crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
El sistema de transparencia, información, control y protección de la carrera magisterial 
constituye una garantía transversal de toda la ley. La presente propuesta de ley crea 
un sistema nacional de información que integra escalafón docente, escalafón del 
auxiliar, registro de contratados, registro de personal privado, plazas, concursos, 
nombramientos, contratos, ascensos, promociones, encargaturas, reasignaciones, 
evaluaciones, pagos, CTS, ceses, jubilaciones y sanciones firmes. Su finalidad es 
evitar la manipulación de plazas, el ocultamiento de vacantes, la alteración de cuadros 
de mérito, la demora injustificada en pagos, la pérdida de expedientes, la falta de 
actualización escalafonaria y la afectación de derechos por errores administrativos. El 
sistema convierte la transparencia en una herramienta concreta de protección de la 
carrera y no en una declaración formal.
Las disposiciones complementarias finales, transitorias, modificatoria y derogatoria 
aseguran la transición normativa entre el régimen vigente y el nuevo modelo propuesto. 
La adecuación de docentes nombrados respeta escala, plaza, remuneración, jornada, 
beneficios, tiempo de servicios y derechos adquiridos. La adecuación de auxiliares 
nombrados los incorpora a la Carrera Especial sin exigir nuevo concurso ni afectar su 
estabilidad. La titulación progresiva de auxiliares en servicio evita ceses masivos o 
afectaciones injustas, otorgando un periodo razonable de adecuación. La conversión 
de plazas eventuales en orgánicas busca enfrentar la simulac ión de temporalidad. La 
regularización de encargaturas permite reconocer responsabilidades efectivamente 
asumidas. La derogatoria de la Ley N.° 29944 y normas opuestas se plantea bajo una 
regla de transición favorable, para no afectar actos firmes, derecho s adquiridos, 
procedimientos en trámite ni situaciones jurídicas consolidadas.
La presente iniciativa legislativa, vista en su contenido integral, propone pasar de un 
régimen fragmentado a un sistema magisterial completo, donde la carrera, la 
remuneración, la formación, la evaluación, la disciplina, la seguridad social, el 
bienestar, la transparencia y la protección territorial actúan de manera articulada. Su 
valor normativo se encuentra en reconocer que la mejora de la educación peruana 
exige revalorar al  docente, dignificar al auxiliar de educación, ordenar la gestión de 
plazas, combatir la precarización, transparentar los concursos, proteger al personal en 
zonas difíciles, garantizar remuneraciones y pensiones justas, incorporar tecnología 
con enfoque ético y asegurar participación del Magisterio Nacional en las decisiones 
que afectan su presente y futuro profesional.
 ANÁLISIS DE LA FÓRMULA LEGAL  
--- Página 141 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  141 
El presente proyecto de ley desarrolla una fórmula legal de carácter integral, 
sistemático y protector, orientada a reorganizar el régimen jurídico del Magisterio 
Nacional bajo una visión de carrera p ública, dignificación profesional, estabilidad 
razonable, mérito, formación permanente, protección social y mejora de la calidad 
educativa. La estructura normativa propuesta no se limita a modificar aspectos 
aislados del régimen docente, sino que plantea u na arquitectura completa que 
comprende principios, sujetos protegidos, carreras diferenciadas, ingreso, 
nombramiento, contratación, formación, evaluación, remuneraciones, 
desplazamientos, régimen disciplinario, jubilación, bienestar, transparencia y contro l. 
Esta amplitud resulta jurídicamente necesaria porque la función educativa no puede 
regularse únicamente desde una lógica administrativa o presupuestal, sino desde su 
naturaleza constitucional de servicio público esencial vinculado al derecho 
fundamental a la educación, a la igualdad de oportunidades, al desarrollo nacional y a 
la protección de los estudiantes.
La presente iniciativa legislativa parte de una premisa central: no hay mejora real del 
sistema educativo si el Estado no fortalece primero la co ndición profesional, laboral, 
formativa, remunerativa y social de quienes sostienen diariamente el servicio 
educativo. La calidad del aprendizaje se encuentra estrechamente vinculada con la 
calidad de la formación, las condiciones de trabajo y el reconocimiento profesional del 
docente, pues la evidencia comparada demuestra que las políticas públicas orientadas 
a fortalecer la preparación, selección y desarrollo de los maestros inciden directamente 
en el desempeño educativo de los estudiantes (Darling -Hammond, 2000) 31. Por ello, 
la fórmula legal no trata al docente como un simple ejecutor de directivas, sino como 
autoridad pedagógica, profesional especializado, servidor estratégico y agente 
fundamental de la educación nacional.
