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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
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ascender, desplazarse o asu mir encargaturas no son plenamente transparentes, 
auditables y predecibles.
Los problemas remunerativos y pensionarios forman parte del núcleo del problema 
público. La remuneración docente y auxiliar debe corresponder a la función social, 
responsabilidad, jornada, especialidad, carga laboral, condiciones territoriales y desgaste 
profesional que implica el servicio educativo. Sin embargo, el régimen vigente no ha 
logrado resolver de manera integral la brecha entre las exigencias del servicio y la 
retribución efectiva. Persisten controversias sobre bonificaciones, encargaturas, 
preparación de clases, refrigerio, movilidad, alimentación, zonas rurales, riesgo, 
conectividad, actividades fuera de jornada, CTS, devengados, intereses y reconocimiento 
de servicios. La Ley de Reforma Magisterial regula la Remuneración Íntegra Mensual y 
escalas docentes, pero el desarrollo posterior del régimen ha mostrado la necesidad de 
una arquitectura más completa que incorpore también condiciones especiales de servicio, 
función a uxiliar, encargaturas, trabajo no lectivo y derechos pensionables con mayor 
claridad legal (Ministerio de Educación del Perú, 2012) 13.
El problema previsional tiene particular gravedad porque afecta a docentes y auxiliares al 
final de su vida laboral, cuando requieren mayor protección económica, sanitaria y familiar. 
Un régimen que no garantiza pensión digna, reconocimiento integral del tiempo de 
servicios, orientación previsional previa al cese, liquidación oportuna, pago de CTS, 
protección de sobrevivientes y complemento frente a pensiones insuficientes reproduce 
una deuda histórica con quienes dedicaron su vida al servicio educativo. La jubilación 
magisterial no puede ser concebida como una simple salida administrativa del sistema, 
sino como el recono cimiento del servicio prestado a la educación nacional. Cuando el 
trabajador cesa sin información previsional suficiente, sin liquidación clara o con pagos 
pendientes, se vulnera su dignidad y se traslada al jubilado una carga que corresponde 
resolver al Estado.
Las deficiencias en salud ocupacional, bienestar y protección institucional muestran que 
el régimen vigente no ha incorporado de manera suficiente la dimensión humana del 
trabajo educativo. La labor docente y auxiliar implica exposición permanente a carga 
emocional, tensión social, conflictos escolares, presión administrativa, atención de 
estudiantes en vulnerabilidad, problemas de convivencia, riesgos psicosociales, 
enfermedades de la voz, agotamiento, ansiedad, estrés laboral y, en determinados 
contextos, violencia o amenazas. La OCDE ha señalado que las condiciones de trabajo, 
el bienestar laboral, el estrés y la valoración social de docentes y directivos son elementos 
relevantes para comprender la sostenibilidad de la profesión y la calidad del e ntorno 
educativo (OCDE, 2020) 14. Un régimen magisterial que no atienda la salud física, mental 
y ocupacional termina debilitando la calidad educativa, porque el bienestar del docente y 
del auxiliar incide directamente en la continuidad del servicio y en el clima institucional.
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ámbitos, el docente y el auxiliar no solo enfrentan retos pedagógicos, sino también 
aislamiento, altos costos de traslado, falta de transporte seguro, ausencia de vivienda 
funcional, carencia de conectividad, exposición a riesgos climáticos, geográficos, 
sanitarios o sociales, dificultades para acceder a al imentación y limitada presencia 
institucional. La permanencia de personal magisterial en estas zonas no puede depender 
únicamente de la vocación individual, sino de una política estatal de protección reforzada. 
Si el Estado exige presencia educativa en territorios complejos, debe garantizar traslado 
seguro, alojamiento, alimentación, comunicación, seguro especial, bonificaciones, 
retorno preferente y asistencia inmediata ante amenazas, accidentes, desaparición, 
invalidez o fallecimiento en servicio.
