crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
--- Página 106 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  106 
sostienen que la mejora educativa depende de fortalecer el “capital profesional” de  los 
docentes, lo que exige invertir en su formación, juicio profesional, colaboración y 
condiciones institucionales de trabajo (Hargreaves & Fullan, 2012)  2. Esta idea guarda 
plena coherencia con el sentido de la presente propuesta, porque la calidad educativa no 
se obtiene debilitando al maestro, sino fortaleciendo su carrera, su formación, su 
autoridad, su bienestar y su reconocimiento social.
La presente propuesta de ley asume que la formación docente es un componente 
estructural de la calidad educativ a. Por ello, exige una formación inicial sólida, con título 
pedagógico, habilitación profesional, práctica preprofesional, dominio disciplinar, 
competencias didácticas, formación ética, conocimiento científico, manejo tecnológico, 
capacidad intercultural y comprensión de la diversidad territorial del país. Esta exigencia 
no busca cerrar el acceso a la profesión, sino asegurar que quienes ingresen a la 
docencia cuenten con idoneidad suficiente para conducir procesos de aprendizaje en 
contextos cada vez más c omplejos. La evidencia internacional ha mostrado que el 
desarrollo profesional efectivo de los docentes debe ser sostenido, colaborativo, 
vinculado al contenido, acompañado por expertos, orientado a la práctica y relacionado 
con la mejora de los aprendizajes (Darling-Hammond et al., 2017) 3. Por ello, el presente 
proyecto de ley reconoce la formación continua como un derecho y un deber profesional, 
pero también como una responsabilidad indelegable del Estado.
La presente iniciativa legislativa incorpora de  manera expresa al auxiliar de educación 
dentro del Magisterio Nacional, pero lo hace con una delimitación jurídica clara. El auxiliar 
de educación no sustituye al docente, no asume la conducción regular de clases, no 
planifica el currículo ni califica apr endizajes, salvo que obtenga título pedagógico, 
habilitación profesional y acceda a la carrera docente mediante concurso público. Su 
reconocimiento responde a la realidad cotidiana de las instituciones educativas, donde el 
auxiliar cumple funciones esenciales de apoyo educativo, convivencia escolar, disciplina 
formativa, asistencia, seguridad, inclusión, acompañamiento, prevención de riesgos y 
protección de estudiantes. Esta incorporación permite superar una visión reducida o 
meramente administrativa de su labor, otorgándole una carrera especial propia, niveles 
progresivos, formación titulada, certificación de competencias, capacitación continua, 
régimen remunerativo, escalafón, desplazamientos, protección institucional y seguridad 
social.
El presente proyecto de ley plantea una diferencia sustancial entre reconocer al auxiliar 
de educación como integrante del Magisterio Nacional y confundirlo con el docente. La 
primera opción fortalece el sistema educativo; la segunda lo desnaturalizaría. Por ello, la 
propuesta construye dos carreras diferenciadas y complementarias: la Carrera 
Profesional Docente y la Carrera Especial del Auxiliar de Educación. Esta distinción 
permite proteger la función pedagógica del docente y, al mismo tiempo, dignificar la labor 
auxiliar como soporte indispensable para la convivencia, seguridad, disciplina formativa 
y protección estudiantil. En instituciones de educación inicial, educación especial, zonas 
rurales, contextos de riesgo, alta carga estudiantil o vulnerabilidad social, la presencia del
--- Página 107 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  107 
auxiliar no es accesoria, sino necesaria para garantizar un servicio educativo ordenado, 
humano, seguro e inclusivo.
La presente propuesta de ley también responde a un problema estructural del sistema 
educativo: la precarización laboral y la te mporalidad prolongada sobre necesidades 
permanentes. El uso sucesivo de contratos temporales, la falta de transparencia en la 
publicación de plazas, la manipulación de vacantes, el ocultamiento de plazas orgánicas, 
la demora en nombramientos y el desconoci miento del tiempo de servicios afectan la 
dignidad del trabajador magisterial y debilitan la continuidad del servicio educativo. Por 
ello, el presente proyecto de ley propone concursos públicos transparentes, cuadros de 
mérito verificables, registro nacion al de contratados, nombramiento progresivo, 
publicidad obligatoria de plazas, prohibición de simulación contractual y responsabilidad 
administrativa, civil o penal frente a la manipulación de derechos magisteriales.
La evaluación docente y auxiliar tambié n ocupa un lugar central en la presente iniciativa 
legislativa, pero desde un enfoque formativo, técnico y contextualizado. Evaluar no debe 
significar perseguir, sancionar, excluir ni precarizar. Evaluar debe servir para identificar 
necesidades de mejora, fortalecer competencias, reconocer méritos, orientar la formación 
continua y elevar la calidad del servicio educativo. Los estudios internacionales sobre 
docentes y líderes escolares resaltan la importancia del aprendizaje profesional 
permanente y de polít icas que fortalezcan las capacidades del personal educativo a lo 
largo de su trayectoria (OCDE, 2019) 4. En esa línea, la presente propuesta de ley dispone 
que ninguna evaluación puede sustentarse exclusivamente en una prueba escrita ni 
desconocer el desem peño real, la experiencia, la formación, la innovación, la 
investigación, la ruralidad, la interculturalidad o las condiciones materiales en las que se 
presta el servicio.
La presente propuesta de ley incorpora una dimensión remunerativa y previsional 
coherente con la dignidad del Magisterio Nacional. Una carrera profesional sin 
remuneración justa se convierte en una promesa incompleta. Por ello, la iniciativa plantea 
una estructura progresiva basada en escalas magisteriales para docentes y niveles de 
carrera para auxiliares, con remuneraciones de carácter remunerativo, pensionable y 
alimentario. Además, reconoce bonificaciones y asignaciones por preparación de clases, 
encargaturas, función especializada, ruralidad, selva, frontera, VRAEM, movilidad, 
alimentación, conectividad, riesgo, carga excepcional, materiales educativos y 
actividades oficiales fuera de jornada. La finalidad es que el reconocimiento económico 
no sea simbólico, sino real, verificable y vinculado a las responsabilidades efectivamente 
asumidas.
El presente proyecto de ley presta especial atención al personal magisterial que trabaja 
en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, VRAEM, instituciones multigrado, 
unidocentes, de emergencia o de difícil acceso. En estos espacios, ense ñar o prestar 
apoyo educativo implica mayores riesgos, costos, sacrificios y responsabilidades. Por ello, 
la iniciativa establece traslado seguro, alojamiento, alimentación, comunicación, seguro
--- Página 108 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  108 
especial, indemnización por fallecimiento o invalidez en serv icio, retorno preferente, 
reconocimiento reforzado y asignaciones especiales. Esta regulación parte de una idea 
básica de justicia territorial: el Estado no puede exigir presencia magisterial en las zonas 
más vulnerables del país sin garantizar condiciones  mínimas de protección, seguridad y 
bienestar.
La presente iniciativa legislativa también desarrolla un régimen de derechos, deberes y 
disciplina bajo el principio de equilibrio. El docente y el auxiliar deben cumplir sus 
funciones con responsabilidad, ét ica, respeto, puntualidad, probidad y compromiso con 
el estudiante. Sin embargo, el ejercicio de la potestad disciplinaria debe sujetarse a 
legalidad, tipicidad, debido procedimiento, proporcionalidad, motivación suficiente, 
presunción de inocencia y derec ho de defensa. La propuesta distingue faltas leves, 
graves y muy graves, establece sanciones proporcionales y protege al trabajador 
magisterial frente a denuncias falsas, maliciosas o temerarias. Esta regulación no busca 
impunidad, sino justicia procedimen tal: proteger al estudiante cuando corresponda y 
proteger también al docente o auxiliar cuando sea denunciado injustamente por ejercer 
legítimamente su función.
La presente propuesta de ley incorpora, además, una visión contemporánea sobre 
tecnología, int eligencia artificial e innovación educativa. La tecnología debe estar al 
servicio de la persona, del estudiante y del profesional de la educación, no al revés. Por 
ello, la inteligencia artificial no puede sustituir la autoridad pedagógica del docente, ni 
justificar la reducción de plazas, la vigilancia masiva, la precarización laboral o decisiones 
automatizadas sin intervención humana, motivación y derecho de contradicción. Esta 
orientación dialoga con la necesidad de construir un nuevo contrato social par a la 
educación, en el que la enseñanza sea una labor colaborativa, transformadora, ética y 
orientada al bien común (UNESCO, 2021)  5. En ese marco, la capacitación digital, la 
conectividad, el equipamiento, el soporte técnico y la protección de datos personales son 
condiciones necesarias para una modernización educativa justa.
El presente proyecto de ley también fortalece la participación del Magisterio Nacional en 
la gestión educativa. La educación no puede diseñarse únicamente desde oficinas 
administrativas alejadas de la realidad escolar. Los docentes y auxiliares conocen 
directamente los problemas de convivencia, aprendizaje, infraestructura, asistencia, 
seguridad, ruralidad, inclusión y bienestar estudiantil. Por ello, la propuesta reconoce la 
participación profesional del docente, la participación funcional del auxiliar, las 
comunidades profesionales de aprendizaje, los equipos de apoyo educativo, la libertad 
sindical, la negociación colectiva, las licencias sindicales, la representación del Colegio 
de Profesores del Perú y la creación del Consejo Nacional del Magisterio como órgano 
consultivo, técnico y permanente.
