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 ANALISIS A LA PROPUESTA NORMATIVA  
El Título Preliminar cumple una función estructural dentro del presente proyecto de ley, 
porque define el sentido constitucional, laboral, profesional y social de la nueva 
regulación del Magisterio Nacional. No se limita a declarar principios generales, sino 
que fija la orientación jurídica de toda la norma: reconocer que la educación no puede 
sostenerse únicamente sobre infraestructura, currículo o gestión administrativa, sino 
principalmente sobre la dignidad, autoridad, estabilidad, formación y bienestar de 
quienes realizan la labor educativa.
La presente iniciativa legislativa parte de una  idea central: el docente es agente 
fundamental de la educación, autoridad pedagógica y profesional estratégico para el 
desarrollo nacional. Este reconocimiento no es meramente simbólico, sino que tiene 
efectos normativos concretos, porque exige que el Est ado garantice condiciones 
adecuadas de carrera, remuneración, formación continua, estabilidad razonable, 
seguridad social, protección institucional y jubilación digna. La propuesta se alinea con 
la concepción internacional de que la condición docente compr ende formación inicial, 
desarrollo profesional, condiciones de trabajo, remuneración, participación y respeto a 
la autoridad profesional, aspectos que forman parte de los estándares internacionales 
sobre la situación del profesorado (UNESCO & ILO, 1966) 36.
El Título Preliminar también incorpora una innovación relevante al reconocer al auxiliar 
de educación como integrante del Magisterio Nacional, pero sin confundirlo con el 
docente. Esta distinción es jurídicamente necesaria, porque evita dos extremos: por 
un lado, impedir que la función auxiliar sea reducida a una labor informal, 
administrativa o secundaria; y, por otro lado, evitar que el auxiliar sea utilizado para 
sustituir irregularmente al docente en funciones pedagógicas, curriculares o 
evaluativas. De esa forma, la presente propuesta de ley crea una arquitectura dual y 
complementaria: Carrera Profesional Docente para quienes ejercen función 
pedagógica y Carrera Especial del Auxiliar de Educación para quienes cumplen 
funciones de apoyo educativo, convivencia, seguridad, asistencia, disciplina formativa 
y protección estudiantil.
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regresividad. Estos principios no funcionan como adornos declarativos, sino como 
criterios de interpretación obligatoria frente a reglamentos, directivas, concursos, 
evaluaciones, procedi mientos disciplinarios, pagos, ascensos, desplazamientos y 
ceses. Bajo esta lógica, ninguna autoridad administrativa podría aplicar la ley de 
manera restrictiva, persecutoria o precarizadora, porque la propia norma establece 
que toda interpretación debe favorecer la dignidad del Magisterio Nacional y la calidad 
del servicio educativo.
El Título Preliminar también presenta una visión humanista de la educación, al 
comprender la enseñanza como una práctica social vinculada a la formación integral 
de personas libres, éticas, críticas, solidarias y comprometidas con la comunidad. Esta 
perspectiva guarda coherencia con la idea de que la educación es una práctica de 
liberación, diálogo y construcción de conciencia, no una simple transmisión mecánica 
de contenidos (Freire, 1970) 37. Desde ese enfoque, el docente no puede ser tratado 
como operador administrativo de programas estatales, sino como sujeto profesional 
que interpreta, orienta, acompaña y transforma los procesos formativos.
El Título I delimita el objet o, ámbito de aplicación y sujetos comprendidos en el 
presente proyecto de ley. Su importancia radica en que ordena el universo de personas, 
instituciones y relaciones jurídicas alcanzadas por la norma, evitando vacíos 
interpretativos que históricamente han permitido precarización, exclusión o tratamiento 
desigual entre docentes nombrados, contratados, auxiliares, personal de instituciones 
privadas, cesantes y jubilados.
La presente iniciativa legislativa establece que el Magisterio Nacional está integrado 
por dos carreras diferenciadas: la Carrera Profesional Docente y la Carrera Especial 
del Auxiliar de Educación. Esta diferenciación permite reconocer la naturaleza propia 
de cada función, sin desarticularlas del servicio educativo. El docente conserva la 
titularidad de la función pedagógica, mientras que el auxiliar adquiere reconocimiento 
legal como personal de apoyo educativo indispensable para la convivencia, seguridad, 
disciplina formativa, asistencia y protección de los estudiantes.
