucionales, se 
alinea con estándares internacionales, aprovecha la institucionalidad educativa 
existente, admite implementación presupuestal progresiva, diferencia adecuadamente 
funciones, fortalece la transparencia, incorpora control público y reconoce la diversidad 
territorial del país. Su oportunidad se sustenta en la necesidad de recuperar la 
confianza en la carrera magisterial, ordenar el sistema de plazas y concursos, proteger 
a quienes sostienen el servicio educativo en condiciones difíciles, mejorar la formación 
y asegurar que la transformación tecnológica no sustituya la autoridad pedagógica ni 
precarice el trabajo educativo. Una ley de esta naturaleza permite que la calidad 
educativa deje de ser una aspir ación abstracta y se convierta en una política pública 
respaldada por derechos, responsabilidades, financiamiento progresivo, 
institucionalidad y protección efectiva del personal que hace posible la escuela.
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 CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley desarrolla un contenido normativo integral destinado a 
reordenar, fortalecer y revalorar el régimen del Magisterio Nacional, partiendo de una 
premisa central: la educación no puede alcanzar calidad, equidad ni sostenibilidad 
institucional si el docente y el auxiliar de educación no cuentan con una carrera 
protegida, una función claramente reconocida, condiciones laborales dignas, 
formación permanente, remuneración justa, seguridad social efectiva y mecanismos 
transparentes de desarrollo profesional. La presente iniciativa legislativa no se limita a 
modificar aspectos aislados del régimen magisterial, sino que plantea una arquitectura 
legal completa que articula la función docente, la función auxiliar, la gestión pública 
educativa, la protección laboral, el mérito, la evaluación formativa, la transparencia de 
plazas, la protección en zonas difíciles, la seguridad social y la participación del 
magisterio en las decisiones que afectan su carrera.
Desde su Título Preliminar, la presente propuesta de ley fija una orientación jurídica 
protectora y profesionalizante. Reconoce al docente como agente fundamental de la 
educación, autoridad pedagógica y profesional estratégico para el desarrollo nacional, 
mientras que incorpora al auxiliar de educación como integrante del Magisterio 
Nacional con función propia, diferenciada y complementaria. Esta definición es 
relevante porque evita dos extremos perjudici ales: por un lado, impide reducir al 
auxiliar a una labor meramente administrativa o informal; por otro lado, impide que se 
desnaturalice la función docente mediante la sustitución irregular del maestro por 
personal que no cuenta con título pedagógico ni habilitación profesional. Este enfoque 
guarda coherencia con los estándares internacionales sobre la condición docente, que 
reconocen la importancia de la preparación profesional, la estabilidad, la carrera, la 
remuneración, la protección social y la partic ipación de los docentes en las políticas 
educativas que los involucran (OIT & UNESCO, 1966) 26.
El contenido referido al objeto, alcance y sujetos comprendidos cumple una función 
ordenadora dentro de la propuesta. Define que la ley alcanza a docentes y auxiliares 
de educación que prestan servicios en instituciones públicas y privadas, bajo distintas 
modalidades, niveles, formas y contextos del sistema educativo. Esta amplitud es 
importante porque el problema magisterial no se agota en el docente nombrado  del 
sector público, sino que comprende a docentes contratados, auxiliares nombrados y 
contratados, personal de instituciones privadas, trabajadores ubicados en zonas 
rurales o de riesgo, cesantes y jubilados. De esta manera, el presente proyecto de ley 
construye un régimen nacional de protección mínima que permite reconocer la 
diversidad de situaciones laborales sin perder la unidad del Magisterio Nacional.