--- Página 109 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  109 
escalafón, pagos, encargaturas, ascensos, reasignaciones, sanciones, beneficios, ceses 
y jubilaciones. La información magisterial debe ser pú blica, verificable, interoperable y 
protegida frente a manipulaciones. Ningún docente ni auxiliar debe perder derechos por 
errores administrativos, falta de actualización de sistemas, omisión de registros o 
decisiones arbitrarias. La transparencia no es un  elemento accesorio de la reforma; es 
una garantía indispensable para que el mérito, la estabilidad, la remuneración y la carrera 
tengan eficacia real.
La presente propuesta de ley tiene, por tanto, una finalidad revaloradora, protectora, 
profesionalizante y ordenadora. Revalora porque reconoce al docente y al auxiliar como 
sujetos esenciales del sistema educativo. Protege porque establece garantías frente a la 
precarización, la arbitrariedad, la violencia, el abandono institucional y la regresividad de 
derechos. Profesionaliza porque exige formación, mérito, evaluación contextualizada, 
capacitación permanente y desarrollo progresivo. Ordena porque sistematiza en un solo 
cuerpo normativo las reglas sobre carrera, remuneración, bienestar, evaluación, 
disciplina, desplazamientos, tecnología, jubilación, transparencia y participación. De esta 
manera, el presente proyecto de ley propone que la política educativa tenga como eje 
central la dignidad del Magisterio Nacional y la mejora efectiva de la calidad educati va.
 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley N.° 28044, Ley General de Educación. 
3. Decreto Supremo N.° 011 -2012-ED, Reglamento de la Ley N.° 28044, Ley 
General de Educación. 
4. Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
5. Decreto Supremo N.° 004 -2013-ED, Reglamento de la Ley N.° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial. 
6. Ley N.° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones. 
7. Ley N.° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
8. Ley N.° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio 
público esencial. 
9. Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
10. Ley N.° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de 
Familia en las instituciones educativas públicas. 
11. Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas. 
12. Decreto Supremo N.° 010 -2012-ED, Reglamento de la Ley N.° 297 19, Ley que 
promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 
13. Ley N.° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 
14. Ley N.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, 
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. 
15. Ley N.° 30797, Ley que promueve la educación inclusiva. 
16. Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
17. Ley N.° 27337, Código de los Niños y Adolescentes.
--- Página 110 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  110 
18. Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los 
niños, niñas y adolescentes. 
19. Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la s 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
20. Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
21. Ley N.° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal que 
presta servicios en instituciones educativas públicas  y privadas implicado en 
diversos delitos. 
22. Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental. 
23. Ley N.° 31317, Ley que incorpora al profesional en enfermería en la comunidad 
educativa a fin de contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la 
salud en la educación básica. 
24. Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
25. Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil. 
26. Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 
27. Decreto Supremo N.° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
28. Ley N.° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. 
29. Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
30. Ley N.° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
31. Decreto Ley N.° 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. 
32. Decreto Ley N.° 25897, Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones. 
33. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
34. Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
35. Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
36. Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
37. Decreto Legislativo N.° 1436, Decreto Legisl ativo Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público. 
38. Decreto Legislativo N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 
39. Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
40. Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
41. Decreto Supremo N.° 016 -2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales. 
42. Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital. 
43. Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del 
desarrollo económico y social del país. 
44. Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.° 31814, Ley que 
promueve el uso de la inteligencia artificial en fav or del desarrollo económico y 
social del país. 
45. Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
46. Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
--- Página 111 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  111 
47. Convenio N.° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. 
48. Convenio N.° 98 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva. 
49. Convenio N.° 151 d e la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre 
las relaciones de trabajo en la administración pública. 
50. Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes. 
51. Convención sobre los Derechos del Niño. 
52. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
53. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
54. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
55. Protocolo Adicional a l a Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador”.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley se sustenta en la Constitución Política del Perú, en tan to la 
educación constituye un derecho fundamental y un servicio esencial para el desarrollo 
integral de la persona, la formación ciudadana, la igualdad de oportunidades y el progreso 
nacional. La Constitución reconoce que la educación tiene como finalidad el desarrollo 
integral de la persona humana y que el profesorado debe contar con formación, idoneidad 
y derechos compatibles con la alta función que cumple en la sociedad. Bajo esa premisa, 
la presente iniciativa legislativa no crea privilegios indebidos, sino que desarrolla un 
mandato constitucional: garantizar que quienes sostienen el servicio educativo tengan un 
régimen jurídico digno, estable, meritocrático, remunerado justamente y protegido frente 
a la arbitrariedad.
