Resolución: 346-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-07-04
Expediente: 285-2015-CEB
Partes: TURISMO FANABRI ACOSTA EXPRESS E.I.R.L. EMPRESA CONSTRUCTORA JUAN DE DIOS S.R.L. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se declara la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA de la barrera burocrática declarada ilegal por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, mediante Resolución 0563-2015/CEB-INDECOPI del 18 de diciembre de 2015, respecto a la exigencia de presentar un Estudio de Factibilidad de Mercado, Financiero y de Gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen y/o destino en Lima Metropolitana y/o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La razón es que, mediante Decreto Supremo 004-2016-MTC, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de junio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones derogó el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, eliminando la exigencia en cuestión del ordenamiento jurídico, por lo que carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre tal extremo. De otro lado, se CONFIRMA la Resolución 0563-2015/CEB-INDECOPI del 18 de diciembre de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Ello, debido a que dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (ii) El requisito de presentar un informe emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en formato aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre, para obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre, establecido en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, así como en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que para su implementación se debe promulgar un reglamento que regule dicha exigencia, el cual aún no ha sido elaborado. En ese sentido, de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que requiera de una norma complementaria, en la medida que esta no se encuentre vigente. (iii) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transporte en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, materializada en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, toda vez que vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Asimismo, se MODIFICA la Resolución 0563-2015/CEB-INDECOPI del 18 de diciembre de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados, contenida en los artículos 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017­-2009-­MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, de manera genérica; PRECISANDO que la carencia de razonabilidad de dicha exigencia se verifica únicamente en las localidades de Cangallo, Huanpi, Querobamba, Vilcas Huamán, Huancasancos, Cora Cora, Pausa, Vischongo, Cabana, Aucara, Santa Ana de Huaycahuacho, Pampamarca, Abra Putajasa, Sacsamarca, Carapo, Huancaraylla, Canaria, Patapuqio, Chilcayoc, Chalcos, Belén, Chincheros, Quihuas, Sarhua, Huambalpa, Roccha, Acobamba, Lircay, Izuchaca, Acostabambo, Pampas, San Pedro de Coris, Castrovirreyna, Colcabamba, Distrito de Castilla, Auyabaca, Huancabamba, Las Lomas, Suyo, La Tina, Puente Fronterizo Macara, Los Órganos, Llapateras, Máncora, Huarmey, Casma, Huari, Pomabamba, Tayabamba, Corongo, Cabana, Sihuas, Piscobamba, San Luis, Chacas, Llamellín, Aija, Caraz, Carhuaz, Corongo, Parobamba, Quichez, Huaytuna, Aczo, Chingas, Chaccho, Mirgas, Silla, Yauya, Uco, Huacchis, Chuquicara, Yuracmarca, Tauca, Huandoval, Pallasca, Pampas, Huancaspata, Mollepata, Huallanca, Distrito de Amarillis, Ambo, Las Palmas, Ripan, Llata, Tantamayo, Punchao, Arrancay, Baños, Jesús Ambo, Lauricocha, Queropalca, Huacrachuco, Huacaybamba, Lambayeque, Mochumi, Jayanca, Illimo, Motupe, Olmos, Chongoyape, Batan Grande, Tuman, Pitipo, Llama, Santa Cruz, Bambamarca, Hualgayoc, Celendín, Namora, Matara, San Marcos, Huancaspata (La Libertad), Tayabamba, Cachicadán, Santiago de Chuco, Otuzco, Quiruvilca, Urpay, Taurija, Chilia, Tocache, Uchiza, Campanilla, Bellavista, San José de Sisa, Picota, Lamas, Rioja, Moyobamba, Chipurana, Distrito de Manantay, Aguaytia, San Alejandro, Pucallpa, Yarimaguas, Huacanca, Pampachiri, Pichanaqui, Mazamari, Pangoa, Oxapampa, Villa Rica, Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución. Finalmente, se MODIFICA la Resolución 0563-2015/CEB-INDECOPI del 18 de diciembre de 2015, en el extremo que dispuso de manera genérica la inaplicación a favor de Turismo Fanabri Acosta Express E.I.R.L. y Empresa Constructora Juan de Dios S.R.L., respecto a la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados; PRECISANDO que la referida inaplicación únicamente corresponde a la exigencia de contar con terminales terrestres en las localidades mencionadas en el párrafo anterior. Conforme lo ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, la exigencia de contar con terminales terrestres no es per se una barrera burocrática carente de razonabilidad, sino que únicamente ello podría suceder en: (i) aquellas zonas del país donde no se ha demostrado que exista un problema de congestión vehicular o seguridad vial; o, (ii) en las que no exista infraestructura habilitada, dependiendo del caso en concreto, esto es, en las rutas donde las denunciantes brindan sus servicios o en las que desean brindarlos.