Resolución: 91-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-02-16
Expediente: 93-2015-CEB
Partes: TRANSPORTES PRESIDENCIAL EL HUARALINO S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0315-2015/CEB-INDECOPI del 31 de julio de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional en la ruta Lima (Región Lima Metropolitana) - Huaral (Región Lima) y viceversa, al amparo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en el Oficio 1115-2015-MTC/15. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que exista una ley o mandato judicial que de manera expresa lo faculte para abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, o que se encuentre pendiente una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (iii) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen o destino en la provincia de Lima Metropolitana o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La exigencia mencionada vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se ha verificado que esta medida es discriminatoria y contraviene el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0315-2015/CEB-INDECOPI del 31 de julio de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consistente en contar con terminales terrestres en las ciudades de Lima (Región Metropolitana) y Huaral (Región Lima), al amparo de lo dispuesto en el artículo 33.4 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que la denunciante alegó como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que las ciudades de Lima (Región Metropolitana) y Huaral (Región Lima) no contaban con terminales terrestres autorizados. Sin embargo, dicho argumento ha sido desvirtuado en el procedimiento, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada en estas ciudades, no corresponde realizar dicho análisis.