La estructura general del p royecto de ley responde a una lógica progresiva. Primero, 
establece un Título Preliminar que fija los principios, la finalidad y la naturaleza del 
Magisterio Nacional; luego, define los sujetos comprendidos y diferencia jurídicamente 
la función docente de la función auxiliar; posteriormente, regula la formación inicial, la 
habilitación profesional y la capacitación continua; después desarrolla las reglas de 
ingreso, nombramiento, contratación, ascenso, promoción y permanencia; a 
continuación, ordena el régi men remunerativo, de beneficios, evaluación, disciplina, 
jornada, desplazamientos, jubilación, bienestar, tecnología, participación y 
transparencia. Esta secuencia permite que la norma tenga coherencia interna, porque 
parte de los principios y llega hasta los mecanismos de ejecución, fiscalización y 
protección de derechos.
La justificación del Título Preliminar radica en la necesidad de colocar la dignidad 
magisterial como eje interpretativo de toda la ley. En materia educativa, los principios 
no cumplen u na función decorativa, sino que orientan la aplicación de las reglas 
concretas sobre ingreso, remuneración, evaluación, disciplina, ascenso, jubilación y 
protección social. Al reconocer al docente como agente fundamental de la educación
--- Página 142 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  142 
y al auxiliar como integrante del Magisterio Nacional con función de apoyo educativo 
indispensable, la presente propuesta de ley evita dos distorsiones frecuentes: por un 
lado, la reducción del docente a un mero trabajador administrativo sujeto a control 
burocrático; por otro, la invisibilización del auxiliar de educación como si su labor fuera 
secundaria, informal o reemplazable. La Recomendación OIT/UNESCO relativa a la 
situación del personal docente reconoce que la condición del profesorado comprende 
tanto responsabilidades profesionales como condiciones adecuadas de preparación, 
empleo, carrera y seguridad, lo que refuerza la necesidad de que una ley magisterial 
establezca principios rectores claros y exigibles (OIT & UNESCO, 1966)  32.
La Carrera Profesional Docente se justifica porque la enseñanza exige conocimientos 
especializados, formación pedagógica, dominio disciplinar, criterio profesional, ética 
pública, capacidad de evaluación, manejo de aula, investigación, innovación y 
compromiso permanente con el aprendizaje.  La docencia no puede ser concebida 
como una ocupación eventual ni como una actividad que pueda ejercerse sin 
estándares mínimos de formación e idoneidad. La presente iniciativa legislativa acierta 
al exigir título profesional, habilitación cuando correspo nda, formación inicial sólida, 
práctica preprofesional, actualización continua y concursos públicos de mérito. Esta 
regulación protege a los estudiantes, fortalece la autoridad pedagógica del maestro y 
evita que la cobertura del servicio educativo se utili ce como justificación para 
precarizar la profesión docente.
La carrera docente planteada tiene un sentido profesionalizante porque articula 
ingreso, permanencia, ascenso, formación, evaluación, escalafón, cargos de 
responsabilidad y remuneración. No basta con declarar que el docente es importante; 
la norma debe traducir esa importancia en reglas concretas de desarrollo profesional. 
Por ello, la regulación de escalas magisteriales, ascenso por mérito, mentoría, 
investigación, innovación, cargos directivos y  protección frente a la arbitrariedad 
permite construir una trayectoria laboral previsible. La literatura especializada sostiene 
que los sistemas educativos sólidos no descansan únicamente en el esfuerzo 
individual del maestro, sino en la construcción de c apital profesional, entendido como 
la combinación de formación, experiencia, colaboración, juicio profesional y 
condiciones institucionales que permiten mejorar sostenidamente la enseñanza 
(Hargreaves & Fullan, 2012) 33.
