LE AUTONOMIE TERRITORIALI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO: UNA RIFORMA ETERNAMENTE INCOMPIUTA
Authors: Merloni Francesco 
Published: November 2024

En esta ponencia el Prof. Merloni repasa las últimas reformas legislativas y constitucionales para lograr una mayor descentralización en la Administración territorial italiana y llega a conclusiones generales que bien podrían aplicarse a nuestro Estado. La unidad italiana (1865) se construyó sobre la base de un centralismo romano a ultranza, heredado del modelo napoleónico francés, como antídoto al sistema de pequeños Estados y ciudades-Estado que ocupaban el territorio italiano desde la Edad Media. Este modelo centralista fue aumentado en la época fascista, llegando incluso a suprimir la autonomía local y la elegibilidad democrática de sus representantes. La Constitución de 1948 restaura la autonomía y democracia local, si bien tutelada por el Estado, y crea un nuevo poder interpuesto (las Regiones), creando así los fundamentos básicos para un desarrollo posterior, desde los años 70, del principio de descentralización, tanto a nivel regional como local. Las reformas legislativas regionales han sido tres: la creación de las Regiones de estatuto ordinario, una vez creadas las Regiones especiales entre 1946 y 1953; la transferencia de funciones administrativas desde el Estado en 1972 y una segunda transferencia en 1977, aunque limitadas por el reparto competencial de la Constitución. Las reformas de la Administración local se hicieron esperar hasta la Ley 142 de 1990, que, aunque humilde, reconoce una autonomía estatutaria a los entes locales y confirma a la Provincia como segundo nivel de gobierno local con amplias competencias. En 1993 se añade la elección directa del Alcalde y del presidente de la Provincia y se reconoce y aumenta la autonomía tributaria local. El Prof. Merloni denomina “reformas territoriales” las que han afectado tanto a las Regiones como a la Administración local, comenzando por las efectuadas, a nivel legislativo, por las Leyes 59 de 1997 y 112 de 1998, que consagran el federalismo administrativo y la descentralización de competencias regionales a los entes locales, respectivamente. La letra de la Constitución impedía reformas más profundas. Es por ello por lo que en los años siguientes se promovieron dos ambiciosas reformas constitucionales. La reforma de 1999 introdujo la elección directa del Presidente regional y aumentó la autonomía regional mediante la reforma de los estatutos regionales. La reforma de 2001 modificó completamente el Título V de la Constitución, cuyas principales novedades fueron: la igualación de los tres niveles de Administración territorial (art. 114); se procede a un nuevo reparto de las competencias legislativas, dejando en manos de las Regiones la titularidad de aquéllas no enumeradas (art. 117,2); el reconocimiento constitucional de la autonomía normativa local (art. 117,6), en manos del estado y de las Regiones; la proclamación del principio de subsidiariedad a favor de los entes locales (art. 118) y del principio de autonomía financiera (art. 119); la desaparición del “interés general” como cláusula de intervención estatal en los asuntos regionales y locales y de las normas de control externo sobre las Regiones (art. 125) y entes locales (art. 130). El Parlamento de centro-derecha salido de las nuevas elecciones intentó su propia reforma constitucional, pero la Ley constitucional quedó abrogada al no ser respaldado el referéndum posterior a su aprobación, que aumentaba las competencias regionales en materias hasta entonces indiscutibles para el Estado (educación, sanidad, policía). Finalmente, el Porf. Merloni realiza unas interesantes reflexiones sobre el necesario alcance limitado de las reformas constitucionales aprobadas por el partido en el Gobierno sin el apoyo de la oposición y sobre el modelo óptimo de descentralización que se espera en Italia. Llega a la conclusión de que tanto el Estado (en extremo celoso de sus competencias), como las Regiones (de las suyas) y los entes locales (renuentes a recibir más competencias cuando carecen de financiación para ejecutarlas) bloquean la ejecución real de las reformas legislativas y constitucionales de descentralización administrativa. A ello hay que añadir el inquietante déficit de las cuentas públicas del Estado y la comodidad en que se han instalado las Regiones y Administración local al ejecutar hasta el detalle la legislación del Estado, muy perezosas ante la azarosa tarea de diferenciación organizativa y competencial.