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Resolución: 467-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-10
Expediente: 35-2009-CEB
Partes: JACQUELINE GIANINA PICOY ROMERO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR CÉSAR LEONARDO GIRÓN ESPADÍN (SUB GERENTE DE SANCIONES DE LA MUNICIPALIDAD)
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por el señor Segundo José Carreño Salazar contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, contenida en el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2017-MTC, publicado el 21 de junio de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se modificó el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo nuevo texto no contempla la exigencia cuestionada. Por ende, la exigencia materia de controversia en este caso ha sido eliminada del ordenamiento jurídico como consecuencia del cambio normativo señalado.
Resolución: 468-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-12
Expediente: 178-2014-CCD
Partes: EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO S.A.C. ESTRELLA POLAR S.A.C.
Sumilla: Se declara la NULIDAD de la Resolución 0631-2015/STCEB-INDECOPI del 12 de octubre de 2015 en el extremo que admitió a trámite la denuncia presentada por Manpower Perú S.A. y Manpower Professional Services S.A. contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en calidad de denunciada, así como de los actos sucesivos vinculados a dicho extremo e, integrándola, se tiene por INCORPORADA a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral al presente procedimiento únicamente en calidad de tercero administrado. La razón es que la barrera burocrática denunciada no se encuentra materializada en algún acto o disposición emitida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. No obstante, la referida entidad sí cuenta con un interés legítimo para participar en este procedimiento como tercero administrado, el cual calza dentro del artículo 60 de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, al ser la entidad competente para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0568-2015/CEB-INDECOPI del 22 de noviembre de 2015 en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta a los empleadores, de realizar exámenes médicos ocupacionales al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo, materializada en el literal a) del artículo 101 del Decreto Supremo 005-2012-TR- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo 006-2014-TR y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Manpower Perú S.A. y Manpower Professional Services S.A., disponiendo la inaplicación de dicha barrera burocrática ilegal a su favor. La razón es que la exigencia de realizar un examen médico ocupacional al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo contraviene lo establecido en el literal d) del artículo 49 de la Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual no contempla esta obligación para este tipo de actividades.
Resolución: 468-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-10
Expediente: 86-2015-CD1 (ACUMULADOS)
Partes: PRODUCTOS PARAÍSOS DEL PERÚ S.A.C. INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C.
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por la señora María Angélica Ruiz Vda. De Neyra contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, contenida en el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2017-MTC, publicado el 21 de junio de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se modificó el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo nuevo texto no contempla la exigencia cuestionada. Por ende, la exigencia materia de controversia en este caso ha sido eliminada del ordenamiento jurídico como consecuencia del cambio normativo señalado.
Resolución: 469-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-13
Expediente: 20-2015-CEB-INDECOPI-JUN (CUADERNO CAUTELAR)
Partes: MICHEL ÁNGEL BARRIOS PÁNEZ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI – LA OROYA
Sumilla: Se declara la NULIDAD de la Resolución 0628-2015/STCEB-INDECOPI del 12 de octubre de 2015 en el extremo que admitió a trámite la denuncia presentada por Manufacturas Eléctricas S.A. contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en calidad de denunciada, así como de los actos sucesivos vinculados a dicho extremo e, integrándola, se tiene por INCORPORADA a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral al presente procedimiento únicamente en calidad de tercero administrado. La razón es que la barrera burocrática denunciada no se encuentra materializada en algún acto o disposición emitida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. No obstante, la referida entidad sí cuenta con un interés legítimo para participar en este procedimiento como tercero administrado, el cual calza dentro del artículo 60 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al ser la entidad competente para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0015-2016/CEB-INDECOPI del 8 de enero de 2016 en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta a los empleadores, de realizar exámenes médicos ocupacionales al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo, materializada en el literal a) del artículo 101 del Decreto Supremo 005-2012-TR- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo 006-2014-TR y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Manufacturas Eléctricas S.A., disponiendo la inaplicación de dicha barrera burocrática ilegal a su favor. La razón es que la exigencia de realizar un examen médico ocupacional al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo contraviene lo establecido en el literal d) del artículo 49 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual no contempla esta obligación para este tipo de actividades.
Resolución: 469-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-11
Expediente: 382-2016-CEB
Partes: SHALOM EXPRESS S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento seguido por el señor Juan Valdiviezo Adrianzen contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de mercancías, contenida en el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo 015-2017-MTC, publicado el 21 de junio de 2017 en el diario oficial “El Peruano”, se modificó el numeral 25.2.1 del artículo 25 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, cuyo nuevo texto no contempla la exigencia cuestionada. Por ende, la exigencia materia de controversia en este caso ha sido eliminada del ordenamiento jurídico como consecuencia del cambio normativo señalado.
