Resolución: 133-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-03-14
Expediente: 218-2015-CEB
Partes: CRUCERO S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0309-2015/CEB-INDECOPI del 31 de julio de 2015, en el extremo que declaró improcedente la denuncia presentada por Crucero S.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte interprovincial de personas en la red vial nacional, establecida en la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que al momento en que se interpuso la denuncia y toda vez que dicho cuestionamiento fue hecho en abstracto, la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no materializaba una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro vigente. Ello, debido a que la suspensión denunciada ya había sido levantada mediante el Decreto Supremo 021-2010-MTC, el cual fue publicado el 24 de abril de 2010 en el diario oficial “El Peruano”. Por otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0337-2015/CEB-INDECOPI del 18 de agosto de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias, como requisito para acceder al mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello, en tanto la referida exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su incorporación al ordenamiento. (ii) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino a la provincia de Lima Metropolitana y/o la Provincia Constitucional del Callao, establecida en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no contaba con un informe previo a la introducción de dicha medida que la justifique, según lo exigido por el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Asimismo, se verificó que la medida resulta discriminatoria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iii) La suspensión de otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transportes en tanto no se aprueben las normas complementarias al Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, prevista en la Tercera Disposición Complementaria Final de dicho reglamento. La razón es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que cuenta con una norma de rango legal o un mandato judicial que lo faculte a no ejercer sus funciones administrativas, de acuerdo con los artículos 63, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iv) El requisito de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre, para obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre, establecido en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, así como en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que para su implementación, se debe promulgar un reglamento que regule dicha exigencia, el cual aún no ha sido publicado. Así, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que requiera de una norma complementaria, en la medida que esta no se encuentre vigente.