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Artículo 160. Indemnización por fallecimiento, desaparición o invalidez en servicio 
El fallecimiento, desaparición o invalide z permanente del docente o auxiliar de educación 
producido con ocasión del traslado, permanencia o prestación del servicio educativo genera 
derecho a indemnización especial, pensión de sobrevivencia, cobertura familiar, pago 
inmediato de beneficios sociale s, gastos de sepelio y reconocimiento honorífico del servicio 
prestado. 
La indemnización especial procede cuando el hecho se vincule directa o razonablemente con 
el cumplimiento de la función magisterial, el desplazamiento hacia o desde la institución 
educativa, la permanencia en zona de riesgo, la violencia, accidente, desastre, enfermedad 
ocupacional, emergencia o condición territorial del servicio. 
El pago de la indemnización y beneficios no puede condicionarse a trámites administrativos 
internos, determinación presupuestal posterior o controversias entre entidades públicas. La
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entidad responsable debe efectuar el pago inmediato y repetir contra quien corresponda, de 
ser el caso.
Artículo 161. Protección frente a amenaza, violencia, extorsión o riesgo grave 
Cuando el docente o auxiliar de educación sea víctima de amenaza, extorsión, violencia, 
acoso, hostigamiento, persecución, conflicto comunal, violencia familiar, violencia escolar, 
crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, minería ilegal u otra situ ación que comprometa 
su vida, integridad, libertad o dignidad, la autoridad educativa debe adoptar medidas 
inmediatas de protección. 
Las medidas comprenden, según el caso, traslado temporal, reasignación urgente, reserva de 
identidad, protección policial, coordinación con autoridades comunales, asistencia psicológica, 
defensa legal, comunicación de emergencia y acompañamiento institucional. 
La denuncia o comunicación del riesgo activa la obligación inmediata de protección. La falta 
de denuncia policial previa no impide la adopción de medidas urgentes cuando existan indicios 
razonables de peligro.
Artículo 16 2. Registro del reconocimiento reforzado por servicio en zonas de difícil 
acceso 
El reconocimiento reforzado del servicio prestado en zonas rurales, selva, frontera, VRAEM, 
comunidades alejadas, instituciones unidocentes, multigrado, interculturales bilingües, de 
emergencia, riesgo o difícil acceso se rige por lo previsto en el artículo 151 de la presente ley 
y debe registrarse de oficio en el escalafón correspondiente.
Artículo 163. Permanencia incentivada 
El Estado promueve la permanencia voluntaria de docentes y auxiliares de educación en 
zonas rurales, selva, frontera, VRAEM, emergencia o dif ícil acceso mediante bonificaciones 
especiales, vivienda, alimentación, movilidad, conectividad, formación especializada, becas, 
ascenso preferente, promoción, reconocimiento de méritos y acceso prioritario a programas 
de bienestar. 
La permanencia incentivada no puede convertirse en obligación indefinida ni ser utilizada para 
impedir la reasignación por salud, unidad familiar, seguridad, discapacidad, edad, amenaza o 
causa humanitaria debidamente acreditada.
Artículo 164. Retorno preferente por servicio cumplido 
El docente o auxiliar de educación que haya cumplido el periodo mínimo de servicio efectivo 
en zona rural, selva, frontera, VRAEM, emergencia, riesgo o difícil acceso tiene derecho 
preferente a reasignación, permuta o desplazamiento hacia una plaza compatible ubicada en 
su lugar de residencia familiar, tratamiento médico, arraigo, unidad familiar o zona de menor 
riesgo. 
El retorno preferente se ejerce sin pérdida de escala, nivel, remuneración, tiempo de servicios, 
beneficios, bonificaciones devengadas, derechos previsionales ni trayectoria magisterial.
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La autoridad educativa debe convocar y resolver los procedimientos de retorno preferente con 
prioridad, transparencia, plazo cierto, publicación de plazas y derecho de impugnación.
Artículo 165. Prohibición de abandono institucional 
Está prohibido que el Estado destine, mantenga o exija la permanencia de docentes o 
auxiliares de educación en instituciones educativas ubicadas en zonas de riesgo, aislamiento 
o difícil acceso sin garantizar condiciones mí nimas de traslado, seguridad, alojamiento, 
alimentación, comunicación y protección. 
