Resolución: 46-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-26
Expediente: 58-2015-CEB
Partes: EMPRESA DE TRANSPORTES CAVASSA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0285-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) El mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional en la ruta Lima - Cajamarca y viceversa, al amparo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializada en el Oficio 4774-2014-MTC/15. (ii) La suspensión en el otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, contenida en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que exista una ley o mandato judicial que de manera expresa lo faculte para abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, o que se encuentre pendiente una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (iv) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen o destino en la provincia de Lima Metropolitana o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se ha verificado que esta medida es discriminatoria y contraviene el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (v) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, materializada en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, toda vez que vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0285-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones consistente en contar con terminales terrestres y estaciones de ruta debidamente autorizados en cada uno de los extremos de la ruta al amparo de lo dispuesto en los artículos 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que si bien la denunciante alegó de manera general, como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que no todas las ciudades de menor población ubicadas en su ruta cuentan con terminales terrestres autorizados, no especificó las localidades en que se presenta este inconveniente, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada, no corresponde realizar dicho análisis.