crismunozv/proyectos_ley_peru huggingface dataset:
Por esa razón, la presente propuesta de ley plantea crear un Portal de Transparencia 
Senatorial, fortalecer la trazabilidad de los expedientes, publicar informes técnicos, 
transparentar las votaciones nominales, d ifundir los dictámenes y hacer visibles las 
reuniones, viajes, gastos, declaraciones de intereses y procedimientos de elección de 
altos funcionarios. La transparencia no debe entenderse como una carga administrativa, 
sino como una condición de legitimidad democrática. Una cámara de revisión 
constitucional solo puede ejercer autoridad institucional si sus decisiones son visibles, 
comprensibles y fiscalizables por la ciudadanía.
El fortalecimiento del Senado también exige evitar que se convierta en una cámar a de 
producción normativa indiscriminada. La presente iniciativa legislativa reconoce una 
iniciativa legislativa calificada del Senado, limitada a materias propias de su competencia 
constitucional y funcional, tales como su Reglamento, el Reglamento del Co ngreso, la 
organización bicameral, el control de actos normativos del Poder Ejecutivo, los 
procedimientos de elección y remoción de altos funcionarios, el fortalecimiento 
democrático, la continuidad constitucional, la calidad normativa y la evaluación post erior 
de leyes. Esta opción es razonable porque preserva la función principal de la Cámara de 
Diputados como cámara de origen legislativo ordinario, pero impide que el Senado quede 
reducido a una instancia pasiva o subordinada.
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La ingeniería constituciona l exige que las instituciones no se diseñen solo por razones 
simbólicas, sino por su capacidad real para producir equilibrio, control y gobernabilidad 
democrática. Sartori sostuvo que las formas constitucionales deben evaluarse por su 
rendimiento instituci onal y por su aptitud para ordenar el poder político de manera 
funcional (Sartori, 1997) 4. En esa línea, la presente propuesta de ley no busca ampliar 
competencias del Senado de manera indiscriminada, sino precisar sus atribuciones para 
que pueda cumplir e ficazmente su papel de cámara de revisión, control superior y 
estabilidad democrática.
El proyecto también responde a la necesidad de limitar las leyes meramente declarativas 
o simbólicas. Una cámara alta orientada a la calidad normativa no debe dedicar su función 
legislativa a producir leyes sin contenido regulatorio verificable, sin efectos jurídicos 
concretos o destinadas únicamente a expresar saludos, exhortaciones, reconocimientos 
o declaraciones de interés. Tales manifestaciones pueden canalizarse m ediante 
mociones, acuerdos senatoriales o resoluciones, pero no mediante leyes. Esta regla 
fortalece la sobriedad normativa, reduce la inflación legislativa y permite que el Senado 
concentre su trabajo en normas de verdadera relevancia constitucional, inst itucional y 
social.
La presente iniciativa legislativa también fortalece el control político superior del Senado 
sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. En un sistema democrático, el control 
parlamentario no debe limitarse a interpelaciones o deba tes políticos, sino que debe 
extenderse a la revisión rigurosa de decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados 
ejecutivos, regímenes de excepción y actos normativos que puedan afectar la 
Constitución o los derechos fundamentales. La existencia de controles recíprocos es 
esencial para evitar que el Ejecutivo sustituya indebidamente al legislador o utilice la 
urgencia como mecanismo ordinario de gobierno normativo.
El proyecto adquiere especial relevancia durante el interregno parlamentario, pues el  
Senado mantiene su continuidad constitucional cuando la Cámara de Diputados es 
disuelta conforme al marco constitucional. En ese escenario, el Senado no puede 
limitarse a subsistir formalmente; debe actuar como órgano de control, equilibrio y 
vigilancia democrática frente al poder Ejecutivo. Por ello, la propuesta incorpora reglas 
específicas para que el Senado supervise decretos de urgencia, regímenes de excepción, 
actos normativos del Ejecutivo, afectaciones a derechos fundamentales y la continuidad 
de servicios públicos esenciales.