La sobrecarga laboral y el trabajo no reconocido constituyen expresiones cotidianas del 
problema. El docente no solo dicta clases; planifica, evalúa, prepara materiales, atiende 
familias, registra información, participa en comités, acompaña estudiantes, organiza  
actividades, cumple reportes, realiza tutoría, usa plataformas digitales y, en muchos 
casos, prepara delegaciones deportivas, artísticas, culturales o cívicas fuera de la jornada 
ordinaria. El auxiliar no solo vigila espacios; acompaña ingresos, salidas, recreos, 
desplazamientos, convivencia, seguridad, apoyo en inicial, atención de riesgos y 
protección estudiantil. Cuando estas labores se consideran “colaboración” o “compromiso 
institucional” sin reconocimiento laboral, se produce una forma de trabajo no remunerado 
que afecta la dignidad del Magisterio Nacional. La presente iniciativa legislativa identifica 
que toda actividad exigida, autorizada o aprovechada institucionalmente debe ser 
registrada y compensada, especialmente si se realiza fuera de jornada,  en fines de 
semana, feriados, horarios nocturnos o actividades oficiales externas.
Las deficiencias en transparencia, escalafón, registros y control de plazas profundizan el 
problema público. Un régimen de carrera solo puede funcionar adecuadamente si cuenta 
con información confiable, actualizada, interoperable y accesible. Cuando el escalafón no 
registra oportunamente títulos, contratos, nombramientos, encargaturas, ascensos, 
desplazamientos, capacitaciones, sanciones firmes, beneficios, remuneraciones, tiempo 
de servicios o aportes, el trabajador queda expuesto a perder oportunidades de ascenso, 
reasignación, promoción, jubilación o pago de beneficios. Cuando las plazas no se 
publican con claridad, cuando no se conoce su naturaleza orgánica, presupuestal , 
eventual o temporal, o cuando no existe trazabilidad sobre su cobertura, se generan 
condiciones para el ocultamiento, la manipulación o la asignación discrecional. La 
transparencia no es un requisito formal, sino una garantía sustantiva del mérito, la 
igualdad de oportunidades y la protección de derechos.
El problema también se proyecta sobre las instituciones educativas privadas. Aunque 
estas se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, prestan un servicio educativo 
de interés público y, por ello, no pueden quedar al margen de estándares mínimo s de 
dignidad profesional, remuneración, jornada, seguridad social, capacitación, protección 
frente a la violencia y prohibición de fraude laboral. La contratación mediante locación de 
servicios, recibos por honorarios, cargos aparentes, fraccionamiento de  jornadas o 
desconocimiento de labores no lectivas afecta no solo al trabajador, sino también la
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calidad del servicio educativo. El presente proyecto de ley busca que la gestión privada 
de la educación no sea utilizada como espacio de precarización de docentes y auxiliares, 
sino como ámbito sujeto a estándares mínimos compatibles con la función educativa que 
cumple.
La necesidad de regular tecnología, inteligencia artificial y protección de datos en el 
ámbito educativo constituye una dimensión nueva del problema público. Las plataformas 
digitales, sistemas automatizados, inteligencia artificial, registros electrónicos y 
herramientas de gestión pueden contribuir a mejorar la enseñanza, la comunicación y la 
administración educativa, pero también pueden genera r riesgos de vigilancia excesiva, 
sobrecarga administrativa, decisiones automatizadas, tratamiento indebido de datos 
personales, dependencia tecnológica y sustitución indebida del criterio profesional 
docente. La UNESCO ha sostenido que la tecnología educativa debe evaluarse según su 
pertinencia, equidad, evidencia, sostenibilidad y respeto de la dimensión humana de la 
educación, evitando que se imponga sin condiciones adecuadas, sin capacitación o sin 
protección de derechos (UNESCO, 2023)  15. Por ello, l a presente propuesta de ley 
incorpora la necesidad de que la tecnología y la inteligencia artificial estén al servicio del 
docente, del auxiliar y del estudiante, sin reemplazar la autoridad pedagógica, sin reducir 
plazas, sin precarizar vínculos y sin ado ptar decisiones laborales o disciplinarias 
automatizadas sin intervención humana, motivación y derecho de contradicción.