Resolución: 470-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-13
Expediente: 379-2015-CEB
Partes: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESTRELLA DEL ORIENTE S.A. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se tiene por DESISTIDO a Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C. del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas seguido contra la Municipalidad Provincial de Cusco, al haberse verificado que el desistimiento del procedimiento planteado cumple con los requisitos previstos en los artículos 115 y 189 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la Resolución 170-2016/CEB-INDECOPI del 14 de marzo de 2016 y, por consiguiente, se declara la CONCLUSIÓN del presente procedimiento administrativo.
Resolución: 470-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-11
Expediente: 181-2016-CEB
Partes: TELEATENTO DEL PERÚ S.A.C. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
Sumilla: En estricto cumplimiento del mandato contenido en la sentencia del 8 de junio de 2017 emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ORDENA a Enerjet S.A. que reembolse al señor Armando Vásquez García, por concepto de los costos incurridos en el procedimiento seguido bajo el Expediente 172-2010/CCD, la suma ascendente al 25% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de cancelación de los mismos. A criterio de la autoridad judicial, de acuerdo a las actuaciones y a la materia controvertida en el procedimiento administrativo seguido bajo el Expediente 172-2010/CCD, así como en virtud al artículo 47 de la Tabla de Honorarios Mínimos Profesionales aprobada por el Colegio de Abogados de Lima, el monto por concepto de costos incurridos en el procedimiento señalado, asciende al 25% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Resolución: 471-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-13
Expediente: 248-2014-CCD
Partes: CENTER FOR INTERCULTURAL EXPERIENCE & DEVELOPMENT S.A.C. INTER PERÚ E.I.R.L.
Sumilla: Se declara la NULIDAD de la Resolución 0559-2015/STCEB-INDECOPI del 16 de septiembre de 2015 en el extremo que admitió a trámite la denuncia presentada por Teleatento del Perú S.A.C. contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en calidad de denunciada, así como de los actos sucesivos vinculados a dicho extremo e, integrándola, se tiene por INCORPORADA a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral al presente procedimiento únicamente en calidad de tercero administrado. La razón es que la barrera burocrática denunciada no se encuentra materializada en algún acto o disposición emitida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. No obstante, la referida entidad sí cuenta con un interés legítimo para participar en este procedimiento como tercero administrado, el cual calza dentro del artículo 60 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, al ser la entidad competente para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0465-2015/CEB-INDECOPI del 30 de octubre de 2015 en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta a los empleadores, de realizar exámenes médicos ocupacionales al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo, materializada en el literal a) del artículo 101 del Decreto Supremo 005-2012-TR- Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo 006-2014-TR y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Teleatento del Perú S.A.C. contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, disponiendo la inaplicación de dicha barrera burocrática ilegal a su favor. La razón es que la exigencia de realizar un examen médico ocupacional al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo contraviene lo establecido en el literal d) del artículo 49 de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual no contempla dicha obligación para este tipo de actividades.
Resolución: 471-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-11
Expediente: 184-2016-CD1
Partes: AGR INDUSTRIAS S.R.L. CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. – CPPQ S.A.
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 0124-2017/CEB-INDECOPI del 24 de febrero de 2017 y, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Perú C & D Internacional S.A.C. contra la Presidencia del Consejo de Ministros y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el extremo que cuestionó la imposición de un plazo de vigencia de dos (2) años a los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, contenida en la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 058-2014-PCM y en el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle 007711-2014-MML del 26 de agosto de 2014. La razón es que: (i) la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 058-2014-PCM no consigna que los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil se encuentren sujetos a un plazo de vigencia determinado ni que los administrados deban renovar periódicamente dichos certificados, por lo que no contiene la barrera burocrática denunciada; y, (ii) el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle 007711-2014-MML del 26 de agosto de 2014 fue otorgado con un plazo de vigencia de dos (2) años, el cual caducó el 26 de agosto de 2016, por lo que a la fecha de interposición de la denuncia (el 19 de septiembre de 2016) no constituía un acto eficaz que pueda contener una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad que afecte el acceso o permanencia en el mercado de la denunciante. Asimismo, cabe señalar que el 27 de julio de 2017 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 30619, que modificó el artículo 11 de la Ley 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, estableciendo que el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su expedición.
