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La integridad y/o autenticidad de los medios de prueba digital en el proceso laboral: una aproximación al tema a propósito de los correos electrónicos
Authors: Barrios Baudor Guillermo L.
Published: October 2022

Este trabajo ha obtenido el Accésit del Premio Estudios Financieros 2017 en la modalidad de Trabajo y Seguridad Social.
La hipótesis que da origen al presente trabajo es la de si, superados los problemas relativos a los derechos fundamentales en juego (básicamente, secreto de las comunicaciones e intimidad), los correos electrónicos que se aportan al proceso laboral como medios de prueba pretendidamente válidos son, en último término, veraces. Dicha hipótesis parte de la base de que, en la práctica, todos los correos electrónicos que se presenten al proceso únicamente en soporte papel (o, en su caso, documento electrónico) son perfectamente manipulables y falsificables. De tal manera que, siendo ello así, bien pudiera sostenerse que los únicos correos electrónicos y archivos adjuntos que no podrían ser objeto de manipulación y falsificación (y que, por tanto, estarían dotados de las exigencias de integridad y autenticidad a efectos probatorios) serían aquellos que vengan respaldados por el mecanismo de la firma electrónica o por una prueba pericial informática que garantice su veracidad. Como puede fácilmente intuirse, aunque no suficientemente estudiada en el ámbito laboral, constituye esta una cuestión de la máxima importancia práctica.
Informe de detectives, intimidad y otras cuestiones en el entorno de la potestad disciplinaria del empresario
Authors: Cabeza Pereiro Jaime
Published: October 2022

No es que esta sentencia dicte una doctrina novedosa ni que resuelva dudas nunca antes abordadas por la doctrina judicial. Bien al contrario, incide de nuevo en el muy transitado asunto de los derechos fundamentales en el cruce de caminos con la potestad sancionadora del empresario. Sin embargo, tiene la virtud no muy frecuente de valorar muy adecuadamente el conflicto entre unos y otra y de desarrollar una argumentación muy ortodoxa desde el prisma constitucional. Quizá debe achacársele algo de desorden y ciertas idas y venidas, anticipaciones y marchas atrás en sus fundamentos de derecho, pero transmite una ponderación muy adecuada de los límites que cabe oponer al pleno disfrute de los derechos fundamentales en el contexto del contrato de trabajo. Lo cual no debería ser noticia después de tantos años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero desgraciadamente lo es.
Novedades en la ordenación (y acomodación) del marco regulador de los servicios de prevención ajenos: la permanente búsqueda de certidumbres
Authors: García González Guillermo
Published: October 2022

El presente artículo aborda dos cuestiones de relativa novedad que afectan de modo directo a los servicios de prevención ajenos.
En la primera parte del trabajo se examinan las aportaciones de mayor relevancia contenidas en el recientemente firmado II Convenio colectivo sectorial estatal para los servicios de prevención ajenos, acuerdo colectivo de interés indudable más allá de los propios trabajadores afectados directamente por su ámbito de aplicación, por la especial naturaleza de la actividad desempeñada por los servicios de prevención. Entre otras cuestiones se estudia de forma detenida la estructuración de la negociación colectiva, las previsiones convencionales acerca del acoso laboral y la creación del Observatorio Sectorial como foro permanente de diálogo social.
La segunda parte del análisis se centra en delimitar el significado y alcance del deber de seguridad empresarial en relación con el riesgo biológico y en lo que atañe a los servicios de prevención ajenos. En este sentido, y tomando como pretexto la Sentencia de la Audiencia Nacional 15/2017, de 9 de febrero, se concreta la incardinación de la vigilancia de la salud en el ámbito de las actividades netamente sanitarias y la aplicación a los trabajadores de los servicios de prevención de las disposiciones preventivas que nuestro ordenamiento jurídico prevé en lo concerniente a los riesgos biológicos.
La adscripción del teletrabajador y la representación legal de los trabajadores: una asignatura pendiente
Authors: De las Heras García Aránzazu
Published: October 2022

Partiendo de que el ET no contiene previsión específica sobre las consecuencias que en el mandato de los representantes de los trabajadores tiene la desaparición del centro de trabajo, la existencia (en el caso subsistencia) del ámbito en el que fueron elegidos –sustrato objetivo y subjetivo o electoral– deviene esencial para la conservación de su mandato representativo.
A vueltas de nuevo con la libertad religiosa: El uso del velo en el trabajo
Authors: Poquet Catalá Raquel
Published: October 2022

En este trabajo se analiza el conflicto que surge en torno al uso del velo o pañuelo islámico mientras se está prestando el servicio dentro de la organización empresarial, pues entran en colisión el derecho fundamental a la libertad religiosa del trabajador y la facultad empresarial de organización y dirección. Para ello, se estudian los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la doctrina judicial nacional, recaídos en la materia, con el fin de establecer unos criterios a seguir.
Mejora voluntaria que se pacta en contrato como compensable y absorbible
Authors: Palomino Saurina Pilar
Published: October 2022

Como señala el artículo 26 del ET se considera salario «a la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los periodos de descanso computables como de trabajo». En este mismo artículo en su apartado 5 se establece que operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia.
Diferencias indemnizatorias por despidos colectivos: ¿Cerrada la vía para eludir la caducidad en su reclamación?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