La identificación del problema público permite advertir que no se trata de una dificultad 
aislada, sino de un conjunto de fallas estru cturales que afectan la dignidad, estabilidad, 
carrera, remuneración, protección y bienestar del Magisterio Nacional. El régimen actual 
resulta insuficiente porque regula aspectos importantes, pero no articula de manera 
integral la función docente, la func ión auxiliar, la contratación, la carrera, las 
remuneraciones, las pensiones, la salud ocupacional, la protección territorial, la 
transparencia de plazas, la tecnología educativa y la protección de datos. La presente 
iniciativa legislativa responde a esa n ecesidad mediante un régimen jurídico especial, 
integral, diferenciado y protector, orientado a revalorar al docente, reconocer 
estructuralmente al auxiliar de educación, combatir la precarización, ordenar la carrera 
magisterial, fortalecer la transparenci a, garantizar condiciones dignas de trabajo y 
asegurar que la calidad educativa tenga como base la protección efectiva de quienes 
sostienen el servicio educativo nacional.
 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley tiene como objetivo general establ ecer un nuevo régimen 
jurídico integral, especial, protector, meritocrático y progresivo para el Magisterio 
Nacional, orientado a revalorar la función docente, reconocer institucionalmente la 
función del auxiliar de educación y fortalecer la calidad del servicio educativo desde la 
dignificación de quienes sostienen directamente la formación de los estudiantes. La 
presente iniciativa legislativa parte de una premisa central: no existe reforma educativa 
sostenible si el Estado no garantiza previamente una car rera magisterial sólida, 
estable, digna, técnicamente organizada y socialmente reconocida. La educación no
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se mejora únicamente mediante cambios curriculares, evaluaciones, infraestructura o 
tecnología; se mejora, principalmente, fortaleciendo a los profes ionales y servidores 
que hacen posible el proceso educativo en el aula, en la institución educativa y en la 
comunidad.
La presente propuesta de ley busca corregir una debilidad estructural del régimen 
vigente: la fragmentación normativa, la precarización laboral, la insuficiente protección 
institucional y la falta de reconocimiento integral del docente y del auxiliar de educación 
como actores esenciales del sistema educativo. Desde esta perspectiva, el objetivo 
general no se limita a modificar reglas admin istrativas de ingreso, ascenso o 
remuneración, sino a construir un nuevo marco legal que reconozca al docente como 
autoridad pedagógica, profesional estratégico y agente fundamental de la educación, 
y al auxiliar de educación como personal indispensable de  apoyo educativo, 
convivencia escolar, disciplina formativa, seguridad, asistencia, inclusión y protección 
estudiantil. Esta finalidad guarda coherencia con los estándares internacionales que 
reconocen que la situación del personal docente debe corresponder a las necesidades 
y fines de la educación, comprendiendo su formación, condiciones de trabajo, 
remuneración, seguridad profesional y participación institucional (OIT & UNESCO, 
1966) 16.
Los objetivos específicos de la presente iniciativa legislativa se orientan a ordenar, 
fortalecer y proteger todos los componentes esenciales de la carrera magisterial. La 
propuesta busca regular de manera sistemática el ingreso, nombramiento, 
contratación, permanencia, ascenso, promoción, evaluación, formación continua, 
remuneración, bonificaciones, desplazamientos, régimen disciplinario, bienestar, 
seguridad social, jubilación y protección institucional de docentes y auxiliares de 
educación. Con ello, se pretende superar una visión parcial del magisterio, en la que 
los derechos laborales, la formación profesional, la evaluación, las condiciones de 
trabajo y la calidad educativa aparecen como materias separadas, cuando en realidad 
forman parte de un mismo problema público: la necesidad de contar con un Magisterio 
Nacional fortalecido, respetado, protegido y comprometido con mejores aprendizajes.
El objetivo de revalorar al docente constituye uno de los pilares centrales del presente 
proyecto de ley. Revalor ar al docente significa reconocerlo no solo como trabajador 
del Estado o de una institución educativa privada, sino como profesional de alta 
responsabilidad social, autoridad pedagógica y actor estratégico en la construcción del 
desarrollo nacional. La rev aloración docente exige condiciones concretas: carrera 
profesional con estabilidad razonable, remuneración justa y pensionable, formación 
permanente, ascenso por mérito, protección frente a la violencia, defensa legal, salud 
ocupacional, jubilación digna y  participación efectiva en la gestión educativa. Una 
política docente seria debe atraer, desarrollar y retener buenos profesionales, pues los 
sistemas educativos requieren docentes preparados, motivados y sostenidos por 
condiciones institucionales adecuadas para cumplir su función (OCDE, 2005) 17.
