Resolución: 64-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-02-08
Expediente: 148-2014-CEB
Partes: SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DEL AMBIENTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 0425-2014/CEB-INDECOPI del 14 de octubre de 2014, mediante la cual la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró fundada la denuncia interpuesta por Sociedad Minera Corona S.A. y, reformándola se declara INFUNDADA dado que la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 en lo que respecta al sector minería, materializada en el numeral 1.2 del artículo 1 del Decreto Supremo 130-2013-PCM y en la Resolución de Consejo Directivo 009-2014-OEFA/CD es legal. La Sala Especializada en Defensa de la Competencia sustenta su pronunciamiento en los siguientes fundamentos: (i) De acuerdo a la Sentencia de Acción Popular 16216-2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual vincula a todos los poderes públicos conforme al artículo 82 del Código Procesal Constitucional; el hecho gravado, la base imponible, el sujeto acreedor y el sujeto deudor del aporte por regulación a favor del OEFA al que hace mención el Decreto Supremo 130-2013-PCM, son elementos del tributo creados por ley. Por tanto, la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre cuestionamientos a dichos elementos, toda vez que implicaría evaluar la validez de normas emitidas en ejercicio de función legislativa, lo cual no se enmarca dentro del ámbito de su competencia. (ii) El único aspecto del aporte por regulación que puede ser evaluado en el presente procedimiento es la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del OEFA sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 en lo que respecta al sector minería, materializada en el Decreto Supremo 130-2013-PCM y la Resolución de Consejo Directivo 009-2014-OEFA, dado que solo este elemento fue fijado por el decreto supremo antes mencionado. (iii) Las normas que materializan la medida cuestionada fueron aprobadas en cumplimiento de las formalidades establecidas por ley para su aprobación y publicación. (iv) Las entidades denunciadas han acreditado que las alícuotas del aporte por regulación a favor del OEFA contenidas en el Decreto Supremo 130-2013-PCM para el sector minería fueron determinadas teniendo como límite el costo de la actividad de supervisión y fiscalización en materia ambiental por parte del OEFA, por lo que no se ha evidenciado una contravención a la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. Finalmente, dado que la denunciante no aportó indicios acerca de la presunta carencia de razonabilidad de la medida materia del presente procedimiento (la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del OEFA sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 establecidas en el Decreto Supremo 130-2013-PCM), no correspondía realizar el análisis de razonabilidad de la misma. Sobre este último punto, corresponde precisar que los únicos argumentos presentados por la denunciante se encontraban vinculados a la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del OEFA en función a la facturación de las empresas mineras, pese a que, como se indicó en el numeral (i), de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la República este aspecto del tributo fue establecido por la Ley 27332. Por tanto, se precisa que ello debe ser cuestionado ante una autoridad con competencia para evaluar la constitucionalidad o validez de leyes y no a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas seguido ante el Indecopi.