Fiel a la más arraigada tradición jurídico-laboral española, que viene asociando la doble vertiente del régimen del despido, la sustantiva y la procesal, el cambio legal en el régimen del despido colectivo conllevó, con la reforma de 2012, intensísimos cambios en su régimen procesal, multiplicando los problemas aplicativos. De las, muchas, controversias suscitadas por el contraste entre la vertiente de impugnación colectiva –art. 124 LRJS– y la individual –arts. 120-123, y art. 124.13 LRJS–, una ha sido la identificación de las opciones de los trabajadores afectados por los «nuevos» procedimientos de regulación de empleo para satisfacer adecuadamente su pretensión indemnizatoria, en particular cuando, aceptada la causa legitimadora del despido colectivo (también del objetivo plural), se ponían en duda las bases de la cuantificación. Evidentemente, asentado que si hay disconformidad con la calificación del despido, la vía procesal exigida será siempre la modalidad especial, podría resultar más abierta la opción si lo único discutido es la cuantía de la indemnización correspondiente, pues seguiría teniendo chance normativa el recurso al procedimiento ordinario, vía preferida por el legislador bajo la vigencia del régimen precedente (art. 14.2 RD 43/1996).
«Envejecimiento activo» y jubilación anticipada: ¿O el nuevo «Retablo de las maravillas»?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

1. La mayoría conoce la fábula de El traje nuevo del emperador (también titulada «El rey desnudo») por la versión más moderna (siglo XIX), la danesa (Hans Christian Andersen). Sin embargo, su origen remoto y, en gran medida, el mensaje o moraleja que trasluce («ni tiene por qué ser verdad lo que la autoridad de la mayoría –política, social, científica…– nos quiere hacer creer que es verdad», «ni es estúpido dudar y preguntarse qué hay de verdad en lo que se nos quiere hacer creer») presenta importantes ascendentes españoles.
Control de la jornada, horas extraordinarias y trabajo a distancia
Authors: De las Heras García Aránzazu
Published: October 2022

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de entender el trabajo, no solo en cuanto que facilitan su realización sino que en muchos casos permiten realizar la prestación en cualquier momento, en cualquier lugar.
Cada vez es más habitual que los trabajadores consulten el correo electrónico de la empresa o lean mensajes profesionales de WhatsApp durante el trayecto del autobús, tomando el café del desayuno o antes de irse a dormir. Estos tiempos, en principio, no forman parte de la jornada de trabajo, pero, ¿podrían en algún momento ser considerados como horas extraordinarias o como parte de la jornada?
La tensión existente entre libertad y eficiencia empresarial frente a garantías y seguridad de los trabajadores se pone especialmente de manifiesto cuando se abordan las cuestiones relativas al control horario y su registro, en particular el registro de las horas extraordinarias, que ha sido objeto de pronunciamientos judiciales dispares unificados recientemente por el Tribunal Supremo en las Sentencias 246/2017 y 338/2017. En las siguientes líneas se comenta el cambio de criterio jurisprudencial y su incidencia en el control de la jornada y las horas extraordinarias con referencia particular a los trabajadores a distancia.
Indemnización por daño a la libertad religiosa de una trabajadora: Otro ejemplo de cuantificación incompleta
Authors: Benito-Butrón Ochoa Juan Carlos
Published: October 2022

El sistema normativo español de tutela de reparación integral frente a la vulneración de un derecho fundamental en el orden jurisdiccional social (capítulo XI, arts. 177 y ss. LRJS; también en procedimiento ordinario, de despido u otros) exige un pronunciamiento específico, en sentencia (art. 182.1 d) LRJS), sobre la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183. De ahí que este artículo 183.1 de la LRJS prevea que, declarada dicha vulneración constitucional, el juez deberá (exigencia imperativa) pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización en función tanto del daño moral como de los daños y perjuicios adicionales derivados, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a esta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
¿Qué sentido tiene la indemnización disuasoria en la jurisdicción social?
Authors: González Hernández Juan José
Published: October 2022

No pocas veces nos hemos planteado la fórmula más correcta para valorar diversos supuestos de vulneración de derechos fundamentales en el ámbito laboral, tanto colectivos (libertad sindical, derecho de huelga) como individuales (muy especialmente la prohibición de discriminaciones, pero no solo). Para resolver esta cuestión nos tenemos que plantear qué normativa tenemos y sobre todo la diferencia que existe con otros tipos de ordenamientos jurídicos. Al respecto, para nuestro país, el artículo más referencial es el 183.2 de la LRJS, que a esa pregunta no da solo una respuesta reparadora, conforme a la tradición continental europea, sino que añade una finalidad adicional. A tal fin, la norma legal exige al tribunal social que se pronuncie «sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a esta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño».
El nuevo sistema de bonus en la cotización por contingencias profesionales: insuficiente y menos participativo
Authors: Fernández Avilés José Antonio
Published: October 2022

