El control de constitucionalidad como potestad innata del juez popular en la guarda del derecho colectivo a la moralidad administrativa en el contrato estatal
Creators: name: Sierra Valencia, Luz Elena
Publisher: name: Universidad Externado de Colombia
Year: 2018
Subjects: subject: Contratos públicos - Colombia
subject: Responsabilidad contractual - Aspectos jurídicos
subject: Contratos - Legislación
subject: Estado social de derecho
subject: Derecho de participación ciudadana
subject: Nuevo perfil del juez constitucional
subject: Control de constitucionalidad
subject: Contrato estatal

description: Uno de los interrogantes que esta investigadora se planteó respecto del ejercicio de la función administrativa en el país, fue la coexistencia de un sistema político como el adaptado en Colombia, de Estado Social de Derecho, a través de la Carta Política de 1991, y el crecimiento desmesurado de la corrupción de la actividad administrativa, convivencia que aparece injustificable, frente al reconocimiento constitucional de los derechos de la ciudadanía, y el nuevo rol del juez en este esquema político, el que comprende amplios poderes para su preservación en caso de un grave riesgo. Es un hecho incontrovertible que el fenómeno de la corrupción ha alcanzado niveles trasnacionales, y ha permeado no sólo a los órganos público-estatales, sino a las organizaciones privadas, atentando contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Por dicha razón, principios como el de la democracia participativa, el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general encuentran soporte en un paradigma ético el que rechaza toda acción u omisión que implique prácticas corruptas, las que se encuentran normalmente inmersas en las diferentes funciones estatales, tales como, la planeación, el presupuesto, la gestión de recursos humanos, la administración de recursos físicos y el control fiscal, pero es en la contratación estatal donde resulta más evidente la injerencia de estas prácticas. Son destacables las actuaciones que se han adelantado a nivel internacional de países como Colombia para tratar de erradicar la corrupción de la actividad administrativa, incluida la contractual, las que han derivado la celebración de convenios de cooperación internacional para la persecución y captura de las personas que incurren en esas prácticas delictuales, así como el compromiso de incorporar disposiciones sobre el rescate de la ética en los procedimientos administrativos en general, incluido el de adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos estatales. No obstante, se requiere que el juez encargado de la guarda de los derechos colectivos, como el de la moralidad administrativa, ejerza un papel más decisivo en la lucha contra la corrupción en la actuación contractual pública, poderes que a juicio de esta investigadora devienen directamente de la concepción del Estado Social de Derecho, sin que sea necesaria una disposición legal que así lo declare. Una de las primeras dificultades que se encontró la investigadora en este estudio, es la inexistencia de un concepto preciso sobre lo que debe entenderse como “moralidad administrativa”, pues no lo hizo el legislador, y la jurisprudencia, aunque ha hecho esfuerzos para ello, no lo ha logrado. Otra dificultad fue la poca doctrina existente sobre el tema objeto de investigación, pues en legislaciones extranjeras si bien, existe consagrada un medio procesal similar a la acción popular para preservar los derechos colectivos, no existe para la revisión de contratos públicos que atenten contra el derecho a la moralidad administrativa. La principal herramienta para esta investigación fue la jurisprudencia nacional, así como también la doctrina tanto nacional como extranjera sobre los temas conexos al tema principal. Con todo el material utilizado, pudo demostrarse que efectivamente el juez administrativo en ejercicio del control de constitucionalidad dentro del marco de la acción popular, tiene facultad innata para pronunciarse sobre la validez de una actuación contractual, así como emitir otras decisiones consecuenciales frente a los derechos de las partes del contrato, todo con el fin de preservar el derecho colectivo a la moralidad administrativa.
description: One of the questions this investigation looked into in terms of the administrative function in the country , was the coexistence of a political system established in Colombia of a social State off law, defined the Constitution of 1991 and the excessive growth of the corruption levels in the administrative activities, an unjustifiable coexistence in front of the constitutional recognition of the rights of the citizenship and the new role of the judge in this political scheme, for its preservation in case of a serious risk. It is an unquestionable fact the corruption phenomenon has reached transnational levels and has permeated not only the state-run public agencies, but the private organizations as well, constituting a threat to society, the moral order, the justice, and the comprehensive development of peoples and their societies. For that reason, principles such as the participative democracy, the respect for human dignity and the prevalence of public interest, will find support in an ethical paradigm that refuses to accept any action or omission involving corrupt practices, which are normally immersed in the different state functions, such as planning, budget, human and physical resources management and tax control, but it is in the public procurement, where these practices become more visible. International actions in countries such as Colombia, to ban corrupt practices from administrative life, including the contractual activity, have resulted in the conclusion of international cooperation agreements for the persecution and capture of those who have been involved in bad operations, as well as for the commitment to incorporate policies and regulations to rescue public ethics in the general administrative proceedings on the whole, including the award, execution and settlement of public procurement. Nevertheless, the judge in charge of safeguarding the collective rights, such as the administrative morality, must play a decisive role in the fight against corruption in public procurement, a judicial capacity that to the judgment of this researcher, comes directly from the conception of the social state of law, without requiring a legal disposition that specifically declares it. One of the first difficulties encountered by the researcher of this study is the existence of a precise concept about what should be understood as “administrative morality”, since the legislature has not done it and even though the jurisprudence has made efforts for this, it has not achieved it. Another difficulty encountered was the little existing doctrine on the subject matter of the research, since even though in foreign legislations there exists a procedural mean similar to a class action (action popularis) to preserve collective rights, there does not exist a procedural mean applicable to the revision of public contracts that attempt against the administrative morality. The main tool for this research used was the national jurisprudence, as well as the national and foreign doctrine on the subjects related to the main topic. With all the material used, it could be demonstrated that in point of fact, the administrative law judge, in the exercise of the control of constitutionality within the framework of the class action, has the innate faculty to pronounce on the validity of a contractual action, as well as to issue other consequential decisions about the rights of the parties of the contract, all in order to preserve the collective rights and administrative morality.