El abandono institucional del personal magisterial constituye falta grave de la autoridad 
competente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda cuan do se 
genere daño, accidente, desaparición, fallecimiento o afectación a la integridad del trabajador. 
La precariedad territorial, la lejanía o la falta de presupuesto no eximen al Estado de su deber 
de protección reforzada frente al personal magisterial q ue sostiene el servicio educativo en 
las zonas más vulnerables del país.
Artículo 166. Finalidad de la evaluación docente 
La evaluación docente tiene por finalidad fortalecer l a Carrera Profesional Docente, revalorar 
el mérito, mejorar la práctica pedagógica, identificar necesidades de formación, reconocer el 
desempeño destacado y asegurar el derecho de los estudiantes a recibir una educación 
integral y de calidad. 
La evaluación  docente es formativa, técnica, objetiva, meritocrática, contextualizada, 
transparente y orientada a la mejora continua. No tiene naturaleza sancionadora ni puede ser 
utilizada como mecanismo de hostigamiento, persecución, discriminación, represalia, rotación 
arbitraria, reducción remunerativa o afectación indebida de la estabilidad docente. 
Los resultados de la evaluación generan obligaciones de acompañamiento, capacitación, 
mentoría, reconocimiento, ascenso, acceso a cargos, incentivos o planes de mejora,  según 
corresponda. Toda consecuencia desfavorable solo procede conforme a ley, con debido 
procedimiento, motivación expresa, derecho de defensa y acreditación objetiva de la causal 
aplicable.
Artículo 167. Tipos de evaluación docente 
La evaluación docente comprende las siguientes modalidades: 
a) Evaluación para el ingreso a la Carrera Profesional Docente. 
b) Evaluación de desempeño docente. 
c) Evaluación para el ascenso de escala magisterial. 
d) Evaluación para el acceso, ratificación o renovación en carg os directivos, jerárquicos, 
especializados, de mentoría, acompañamiento, formación, innovación o gestión 
pedagógica. 
e) Evaluación para la certificación y recertificación de competencias profesionales.  
f) Evaluación de permanencia, únicamente en los supuestos expresamente previstos por ley.
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g) Evaluación diagnóstica para formación, acompañamiento y mejora profesional. 
Cada modalidad de evaluación debe contar con finalidad expresa, criterios previamente 
publicados, instrumentos técnicos, ponderación definida , evaluadores certificados, 
trazabilidad de resultados, mecanismos de revisión y respeto irrestricto del debido 
procedimiento. 
Ninguna evaluación puede aplicarse sin que el docente conozca previamente sus criterios, 
instrumentos, indicadores, ponderación, efectos, cronograma, responsables y vías de 
impugnación.
Artículo 168. Evaluación integral del docente 
La evaluación docente es integral y valora el desempeño real del docente en el aula, cargo o 
función ejercida, considerando la naturaleza de su labor, n ivel, modalidad, especialidad, 
jornada, escala, contexto territorial, condiciones institucionales y características de los 
estudiantes. 
La evaluación comprende, como mínimo, los siguientes criterios: 
a) Planificación, conducción y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
b) Dominio pedagógico, didáctico, disciplinar, curricular y metodológico. 
c) Gestión de aula, convivencia escolar, tutoría, orientación y disciplina formativa. 
d) Retroalimentación, atención a la diversidad, inclusión educativa y adaptación razonable. 
e) Experiencia profesional acreditada y tiempo efectivo de servicios. 
f) Formación continua, especialización, posgrado, certificaciones y actualización profesional.  
g) Producción pedagógica, recursos educativos, investigación, innovación y buenas prácticas. 
h) Uso pedagógico, ético y responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial.  
i) Servicio en zonas rurales, amazónicas, altoandinas, interculturales bilingües, de frontera, 
VRAEM, multigrado, unidocentes, de emergencia o difícil acceso. 
j) Conducta ética, responsabilidad funcional y respeto a la dignidad de los estudiantes.  
k) Participación institucional, trabajo con familias, comunidad educativa y contribución a la 
mejora de la institución. 
l) Resultados educativos contextualizados, sin atribuir al docente brechas estructurales ajenas 
a su responsabilidad funcional. 
