crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
La crisis sanitaria provocada por la pandemia generó un impacto significativo sobre la 
estabilidad emocional de millones de personas. El aislamiento social obligatorio, la 
pérdida de familiares, la ince rtidumbre económica, el desempleo, el incremento de la 
violencia familiar y el deterioro de las condiciones de vida provocaron un aumento 
considerable de cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático, conductas 
suicidas, consumo problemático de alco hol y drogas, así como diversas afectaciones 
psicológicas que continúan manifestándose hasta la actualidad. Diversos reportes 
emitidos por el Ministerio de Salud y organismos internacionales especializados han 
advertido que la demanda de atención en salud mental se incrementó sustancialmente, 
mientras que la capacidad de respuesta institucional del Estado continúa siendo 
insuficiente en gran parte del territorio nacional.
En respuesta a esta problemática, el Estado peruano impulsó importantes reformas 
orientadas a modernizar el sistema de atención de salud mental, especialmente a partir 
de la aprobación de la Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental, mediante la cual se 
consolidó el modelo comunitario de atención y se reconoció la necesidad de 
descentralizar progresivamente los servicios especializados. Dicho modelo busca 
reemplazar el antiguo esquema excesivamente hospitalario y centralizado por una 
lógica territorial, preventiva y comunitaria, acercando la atención a la población mediante 
centros comunitarios, establecimientos de salud y redes integradas de atención.
No obstante, pese a estos avances normativos e institucionales, persisten importantes 
limitaciones operativas y presupuestales que impiden una adecuada implementación de 
las políticas p úblicas en esta materia. En muchas regiones del país aún existe 
insuficiencia de psiquiatras, psicólogos clínicos, profesionales especializados, 
infraestructura adecuada, equipamiento médico y centros de salud mental comunitaria.
Debe considerarse además que el sistema sanitario peruano funciona actualmente bajo 
una lógica descentralizada, donde una parte importante de la prestación efectiva de 
servicios de salud se realiza desde los gobiernos regionales y órganos 
desconcentrados. Ello implica que la ejecución de intervenciones en salud m ental 
depende en gran medida de las capacidades presupuestales y operativas existentes en 
cada territorio. En consecuencia, el fortalecimiento de la salud mental no puede 
depender exclusivamente de decisiones centralizadas desde Lima, sino que requiere 
mecanismos financieros que permitan canalizar recursos de manera eficiente hacia las 
instancias responsables de ejecutar los servicios directamente a favor de la población.
En ese contexto, la Ley N.° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a 
distancia y apuestas deportivas a distancia, constituyó un avance importante al 
establecer una fuente específica de financiamiento para salud mental, asignando el 
veinte por ciento de los ingresos recaudados al Ministerio de Salud para el 
financiamiento de programas, intervenciones y servicios vinculados a esta materia. Sin 
embargo, pese a la existencia de esta fuente de financiamiento, en la práctica se ha 
evidenciado una limitación normativa que dificulta la adecuada ejecución 
descentralizada de dichos recursos.
La redacción vigente de la norma no incorpora expresamente una habilitación 
permanente que permita efectuar transferencias financieras hacia los gobiernos 
regionales y sus órganos desconcentrados para la implementación territorial de los 
servicios de salud mental. Esta omisión, genera dificultades técnicas y presupuestales 
dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debido a que las transferencias 
intergubernamentales requieren de una autorización legal expresa. Como 
consecuencia, aun existiendo disponibilidad de recursos y necesidad pública acreditada, 
el Ministerio de Salud enfrenta restricciones para canalizar oportunamente el 
financiamiento hacia las entidades  descentralizadas encargadas de ejecutar las 
intervenciones en las distintas regiones del país.
Esta situación genera problemas de subejecución presupuestal, limita la capacidad de 
planificación financiera de las entidades territoriales y retrasa la ampliación de cobertura 
de servicios especializados. Asimismo, dificulta la contratación  de personal 
especializado en las regiones del país, la implementación de infraestructura comunitaria 
y la continuidad de políticas públicas orientadas a reducir las brechas territoriales 
existentes en salud mental.
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema identificado consiste en la inexistencia de una habilitación normativa 
expresa y permanente que permita al Mi nisterio de Salud realizar transferencias 
financieras a favor de los gobiernos regionales y órganos desconcentrados 
competentes, utilizando los recursos asignados por la Ley N.° 31557 para la salud 
mental.