1. Es indudable que la tarea global del régimen jurídico de tutela de la seguridad y salud en el trabajo prioritariamente tiene la finalidad de evitar el acaecimiento de las mismas contingencias profesionales, pero ello también concierne a otros ámbitos de la Política Social. Debe señalarse, con toda claridad, que el sistema normativo de Seguridad Social puede hacer aportaciones hacia la finalidad de tutela de la salud con carácter preventivo, y viceversa, la política de prevención alberga la ambición de aligerar las cargas económicas del sistema de Seguridad Social evitando la misma actualización de las contingencias profesionales.
Presentación
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

1. Frente al intenso dinamismo que el «Derecho de Daños» ha desplegado en los últimos años en el Derecho de los Contratos (la STS, Sala 4.ª, de 2 de febrero de 2015, rec. núm. 279/2013, hace una tangencial referencia a esta apertura), dejando emerger conceptos y principios evolutivos, en especial en el ámbito del «daño extra-patrimonial», el Derecho del Trabajo sigue adoleciendo de un extremado raquitismo y una excesiva obsolescencia de sus sistemas resarcitorios de este tipo de daños. Estas persistentes debilidades del que podría llamarse «Derecho Social de Daños Per-sonales», hoy in fieri, en plena reconstrucción, tienen hondas raíces. Del lado del trabajador, los diversos sistemas de responsabilidad objetiva (en relación con los daños derivados del contrato de trabajo, desde los estrictamente laborales –daños ocupacionales–, hasta los daños a la salud–daños profesionales–) tienen la ventaja de eximir de las complicadas obligaciones de prueba del daño y de su imputabilidad subjetiva, facilitando un cobro seguro y rápido, sin complejos y di-latados procesos. Del lado del interés empresarial, las diversas limitaciones cuantitativas que se asocian a tales sistemas (tasación de las indemnizaciones de despido; carácter tarifario de la pres-tación de seguridad social; el más moderno sistema de valoración asentado en «Baremos») fa-vorecen la reducción –o ajuste– de los costes. Por lo tanto, aun alejándose del viejo sistema de inmunidad (prohibición de acciones de resarcimiento civil adicional), sí haría más previsible y rentable su gestión. La STSJ de Madrid 291/2017, de 24 de marzo, rec. núm. 51/2017, de forma más estéril o erudita que efectiva, sintetiza bien esta evolución para el ámbito de los accidentes –y enfermedades– laborales.
Límites a la proliferación del trabajo atípico y en fraude de ley en la Administración pública
Authors: López Aniorte María del Carmen
Published: October 2022

Los esfuerzos demandados por la Unión Europea a España para equilibrar sus cuentas públicas, con amparo en el nuevo artículo 135 de la CE, se han traducido en una drástica reducción del empleo público permanente. Este último ha sido sustituido por empleo atípico y, en ocasiones, por contratos laborales y administrativos en fraude de ley: contratos laborales temporales (con o sin causa de temporalidad) y a tiempo parcial, contratos administrativos con personas trabajadoras por cuenta propia (o falsos autónomos), contratos administrativos con empresas contratistas (o falsas empresas contratistas) y utilización abusiva de personal interino en régimen de Derecho Administrativo. Algunas de estas situaciones, caracterizadas por la inestabilidad en el empleo y la precariedad laboral, han sido objeto de condena por el TJUE en sus Sentencias de 14 de septiembre de 2016. El presente estudio tiene por finalidad analizar las causas de la propagación del trabajo atípico y en fraude de ley en la Administración, y proponer medidas para poner freno a su proliferación, en el entendimiento de que una Administración transparente y socialmente responsable ha de velar por los derechos laborales de las personas que trabajan para la misma, y ha de impedir contrataciones administrativas fraudulentas que alteren los principios constitucionales de acceso al empleo público. En este trabajo se dedica particular atención a la expansión de la relación laboral «indefinida no fija» de creación jurisprudencial, a la respuesta judicial a la problemática del profesorado asociado de las universidades públicas y a la concertación fraudulenta de contratos administrativos para encubrir relaciones laborales, incluyendo propuestas de lege ferenda dirigidas a poner límite al trabajo atípico, precario y en fraude de ley, en el ámbito de la Administración.
Aproximaciones a la negociación colectiva de la empresa transnacional en su dimensión europea y global
Authors: Soler Arrebola José A.
Published: October 2022

Dentro del diálogo social europeo, la negociación colectiva se postula como uno de los garantes principales de conexión entre los diferentes actores sociales que intervienen en el mercado de trabajo. La progresiva internacionalización de las empresas europeas dentro de las fronteras de la Unión ha supuesto la necesaria interrelación, desde una perspectiva laboral, de los distintos centros de trabajo ubicados en esta región. La delimitación de cuáles son las disposiciones reguladoras de los acuerdos colectivos que a nivel de empresa transnacional deben aplicarse para su correcto desarrollo sigue suponiendo un problema importante, dada la diversidad legislativa laboral de cada país. Frente a los incipientes avances respecto de acuerdos sectoriales e intersectoriales, los pactos desarrollados en el ámbito empresarial no han tenido la suficiente cobertura jurídica para desenvolverse en el entorno europeo. La necesidad de buscar mecanismos sustentados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que doten a estos convenios de una exigibilidad, que permita ejecutar sus contenidos en los centros de trabajo de distintas naciones, es una de las pretensiones sobre las que se han centrado numerosos estudios. Las diferentes opciones, su problemática y la viabilidad de las propuestas son analizadas en este artículo, así como la posibilidad de extensión de sus resultados a la órbita internacional.
La supresión de la reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
Authors: Lafuente Suárez José Luis
Published: October 2022

