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Un criterio fundamental en la delimitación del recargo por prestaciones: la relevancia, en términos de gravedad, del incumplimiento empresarial
Authors: Megino Fernández Diego
Published: October 2022

Como seguro es conocido, en su artículo 40.2 la Constitución Española (CE) dirige un mandato firme y específico [convertido en garantía expresa a favor de la mano de obra en el art. 4.2 d) ET] a los poderes públicos, a los cuales compete velar en términos generales por la seguridad e higiene en el entorno productivo. De su combinación con el universal derecho de la ciudadanía a la protección de la salud (art. 43.1 CE), surge la necesidad de desplegar en el ámbito productivo una óptima política tuteladora; razón de ser de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y de toda su normativa complementaria y de desarrollo.
Precariedad contractual y garantías colectivas: ¿La devaluación alcanza al crédito horario?
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

Dentro del estatus específico de los representantes de los trabajadores, sin duda la garantía del crédito horario alcanza una importancia práctica particular, al ser garantía necesaria para la efectividad de su función representativa. Tal relevancia también tiene reflejo en la elevada conflictividad que suscita y, por consiguiente, en su gran interés práctico y científico. De todos es conocido que esa garantía se reconoce en el artículo 68 e) del ET, que incluye un régimen de Derecho necesario relativo, esto es, dependiente del número de trabajadores de cada empresa pero mejorable por negociación colectiva. Esta, además, podrá prever la opción de acumular tales horas en uno o varios de los representantes concernidos.
El lento, pero inexorable, camino hacia la privatización de la gestión del servicio público de colocación: nuevos pasos
Authors: De las Heras García Aránzazu
Published: October 2022

El consenso generalizado a la hora de evidenciar la obsolescencia y la debilidad de nuestras «políticas activas de empleo» en general, y de la «política de colocación» en particular, y el malestar de las instituciones europeas por la lentitud en la culminación de un nuevo «modelo de partenariado» público-privado en la actividad de ajuste entre la oferta y la demanda de empleo es el punto de partida del estudio que se desarrolla en las páginas siguientes.
En él se efectuará un repaso de la legislación que, desde 1994 hasta la recientemente aprobada Ley 18/2014, de 15 de octubre, ha flexibilizado la gestión del servicio de intermediación laboral, abriéndolo, de un modo u otro, a las empresas privadas.
Pero el contenido no se limitará a efectuar ese recorrido por la regulación a través del tiempo, con detenimiento mayor en las novedades que al respecto se han producido en el año en curso, sino que se buscará evidenciar los principales problemas que su aplicación práctica conlleva, con el objetivo final de dejar constancia de las contradicciones y desajustes existentes en ambos ámbitos derivados de una regulación que ni es plena, ni coherente, ni transparente respecto al conjunto de agentes que hoy toman parte de la actividad de intermediación.
La constitucionalización del empleo público en los Estados Unidos de América
Authors: García Torres Alba
Published: October 2022

En el contexto actual de crisis económica se han planteado en nuestro ordenamiento jurídico reformas de diverso calado que han afectado de manera intensa a la Administración pública, lo que correlativamente ha suscitado un debate sobre el alcance y contenido del empleo público. En este contexto, un estudio de derecho comparado resulta de interés para facilitar la articulación de soluciones o servir de referencia para propuestas de lege ferenda, en el camino de crear un sistema coherente con las atribuciones estatales, y con el debido respeto a las garantías constitucionales.
Para ello se ha elegido como ordenamiento de referencia el de los Estados Unidos de América, ya que posee una estructura descentralizada y un volumen de empleo público relevante sobre el total de la población activa. El presente trabajo se centra en analizar la relación laboral de empleo público en los Estados Unidos desde la perspectiva de la aplicabilidad de las garantías constitucionales a los servidores públicos. En concreto, se aborda la evolución jurisprudencial y legal sobre la virtualidad de la «Declaración de Derechos» en las relaciones de trabajo en el seno de la Administración.
Derecho de asociación y derecho de sindicación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
Authors: Almendros González Miguel Ángel
Published: October 2022

En el plano europeo, el derecho de asociación y sindicación se recoge en al artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH, Roma, 1950). Dicho precepto, tras reconocer que «toda persona» tiene derecho a «la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otros, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses», matiza que «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos». Por tanto, pese a esa vocación universalista, admite restricciones para ciertos colectivos profesionales, como pueden ser los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.
Frente al desempleo de larga duración: ¿Es adecuado un Programa «Extraordinario» para un problema «estructural»?
Authors: Fernández Avilés José Antonio
Published: October 2022

