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La propuesta se relaciona especialmente con el objetivo de desarrollo con equidad y 
justicia social, debido a que reconoce que no puede  existir una educación pública de 
calidad si el docente y el auxiliar de educación carecen de estabilidad razonable, 
remuneración digna, formación continua, protección institucional, seguridad social, 
bienestar y condiciones mínimas de trabajo. La educació n no depende únicamente de 
infraestructura, currículo o evaluación, sino también de la situación profesional, laboral y 
humana de quienes sostienen diariamente el servicio educativo. En esa línea, el proyecto 
responde a la necesidad de cerrar brechas entre  educación urbana y rural, pública y 
privada, ordinaria y especial, así como de garantizar que el servicio educativo llegue con 
calidad a zonas rurales, amazónicas, altoandinas, de frontera, VRAEM y contextos de 
riesgo.
La iniciativa se vincula igualmente con la política de Estado del Acuerdo Nacional referida 
al acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, la cual compromete al 
Estado a garantizar una educación integral, inclusiva, descentralizada y orientada a la 
equidad. Dicha política reconoce expresamente la necesidad de fortalecer y revalorar la 
carrera magisterial, asegurar una óptima formación profesional, promover la capacitación 
activa del magisterio y dotar de recursos adecuados para el cumplimiento de la función 
educativa. La Nueva Ley del Docente desarrolla precisamente ese mandato, al establecer 
un régimen integral de ingreso, formación, ascenso, evaluación, remuneración, 
protección social, bienestar y jubilación digna para docentes y auxiliares de educación.
El proyecto tam bién se articula con la agenda parlamentaria vinculada a la mejora del 
currículo, la capacitación docente, la emergencia educativa en el ámbito rural de la 
Amazonía y la salud mental en el sistema educativo, temas que han sido identificados 
como prioritarios en el trabajo técnico del Congreso. La propuesta no se limita a reconocer 
derechos laborales, sino que conecta la dignificación del magisterio con la mejora de los 
aprendizajes, la formación integral de los estudiantes, la innovación educativa, la 
convivencia escolar, la protección frente a la violencia, la salud ocupacional y el uso 
responsable de tecnologías e inteligencia artificial en la educación.
Asimismo, la propuesta se relaciona con las políticas de igualdad de oportunidades, 
empleo digno, acceso a la seguridad social, descentralización, desarrollo rural, ciencia y 
tecnología, sociedad de la información, desarrollo infantil temprano y afirmación de un 
Estado eficiente y transparente. Ello se evidencia en la regulación de la Carrera 
Profesional Docente y la Carrera Especial del Auxiliar de Educación, la prohibición de la 
precarización laboral, la transparencia en plazas y concursos, la creación de sistemas 
digitales de información y control, la protección de datos, la formación tecnológica, el
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Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
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reconocimiento de servicios en zonas de difícil acceso y la garantía de condiciones 
especiales para quienes laboran en contextos de mayor vulnerabilidad.
La propuesta contribuye además a la modernización del Estado y a la transparencia 
administrativa, porque  plantea ordenar el sistema magisterial mediante registros 
nacionales, escalafones actualizados, publicación obligatoria de plazas, trazabilidad de 
concursos, control de encargaturas, reconocimiento de tiempo de servicios, fiscalización 
de pagos y responsabilidad funcional frente a la manipulación u ocultamiento de derechos. 
De esta manera, la iniciativa no solo protege al trabajador magisterial, sino que fortalece 
la institucionalidad educativa, reduce la discrecionalidad administrativa y promueve una 
gestión pública basada en mérito, legalidad, predictibilidad y rendición de cuentas.
En consecuencia, la Nueva Ley del Docente resulta compatible con la Agenda Legislativa 
y con el Acuerdo Nacional, porque transforma en propuesta normativa concreta los 
compromisos de revaloración magisterial, calidad educativa, equidad territorial, 
protección social, empleo digno, transparencia estatal, innovación tecnológica y 
desarrollo humano. Su aprobación permitiría dotar al país de un marco jurídico más 
completo, coherente y protector para el Magisterio Nacional, asegurando que la mejora 
educativa tenga como base la dignidad del docente, el reconocimiento del auxiliar de 
educación, la estabilidad razonable de la carrera, la formación permanente, la 
remuneración justa, la protección frente a la arbitrariedad y el interés superior del 
estudiante en esa línea  de ideas,  la presente la  iniciativa legislativa cont enida en el 
Proyecto de Ley que se presenta, está alineada con los objetivos del numeral II. Equidad 
y justicia social , del Acuerdo Nacional y vinculados con las Políticas de Estado en el 
numeral 12. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción 
y defensa de la cultura y del deporte, y concordante con el tema 38. Sobre el acceso a la 
educación y la calidad en el contenido de esta  de la Agenda Legislativa del Congreso 
para el período Anual de Sesiones 2021 -2022, aprobada por Resolució n Legislativa del 
Congreso N° 002 -2021-2022-CR y Resolución Legislativa del Congreso N° 002 -2022-
2023-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 002 -2023-2024-CR, Resolución 
Legislativa del Congreso Nº 006-2024-2025-CR.