La modificación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social llevada a cabo por la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común ha supuesto la eliminación de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social, con la excepción de los procedimientos de prestaciones de la Seguridad Social. La supresión de ese requisito tradicional se ha hecho, no obstante, en condiciones de notable inseguridad jurídica, en el sentido de que tras ese cambio normativo no queda del todo claro qué pasos hay que dar para demandar a las Administraciones públicas ante los jueces y tribunales de lo social. Existe incertidumbre, concretamente, acerca de si la supresión de la reclamación administrativa previa entraña la necesidad de utilizar el mecanismo general de la conciliación o mediación previa, y acerca del radio de acción de la exigencia, también general, de agotamiento de la vía administrativa previa. En este trabajo se analizan las posiciones existentes y se trata de dar una respuesta coherente a las dudas que plantea la actual situación legal.
Vaivenes jurisprudenciales sobre el «crédito horario» y premio a la gestión empresarial temprana
Authors: Moreno Pérez José María
Published: October 2022

Entre las más clásicas garantías para la efectividad de su función colectiva reconocidas a los representantes unitarios de los trabajadores se encuentra, como es sabido, la disposición de un crédito de horas mensuales retribuidas para «cada representante en cada centro de trabajo» –en una escala ascendente en razón del número de trabajadores–. Esta garantía legal admite pacto convencional colectivo para «la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración» (art. 68 e) ET). Por lo general, los convenios colectivos, de empresa y de sector, suelen mejorar esta regulación legal –es el caso, por lo que aquí interesa, del art. 76 del Convenio Colectivo Estatal de Contact Center–. El artículo 10.3 de la LOLS establece una regla de equiparación entre los representantes unitarios y los sindicales.
La necesaria reordenación del marco de protección asistencial por desempleo: Una reflexión acerca de la regulación de las rentas y ayudas subsidiarias
Authors: Rodríguez Santos Estefanía
Published: October 2022

Las actuales circunstancias desfavorables derivadas de la crisis económica han puesto de manifiesto las insuficiencias del modelo tradicional de protección por desempleo para afrontar el problema de la carencia de recursos de un importante sector de la población activa, debido a las altas tasas de paro. Como vía de solución se puso en práctica, en la legislación de emergencia, una sucesión de medidas coyunturales de prestación económica complementaria, encaminadas a la cobertura de la situación de necesidad y a la reinserción de las personas desempleadas, con la finalidad de reforzar la red de seguridad ante la persistencia de la crisis. Este estudio presenta un análisis de las lagunas y deficiencias existentes en la normativa reguladora de estas prestaciones, que pueden explicar su escasa incidencia sobre la población desempleada y la necesidad de una reordenación del marco protector asistencial del desempleo.
Competitividad, empresa flexible y estiba en los muelles: ¿Qué sí exige y qué no la comisión «por boca» del TJUE?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

El 16 de febrero de 2017, en la reactivada pugna –comenzó en 2011– entre el Gobierno español y el europeo (Comisión), a cuenta de la liberalización del trabajo de estiba (carga y descarga) en el sistema portuario español, un portavoz comunitario dijo, a fin de favorecer la acción gubernamental nacional en tal dirección: «Ambas partes comparten el interés común de un sistema laboral portuario que garantice la competitividad de los puertos españoles y ofrezca un nivel adecuado de protección a los trabajadores». Por si no había quedado todo lo claro «a navegantes» que quiso ser, el portavoz comunitario apostilló:
La figura del indefinido no fijo y su extensión a los funcionarios interinos
Authors: Treviño Pascual Mariano
Published: October 2022

La diferenciación material entre la relación laboral y la funcionarial respecto al contenido esencial de las prestaciones resulta inútil y el Derecho comunitario –tal y como es interpretado por el TJUE– siempre ha dado pruebas de encontrarse más evolucionado que la mayoría de los ordenamientos nacionales, por cuanto que el concepto comunitario de funcionario se equipara al de trabajador por cuenta ajena. Sus sentencias de 14 de septiembre de 2016 tienen un fuerte impacto en nuestro sistema de empleo por prohibir para el personal estatutario contratos temporales sucesivos para cubrir necesidades permanentes y equiparar el personal laboral y el personal en régimen de Derecho administrativo en cuanto al derecho al mantenimiento de la relación de servicios, lo que implica la asimilación entre los trabajadores indefinidos no fijos y los contratados como fijos.
Los mandos intermedios en la Administración pública española. Claves para crear una nueva cultura
Authors: Otero Sandín María del Pilar
Published: October 2022