16 Organización Internacional del Trabajo & Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (196 6). Recomendación 
relativa a la situación del personal docente. OIT/UNESCO. 
17 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD
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La revaloración docente que plantea la presente propuesta de ley no debe entenderse 
como un reconocimiento simbólico o declarativo. Su sentido jurídico y político consiste 
en convertir la dignidad magisterial en una obligación exigible del Estado. Ello implica 
que el docente no puede ser sometido a remuneraciones insuficientes, sobrecarga 
administrativa, evaluaciones descontextualizadas, denuncias maliciosas, abandono 
institucional, precarización contractual o de splazamientos arbitrarios. La autoridad 
pedagógica del docente debe ser protegida porque de ella depende la conducción del 
proceso de enseñanza, la planificación curricular, la evaluación de aprendizajes, la 
disciplina formativa, la tutoría, la orientación  del estudiante y la relación pedagógica 
con la familia y la comunidad educativa.
La presente iniciativa legislativa tiene también como objetivo crear y fortalecer la 
Carrera Especial del Auxiliar de Educación, reconociendo que su función posee 
naturaleza propia, relevancia formativa y responsabilidad institucional diferenciada. El 
auxiliar de educación no es personal meramente administrativo ni trabajador accesorio 
de la escuela; cumple una función de apoyo educativo indispensable para la 
convivencia esco lar, la disciplina formativa, la seguridad, la asistencia, el 
acompañamiento, la inclusión y la protección de los estudiantes. Su presencia resulta 
especialmente importante en educación inicial, educación especial, instituciones con 
alta población estudian til, zonas rurales, contextos de riesgo, comunidades 
interculturales bilingües y servicios educativos donde la protección cotidiana del 
estudiante requiere personal capacitado y estable.
El fortalecimiento de la Carrera Especial del Auxiliar de Educación responde a la 
necesidad de ordenar una función históricamente subvalorada, muchas veces utilizada 
sin una ruta clara de formación, promoción, especialización y reconocimiento 
remunerativo. La presente propuesta de ley busca que el auxiliar cuente con nivel es 
de carrera, ingreso por concurso, capacitación permanente, certificación de 
competencias, promoción por mérito, escalafón propio, asignaciones por función 
especializada, protección institucional y seguridad social. Este reconocimiento no 
desnaturaliza la función docente ni autoriza al auxiliar a sustituir al profesor, planificar 
currículo, conducir clases regulares o evaluar aprendizajes, salvo que obtenga título 
pedagógico, habilitación profesional y acceda a la Carrera Profesional Docente 
mediante conc urso público. La finalidad es proteger ambas funciones: fortalecer al 
docente como autoridad pedagógica y dignificar al auxiliar como apoyo educativo 
especializado.
La presente propuesta de ley tiene como objetivo ordenar el ingreso, nombramiento, 
contratación, ascenso y promoción dentro del Magisterio Nacional. Para ello, establece 
que el acceso a la Carrera Profesional Docente y a la Carrera Especial del Auxiliar de 
Educación debe realizarse mediante concursos públicos transparentes, objetivos, 
meritocráticos, descentralizados y sujetos a fiscalización. La existencia de plazas 
orgánicas, vacantes, presupuestadas, registradas y publicadas constituye una
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garantía básica contra la manipulación, el ocultamiento, el direccionamiento o la 
adjudicación irregular. El mérito debe expresarse en reglas claras, cuadros públicos, 
criterios verificables, derecho de impugnación y respeto estricto del orden de prelación.
El ordenamiento del ingreso y nombramiento busca evitar que plazas de necesidad 
permanente sean mantenidas indefinidamente bajo contratos temporales, eventuales 
o simulados. La contratación debe ser excepcional y responder a causas reales, como 
licencia del titular, necesidad transitoria acreditada, incremento temporal de la 
demanda educativa o ausencia d e personal nombrado disponible. Cuando la plaza 
responde a una necesidad permanente del servicio, corresponde su incorporación 
progresiva a concurso de nombramiento. Esta regla protege al trabajador magisterial, 
pero también protege al estudiante, porque u na escuela sostenida en temporalidad 
permanente pierde continuidad pedagógica, debilita la institucionalidad y afecta la 
calidad del servicio educativo.