La regulación del docente y del auxiliar de educación constituye uno de los 
componentes más importa ntes de la presente iniciativa legislativa. En el caso del 
docente, se afirma su condición de profesional de la enseñanza, responsable de 
planificar, conducir, orientar, evaluar y mejorar los procesos de aprendizaje. En el caso 
del auxiliar, se reconoce su función de apoyo educativo, convivencia escolar, disciplina
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formativa, asistencia, seguridad, inclusión, acompañamiento y protección de 
estudiantes. La importancia de esta diferenciación radica en que la escuela moderna 
requiere equipos educativos integra les, pero cada integrante debe actuar dentro de 
los límites de su función. La presente propuesta de ley, por ello, protege la autoridad 
pedagógica del docente y, al mismo tiempo, dignifica la labor auxiliar, especialmente 
en educación inicial, educación es pecial, instituciones con alta población estudiantil, 
zonas rurales, contextos de violencia o espacios de especial vulnerabilidad.
En materia de formación inicial, habilitación y profesionalización, el contenido de la 
propuesta responde a una necesidad es tructural: asegurar que quienes ejercen 
función educativa cuenten con preparación suficiente, idoneidad ética, dominio 
pedagógico, práctica supervisada y competencias vinculadas a la realidad territorial 
del país. La exigencia de título profesional, habili tación docente, práctica 
preprofesional, formación intercultural, competencias digitales y contenidos mínimos 
permite evitar la improvisación en el servicio educativo. En el caso de los auxiliares, la 
formación titulada y la certificación de competencias p ermiten superar la visión 
tradicional que los trataba como personal secundario, sin carrera propia ni desarrollo 
profesional. La profesionalización excepcional prevista para zonas rurales, 
amazónicas, altoandinas, de frontera, VRAEM o de difícil cobertura tiene carácter 
temporal y extraordinario, lo que permite atender déficits reales sin convertir la 
excepción en regla ni precarizar la docencia.
La formación continua, especialización y desarrollo magisterial ocupan un lugar central 
en el contenido normati vo. La presente iniciativa legislativa reconoce que la calidad 
educativa no depende únicamente del ingreso a la carrera, sino de un proceso 
permanente de actualización, acompañamiento, mentoría, investigación, innovación y 
especialización. Esta orientación es coherente con la idea de que la enseñanza debe 
entenderse como una profesión basada en capital profesional, es decir, en 
conocimiento especializado, juicio pedagógico, colaboración institucional y 
responsabilidad colectiva por los aprendizajes (Hargreaves & Fullan, 2012) 27. Bajo esa 
lógica, el proyecto no concibe la capacitación como una carga adicional impuesta al 
trabajador, sino como un derecho que debe ser gratuito, certificado, pertinente y 
registrado oficialmente para efectos de ascenso, promoc ión, encargaturas, 
reconocimientos y desarrollo profesional.
El tratamiento del ingreso, nombramiento y contratación busca corregir uno de los 
problemas más sensibles del sistema educativo: la falta de transparencia en las plazas 
y la utilización prolonga da de vínculos temporales para cubrir necesidades 
permanentes. La presente propuesta de ley establece que el ingreso docente y auxiliar 
debe realizarse mediante concurso público de méritos, con reglas claras, etapas 
previamente publicadas, criterios objetivos, cuadros de mérito, publicidad de plazas y 
derecho de impugnación. La contratación se reconoce como excepcional y temporal, 
no como mecanismo para sustituir el nombramiento. Esta regulación es 
didácticamente importante porque distingue la necesidad tra nsitoria de la necesidad
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permanente: si una plaza responde a una función continua del servicio educativo, debe 
incorporarse progresivamente a concurso de nombramiento y no mantenerse 
indefinidamente bajo contratos sucesivos.
La Carrera Profesional Docente se estructura como un régimen especial, progresivo y 
meritocrático, compuesto por escalas magisteriales, ascensos, áreas de desempeño, 
cargos directivos, funciones especializadas, mentoría, investigación e innovación. Su 
finalidad no es únicamente ordenar remuneraciones, sino consolidar una verdadera 
trayectoria profesional del docente. El ascenso no se reduce a una prueba escrita, sino 
que debe valorar desempeño real, experiencia, formación continua, servicio en zonas 
de difícil acceso, producción pedagógica, innovación, investigación, conducta ética y 
contribución institucional. Este diseño permite que la carrera docente no sea una 
estructura rígida o meramente administrativa, sino un camino de desarrollo profesional 
vinculado a la mejora del servicio educativo.