La Carrera Especial del Auxiliar  de Educación se justifica por la existencia de una 
función educativa distinta, complementaria y necesaria dentro de las instituciones 
educativas. El auxiliar no sustituye al docente, no planifica el currículo, no conduce 
regularmente clases ni evalúa acad émicamente aprendizajes; sin embargo, cumple 
una función esencial en convivencia escolar, disciplina formativa, ingreso y salida de 
estudiantes, recreos, seguridad, acompañamiento, apoyo en educación inicial, 
inclusión, educación especial, prevención de vi olencia y protección estudiantil. La 
presente propuesta de ley reconoce correctamente que esta función requiere carrera
--- Página 143 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  143 
propia, niveles progresivos, formación titulada, certificación de competencias, 
capacitación permanente, escalafón, remuneración, protec ción institucional y 
posibilidades de promoción.
La incorporación del auxiliar de educación al Magisterio Nacional no desnaturaliza la 
función docente, porque la fórmula legal establece una frontera clara entre ambas 
carreras. La regulación propuesta evit a que el auxiliar sea utilizado como reemplazo 
informal del docente y, al mismo tiempo, impide que su labor sea reducida a vigilancia, 
apoyo administrativo o presencia auxiliar sin desarrollo profesional. Esta precisión es 
relevante porque una institución educativa segura, inclusiva y ordenada requiere no 
solo enseñanza pedagógica, sino también acompañamiento, prevención, protección y 
convivencia. En esa línea, la presente iniciativa legislativa comprende que la calidad 
educativa no se produce únicamente de ntro del aula mediante la enseñanza directa, 
sino también mediante condiciones institucionales que aseguren permanencia, 
seguridad, bienestar y trato digno para los estudiantes.
El régimen remunerativo se justifica porque la dignificación del Magisterio Nacional 
exige una estructura económica clara, progresiva, pensionable y vinculada a la función 
real que se desempeña. La remuneración no debe ser tratada como un incentivo 
discrecional ni como una suma fragmentada de conceptos débiles, sino como un 
derecho laboral de naturaleza alimentaria que reconoce la responsabilidad social, 
pedagógica y protectora del servicio educativo. La regulación de la Remuneración 
Íntegra Magisterial y d e la Remuneración Íntegra del Auxiliar de Educación permite 
ordenar el sistema, fijar pisos mínimos, reconocer escalas y niveles, evitar reducciones 
arbitrarias y garantizar que los beneficios sociales, la CTS y los derechos previsionales 
tengan una base cierta.
La presente propuesta de ley resulta especialmente relevante al reconocer 
bonificaciones y asignaciones por preparación de clases, encargaturas, función 
especializada, ruralidad, frontera, selva, VRAEM, movilidad, alimentación, 
conectividad, riesgo , carga educativa excepcional, salud ocupacional, materiales 
educativos y actividades oficiales fuera de jornada. Esta regulación responde a una 
realidad concreta: el trabajo educativo no se agota en la hora de clase ni en la 
presencia física en la institu ción. El docente planifica, evalúa, retroalimenta, atiende 
familias, prepara materiales, acompaña actividades oficiales y asume 
responsabilidades institucionales. El auxiliar, por su parte, sostiene la convivencia, la 
asistencia, la seguridad y la protecci ón estudiantil en condiciones muchas veces 
complejas. La OCDE ha señalado que las políticas eficaces para atraer, desarrollar y 
retener buenos docentes deben atender la selección, formación, carrera, condiciones 
de trabajo, evaluación y compensación, porque estos elementos funcionan de manera 
articulada y no aislada (OECD, 2005) 34.
--- Página 144 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  144 
servicio. No obstante, la evaluación en materia magisterial debe tener finalidad 
formativa y de mejora, no naturaleza persecutoria ni sancionadora. La presente 
iniciativa legislativa acierta al disponer que ninguna evaluación docente se sustente 
exclusivamente en una prueba escrita, una encuesta aislada, un resultado estadístico 
descontextualizado o una apreciación subjetiva. El desempeño educativo depende de 
múltiples factores, como infraestructura, conectividad, materiales, número de 
estudiantes, contexto famili ar, ruralidad, lengua originaria, discapacidad, violencia, 
pobreza o inseguridad. Por ello, una evaluación justa debe distinguir entre lo atribuible 
al docente o auxiliar y aquello que corresponde a deficiencias estructurales del sistema.
