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Entre los principales beneficios de la propuesta se encuentra el fortalecimiento de la 
legitimidad de origen del Presidente de la República. En escenarios de alta fragmentación 
electoral, la incorporación excepcional del tercer candidato más votado permite  que la 
segunda elección exprese de manera más adecuada la pluralidad de preferencias 
ciudadanas, sin eliminar la exigencia de mayoría absoluta. 
Asimismo, la reforma reduce el riesgo de una segunda vuelta predominantemente negativa. 
Cuando ninguna candidatura alcanza al menos el treinta por ciento de los votos válidos, 
obligar al elector a escoger únicamente entre dos candidaturas puede producir un a elección 
basada en el descarte, el rechazo o la prevención frente a la otra opción. La segunda elección 
presidencial ampliada permite que el elector cuente con una alternativa adicional y, además, 
pueda señalar una segunda preferencia para efectos de transferencia de votos. 
Otro beneficio consiste en la preservación del principio de mayoría absoluta. La propuesta no 
permite que el Presidente de la República sea elegido por simple mayoría relativa entre tres 
candidatos. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos computables 
con las primeras preferencias, se excluye al candidato con menor votación y los votos 
emitidos a su favor se transfieren a la segunda preferencia válida indicada por el elector 
respecto de una candidatura que continúe en competencia. De esta manera, la decisión final 
se concentra entre dos candidaturas y se mantiene la lógica mayoritaria del artículo 111 de 
la Constitución. 
La reforma también puede contribuir a moderar la competencia política. En una segunda 
elección presidencial ampliada no solo resulta relevante la adhesión inicial del elector, sino 
también la capacidad de cada candidatura para recibir segundas preferencias de ciudadanos 
que optaron inicialmente por otra alternativa. Ello genera incentivos para construir discursos 
menos excluyentes, acuerdos programáticos más amplios y candidaturas con mayor 
capacidad de representación transversal. 
Desde el punto de vista institucional, la propuesta aporta a la agenda pendiente de reforma 
política y fortalecimiento democrático. Aunque su aprobación requiere un debate 
constitucional amplio, su presentación permite colocar en la deliberación pública un a 
alternativa concreta frente a la fragmentación electoral, la baja adhesión inicial de las 
candidaturas presidenciales y el debilitamiento de la legitimidad sociopolítica de los gobiernos 
electos. 
Los costos de la propuesta son principalmente operativos, normativos y pedagógicos. Entre 
ellos se encuentran la adecuación de la cédula de sufragio, la capacitación de electores y 
miembros de mesa, la actualización de sistemas de cómputo, la emisión de no rmas 
reglamentarias, la capacitación de personeros, la adecuación de protocolos de fiscalización y 
la implementación de campañas de información ciudadana. Estos costos deberán ser 
asumidos por los organismos electorales dentro del marco de sus competencias  
constitucionales y legales, sin que ello implique la creación de nuevas entidades públicas ni 
la modificación de la estructura orgánica del sistema electoral. 
La reforma tampoco supone la realización de una tercera elección. La transferencia de votos 
se produce dentro del mismo acto electoral de segunda vuelta ampliada, mediante la segunda 
preferencia previamente marcada por el elector. Por ello, el costo operativo es menor que el 
de cualquier alternativa que contemple una nueva jornada electoral, y resulta proporcional 
frente al objetivo de fortalecer la legitimidad democrática de la elección presidencial.