Resolución: 134-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-03-14
Expediente: 104-2015-CEB
Partes: INTERNACIONAL CÉSPEDES S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0330-2015/CEB-INDECOPI del 18 de agosto de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional en la ruta Lima - Tarapoto y viceversa, al amparo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en el Oficio 1251-2015-MTC/15. (ii) La suspensión en el otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, contenida en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que no existe una ley o mandato judicial que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas o una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que las medidas previamente señaladas en los puntos (i) y (ii) contravienen lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (iv) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, con origen o destino en la provincia de Lima Metropolitana y/o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se ha verificado que esta medida es discriminatoria y contraviene el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (v) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, materializada en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, toda vez que vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.