Que los mandos intermedios son una pieza clave en la estructura de toda organización es ampliamente reconocido por todos los expertos en recursos humanos. Sin embargo, también es una realidad que son los grandes olvidados a la hora de definir y diseñar nuevas políticas, cambios organizacionales y culturales.
Si los altos directivos son los encargados de liderar el cambio en sus inicios, los mandos intermedios son la pieza fundamental que mantiene el flujo del cambio en movimiento. El éxito para conseguir el cambio de cultura no depende de cómo sean los líderes sino de qué hacen.
En este trabajo, se presentan las notas características de los mandos intermedios del sector público español, los principios y herramientas de la filosofía Lean, que aunque escasamente implantada en la Administración pública española, es extensamente conocida y aplicada en organismos públicos americanos y europeos, demostrando su efectividad para reducir costes, mejorar los plazos de tramitación e incrementar la motivación y satisfacción del personal. Es dentro de esta filosofía de trabajo donde se exponen las claves o hábitos de los mandos intermedios que permitirán obtener mejoras presentes y consolidar los cambios en el futuro.
«Contractualización» de los convenios «caducados»: crecientes inconsistencias de una confusa doctrina jurisprudencial
Authors: Marcos González Juan Ignacio
Published: October 2022

Tras media década de reforma, conocemos la «letra gruesa» del alcance de uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores considerado, por la mejor doctrina, más lagunosos y contradictorios, todo un festín de ese vicio que tanto nos disgusta a los abogados –aunque a menudo lo aprovechemos–: la inseguridad jurídica. Hablo del artículo 86.3 del ET en general y en especial en su párrafo final (ultraactividad). Apenas se compare su redacción antes y después de la reforma comprobaremos que pone fin a muchas certezas de «infancia jurídico-laboral»: evapora la distinción entre «cláusulas obligacionales» –las que perecían siempre, finada la inicial vigencia– y «cláusulas normativas» –las que, sin embargo, se conservaban, siempre salvo el célebre pacto en contrario–; cede el favor por la vigencia persistente del convenio en tanto no hubiera otro que lo sustituyera para evitar el tan temido vacío de regulación convencional […] Pero todo «se dice» por la ley –la voluntad del legislador–, pero «sin decirlo el texto». En efecto, por ejemplo, el texto dice que, salvo pacto, la denuncia de un convenio, no obstante la apertura del proceso de negociación, hará decaer las cláusulas de paz, pero ¿qué pasa con las demás cláusulas obligacionales? Asimismo dice que, «salvo pacto en contrario», decaerá el convenio. Pero ¿qué pacto, anterior, posterior […]? En todo caso, a falta de tal pacto, denunciado y transcurrido el año previsto de ultraactividad, el convenio decaerá y se aplicará, «si lo hubiere», el convenio de ámbito superior; pero ¿y si no lo hubiere, qué aplicamos?
La gestión de los recursos humanos para la seguridad de los eventos públicos
Authors: Plazas Martínez Natalia , Rodríguez Pardo Lluis Miquel
Published: October 2022

El objeto de nuestro estudio son las empresas de servicios auxiliares que, entre sus servicios principales, estén el control de accesos a edificios de oficinas, comunidades de propietarios, etc. Pero nos vamos a centrar en la gestión de los eventos públicos, que necesita cada vez más de personal cualificado para la seguridad y la prevención de cualquier tipo de riesgo que se pueda producir.
La fuerza principal de las empresas de servicios la constituyen las personas, clientes internos de la organización de las que se debe conseguir un nivel elevado de compromiso, y esto solo se logra si confían y se sienten seguros perteneciendo a ella.
El proceso de selección, incorporación y cese del personal contratado para los servicios en los eventos públicos requiere de una estrategia de gestión de los recursos humanos que se destinan a esta actividad, ligada a la consecución de los objetivos que la empresa se ha marcado, definiendo una estrategia basada en una comunicación fluida y constante entre todos los actores (responsables y coordinadores de los servicios, personal administrativo implicado y personal operativo).
La estructura organizativa debe estar diseñada para garantizar el éxito, tanto en el ámbito operativo como en el control y sus derivadas administrativas.
Una gestión acertada de los recursos humanos y de las herramientas legales disponibles, junto con una fuerza de trabajo con una estructura y canales de comunicación bien definidos, garantiza un alto nivel de satisfacción de las personas que integran la organización en todos sus niveles y es la clave de su éxito.
Aspectos laborales de la reversión de servicios públicos
Authors: Fernández Avilés José Antonio
Published: October 2022

1. Hace ya más de tres décadas que la «ola» de privatizaciones y de gestión indirecta de servicios públicos se impuso en la búsqueda de modos más eficientes en su funcionamiento. La «idolatrada» mayor eficiencia de la gestión privatizada generó la necesidad también de externalizar una buena parte de las actividades prestacionales de servicio público. La externalización de servicios públicos tuvo indudables consecuencias de tipo laboral, en términos de estabilidad en el empleo, pero también en clave de poder sindical.
Temporalidad en el empleo público: Abusos más frecuentes y reacciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Authors: Rodríguez Escanciano Susana
Published: October 2022

Cierto es que el reclutamiento temporal por parte de las Administraciones públicas tanto de personal funcionario como de personal laboral ha ido en aumento y se ha visto contagiado de los mismos vicios que aquejan a la contratación a término en el sector privado (descausalización, rotación, prolongación, etc.). No menos verdad resulta que, ante las limitaciones impuestas por la tasa de reposición de efectivos, se trata de una temporalidad artificial o ficticia, pues en realidad se atienden funciones de interés general a favor de los ciudadanos de demanda continua. Tales excesos han sido puestos de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exigiendo una rápida intervención del legislador capaz de habilitar mecanismos de sanción, proporcionando, al tiempo, una salida compatible entre la consolidación y el principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Matices y reservas a la acelerada aplicación de la «doctrina De Diego Porras»: Emergen los votos particulares en la sala vasca de suplicación
Authors: Benito-Butrón Ochoa Juan Carlos
Published: October 2022