La amplitud del ám bito de aplicación también resulta relevante, porque comprende 
instituciones educativas públicas, programas educativos, servicios reconocidos por el 
Estado e instituciones privadas. En el caso de la educación privada, el presente 
proyecto de ley no pretende estatizar la relación laboral, sino fijar estándares mínimos 
de dignidad, remuneración, contrato escrito, jornada razonable, seguridad social, 
capacitación y protección contra la precarización. Esta técnica normativa es pertinente 
porque la educación, aun cuando sea prestada por entidades privadas, conserva una 
finalidad pública vinculada al derecho fundamental a la educación.
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educativa no se extingue socialmente con el cese; por ello, la norma abre espacio para 
derechos previsionales, bienestar, salu d, reconocimiento y participación de quienes 
prestaron servicios al sistema educativo.
Respecto del docente, la norma lo define como profesional de la educación con título 
habilitante, responsable de planificar, conducir, orientar, evaluar y mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta definición fortalece su autoridad 
pedagógica y evita que su labor sea reducida a cumplimiento de órdenes 
administrativas, llenado de formatos o ejecución pasiva de lineamientos. El docente 
aparece como profesional reflexivo, investigador, innovador, formador de ciudadanía 
y agente de desarrollo nacional.
La presente propuesta de ley incorpora una mirada contemporánea del docente como 
productor de conocimiento pedagógico. Este punto resulta especialmente valioso, 
porque reconoce que el maestro no solo aplica metodologías diseñadas por terceros, 
sino que investiga su práctica, identifica problemas reales del aula, adapta estrategias, 
produce materiales, innova y sistematiza buenas prácticas. Con ello, la norma se 
aproxima a la idea de capital profesional docente, según la cual la calidad educativa 
depende del desarrollo colectivo de capacidades, juicio profesional, colaboración y 
responsabilidad compartida entre docentes (Hargreaves & Fullan, 2012)  38.
En cuanto al auxiliar de educación, el Título II ofrece una regulación robusta y 
diferenciada. Lo reconoce como personal de apoyo educativo, formativo, preventivo, 
disciplinario, asistencial y protector, cuya labor contribuye al funcionamiento seguro, 
ordenado e inclusivo de la institución educativa. Esta regulación es necesaria porque 
en muchas institucio nes el auxiliar cumple funciones esenciales, especialmente en 
educación inicial, educación especial, instituciones con alta población estudiantil, 
zonas rurales o contextos de riesgo, pero sin una carrera suficientemente desarrollada.
La prohibición de sustitución indebida de la función docente es uno de los elementos 
más sólidos del Título II. La presente iniciativa legislativa protege al docente frente a 
la sustitución irregular y, al mismo tiempo, protege al auxiliar frente a la imposición de 
funciones para las cuales no ha sido contratado ni formado. Esta regla evita que la 
administración utilice auxiliares para cubrir déficit de docentes, reemplazar plazas 
pedagógicas o precarizar el servicio educativo.
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La presente propuesta de ley parte de una premisa razonable: no puede haber carrera 
magisterial sólida sin formación inicial rigurosa, pertinente, supervisada y vinculada a 
las necesidades reales del sistema educativo.
La regulación de la formación docente exige una duración mínima, práctica 
preprofesional y profesional, contenidos esenciales, enfoque intercultural, 
competencias digitales, dominio pedagógico, ética profesional, investigación e 
innovación. Esta estructura evita la reducción de la formación docente a programas 
abreviados o de baja calidad. También impide que la autoridad o las instituciones 
formadoras flexibilicen indebidamente los estándares mínimos que deben garantizar 
la idoneidad del futuro docente.
El tratamiento de la formación intercultural, bilingüe y territorial es especialmente 
pertinente para el Perú, por su diversidad geográfica, lingüística, cultu ral y social. El 
presente proyecto de ley reconoce que no basta con formar docentes de manera 
uniforme; se requiere preparación específica para zonas rurales, amazónicas, 
altoandinas, interculturales bilingües, de frontera, multigrado, unidocentes y de dif ícil 
acceso. Esta previsión permite vincular la carrera docente con las brechas reales del 
país.