Resolución: 472-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-13
Expediente: 47-2015-CD1
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Sumilla: Se declara la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 0016-2016/STCEB-INDECOPI del 7 de enero de 2016 en el extremo que admitió a trámite la denuncia presentada por Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, Misión Cementerio Católico Jardines del Buen Retiro, Misión Nuestra Señora de las Mercedes, Misión Nuestra Señora del Carmen, Asociación Civil San Juan Bautista, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado del Sur y Universidad Católica San Pablo contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en calidad de denunciada, así como de los actos sucesivos vinculados a dicho extremo e, integrándola, se tiene por INCORPORADA a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral al presente procedimiento únicamente en calidad de tercero administrado. La razón es que la barrera burocrática denunciada no se encuentra materializada en algún acto o disposición emitida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. No obstante, la referida entidad sí cuenta con un interés legítimo para participar en este procedimiento como tercero administrado, el cual calza dentro del artículo 60 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al ser la entidad competente para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0127-2016/CEB-INDECOPI del 11 de marzo de 2016 en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia impuesta a los empleadores, de realizar exámenes médicos ocupacionales al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo, materializada en el literal a) del artículo 101 del Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo 006-2014-TR y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, Misión Cementerio Católico Jardines del Buen Retiro, Misión Nuestra Señora de las Mercedes, Misión Nuestra Señora del Carmen, Asociación Civil San Juan Bautista, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado del Sur y Universidad Católica San Pablo, disponiendo la inaplicación de dicha barrera burocrática ilegal a su favor. La razón es que la exigencia de realizar un examen médico ocupacional al inicio o para el inicio de la relación laboral para acreditar el estado de salud de los trabajadores que no realizan actividades de alto riesgo contraviene lo establecido en el literal d) del artículo 49 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual no contempla esta obligación para este tipo de actividades.
Resolución: 473-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-15
Expediente: 480-2014-CEB
Partes: PANELES NAPSA S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0082-2017/CEB-INDECOPI del 27 de enero de 2017, en el extremo que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró barreras burocráticas ilegales los plazos de cincuenta (50) días hábiles para la tramitación de los siguientes procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, publicado en su portal web institucional y aprobado por Ordenanza 430-MPL: (i) “Licencia de habilitación urbana - modalidad C (aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)”, en los siguientes supuestos:  “Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un Planeamiento Integral.”  “Las habilitaciones con construcción simultánea que solicitan venta garantizada de lotes.”  “Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas en las que el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas.” (ii) “Licencia de habilitación urbana - modalidad D (aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica)”, en los siguientes supuestos:  “Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas urbanas o que dichas áreas aledañas cuenten con proyectos de habilitación urbana aprobados y no ejecutados, por tanto, la habilitación urbana del predio requiera de la formulación de un Planeamiento Integral.”  “Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con Zonas Arqueológicas, inmuebles previamente declarados como bienes culturales o con Áreas Naturales Protegidas.”  “Para fines industriales, comerciales o usos especiales.” De acuerdo con los artículos 10.3 y 10.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090 – Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, las licencias de habilitación urbana bajo las modalidades “C” y “D” se tramitan en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Sin embargo, a través de los procedimientos 7.15 y 7.16 de su TUPA, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre señaló que dichos permisos se tramitan en un plazo de cincuenta (50) días hábiles. Finalmente, se CONFIRMA la Resolución 0082-2017/CEB-INDECOPI del 27 de enero de 2017 en los extremos que: (i) declaró fundada la imputación de cargos contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 4 del literal d) del artículo 26BIS del Decreto Ley 25868; y, (ii) sancionó a la entidad denunciada con una multa de cinco punto noventa y nueve (5.99) Unidades Impositivas Tributarias. SANCIÓN: CINCO PUNTO NOVENTA Y NUEVE (5.99) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS.
Resolución: 473-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-11
Expediente: 416-2017-SDC-QUEJA
Partes: SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR JOSÉ DENNIS MOREANO ROMÁN
Sumilla: se CONFIRMA la Resolución 0074-2016/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de realizar el pago de derechos correspondiente al “saldo de obra por ejecutar” para obtener la revalidación de licencia de edificación solicitada por Inmobiliaria R.M. S.A.C. el 5 de junio de 2015, materializada en la Liquidación de Pago 251-2015-SGLEP-GAC/MM del 18 de junio de 2015. La razón es que, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo 008-2013-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, los requisitos que los administrados deben presentar en el marco del procedimiento para obtener la revalidación de la licencia de edificación son: (i) la solicitud respectiva a través del Formulario Único de Habilitaciones Urbanas - FUHU y el Formulario Único de Edificaciones - FUE y (ii) la copia del comprobante de la tasa municipal. En ese sentido, el pago de derechos correspondiente al “saldo de obra por ejecutar” exigido a la denunciante no constituye un requisito establecido en el artículo 4 del referido reglamento. Por consiguiente, la exigencia cuestionada contraviene: (i) el artículo 40 de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones que expresamente señala que cualquier requerimiento adicional a lo contemplado en la referida ley o su reglamento constituye una barrera burocrática ilegal, y (ii) el principio de legalidad recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0074-2016/CEB-INDECOPI del 19 de febrero de 2016, en el extremo que dispuso la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a favor de la denunciante, así como todos los actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.