Resolución: 117-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-03-02
Expediente: 111-2016-CEB
Partes: MIJHOKY EXPRESS E.I.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 0355-2016/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional en rutas que tengan como origen y/o destino a la provincia de Lima Metropolitana y/o a la Provincia Constitucional del Callao, establecida en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. La razón es que, si bien en la parte considerativa y en el segundo punto resolutivo de dicho pronunciamiento, se señaló que se habría configurado la sustracción de la materia respecto a la referida exigencia, en el tercer punto resolutivo se declaró la ilegalidad de la misma. En este sentido, la Resolución 0355-2016/CEB-INDECOPI en el extremo indicado contiene un vicio en el objeto, lo cual de conformidad con el artículo 5.2 y 10.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, constituye causal de nulidad. Por otro lado, se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA en el procedimiento iniciado por Mijhoky Express E.I.R.L. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual se cuestionó como presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad las siguientes medidas: (i) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Tránsito Terrestre, establecida en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello debido a que, mediante Decreto Supremo 015-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el segundo párrafo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico. (ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) UIT, como requisito para acceder y permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional, establecida en el numeral 1.5.1 del artículo 38 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que esta Sala ha podido constatar que, el 24 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Sentencia Acción Popular 4588-2013-LIMA emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual -entre otros puntos- confirmó la sentencia dictada el 17 de enero de 2013, que declaró fundada la demanda iniciada por el Indecopi contra el Ministerio, con relación a la ilegalidad de la exigencia de que contar con un patrimonio mínimo de 1000 Unidades Impositivas Tributarias para brindar el servicio de transporte público regular de personas, contenida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. En ese sentido, la medida denunciada ha sido eliminada del ordenamiento jurídico a la fecha. (iii) La suspensión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, en tanto no se aprobaran las normas complementarias al Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, contenida en la Tercera Disposición Complementaria Final de referido reglamento. La razón es que este Colegiado ha podido constatar que, durante la tramitación del procedimiento ante esta instancia, el 24 de diciembre de 2016, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Sentencia Acción Popular 8596-2014-LIMA emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual -entre otros puntos- confirmó la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2013, que declaró la nulidad de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC. En ese sentido, la medida denunciada ha sido eliminada del ordenamiento jurídico a la fecha. Por consiguiente, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre tales extremos. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0355-2016/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre, para obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre, establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, así como en el Procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que, para su implementación, se debe promulgar un reglamento que regule dicha exigencia, el cual aún no ha sido elaborado. Así, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, no es exigible aquello que requiera de una norma complementaria, en la medida que esta no se encuentre vigente. Por último, se MODIFICA la Resolución 0355-2016/CEB-INDECOPI del 15 de julio de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta en cada uno de los extremos de la ruta y escalas comerciales, establecida en los numerales 33.2 y 33.4 del artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC, de manera genérica, PRECISANDO que la carencia de razonabilidad de dicha exigencia se verifica únicamente en los distritos de Acarí (Departamento de Arequipa), Marcona (Departamento de Ica) y Rodríguez de Mendoza (Departamento de Amazonas) toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique la medida adoptada, su proporcionalidad, ni que esta es la opción menos gravosa.