Resolución 2474-2021-SPC del 2021-11-15
Expediente: 571-2018-CC3-SIA
Partes: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – SEDE LIMA SUR N° 3 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.
Se confirma, modificando sus fundamentos, la decisión apelada, en el extremo que halló responsable a Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A. por infracción del artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; respecto de que había requerido el cobro de un interés moratorio superior al legalmente permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de Posgrado Públicos y Privados. Ello, en tanto que, efectuaba el cobro de dos (2) conceptos (gastos administrativos e interés moratorio) con los cuales buscaba castigar la demora en el pago, que sumados excedían el límite mencionado. Asimismo, se confirma, modificando sus fundamentos, la resolución impugnada, en el extremo que halló responsable a Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A. por infracción del artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto se acreditó que dispuso medidas que restringieron el desarrollo del servicio educativo a fin de procurar el cobro de las pensiones de enseñanza, en tanto comunicaba que, si el alumno no se encontraba al día en el pago de estas durante la prestación del servicio educativo: (a) se le suspendía o restringía el acceso a algunos o todos los servicios complementarios ofrecidos; (b) se difería la entrega de constancias correspondientes a los cursos o módulos cuyas pensiones se encuentren impagas; (c) se le restringía el préstamo de todo tipo de materiales de la biblioteca; y, (d) no se le emitía cartas de presentación solicitadas para temas laborales. De otro lado, se revoca la resolución apelada, en el extremo que halló responsable a Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A. por infracción del artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a que habría dispuesto medidas que restringen el desarrollo del servicio educativo a fin de procurar el cobro de las pensiones de enseñanza, en tanto comunicaba que si el alumno no se encontraba al día en el pago de estas: (i) no se le permitía participar en los equipos de deportes; y, (ii) luego de culminada la prestación del servicio educativo: (a) se le suspendía o restringía el acceso a algunos o todos los servicios complementarios ofrecidos; (b) se difería la entrega de constancias correspondientes a los cursos o módulos cuyas pensiones se encuentren impagas; (c) se le restringía el préstamo de todo tipo de materiales de la biblioteca; y, (d) no se le emitía cartas de presentación solicitadas para temas laborales; y, en consecuencia, eximirla de responsabilidad y ordenar el archivo de estos extremos. Ello, toda vez que: (i) esta medida no devenía en intimidatoria, en tanto el administrado no contaba con equipos de deporte, por lo que ni siquiera existía la posibilidad de su aplicación; y, (ii) una vez finalizado el servicio educativo, el proveedor podía aplicar las medidas antes señaladas a fin de procurar el pago de las pensiones. Por último, se declara la nulidad parcial de la resolución recurrida, en el extremo que sancionó al proveedor con una multa de 31,30 UIT por efectuar el cobro de un interés moratorio superior al legalmente permitido por la Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de Posgrado Públicos y Privados. Ello, toda vez que la graduación de la sanción realizada por la primera instancia no estuvo debidamente motivada, vulnerando el debido procedimiento y del deber de motivación de las resoluciones administrativas. En tal sentido, se dispone que la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 3 emita a la brevedad posible un nuevo pronunciamiento, fundamentando debidamente la graduación de la sanción en este extremo, atendiendo a los considerandos de la presente resolución. SANCIÓN: 72,30 UIT, por disponer medidas que restringen el desarrollo del servicio educativo a fin de procurar el cobro de las pensiones de enseñanza.