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La protección del orden de mérito y del derecho adquirido es una regla indispensable 
para asegurar confianza en los concursos y actos de carrera. Si un docente o auxiliar 
obtiene un derecho mediante concurso, ascenso, promoción, encargatura, 
adjudicación, p ago o reconocimiento, la administración no puede desconocerlo por 
cambios posteriores de criterio o errores internos no imputables al trabajador.
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diseño normativo abarca identidad profesional, formación, ingreso, contratación, 
ascenso, remuneraciones, de rechos, deberes, evaluación, disciplina, jornada, 
jubilación, bienestar, tecnología, participación, transparencia y disposiciones de 
adecuación.
Desde el punto de vista de técnica legislativa, el presente proyecto de ley tiene una 
virtud central: construy e una regulación orgánica. Los títulos se conectan entre sí y 
siguen una secuencia razonable. Primero se definen principios y sujetos; luego se 
precisa la naturaleza del docente y del auxiliar; después se regula formación, ingreso, 
carrera, derechos, remuneración, protección territorial, evaluación, disciplina, jornada, 
jubilación, bienestar, tecnología, participación y control. Esta estructura permite 
comprender la carrera magisterial como un sistema y no como un conjunto disperso 
de beneficios.
La fórmula legal también tiene una clara finalidad revaloradora. No se limita a declarar 
que el docente es importante, sino que desarrolla efectos concretos: remuneración 
pensionable, ascensos periódicos, protección frente a arbitrariedad, formación gratuita, 
bonificaciones, CTS, jubilación digna, defensa legal, salud ocupacional, vivienda, 
protección en zonas de riesgo y participación institucional. En el caso del auxiliar, la 
propuesta crea una carrera propia que reconoce su aporte sin confundirlo con el 
docente.
La coherencia principal de la propuesta radica en vincular calidad educativa con 
dignidad laboral. La norma parte de una idea pedagógica y jurídica consistente: no 
puede exigirse educación de calidad a trabajadores precarizados, desprotegidos, mal 
remunerados, sin formación continua o sometidos a arbitrariedad. La mejora de los 
aprendizajes requiere docentes y auxiliares con estabilidad razonable, condiciones de 
trabajo, desarrollo profesional y protección institucional.
La adecuación de docentes nombrados a la Carrera Profesional Docente se plantea 
de pleno derecho, sin nuevo concurso ni evaluación habilitante. Esta regla protege la 
continuidad laboral, la escala magisterial, plaza, jornada, cargo, remuneración, 
beneficios, derechos previsionales y tiempo de servicios. Su finalidad es impedir que 
la nueva ley sea utilizada para reabrir situaciones consolidadas o afectar derechos 
adquiridos.
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funciones de coordinación, desempeño y méritos. A la vez, se precisa que la 
incorporación a la Carrera Especial no implica conversión automática a la Carrera 
Profesional Docente.
El reconocimiento de servicios y nombramiento progresivo de contratados busca 
corregir la precarización acumulada. La norma reconoce experiencia, méritos, 
capacitaciones y servicios prestados en zonas difíciles. También obliga al Estado a 
implementar concursos progresivos de nombramiento para quienes cumplan 
requisitos y ocupen plazas orgánicas o de necesidad permanente.
La adecuación de instituciones educativas privadas establece pisos mínimos en 
remuneración, contratos, jornada, beneficios, seguridad social y condiciones laborales. 
Esta disposición es relevante porque extiende la f inalidad protectora de la ley al 
personal que trabaja en servicios educativos privados, sin desconocer el régimen 
laboral de la actividad privada.
El régimen pensionario para cesantes y jubilados amplía la protección social del 
Magisterio Nacional. La imp lementación progresiva prioriza a quienes tienen 
pensiones bajas, edad avanzada, discapacidad, enfermedad grave, dependencia o 
servicios prestados en zonas difíciles. Esta disposición conecta la revaloración 
magisterial con justicia previsional.