La primacía del Derecho de la Unión ni es ni puede ser discutida en nuestro Derecho (STC 232/2015, de 5 de noviembre y art. 267 TFUE), incluyendo la jurisprudencia (art. 4 bis LOPJ), por lo que a nuestro asunto atañe, sobre la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Los jueces de lo social no lo olvidan (no lo olvidamos) ni postergamos. Y si no, ahí está el Tribunal Supremo para recordarlo con creciente frecuencia (SSTS de 8 de junio de 2016, rec. núm. 207/2015 y 17 de octubre de 2016, rec. núm. 36/2016). La tan traída y llevada STJUE de 14 de septiembre de 2016, C-596/14, caso De Diego Porras, no podía ser una excepción como, en última instancia, quiso poner de relieve la STSJ de Madrid de 5 de octubre de 2016, rec. núm. 246/2014, en primigenia respuesta interna española de supuesto de eficacia directa vertical de la directiva referida. Aunque, a veces (novedosa STS de 25 de octubre de 2016, rec. núm. 3818/2015, en materia de maternidad subrogada), no se impide que un tribunal abrace una solución distinta, y hasta contraria, al poseer las directivas un carácter de norma mínima.
Gestión de las emociones en el trabajo. Propuesta para el diagnóstico e intervención en trabajadores del sector servicios
Authors: Pérez Torres Vanesa
Published: October 2022

Es muy importante para las organizaciones comprender la relación entre las emociones de los trabajadores y los riesgos psicosociales. La investigación muestra que las altas demandas emocionales suelen estar relacionadas con la presencia de burnout en los empleados. El objetivo general de este estudio ha sido explorar la gestión de las emociones en el trabajo en un grupo de empleados del sector servicios y analizar su relación con el burnout y la implicación en el trabajo. Además, se explora el rol moderador que puede tener la regulación emocional en el afrontamiento de las demandas emocionales de los puestos de trabajo. También se incluye una propuesta de desarrollo de competencias de regulación emocional para los trabajadores como factor protector ante estas demandas de rol. Los resultados muestran que la expresión de emociones positivas se relaciona con la implicación en el trabajo, aumentando la identificación psicológica con el puesto. Además, la sensibilidad requerida (percibir de manera adecuada las emociones del cliente) y la disonancia emocional (tener que expresar emociones que no se sienten) aumentan la probabilidad de que los participantes tengan burnout. Finalmente, la regulación emocional aparece como una variable moderadora de la relación entre trabajo emocional y burnout, amortiguando los efectos que el desgaste emocional y el cinismo tienen sobre la salud del trabajador. La recomendación es potenciar las habilidades de regulación emocional a través de la formación y desarrollo de competencias en aquellos trabajadores expuestos a altas interacciones con clientes como medida protectora ante posibles riesgos psicosociales.
La Carta Social Europea: ¿El último recurso contra el periodo de prueba en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores?
Authors: Ortiz de Solórzano Aurusa M.ª del Camino
Published: October 2022

La reforma laboral de 2012 supuso, entre otras medidas, la creación del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. El aspecto más controvertido de su regulación es la previsión de un periodo de prueba de un año, concediendo una amplia libertad al empresario para el despido del trabajador. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha declarado que la regulación de este contrato vulnera la Carta Social Europea por no estar prevista la concesión de un plazo de preaviso al trabajador durante el periodo de prueba. La vulneración de la Carta ha llevado a algunos órganos judiciales a considerar inaplicable la regulación del periodo de prueba en este contrato por ser contraria a una norma jerárquicamente superior. Sin embargo, otros tribunales consideran que no es posible dejar de aplicar la norma interna, porque la disposición infringida de la Carta Social Europea no es directamente aplicable, ni las conclusiones del Comité tienen carácter vinculante.
¿Es discriminatorio despedir en situación de incapacidad laboral? Los nuevos límites comunitarios
Authors: Sánchez Pérez José
Published: October 2022

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aborda la resolución de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona. En ella se plasma la posición procesal correspondiente a la defensa de un trabajador que ha sido objeto de despido como consecuencia de la prolongación de su situación de incapacidad temporal, si bien se encubre la causa real del despido bajo una aparente formalidad disciplinaria. Opone la empresa empleadora que el mantenimiento de la relación laboral resultaba contrario a sus intereses al no haber recuperado el trabajador una aptitud adecuada para alcanzar un nivel de rentabilidad aceptable.
La oportunidad de la STC 149/2016 para aplicar la «exportabilidad de las garantías» de tutela de derechos fundamentales a las normas sobre evitación del proceso de la LRJS
Authors: Zapirain Bilbao Ana Isabel
Published: October 2022