1. El desempleo de larga duración en España comienza a adquirir un carácter «estructural» sin precedentes en nuestro mercado de trabajo. Algunas cifras generales de nuestro país son muy significativas: la duración del desempleo se ha incrementado desde aproximadamente cinco meses en 2008 hasta ocho meses en 2012 [OIT: Global Employment Trends 2014. Risk of a jobless recovery?, ILO, 2014]; en el segundo trimestre de 2014, el 62,1 % de los desempleados llevaban un año ininterrumpido o más en paro y casi un 42,4 % llevaba dos años o más. A pesar de la incipiente mejora en el crecimiento de nuestra economía, los datos macroeconómicos no se traducen en una «significativa» mejora en los datos de crecimiento del empleo. Y ello en un contexto de ralentización en el ritmo de crecimiento de la población activa (por desánimo, búsqueda de empleo en el extranjero o retorno a los estudios), lo que determina que las tasas de actividad sean también muy bajas. En el trasfondo de esta situación se hallan las peculiaridades de nuestra estructura productiva y el poco avance producido en el crecimiento de los sectores económicos tecnológicos y de mayor valor añadido. La falta de transformación de nuestro modelo productivo está siendo una rémora para alcanzar unos crecimientos sostenibles también en términos de crecimiento del empleo de calidad.
¿Inflación académica? Formación y gestión del conocimiento en la nueva economía: De la «war for talent» a los entornos colaborativos virtuales
Authors: Salas Bernalte Fernando
Published: October 2022

El presente trabajo realiza una revisión de los fenómenos de sobrecualificación en los recursos humanos –y otros problemas concomitantes como la pretendida «inflación académica»– en el contexto del profundo cambio disruptivo determinado por las tecnologías digitales. En un escenario de auténtica «explosión cognitiva», caracterizado por la insuficiente capacidad individual para asumir e integrar la totalidad de información sobreabundante de las redes en la propia experiencia laboral, se replantea la significación misma de la formación y los títulos académicos al tiempo que irrumpen novedosos sistemas de acreditación on-line.
Desde una revisión analítica y teorética del capital humano en la Economía del conocimiento –devenido ya en auténtico «capital intelectual» en entornos que comportan la composición de tareas diversas y parcelarias en una densa red de mediaciones interdependientes, complejas y laberínticas–, se destaca la nueva dimensión colaborativa del trabajo en la red que, con creciente interdisciplinariedad y holismo, en «inteligencia de enjambre», ha venido a suceder a los conocidos paradigmas de la «guerra por el talento».
Empleo público y contratos de «indeterinos»: De la azarosa racionalización judicial a la continua confusión legal
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

El contrato de trabajo de indefinidos no fijos es una figura de creación jurisprudencial con la que trata de conciliarse la garantía administrativa de acceso por méritos a un empleo fijo en la Administración pública con la sanción laboral de indefinición de todo contrato realizado en fraude de ley, prevista en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores. La ausencia inicial de referente normativo y, cuando lo hubo, la inercia de la jurisprudencia en su posición extralegal anclada en una forzada aplicación analógica de las previsiones del contrato de interinidad por vacante, determinó que las reglas rectoras de este contrato alcanzaran grados elevados de confusión e incoherencia. La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014 (rec. núm. 217/2013) supone la rectificación de esta incomprensible jurisprudencia y el sometimiento al imperio de la ley. No obstante, la Ley 15/2014 viene a introducir nuevos elementos de confusión en el acceso al empleo público, en lo que parece una reacción del legislador ante la nueva jurisprudencia protectora y que confirma que, ya sea directa o indirectamente, en el contrato de indefinido no fijo, legislador y jurisprudencia mantienen una relación antagonista.
Disciplina en la Guardia Civil y límites: ¿Es digno practicar deporte en situación de baja médica?
Authors: Perán Quesada Salvador
Published: October 2022

Acercarse al régimen jurídico de la Guardia Civil requiere de algunas cautelas, dada su naturaleza militar y su singular configuración jurídica, que lo diferencia del régimen laboral y funcionarial. Pero esta sentencia resulta especialmente interesante precisamente en aquello que implica una delimitación conceptual de algunos de sus rasgos más profundos que individualizan y diferencian este marco normativo. Resulta necesario recordar el lugar especial que la disciplina ocupa en la organización militar del Cuerpo de la Guardia Civil, concepto que desborda el mero cumplimiento de las leyes y estatutos del Cuerpo, para constituirse como elemento ontológico de la propia relación, que alcanza incluso el necesario compromiso personal del servidor público con los principios y valores de la Institución a la que pertenece. Pero del mismo modo, hay que evidenciar la evolución normativa en el régimen disciplinario de la Guardia Civil con el objeto de integrar determinadas garantías jurídicas, que permitan un régimen disciplinario moderno y equilibrado y que fundamentan la decisión aquí comentada.
Contratos de colaboración social: Profundización normativa y jurisprudencial de su configuración jurídica
Authors: Salas Porras María
Published: October 2022

Una revisión de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español desde la perspectiva del empleo público en cualquiera de sus formulaciones lleva a concluir que, entre otros, los trabajos de colaboración social –o mejor, las litis con este objeto de disputa– son una temática no solo recurrente sino, además, especialmente frecuente en el último quinquenio.
Ello, unido a la escasa normatividad que al respecto de estos contratos existe, nos ha conducido al desarrollo del presente trabajo que, ante las persistentes y desalentadoras cifras de desempleo concurrentes, ofrecen un escenario idóneo para afrontar esta tipología contractual, con el objetivo de profundizar en el análisis de la configuración y ordenación jurídica de sus elementos identificativos así como de su finalidad última.
Las prestaciones sanitarias a través de medios ajenos al Sistema Nacional de Salud: Un análisis jurisprudencial de los supuestos más controvertidos
Authors: Rodríguez-Rico Roldán Victoria
Published: October 2022