Ningún proceso de evaluación docente puede sustentarse exclusivamente en una prueba 
escrita, prueba estandarizada, encuesta aislada, apreciación subjetiva, r esultado estadístico 
descontextualizado o informe no verificable. 
La evaluación debe distinguir entre el desempeño atribuible al docente y las condiciones 
externas que inciden en el aprendizaje, tales como infraestructura deficiente, ausencia de 
materiales, falta de conectividad, alta carga estudiantil, violencia, pobreza, ruralidad, lengua 
originaria, discapacidad, abandono familiar, emergencia sanitaria, riesgo social o inseguridad 
territorial.
Artículo 169. Acompañamiento previo y plan de mejora docente 
Cuando la evaluación identifique dificultades en el desempeño docente, la autoridad educativa 
debe implementar obligatoriamente un plan de mejora individual o institucional, según 
corresponda, antes de adoptar cualquier consecuencia desfavorable. 
El plan de mejora comprende capacitación pertinente, mentoría, acompañamiento pedagógico, 
retroalimentación documentada, asistencia técnica, dotación de recursos cuando corresponda,
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observación formativa, seguimiento periódico y plazo razonable para la superación de las 
dificultades advertidas. 
El acompañamiento previo no puede ser simulado, meramente formal ni utilizado para 
construir una causal de separación, sanción o afectación laboral. Su finalidad es fortalecer la 
práctica docente, proteger la carrera profesi onal, revalorar al maestro y garantizar mejores 
aprendizajes. 
Toda medida desfavorable derivada de una evaluación solo procede cuando se acredite 
objetivamente que el docente recibió acompañamiento real, oportunidad efectiva de mejora, 
información completa  de sus resultados, derecho de contradicción y evaluación posterior 
debidamente motivada. 
Lo previsto en el presente artículo no impide la investigación disciplinaria por faltas 
expresamente tipificadas por ley, siempre que se tramite en procedimiento independiente, con 
pleno respeto al debido procedimiento y a la presunción de inocencia.
Artículo 170. Finalidad de la evaluación del auxiliar de educación 
La evaluación del auxiliar de educación tiene por fin alidad fortalecer la Carrera Especial del 
Auxiliar de Educación, mejorar el apoyo educativo, reconocer el mérito funcional, identificar 
necesidades de capacitación y asegurar una adecuada convivencia, disciplina formativa, 
protección, asistencia y bienestar de los estudiantes. 
La evaluación del auxiliar es formativa, objetiva, contextualizada, transparente y proporcional 
a la naturaleza de sus funciones. No puede exigirle responsabilidades propias del docente ni 
atribuirle resultados pedagógicos, curricular es o académicos que correspondan a la función 
docente. 
Los resultados de la evaluación sirven para capacitación, acompañamiento, promoción, 
reconocimiento, asignación de funciones compatibles, mejora institucional y protección del 
servicio educativo, conforme a ley.
Artículo 171. Evaluación contextualizada del auxiliar de educación 
La evaluación del auxiliar de educación considera el nivel educativo, modalidad, número de 
estudiantes, edad de los educandos, grado de vulnerabilidad, existencia de estudiantes  con 
discapacidad, condiciones de infraestructura, seguridad institucional, ruralidad, 
interculturalidad, riesgo social y carga real de acompañamiento. 
La evaluación comprende, como mínimo, los siguientes criterios: 
a) Apoyo a la convivencia escolar y disciplina formativa. 
b) Acompañamiento en ingreso, permanencia, recreo, desplazamiento y salida de estudiantes. 
c) Apoyo al docente y al directivo, sin sustitución de la función docente. 
d) Prevención y comunicación oportuna de situaciones de riesgo, violenci a, abandono, 
indisciplina o afectación emocional. 
e) Trato digno, cuidado, respeto, reserva y protección del estudiante. 
f) Cumplimiento de protocolos de seguridad, convivencia, inclusión, educación inicial, 
educación especial y protección estudiantil.
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g) Participación en actividades formativas, cívicas, culturales, deportivas, institucionales y 
comunitarias. 
h) Capacitación, experiencia, responsabilidad funcional y desempeño en contextos complejos. 
En educación inicial, la evaluación debe considerar la especial naturaleza del apoyo brindado 
en cuidado, seguridad, hábitos, higiene, adaptación, acompañamiento, desplazamiento y 
participación de niñas y niños, sin trasladar al auxiliar la responsabilidad pedagógica principal 
del docente de aula.
