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Resolución: 23-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-18
Expediente: 61-2015-CEB
Partes: TRANSPORTES CAMINOS DEL INCA S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0287-2015/CEB-INDECOPI del 17 de julio de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal el mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional en las rutas de Arequipa - Tacna y viceversa, Arequipa - Cusco y viceversa y Juliaca - Ilo y viceversa, al amparo de la Vigésima Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, materializada en el Oficio 4282-2014-MTC/15. La razón es que no existe una ley o mandato judicial que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas o una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2, 64 y 106 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución: 23-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-01-16
Expediente: 000048-2015-CCD
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO CALANIT S.A.C.
Sumilla: Se CONFIRMA, modificando sus fundamentos, la Resolución 109-2015/CD1-INDECOPI del 19 de agosto de 2015, en el extremo que declaró fundada la imputación de oficio contra Calanit S.A.C. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto de infracción recogido en el artículo 8.1 del Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. La razón es que el informe presentado por Calanit S.A.C. no sustenta la veracidad del mensaje difundido en la publicidad televisiva del producto “Biocres” que indica: “Estudios realizados en Europa concluyeron que el uso de Biocres mejora la fortaleza y el volumen del cabello. Lo que es un indicativo de una disminución en la caída del cabello”, referido a que el uso de dicho producto mejoraría la fortaleza y volumen del cabello. Por otro lado, se CONFIRMA la Resolución 109-2015/CD1-INDECOPI del 19 de agosto de 2015, en el extremo que declaró fundada la imputación de oficio contra Calanit S.A.C. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto de infracción recogido en el artículo 8.2 del Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. En los casos de publicidad testimonial, en una etapa previa al análisis de veracidad del testimonio difundido, el anunciante debe acreditar que este corresponde a una experiencia auténtica y reciente. Para ello, se debe contar con los estudios y pruebas documentales que respalden que el testigo, en efecto, usó el producto publicitado. Dichas pruebas deben tener sustento científico y empírico. En el presente caso se aprecia que Calanit S.A.C. presentó únicamente una declaración jurada firmada por el testigo en la cual indica que usó el producto “Biocres Evolution” de manera previa a la difusión del anuncio televisivo cuestionado. Sin embargo, dicho medio probatorio resulta insuficiente para acreditar que el testigo vivió una experiencia auténtica y reciente con el producto en mención. En efecto, lo que la imputada debió presentar era, entre otros documentos, un estudio que demuestre que dicha persona empleó el producto durante el tiempo indicado (agosto y septiembre de 2013), para luego acreditar que tal persona obtuvo los resultados publicitados. SANCIÓN: DIECINUEVE PUNTO CINCUENTA Y SIETE (19.57) UIT.
Resolución: 23-2018-SDC
Fecha de resolución: 2018-01-31
Expediente: 32-2017-CDB-B
Partes: V.S. REPUESTOS D’ CALIDAD S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0148-2017/CDB-INDECOPI del 20 de junio de 2017, en el extremo que declaró fundada la denuncia y, en consecuencia, se declaran barreras comerciales no arancelarias ilegales las siguientes exigencias: (i) La exigencia de contar con la autorización del fabricante original para la elaboración de mercancías remanufacturadas que se importan, contenida en el párrafo final del artículo 146 del Decreto Supremo 058-2003-MTC -Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por el Decreto Supremo 053-2010-MTC; (ii) la exigencia de contar con la autorización del fabricante original para la nacionalización de mercancías remanufacturadas, contenida en el literal a) del artículo 148.1 del Decreto Supremo 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por Decreto Supremo 053-2010-MTC; y, (iii) la exigencia de contar con un “Informe Técnico de Constatación de Remanufactura” por parte de las Entidades Certificadoras de Fabricación, Modificación y Montaje autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tenga duda razonable respecto a la condición del producto remanufacturado, contenida en el artículo 149 del Decreto Supremo 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por Decreto Supremo 053-2010-MTC. La razón es que el Decreto Supremo 053-2010-MTC, mediante el cual se aprobaron las obligaciones cuestionadas, incide en aspectos vinculados al libre comercio de mercancías al establecer reglas para la importación de productos remanufacturados, por lo que dicha norma debió contar necesariamente con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, conforme a lo señalado en los Decretos Leyes 25629 y 25909. No obstante, de la revisión del texto del Decreto Supremo 053-2010-MTC, solo se advierte el refrendo del Ministro de Transportes y Comunicaciones, por lo que, al no haberse cumplido con la formalidad establecida por ley, se ha vulnerado lo dispuesto en las normas vigentes citadas.
