Resolución: 397-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-07-25
Expediente: 13-2015-CCD-INDECOPI-LAM
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO CLÍNICA DEL PACÍFICO S.A.
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para acceder y permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que esta Sala ha podido constatar que, el 24 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Sentencia Acción Popular 4588-2013-LIMA emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual -entre otros puntos- confirmó la sentencia dictada el 17 de enero de 2013, que declaró fundada la demanda iniciada por el Indecopi contra el Ministerio, con relación a la ilegalidad de la exigencia de contar con un patrimonio mínimo de mil (1,000) Unidades Impositivas Tributarias para brindar el servicio de transporte público regular de personas, contenida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. En ese sentido, la medida denunciada ha sido eliminada del ordenamiento jurídico a la fecha. De otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0611-2016/CEB-INDECOPI del 29 de noviembre de 2016, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La exigencia de contar con un patrimonio mínimo neto de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias, para los que prestan únicamente servicios entre centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes ninguna de las cuales sea la región Lima Metropolitana o Callao, como requisito para acceder y permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que, pese a que dicha medida constituye un cambio en las reglas de juego del sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha justificado dicha modificación, vulnerando lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. (ii) La exigencia de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre, como requisito para obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, así como en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que, para su implementación, se debe promulgar un reglamento que regule dicha exigencia, el cual aún no ha sido elaborado. Así, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que requiera de una norma complementaria, en la medida que esta no se encuentre vigente. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0611-2016/CEB-INDECOPI del 29 de noviembre de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, para acceder y permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de personas, establecida en los numerales 2 y 4 del artículo 33 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, de manera genérica, PRECISANDO que la carencia de razonabilidad de dicha exigencia se verifica únicamente en las localidades indicadas en el Anexo 1 de la presente resolución. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique la medida adoptada; ni la proporcionalidad; ni que esta es la opción menos gravosa. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0611-2016/CEB-INDECOPI del 29 de noviembre de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 2 y 4 del artículo 33 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, respecto de las localidades indicadas en el Anexo 2 de la presente resolución; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que las denunciantes alegaron como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida que las localidades indicadas en el Anexo 2 de la presente resolución no contaban con terminales terrestres autorizados. Sin embargo, dicho argumento ha sido desvirtuado en el procedimiento, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada en dichas localidades, no corresponde realizar dicho análisis.