Si bien la norma vigente establece que el veinte por ciento de los ingresos recaudados 
por concepto de apuestas deportivas y juegos a distancia, se destina al financiamiento 
de intervenciones y servicios de salud mental, no se precisa de una manera expresa la 
posibilidad de efectuar transferencias intergubernamentales hacia los niveles regionales 
que ejecutan materialmente dichos servicios en el territorio nacional.
Esta situación genera una limitación operativa importante dentro del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, toda vez que las transferencias financieras entre entidades 
públicas requieren habilitación legal expresa. En ausencia de dicha autorización, las 
entidades públicas enfrentan restricciones técnicas y legales para canalizar recursos 
fuera de su propio pliego presupuestal, aun cuando exista necesidad pública acreditada 
y disponibilidad financiera suficiente.
El problema que se describe en la presente iniciativa legal, cobra especial importancia, 
debido a que el modelo de salud mental implementado por el Estado Peruano funciona 
principalmente bajo una lógica descentralizada y comunitaria. En la práctica, gran parte 
de los servicios vinculados a la salud mental vienen siendo ejecutados por las 
Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud, las Direcciones 
de Redes Integradas de Salud y los establecimientos públicos administrados 
territorialmente. Por lo tanto, la falta de mecanismos financieros adecuados para 
transferir recursos hacia dichos niveles de gobierno termina afectando directamente la 
capacidad real de atención a la población.
Consecuentemente, los recursos públicos destinados a salud mental pueden quedar 
parcialmente inmovilizados o sujetos a mecanismos temporales extraordinarios que 
reducen la predictibilidad financiera del sistema sanitario. Est a situación dificulta la 
planificación sostenida de inversiones, la contratación de personal especializado, la 
expansión territorial de servicios, la implementación de centros comunitarios y el 
fortalecimiento del primer nivel de atención.
La problemática descrita también produce desigualdades territoriales, debido a que las 
regiones con menores capacidades institucionales suelen enfrentar mayores 
dificultades para acceder oportunamente a los recursos centralizados. Ello profundiza 
las brechas existentes entre Lima Metropolitana y las regiones del interior del país, 
afectando principalmente a las poblaciones vulnerables que requieren atención 
psicológica y psiquiátrica especializada.
Lo que busca es optimizar el uso de recursos ya existentes, permitiendo que puedan 
llegar oportunamente a las entidades de nivel regional ( Direcciones Regi onales de 
Salud, las Gerencias Regionales de Salud,  las Direcciones de Redes Integradas de 
Salud) responsables de ejecutar servicios vinculados a la salud mental en el territorio 
nacional.
Desde una perspectiva constitucional, la iniciativa guarda coherencia con el derecho 
fundamental a la salud, con los principios de descentralización, de eficiencia del gasto 
público, de equidad territorial y de acceso progresivo a servicios públicos esenci ales y 
resulta plenamente compatible con la Política Nacional de Salud Mental y con el modelo 
comunitario reconocido por la Ley N.° 30947.
Actualmente, los gobiernos regionales administran una parte importante de la 
infraestructura y del personal sanitari o vinculado a salud mental. Por ello, resulta 
razonable que también puedan ejecutar directamente recursos provenientes de esta 
fuente de financiamiento. La iniciativa fortalece además la sostenibilidad financiera, la 
predictibilidad presupuestal, la articu lación territorial y la continuidad de las políticas 
públicas.
Asimismo, la obligación de remitir un informe anual con información sobre las 
transferencias efectuadas, la ejecución presupuestal, los programas y servicios 
financiados, la población beneficiaria y los resultados alcanzados facilitará la evaluación 
del impacto de la norma y la adopción de medidas de mejora cuando corresponda. La 
publicación del informe en el portal institucional del Ministerio de Salud fortalece, 
además, los principios de transparencia y acceso a la información pública, promoviendo 
el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos sin generar obligaciones 
presupuestarias adicionales.
b) El veinte por ciento (20 %) de los ingresos 
recaudados se destina al Ministerio de Salud, 
pliego 011, para el financiamiento de 
intervenciones, programas y servicios de salud 
mental, incluyendo transferencias financieras a 
favor de los gobiernos regiona les, para su 
ejecución a través de las instancias 
competentes del sistema regional de salud 
mental, conforme a los criterios técnicos, 
sanitarios y presupuestales establecidos por el 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.”