Resolución: 23-2019-SDC
Fecha de resolución: 2019-02-05
Expediente: 249-2017-CCD
Partes: JUAN CARLOS VALLEJOS ARRIETA LAIVE S.A.
Sumilla: Se REVOCA la Resolución 093-2018/CCD-INDECOPI del 6 de junio de 2018, emitida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Juan Carlos Vallejos Arrieta contra Laive S.A. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto de infracción establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal; y, reformándola, se declara infundada. El fundamento es que Laive S.A. ha logrado acreditar —a través de una serie de evaluaciones efectuadas con anterioridad a la fecha de la difusión de su publicidad— que el producto Evaporada Laive “0% lactosa”, efectivamente, no contiene lactosa. Por lo que, la afirmación publicitaria difundida en su empaque resulta ser veraz. En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la Resolución 093-2018/CCD-INDECOPI del 6 de junio de 2018, en los extremos que: (i) ordenó una medida correctiva a Laive S.A.; (ii) sancionó a Laive S.A. con una multa ascendente a diez (10) Unidades Impositivas Tributarias; (iii) dispuso su inscripción en el Registro de Infractores creado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; y, (iv) condenó a Laive S.A. al pago de costas y costos del procedimiento.
Resolución: 24-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-18
Expediente: 6-2014-CCD-INDECOPI-SAM
Partes: SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE SAN MARTÍN CLARA MARLENY GUTIÉRREZ MORI
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 098-2015/CCD-INDECOPI-SAM del 02 de junio de 2015, en el extremo que halló responsable a Clara Marleny Gutiérrez Mori por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto tipificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. La razón es que se constató que el establecimiento de la denunciada se publicitaba como “Hostal tres estrellas” y “Hotel” a través de una placa indicativa y páginas web, respectivamente, sin contar con el Certificado de clasificación y/o categorización que lo acredite. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 098-2015/CCD-INDECOPI-SAM del 2 de junio de 2015, en el extremo que sancionó a Clara Marleny Gutiérrez Mori con una multa total ascendente a 2.5 Unidades Impositivas Tributarias por la utilización de los siguientes medios publicitarios: 1. Placa indicativa en la fachada con la clasificación “Hostal” y la categoría “tres estrellas”, por la cual se impuso una sanción de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias. 2. Información en diversas páginas web con la clasificación “Hotel”, por la cual se impuso una sanción de 2 Unidades Impositivas Tributarias. La razón es que la sanción impuesta por la Comisión se sustentó en los criterios y parámetros impuestos por los artículos 52.1 y 53 del Decreto Legislativo 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la sanción fue proporcional pues no superó el límite legal del 10% de los ingresos brutos percibidos por la imputada en todas sus actividades económicas correspondientes al ejercicio anterior, como se dispone en el artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. SANCIÓN TOTAL: DOS PUNTO CINCO (2.5) UNIDADES TRIBUTARIAS IMPOSITIVAS
Resolución: 24-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-01-16
Expediente: 61-2016-CDB-D
Partes: COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C.
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 142-2016/CDB-INDECOPI del 27 de julio de 2016, emitida por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias, que declaró infundada la solicitud presentada por Industrias Windsor S.A.C. para que se le devuelvan los derechos antidumping pagados por la mercadería importada mediante la Declaración Aduanera de Mercancías 118-2015-10-153047. La razón es que la Declaración Aduanera de Mercancías 118-2015-10-153047 no se encuentra legajada, por lo que la misma no ha sido dejada sin efecto; y, por ende, no corresponde disponer la devolución de los derechos antidumping que hayan sido pagados por Industrias Windsor S.A.C. A mayor abundamiento, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias solo es competente para verificar la correspondencia entre los bienes importados (habiéndose determinado su clasificación arancelaria, origen, características físicas y la liquidación respectiva por parte de la autoridad aduanera) y el producto afecto a derechos antidumping, siendo que cualquier cuestionamiento que demande un pronunciamiento previo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria respecto a materias de su competencia, como la liquidación de tributos, no puede evaluarse por la presente vía.