El presente estudio aborda el derecho a la asistencia sanitaria, reconocido en el artículo 43 de la Constitución española, cuando se hace efectivo al margen de las estructuras propias del sistema público sanitario. La normativa vigente únicamente alude de forma expresa a la urgencia vital como supuesto habilitador de la articulación de la técnica del reintegro de gastos médicos. Pero ello no parece que haya resuelto las dudas sobre la procedencia del reembolso cuando son otras las causas que motivan que las prestaciones sanitarias se dispensen fuera del Sistema Nacional de Salud. Por citar algunos ejemplos, ¿tendría derecho un paciente a ver reembolsados los gastos de la atención que recibe en un establecimiento privado cuando el sistema público le denegase indebidamente la asistencia sanitaria? ¿Y si el recurso a la vía privada estuviese motivado con base en un error de diagnóstico en los servicios públicos de salud? ¿Podría obtenerse asistencia sanitaria reembolsable en instalaciones ajenas a la sanidad pública cuando en esta se asiste a una excesiva demora en forma de listas de espera? ¿Asumiría la Administración sanitaria los costes derivados de la atención médica que recibe una persona fuera del Sistema Nacional de Salud al oponerse el tratamiento prescrito en el marco del mismo a sus creencias religiosas? Según puede advertirse, es este un tema no exento de complejidad como consecuencia de la gran casuística que incorpora, lo que justifica que la jurisprudencia haya desempeñado una labor crucial al respecto. A la luz de la misma se analizarán en este artículo las prerrogativas e implicaciones más relevantes de los supuestos, no tan inusuales, en que los servicios sanitarios se dispensan al margen de las estructuras dispuestas por el sistema público.
Legitimación sindical y proceso del despido colectivo: Una lectura de favor actionis
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

La modalidad procesal especial de despido colectivo es relativamente de nuevo cuño en nuestro sistema procesal, y dada su mixtura –a caballo entre un proceso colectivo y un proceso de despido–, y su recurrente uso desde que apareció en nuestro sistema procesal –con la reforma operada por la Ley 3/2012 en la Ley 36/2011 (LRJS)–, no paran de surgir problemas de una gran hondura, teórica y práctica. En un plano formal o estructural, el legislador no ayudó mucho a la solución de estos problemas, porque toda la complejidad la quiso contener en un solo precepto, para no alterar la previa estructura de la LRJS por la introducción de la modalidad de despido colectivo. De ahí, la extensión del artículo 124 de la LRJS, que integra en exclusiva la sección 2.ª del capítulo IV del título II de esta norma, reemplazando en su ubicación a la precedente vía de nulidad de la extinción no autorizada administrativamente o por el juez del concurso, en su caso, o efectuada con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En suma, este exceso de «constricción» formal del precepto contribuye claramente a la existencia de múltiples «vicios jurídicos» en su ordenación, proliferando las lagunas, antinomias y, en general, las deficiencias en esta modalidad procesal que en él se regula.
La política de formación de desempleados en España: Una medida esencial para la mejora de la empleabilidad
Authors: Alujas Ruiz Joan Antoni
Published: October 2022

Nuestro estudio se centra en el análisis de una política activa esencial como es la formación orientada a los desempleados en España. Después de repasar la evolución del marco normativo se analizan los resultados de la formación de desempleados en términos de su contratación posterior y sus tasas de inserción laboral por género, edad, nivel de estudios y sector de actividad en el periodo 2004-2013. La comparación de la distribución de los alumnos formados con la distribución de los demandantes de empleo parados y su tasa de cobertura nos permitirá señalar cómo afecta la formación a los diferentes colectivos.
La conclusión más evidente que se deriva del análisis de los resultados a nivel nacional es la caída de las tasas de inserción laboral y de la cobertura de los parados en la formación durante el periodo analizado, determinada sin duda por la situación del mercado de trabajo derivada de la crisis económica.
La relevancia del tema se refleja en la importancia otorgada a la formación de desempleados en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 y su desarrollo en el Real Decreto-Ley 4/2015 para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos formados y aumentar así sus probabilidades de encontrar empleo.
El binomio resiliencia y motivación. Una escala de análisis y medición
Authors: Crespi Vallbona Montserrat , Vizuete Luciano Emili , Mascarilla Miró Óscar , Boria Reverter Sefa
Published: October 2022

