Resolución: 623-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-12-05
Expediente: 281-2015-CEB
Partes: ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRAL INMACULADA CONCEPCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA con relación a las barreras burocráticas declaradas ilegales por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante Resolución 0266-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, consistentes en: (i) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Tránsito Terrestre, establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello debido a que, mediante Decreto Supremo 015-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el segundo párrafo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico. (ii) La exigencia de presentar un Estudio de Factibilidad de mercado financiero y gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen y/o destino en la provincia de Lima y/o en la provincia del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello obedece a que, mediante Decreto Supremo 004-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de junio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre tales extremos. De otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0266-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, dado que no se justificó la introducción de esta medida en el ordenamiento jurídico, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Por otra parte, se CONFIRMA la Resolución 0266-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 33.2 y 33.4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, respecto del distrito de Chancay, toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique la medida adoptada, su proporcionalidad, ni que esta es la opción menos gravosa. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0266-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 33.2 y 33.4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, respecto de los distritos de Huaral y Barranca; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que la denunciante alegó como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que los distritos de Huaral y Barranca no contaban con terminales terrestres autorizados. Sin embargo, dicho argumento ha sido desvirtuado en el procedimiento, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada en estas ciudades, no corresponde realizar dicho análisis.