refundación del Estado en Chile
Authors: Soto Carmona Álvaro 
Published: July 2022

Las transiciones a la democracia desde gobiernos autoritarios implican una ruptura al pasar de un Estado con Derecho a un Estado de Derecho. No obstante, no todos los procesos son rupturistas, pueden ser reformistas y ello se produce cuando el personal designado en la época no democrática sigue ocupando los «aparatos del Estado». Esta situación se vivió en Chile. El inicio de la transición se dio en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual los ciudadanos rechazaron el proyecto político de la dictadura y, posteriormente, con la victoria de la Concertación por la Democracia en las elecciones de 1989, que implicó el apoyo a las tesis rupturistas. Sin embargo, se había pactado una reforma constitucional parcial, y los dirigentes de la Concertación, tanto democristianos, como socialistas, paralizaron todo tipo de movilización y optaron por poner en marcha políticas reformistas.El comportamiento de la Concertación durante las presidencias de Aylwin y Frei Ruiz Tagle, democristianos, y de Lagos y Bachelet, socialistas, produjo cambios indudables en un sentido democratizador, desmantelando los «enclaves autoritarios», dando lugar a políticas sobre el pasado (Informe Rettig e Informes Valech), mejorando las relaciones con las Fuerzas Armadas, en suma, buscando la «normalización democrática». Pero a la vez se mostró incapaz de crear el Estado del Bienestar, de hacer frente a las desigualdades sociales, contribuyendo a la desregulación de la economía. El Estado abandonaba toda función social. Su resultado fue la creciente desconfianza de los jóvenes hacia sus gobernantes, la cada vez mayor toma de conciencia de las mujeres de su discriminación en la sociedad, y la incapacidad para hacer frente al tema indígena. Jóvenes, mujeres e indígenas se sintieron olvidados y esperaron su oportunidad para a través de vías democráticas apostar por la refundación del Estado, es decir, llevar a cabo la ruptura no realizada durante la transición.Las movilizaciones ocurridas entre octubre de 2019 y marzo del 2020 expresaban el rechazo a las desigualdades económicas, las bajas pensiones o el mal funcionamiento del sistema de salud. Pero también, y de forma muy contundente, el hartazgo a la clase política. El inmovilismo de la estructura política de la transición contribuyó a colapsar el modelo.
Jóvenes estudiantes, mujeres e indígenas protagonizaban una protesta multitudinaria que, unidas a las desafortunadas declaraciones iniciales del presidente Piñera y a su respuesta represiva, lograrían romper el régimen político formalizado desde la transición, obligando a poner en marcha la refundación del Estado. El presidente de la República, desbordado, rectificaba ofreciendo cambios profundos, salvaguardando la institucionalidad. Todo, sin embargo, parecía parcial, insuficiente y limitado ante una movilización permanente, respaldada por la ciudanía y con un Palacio de La Moneda cuya legitimidad estaba por los suelos. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, firmado por la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, decidió la convocatoria de un plebiscito nacional para definir si se redactaría una nueva Constitución y qué mecanismo serían utilizado.El plebiscito nacional celebrado el 25 de octubre de 2020 tuvo una participación de algo más del 50 por ciento. El 78,3 por ciento quería una «nueva Constitución Política», y de ellos el 79 por ciento, deseaba que se elaborase por una «Convención Constitucional», no organizada por los miembros del Parlamento. El siguiente paso, la elección de sus miembros, confirmó la ruptura política respecto a 1990.En mayo de 2021 se celebró la elección de los 155 integrantes de la Convención. La participación fue muy baja. Los partidos que habían gobernado desde 1990, obtuvieron por parte de la derecha 37 miembros y del centroizquierda 25. Por separado no alcanzaron el tercio necesario (52) para aprobar cualquier propuesta. Los grandes triunfadores fueron la izquierda del partido socialista, 28 escaños, y los independientes, 48. Estos últimos («Lista del Pueblo») vinculados a las movilizaciones de protesta iniciadas en 2019. Por último, los «pueblos originarios» tienen asignados 17 escaños.El fracaso de los partidos tradicionales (democristianos y socialistas) o gobernantes de derecha (UDI o Renovación Nacional) fue evidente, poniendo de manifiesto el clamor popular contra los que hasta entonces habían ejercido el gobierno. En el mismo sentido han sido los resultados de las elecciones presidenciales.