La motivación, como fuerza impulsora, es un pilar básico en cualquier ámbito de la actividad humana: familiar, de ocio o laboral. Se trata de un proceso psicológico que produce el despertar, la dirección y la persistencia de acciones orientadas a la consecución de un objetivo. Por otro lado, las personas resilientes tienen una fuerte sensación de control sobre los acontecimientos, están más abiertas a los cambios en la vida y buscan permanentemente la manera de lograr superar una situación estresante. Nuestro objetivo es encontrar el paralelismo existente entre la motivación y la resiliencia dentro del equipo humano de una organización. Y en consecuencia, aportar un modelo único de medición de la motivación y la resiliencia.
La nueva regulación normativa de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social
Authors: Sánchez Pérez José
Published: October 2022

Las mutuas de accidentes de trabajo iniciaron su andadura en el año 1900 al amparo de la Ley Dato sobre accidentes de trabajo. Desde entonces el protagonismo de las mismas ha sido variable. Ya en el año 1963 con la publificación del sistema de Seguridad Social se abrió el debate de su eventual desaparición, abandonando definitivamente el sector las compañías privadas de seguros a las que se achacaba el carácter antisocial de su intervención. A partir de esta fecha el protagonismo de estas entidades, centrado inicialmente en la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se ha ido engrosando de forma significativa abarcando cada vez más prestaciones. Entre ellas cabe citar la realización de actividades de prevención de riesgos laborales y la gestión de varias prestaciones (prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria en contingencias profesionales; prestación económica por incapacidad temporal en contingencias comunes; prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia; la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la gestión de determinados aspectos de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes). La nueva Ley de Mutuas 35/2014, en vigor desde el 1 de enero de 2015, ha venido a configurar un nuevo modelo en el que las mutuas pasan a denominarse colaboradoras de la Seguridad Social, se define el nuevo marco de actuación de las mismas en el sistema y se amplía significativamente su papel en la gestión de la incapacidad temporal de carácter común.
Nuevo revés judicial a la reforma laboral: La reducción de jornada por guarda legal no se agota en la «diaria»
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

Dentro del grupo de «medidas de favor hacia la flexibilidad de gestión interna», la reforma laboral de 2012 introdujo una modificación en el régimen «legal» de la reducción de jornada de trabajo por cuidado de hijo menor –entonces de 8 años, hoy de 12– o de otros familiares dependientes, ex artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET), tan trascendental en su pretensión gubernamental como concreta en su formulación textual: la concreción de esa reducción le corresponderá al trabajador –o, según la situación lamentablemente normal en la práctica, a la trabajadora–, sí, pero debe acotarla dentro de la «jornada ordinaria diaria». No solo por su sencillez, sino también por el silencio que el Gobierno-Legislador, en primera instancia, y luego el Legislador, guarda sobre las razones del cambio, pudiera parecer un cambio inocuo respecto al régimen «jurídico» precedente. Nada más alejado de la realidad, porque se trata de un silencio muy elocuente, que quiere producir, sin alertar sobre ello, un cambio radical, no tanto en el régimen legal, que se mostraba impreciso y abierto, sino en la práctica jurídica precedente. Me refiero a una doctrina constitucional, también ambigua pero favorable, por lo general, a que el derecho de concreción no se agotara en un parámetro único y restrictivo temporal, sino que permitiese un mayor margen de autodeterminación razonable a favor del interés de la persona titular del derecho –mujer u hombre–. Por lo tanto, esa omisión explicativa del Gobierno-Legislador para nada dificulta al intérprete fijar cuál es la principal razón de ser del cambio. También en este caso, como tantos otros de la reforma, la novedad mira de una forma muy directa a la corrección de una comprensión o hermenéutica judicial favorable a un uso garantista de este derecho de conciliación y, por tanto, obstaculizadora de un uso más transaccional y equilibrado con la función productiva de la empresa. En suma, la lectura del enunciado normativo, o de la norma formal, conforme tanto al sentido literal de la palabra –jornada diaria– cuanto a la realidad práctica precedente, así como al «plan de la Ley» –art. 3 Código Civil (CC)–, llevaría a una regla de aplicación restrictiva del derecho, pretendiendo poner fin a prácticas anteriores de reducción de jornada concretada no solo en determinados días, normalmente los de mayor actividad productiva pero menor posibilidad de conciliación –fines de semana–, sino también en la modificación del régimen de turnos.
La posibilidad de lucrar la prestación por maternidad en el Régimen General y en el reta desde la situación de excedencia por cuidado de hijos
Authors: Blasco Jover Carolina
Published: October 2022

Una de las medidas a través de las cuales el ordenamiento laboral prevé que el trabajador pueda disponer de cierto tiempo libre para el cuidado de hijos es la excedencia que se contempla en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995 –ET–. Con ella, se pretende, como es conocido, que el trabajador pueda atender personalmente las necesidades del hijo (natural, adoptado o acogido) durante un periodo de tres años en los que se le dispensa de la obligación de prestar servicios. A su vez, sin embargo, decae también la obligación del empresario de abonar el salario, circunstancia esta que es en cierta forma paliada tanto por las normas laborales como por las de Seguridad Social. Lo primero porque el párrafo quinto del precepto estatutario antes mencionado dispone, de un lado, que todo el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y, de otro, que el trabajador tendrá garantizada la reserva de su puesto de trabajo durante, por regla general, el primer año de excedencia, y la reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo profesional durante los dos años siguientes. Y lo segundo, porque, en virtud del artículo 180 del Real Decreto Legislativo 1/1994 –LGSS–, los tres años de excedencia se califican de efectivamente cotizados a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, lo que supone, entre otras cosas, que a los beneficiarios del derecho se les considera, durante todo el periodo, en situación de alta.
Responsabilidad Social Compartida: Un nuevo modelo de gestión y desarrollo de personas como garantía de éxito y competitividad organizacional
Authors: Madrid García Antonio
Published: October 2022

El directivo de recursos humanos ha evolucionado al igual que lo ha hecho el propio departamento. La creación de este marcaba el comienzo. Posteriormente, el reto era transitar desde una concepción administrativa hasta una concepción estratégica como miembro en el comité de dirección. Pero el camino aún no ha finalizado. Ahora, el directivo de recursos humanos debe iniciar otra etapa con el objetivo de que la organización sea mucho más competitiva y obtenga el éxito perseguido. Para ello, apostamos por una orientación multidimensional e integradora en la que se dan cita múltiples agentes con distinto nivel de responsabilidad y que está mediatizada por una realidad socioeconómica caracterizada por el descenso del índice de natalidad, la prolongación de la esperanza de vida, los movimientos migratorios, el sistema de pensiones y el nivel de desempleo. Debido a lo anterior, el modelo debe permitir la individualización de todas las políticas de recursos humanos para que respondan a las inquietudes y expectativas de cada uno de los empleados, al tiempo que se obtienen, cómo no, los objetivos perseguidos por la estrategia de la organización. Denominamos a esta orientación: modelo de responsabilidad social compartida.
Huelga y contratas en el grupo Prisa: El plus de tutela del Tribunal Supremo frente a la Audiencia Nacional
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

Como es sabido, la huelga es un derecho protegido al máximo nivel en la Constitución Española (CE), que en su artículo 28.2 le otorga el rango de derecho fundamental. Con todo, continúa regulado en el preconstitucional Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo (RDLRT) que, pese a su depuración constitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, proyecta una concepción poco acorde con el carácter fundamental del derecho desarrollado. Esta construcción jurídica concebida para relaciones bilaterales se aprecia con claridad en diversos aspectos de la regulación de la huelga, entre ellos en la prohibición del «esquirolaje», que constituye la cuestión nuclear de la sentencia examinada, puesto que el artículo 6.5 del RDLRT únicamente la refiere al «empresario».
Dirección por competencias: estudio práctico de caso en la Armada española. Una propuesta de evaluación
Authors: Alonso Seoane María Jesús , Carrasco Pena Pedro
Published: October 2022

Este trabajo supone una profunda reflexión teórica sobre el moderno sistema de gestión por competencias y hace una propuesta para aplicarla a una unidad de la Armada española, donde se ha realizado la investigación a través de encuestas, entrevistas y análisis documental. Hemos elaborado perfiles de competencias para el departamento técnico de la inspección de construcciones de la Armada española en Ferrol, ejemplificando, con un estudio de caso, la evaluación de los recursos humanos mediante perfiles de competencias. Se describen los sistemas reales de evaluación existentes en este momento y se incluye una propuesta que cambie el sistema de evaluación actual, donde lo más valorado es el tiempo en lugar de las habilidades.
La relación laboral de la alta dirección pública en el sector autonómico sanitario español: Un caso «especial»
Authors: Benito García Pelayo
Published: October 2022

Mucho antes de lo ocurrido en el caso de otros directivos públicos españoles a partir de 2007, el sometimiento a la relación laboral especial de alta dirección de los directivos que prestan servicios en instituciones sanitarias de titularidad pública se apoyó en la existencia de una habilitación legal sectorial que data de los años 90, ley que fue posteriormente transformada en una norma de rango reglamentario y carácter residual. Ello no impidió que fuese considerada suficiente a esos efectos gracias a una línea jurisprudencial iniciada en 2001, consolidada en 2012 y ratificada en 2014 y 2015, según la cual a estos directivos públicos les es de aplicación una concepción «formal» de la relación laboral especial de alta dirección, alejada por completo de la tradicional concepción «material» construida por la jurisprudencia en dicha materia. Así pues, la consecuencia es que la «profesionalización» de dichos directivos públicos continúa siendo un «desiderátum», ya que los Gobiernos autonómicos han seguido aplicando en la selección de sus directivos sanitarios el principio de confianza política y su correlato, el sistema de libre designación y cese de dichos directivos, amparándose en la regulación por parte del legislador estatal de la relación laboral especial de alta dirección. La mayoría de las comunidades autónomas, por no decir todas, ha renunciado de facto a ejercer su potestad reglamentaria de regulación de las condiciones de empleo de su personal directivo sanitario, pese a existir, a diferencia de lo que ocurre con otros colectivos de directivos públicos, un auténtico mandato legal para hacerlo que data del año 2003.
Despido colectivo de hecho en centro de trabajo de un grupo empresarial: Una nueva doctrina judicial ¿correctora o abrogatoria?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