La Carrera Especial del Auxiliar de Educación constituye una innovación relevante 
dentro de la presente iniciativa legislativa. La propuesta reconoce niveles progresivos, 
remuneración propia, promoción por mérito, áre as de desempeño, cargos técnicos, 
escalafón especializado, funciones de coordinación y asistencia técnica en 
instituciones educativas, UGEL, DRE, gerencias regionales y Ministerio de Educación. 
Este diseño permite que el auxiliar de educación tenga una car rera real y no 
permanezca indefinidamente en una condición laboral plana, sin posibilidad de 
reconocimiento ni mejora. A la vez, la ley establece una garantía esencial: ninguna 
promoción, especialización o cargo técnico del auxiliar autoriza la sustitución  de la 
función docente, la planificación curricular, la evaluación académica o la conducción 
regular de clases.
El bloque referido a derechos, deberes y protección del Magisterio Nacional cumple 
una función equilibradora. Reconoce derechos comunes de doce ntes y auxiliares, 
tales como dignidad, estabilidad razonable, remuneración oportuna, seguridad social, 
condiciones adecuadas de trabajo, salud ocupacional, defensa legal, protección 
institucional y reconocimiento profesional. Al mismo tiempo, define deberes generales 
y específicos, vinculados a la responsabilidad, puntualidad, buen trato, reserva de 
información, protección del estudiante, cumplimiento de protocolos y conducta 
compatible con la función educativa. Esta estructura evita que la ley sea entendi da 
únicamente como un catálogo de beneficios; por el contrario, configura un régimen de 
derechos y responsabilidades orientado a proteger tanto al trabajador magisterial 
como al estudiante y al servicio educativo.
El régimen remunerativo, asignaciones, co mpensación por tiempo de servicios y 
beneficios es uno de los componentes de mayor impacto social y laboral. La presente 
propuesta de ley establece una remuneración íntegra para docentes y una 
remuneración íntegra para auxiliares, ambas con carácter remune rativo, pensionable 
y alimentario. Además, reconoce bonificaciones por preparación de clases, función 
directiva, encargaturas, desempeño, innovación, investigación, función auxiliar
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especializada, ruralidad, selva, frontera, VRAEM, movilidad, alimentación,  
conectividad, riesgo, materiales educativos, carga excepcional y actividades oficiales 
fuera de jornada. Esta regulación busca evitar que el trabajo magisterial real quede 
invisibilizado o sea asumido gratuitamente por el docente o auxiliar. La preparación de 
clases, la evaluación, la tutoría, los entrenamientos, los ensayos, los eventos oficiales, 
la protección estudiantil y el trabajo en condiciones difíciles forman parte del servicio 
educativo y deben tener reconocimiento económico.
La regulación de docentes y auxiliares de instituciones educativas privadas tiene una 
importancia especial porque traslada estándares mínimos de dignidad magisterial al 
sector privado. La presente iniciativa legislativa reconoce que la gestión privada del 
servicio educativo no elimina su naturaleza de interés público ni autoriza la 
precarización laboral. Por ello, prohíbe la locación fraudulenta, los recibos por 
honorarios, el voluntariado simulado, las prácticas encubiertas y otras formas 
contractuales cuando exista subordin ación, horario, aula, estudiantes asignados o 
función educativa regular. Además, reconoce remuneración mínima, jornada escrita, 
pago por labores adicionales, CTS, beneficios sociales, capacitación gratuita, 
protección de la autoridad pedagógica y fiscaliza ción conjunta. Con ello se busca 
cerrar una brecha histórica entre la función educativa privada y los derechos laborales 
mínimos de quienes la sostienen.
