Resolución: 190-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-04-18
Expediente: 56-2015-CEB
Partes: EXPRESO LA FLORIDA S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 283-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte público regular de personas en la red vial nacional, en la ruta Chiclayo (Región Lambayeque) - El Limoncito (Región Cajamarca) y viceversa, materializado en el Oficio No. 962-2015-MTC/15. La ilegalidad de la medida radica en que no se ha acreditado la existencia de una norma de rango legal o un mandato judicial que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, de acuerdo con los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transportes en tanto no se aprueben las normas complementarias al Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, prevista en la Tercera Disposición Complementaria Final de dicho reglamento. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que cuenta con una norma de rango legal o un mandato judicial que lo faculte a dejar de ejercer sus funciones administrativas, de acuerdo con los artículos 63, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que no se justificó la introducción de esta medida, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino a la provincia de Lima Metropolitana y/o Callao, establecida en el artículo 39 y los numerales 3 y 4 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no contaba con un informe previo a la introducción de dicha medida que la justifique, según lo exigido por el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Asimismo, se verificó que la medida resulta discriminatoria, en concordancia con el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transporte terrestre en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, establecida en la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no presentó argumentos que justifiquen su introducción a la legislación, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre.