Resolución: 3-2016-SDC
Fecha de resolución: 2016-01-08
Expediente: 36-2015-CEB
Partes: EMPRESA DE TRANSPORTES ANCASH S.A. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: Se CONFIRMA la Resolución 0228-2015/CEB-INDECOPI del 19 de junio de 2015, en el extremo que declaró barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas: (i) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el Observatorio de Transporte Terrestre, materializada en la Vigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, toda vez que vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. (ii) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, establecida en el artículo 38.1.5.1 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. (iii) La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional con origen o destino en la provincia de Lima Metropolitana o en la provincia constitucional del Callao, materializada en el artículo 39 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Dicha exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, dado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no acreditó haber elaborado un informe previo que justifique su imposición. Asimismo, se ha verificado que esta medida es discriminatoria y contraviene el artículo 12 del Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (iv) El requisito de presentar un informe emitido por una “entidad certificadora autorizada” para obtener una autorización a fin de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito nacional, establecido en el artículo 55 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y materializado en el procedimiento 21 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La razón es que de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, no es exigible aquello que tenga un plazo de entrada en vigencia o requiera de una norma complementaria. De esta manera, dado que de acuerdo al Decreto Supremo 017-2009-MTC la exigencia de presentar el informe fue suspendida hasta treinta (30) días hábiles después de la publicación de la relación de las entidades certificadoras en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual aún no se ha efectuado, por lo que el informe referido no puede ser solicitado. Asimismo, se CONFIRMA la Resolución 0228-2015/CEB-INDECOPI del 19 de junio de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta debidamente autorizados en las ciudades de Reque, Aguas Verdes, Chocope, Yurimaguas, Huarmey, Paiján, Morropón, Chancay, Casma, Chao, La Esperanza, Guadalupe, Reque, Ignacio Escudero, Los Órganos, La Cruz, Lurín, Asia, Palpa, Ocoña, Vitor, Camiara, Matucana, Morococha, Junín, San Rafael, Uchiza, San Hilarión, Nueva Cajamarca, Quemado, Concepción, Supe, Coscho, Viru, Chicama, San Pedro, Pacanguilla, Lambayeque, Talara Alto, Máncora, Corrales, Pucusana, San Clemente, Chala, La Joya, Chaclacayo, San Mateo, Yauli, Carhuamayo, Ambo, Tocache, Picota, Pedro Ruiz, Olmos, Pativilca, Santa, Moche, Chiclín, San José, Mocupe, Marcavelica, El Alto, Casitas, Kankas, Chilca, Guadalupito, Atico, Sihuas, Chosica, Casapalca, Casachacra, Huariaca, Aucayacu, Bellavista, Rioja, Corral y Bolivar, contenida en los artículos 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, toda vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha acreditado la existencia de un interés público que justifique la medida adoptada, su proporcionalidad, ni que esta es la opción menos gravosa. Finalmente, se REVOCA la Resolución 0228-2015/CEB-INDECOPI del 19 de junio de 2015, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia impuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, consistente en contar con terminales terrestres en las ciudades de Zarumilla, Camaná y El Tambo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 33.2 y 33.4 del Decreto Supremo 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte; y, reformándola, se declara INFUNDADA la denuncia en este extremo. La razón es que la denunciante alegó como indicio de la presunta carencia de razonabilidad de esta medida, que las ciudades de Zarumilla, Camaná y El Tambo no contaban con terminales terrestres autorizados. Sin embargo, dicho argumento ha sido desvirtuado en el procedimiento, por lo que, ante la ausencia de indicios adicionales que permitan evaluar la presunta carencia de razonabilidad de la exigencia cuestionada en estas ciudades, no corresponde realizar dicho análisis.