La regla sobre financiamiento progresivo reconoce la necesidad de programación 
presupuestal, pero impide que la progresividad sea utilizada como excusa para 
desconocer derechos adquiridos, devengados, CTS, encargaturas, asignaciones, 
bonificaciones, pensiones o man datos firmes. Esta precisión es indispensable para 
evitar que la norma quede sujeta a discrecionalidad presupuestal indefinida.
Las disposiciones transitorias tienen una finalidad práctica: ordenar la implementación 
inicial del nuevo régimen sin afectar d erechos ni interrumpir el servicio educativo. Su 
importancia radica en que toda reforma amplia requiere reglas de adaptación gradual, 
especialmente cuando involucra docentes, auxiliares, plazas, escalafones, 
encargaturas, CTS y procedimientos en trámite.
La titulación progresiva de auxiliares de educación en servicio es una disposición 
equilibrada. La presente propuesta de ley exige formación titulada para fortalecer la 
función auxiliar, pero protege a quienes ya trabajan sin título específico. Mantiene su  
vínculo laboral, remuneración, plaza, jornada, beneficios y tiempo de servicios, 
estableciendo programas de titulación, certificación de competencias y reconocimiento 
de aprendizajes previos. El plazo mínimo de adecuación evita ceses masivos o 
afectaciones injustas.
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quedar bloqueados. La norma protege al trabajador frente a omisiones o demoras 
administrativas no imputables.
La conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas apunta a corregir la 
simulación de temporalidad. Si una plaza atiende una necesidad pe rmanente, debe 
ser identificada, presupuestada y convocada a concurso de nombramiento. Esta regla 
es una de las herramientas más importantes contra la precarización laboral en el 
sistema educativo.
El pago de CTS, devengados y beneficios pendientes como obligación prioritaria 
reconoce una deuda histórica con el magisterio. La aprobación de cronogramas 
públicos y financiados, con prioridad para adultos mayores, personas con 
discapacidad, enfe rmedad grave, cesantes, jubilados, deudos y trabajadores con 
mayor antigüedad de deuda, refuerza el enfoque social de la reforma.
La disposición complementaria modificatoria ordena al Poder Ejecutivo adecuar las 
normas laborales, educativas, administrativ as, presupuestales, previsionales, 
remunerativas y de gestión pública necesarias para implementar la presente propuesta 
de ley. Esta disposición es importante porque una ley de esta amplitud requiere 
armonización normativa para evitar contradicciones, duplicidades o vacíos operativos.
La adecuación normativa no puede afectar derechos adquiridos, remuneraciones, CTS, 
pensiones, estabilidad laboral, escalas, niveles, tiempo de servicios, nombramientos, 
contratos, encargaturas, asignaciones, bonificaciones, procedimientos en trámite ni 
situaciones jurídicas consolidadas. Esta cláusula protege la seguridad jurídica y evita 
que la implementación reglamentaria se convierta en mecanismo de reducción de 
derechos.
La disposición reafirma que toda norma de adecuación debe respetar la finalidad 
protectora, profesionalizante y revaloradora del presente proyecto de ley. Este límite 
material es necesario porque la experiencia administrativa demuestra que muchas 
veces los reglamentos, directivas o lineamientos restringen el alcance de los derechos 
reconocidos por la ley. La propuesta impide esa práctica y afirma la supremacía de la 
norma legal.
La disposición complementaria derogatoria plantea la derogación de la Ley N.° 29944, 
Ley de Reforma Magisterial, sus modificatorias y complementarias, así como toda 
disposición que se oponga a la nueva ley. Esta decisión refleja que la presente 
iniciativa legislativa no busca una modificación parcial, sino la construcción de un 
nuevo régimen integral del Magisterio Nacional.
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La derogación se formula con una cláu sula de continuidad favorable. Las 
disposiciones reglamentarias o administrativas del régimen anterior que no se 
opongan a la nueva ley pueden mantenerse transitoriamente solo si son necesarias 
para garantizar la continuidad del servicio educativo y compat ibles con los derechos 
reconocidos. Esta técnica evita vacíos normativos durante la transición.