(…) 
La modificación propuesta incorpora expresamente la posibilidad de efectuar 
transferencias fina ncieras a favor de gobiernos regionales para la ejecución 
descentralizada de servicios de salud menta y precisa que dichas transferencias podrán 
ejecutarse mediante las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de 
Salud y Direcciones de Redes Integradas de Salud.
VI. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
La presente iniciativa modifica parcialmente la Ley N.° 31557. No deroga otras normas 
del ordenamiento jurídico ni genera incompatibilidades con el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. Asimismo, resulta compatible con la Ley N.° 30947, Ley de Salud
VII. MARCO LEGAL 
• Constitución Política del Perú.  
• Ley N.° 26842, Ley General de Salud.  
• Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
• Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
• Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
• Ley N.° 30947, Ley de Salud Mental.  
• Ley N.° 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y 
apuestas deportivas a distancia.  
• Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  
• Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030.  
• Política Nacional de Salud Mental.
Proyecto de 
Ley 
Fecha de 
Presentación 
Título 
Estado 
14491/2025-
CR 
28/04/2026 Proyecto de ley que modifica el decreto legislativo n.º 1153 
e incorpora al personal especialista de los centros de 
salud mental comunitaria en la remuneración por atención 
especializada 
EN COMISIÓN 
13919/2025-
CR 
09/02/2026 Proyecto de ley que modifica la ley 30947 con la finalidad 
de fortalecer la promoción de la salud mental 
EN COMISIÓN 
13552/2025-
CR 
12/12/2025 Proyecto de ley que impulsa la implementación de centros 
comunitarios especializados en salud mental en todas las 
regiones del país 
EN COMISIÓN 
13299/2025-
CR 
21/11/2025 Proyecto de ley que declara de interés nacional la creación 
de centros integrales de salud mental comunitaria 
especializada en cada región del país 
EN COMISIÓN 
03844/2022-
CR 
27/12/2022 Ley que modifica la Ley N° 30947, ley de salud mental Publicada en el 
Diario Oficial El 
Peruano
01553/2021-
CR 
29/03/2022 Ley que declara de interés nacional la priorización de la 
atención en salud mental en centros de salud e 
instituciones educativas de educación básica regular, para 
los niños y adolescentes afectados por la pandemia y 
mortandad de sus familiares por el SARS-COV-2"  
Publicada en el 
Diario Oficial El 
Peruano 
01329/2021-
CR 
17/02/2022 Ley que incorpora un segundo párrafo a la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley 30947, Ley 
de Salud Mental 
Publicada en el 
Diario Oficial El 
Peruano 
00987/2021-
CR 
14/12/2021 Ley de fortalecimiento y promoción de la salud mental en 
las instituciones educativas de educación básica 
DICTAMEN 
00942/2021-
CR 
09/12/2021 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional 
la construcción e implementación de salud mental, así 
como el desarrollo de la atención primaria comunitaria de 
salud mental a nivel nacional 
Publicada en el 
Diario Oficial El 
Peruano
IX. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  
INVOLUCRADOS BENEFICIOS COSTOS 
Ministerio de Salud 
Mejora de ejecución presupuestal y 
fortalecimiento de la gestión 
descentralizada 
Costos administrativos 
mínimos 
Gobiernos 
Regionales 
Mayor acceso a recursos para 
fortalecer servicios de salud mental 
Necesidad de fortalecer 
capacidades de gestión 
DIRESA, GERESA y 
DIRIS 
Incremento de capacidad operativa y 
territorial 
Costos operativos 
asumibles 
Ciudadanía Mayor cobertura y acceso a 
servicios especializados Ningún costo directo 
Estado Peruano Uso eficiente de recursos ya 
existentes 
No genera gasto 
adicional
XI. VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA 
La presente iniciativa se encuentra alineada con los objetivos vinculados al 
fortalecimiento del sistema nacional de salud, descentralización y mejora de servicios 
públicos esenciales. En tanto no se apruebe formalmente la Agenda Legislativa 
correspondiente al periodo 2025-2026, la presente propuesta mantiene coherencia con 
las prioridades nacionales en materia de salud pública y descentralización.