Desde esta perspectiva, la regulación de la Carrera Profesional Docente y de la Carrera 
Especial del Auxiliar de Educación responde a la necesidad de armonizar el derecho a la 
educación con los derechos laborales, sociales y previsionales de quienes prestan el 
servicio educativo. La Constitución también reconoce la protección del trabajo, la dignidad 
del trabajador, la remuneración equitativa y suficiente, la irrenunciabilidad de derechos y 
la atención prioritaria del Estado al trabajo en sus diversas modalidades. Por ello, una ley 
docente moderna debe asegurar que el ingreso, nombramiento, contratación, ascenso, 
evaluación, desplazamiento, remuneración, disciplina, cese y jubilación se realicen con 
legalidad, mérito, motivación, debido procedimiento y respeto de los derechos 
fundamentales.
La presente propuesta de ley parte de una idea constitucional central: no puede existir 
educación pública de calidad si el Estado mantiene a los docentes y auxiliares en 
condiciones de precariedad, incertidumbre, baja protección institucional, remuneraciones 
insuficientes o reglas administrativas inestables. La dignidad del estudiante y la dignidad 
del trabajador magisterial no son valores opuestos, sino dimensiones complementarias 
de un mismo deber estatal. La educación se realiza en el aula, pero se sost iene
--- Página 112 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  112 
jurídicamente mediante una carrera sólida, reglas claras, financiamiento progresivo, 
protección social y reconocimiento institucional efectivo (Constitución Política del Perú, 
1993, arts. 13, 15, 22–26) 6.
La presente iniciativa legislativa tiene u n fundamento educativo directo: fortalecer el 
núcleo humano del sistema educativo. El docente no es un operador administrativo ni un 
simple ejecutor de contenidos; es el profesional responsable de planificar, conducir, 
evaluar, retroalimentar, orientar y formar integralmente a los estudiantes. Su función exige 
dominio pedagógico, conocimiento disciplinar, solvencia ética, capacidad investigativa, 
competencia digital, sensibilidad intercultural y autoridad pedagógica. Por ello, el proyecto 
propone una Carrer a Profesional Docente que articule formación inicial, habilitación 
profesional, formación continua, mentoría, investigación, innovación, ascenso por mérito 
y protección frente a la arbitrariedad.
La incorporación del auxiliar de educación al Magisterio Nacional también tiene 
justificación educativa. La escuela no solo transmite conocimientos; también organiza 
convivencia, disciplina formativa, asistencia, protección, seguridad, inclusión y 
acompañamiento. En ese espacio, el auxiliar cumple una función indispensable, 
especialmente en educación inicial, educación especial, instituciones con alta carga 
estudiantil, zonas rurales, contextos de riesgo y realidades de vulnerabilidad. Reconocer 
su carrera especial no significa convertirlo en docente ni permitir la sustitución de la 
función pedagógica, sino ordenar jurídicamente una labor que ya es esencial para el 
funcionamiento real de las instituciones educativas.
El fundamento educativo de la presente propuesta de ley consiste en superar una visión 
fragmentada del servicio escolar. Una institución educativa de calidad requiere docentes 
profesionalizados, auxiliares capacitados, directivos idóneos, evaluación formativa, 
condiciones de trabajo adecuadas, a compañamiento pedagógico y protección 
institucional. La Recomendación OIT/UNESCO sobre la situación del personal docente 
reconoce la importancia de la preparación inicial, la formación continua, las condiciones 
de empleo, la responsabilidad profesional y la participación de los docentes en la mejora 
educativa, criterios plenamente coherentes con la orientación de este proyecto (OIT & 
UNESCO, 1966) 7.
El presente proyecto de ley se justifica laboralmente porque busca cerrar espacios de 
precarización, simulación contractual, temporalidad indebida y afectación de derechos en 
el Magisterio Nacional. La docencia y la función auxiliar son actividades de naturaleza 
permanente dentro del servicio educativo; por ello, no resulta compatible con la dignidad 
laboral mantener plazas orgánicas, presupuestadas y de necesidad continua bajo 
vínculos temporales sucesivos, locaciones encubiertas, contratos atípicos, 
fraccionamiento de jornadas o modalidades que niegan la verdadera relación laboral.
6 Constitución Política del Perú. (1993). Constitución Política del Perú. Congreso de la República del Perú . 
7 Organización Internacional del Trabajo & Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1966). Recomendación relativa 
a la situación del personal docente. OIT/UNESCO.