Resolución: 614-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-10-30
Expediente: 162-2016-CD1
Partes: PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA con relación a las barreras burocráticas declaradas ilegales por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante Resolución 0265-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, consistentes en: (i) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Tránsito Terrestre, establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello debido a que, mediante Decreto Supremo 015-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el segundo párrafo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico. (ii) La exigencia de presentar un Estudio de Factibilidad para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen y/o destino en la provincia de Lima y/o en la provincia del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello obedece a que, mediante Decreto Supremo 004-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de junio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre tales extremos. De otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0265-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0265-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 33.2 y 33.4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, respecto de las localidades de Yurimaguas y Juanjui; toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique la medida adoptada, su proporcionalidad, ni que esta es la opción menos gravosa. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0265-2016/CEB-INDECOPI del 20 de mayo de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 33.2 y 33.4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, respecto de Saposoa y Tarapoto; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que la denunciante alegó como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que Saposoa y Tarapoto no contaban con terminales terrestres autorizados. Sin embargo, dicho argumento ha sido desvirtuado en el procedimiento, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada en estas ciudades, no corresponde realizar dicho análisis.