El aseguramiento de la calidad en la educación superior
Authors: Marín Zuluaga Dairo Javier 
Published: January 2025

A través de la educación las sociedades transmiten el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores a las personas que las integran; a su vez, la educación permite el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano. Así, la educación se constituye en un derecho fundamental y en uno de los principales bienes públicos para cualquier país. Es por esto que,el Estado tiene la obligación de  garantizar una educación de calidad en todos los niveles de formación.En Colombia, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) está conformado por tres subsistemas interrrelacionados: Subsistema de evaluación, Subsistema de información y Subsistema de fomento (1). En conjunto, el sistema de aseguramiento busca establecer y garantizar las condiciones mínimas de calidad para que una institución, un programa, una seccional, etc, puedan ser creados y se autorice su funcionamiento en el país. Asimismo, hace seguimiento a la deserción estudiantil y a la situación laboral de los egresados; concede la certificación de alta calidad a aquellos programas e instituciones que voluntariamente asumen este procesoy realiza acompañamiento a las instituciones que lo requieren, en lo que tiene que ver con la implementación y seguimiento de los planes de mejora resultado de las autoevaluaciones.En el aseguramiento de la calidad intervienen: el Estado; las Instituciones de Educación Superior, mediante procesos de autoevaluación y proveyendo el recurso humano de pares evaluadores que acompañan los procesos de evaluación externa; y entidades acreditadoras, que bien pueden ser estatales o privadas. Estos tres actores desarrollan acciones encaminadas a la promoción, gestión, mejoramiento permanente de la calidad de las instituciones y programas de educación superior, y a la evaluación del impacto en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de la sociedad.Mientras que la obtención del registro calificado, para la creación de un programa o de una institución de educación superior es de carácter obligatorio en el país, la acreditación en cambio es un proceso voluntario. Esta decisión se tomó originalmente bajo “la idea de la autonomía y la autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales” (2). Sin embargo, la situación del sector educativo en Colombia ha variado sustantivamente desde los años 90 del siglo pasado, cuando iniciaron los procesos de acreditación, hasta este primer cuarto del Siglo XXI. Sin duda, una institución de educación superior que apuesta por la calidad requiere invertir recursos adicionales en la gestión, lo que la diferencia de una que basa su gestión en una visión de negocio y en criterios de lucro, mediante la oferta de titulaciones que se obtienen de manera fácil y rápida. Estos dos tipos de instituciones pueden englobarse como aquellas que realizan una gestión de “apropiación académica” y aquellas que hacen una gestión de “apropiación empresarial” (3). En ese sentido, corresponde al Estado garantizar que la inversión social en educación se realice bajo un imperativo de calidad como marco, en el cual las IES desarrollan sus funciones misionales. Así pues, está demostrado que la acreditación de alta calidad impacta positivamente los procesos de enseñanza – aprendizaje, dentro de las IES que los asumen y en los sistemas nacionales de educación (4). Sea este entonces, probablemente, el momento para discutir sobre la conveniencia de avanzar hacia la obligatoriedad de la acreditación de programas e instituciones en el país. Todo programa debería requerir para la renovación de su registro calificado, el inicio del proceso de acreditación de alta calidad. Aquellos que no consigan esta acreditación deberían entrar en un plan de mejora y de no conseguirla por segunda vez, no deberían obtener el permiso para funcionar, en tanto no reúnen las condiciones de calidad que el desarrollo del país y los proyectos personales de los egresados requieren. Finalmente, se hace importante reafirmar que sin excepción, el desempeño de los profesionales, técnicos y tecnólogos en todas las áreas del conocimiento impacta la calidad de vida de las personas; por ello, corresponde al Estado garantizar, a través de la calidad de los programas e instituciones donde se forman, que este impacto sea positivo y que aporte al desarrollo de todo el país.