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Resolución: 497-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-21
Expediente: 267-2016-CEB
Partes: EMPRESA CORPORATION FASU-HI S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 109-2016/INDECOPI-PIU del 2 de marzo de 2016 que declaró barreras burocráticas ilegales: (i) La exigencia de que no existan transportistas que presten el “servicio de transporte regular de personas” con vehículos habilitados de la categoría M3 Clase III, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo en vehículos de la Categoría M2 Clase III, contenida en el artículo Tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. Las razones son que el Gobierno Regional de Piura: a) no acreditó haber cumplido con la publicación de la ordenanza en el diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la región de Piura, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y, b) dicha exigencia contraviene el numeral 23.1.2 del artículo 23 del Decreto Supremo 017-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que este sí permite la prestación del servicio público de transporte especial de personas en el ámbito regional utilizando vehículos de la categoría M2, clase III, sin ninguna restricción. (ii) La exigencia de contar con vehículos de la Categoría M2 Clase III de peso bruto vehicular igual o mayor a 3.5 toneladas, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo, contenida en el artículo Tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. Las razones son que el Gobierno Regional de Piura: a) no acreditó haber cumplido con la publicación de la ordenanza en el diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la región de Piura, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y, b) dicha exigencia contraviene los artículos 3.10 y 3.63.5 del Decreto Supremo 017-2009-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, concordado con el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos, dado que las normas sectoriales especiales en materia de transporte no establecen un peso mínimo para los vehículos de categoría M2 utilizados para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto, pese a ello el Gobierno Regional de Piura a través de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR estableció un peso mínimo de 3.5 toneladas.
Resolución: 498-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-27
Expediente: 127-2015-CEB
Partes: TURISMO MURGA SERRANO E.I.R.L. TURISMO MURGA S.A.C. HERNÁN GENARO MURGA SERRANO GENIGS MIGUEL MURGA SERRANO WILSON ULISES MURGA SERRANO OSCAR MANUEL RONDAN TOVAR WALTER GENARO MURGA CÁRDENAS MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por los denunciantes indicados en el anexo de la presente resolución contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, contenida en el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2017-MTC, publicado el 21 de junio de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se modificó el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo nuevo texto no contempla la exigencia cuestionada. Por ende, la presunta barrera burocrática materia de controversia en este caso ha sido eliminada del ordenamiento jurídico como consecuencia del cambio normativo antes señalado.
Resolución: 498-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-21
Expediente: 370-2016-CEB
Partes: TEODORO PALACIOS PEÑA GUADALUPE GLADYS ARÉVALO DE PALACIOS MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se tiene por DESISTIDA a Sanofi – Aventis del Perú S.A. del recurso de apelación interpuesto el 11 de abril de 2016 contra la Resolución 070-2016/CD1-INDECOPI del 16 de marzo de 2016, al haberse verificado que el desistimiento formulado cumple con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 190 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha quedado firme en sede administrativa.
Resolución: 499-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-29
Expediente: 27-2015-CEB-INDECOPI-JUN
Partes: MAPELLI VERDE S.R.L. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Sumilla: Se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por Transportes Ramírez E.I.R.L. el 31 de julio de 2017 y por la Unión de Transportistas de Carga – Región Ancash Zona Sierra el 22 de agosto de 2017. Con relación a los cuestionamientos respecto a la prescripción de la infracción y graduación de la sanción efectuada en la Resolución 2424-2013/SDC-INDECOPI, los mismos califican como un pedido de nulidad de oficio de dicho pronunciamiento. Al respecto, la nulidad de oficio se caracteriza por el hecho que la decisión de declararla o demandarla judicialmente emana de la propia entidad administrativa, en ejercicio de una atribución conferida expresamente por la ley, sin que medie solicitud de parte. En ese sentido, no se trata de un recurso administrativo que pueda ser utilizado por los administrados para cuestionar actos que agotan la vía administrativa, pues su nulidad corresponde ser demandada (de ser el caso) a través de un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Asimismo, con relación a los cuestionamientos respecto a la exigibilidad de las sanciones impuestas mediante la Resolución 2424-2013/SDC-INDECOPI, cabe indicar que ello corresponde ser alegado ante el Área de Ejecución Coactiva de la entidad, por lo que los sancionados podrán formular tales argumentos ante dicho órgano.
Resolución: 499-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-21
Expediente: 111-2015-CD1
Partes: SERVICIOS CHENILLE S.R.LTDA. PROVEEDORES MINEROS S.A.C.