Sabido es que el concepto de despido colectivo presupone, junto a un elemento causal –motivo de la decisión– y temporal –arco temporal a tener en cuenta para el cómputo–, otro cuantitativo –número de despidos afectados que han de tenerse en cuenta para activar el procedimiento específico de gestión dialógica o negociada previsto en la regulación–. Para su determinación precisa es necesario identificar la unidad organizativa de referencia normativa, teniendo en cuenta que las organizaciones productivas, incluso las de medianas y menores dimensiones, asumen, desde hace tiempo, una «estructura interna» diversificada y compleja –centros de trabajo, empresas unitarias, grupos empresariales, redes de empresas, etc.–. Pues bien, que el legislador nacional español, a diferencia de otros europeos, no se limitó, a la hora de trasponer la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, a transcribir literalmente lo previsto en ella, ni tan siquiera a elegir una u otra de las dos posibilidades que le ofrecía, no es ningún secreto, y si lo fuese sería «a voces», porque ha venido siendo objeto de comentarios y análisis múltiples desde hace dos décadas, con diferentes posiciones críticas.
El conflicto trabajo-vida y su efecto en el compromiso organizativo y deseo de permanecer en la organización. Estudio en trabajadores de alta cualificación
Authors: Sánchez Vidal M.ª Eugenia , Segado Segado Ignacio , Cegarra Leiva David
Published: October 2022

Este trabajo ha obtenido el Premio Estudios Financieros 2015 en la modalidad de Recursos Humanos.Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don Fernando Chacón Fuertes, don Adolfo Blanco Martínez, don Tino Fernández Arias, don José Ángel López Palomo y doña Dulce Subirats Sueiras.
El conflicto entre el rol laboral y personal es uno de los temas prioritarios en la Unión Europea en el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa por la repercusión que tiene en la igualdad de género y de oportunidades en el mundo laboral. España es uno de los países europeos donde los trabajadores experimentan un mayor conflicto entre roles debido, entre otras razones, al horario partido tan extendido en muchas empresas, la presencia de una cultura organizativa que premia el presentismo frente a los resultados y el bajo apoyo de la dirección al uso de las medidas de conciliación en los trabajadores.Los problemas derivados de la falta de conciliación afectan a la sociedad en su conjunto y a las empresas, aspecto último en el que se centra esta investigación. En concreto, debido a que las investigaciones sobre el conflicto de roles y sus efectos en empresas y ámbitos muy masculinizados (p. ej. ingeniería) son casi inexistentes, este trabajo se plantea estudiar los efectos del conflicto trabajo-vida personal en dos variables clave de las empresas: el compromiso y el deseo de abandonar las organizaciones por parte de los trabajadores. Para ello, se ha empleado una muestra de 856 ingenieros a nivel nacional. Los datos permiten confirmar las dos hipótesis de investigación que se plantean y formular las recomendaciones a empresarios e instituciones para lograr una sociedad más igualitaria reduciendo el conflicto de roles de los trabajadores y mejorando asimismo los niveles de compromiso y retención de estos profesionales cualificados.
Otro «juicio salomónico»: Carácter colectivo, pero trato individual para el crédito horario
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

Que la larga andadura y la estabilidad de la regulación de una institución jurídica no supone que la delimitación de todos sus elementos sea clara y sus criterios aplicativos sean pacíficos es una realidad que no deja de constatarse respecto del crédito horario. Muestra de ellos son las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 15 y 18 de julio de 2014 (relativas, respectivamente, al crédito horario de representantes unitarios y contrato a tiempo parcial y al cómputo de trabajadores a efectos de cálculo del crédito horario de secciones sindicales de empresa), comentadas en esta misma sección en números precedentes de la Revista. A ellas viene a sumarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2015, que plantea si debe descontarse o no en el cómputo anual del crédito horario de los delegados sindicales el preceptivo mes de vacaciones anuales.
«Envejecimiento activo» versus prohibición de «despido por edad»: ¿Quién debe pagar los costes sociales?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

En todas las épocas, el Derecho ha conocido una radical distinción, que determina que el «deber ser» –lo que las normas prescriben cómo debería ser el mundo– se diferencie de lo que «es» –lo que la práctica enseña que sucede en la vida cotidiana–. Hoy en día, uno de los tópicos más relevantes que desafían, y confirman, esa recurrente tensión entre los valores superiores que predican nuestros Códigos de derechos fundamentales y nuestras prácticas –en especial de gestión económica y empresarial– es el relativo al llamado «envejecimiento activo», fenómeno-conflicto social intergeneracional generalizado en las sociedades europeas.
En busca del equilibrio «natural» perdido: ¿Qué suerte para el III AENC?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