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SUMILLA: NUEVA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN.
NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo I. Finalidad superior de la educación  
La educación básica tiene por finalidad formar personas libres, íntegras, cultas, disciplinadas, 
críticas, científicas, humanistas, productivas, solidarias y tecnológicamente competentes, 
capaces de realizar su proyecto de vida, respetar la dignidad humana, fortalecer la democracia, 
convivir pacíficamente y contribuir al desarrollo sostenible del país. 
El Estado orienta el Sistema Educativo Peruano a la formación de generaciones con alta 
capacidad ética, científica, cultural, ciudadana y tecnológica, aptas para construir una 
sociedad justa, desarrollada, innovadora, respetuosa y humanista.
Artículo II. Centralidad de la persona humana 
La persona humana es el centro, sujeto y fin del sistema educativo. Su formación comprende 
el desarrollo integral de sus dimensiones ética, intelectual, científica, cultur al, afectiva, física, 
espiritual, social, productiva y tecnológica. 
La centralidad de la persona exige el ejercicio responsable de derechos y deberes, así como 
disciplina, respeto, esfuerzo, honestidad académica, solidaridad y compromiso con la familia, 
la comunidad, la Nación y el bien común.
Artículo III. Educación para el desarrollo nacional 
La educación se orienta al desarrollo integral, soberano, sostenible y descentralizado del Perú, 
considerando su diversidad geográfica, climática, cultural, lingüística, ambiental, productiva y 
tecnológica. 
El Sistema Educativo Peruano reconoce las potencialidades de la costa, sierra y selva, así 
como sus recursos naturales, saberes locales, biodiversidad, actividades económicas, ciencia, 
innovación y tecnologías emergentes, para contribuir al desarrollo nacional, regional y local.
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La educación orienta la ciencia, la tecnología y el conocimiento al servicio de la dignidad 
humana, la paz, la justicia, el ambiente, la productividad, la salud, la seguridad, la cultura y el 
progreso del país.
Artículo V. Respeto a la autoridad educativa 
El respeto a la autoridad educativa constituye principio esencial de la convivencia escolar y 
condición necesaria para el aprendizaje. 
Los estudiantes deben respeto a sus docentes, directivos, auxiliares, padres de familia, 
compañeros, personal administrativo, símbolos patrios, bienes educativos y normas de 
convivencia. Los padres de familia, tutores y apoderados deben respetar la autoridad 
pedagógica de los docentes, directivos y demás autoridades educativ as, sin perjuicio de su 
derecho a participar, solicitar información y formular reclamos por los canales institucionales 
correspondientes.
Artículo VI. Educación y familia 
La familia es la primera responsable de la formación moral, afectiva, disciplinaria,  social y 
ciudadana del estudiante. Le corresponde acompañar su aprendizaje, asegurar su asistencia, 
promover el respeto a los docentes y fortalecer hábitos de estudio, conducta, responsabilidad 
y convivencia. 
El Estado garantiza el derecho a una educación  pública, gratuita, inclusiva, pertinente y de 
calidad, y articula con la familia y la comunidad las acciones necesarias para la formación 
integral del estudiante.
Artículo VII. Educación, tecnología e inteligencia artificial 
La inteligencia artificial, l a robótica, la ciencia de datos, la biotecnología, la automatización y 
las tecnologías emergentes son instrumentos al servicio de la persona humana, la educación, 
la investigación, la innovación, la productividad y el bien común. 
Su uso en el sistema educa tivo se rige por los principios de ética, transparencia, seguridad, 
protección de datos personales, supervisión humana, inclusión, equidad, responsabilidad y 
respeto a la dignidad humana. Ninguna tecnología sustituye la conciencia, el pensamiento 
crítico, la autoría, la responsabilidad ni la decisión humana.
Artículo VIII. Educación intercultural, territorial y productiva 
La educación peruana es intercultural, territorial y productiva. Responde a la realidad de cada 
pueblo, región, comunidad, cuenca, valle, provincia y distrito, respetando sus lenguas, 
costumbres, historia, organización social, calendario agrícola, clima, festividades, saberes, 
actividades económicas y potencialidades productivas. 