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0114-2016/CEB-INDECOPI del 04 de marzo de 2016, en el extremo que declaró fundada la denuncia y barrera burocrática ilegal la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, establecida en el artículo 25.2.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La ilegalidad radica en que la prohibición cuestionada vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición, pese a que constituye un cambio en las reglas de juego en materia de transporte.
Resolución: 500-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-29
Expediente: 378-2015-CEB
Partes: HURACÁN INVERSIONES E.I.R.L. AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara IMPROCEDENTE el pedido formulado por Unión de Transportistas de Carga – Región Ancash Zona Sierra el 22 de agosto de 2017. Con relación a los cuestionamientos respecto a la graduación de la sanción efectuada en la Resolución 1117-2013/SDC-INDECOPI, el mismo califica como un pedido de nulidad de oficio de dicho pronunciamiento. Al respecto, la nulidad de oficio se caracteriza por el hecho que la decisión de declararla o demandarla judicialmente emana de la propia entidad administrativa, en ejercicio de una atribución conferida expresamente por la ley, sin que medie solicitud de parte. En ese sentido, no se trata de un recurso administrativo que pueda ser utilizado por los administrados para cuestionar actos que agotan la vía administrativa, pues su nulidad corresponde ser demandada (de ser el caso) a través de un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Asimismo, con relación a los cuestionamientos respecto a la exigibilidad de las sanciones impuestas mediante la Resolución 1117-2013/SDC-INDECOPI, cabe indicar que ello corresponde ser alegado ante el Área de Ejecución Coactiva de la entidad, por lo que los sancionados podrán formular tales argumentos ante dicho órgano.
Resolución: 500-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-21
Expediente: 209-2008-CCD
Partes: TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por Autoescuela AQP La Salle S.A.C., Escuela de Conductores Profesionales Santa Isabel S.A.C., Escuelas de Formación Integral S.A.C., Servicios Generales e Inversiones Royal International Class S.A.C., Escuela Profesional de Conductores Rutas Andinas S.A.C. y Entidad Capacitadora Von Neumann Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de contar con una carta fianza bancaria por el importe de US$ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Dólares Americanos) como condición para operar como Escuela de Conductores, materializada en el numeral 43.6 del artículo 43 del Decreto Supremo 040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados, y efectivizada en las Resoluciones Directorales 3549-2009-MTC/15, 0712-2012-MTC/15, 1110-2012-MTC/15, 3951-2012-MTC/15, 2356-2013-MTC/15 y 2399-2013-MTC/15. La razón es que mediante Decreto Supremo 007-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó un nuevo Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, derogando el aprobado por Decreto Supremo 040-2008-MTC, así como todas las normas de menor jerarquía que se opongan a su contenido. Dentro de este nuevo Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, se aprecia que el mismo no contempla la exigencia de contar con una carta fianza bancaria por el importe de US$ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Dólares Americanos) como condición para operar como Escuela de Conductores. En consecuencia, la exigencia cuestionada en el presente procedimiento ha sido eliminada del actual ordenamiento jurídico.
Resolución: 501-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-29
Expediente: 315-2014-CCD
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0179-2016/CEB-INDECOPI del 8 de abril de 2016 en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró fundada la denuncia presentada por América Móvil Perú S.A.C. y, en consecuencia, barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Santa Anita para la ubicación e instalación de infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de telecomunicaciones: (i) La exigencia de instalar una estación radioeléctrica en un inmueble que cuente con licencia de obra como condición para instalar dicha infraestructura, materializada en la Resolución de Gerencia 572-2015-GODU-GG-MDSA del 24 de noviembre de 2015. (ii) El impedimento de instalar una estación radioeléctrica en la azotea de edificios de tres (3) pisos, al amparo del literal a) del artículo tercero de la Ordenanza 0089-MDSA, materializada en la Resolución de Gerencia 572-2015-GODU-GG-MDSA del 24 de noviembre de 2015. (iii) La exigencia de que el edificio donde se instale una estación radioeléctrica cuente con ubicación conforme, ubicado frente a avenidas del distrito con zonificación comercial y/o industrial y en avenidas colectoras, arteriales y/o expresas como condición para instalar una estación radioeléctrica, materializada en el literal a) del artículo tercero de la Ordenanza 0089-MDSA. (iv) El impedimento de ubicar una estación radioeléctrica cerca de jardines, de colegios, parques y lugares de concentración masiva y permanente de personas, materializada en el literal a) del artículo tercero de la Ordenanza 0089-MDSA. La razón es que a través de las medidas cuestionadas, la Municipalidad Distrital de Santa Anita estableció condiciones y requisitos adicionales a los previstos en la Ley 29022 – Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2015-MTC, pese a que tales disposiciones contienen los requisitos máximos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Resolución: 502-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-29
Expediente: 84-2015-CCD
Partes: LLAMA GAS S.A. HALKON E.I.R.L. MULTITIENDA E.I.R.L. GRUPO EL MORADITO S.A.C.
