El control de convencionalidad de las facultades de la Procuraduría General de la Nación frente al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos : un análisis del cumplimiento del fallo Petro Urrego vs. Colombia tras la expedición de la Ley 2094 de 2021 y la Sentencia C-030 de 2023
Creators: name: Gálvez Alzate, María Alejandra
Publisher: name: Universidad Externado de Colombia
Year: 2023
Subjects: subject: Derecho internacional
subject: Derechos humanos - Aspectos jurídicos
subject: Laudo arbitral
subject: Control de convencionalidad
subject: Derechos políticos
subject: Control automático de legalidad
subject: Responsabilidad internacional

description: El fallo Petro Urrego vs. Colombia estableció la obligación de modificar el sistema jurídico colombiano y adaptarlo a lo establecido por el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte IDH fijó una interpretación literal de este artículo, estableciendo que es inviable limitar derechos políticos de funcionarios de elección popular por la comisión de un delito sino solo por un juez penal. Colombia expidió la Ley 2094 de 2021 atribuyendo facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, para así obtener atributos que le permitieran destituir e inhabilitar servidores de elección popular. La reciente Sentencia C-030 de 2023, declaró inexequible dichas facultades jurisdiccionales y estableció que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para destituir e inhabilitar pero que, en el caso de servidores de elección popular, su sanción estaría supeditada al control automático de un juez administrativo. El presente artículo expone de forma crítica las razones por las que el Estado colombiano continúa incumpliendo las obligaciones contempladas en el fallo Petro Urrego vs. Colombia y establece el control de convencionalidad difuso como una solución temporal a dicho incumplimiento para evitar la comisión de un hecho internacionalmente ilícito que genere responsabilidad internacional de Colombia.
description: The ruling of Petro Urrego vs. Colombia established the obligation to modify the Colombian legal system and adapt it to the provisions of article 23.2 of the American Convention on Human Rights. The Inter-American Court of Human Rights established a literal interpretation of this article, establishing that it is not viable to limit political rights of public servants, except by a criminal judge for the commission of a crime. Colombia issued Law 2094 of 2021 attributing jurisdictional powers to Attorney General's Office, in order to obtain attributes that would allow it to remove and disable elected officials. The recent release of ruling C-030 of 2023, declared these jurisdictional powers unconstitutional and established that the Attorney General's Office does have competence to dismiss and disqualify but, in the case of public servers, their sanction would be subject to the automatic control of an administrative judge. This paper critically exposes the reasons why the Colombian State continues to fail to comply with the obligations contemplated in the Petro Urrego vs. Colombia ruling and establishes diffuse conventionality control as a temporary solution to said non-compliance, to avoid the commission of an internationally wrongful act that generates Colombia's international responsibility.