Artículo 172. Acompañamiento y mejora del auxiliar de educación 
Cuando la evaluación identifique dificultades en el desempeño del auxiliar de educación, la 
autoridad educativa debe brindar capacitación, orientación funcional, acompañamiento, 
supervisión formativa, retroalimentación documentada y plazo razonable para la mejora. 
El acompañamiento al auxiliar debe estar vinculado a convivencia escolar, disciplina formativa, 
educación inicial, protección estudiantil, primeros auxilios, atención de riesgos, inclusión 
educativa, trato digno, protocolos institucionales y apoyo al docente. 
Ninguna consecuencia desfavorable puede adoptarse sin acreditar acompañamiento previo 
real, comunicación de resultados, oportunidad efectiva de mejora, acceso al expediente, 
derecho de contradicción y motivación expresa. 
La evaluación del auxiliar no puede ser utilizada para asignarle funciones docentes, 
sancionarlo por hechos no tipificados, exigirle labores ajenas a su cargo o responsabilizarlo 
por carencias institucionales no imputables a su función.
Artículo 173. Evaluadores certificados, imparcialidad y responsabilidad 
Los procesos de evaluación de docentes y auxiliares de educación son realizados por 
evaluadores certificados, idóneos, imparcial es y capacitados en los instrumentos, criterios, 
enfoques, modalidades, niveles educativos y contextos territoriales que serán evaluados.  
Los evaluadores deben actuar con objetividad, independencia, motivación, confidencialidad, 
respeto a la dignidad del evaluado y sujeción estricta a los criterios previamente aprobados y 
publicados. 
Están prohibidas las evaluaciones basadas en animadversión, presión política, sindical, 
ideológica, religiosa, económica, institucional, familiar, personal o cualquier otro fac tor ajeno 
al mérito, desempeño y cumplimiento funcional. 
La alteración, falsedad, manipulación, ocultamiento, fabricación de evidencias, pérdida 
injustificada de instrumentos, filtración indebida, calificación arbitraria o informe falso en un 
proceso de ev aluación constituye falta muy grave y genera responsabilidad administrativa, 
civil o penal, según corresponda, sin perjuicio de la nulidad del acto evaluativo.
Artículo 174. Derecho de contradicción, revisión e impugnación 
El docente y el auxiliar de educ ación tienen derecho a conocer oportunamente los criterios, 
instrumentos, ponderaciones, evidencias, resultados preliminares y finales de toda evaluación 
que incida en su carrera, remuneración, promoción, ascenso, permanencia, encargatura, 
desplazamiento, reconocimiento o situación laboral.
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El evaluado tiene derecho a acceder íntegramente a su expediente, solicitar copia física o 
digital, formular observaciones, presentar descargos, ofrecer medios probatorios, pedir 
revisión técnica, interponer reconsiderac ión, apelación e impugnar todo acto evaluativo que 
considere arbitrario, inmotivado, erróneo, desproporcionado o contrario a la ley. 
La interposición de recursos suspende los efectos desfavorables de la evaluación mientras no 
exista decisión firme, salvo m edidas excepcionales debidamente motivadas para proteger la 
integridad de estudiantes o la continuidad del servicio educativo. 
Todo acto evaluativo debe estar debidamente motivado, expresar las razones técnicas de la 
calificación, responder los descargos d el evaluado y precisar la relación entre los hechos 
verificados, los criterios aplicados y la consecuencia jurídica adoptada. 
La vulneración del derecho de contradicción, acceso al expediente, motivación, imparcialidad, 
publicidad de criterios, acompañamie nto previo o impugnación determina la nulidad del 
procedimiento evaluativo, sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad o evaluador 
interviniente.
Artículo 175. Principios del régimen disciplinario magisterial 
El régimen disciplinario del Magisterio Nacional se rige por los principios de legalidad, tipicidad, 
debido procedimiento, presunción de licitud, presunción de inocencia, verdad material, 
razonabilidad, proporcionalidad, motivación suficiente, imparcialidad, celeridad, derecho de 
defensa, pluralidad de instancia y prohibición de arbitrariedad. 
