Resolución: 523-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-09-28
Expediente: 392-2016-CEB
Partes: SOFTWARE Y HARDWARE INGENIEROS S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0164-2016/CEB-INDECOPI del 30 de marzo de 2016 que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La suspensión en el otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional al amparo de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria del RNAT materializada en el Oficio 643-2014-MTC/15 respecto de la ruta Ilo-Mollendo y viceversa. Ello, debido a que no se ha acreditado que exista una ley o mandato judicial que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas o que se encuentre pendiente una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que no se justificó la introducción de esta medida en el ordenamiento jurídico, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. (iii) La exigencia de contar con un patrimonio mínimo neto de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias, para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas entre centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que, pese a que dicha medida constituye un cambio en las reglas de juego del sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha justificado dicha modificación, vulnerando lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. (iv) La exigencia de presentar un informe emitido por una “entidad certificadora autorizada” para obtener una autorización a fin de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito nacional, establecida en el artículo 55.3 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que tenga un plazo de entrada en vigencia o requiera de una norma complementaria. De esta manera, la exigencia de presentar el informe fue suspendida hasta treinta (30) días hábiles después de la publicación de la relación de las entidades certificadoras en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual aún no se ha efectuado, por lo que la entidad denunciada no puede solicitarlo. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0164-2016/CEB-INDECOPI en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones consistente en contar con terminales terrestres y estaciones de ruta debidamente autorizados en cada uno de los extremos de la ruta al amparo de lo dispuesto en el artículo 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que, si bien Servicios Múltiples Catsur E.I.R.L. alegó de manera general, como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que no todas las ciudades de menor población ubicadas en su ruta cuentan con terminales terrestres autorizados, no especificó las localidades en que se presenta este inconveniente, por lo que no corresponde realizar el análisis sobre la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada ante la ausencia de indicios adicionales.