1. Ahora que estamos a punto de cerrar esta convulsa Legislatura, socio-laboralmente marcada sin duda por la intensa, unilateral y polémica reforma laboral promovida a principios de 2012 y que posteriormente ha tenido otros episodios significativos –por ejemplo, el RDL 16/2013 en relación con el trabajo a tiempo parcial–, es oportuno, por un breve instante, echar la mirada atrás. Por supuesto, no tiene tal retrospectiva ninguna intención nostálgica, al contrario, busca encontrar mejores claves para avanzar progresando en el futuro inmediato. Con esta perspectiva, ponemos la referencia para nuestra «máquina del tiempo» en la siguiente fecha: 6 de febrero de 2012.
Responsabilidad de la empresa de trabajo temporal en el accidente de trabajo: ¿Tiene límites la deuda de seguridad?
Authors: Miñarro Yanini Margarita
Published: October 2022

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) responde al modelo de seguridad integral que tomara de la Directiva Marco, que constituye su base y a la que frecuentemente es fiel en exceso. Desde esta concepción, esta ley traza un extensísimo ámbito preventivo/protector a favor del trabajador, que abarca todos los riesgos posibles y que, consecuentemente, requiere el mayor nivel de prevención y protección por parte del empresario-deudor de seguridad. Tanto la formulación de las obligaciones preventivas –plagada de conceptos jurídicos indeterminados que buscan un efecto extensivo–, como diversos preceptos de la LPRL, expresan de modo claro la vastedad de este derecho. Significativos son en este sentido los artículos 1 y 14.2. El primero de estos delimita la normativa de prevención de riesgos laborales incluyendo, además de la LPRL y sus muy numerosos reglamentos de desarrollo, «(…) cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito». El segundo se aproxima al contenido del deber de protección señalando que en su virtud el empresario ha de garantizarla «(…) en todos los aspectos relacionados con el trabajo», comportando este, además de la observancia de las obligaciones legales específicas «(…) la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores». En suma, el empresario está sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en cualquier disposición que pueda tener incidencia en este ámbito –pues constituyen normativa preventiva, a tenor del art. 1–, debiendo proteger a los trabajadores frente a todo riesgo vinculado al trabajo y adoptando cuantas medidas sean precisas a tal fin.
Excedencia por cuidado de hijos y familiares: Compatibilidad con el trabajo por cuenta propia o ajena y competencia desleal
Authors: Prieto Padín Patricia
Published: October 2022

El presente ensayo aborda la posibilidad de que quien disfruta de una excedencia por cuidado de hijos y/o familiares la haga compatible con una actividad por cuenta propia o ajena. La falta de un norte legal firme, unida a la abundancia de ocasiones en que la situación se presenta, ha dado pie a posiciones abiertamente encontradas en los Tribunales Superiores de Justicia, mucho más cuando entra en juego la cuestión de la competencia desleal al calor de cláusulas convencionales que la circunscriben a la ocupación en el mismo sector o actividad. Recientemente el Tribunal Supremo, sobre los pasos de una línea de doctrina constitucional previa, ha sentado bases firmes para entender que cabe cohonestar esta singular excedencia y el trabajo; aún falta, sin embargo, conocer su parecer sobre la restricción introducida a través de la negociación colectiva, el contrato o impuesta por el empresario, aspectos sobre los cuales el artículo proporciona criterios que pudieran resultar de interés.
Vivir en «barrios gitanos» también margina a quienes no lo son: Discriminación por asociación
Authors: Moreno Cáliz Susana
Published: October 2022

La petición de la decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letras a) y b) de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Dos décadas de Ley, ¿veinte años de prevención de riesgos laborales?: Agridulce aniversario
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

1. El 10 de noviembre de 1995 aparecía en las páginas, en blanco y negro, del BOE, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). La LPRL más una estricta exigencia de nuestros compromisos comunitarios en esta materia –Directiva Marco– que una auténtica voluntad modernizadora, creaba unas notabilísimas expectativas, no ya solo en el ámbito normativo e institucional, sino también en el práctico. Por vez primera en nuestro Derecho posconstitucional –hasta ese momento el aspecto preventivo, a diferencia del reparador, entonces dominante, tenía rango de norma administrativa (Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo)–, se confiaba a una «ley» –auténtica «fe cívica»– no ya solo acabar –función práctica– con las insoportables tasas de accidentalidad laboral de ese tiempo –una vergüenza para nuestro sistema–, sino incluso provocar –función comunicativa– un cambio cultural al respecto. Demasiada ambición, podría pensarse, para una «ley» que, afectando al «corazón» mismo y a una de las dos «almas» de las relaciones laborales, la de «protección» frente a la de «producción», idealizaba en extremo el funcionamiento debido –ética, jurídica y económicamente (Deber Ser)– y orillaba en exceso, igualmente, la vida cotidiana en nuestras empresas –Ser–.
A vueltas con el ejercicio del derecho al reingreso del trabajador excedente voluntario
Authors: Montoya Medina David
Published: October 2022