La evaluación pr opuesta también protege el debido procedimiento, el acceso al 
expediente, la publicidad de criterios, la impugnación, la revisión técnica, la motivación 
y el acompañamiento previo. Esto es esencial porque una evaluación mal diseñada 
puede convertirse en me canismo de presión, rotación arbitraria, exclusión de 
concursos o afectación de estabilidad. En el caso del auxiliar de educación, la fórmula 
legal evita trasladarle responsabilidades pedagógicas que no le corresponden y exige 
que su evaluación se vincule a convivencia, disciplina formativa, protección estudiantil, 
seguridad, apoyo al docente y cumplimiento de protocolos. De esta manera, la 
evaluación se convierte en instrumento de fortalecimiento institucional y no en 
mecanismo de precarización.
El régimen disciplinario se justifica por la necesidad de proteger simultáneamente los 
derechos de los estudiantes, la integridad del servicio educativo y las garantías del 
personal magisterial. La presente propuesta de ley estructura adecuadamente el 
régimen disciplinario sobre los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, 
presunción de inocencia, proporcionalidad, motivación e imparcialidad. Esta 
regulación impide que se sancione a docentes o auxiliares por hechos no previstos 
como falta, por denun cias sin sustento mínimo, por criterios subjetivos o por 
represalias institucionales. La diferenciación entre faltas leves, graves y muy graves 
permite graduar la respuesta estatal según la entidad del hecho, el daño producido, la 
intencionalidad, el contexto y la responsabilidad funcional.
La fórmula legal también incorpora una protección necesaria frente a denuncias falsas, 
maliciosas o temerarias, sin debilitar la obligación estatal de investigar hechos reales 
de violencia, abuso o afectación de estudia ntes. Este equilibrio es jurídicamente 
importante. La escuela debe ser un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes, 
pero también debe protegerse al docente y al auxiliar frente al uso instrumental de 
denuncias destinadas a hostigar, presionar, despl azar o destruir reputaciones 
profesionales. La potestad disciplinaria debe servir para proteger el servicio educativo 
y los derechos fundamentales, no para precarizar la carrera ni anular la autoridad 
pedagógica o la función auxiliar legítimamente ejercida.
--- Página 145 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  145 
físico, mental, emocional y, en muchos casos, territorial. La presente iniciativa 
legislativa acierta al crear un Régimen Especial de Jubilación del Magisterio Nacional, 
una pensión mínima magisterial, un complemento previsional, protección familiar, 
pensión de sobrevivencia, reconocimiento integral del tiempo de servicios y un Fondo 
Nacional de Jubilación y Bienestar Magisterial. La protección previsional es coherente 
con el principio de progresividad de los derechos sociales y con la obligación estatal 
de evitar que quienes sostuvieron el sistema educativo terminen sometidos a 
pensiones insuficientes o trámites administrativos que desconozcan años de servicio.
La regulación previsional propuesta también corrige un problema recurrente: la falta 
de reconocim iento oportuno de contratos, encargaturas, licencias computables, 
servicios en zonas difíciles, aportes omitidos o información escalafonaria incompleta. 
La fórmula legal establece que los errores administrativos no pueden perjudicar al 
trabajador cuando es te acredita la prestación efectiva del servicio. Este criterio es 
relevante porque traslada la responsabilidad de ordenamiento documental a la 
administración y no al servidor, quien muchas veces no controla los registros, planillas, 
sistemas o actos internos de la entidad. La protección previsional se conecta, además, 
con los estándares internacionales de seguridad social, que reconocen la necesidad 
de garantías básicas, progresivas, previsibles y fundadas en derechos para proteger 
a las personas frente a c ontingencias económicas y sociales (Organización 
Internacional del Trabajo, 2012) 35.
Las medidas de bienestar y protección social se justifican porque el desempeño 
educativo exige condiciones humanas, materiales, psicológicas y familiares 
adecuadas. La presente propuesta de ley reconoce salud ocupacional, salud mental, 
prevención del agotamiento profesional, atención psicológica, protección frente a 
violencia escolar, vivienda, alojamiento, seguro de vida, apoyo por sepelio, Casas del 
Maestro y del Auxiliar de Educación, programas de bienestar y protección especial en 
zonas de riesgo. Estas medidas no deben entenderse como beneficios accesorios, 
sino como condiciones institucionales para garantizar continuidad educativa, 
estabilidad emocional, permanencia en el servicio y calidad del trabajo pedagógico y 
auxiliar.