El objetivo de ordenar el ascenso y la promoción tiene una dimensión pedagógica y 
otra laboral. En el caso del docente, el ascenso debe reconocer la experiencia, el 
desempeño real, la formación continua, la investigación, la innovación, el servicio en 
zonas difíciles, la mentoría, la producción pedagógica y la conducta ética. En el caso 
del auxiliar, la promoción debe valorar la experiencia en apoyo educativo, convivencia 
escolar, educación inicial, educación especial, inclusión, protección estudiantil, 
ruralidad, interculturalidad y contextos de riesgo. La evaluación no debe reducirse a 
una prueba aislada ni convertirse en barrera arbitraria; debe servir para reconocer 
trayectorias, fortalecer capacidades y promover el desarrollo profesional. La evidencia 
comparada muestra que los sistemas educativos de alto desempeño otorgan especial 
importancia a la selec ción, formación, acompañamiento y desarrollo profesional de 
quienes ejercen la labor educativa (Barber & Mourshed, 2007) 18.
La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo garantizar una remuneración justa, 
pensionable y progresiva para docentes y auxiliares de educación. La remuneración 
magisterial no puede ser entendida como simple gasto corriente, sino como inversión 
pública en calidad educativa, estabilidad institucional y desarrollo nacional. Un régimen 
remunerativo justo debe reconocer la escala magisterial, el nivel de carrera auxiliar, la 
jornada, el cargo, la responsabilidad funcional, las condiciones territoriales, el riesgo, 
la ruralidad, la preparación de clases, las encargaturas, la conectividad, la movilidad, 
la alimentación, la carga  excepcional y las actividades oficiales fuera de jornada. La 
remuneración, por su naturaleza alimentaria, debe ser íntegra, oportuna, pensionable 
y protegida frente a reducciones reglamentarias o decisiones administrativas 
restrictivas.
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estructura de escalas docentes y niveles auxiliares que reconoce la trayectoria laboral 
y funcional. La remuneración pensionable permite, además, que el trabajador no sea 
protegido solo durante su vida activa, sino también al momento del cese y la jubilación. 
La dignidad magisterial no termina con el retiro; exige pensión suficiente, 
reconocimiento integral del tiempo de servicios, compensación por tiempo de servicios, 
protección familiar, salud y bienestar previsional.
La presente propuesta de ley tiene como objetivo proteger al personal magisterial 
frente a la violencia, la precarización y la arbitrariedad. La violencia contra docentes y 
auxiliares no solo afecta a la persona agredida; debilita la autoridad institucional de la 
escuela, deteriora la convivencia educativa y transmite un mensaje de desprotección 
incompatible con la función pública de educar. Por ello, la propuesta reconoce el 
derecho a defensa legal, protección institucional, medidas inmediata s frente a 
agresiones, respaldo ante denuncias maliciosas y responsabilidad administrativa, civil 
o penal para quienes hostiguen, amenacen, difamen o interfieran arbitrariamente en 
el ejercicio regular de la función docente o auxiliar.
La protección frent e a la precarización busca impedir el uso abusivo de contratos 
temporales, locaciones de servicios, recibos por honorarios, tercerización, 
voluntariado, prácticas encubiertas o cualquier modalidad civil destinada a ocultar una 
relación laboral. En el ámbito público, esta protección se expresa en la prohibición de 
mantener plazas permanentes bajo vínculos temporales sucesivos. En el ámbito 
privado, se expresa en la obligación de reconocer contrato escrito, jornada real, 
remuneración mínima, seguridad social,  compensación por tiempo de servicios, 
beneficios laborales y respeto a la autoridad pedagógica del docente y a la función 
auxiliar. La primacía de la realidad debe prevalecer cuando existan prestación 
personal, subordinación, horario, aula, estudiantes as ignados o función educativa 
regular.