Ningún docente o auxiliar de educación puede ser sancionado por hecho que no se encuentre 
expresamente previsto como falta en la presente ley, ni mediante procedimiento distinto al 
establecido legalmente. Está prohibida toda sanción sustentada en criterios subjetivos, 
represalias, presión política, sindical, ideológica, personal, familiar, in stitucional o en 
denuncias carentes de sustento mínimo verificable. 
El ejercicio regular de la autoridad pedagógica del docente, de la disciplina formativa, de la 
evaluación académica, de la tutoría, de la orientación educativa, de la conducción del aula, de 
la corrección razonable de conductas o del cumplimiento de normas institucionales no 
constituye falta disciplinaria, siempre que se realice conforme a la Constitución, la ley, el 
respeto a la dignidad del estudiante y los fines del servicio educativo. 
El reglamento no puede crear nuevas faltas, sanciones, causales de destitución, inhabilitación, 
suspensión, cese, impedimento, limitación de derechos o restricciones no previstas 
expresamente en la presente ley.
Artículo 176. Responsabilidad diferenciada y valoración objetiva de la conducta 
La responsabilidad disciplinaria del docente y del auxiliar de educación se determina de 
manera individual, objetiva y diferenciada, atendiendo a la naturaleza de la función ejercida, 
el cargo desempeñado, el nivel de re sponsabilidad, el daño producido, la intencionalidad, la 
reiterancia, la jerarquía funcional, el contexto educativo, las condiciones reales de trabajo y la 
existencia de medios institucionales disponibles para cumplir la función.
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La calificación de una fal ta debe considerar si el hecho se produjo en el ejercicio de función 
docente, directiva, auxiliar, tutorial, disciplinaria, administrativa -pedagógica, de 
acompañamiento, de convivencia escolar o de protección estudiantil. Ninguna autoridad 
puede atribuir a l docente o auxiliar responsabilidad por hechos derivados de carencias 
estructurales, falta de personal, inseguridad, infraestructura deficiente, ausencia de materiales, 
sobrecarga laboral, falta de conectividad, omisión de apoyo institucional o incumplimi ento de 
deberes a cargo de la entidad educativa. 
La responsabilidad disciplinaria exige prueba suficiente, valoración integral de los hechos, 
motivación expresa y relación directa entre la conducta imputada, la norma infringida y la 
sanción propuesta. Toda  duda razonable se resuelve a favor del servidor magisterial 
investigado, sin perjuicio de las medidas de protección que correspondan en favor del 
estudiante o de la comunidad educativa.
Artículo 177. Faltas leves 
Son faltas leves las conductas u omisiones funcionales de menor entidad que, sin causar daño 
grave al estudiante, a la comunidad educativa, al servicio educativo o a la administración, 
afectan el normal cumplimiento de las labores magisteriales y son susceptibles de corrección 
inmediata. Constituyen faltas leves: 
a) La tardanza injustificada o incumplimiento ocasional del horario de trabajo. 
b) La omisión subsanable de reportes, registros, comunicaciones o documentos funcionales.  
c) El incumplimiento menor de actividades institucionales previamente comunicadas. 
d) La negligencia leve en el uso, custodia o devolución de bienes, materiales o documentos 
educativos. 
e) La inobservancia no reiterada de disposiciones internas, siempre que no afecte derechos 
fundamentales ni la continuidad del servicio educativo. 
f) Otras conductas expresamente previstas en la presente ley, de similar naturaleza y 
gravedad. 
Las faltas leves se sancionan preferentemente con medidas correctivas, orientación funcional, 
exhortación escrita o amonestación, priorizando la mejora del desempeño y la continuidad del 
servicio educativo.
Artículo 178. Faltas graves 
Son faltas graves las acciones u omisiones que vulneran de manera significativa los deberes 
funcionales, afectan la continuidad o calidad del servicio educativo, comprometen la disciplina 
institucional, dañan la confianza funcional o perjudican derechos de estudiantes, docentes, 
auxiliares, familias o integrantes de la comunidad educativa. Constituyen faltas graves: 
a) El abandono injustificado del cargo, aula, turno, servicio o función asignada, cuando afecte 
la prestación educativa. 
b) La negligencia funcional grave que genere perjuicio verificable al estudiante, a la institución 
educativa o al servicio educativo. 
c) El incumplimiento reiterado e injustificado de deberes funcionales previamente requeridos 
por la autoridad competente.