La habilitación profesional docente fortalece la garantía de idoneidad, siempre que se 
aplique con criterios objetivos y no discriminatorios. La norma evita q ue personas 
inhabilitadas o condenadas por delitos incompatibles con la función educativa puedan 
ejercer docencia, pero también precisa que la exigencia de salud física y mental no 
puede usarse para discriminar a personas con discapacidad que puedan desempeñar 
la función con ajustes razonables.
Respecto de los auxiliares de educación, el Título III reconoce la necesidad de 
formación titulada y certificación de competencias. Esta decisión eleva el estándar 
profesional de la función auxiliar y le otorga una ruta de desarrollo. La titulación 
progresiva y el reconocimiento de competencias evitan que los auxiliares en servicio 
sean cesados o afectados por no contar inmediatamente con un título específico, 
estableciendo una transición protectora y razonable.
La profesionalización excepcional docente se regula como mecanismo temporal para 
zonas de difícil cobertura, donde exista déficit acreditado de docentes titulados. Esta 
previsión es importante porque reconoce la realidad territorial del país, pero evita 
convertir la excepcionalidad en regla. La norma exige estudios pedagógicos, práctica 
supervisada, evaluación y obtención del título en un plazo determinado, lo cual impide 
la precarización permanente de la carrera docente.
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proceso sostenido de actualiza ción, acompañamiento, especialización y mejora 
profesional.
La formación continua docente se reconoce como derecho y deber. Como derecho, 
obliga al Estado a ofrecer programas gratuitos, certificados, pertinentes y de calidad. 
Como deber, exige al docente actualizar sus conocimientos conforme al avance de la 
pedagogía, la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la inclusión y la 
interculturalidad. Este equilibrio es importante porque evita trasladar al docente una 
obligación formativa sin financ iamiento ni oferta estatal. La formación exigida por el 
Estado debe ser gratuita y válida para concursos, ascensos, encargaturas y 
reconocimientos.
La evidencia especializada sostiene que el desarrollo profesional docente efectivo 
debe ser sostenido, cent rado en contenidos, colaborativo, vinculado a la práctica, 
acompañado por retroalimentación y orientado a mejorar los aprendizajes (Darling -
Hammond et al., 2017) 39. Bajo esa mirada, la presente propuesta de ley acierta al no 
concebir la capacitación com o evento aislado, curso formal o requisito burocrático, 
sino como proceso de fortalecimiento profesional vinculado al aula, al contexto 
territorial y a la mejora institucional.
La formación tecnológica y digital docente también resulta pertinente, especia lmente 
porque el uso de plataformas, inteligencia artificial, reportes digitales y recursos 
virtuales se ha intensificado en el sistema educativo. La norma protege al docente 
frente a evaluaciones o sanciones por falta de uso tecnológico cuando el Estado n o 
ha garantizado conectividad, equipos, capacitación o soporte técnico. Este enfoque 
evita que la transformación digital se convierta en una nueva forma de desigualdad o 
de carga laboral no reconocida.
En el caso de los auxiliares de educación, la formación continua y la especialización 
por nivel, modalidad y contexto permiten consolidar una carrera propia. La presente 
propuesta de ley reconoce que el auxiliar no cumple una función homogénea en todos 
los contextos: no es igual apoyar en educación inicial que en secundaria con alta 
conflictividad, educación especial, inclusión, ruralidad o instituciones con alta 
población estudiantil. Por eso, la especialización funcional es un mecanismo adecuado 
para profesionalizar el apoyo educativo.
La creación de un sistema de mentoría y acompañamiento fortalece la carrera docente 
desde una lógica formativa y no sancionadora. La mentoría para docentes ingresantes, 
contratados o que laboran en contextos complejos permi te prevenir el fracaso 
profesional, mejorar la práctica pedagógica y proteger la continuidad del servicio. El 
acompañamiento funcional al auxiliar cumple una finalidad similar, centrada en 
convivencia, seguridad, protección estudiantil y apoyo al docente.
