Resolución 1525-2021-SPC del 2021-07-07
Expediente: 1045-2019-CC2
Partes: VALERIA ANDREA VIDAL TRUJILLO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Se declara la nulidad parcial de la resolución de imputación de cargos y de la Resolución Final 0100-2021/CC2 del 21 de enero de 2021, emitidas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur Nº 2 y la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur Nº 2, por vulneración del principio de congruencia procesal. Ello, en tanto el órgano de primera instancia imputó y se pronunció, respectivamente, sobre un hecho no denunciado, referido a que Pontificia Universidad Católica del Perú, mediante el Centro Federado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, habría enviado un correo electrónico a los alumnos en referencia a la denunciante, en donde indicaron que se iniciarían investigaciones preliminares en su contra. En consecuencia, se dispone el archivo del presente procedimiento en dicho extremo. Adicionalmente, se confirma la resolución venida en grado, en los extremos que declaró improcedente por competencia, la denuncia interpuesta contra de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por presuntas infracciones del artículo 73° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con relación a las siguientes conductas: • Habría permitido que ingresaran al salón de sustentación de la denunciante dos (2) maquetas adicionales, sin verificar que estas no habrían sido aprobadas previamente; • a través del Decano de la carrera de Arquitectura y Urbanismo habrían afirmado que la denunciante habría reconocido las presuntas irregularidades en su sustentación; y, • habría resuelto invalidar la nota aprobatoria de la denunciante en el curso del Taller de Diseño X. Ello, en tanto el Indecopi no tiene competencia para avocarse al conocimiento de las conductas denunciadas en estos extremos, pues estos tienen como finalidad cuestionar las decisiones de fondo adoptadas por la Universidad dentro del ámbito de su autonomía universitaria, siendo que las mismas, no se encuentran referidas a presuntas vulneraciones al debido procedimiento. De otro lado, se revoca la resolución recurrida, en los extremos que declaró improcedente por competencia, la denuncia interpuesta contra la Pontificia Universidad Católica del Perú, por presuntas infracciones del artículo 73° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; y, en consecuencia, se declara procedente la misma, con relación a las siguientes conductas: • Habría iniciado un procedimiento disciplinario en contra de la denunciante, sin su previo conocimiento; • no habría entregado a la denunciante los documentos y medios probatorios considerados para inicio del procedimiento disciplinario en su contra; • habría seguido un procedimiento disciplinario en contra de la denunciante, pese a que no se encontraba matriculada en la Universidad y que ello no se encontraba reglamentado; • no habría brindado una respuesta al recurso de reconsideración presentado por la denunciante el 4 de julio de 2019; • no habría enviado a la denunciante el correo electrónico en el que se informaba sobre el inicio de investigaciones preliminares en su contra; • no habría incluido el nombre de la denunciante en la lista de notas anunciada el 17 de mayo de 2019; y, • habría retenido las maquetas presentadas por la denunciante para su sustentación, pese a que las solicitó. Ello, en tanto que se verificó que el Indecopi sí resulta competente para analizar las mismas, toda vez que las referidas conductas denunciadas no se encuentran dirigidas a cuestionar el sentido de la decisión de fondo de la Universidad sino la presunta vulneración al debido procedimiento en la investigación iniciada en su contra, el presunto incumplimiento a brindar información relevante a los alumnos, así como la presunta vulneración de una garantía expresa -Reglamento Interno de la Universidad y correo electrónico enviado por dicha institución educativa- lo cual no se encontraría dentro de los alcances de su autonomía universitaria. En ese sentido, se dispone que la primera instancia emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, a la brevedad posible.