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transporte particular, transporte público interprovincial y transporte de carga 
pesada. 
• Esta situación genera problemas asociados al incremento de la congestión 
vehicular, mayores tiempos de viaje, mayor accidentabilidad, mayores costos 
logísticos para el transporte de mercancías y el aumento de externalidades 
negativas, como la contaminación ambiental y acústica. 
Asimismo, en el caso de estudios de preinversión requeridos en el marco de 
obligaciones derivadas de concesiones, el problema público radica en que los 
corredores viales asociados al Tramo Vial Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo 
- Huaral - Acos y a la Red Vial N.° 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry 
- Empalme RO1N presentan limitaciones para gestionar de manera eficiente el 
creciente tránsito de carga pesada que atraviesa zonas urbanas, lo que genera 
congestión vehicular, mayor riesgo de accidentes, deterioro acelerado de la 
infraestructura vial y urbana, así como impactos ambientales y sociales en la 
población. 
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Respecto al inciso c), se señala que para el caso del Pago por Mantenimiento y 
Operación (PAMO), se genera un problema público la falta de recursos para el 
cumplimiento de obligaciones del pago por Mantenimiento y Operación, el cual 
constituye una obligación contractual a cargo del Concedente, como parte del 
esquema de cofinanciamiento previsto en el Régimen Económico Financiero. Esta 
exigencia ha generado un desalineamiento entre la gestión presupuestaria y el ciclo 
real de maduración de las inversiones. 
- Autorización al Ministerio de la Muier y Poblaciones Vulnerables para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
El problema público que la presente propuesta normativa busca es reorientar 
recursos hacia prioridades de gastos operativos críticos que aseguren la continuidad 
y calidad de los servicios brindados con cargo a saldos disponibles de su presupuesto 
asignado en el presente año fiscal 2026, los que comprenden los Centros de 
Desarrollo Integral de la Familia y los Centros de Acogida Residencial, toda vez que, 
atiende a personas en situación de desprotección y/o vulnerabilidad. 
- Autorización a la Contraloría General de la República para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático 
El problema público que la presente propuesta normativa busca atender es la no 
atención oportunamente de la demanda de control gubernamental, debido a la 
limitada capacidad operativa y financiera de la Contraloría General de la República 
para cumplir las metas del Plan Nacional de Control 2026, sostener el control en el 
marco del Proceso Electoral 2026, fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos 
y continuar las acciones de control vinculadas con la reactivación de obras 
paralizadas. 
Esta situación limita la ejecución de operativos preventivos frente al posible uso 
proselitista de recursos estatales, afecta la fiscalización de aspectos vinculados a la 
neutralidad y transparencia electoral, restringe los megaoperativos de control sobre 
obras paralizadas y reduce la capacidad institucional para advertir riesgos en 
proyectos críticos. En consecuencia, se incrementa el riesgo de uso inadecuado de 
recursos públicos, deterioro de infraestructura avanzada, mayores costos finales de 
inversión y postergación del cierre de brechas de servicios e infraestructura en 
beneficio de la ciudadanía. 
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