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El Título V regula el acceso a la carrera docente y auxiliar, así como la contratación 
temporal. Esta parte es fundamental porque busca cerrar espacios de arbitrariedad, 
manipulación de plazas, contratación precaria y desconocimiento del mérito. El 
presente proyecto de ley afirma que el ingreso debe realizarse mediante concurso 
público, transparente, objetivo, meritocrático y sujeto a fiscalización.
La regulación del concurso docente establece requisitos vinculados a título, 
habilitación, idoneidad ética, salud compatible, ausencia de condenas incompatibles, 
dominio de lengua originaria cuando corresponda y demás exigencias propias de la 
plaza. La norma cuida que los requisitos guarden relación directa con la función, 
declarando nulas las exigencias irrazonables o discriminatorias. Este diseño evita que 
el concurso se convierta en un espacio de discrecionalidad administrativa.
Las etapas del concurso docente integran conocimientos, competencias didácticas, 
clase modelo, trayectoria, entrevista estructurada , competencias digitales e 
interculturales. Esta estructura es más adecuada que un modelo basado 
exclusivamente en prueba escrita, porque la función docente exige desempeño real, 
capacidad comunicativa, dominio pedagógico, ética profesional y adaptación al  
contexto. La experiencia docente se valora como mérito, pero no sustituye el título ni 
la idoneidad profesional.
Para los auxiliares de educación, el ingreso a la Carrera Especial también se sujeta a 
concurso público. Esta regla es coherente con el recon ocimiento del auxiliar como 
parte del Magisterio Nacional. La norma exige título o formación específica, idoneidad 
ética, capacitación en convivencia, protección estudiantil, primeros auxilios y, cuando 
corresponda, conocimiento de lengua originaria o realidad cultural local. De esta forma, 
se profesionaliza una función que muchas veces ha sido tratada de manera secundaria.
La contratación magisterial se concibe como excepcional y temporal. Este enfoque es 
de especial importancia, porque la permanencia de plazas de necesidad permanente 
bajo contratos sucesivos ha sido una de las principales formas de precarización del 
sistema educativo. La presente propuesta de ley prohíbe mantener indefinidamente 
plazas permanentes bajo vínculo temporal y obliga a incorporarlas progresivamente a 
concursos de nombramiento.
La OCDE ha destacado que las políticas docentes deben atraer, desarrollar y retener 
profesionales efectivos, lo que exige carreras claras, condiciones laborales adecuadas, 
formación y mecanismos transpare ntes de ingreso y permanencia (OECD, 2005)  40. 
En esa línea, el presente proyecto de ley no solo regula el acceso al magisterio, sino 
que intenta ordenar el ciclo completo de contratación, nombramiento progresivo, 
reconocimiento de servicios y protección contra la simulación laboral.
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una trayectoria reconocible, ascendente y vinculada  al mérito, la formación, la 
experiencia, la evaluación objetiva y la responsabilidad profesional.
La estructura de ocho escalas magisteriales permite ordenar la progresión del docente 
y vincularla a mejoras remunerativas, reconocimiento institucional y acceso a mayores 
responsabilidades. La escala alcanzada se configura como derecho de carrera, por lo 
que no puede ser reducida o desconocida arbitrariamente. Esta protección es esencial 
para garantizar seguridad jurídica en la trayectoria docente.
La regul ación de la Remuneración Íntegra Magisterial y los porcentajes por escala 
introduce una fórmula clara de progresión remunerativa. La norma reconoce el 
carácter remunerativo, pensionable y alimentario de la RIM, lo cual fortalece la 
protección económica del  docente y evita la sustitución de remuneraciones por 
conceptos no pensionables o discrecionales. El reajuste periódico de la RIM, vinculado 
al costo de vida, inflación, responsabilidad social y sostenibilidad fiscal, permite 
articular dignificación magisterial con planificación presupuestal.
El ascenso docente se regula como concurso público periódico, con evaluación 
integral y criterios objetivos. La presente propuesta de ley acierta al establecer que 
ninguna prueba escrita puede ser el único factor determinante del ascenso. La carrera 
docente requiere valorar desempeño real, trayectoria, formación, innovación, 
investigación, mentoría, servicio en zonas difíciles y conducta ética. Con ello, se evita 
que el ascenso dependa de una medición aislada que no re fleje la complejidad de la 
función educativa.