La protección especial para zonas rurales, selva, frontera, VRAEM, comunidades 
alejadas y territorios de difícil acceso responde a una realidad nacional marcada por 
desigualdad territorial. No es razonable exigir el mismo resultado funcional a un 
docente o auxiliar que labora en una institución urbana con servicios básicos, 
conectividad y transporte, que a quien presta servicios en zonas aisladas, con riesgo 
geográfico, inseguridad, falta de alojamiento o ausencia de comunicación. La presente 
iniciativa legislativa introduce un enfoque de justicia territorial al establecer movilidad, 
alimentación, alojamiento, conectividad, seguro especial, rutas seguras, retorno 
preferente, reconocimiento escala fonario y asignaciones diferenciadas. Esta 
regulación permite que el Estado deje de trasladar al trabajador magisterial los costos 
de sostener el servicio educativo en las zonas más vulnerables.
--- Página 146 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  146
El sistema de transparencia y control se justifica porque muchos de los problemas del 
régimen magisterial no se originan únicamente en la falta de normas, sino en la 
opacidad de plazas, concursos, contratos, encargaturas, escalafón, pagos, ascensos, 
reasignaciones, beneficios y ceses. La creación del Sistema Nacion al de Información 
y Control de la Carrera Magisterial permite concentrar en una plataforma pública, 
digital, interoperable y auditable la información esencial para proteger derechos y 
prevenir arbitrariedades. Esta herramienta fortalece la legalidad admini strativa, la 
fiscalización ciudadana, la trazabilidad de decisiones y la responsabilidad funcional de 
quienes manipulen u oculten información.
La publicidad obligatoria de plazas, cuadros de mérito, adjudicaciones, encargaturas, 
ascensos, promociones y ac tos de carrera evita prácticas como reserva indebida, 
direccionamiento, manipulación de puntajes, ocultamiento de vacantes, 
fraccionamiento de jornadas, contratación irregular o desconocimiento de derechos 
adquiridos. La presente propuesta de ley acierta a l establecer que ningún error, 
omisión o falta de actualización del sistema puede perjudicar al docente o auxiliar 
cuando este acredita documentalmente su derecho. Esta regla es compatible con el 
principio de primacía de la realidad, buena fe administrativa y protección del trabajador 
frente a deficiencias imputables a la propia administración.
Las disposiciones complementarias se justifican porque toda reforma legal de alcance 
estructural requiere reglas de transición, adecuación y protección de situacion es 
jurídicas consolidadas. La presente iniciativa legislativa incorpora disposiciones finales, 
transitorias, modificatorias y derogatorias que permiten la incorporación automática de 
docentes nombrados a la Carrera Profesional Docente, la adecuación de aux iliares 
nombrados a la Carrera Especial, el reconocimiento de servicios de contratados, la 
adecuación de instituciones privadas, la protección de cesantes y jubilados, la 
reglamentación con límite material, el financiamiento progresivo, la protección en 
zonas de riesgo y la igualdad remunerativa por encargaturas.
Estas disposiciones cumplen una función de seguridad jurídica. Sin ellas, la 
aprobación de una nueva ley podría generar incertidumbre sobre escalas, niveles, 
plazas, contratos, beneficios, pensiones, procesos en trámite, encargaturas, derechos 
adquiridos y situaciones consolidadas. La fórmula legal protege expresamente la 
continuidad laboral, la no reducción remunerativa, el reconocimiento del tiempo de 
servicios, la aplicación de la norma más favo rable y la nulidad de disposiciones 
reglamentarias restrictivas. De ese modo, la transición normativa no se convierte en 
una amenaza para el magisterio, sino en un proceso ordenado de adecuación hacia 
un régimen más protector, profesionalizante y coherente con la finalidad pública de la 
educación.
--- Página 147 ---
Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501  – Lima - Perú         Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284 
PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA 
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
" Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 
Página  147 
remunerativa, la evaluación formativa, el régimen disciplinario garantista, la protección 
previsional, el bienestar social, la transparencia administrativa y la protección territorial. 
Su diseño normativo busca superar una visión fragmentada del régimen magist erial y 
propone un sistema integral en el que carrera, remuneración, formación, evaluación, 
protección y control funcionen como partes de una misma política pública. La presente 
iniciativa legislativa, por tanto, se orienta a fortalecer el servicio educati vo nacional 
colocando en el centro la dignidad del Magisterio Nacional, la calidad educativa, la 
seguridad jurídica, la protección del estudiante y el desarrollo del país.