Resolución: 448-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-08-01
Expediente: 381-2017-SDC-QUEJA
Partes: COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A.C.
Sumilla: Se declara la NULIDAD de la Resolución 0430-2014/CEB-INDECOPI del 14 de octubre de 2014, que declaró infundada la denuncia presentada por Compañía Minera Caudalosa S.A. contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. La razón es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas desestimó la denuncia formulada sin evaluar, ya sea estimando o desestimando, diversos argumentos presentados por la denunciante referidos a: (i) las formalidades que debían cumplir los informes sustentatorios presentados por las entidades denunciadas, (ii) la forma de distribución del aporte por regulación entre las empresas mineras; y, (iii) la determinación de la base imponible del aporte por regulación a favor del Osinergmin, omisiones que vician de nulidad el pronunciamiento emitido por la primera instancia. En vía de integración, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Compañía Minera Caudalosa S.A. contra la Presidencia del Consejo de Ministros y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del Osinergmin sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 en lo que respecta al sector minería, materializada en el artículo 1 del Decreto Supremo 128-2013-PCM y en el formulario A3 aprobado a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo 003-2014-OS/CD. La Sala Especializada en Defensa de la Competencia sustenta su pronunciamiento en los siguientes fundamentos: (i) De acuerdo con las sentencias emitidas por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el proceso de acción popular seguido contra el Decreto Supremo 128-2013-PCM, las cuales vinculan a todos los poderes públicos conforme al artículo 82 del Código Procesal Constitucional, únicamente la alícuota del aporte por regulación a favor del Osinergmin fue creada a través del Decreto Supremo 128-2013-PCM y dentro de los parámetros establecidos en las Leyes 27332, 27699 y 29901. Por tanto, la Sala carece de competencia para pronunciarse respecto de los cuestionamientos formulados sobre elementos del aporte por regulación a favor del Osinergmin distintos a la alícuota, toda vez que implicaría evaluar la validez de normas emitidas en ejercicio de función legislativa, lo cual no se enmarca dentro del ámbito de su competencia. (ii) El único aspecto del aporte por regulación que puede ser evaluado en el presente procedimiento es la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del Osinergmin sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 en lo que respecta al sector minería, materializada en el Decreto Supremo 128-2013-PCM y la Resolución de Consejo Directivo 003-2014-OS/CD, dado que solo este elemento fue fijado por el decreto supremo antes mencionado. (iii) Las normas que materializan la medida cuestionada fueron aprobadas en cumplimiento de las formalidades establecidas por ley para su aprobación y publicación, asimismo las alícuotas del aporte por regulación a favor del Osinergmin fueron fijadas dentro del tope máximo del 1% del valor de la facturación anual de las empresas mineras obligadas a su pago. (iv) Conforme a las sentencias emitidas en el proceso de acción popular, en aplicación del artículo 7 de la Ley 27699, las alícuotas del aporte por regulación a favor del Osinergmin contenidas en el Decreto Supremo 128-2013-PCM fueron determinadas en función al sostenimiento institucional de dicha entidad, el cual comprende los gastos por la función de supervisión y fiscalización y otras funciones desarrolladas por el Osinergmin. Al respecto, la Sala constató que, en efecto, el Osinergmin calculó las alícuotas cuestionadas en función al sostenimiento institucional de dicha entidad. Finalmente, dado que la denunciante no aportó indicios acerca de la presunta carencia de razonabilidad de la medida materia del presente procedimiento (la exigencia del pago del aporte por regulación a favor del Osinergmin sobre la base de las alícuotas establecidas para los años 2014 al 2016 establecidas en el Decreto Supremo 128-2013-PCM), no correspondía realizar el análisis de razonabilidad de la misma.