Desde la publicación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que modificó los artículos 64, 69 y 70 de la LRJS –entre algunos otros y por lo que ahora interesa–, nos hemos preguntado cómo llegarían a aplicarse las insólitas normas sobre evitación del proceso de la LRJS –arts. 63 a 73– tras su entrada en vigor el pasado 2 de octubre. En particular, por la nueva redacción de los artículos 64 y 70 referidos a las excepciones a la conciliación o mediación previas y a las del agotamiento de la vía administrativa, respectivamente. Su nuevo contenido ha implicado un importante distanciamiento respecto a las modalidades procesales exceptuadas para una y otra vía que durante décadas presentaban una gran similitud. Las excluidas del agotamiento de la vía administrativa han quedado reducidas a una: la demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical. En cambio, las excepciones a la conciliación o mediación previas siguen siendo las mismas, con las correspondientes adecuaciones en su nueva redacción.
Las prestaciones de servicios a través de las plataformas informáticas de consumo colaborativo: Un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo
Authors: Cavas Martínez Faustino
Published: October 2022

Propiciados por la situación de crisis económica y por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en los últimos tiempos han adquirido un notable desarrollo determinados sistemas de adquisición y prestación de servicios que se enmarcan en la denominada «economía colaborativa». Dentro de la compleja problemática que suscita el consumo participativo, existe una importante inseguridad jurídica en torno a la calificación que corresponde a los prestadores de servicios de las plataformas virtuales que recurren a este innovador modelo de negocio, situación que está siendo aprovechada por muchas empresas de base tecnológica para escapar de la aplicación de las normas laborales, recurriendo a trabajadores autónomos en fraude de ley. El propósito de este ensayo es averiguar si la vigente noción legal de trabajador dependiente permite dar cabida a estas nuevas formas de prestación de servicios y si es necesaria una regulación específica del trabajo que se lleva a cabo en el nuevo entorno virtual, formulando algunas propuestas al respecto.
El permiso por paternidad: Un balance tras casi diez años desde su implantación
Authors: Gala Durán Carolina
Published: October 2022

En marzo de 2017 se cumple el décimo aniversario de la instauración en nuestro país del permiso por paternidad, figura cuyo objetivo esencial es fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos o menores. El objetivo de este trabajo es analizar cuál ha sido el nivel real de éxito de esta figura –tanto desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa–, así como su configuración actual (tanto en el sector privado como en el sector público) y los debates judiciales que han surgido a lo largo de estos años. Ese análisis lleva a concluir que es necesario dar un paso más allá en torno a este permiso, equiparando su duración y condiciones a las del permiso por maternidad, estableciendo su carácter parcialmente obligatorio, flexibilizando su forma de disfrute y regulando las nuevas situaciones familiares surgidas de los nuevos modelos de familia. Asimismo, resulta urgente avanzar realmente en la revalorización social de las tareas de cuidado y en el convencimiento de que el cuidado de los menores es una tarea de hombres y mujeres.
Prohibida la «nacional», ¿protegemos la «gestación/maternidad subrogada internacional» con prestaciones sociales?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

En España sigue prohibida la «gestación subrogada», cualquiera que sea su modalidad, hasta el punto de poder llegar a configurarse como delito. Sin embargo, si esas mismas prácticas se hacen en cualquier país del mundo en que sea legal, las normas españolas no solo reconocerán su legitimidad, sino que incluso podrán otorgarle una prestación de «maternidad subrogada». Así lo acaba de confirmar la jurisprudencia social española, que contradice así la prohibición de la jurisprudencia civil del mismo Alto Tribunal. El argumento último es que también las situaciones de hecho, aunque resulten prohibidas en un país, deben protegerse si en juego está el superior interés del menor. Por supuesto, el criterio unificador fijado cuenta con una intensa crítica dentro de la propia Sala Social. La minoría considera que no puede legitimarse el fraude de ley a la norma española, que oculta tal práctica transnacional de gestación subrogada, sin que la prioritaria protección del interés superior del menor exija tal vulneración de los valores y principios básicos de nuestro Derecho (orden público).
La tortuosa gestión del conocimiento en la universidad española: ¿Un sistema de competencias?
Authors: Alonso Seoane María Jesús
Published: October 2022

Tras años hablando de calidad en educación superior, podemos afirmar que la brecha entre calidad total y lo que se ha estado implantando hasta el momento es enorme. El desajuste por mutua ignorancia entre sistema de competencias y universidad descrito por Carabaña está alcanzando dimensiones imprevisibles para los actores implicados. La Agencia Europea de Calidad en Educación Superior (ENQA) establece que la calidad de las instituciones de educación superior consta de dos partes: por un lado, de forma interna, mediante la implantación de un sistema interno de garantía de calidad, por otro, de forma externa, mediante acreditaciones que realizan las agencias de calidad universitaria. No obstante, las universidades han estado replicando el modelo de la Agencia Española de Calidad Universitaria (ANECA), proporcionando así indicadores aislados, sin poner las bases para un sistema interno de gestión que garantice la calidad total. Se analizan aspectos concretos del funcionamiento que impiden el éxito de esta replicación, pues implantar internamente el sistema externo de acreditación no suple a un sistema interno. La solución pasa por implantar sistemas de gestión basados en competencias, cambio que alcanzaría no solo a lo puramente técnico, sino a la cultura organizacional.
Trabajador autónomo y cese de actividad, ¿computan los ingresos por la prestación de incapacidad temporal a efectos de las pérdidas requeridas?
Authors: Moreno Romero Francisca
Published: October 2022