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 0122-2017/CEB-INDECOPI del 24 de febrero de 2017 y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Exea Consulting S.A.C. contra la Presidencia del Consejo de Ministros y la Municipalidad Distrital de Miraflores, en el extremo que cuestionó la imposición de un plazo de vigencia de dos (2) años a los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC), contenida en la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 058-2014-PCM y en el Certificado de ITSDC Básica 0006 del 7 de enero de 2013. Ello, debido a que: (i) La Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 058-2014-PCM no consigna que los Certificados de ITSDC se encuentren sujetos a un plazo de vigencia determinado ni que los administrados deban renovar dichos certificados. En tal sentido, esta disposición no contiene la barrera burocrática denunciada. (ii) El Certificado de ITSDC Básica 00006 que fue otorgado con un plazo de dos (2) años caducó el 12 de diciembre de 2014, por lo que, a la fecha de interposición de la denuncia, no resultaba un acto administrativo eficaz que pueda contener una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que afecte el acceso o la permanencia en el mercado de la denunciante o que vulnere normas y principios de simplificación administrativa.
Resolución: 502-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-22
Expediente: 372-2016-CEB
Partes: EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS PERÚ S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0123-2016/CEB-INDECOPI del 11 de marzo de 2016 en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró que el señor Guillermo Martínez Carbajal, en su condición de Gerente General (e) de la Gerencia General de Salud de la Municipalidad Provincial del Callao incumplió el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal mediante Resolución 0007-2014/CEB-INDECOPI y confirmada por Resolución 640-2014/SDC-INDECOPI, infracción tipificada en el literal a) del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868. La razón es que mediante Resolución 0007-2014/CEB-INDECOPI confirmada por Resolución 640-2014/SDC-INDECOPI se declaró que la exigencia de presentar el carné de sanidad para desarrollar actividades profesionales, de producción, comercio o afines constituye una barrera burocrática ilegal, disponiéndose su inaplicación a favor de Eckerd Perú S.A.; sin embargo, mediante Carta 98-2015-MPC/GGS del 4 de agosto de 2015, emitida por el señor Guillermo Martínez Carbajal, en su condición de Gerente General (e) de la Gerencia General de Salud de la Municipalidad Provincial del Callao ordenó proseguir con el procedimiento sancionador seguido contra Eckerd Perú S.A. por no contar con el referido carné de sanidad para sus trabajadores. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0123-2016/CEB-INDECOPI del 11 de marzo de 2016 en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi sancionó al señor Guillermo Martínez Carbajal con una multa ascendente a cuatro punto cero tres (4.03) Unidades Impositivas Tributarias, por infringir lo dispuesto en el literal a) del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868. La razón obedece a que se ha verificado que el señor Guillermo Martínez Carbajal incurrió en una infracción muy grave, cuya graduación luego de aplicar los factores de atenuación y agravación correspondientes debería ascender a nueve punto cero seis (9.06) Unidades Impositivas Tributarias. No obstante, considerando el límite establecido en el artículo 2 del Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi 317-2013-INDECOPI/COD del 26 de diciembre de 2013 para la imposición de multas, ésta queda fijada en cuatro punto cero tres (4.03) Unidades Impositivas Tributarias. SANCIÓN: CUATRO PUNTO CERO TRES (4.03) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
Resolución: 503-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-22
Expediente: 453-2016-CEB
Partes: TRANSPORTES EL PINO S.A.C. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por los señores Alex Henry Ato Hidalgo y Yanser David Ato Hidalgo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, contenida en el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2017-MTC, publicado el 21 de junio de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se modificó el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo nuevo texto no contempla la exigencia cuestionada. Por ende, la medida materia de controversia ha sido eliminada del ordenamiento jurídico como consecuencia del cambio normativo señalado.
