Resolución: 254-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-05-18
Expediente: 227-2015-CEB
Partes: EXPRESO DEL NORTE S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0453-2015/CEB-INDECOPI del 23 de octubre de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales y dispuso la inaplicación a favor de la denunciante de las siguientes medidas: (i) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional en la ruta Chiclayo (Lambayeque) - Aguas Verdes (Tumbes) y viceversa, al amparo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en el Oficio 7288-2015-MTC/15.02. (ii) La suspensión en el otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, contenida en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que exista una ley o mandato judicial que de manera expresa lo faculte para abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, o que se encuentre pendiente una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (iv) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen o destino en la provincia de Lima Metropolitana o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se ha verificado que esta medida es discriminatoria y contraviene el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (v) La exigencia de presentar un informe emitido por una “entidad certificadora autorizada” para obtener una autorización a fin de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito nacional, establecida en el artículo 55.3 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializado en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que tenga un plazo de entrada en vigencia o requiera de una norma complementaria. De esta manera, la exigencia de presentar el informe fue suspendida hasta treinta (30) días hábiles después de la publicación de la relación de las entidades certificadoras en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual aún no se ha efectuado, por lo que la entidad denunciada no puede solicitarlo. Asimismo, se MODIFICA la Resolución 0453-2015/CEB-INDECOPI del 23 de octubre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados, contenida en los artículos 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017­-2009-­MTC de manera genérica; PRECISANDO que la carencia de razonabilidad de dicha exigencia se verifica únicamente en las ciudades de Máncora y Aguas Verdes. Del mismo modo, se MODIFICA la Resolución 0453-2015/CEB-INDECOPI del 23 de octubre de 2015, en el extremo que dispuso la inaplicación a favor de Expreso del Norte S.R.L., respecto a la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados de manera genérica; PRECISANDO que la referida inaplicación únicamente corresponde a la exigencia de contar con terminales terrestres en las ciudades de Máncora y Aguas Verdes. Cabe señalar que la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática denunciada se circunscribe únicamente a la aplicación de dicha obligación en las ciudades antes mencionadas, en las que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha demostrado que exista un problema de congestión vehicular o que exista infraestructura habilitada. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0453-2015/CEB-INDECOPI del 23 de octubre de 2015 en el extremo que declaró improcedente el extremo de la denuncia en el que se cuestionó la imposición de un límite máximo de tres (3) años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de personas, contenida en el artículo 25.1.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en la Resolución Gerencial Regional 0080-2013-GR.LAMB/GRCT y, reformándola, se declara FUNDADA la denuncia en este extremo y en consecuencia, ILEGAL la barrera burocrática denunciada, disponiendo su inaplicación a favor de la denunciante. La ilegalidad radica en que la exigencia cuestionada vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición, pese a que constituye un cambio en las reglas de juego en materia de transporte, por lo que debe estar sustentada.