Como es sabido, la vigente regulación jurídica de la excedencia voluntaria, contenida en el artículo 46 del ET, permanece prácticamente inalterada desde que su primera versión vio la luz con ocasión de la aprobación de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, y a salvo de la modificación operada en su duración por la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad. Pese a su antigüedad, son muchos y diversos los interrogantes que plantea dicha regulación legal, críptica en exceso, y, por ende, propicia a suscitar una acusada litigiosidad.
Zonas sísmicas en materia de negociación colectiva e interpretación judicial: ultraactividad, descuelgues y convenio de empresa
Authors: Mercader Uguina Jesús R.
Published: October 2022

Existe un consenso general en que la reforma de la negociación colectiva fue uno de los ejes centrales de la Ley 3/2012. La intervención judicial en estas materias ha resultado especialmente significativa y los numerosos pronunciamientos habidos han ayudado a marcar pautas de conducta que, en líneas generales, han servido para limitar el alcance de los objetivos perseguidos por el legislador. El presente estudio presenta las principales sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y analiza la doctrina sentada por ellas en los aspectos más conflictivos: la prioridad aplicativa de los convenios de empresa frente a los sectoriales o territoriales; la limitación de la ultraactividad y la inaplicación temporal de los convenios colectivos (el conocido descuelgue).
«Caridad alimentaria» con productos «a la venta»: ¿«justa causa» de despido regalar «1 libra de pescadilla» o «12 de cochinillo»?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

En términos del célebre paradigma de la «responsabilidad social corporativa» –RSC–, uno de los grupos empresariales españoles más reputados en nuestro país es la conocida cadena de supermercados Mercadona, que hace de la creación de confianza hacia el consumidor un eje esencial de su liderazgo. Gasta millones de euros en evidenciar y dar publicidad a su estrategia de «compromiso social» –además de medioambiental–, difundiendo por doquier su apuesta por el desarrollo de prácticas que no solo mitiguen el impacto de sus actividades en los entornos sino que promuevan el bienestar social. Entre estas prácticas de «compromiso social» destaca el mantenimiento de un programa periódico de donaciones a los diversos bancos de alimentos de España y de comedores sociales. Ahora bien, por más esfuerzo económico que se haga para tales campañas, e incluso por más que se pueda convertir en objeto de estudios científicos de casos exitosos, una decisión episódica o aislada, convenientemente difundida por los medios de comunicación y redes sociales como una «conducta socialmente irresponsable», puede arrumbar, o cuando menos deslucir, todos esos afanes. Ese podría ser el caso de la mediáticamente presentada como la «pescadilla más cara de la historia de Mercadona».
Libertad de circulación de personas y limitaciones de la acción asistencial: ¿Quo vadis modelo de solidaridad europeo?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE– prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad. En coherencia, y para la libre circulación de trabajadores, se impone la abolición de toda discriminación por esa causa con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo (art. 45.2 TFUE), así como el derecho de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo; eso sí, «en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión» (art. 45.3 TFUE). Entre ellos está el Reglamento (CE) n.º 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social. Asimismo, hay que tener en cuenta la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 (derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados –art. 24.2–).
Organización preventiva en la pyme: ¿Las comunidades autónomas no cuentan?
Authors: Soriano Arroquia Emilio M.
Published: October 2022

El artículo 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo recurso de inconstitucionalidad (objeto del presente comentario) fue planteado por la Generalitat de Cataluña, introdujo una nueva disposición adicional, la decimoséptima, en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). A su tenor, «en cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 trabajadores.
Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada».
Suicidio, accidente laboral y riesgo profesional: ¿Hora de recanalizar el desbordamiento de un concepto?
Authors: Molina Navarrete Cristóbal
Published: October 2022

El concepto «legal» de accidente de trabajo es archisabido. Y lo es, entre otras razones, porque apenas ha variado, en su comprensión básica, en sus más de 115 años de historia (Ley de Accidente de Trabajo 30 de enero de 1900 –«Ley Dato»–). Precisamente, el accidente de trabajo –notablemente antes que las «enfermedades profesionales»– sería la primera de las «contingencias laborales» / «situaciones de necesidad» sobre las que la sociedad, surgida de la conjunción entre una «revolución económica» –revolución industrial–, una «revolución cultural» –la revolución burguesa– y un «quejido social» –la «cuestión social obrera»–, inventó una forma de aseguramiento social frente a sus graves consecuencias –personales, sociales, económicas–. Ni la histórica Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que pretendía un cambio sustancial en el afrontamiento de la trágica lacra de los accidentes de trabajo –también, aunque oculta, de las enfermedades profesionales–, primando el enfoque preventivo de los siniestros laborales, se atrevió a perturbarlo. Al contrario; utilizado hasta la saciedad en buena parte de su cuerpo legislativo, rehuyó aportar un concepto propio –por ejemplo, el de «daño a la salud laboral por incumplimiento culposo de la obligación preventiva» ex arts. 4 y 14 en relación con el art. 42 de la LPRL–, limitándose a remitir, en su disposición adicional primera, al viejo concepto propio de aquel aseguramiento social –arts. 115 LGSS y 156 nuevo TRLGSS–.