Resolución: 24-2018-SDC
Fecha de resolución: 2018-01-31
Expediente: 22-2015-CFD
Partes: SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. MINISTERIO DE SALUD
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 191-2016/CDB-INDECOPI del 28 de octubre de 2016, que declaró IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Supermercados Peruanos S.A. contra el Ministerio de Salud, mediante la cual cuestionó la presunta imposición de una barrera comercial no arancelaria ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de fortificación con micronutrientes respecto a los productos importados derivados de la harina de trigo, materializada en los artículos 1 y 3 de los Decretos Supremos 008-2005-SA y 012-2006-SA. Esta decisión se sustenta en el hecho de que la exigencia denunciada se encuentra contenida en la Ley 28314, Ley que Dispone la Fortificación de Harinas con Micronutrientes, por lo que la evaluación de la denuncia presentada implicaría que la autoridad administrativa se avoque a analizar la legalidad o razonabilidad de lo establecido no solo en los decretos supremos antes indicado, sino además en la ley citada. A este respecto, es importante resaltar que el Indecopi no se encuentra facultado para pronunciarse respecto a la legalidad o razonabilidad de barreras comerciales no arancelarias contenidas en normas de rango legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, concordado con el artículo 26 del Decreto Ley 25868, el artículo 48 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 4 de la Ley 28996, normas vigentes al momento de la presentación de esta denuncia.
Resolución: 24-2019-SDC
Fecha de resolución: 2019-02-05
Expediente: 14-2019-SDC-QUEJA
Partes: SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR NATALIA QUELY LAZO MEDINA
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA respecto al reclamo en queja presentado el 5 de diciembre de 2018 por la señora Natalia Quely Lazo Medina contra la Sala Especializada en Protección al Consumidor mediante el cual dicha administrada alegó una presunta afectación a su derecho al debido procedimiento, puesto que se le habría notificado la Resolución 1362-2015/SPC-INDECOPI en un domicilio distinto a aquel indicado en el trámite del procedimiento. Esta decisión se sustenta en el hecho de que el presunto defecto de tramitación objeto de queja no subsiste, pues mediante la Cédula de Notificación del 30 de enero de 2019, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha notificado nuevamente la Resolución 1362-2015/SPC-INDECOPI a la señora Natalia Quely Lazo Medina, en el domicilio indicado en su escrito de queja.
Resolución: 25-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-18
Expediente: 1-2015-CCD
Partes: PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO BPH&H S.A.C.
Sumilla: Se MODIFICA la Resolución 017-2015/CD1-INDECOPI del 10 de junio de 2015, en el extremo que sancionó a BPH&H S.A.C. con una multa de: a) cero punto cinco (0.5) Unidades Impositivas Tributarias, por la difusión del primer anuncio (volante con fotos de bebidas alcohólicas) y, b) cero punto cinco (0.5) Unidades Impositivas Tributarias, por la difusión del segundo anuncio (folleto con fotos y descripción de bebidas alcohólicas); y reformándola, se le impone una sanción de amonestación por la difusión de ambos anuncios. Ello, debido a que, en el presente caso, no corresponde evaluar el beneficio ilícito, toda vez que al tratarse de difusión de publicidad de bebidas alcohólicas en la que no se consigna la frase de advertencia en un espacio equivalente, como mínimo, al 10% del área total del anuncio, esta Sala considera que, el posible efecto perjudicial de la omisión de la imputada se ve relativizado por la existencia de canales informativos complementarios, así como por el hecho de que aunque tales anuncios no contenían la advertencia legal en el tamaño establecido, la advertencia resultaba perceptible para los consumidores. SANCIÓN: AMONESTACIÓN
Resolución: 25-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-01-17
Expediente: 167-2016-CEB
Partes: INVENTA KS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0307-2016/CEB-INDECOPI del 8 de junio de 2016, en el extremo que declaró improcedente la denuncia presentada por Inventa KS S.A. contra la Municipalidad Distrital de la Victoria. La razón es que lo cuestionado por Inventa KS S.A. no califica como una exigencia, requisito, prohibición o cobro contenido en un acto o disposición de una entidad de la Administración Pública cuya presunta ilegalidad y/o carencia de razonabilidad pueda ser analizada en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y en el artículo 2 de la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0307-2016/CEB-INDECOPI del 8 de junio de 2016, en el extremo que declaró carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada por Inventa KS S.A.