El contenido relativo a desplazamientos, permutas, reasignaciones, destaques y 
encargaturas ordena un a materia frecuentemente asociada a arbitrariedades, 
demoras, discrecionalidad o afectación de derechos. La presente propuesta de ley 
define que todo desplazamiento debe proteger la continuidad del servicio educativo, 
pero sin convertirse en sanción encubierta, represalia, presión institucional o reducción 
de derechos. La permuta, reasignación, destaque y encargatura se regulan para 
docentes y auxiliares, asegurando que no se pierda escala, nivel, remuneración, 
tiempo de servicios, beneficios ni trayectoria  escalafonaria. En el caso de las 
encargaturas, la regla de igualdad remunerativa es especialmente relevante: quien 
asume una responsabilidad efectiva debe percibir la asignación, bonificación o 
diferencia correspondiente desde el primer día, sin que la fa lta de formalidad 
administrativa pueda utilizarse para desconocer el trabajo realizado.
La protección en zonas rurales, selva, frontera, VRAEM y zonas de riesgo responde a 
una realidad territorial que no puede ser ignorada por la legislación educativa. La  
presente iniciativa legislativa reconoce que enseñar o prestar apoyo educativo en 
zonas de difícil acceso implica mayores costos, riesgos, aislamiento, limitaciones de 
conectividad, exposición a inseguridad, carencias de servicios básicos y afectaciones 
a la salud física y emocional. Por ello, establece traslado seguro, rutas protegidas, 
movilidad especial, alojamiento, alimentación, comunicación, registro de zonas de 
riesgo, seguro especial, indemnización por fallecimiento o invalidez, retorno preferente 
y prohibición de abandono institucional. Esta regulación permite que el Estado no solo 
exija presencia magisterial en los territorios más vulnerables, sino que asuma una
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obligación reforzada de protección hacia quienes garantizan el derecho a la educación 
en dichos lugares.
La evaluación, acompañamiento y mejora se conciben como instrumentos de 
fortalecimiento y no como mecanismos punitivos. La presente propuesta de ley 
establece que la evaluación docente debe ser integral, formativa, contextualizada, 
técnica, transparente y orientada a la mejora continua. No puede sustentarse 
exclusivamente en una prueba escrita ni en resultados estadísticos 
descontextualizados, porque el desempeño educativo está influido por infraestructura, 
conectividad, carga estudianti l, lengua, pobreza, violencia, ruralidad, discapacidad, 
abandono familiar y otras condiciones externas. Esta orientación coincide con la 
evidencia sobre desarrollo profesional docente, que muestra que la mejora real de la 
enseñanza requiere formación soste nida, colaboración, acompañamiento, 
retroalimentación y conexión con la práctica pedagógica (Darling -Hammond et al., 
2017) 28. Para los auxiliares, la evaluación debe respetar la naturaleza de su función y 
no atribuirles resultados curriculares o pedagógicos que corresponden al docente.
El régimen disciplinario magisterial se construye sobre legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento, presunción de inocencia, proporcionalidad, motivación suficiente y 
derecho de defensa. La presente iniciativa legislativa  diferencia faltas leves, graves y 
muy graves, estableciendo sanciones proporcionales y criterios objetivos de valoración. 
Esta parte del contenido es relevante porque protege al estudiante y a la comunidad 
educativa frente a conductas incompatibles con la  función educativa, pero también 
protege al docente y al auxiliar frente a denuncias infundadas, presiones, represalias 
o sanciones arbitrarias. La regulación de denuncias falsas, maliciosas o temerarias 
busca evitar que el procedimiento disciplinario sea usado como mecanismo de 
hostigamiento laboral o afectación reputacional, sin impedir la investigación seria de 
hechos reales ni la adopción de medidas urgentes de protección cuando existan 
indicios objetivos de riesgo.
La jornada, carga laboral, licencias, permisos y descanso se regulan desde una mirada 
realista del trabajo educativo. La presente propuesta de ley reconoce que la labor 
docente no se agota en dictar clases, pues comprende planificación, preparación, 
evaluación, retroalimentación, tutoría, re uniones pedagógicas, atención a familias, 
actividades institucionales, entrenamientos, ensayos, concursos, delegaciones y 
actividades oficiales. En el caso del auxiliar, la jornada comprende apoyo educativo, 
convivencia, ingreso y salida, recreos, desplaza mientos, seguridad, protección 
estudiantil, actividades cívicas y apoyo directo en educación inicial. Esta regulación 
permite visibilizar trabajo que tradicionalmente ha sido exigido sin reconocimiento 
económico ni descanso compensatorio. La norma, por tan to, busca impedir la 
sobrecarga, la imposición de labores ajenas al cargo, el trabajo gratuito y la 
desnaturalización funcional.