La reforma del Senado también se vincula con la necesidad de mejorar los 
procedimientos de elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios. La 
calidad de una democracia depende en gran medida de la indepe ndencia, idoneidad y 
legitimidad de sus organismos constitucionales y autoridades de control. Por ello, la 
presente propuesta de ley exige procedimientos públicos, meritocráticos, con perfiles 
definidos, evaluación objetiva, tachas ciudadanas, entrevistas públicas, informes 
motivados, votación nominal y prevención de conflictos de intereses. Esta regulación
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busca evitar el reparto partidario, las designaciones sin sustento y la captura política de 
instituciones que deben actuar con autonomía.
Desde la perspectiva comparada, el bicameralismo solo fortalece la democracia cuando 
la segunda cámara tiene una función real, diferenciada y jurídicamente significativa. 
Lijphart advierte que las cámaras altas tienen sentido institucional cuando poseen 
capacidad efect iva para representar intereses diferenciados, controlar decisiones 
mayoritarias y contribuir a modelos democráticos más consensuales (Lijphart, 2012)5. En 
el caso peruano, ello exige que el Senado no sea débil, decorativo ni duplicativo, sino una 
cámara con competencias claras, revisión rigurosa, control político superior y legitimidad 
técnica.
La presente propuesta de ley se orienta a construir un Senado que no produzca más 
leyes por cantidad, sino mejores decisiones por calidad democrática. Se busca una 
cámara alta capaz de revisar con prudencia, corregir con técnica, controlar con firmeza, 
designar con mérito y actuar con responsabilidad institucional. El fortalecimiento del 
Reglamento del Senado permitirá que el bicameralismo no sea una simple reforma 
orgánica del Parlamento, sino un mecanismo real de equilibrio de poderes, mejora 
normativa, transparencia pública y protección del Estado constitucional de derecho.
 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Reglamento del Congreso de la República. 
3. Resolución Legislativa del Congreso N.° 006 -2025-2026-CR, Resolución 
Legislativa del Congreso que aprueba el Reglamento del Senado. 
4. Resolución Legislativa del Congreso N.° 016-2003-CR, Resolución Legislativa del 
Congreso que aprueba el Código de Ética Parlamentaria. 
5. Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
6. Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
7. Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
8. Decreto Supremo N.° 021 -2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
9. Ley N.° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. 
10. Decreto Supremo N.° 120 -2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N.° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la 
administración pública. 
11. Ley N.° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la Repúblic a la 
competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 
Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos 
públicos.
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12. Decreto Supremo N.° 091 -2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la 
administración pública. 
13. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
14. Decreto Supremo N.° 004 -2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Orden ado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
15. Ley N.° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
16. Decreto Supremo N.° 007 -2022-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  
El presente proyecto de ley parte de una premisa institucional esencial: el Senado no 
debe ser concebido como una réplica de la Cámara de Diputados ni como una instancia 
de trámite posterior, sino como una cámara de revisión constitucional, deliberación 
reforzada, control político superior, estabilidad democrática y calidad normativa. En un 
sistema bicameral, cada cámara debe tener una identidad funcional diferenciada; de lo 
contrario, el bicameralismo corre el riesgo de convertirse en una duplicación burocrática 
del procedimiento legislativo. La Cámara de Diputados cumple una función de impulso 
político-legislativo inicial, mientras que el Senado debe cumplir una función de r evisión, 
corrección, ponderación y control institucional. Esta diferenciación es coherente con la 
idea de ingeniería constitucional, según la cual las instituciones democráticas deben 
diseñarse considerando no solo su forma jurídica, sino también los incen tivos, 
contrapesos y resultados que producen en el funcionamiento del sistema político ( 6. 
Sartori, 1997).
La presente iniciativa legislativa busca fortalecer al Senado como una cámara 
políticamente robusta, pero al mismo tiempo sobria, técnica y responsa ble. Ello supone 
que su legitimidad no debe medirse por la cantidad de iniciativas que presenta ni por la 
velocidad con que aprueba normas, sino por su capacidad para evitar malas leyes, 
corregir deficiencias normativas, controlar el ejercicio del poder, p roteger derechos 
fundamentales y garantizar que la producción legislativa sea constitucionalmente válida. 
En esa línea, la revisión senatorial debe ser sustantiva y no meramente formal. Aprobar, 
modificar o rechazar una propuesta legislativa debe exigir mo tivación constitucional, 
análisis técnico, coherencia normativa, evaluación de impacto institucional y respeto al 
principio democrático. De este modo, el Senado se convierte en una instancia de 
maduración legislativa y no en una cámara de convalidación automática.
La reforma propuesta se sostiene también en la necesidad de preservar el equilibrio 
democrático mediante instituciones capaces de limitar el poder de las mayorías 
circunstanciales. Las democracias más estables no descansan únicamente en la regla de 
mayoría, sino en mecanismos de negociación, control, pluralismo y distribución 
institucional del poder. Desde esta perspectiva, el Senado debe operar como un espacio 
de deliberación más pausada, donde las decisiones relevantes no sean impuestas solo
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por correlaciones políticas inmediatas, sino sometidas a examen constitucional, técnico y 
democrático. La bicameralidad cobra sentido cuando permite mejorar la calidad de las 
decisiones públicas, incorporar filtros institucionales y reforzar la representación  plural 
dentro del Estado (7. Lijphart, 2012).
La presente propuesta de ley fortalece la democracia deliberativa en el Senado porque 
reconoce que legislar no es simplemente votar. Legislar implica discutir públicamente, 
justificar posiciones, escuchar obj eciones, valorar razones, respetar minorías y adoptar 
decisiones con motivación suficiente. La función legislativa tiene especial legitimidad 
cuando se desarrolla en una asamblea representativa que procesa el desacuerdo político 
de manera pública e institu cional. En sociedades democráticas, el desacuerdo no debe 
ser tratado como obstáculo, sino como condición natural de la vida constitucional; por ello, 
el Senado debe contar con reglas que aseguren deliberación reforzada, participación de 
minorías, publicid ad de los textos, transparencia de los votos y motivación de las 
decisiones (8. Waldron, 1999).
El proyecto también incorpora una visión de calidad normativa. Una ley no es legítima 
solo porque ha sido aprobada por mayoría; también debe ser clara, coherente, posible de 
cumplir, estable, pública y compatible con el ordenamiento jurídico. La función del Senado 
debe consistir precisamente en verificar que las normas que llegan a su revisión no 
generen contradicciones, vacíos, cargas irrazonables, afectaciones  constitucionales o 
problemas de aplicación práctica. La creación de una Oficina Senatorial de Revisión 
Constitucional y Calidad Normativa responde a esa necesidad, pues permite que la 
decisión política del Senado esté acompañada de sustento técnico, sin s ustituir la 
voluntad democrática de los senadores. Esta exigencia se relaciona con la idea de 
legalidad como orden racional, donde la norma debe reunir condiciones mínimas de 
claridad, publicidad, coherencia y posibilidad de cumplimiento para ser jurídicam ente 
seria (9. Fuller, 1969).
La presente iniciativa legislativa también fortalece el control político superior del Senado 
sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. En un Estado constitucional, la 
separación de poderes no debe entenderse como aislamiento entre órganos, sino como 
equilibrio, control recíproco y responsabilidad institucional. El Senado, por su carácter 
indisoluble y por su función de continuidad democrática, debe tener reglas más fuertes 
para controlar decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados ejecutivos, regímenes 
de excepción y demás actos normativos del Ejecutivo. Esta función resulta especialmente 
relevante durante el interregno parlamentario, pues el Senado permanece en funciones 
y debe impedir que la excepcionalidad política se convierta en concentración indebida de 
poder. El control senatorial, por tanto, debe ser técnico, oportuno, público y orientado a 
preservar los límites constitucionales del Ejecutivo (10. Ackerman, 2000).
7 Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty -six countries (2nd ed.). Yale University Press. 
8 Waldron, J. (1999). Law and disagreement. Oxford University Press.  
9 Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press. 
10 Ackerman, B. (2000). The new separation of powers. Harvard Law Review, 113(3), 633 –729.
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La propuesta refuerza, además, la t ransparencia y la rendición de cuentas como 
condiciones indispensables de legitimidad parlamentaria. La creación de un Portal de 
Transparencia Senatorial permite que la ciudadanía conozca los expedientes legislativos, 
dictámenes, informes técnicos, votacio nes, agendas, reuniones, declaraciones de 
intereses, viajes, gastos y procedimientos de elección de altos funcionarios. Esta 
herramienta no cumple una función meramente administrativa; constituye una garantía 
democrática porque permite controlar cómo decide el Senado, qué razones sustentan sus 
decisiones, qué intereses participan en el debate y cómo votan sus integrantes. Un 
Senado robusto no debe temer a la publicidad de sus actos, pues la transparencia 
fortalece la confianza pública y reduce los riesgos d e arbitrariedad, negociación oculta o 
captura institucional.
La reforma también se justifica por la necesidad de elevar los estándares de elección, 
designación, ratificación y remoción de altos funcionarios. El Senado tiene una 
responsabilidad decisiva en  la conformación de órganos constitucionales y entidades 
estratégicas del Estado. Por ello, sus procedimientos no pueden depender de cuotas 
partidarias, acuerdos reservados o votaciones sin motivación. La presente propuesta de 
ley establece reglas de mérit o, idoneidad, tachas ciudadanas, entrevistas públicas, 
evaluación objetiva, informe motivado y votación nominal. Con ello, se busca que los altos 
cargos del Estado sean ocupados por personas con solvencia profesional, independencia, 
integridad y compromiso  constitucional, evitando que dichos procedimientos se 
conviertan en espacios de reparto político.
El régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y responsabilidad senatorial 
también constituye un eje central de la propuesta. Una cámara de revisión constitucional 
debe estar integrada por representantes que actúen con independencia, imparcialidad y 
probidad. Por ello, se fortalece la declaración jurada de intereses, se regula la abstención 
cuando exista conflicto directo, se prohíbe la gestión de intereses privados ante entidades 
públicas y se establece un régimen disciplinario propio. Estas reglas no buscan debilitar 
la función política del senador, sino protegerla de interferencias privadas, presiones 
indebidas o aprovechamiento del cargo. La au toridad democrática del Senado depende 
de la confianza ciudadana en la integridad de sus integrantes.
La presente iniciativa legislativa plantea, de manera razonable, que el Senado tenga 
iniciativa legislativa calificada y no iniciativa legislativa genera l. Esta opción preserva la 
coherencia del sistema bicameral. La Cámara de Diputados debe conservar el impulso 
ordinario de la producción legislativa, mientras que el Senado debe intervenir con 
iniciativa propia solo en materias vinculadas a su competencia constitucional y funcional, 
tales como el Reglamento del Senado, el Reglamento del Congreso, la organización 
bicameral, el control de actos normativos del Ejecutivo, los procedimientos de altos 
funcionarios, la reforma política vinculada a la función senat orial, el interregno 
parlamentario, los regímenes de excepción y la calidad normativa. Con ello, el Senado 
no queda reducido a una instancia pasiva, pero tampoco invade el rol propio de la Cámara 
de Diputados.
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La prohibición de leyes meramente declarativa s, simbólicas o carentes de contenido 
normativo verificable responde a la misma lógica de sobriedad institucional. El Senado 
debe contribuir a reducir la inflación legislativa y a mejorar la seriedad del ordenamiento 
jurídico. Las declaraciones de interés, saludos, reconocimientos o exhortaciones políticas 
pueden tramitarse mediante mociones, acuerdos senatoriales o resoluciones, pero no 
deben convertirse en leyes si no generan efectos jurídicos reales. La ley debe reservarse 
para regular conductas, crear r eglas, modificar instituciones, establecer derechos, 
obligaciones o procedimientos, y no para emitir mensajes simbólicos sin eficacia 
normativa.