Resolución: 25-2018-SDC
Fecha de resolución: 2018-02-06
Expediente: 63-2017-CFD
Partes: WORLD AUTOS S.C.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 188-2017/CDB-INDECOPI del 28 de agosto de 2017, en el extremo que declaró fundada la denuncia y, en consecuencia, se declaran barreras comerciales no arancelarias ilegales las siguientes obligaciones: (i) La exigencia de contar con la autorización del fabricante original para la elaboración de mercancías remanufacturadas que se importan, contenida en el párrafo final del artículo 146 del Decreto Supremo 058-2003-MTC -Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por el Decreto Supremo 053-2010-MTC; (ii) la exigencia de contar con la autorización del fabricante original para la nacionalización de mercancías remanufacturadas, contenida en el literal a) del artículo 148.1 del Decreto Supremo 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por Decreto Supremo 053-2010-MTC; y, (iii) la exigencia de contar con un “Informe Técnico de Constatación de Remanufactura” por parte de las Entidades Certificadoras de Fabricación, Modificación y Montaje autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tenga duda razonable respecto a la condición del producto remanufacturado, contenida en el artículo 149 del Decreto Supremo 058-2003-MTC - Reglamento Nacional de Vehículos, modificado por Decreto Supremo 053-2010-MTC. La razón es que el Decreto Supremo 053-2010-MTC, mediante el cual se aprobaron las obligaciones cuestionadas, incide en aspectos vinculados al libre comercio de mercancías al establecer reglas para la importación de productos remanufacturados, por lo que dicha norma debió contar necesariamente con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, conforme a lo señalado en los Decretos Leyes 25629 y 25909. No obstante, de la revisión del texto del Decreto Supremo 053-2010-MTC, solo se advierte el refrendo del Ministro de Transportes y Comunicaciones, por lo que, al no haberse cumplido con la formalidad establecida por ley, se ha vulnerado lo dispuesto en las normas vigentes citadas.
Resolución: 25-2019-SDC
Fecha de resolución: 2019-02-07
Expediente: 9-2018-CCD
Partes: RONALD FRANK TOVALINO YAPIAS INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL – IPAE
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 117-2018/CCD-INDECOPI del 27 de junio de 2018 en el extremo que determinó que Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE no habría cometido un acto de engaño al haber difundido mediante la publicidad denunciada que el señor Albert Rivera sería ponente en el evento “Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE Ejecutivos 2017”. En el presente procedimiento, Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE ha acreditado que en el momento que publicitó la participación del señor Albert Rivera como ponente en la “Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE Ejecutivos 2017”, tal ofrecimiento se encontraba debidamente sustentado mediante una comunicación remitida por la Secretaría del Partido “Ciudadanos” de España, por la cual dicha entidad confirmó de la asistencia del señor Albert Rivera en el evento antes referido. Por otra parte, la cancelación de la participación del señor Albert Rivera fue comunicada al Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE de forma posterior a la difusión del anuncio cuestionado. En tal sentido, esta circunstancia no determina que el imputado haya transmitido, en su oportunidad, un mensaje publicitario engañoso.
Resolución: 26-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-19
Expediente: 94-2015-CEB
Partes: EMPRESA DE TRANSPORTES INTERNACIONAL TARUMAS S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0300-2015/CEB-INDECOPI del 24 de julio de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La suspensión del otorgamiento de autorizaciones para la prestación del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional, al amparo de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, materializada en el Oficio 4951-2014-MTC/15, respecto a las rutas Lima - Tarma y viceversa y Lima - La Merced y viceversa. La razón es que no existe una ley o mandato judicial que faculte al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas o una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2 y 64 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (ii) La suspensión del otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte, materializada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC. Ello, debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado que exista una ley o mandato judicial que lo faculte a abstenerse de ejercer sus funciones administrativas, o que se encuentre pendiente una cuestión controvertida en sede judicial que deba ser resuelta de manera previa al pronunciamiento de dicha entidad, por lo que la suspensión contraviene lo dispuesto en los artículos 63.2 y 64 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición.