Resolución: 474-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-09-15
Expediente: 000308-2015-CEB
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0329-2016/CEB-INDECOPI del 22 de junio de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el requisito de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre, con el fin de obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre. Este requisito se encuentra establecido en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, y en el procedimiento N° 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La exigencia de dicho requisito es ilegal debido a que, para su implementación, se debe promulgar un reglamento que regule dicha exigencia, el cual aún no ha sido elaborado. Así, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que requiera de una norma complementaria, en la medida que esta no se encuentre vigente. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0329-2016/CEB-INDECOPI del 22 de junio de 2016, en la parte que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia, para prestar el servicio de transporte de personas, de contar con terminales terrestres y estaciones de ruta autorizadas en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 2 y 4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Asimismo, la Sala PRECISA que ha verificado la carencia de razonabilidad de dicha exigencia en los distritos de Huari (Región Ancash), Pomabamba (Región Ancash), Corongo (Región de Ancash), Mirgas (Región Ancash), Llamellín (Región Ancash), Cabana (Región Ancash), Sihuas (Región Ancash), Piscobamba (Región Ancash), San Luis (Región Ancash), Chacas (Región Ancash), Aija (Región Ancash), Tayabamba (Región La Libertad) y Huacrachuco (Región Huanuco). Con relación a estos distritos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique adoptar dicha medida, ni que esta sea proporcional a la situación que se busca regular, ni que se trate de la opción menos gravosa. Conforme lo ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, la exigencia a las empresas de transportes que prestan el servicio de transporte público de personas de contar con terminales terrestres no es per se una barrera burocrática carente de razonabilidad. La carencia de razonabilidad de la exigencia de la medida acotada solo se produce en los siguientes supuestos: (i) cuando se impone en aquellas zonas del país donde no se ha demostrado que exista un problema de congestión vehicular o seguridad vial; o, (ii) en las zonas del país en que no existe infraestructura habilitada como terminales terrestres, lo cual se evalúa dependiendo del caso en concreto, esto es, en las rutas donde la denunciante brinda sus servicios o en las que desea brindarlos. De otro lado, se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA respecto a las siguientes medidas impuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Cooperativa de Transportes Ancash: (i) La exigencia establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional. La sustracción se funda en que, mediante la Sentencia de Acción Popular 4588-2013-LIMA emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, resolución publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 2016, se declaró ilegal la exigencia en mención, eliminándola del ordenamiento jurídico. (ii) La exigencia establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte la cual establece que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se emitan de conformidad con los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, La sustracción se funda en que mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo 015-2016-MTC, publicado el 28 de julio de 2016, se derogó el segundo párrafo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento Nacional de Administración de Transporte que contenía la exigencia cuestionada, eliminándola del ordenamiento jurídico.