El currículo nacional se diversifica territorialmente sin afectar los aprendizajes fundamentales 
comunes, promoviendo identidad nacional, valoración de la diversidad cultural y formación 
para el desarrollo local, regional y nacional.
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El incumplimiento injustificado de metas educativas, la inejecución pres upuestal, la 
manipulación de información o la omisión de acciones correctivas generan responsabilidad 
conforme a ley, sin perjuicio de las medidas administrativas, civiles o penales que 
correspondan.
Artículo X. Naturaleza, continuidad y prevalencia normativa 
La presente ley constituye el marco normativo general del Sistema Educativo Peruano y 
orienta la organización, gestión, financiamiento, evaluación, supervisión y mejora continua del 
servicio educativo en todos sus niveles, modalidades y formas de prestación. 
Sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas, instituciones 
educativas privadas, comunidad educativa y demás personas naturales o jurídicas que 
intervengan en la prestación, gestión, financiamiento, supervisión o ev aluación del servicio 
educativo. 
Las normas reglamentarias, técnicas, administrativas y de gestión educativa se interpretan y 
aplican conforme a los principios, fines, derechos, deberes y mandatos establecidos en la 
presente ley.
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley establece el marco jurídico del Sistema Educativo Peruano y regula sus 
principios, fines, organización, modalidades, responsabilidades, financiamiento, gobernanza, 
evaluación, régimen de convivencia, uso ético de tecnologías, protección del estudiante, 
formación docente y articulación con el desarrollo humano, científico, cultural, productivo y 
sostenible del país.
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente ley es de aplicación obligatoria a toda actividad educativa que se desarrolla en el 
territorio nacional, cualquiera sea su modalidad, nivel, forma de gestión o naturaleza jurídica.  
Comprende a las instituciones educativas públicas, p rivadas, comunitarias, técnico -
productivas, superiores, interculturales, rurales, urbanas, militares, policiales, religiosas y a 
toda persona natural o jurídica que preste, promueva, gestione, financie, supervise o participe 
en servicios educativos.
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b) Desarrollar aprendizajes de alta calidad en lectura, escritura, matemática, ciencia, 
tecnología, arte, cultura, ciudadanía, deporte, pensamiento crítico y solución de problemas. 
c) Promover la investigación científica, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la 
creatividad, el emprendimiento y la productividad, al servicio del desarrollo nacional. 
d) Fortalecer la identidad nacional, la diversidad cultural, lingüística y territorial del Perú, 
respetando las costumbres, saberes, recursos, climas y potencialidades de cada pueblo, 
región y comunidad. 
e) Prevenir la violencia, la delincuencia, la corrupción, la discriminación, el abandono escolar, 
las adicciones y toda forma de afectación a la integridad del estudiante y de la comunidad 
educativa. 
f) Vincular la educación con el trabajo digno, la formación técnica, la empleabilidad, la 
economía formal, la sostenibilidad ambiental y la transformación productiva del país. 
g) Preparar al estudiante para la vida, la ciudadanía, l a convivencia pacífica, el aprendizaje 
permanente y la participación responsable en una sociedad científica, humanística, 
democrática y tecnológicamente avanzada.
Artículo 4. Perfil de egreso del estudiante 
El Sistema Educativo Peruano orienta la formación del estudiante hacia el dominio progresivo 
de lectura, escritura, matemática, ciencia, tecnología, cultura digital, pensamiento lógico, 
investigación, comunicación, identidad nacional, conciencia ambiental, habilidades 
socioemocionales, formación ética y vocación de servicio.
Al culminar la educación básica, el estudiante debe alcanzar progresivamente las 
competencias previstas en el perfil de egreso, que comprenden aprender durante toda la vida, 
resolver problemas, trabajar en equipo, crear conocimiento , usar responsablemente la 
tecnología, respetar a sus padres, docentes, autoridades, compañeros y normas de 
convivencia, y contribuir al desarrollo científico, cultural, social y productivo del país.
El Estado garantiza el acceso, permanencia, continuidad y culminación de una educación 
integral y de calidad. La familia asegura la matrícula, asist encia, conducta, disciplina, 
acompañamiento y permanencia del estudiante. El estudiante participa activamente en su 
aprendizaje, respeta a sus docentes, cumple sus deberes escolares y observa las normas de 
convivencia educativa.
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