Resolución: 505-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-10-04
Expediente: 333-2015-CEB
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 140-2017/INDECOPI-PIU del 22 de febrero de 2017 que declaró barreras burocráticas ilegales: (i) La exigencia de contar con vehículos de la Categoría M2 Clase III de peso bruto vehicular no menor a 3.5 toneladas, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo, contenida en el artículo tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. (ii) La exigencia de que no existan en la misma ruta transportistas que presten el “servicio de transporte regular de personas” con vehículos habilitados de la categoría M3 Clase III, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo en vehículos de la Categoría M2 Clase III, contenida en el artículo tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. La razón de la ilegalidad es que dichas exigencias impuestas por el Gobierno Regional de Piura son adicionales a las previstas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, concordado, según corresponde, con el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 058-2003-MTC. Ello, pese a que la entidad denunciada se encontraba obligada a sujetar el ejercicio de sus competencias normativas a lo contemplado en las disposiciones de alcance nacional, tal como lo establece la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Resolución: 505-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-22
Expediente: 103-2016-CD1
Partes: COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 0086-2016/CEB-INDECOPI del 23 de febrero de 2016, que declaró improcedente la denuncia presentada por Expreso El Altiplano S.R.L. contra la Municipalidad Distrital de La Victoria. En consecuencia, se DISPONE que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas que admita a trámite la denuncia por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en el presunto desconocimiento de una licencia de funcionamiento ficta, materializado en la Notificación Preventiva 109011 del 18 de marzo de 2015, la Resolución de Sanción 970857 del 30 de septiembre de 2015 y la Resolución de Sanción 081457 del 7 de junio de 2016. La razón es que, en aplicación de los principios de informalismo y verdad material, se verificó que Expreso El Altiplano S.R.L. acreditó en segunda instancia la existencia de actos de la Municipalidad Distrital de La Victoria que evidencian la existencia del desconocimiento en cuestión, por lo que dicha medida califica como una barrera burocrática conforme con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 - Ley de Organización y Funciones del Indecopi.
Resolución: 506-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-10-04
Expediente: 3-2016-CEB-INDECOPI-CUS
Partes: MARIO JORGE REYES CAZORLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 141-2017/INDECOPI-PIU del 22 de febrero de 2017 que declaró barreras burocráticas ilegales: (i) La exigencia de contar con vehículos de la Categoría M2 Clase III de peso bruto vehicular no menor a 3.5 toneladas, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo, contenida en el artículo tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. (ii) La exigencia de que no existan en la misma ruta transportistas que presten el “servicio de transporte regular de personas” con vehículos habilitados de la categoría M3 Clase III, como condición para prestar el servicio de transporte especial de personas en auto colectivo en vehículos de la Categoría M2 Clase III, contenida en el artículo tercero de la Ordenanza Regional 292-2014/GRP-CR. La razón de la ilegalidad es que dichas exigencias impuestas por el Gobierno Regional de Piura son adicionales a las previstas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, concordado, según corresponde, con el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo 058-2003-MTC. Ello, pese a que la entidad denunciada se encontraba obligada a sujetar el ejercicio de sus competencias normativas a lo contemplado en las disposiciones de alcance nacional, tal como lo establece la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Resolución: 506-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-22
Expediente: 93-2016-CD1
Partes: CAP LOGISTIC ADUANAS S.A.C. DENUNCIADA : JH TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.C.
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 0561-2015/CEB-INDECOPI del 18 de diciembre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un Expediente Técnico de las características del circuito de manejo, que está materializada a la fecha en el literal a) del artículo 54 del Decreto Supremo 007-2016-MTC, Reglamento Nacional del Sistema de emisión de Licencias de Conducir, y en el artículo 2 de la Resolución Directoral 3634-2013-MTC/15, modificada por la Resolución Directoral 430-2014-MTC/15, y efectivizada en el Oficio Circular 007-2014-MTC/15.03; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en dicho extremo. La razón es que se ha verificado que la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para imponer la exigencia materia de cuestionamiento. Asimismo, se ha corroborado que la referida entidad ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos para la aprobación de la exigencia denunciada. Además, no se verifica que la exigencia cuestionada sea contraria al artículo 36 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la medida que, en este caso, el administrado no ha alegado que, en concreto, se le haya opuesto al inicio de un procedimiento un requisito que no estuviese contemplado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente, se aprecia que los argumentos presentados por la Escuela de Conductores Integrales Ingeniería de Tránsito - Perú E.I.R.L. no califican como indicios suficientes que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de dicha exigencia.