Resolución: 290-2017-SDC
Fecha de resolución: 2017-05-25
Expediente: 149-2016-CEB
Partes: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA S.A.C. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Sumilla: En la presente resolución, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha resuelto lo siguiente: (i) declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 0486-2016/CEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta fianza bancaria por los montos de US$ 100,000.00, US$ 50,000.00 y US$ 25,000.00, para operar como centro de inspección técnica vehicular fijo y/o móvil, materializada en el Oficio 2820-2016-MTC/15.03. La razón es que, a través de la referida resolución, se declaró la conclusión del procedimiento con relación a la exigencia de presentar una carta fianza bancaria para operar como centro de inspección técnica vehicular, materializada en el literal m) del artículo 37 del Decreto Supremo 025-2008-MTC (Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares). Ello se sustentó en el hecho que, mediante el Decreto Supremo 009-2016-MTC, se habría modificado el referido literal m) del artículo 37.1 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, el cual materializaba dicha barrera burocrática. En consecuencia, bajo el criterio desarrollado por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, no existe la disposición que acredite la imposición actual a la denunciante de dicha barrera burocrática, puesto que esta habría desaparecido del ordenamiento jurídico vigente. Pese a ello, en la misma resolución, la primera instancia emitió pronunciamiento sobre la ilegalidad de la exigencia de presentar una carta fianza bancaria para operar como centro de inspección técnica vehicular, materializada en el Oficio 2820-2016-MTC/15.03, considerando que dicho acto constituiría una barrera burocrática diferente e independiente de aquella contenida en el literal m) del artículo 37.1 del Decreto Supremo 025-2008-MTC. Al respecto, la Sala considera que, con relación a este extremo de la resolución, en el presente caso se cuestionó y admitió a trámite solo una (1) barrera burocrática, en abstracto, contenida en el literal m) del artículo 37.1 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, siendo que el Oficio 2820-2016-MTC/15.03 únicamente es un documento que acredita la aplicación de dicha medida al caso de la denunciante. Por ende, el referido extremo de la Resolución 0486-2016/CEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 2016, constituye un pronunciamiento extra petita. (ii) CONFIRMAR, modificando fundamentos, la Resolución 0486-2016/CEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 2016, en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada por Centro de Investigación y Capacitación Técnica S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, en consecuencia, barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de presentar con una carta fianza bancaria como requisito para renovar la autorización como centro de inspección técnica vehicular, contenida en el artículo 43 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. (iii) CONFIRMAR la Resolución 0486-2016/CEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 2016, en el extremo que declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la exigencia de mantener vigente la carta fianza bancaria exigida, para no declarar la caducidad de la autorización como centro de inspección técnica vehicular, materializada en el literal c) del artículo 45 del Decreto Supremo 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Con relación a lo señalado en los numerales (ii) y (iii), esta Sala considera que, si bien dichas exigencias constituyen medidas legales, toda vez que la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para imponerlas y, no contravienen alguna disposición legal vigente; la entidad denunciada no ha sustentado la razonabilidad de dichas medidas. En tal sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha cumplido con acreditar: (a) haber evaluado los costos que generaría la aplicación de estas medidas en los agentes económicos, en el mercado en general y en los consumidores; ni (b) que las exigencias cuestionadas sean las medidas menos gravosas en comparación con otras opciones.