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El contenido previsional referido a jubilación, cesantía y seguridad social desarrolla 
una dimensión frecuentemente postergada  en la política educativa. El presente 
proyecto de ley crea un Régimen Especial de Jubilación del Magisterio Nacional, con 
jubilación digna, jubilación anticipada por condiciones especiales, pensión mínima, 
complemento previsional, reconocimiento integral de tiempo de servicios, pensión de 
sobrevivencia y protección familiar. Esta regulación reconoce que la función educativa 
genera desgaste físico, mental, emocional y territorial, especialmente en contextos de 
alta carga laboral o zonas de riesgo. A su vez,  impide que el cese se ejecute sin 
determinación pensionaria, liquidación de beneficios, reconocimiento de servicios y 
orientación previsional suficiente. La seguridad social deja de ser un trámite posterior 
al retiro y se convierte en un componente esencial de la dignidad magisterial.
El bienestar, salud, vivienda y protección social del Magisterio Nacional se desarrollan 
como condiciones institucionales para la calidad educativa. La presente iniciativa 
legislativa incorpora salud ocupacional, atención ps icológica, prevención del 
agotamiento, protección frente a violencia escolar, vivienda funcional, alojamiento 
temporal, Casas del Maestro y del Auxiliar de Educación, seguro de vida, apoyo por 
sepelio y protección familiar inmediata. Este enfoque es import ante porque la calidad 
educativa no depende únicamente del currículo o de la evaluación, sino del bienestar 
de quienes sostienen diariamente el proceso formativo. La literatura comparada sobre 
profesionalismo docente ha señalado que la formación, el recono cimiento, la 
autonomía, la colaboración y las condiciones de trabajo son dimensiones centrales 
para fortalecer la profesión docente y mejorar los sistemas educativos (OECD, 2019)29.
La regulación sobre tecnología, inteligencia artificial e innovación e ducativa introduce 
una garantía contemporánea indispensable. La presente propuesta de ley reconoce la 
competencia digital y la innovación como parte del desarrollo profesional docente y 
auxiliar, pero establece límites claros: la tecnología y la inteligenc ia artificial no 
sustituyen la autoridad pedagógica del docente, no justifican la reducción de plazas, 
no pueden emplearse para precarizar vínculos laborales, vigilar masivamente al 
personal educativo ni adoptar decisiones disciplinarias, evaluativas o rem unerativas 
sin intervención humana, trazabilidad y derecho de contradicción. La norma vincula la 
innovación con capacitación, equipamiento, conectividad, soporte técnico, protección 
de datos y ética digital. Esta orientación es coherente con la idea de que la educación 
del futuro debe sostenerse en un nuevo contrato social que preserve la educación 
como bien público, fortalezca la profesión docente y ponga la tecnología al servicio de 
la persona humana y no al revés (International Commission on the Futures of 
Education, 2021) 30.
La participación, organización y diálogo social del Magisterio Nacional se incorporan 
como parte del diseño democrático de la política educativa. La presente iniciativa 
legislativa reconoce la participación profesional del docent e en instrumentos de 
gestión pedagógica e institucional, la participación del auxiliar en planes de 
convivencia, protección y seguridad estudiantil, las comunidades profesionales de
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aprendizaje, los equipos de apoyo educativo, la libertad sindical, la nego ciación 
colectiva, las licencias sindicales, la representación del Colegio de Profesores del Perú 
y la creación del Consejo Nacional del Magisterio. Esta regulación permite que las 
decisiones sobre carrera, formación, evaluación, remuneraciones, bienestar,  
seguridad social y régimen disciplinario no sean adoptadas de manera vertical y 
desconectada de quienes conocen directamente la realidad escolar.