La cláusula final protege derechos adquiridos, actos firmes, beneficios reconocidos, 
tiempo de servicios, escalas, niveles, remuneraciones, pensiones, CTS, encargaturas, 
asignaciones, bonificaciones, procedimientos en trámite y situaciones jurídicas 
consolidadas. Esta protección es indispensable para que la derogación no sea 
interpretada como desconocimiento de derechos preexistentes.
El valor político y jurídi co de esta disposición está en asegurar que el tránsito hacia 
una nueva ley docente no genere regresividad. La presente propuesta de ley busca 
elevar el estándar de protección del Magisterio Nacional, no sustituir un régimen por 
otro en perjuicio de los tr abajadores. Por ello, en caso de duda, debe prevalecer la 
disposición más favorable a la dignidad, estabilidad, carrera, remuneración, protección 
social y seguridad jurídica del docente y del auxiliar de educación.
 ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
El presente proyecto de ley se sustenta en una habilitación const itucional expresa y 
suficiente del Congreso de la República para legislar en materia educativa, laboral, de 
carrera pública, derechos sociales, régimen remunerativo, protección previsional y 
organización del servicio público educativo. La Constitución reco noce que la 
educación es un derecho fundamental y un servicio de interés público orientado al 
desarrollo integral de la persona, y dispone que el profesorado en la enseñanza oficial 
constituye carrera pública, cuya regulación corresponde a la ley. Desde es a 
perspectiva, la presente iniciativa legislativa no invade competencias ajenas ni 
sustituye funciones administrativas propias del Poder Ejecutivo, sino que establece el 
marco jurídico general, orgánico y protector dentro del cual deben desarrollarse las 
políticas públicas magisteriales. La intervención legislativa resulta constitucionalmente 
legítima porque regula derechos, deberes, garantías, condiciones de acceso, ascenso, 
permanencia, evaluación, remuneración, bienestar y protección social de quienes 
cumplen funciones esenciales en el sistema educativo nacional.
La competencia del Congreso para aprobar la presente propuesta de ley se vincula 
directamente con su atribución de dar leyes, interpretar, modificar o derogar las 
existentes, así como con su deb er de desarrollar legislativamente los derechos 
fundamentales, sociales y laborales reconocidos por la Constitución. En materia 
educativa, la ley no solo puede regular el servicio educativo, sino que debe hacerlo 
cuando existe necesidad de ordenar la carre ra docente, proteger la autoridad 
pedagógica, establecer condiciones mínimas de calidad, garantizar transparencia en 
los concursos y evitar la precarización laboral. La función legislativa, en este caso, 
actúa como garantía institucional del derecho a la e ducación, pues permite dotar al
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sistema educativo de reglas claras, previsibles, meritocráticas y protectoras. Como 
sostiene Landa Arroyo, los derechos fundamentales no pueden ser entendidos 
únicamente como declaraciones abstractas, sino como mandatos que vinculan a los 
poderes públicos y exigen desarrollo normativo, institucional y jurisdiccional para 
asegurar su eficacia real (Landa Arroyo, 2017) 41.
La presente iniciativa legislativa es compatible con el derecho fundamental a la 
educación porque no desplaza al estudiante del centro del sistema, sino que refuerza 
las condiciones humanas, profesionales, laborales y materiales que hacen posible una 
educación de calidad. La protección del docente y del auxiliar de educación no se 
plantea como un privilegio  corporativo, sino como una condición estructural para 
garantizar continuidad educativa, convivencia escolar, seguridad institucional, 
formación integral, atención a la diversidad y mejora de aprendizajes. Un sistema que 
mantiene docentes precarizados, aux iliares invisibilizados, plazas temporales 
simuladas, concursos poco transparentes o evaluaciones descontextualizadas termina 
afectando directamente al estudiante. Por ello, la regulación de la carrera magisterial, 
la profesionalización docente, la formación continua, la protección frente a la violencia, 
la estabilidad razonable y la remuneración digna se justifican constitucionalmente 
porque fortalecen la calidad del servicio educativo.
