770. La reconfiguración del terror
Authors:   , Sucarrat María 
Published: May 2023

Este trabajo tiene fecha de nacimiento: 3 de marzo de 2017. Había llegado a Comodoro Py para cubrir la testimonial de Josefina Giglio y de su hermano Francisco en el juicio denominado ABO Circuito III. Aunque era temprano entré en la sala. En ese momento, tras un vidrio puesto allí para separar a los protagonistas de la audiencia del público, declaraba Daniel Aldo “Andrés” Merialdo. Sus dichos, que dieron origen a este texto, acaso llegaron de manera casual. Desde una esquina de la sala Merialdo, en calidad de testigo ex detenido-desaparecido , habló de su cautiverio en cinco centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: Atlético, Banco, Olimpo, (p. 61) El Silencio (p. 101) y Esma. Y en un pasaje de su declaración, explicó al Tribunal que luego de ser trasladado y alojado en el segundo centro pudo reconocer las rejas que tenía la celda durante su primera detención. Las mismas rejas que estaban en Atlético habían pasado, junto al conjunto de personas secuestradas, a Banco. El testimonio de Merialdo, y de otros testigos y testigas que estuvieron allí ese mediodía, fue valiente y valioso de principio a fin. Pero fue un pasaje exacto el que dio vida a esta investigación: el testigo dijo reconocer las mismas rejas en otros dos centros clandestinos distintos. Lo dijo, casi como una nota al pie de su declaración. Como un dato de color. Se sonrió, lo recuerdo bien. Y así nació el interrogante acerca de los espacios que las distintas facciones de la dictadura cívico militar ocuparon para crear condiciones ilegales de detención. Ese indicio abrió paso a estas páginas que intentan dar cuenta de cómo esos lugares fueron transformados en la forma más extrema de poder de la organización moderna para poner en acto el genocidio. El traslado de las rejas de un lugar a otro del que habló Merialdo da cuenta de una organización, planeada en algunos casos e improvisada en otros. Y es justamente esa relación entre los espacios y la construcción de poder la que brinda una idea de sistematización del plan de exterminio, entendiendo el exterminio como el acto de desposeer al otro de la capacidad de defenderse y cuyo resultado no es la muerte sino la desaparición . Entonces había un supuesto orden normativo, amparado por leyes, órdenes y directivas que reglaban formalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en lo que definían su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se conducían merced a mandatos verbales y secretos. Precisamente, en lo referente al tratamiento de personas detenidas, la actividad desplegada por el gobierno militar, lejos de responder al marco jurídico, se encontraba signada por un procedimiento absolutamente ilegal, que se transformó en un tramo plagado de atrocidades que conformó el peor capítulo de la historia argentina . Desde una perspectiva arqueológica y con un abordaje en la materialidad, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) son dispositivos cuyo estudio contribuye a actualizar la memoria de los sucesos históricos y a ordenar la secuencia narrativa del pasado. Efectivamente, es en los testimonios de los testigos ex detenidos-desaparecidos donde aparecieron los primeros indicios. Algunas declaraciones quedaron plasmadas en la escena de justicia , entendida como la secuencia del proceso judicial con su correspondiente “audiencia o debate” y su instalación en tanto problema de la discusión política en el cambio de estatuto de la memoria a partir de formas de hegemonía cultural en el presente. Otras, en entrevistas o presentaciones ante la prensa. Muchas de ellas fueron recogidas por organizaciones sociales y de Derechos Humanos durante el largo tiempo de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tomadas e interpretadas por los peritos arquitectos de los juzgados, las diferentes declaraciones contribuyeron al reconocimiento de aquellos lugares convertidos en CCDTyE. Los detalles de cada uno de los Centros reunidos en las páginas que siguen fueron tomados de los testimonios recogidos en los informes producidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, de aquellos vertidos en procesos judiciales y transformados en causas, de los producidos en la Secretaría de Derechos Humanos en su momento de constitución y bajo la dirección de Eduardo Luis Duhalde, logrados en el espacio Territorios Clínicos de la Memoria que dirige Fabiana Rousseaux Duarte, y en los registros obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde muchas de esas instituciones y también desde los estudios académicos se concibieron a los CCDTyE no solo como lugares de concentración sino también como actos de apropiación de espacios que facilitaron el hecho de que se pudiera ocultar mostrando. Para que funcionara el dispositivo desaparecedor, su existencia debía ser un secreto a voces. Tal es el caso del Centro de Detención Olimpo (p. 72) que funcionaba como una Oficina de Patentamiento de la Policía Federal, razón por la cual su identificación llevó muchos años, como se verá más adelante (pág. XX). El reconocimiento de ese espacio por parte de los testigos fue muy complejo puesto que el registro que tenían quienes habían sido secuestrados así como quienes vivían alrededor era el de una simple oficina de trámites. La ocupación y transformación de los espacios comenzó antes del inicio de la dictadura cívico militar. Fue en 1974 cuando durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón se instalaron en la Argentina los primeros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Al igual que ocurrió en Alemania, su historia empezó en un contexto de improvisación y arbitrariedad. Las instalaciones se montaron en espacios delimitados y marcados, en condiciones clandestinas. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad coparon esos lugares con el fin de torturar, interrogar, violar y mantener detenidas de manera ilegal a miles y miles de personas, para luego asesinarlas y borrar las huellas del exterminio ocultando sus cuerpos. La Escuelita de Famaillá, situada al oeste de esa localidad, camino al ingenio Fronterita en la provincia de Tucumán, es el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio del que se tiene registro en la Argentina. En el marco del Operativo Independencia, funcionó desde febrero de 1975 y alojó a más de 2500 detenidos desaparecidos. En esa misma provincia, se sumaron a la Escuelita otros 61 centros clandestinos. Se trata de una construcción con capacidad para alojar a unos 40 prisioneros en ocho salas que habían sido construidas para funcionar inicialmente como aulas escolares. En 1976, con la asunción al gobierno provincial del general Antonio Domingo Bussi y el teniente coronel Antonio Arrechea designado como jefe del Comando de la Zona de Operaciones, se resolvió trasladar el Comando de la Zona de Operaciones de Famaillá al ingenio Nueva Baviera, cerrado en 1966 y desocupado desde entonces. A 40 kilómetros de allí, en los Conventillos de La Fronterita, a solo 300 metros del Ingenio, se levantaban las casas de los trabajadores. Una de ellas fue utilizada para alojar detenidos y detenidas. Dos cuartos pequeños con puertas de entrada independientes. En uno, una mesa de cemento en la que se realizaban las torturas. En 1976, en Tucumán, también se habilitaron como campos de concentración la Jefatura Central de Policía, la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán (p. 106) y una habitación dentro de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga (p.125). Los detenidos fueron trasladados a esa compañía o “El Arsenal” o “El Motel”, en cuya sala de torturas fueron empleados métodos devastadores. El proceso represivo se afianzó durante la instalación de la dictadura y se constituyó un genocidio organizador que actuó específicamente sobre las relaciones sociales con la instalación de procedimientos como la delación y la desconfianza . Esos mecanismos se aplicaron a los integrantes de movimientos políticos y sociales y se realizaron dentro de los campos de concentración. De Famaillá en adelante la nómina es más que extensa. Existe un listado oficial: “CCD y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina, entre 1974 y 1983”, confeccionado por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que conforma la base de esta investigación. Hasta hoy, el conteo arroja 770 en todo el país. Se incluyen las dependencias, lugares o predios, militares, policiales, privados o de propiedad estatal que, durante el período mencionado, y sin que sean determinantes su magnitud, duración o función específica, hubieran alojado a personas detenidas en forma ilegal o clandestina, toda vez que existan testimonios que así lo acrediten y permitan una identificación positiva de las instalaciones y las condiciones de cautiverio. Después de Tucumán, las fuerzas de seguridad desplegaron sus técnicas y procedimientos represivos en todo el país y ocuparon, adaptaron y readaptaron diferentes espacios que transformaron en centros de desaparición. La desaparición forzada de personas como modalidad tuvo como correlato institucional al centro clandestino de detención: “Los perpetradores suelen dedicar iguales esfuerzos tanto a la comisión de los crímenes masivos como al diseño y perpetuación de las políticas de negación, olvido e impunidad posterior”. Así como el testimonio de Daniel Merialdo le dio el impulso a esta investigación, que pudo concretarse en el descubrimiento y posterior tránsito por esta Maestría, fue también la fuerza de la siguiente frase la que la puso en marcha: “Lo inédito de la solución final es que no se cuenta con relatos que la anteceden y por lo tanto no es asimilable la experiencia. En eso reside la importancia del testimonio, es la única referencia discursiva que puede dar cuenta del significado de la solución final”. Sin testimonio, las descripciones de los sucesos no podrían tener lugar como tales, en tanto meros registros. Por eso las marcas materiales y el espacio de la desaparición en clave analítica. Por eso la arquitectura de los campos que dispone las visibilidades de lo que está ocultado por el poder. Por eso es necesaria la arqueología del terror. Pero ¿cómo extendieron sus brazos armados para amedrentar a toda la sociedad? ¿Cómo constituyeron esa ocupación en una modalidad represiva que se tradujo en la improvisación de campos de detención, tortura y exterminio? Es la relación de espacios, materiales y poder como forma política institucional lo que pretendo indagar con el fin de reunir resultados de la investigación, hasta ahora diseminados en diferentes sustentos, en un mismo texto.