La juventud de la prestación por cese de actividad se pone de manifiesto en el cuestionamiento planteado por la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 293/2018, de 14 de marzo de 2018 (rec. 3297/2016), objeto del presente diálogo. Esto es así porque afecta a una cuestión de base de la prestación, cual es la acreditación de la situación legal de cese de actividad por la concurrencia de motivos económicos, recogida en el artículo 5.1 a), apartado 1.º de la Ley 32/2010 (actualmente, incorporada a la LGSS, art. 331.1 a). En concreto, en referencia a si el importe de las prestaciones por incapacidad temporal (IT) –percibidas en el intervalo de tiempo recogido en la normativa– han de considerarse a los efectos de acreditar la existencia o no de pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad económica.
La discriminación múltiple e interseccional en el ámbito laboral
Authors: Ferrando García Francisca M.ª
Published: October 2022

La discriminación múltiple constituye un fenómeno de particular incidencia en las relaciones laborales, situación que contrasta con la escasez de estudios que abordan la cuestión y de pronunciamientos judiciales que hacen mención a la misma. No obstante, la información e investigación sobre esta realidad son esenciales para el diseño de políticas de igualdad eficaces y el tratamiento normativo y judicial adecuado de la discriminación múltiple.
El presente estudio parte de su delimitación conceptual y del análisis de los convenios e instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que aluden a la discriminación múltiple. Asimismo, se estudia la discriminación por razón de sexo como causa convergente con otros motivos en la discriminación interseccional (raza/etnia, edad, discapacidad, religión), así como la transversalidad de género como estrategia complementaria para hacer frente a este comportamiento.
En el ámbito laboral, la especial situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por discriminación múltiple reclama la adopción de medidas de acción positiva y de tutela que el legislador anuncia, pero no llega a implementar. En fin, la discriminación múltiple plantea importantes interrogantes de índole procesal, fundamentalmente en materia probatoria y de resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de dicha situación que es preciso abordar a la luz de la doctrina del TEDH y del TJUE.
La virtualidad de la preferencia aplicativa del convenio empresarial en el marco de la sucesión de contratas
Authors: Moll Noguera Rafael
Published: October 2022

Accésit Premio Estudios Financieros 2018
A pesar del carácter absoluto de la preferencia aplicativa del convenio de empresa ex artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, su eficacia puede verse cuestionada en los procesos de sucesión de contratas en los que sea preceptivo el mantenimiento del convenio de origen a los trabajadores afectados por la subrogación empresarial. Esta tensión existente entre los artículos 84.2 y 44.4 del Estatuto de los Trabajadores también se aprecia en los supuestos en los que el origen de la obligación subrogatoria se halla en el convenio sectorial. En este sentido, la pregunta principal que trata de responderse en este trabajo es si, tras la reforma laboral de 2012, pueden aplicarse las reglas de concurrencia conflictiva a estos casos, de tal modo que el convenio empresarial de la mercantil entrante desplace, al menos en el listado de materias recogidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo de origen. A este respecto, se comprobará que la respuesta es diferente en función del origen de la obligación subrogatoria, con especial atención a las posibles particularidades en el ámbito de la sucesión de contratas en el sector público.
La reforma del sistema de pensiones: medidas de urgencia (sobre los planes de pensiones y actuaciones en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018)
Authors: Hierro Hierro Francisco Javier
Published: October 2022

Tras más de 1 año y medio de trabajos en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo todavía se desconocen las recomendaciones con las que garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre tanto, en el presente año se han puesto en marcha distintas medidas que actúan directamente sobre este marco protector. El estudio de estas nuevas reglas es el objeto de la presente colaboración.
El diálogo social se mueve: ¿qué novedades nos trae el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva?
Authors: Fernández Avilés José Antonio
Published: October 2022

1. Sobre la base jurídica del artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), el pasado 5 de julio de 2018 fue suscrito, de una parte, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra, por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC. OO.) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, para los años 2018, 2019 y 2020 (IV AENC).
La plena competencia de la jurisdicción social para declarar la responsabilidad de los administradores sociales en el pago de las deudas laborales
Authors: Gala Durán Carolina
Published: October 2022

En este auto se aborda una cuestión que, aun siendo trascendente y con una clara aplicación práctica, no está regulada adecuadamente en la normativa laboral: la exigencia de responsabilidad en el pago de las deudas pendientes al administrador o administradores de una sociedad mercantil, ya se trate de deudas salariales, indemnizatorias o de Seguridad Social (por cotizaciones u otros motivos, como es el caso de la responsabilidad empresarial en orden al pago de prestaciones regulada en el art. 167.2 Ley General de la Seguridad Social –LGSS– o el recargo de prestaciones). En efecto, en esta materia, actualmente, se diferencian dos situaciones, con un alcance y trato claramente diferenciados, tanto desde la perspectiva legal como procesal: la reclamación de las deudas salariales, indemnizatorias u otras deudas (donde se sitúa precisamente el auto que comentamos) y la reclamación de deudas por cotizaciones.