La compatibilidad con el derecho a la educación se aprecia, además, e n la forma en 
que el presente proyecto de ley diferencia correctamente la función docente y la 
función auxiliar. El docente es reconocido como autoridad pedagógica, responsable 
de planificar, conducir, evaluar y mejorar los aprendizajes; mientras que el au xiliar de 
educación es incorporado al Magisterio Nacional como personal de apoyo educativo 
indispensable para la convivencia escolar, disciplina formativa, seguridad, asistencia, 
inclusión y protección estudiantil. Esta diferenciación evita la sustitución indebida del 
docente, protege la calidad del proceso pedagógico y reconoce que el servicio 
educativo requiere una organización funcional compleja. La presente propuesta de ley, 
al impedir que el auxiliar asuma planificación curricular, conducción regular d e clases 
o evaluación académica sin título pedagógico y concurso público, resguarda el 
derecho del estudiante a recibir enseñanza impartida por profesionales habilitados.
La presente iniciativa legislativa también resulta compatible con el principio de 
igualdad, porque no establece un trato idéntico para situaciones funcionalmente 
distintas, sino un trato diferenciado, razonable y proporcional entre docentes y 
auxiliares de educación. La igualdad constitucional no exige uniformidad absoluta, sino 
que las diferencias normativas respondan a criterios objetivos, legítimos y vinculados 
a la finalidad de la regulación. En ese sentido, la creación de una Carrera Profesional 
Docente y una Carrera Especial del Auxiliar de Educación no vulnera la igualdad, sino 
que la realiza de manera material, porque reconoce que ambas funciones integran el 
servicio educativo, pero poseen naturaleza, responsabilidad, requisitos, límites y 
desarrollo profesional diferentes. La igualdad, desde una perspectiva constitucional,
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exige remover situaciones de exclusión, precarización o invisibilización que afectan a 
quienes cumplen funciones necesarias para el ejercicio efectivo de derechos sociales.
El principio de igualdad se proyecta en la presente propuesta de ley mediante reglas 
de acceso por concurso público, remuneración digna, reconocimiento del tiempo de 
servicios, protección frente a la violencia, capacitación, escalafón, transparencia, 
estabilidad razonable y progresión laboral. No se favorece arbitrariamente a un grupo, 
sino que se construye un régimen jurídico que reconoce el valor real de las funciones 
educativas. La diferenciación remunerativa entre docentes y auxiliares, así como la 
existencia de escalas y niveles progresivos, se justifica en la responsabilidad funcional, 
formación exigida, complejidad de tareas, mérito, experiencia y naturaleza de cada 
carrera. En términos de justicia institucional, Rawls sostiene que una sociedad bien 
ordenada debe estructurar sus instituciones de modo que las oportunidades sean 
realmente ac cesibles y que las desigualdades solo sean aceptables cuando 
responden a criterios justificados y compatibles con la justicia como equidad (Rawls, 
1971) 42.
El presente proyecto de ley es compatible con el principio de mérito porque no plantea 
incorporaciones automáticas e indiscriminadas a la carrera docente ni elimina la 
evaluación objetiva. Por el contrario, establece que el ingreso, nombramiento, ascenso, 
promoción, acceso a cargos, encargaturas, reasignaciones y desplazamientos deben 
sustentarse en concursos públicos, criterios verificables, publicidad de plazas, cuadros 
de mérito, impugnación, trazabilidad y control. En el caso de los auxiliares de 
educación, la incorporación a una carrera especial no los convierte automáticamente 
en docentes, y sol o podrán acceder a la Carrera Profesional Docente si cuentan con 
título pedagógico, habilitación profesional y superan el concurso público 
correspondiente. Esta regulación fortalece el mérito porque impide el ingreso informal, 
la manipulación de plazas, el  favoritismo, la simulación contractual y la permanencia 
indefinida de plazas permanentes bajo vínculos temporales.
El mérito, adecuadamente entendido, no puede reducirse a una prueba escrita aislada 
ni a una medición descontextualizada. La presente inici ativa legislativa acierta al 
comprender el mérito como una valoración integral de formación, experiencia, 
desempeño, innovación, investigación, servicio en zonas difíciles, conducta ética, 
capacitación, responsabilidad funcional y resultados contextualizad os. Esta 
concepción es compatible con una teoría constitucional de los derechos como 
principios, pues los derechos, deberes y fines públicos deben armonizarse mediante 
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y optimización. Alexy explica que los 
derechos fundamentales operan como principios que ordenan realizar algo en la 
mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas existentes 
(Alexy, 1993) 43. Bajo esa lógica, una evaluación magisterial constitucionalmente válida 
debe buscar la mejora del servicio educativo sin sacrificar arbitrariamente dignidad 
laboral, estabilidad razonable, igualdad de oportunidades ni derecho de defensa.