La regulación de cargos directivos, jerárquicos y especializados permite construir una 
carrera docente con diversas líneas de desarrollo. No todos los docentes tienen que 
progresar únicamente por permanencia e n aula; también pueden hacerlo en gestión 
institucional, formación, mentoría, investigación, innovación, dirección de instituciones, 
UGEL, DRE o Ministerio de Educación. El punto central es que el acceso a estos 
cargos debe ser meritocrático y no resultado  de designaciones políticas o 
discrecionales.
La protección funcional de directores, subdirectores y responsables de gestión 
educativa es necesaria porque dichos cargos enfrentan responsabilidad administrativa, 
presión institucional, demandas de la comuni dad, limitaciones presupuestales y 
riesgos de denuncias. La norma establece que no se les puede responsabilizar por 
carencias estructurales ajenas a su control, como falta de infraestructura, presupuesto, 
personal, conectividad o seguridad, siempre que hay an informado oportunamente 
estas limitaciones.
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La estructura de ocho niveles permite construir una trayectoria progresiva para el 
auxiliar, desde el apoyo educativo básico hasta funciones de coordinación, asistencia 
técnica en UGEL, DRE y Ministerio de Educación. Esta progresión no convierte al 
auxiliar en docente, pero sí reconoce su experiencia, capacitación, especialización, 
desempeño y responsabilidad funcional. La norma cuida que la promoción no implique 
designación automática en cargos técnicos ni sustitución de la función docente.
El régimen remunerativo del auxiliar se vincula a la Remuneración Íntegra del Auxiliar 
de Educación y a porcentajes mínimos respecto de la RIM de la primera escala 
docente. Esta decisión tiene un efecto revalorador, porque evita que la función auxiliar 
sea remunerada de  manera arbitraria o desproporcionadamente baja. También 
permite reconocer asignaciones por educación inicial, educación especial, inclusión, 
alta carga estudiantil, ruralidad, riesgo o coordinación.
La permanencia del auxiliar en la carrera se protege fr ente a ceses arbitrarios, 
desplazamientos indebidos, reducción de jornada o modificación irregular de funciones. 
Esta garantía resulta indispensable porque los auxiliares suelen ser especialmente 
vulnerables a órdenes informales, sobrecarga, asignación de tareas ajenas a su cargo 
o sustitución irregular de docentes.
El escalafón del auxiliar de educación permite registrar formación, contratos, 
nombramientos, encargaturas, tiempo de servicios, capacitaciones, evaluaciones, 
méritos, beneficios y sanciones fi rmes. La existencia de un escalafón especializado 
fortalece la transparencia y evita que la administración desconozca servicios prestados, 
experiencia o derechos generados.
El Título VIII consolida un catálogo amplio de derechos, deberes y prohibiciones 
comunes y específicas para docentes y auxiliares. Su valor normativo consiste en 
equilibrar protección laboral y responsabilidad funcional. El presente proyecto de ley 
no plantea una carrera sin deberes, sino una carrera en la que la exigencia funcional 
se vincula a dignidad, condiciones adecuadas, debido procedimiento y reconocimiento 
profesional.
Los derechos comunes comprenden dignidad, estabilidad, remuneración justa, 
seguridad social, formación continua, evaluación objetiva, defensa, protección frente 
a violencia, reconocimiento, sindicalización y participación. Estos derechos son de 
aplicación directa y no pueden ser reducidos por reglamento, contrato o práctica 
institucional. Tal previsión fortalece la jerarquía normativa de la ley frente a 
disposiciones administrativas restrictivas.
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autonomía docente se ejerce dentro del currículo, la ley y los fines de la educación, 
impidiendo interferencias indebidas de autoridades, padre s, terceros o entidades 
privadas en decisiones pedagógicas.
Los derechos específicos del auxiliar se centran en el reconocimiento de su función, 
capacitación especializada y protección institucional en tareas de convivencia, 
disciplina y seguridad estudia ntil. Esto responde a una realidad concreta: el auxiliar 
suele intervenir en situaciones de conflicto, ingreso, salida, recreos, disciplina o 
protección de estudiantes, y necesita respaldo institucional para actuar con seguridad 
jurídica.