La limitación del procedimiento de urgencia constituye otro fundamento esencial de la 
reforma. La urgencia no puede convertirse en mecanismo para suprimir la deliberación 
senatorial. Si el Senado es una cámara de revisión reforzada, incluso los asuntos 
urgentes deben contar con un mínimo de publicidad, informe técnico, motivación, 
conocimiento previo del texto y p articipación proporcional de los grupos parlamentarios. 
La propuesta no elimina la urgencia, pero la somete a reglas compatibles con la función 
senatorial. De ese modo, se evita que la excepcionalidad procedimental vacíe de 
contenido la revisión constitucional que corresponde al Senado.
La agenda de minorías senatoriales fortalece el pluralismo democrático. En una cámara 
llamada a revisar normas, controlar al Ejecutivo y designar altos funcionarios, las minorías 
no pueden quedar reducidas a una presencia t estimonial. La posibilidad de que un 
porcentaje razonable de senadores promueva debates sobre asuntos constitucionales, 
actos normativos del Ejecutivo, regímenes de excepción, derechos fundamentales, altos 
funcionarios o calidad normativa permite que el Senado no sea capturado por la mayoría 
de turno. La democracia parlamentaria exige mayoría para decidir, pero también exige 
minorías con capacidad real de fiscalizar, deliberar y colocar temas de interés público en 
agenda.
La presente propuesta de ley recon oce que la estabilidad democrática requiere un 
Senado activo durante el interregno parlamentario. Al no ser disuelto, el Senado tiene el 
deber de actuar como órgano de continuidad constitucional, especialmente frente a 
decretos de urgencia, regímenes de ex cepción, actos normativos del Ejecutivo y 
eventuales afectaciones a derechos fundamentales. Esta función no debe quedar librada 
a la práctica política, sino expresamente regulada. Por ello, la reforma establece reglas 
especiales de actuación, control y ren dición de cuentas durante dicho periodo, 
asegurando que el equilibrio de poderes subsista aun en escenarios de crisis.
Bajo estos fundamentos, el presente proyecto de ley busca consolidar un Senado con 
identidad constitucional propia. Su finalidad no es aumentar la producción legislativa, sino 
mejorarla; no es competir con la Cámara de Diputados, sino revisar y corregir; no es 
bloquear por razones políticas, sino controlar con sustento constitucional; no es designar 
autoridades por reparto, sino mediante m érito; no es actuar con opacidad, sino con 
transparencia; no es reproducir leyes simbólicas, sino garantizar normas útiles, claras y 
constitucionalmente válidas. La presente iniciativa legislativa, por ello, fortalece el
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bicameralismo peruano al dotar al Senado de reglas acordes con su función superior de 
revisión, control, estabilidad democrática y responsabilidad institucional.
III.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema institucional que aborda el presente proyecto de ley radica en que el 
Reglamento del Senado, si bien reconoce formalmente la existencia de una segunda 
cámara dentro del Congreso de la República, no desarrolla con suficiente intensidad 
normativa la identidad constitucional que debe tener el Senado en un sistema bicameral 
democrático. La sol a existencia de dos cámaras no garantiza por sí misma una mejora 
de la calidad legislativa, del control político ni de la estabilidad institucional. Para que el 
bicameralismo cumpla una función democrática real, el Senado debe contar con reglas 
que lo dife rencien funcionalmente de la Cámara de Diputados y que le permitan actuar 
como cámara de revisión, ponderación, control constitucional, calidad normativa y 
continuidad democrática. En esa línea, el problema no consiste únicamente en regular el 
trámite interno del Senado, sino en evitar que este órgano sea reducido a una instancia 
formal de recepción, ratificación o convalidación de decisiones políticas previamente 
adoptadas.