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La presente propuesta de ley también es compatible con la estabilidad laboral 
razonable. La Constitución reconoce protección frente al despido arbitrario y permite 
que la ley regule el ingreso, deberes, derechos y responsabilidades de quienes prestan 
servicios en el Estado. La estabilidad razonable no significa inamovilidad absoluta, ni 
impunidad frente al incumplimiento funcional, ni eliminación de la evaluación. Significa 
que el docente y el auxiliar de educación no pueden ser cesados, desplazados, 
disminuidos en jornada, afectados remunerativamente o privados de derechos sin 
causa legal, debido p rocedimiento, motivación suficiente, prueba objetiva y 
proporcionalidad. Por ello, el presente proyecto de ley concilia estabilidad y 
responsabilidad: protege la carrera frente a la arbitrariedad, pero mantiene evaluación, 
régimen disciplinario, sanciones proporcionales y deberes funcionales.
La estabilidad laboral razonable adquiere especial relevancia en el sector educación 
porque la continuidad del personal magisterial incide en la continuidad pedagógica, el 
vínculo formativo con los estudiantes, la con vivencia escolar y la planificación 
institucional. Una política pública que convierte la temporalidad en regla, mantiene 
contrataciones sucesivas sobre plazas permanentes o permite rotaciones arbitrarias 
deteriora la calidad educativa. Por eso, la presente iniciativa legislativa dispone que la 
contratación sea excepcional y temporal, que las plazas permanentes sean 
convocadas progresivamente a nombramiento, que el tiempo de servicios sea 
reconocido y que la precarización contractual sea prohibida. Esta orientación se ajusta 
al modelo de Estado social y democrático de derecho, donde la ley debe servir para 
proteger a la persona trabajadora sin anular la eficiencia, continuidad y calidad del 
servicio público.
La compatibilidad con la progresividad y no regres ividad de derechos se advierte en 
el diseño protector de la presente propuesta de ley. Los derechos sociales, laborales, 
previsionales y educativos requieren medidas normativas, presupuestales e 
institucionales progresivas para alcanzar eficacia real. La p ropuesta no reduce 
derechos existentes ni desconoce situaciones jurídicas consolidadas; por el contrario, 
reconoce derechos adquiridos, mantiene escalas, niveles, tiempo de servicios, 
beneficios, remuneraciones, encargaturas y pensiones reconocidas. La reg ulación 
transitoria prevista permite la adecuación de docentes y auxiliares nombrados sin 
afectar continuidad laboral, remuneración, plaza, jornada, estabilidad ni derechos 
previsionales. De igual modo, la titulación progresiva de auxiliares en servicio ev ita 
que la nueva exigencia formativa se convierta en causal de cese o reducción de 
derechos.
La progresividad de derechos no impide ordenar el sistema, exigir mérito, establecer 
requisitos o mejorar estándares profesionales. Lo que prohíbe es que una refo rma 
legislativa sea utilizada para reducir injustificadamente el nivel de protección ya 
alcanzado. La presente iniciativa legislativa cumple esta exigencia porque eleva el 
estándar de protección del Magisterio Nacional, fortalece la carrera, incorpora 
derechos de bienestar, salud ocupacional, seguridad social, jubilación digna, defensa 
legal, protección en zonas de riesgo y transparencia de plazas. Abramovich y Courtis
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explican que los derechos sociales no son simples mandatos programáticos sin 
exigibilidad, sino posiciones jurídicas que imponen al Estado deberes de respeto, 
protección, garantía y avance progresivo (Abramovich & Courtis, 2002)  44. Desde esa 
perspectiva, la presente propuesta de ley transforma obligaciones sociales dispersas 
en garantías normativas exigibles.