Resolución 2446-2020-SPC del 2020-12-22
Expediente: 491-2020-CC2
Partes: EZZIA CAROLINA VILMA FERRADAS BUSTAMANTE GIACOMO ERNESTO PUCCIO QUEVEDO ANGÉLICA HERMELINDA CAYCHO GUEVARA ASOCIACIÓN CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE OFICIALES DE LA BENEMÉRITA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ – ACENESPAR
Se revoca la resolución venida en grado, en los extremos que declaró improcedente la denuncia interpuesta en contra de la Asociación Centro de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú – ACENESPAR, por las conductas referidas a que la denunciada: - Habría realizado un descuento del 20% en las pensiones, el cual no se encontraría sustentado en algún informe contable ni sería suficiente, en tanto existirían muchos gastos en los que ya no se incurriría al brindar el servicio educativo de manera no presencial; - habría reprogramado el inicio de clases para el 23 de marzo de 2020 en la modalidad virtual, sin informarles el plan de recuperación de las clases, el mismo que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos en la Resolución Viceministerial 79-2020-MINEDU; - habría publicado el plan de recuperación adaptado sin informarles directamente sus características, el cual fue notificado tardíamente a la UGEL 7 y presentaría las siguientes deficiencias pedagógicas: (a) los profesores habrían enviado fichas (documentos en Word) para transcribir sin la explicación correspondiente de los temas, originando que los padres de familia asumieran esa labor; (b) se habrían enviado mediante mensajería (correos electrónicos) tareas que consistirían en el avance de los libros, sin mayores indicaciones, delegando la explicación correspondiente a los padres de familia; (c) no se habría enviado a los alumnos videos con la explicación de los temas de clase; y, (d) no se habían utilizado plataformas digitales como Google Meet, podcast y, si bien se usó Zoom, las clases se cortaban a los cuarenta minutos; y, - no habría remitido a los denunciantes su Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos Efectivo y el Estado de Ganancias y Pérdidas, pese a que fue solicitado. En consecuencia, se declaran procedentes las mismas. Ello, toda vez que el Indecopi si tiene competencia para analizar los hechos denunciados, en el marco de sus competencias para fiscalizar el cumplimiento del deber de idoneidad e información por parte de los proveedores. En ese sentido, se ordena a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2 que, a la brevedad posible, proceda a realizar la imputación de cargos correspondiente, adecuando los hechos infractores a lo que fue expresado en la denuncia, esto es, a las siguientes conductas: Que, la Asociación Centro de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú – ACENESPAR: - Habría requerido a los denunciantes el cobro por prestaciones que no se les estaría brindando; - la Asociación habría dispuesto el inicio de las clases del año lectivo 2020 para el 23 de marzo de 2020, pese a que la Resolución Viceministerial 79- 2020-MINEDU disponía que las clases no debían iniciar antes del 29 de marzo de ese mismo año; - no les habría informado oportunamente a los denunciantes sobre el plan de recuperación contenido en el comunicado 003 del 21 de marzo de 2020; - el plan de recuperación contenido en el comunicado 003 del 21 de marzo de 2020 no contenía la siguiente información: (a) la identificación de los aprendizajes que se verían afectados; (b) la propuesta de reprogramación de actividades que aportaran al logro de dichos aprendizajes; (c) la descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes; (d) la definición del rol del docente en la estrategia; y, (e) grado o nivel para el que se aplica el plan, conforme lo disponía la Resolución Viceministerial 090-2020-MINEDU, siendo que en tres líneas solo se señalaba una programación de tres semanas; - no habría comunicado el plan de recuperación adaptado de forma oportuna a los denunciantes, siendo que el plazo para hacerlo habría vencido el 13 de abril de 2020; - no remitió de forma directa el plan de recuperación adaptado, siendo que solo les indicó que éste se encontraba publicado en su página web; - a través de los profesores, habría enviado fichas (documentos de Word) para transcribir, imprimir y/o sin la explicación correspondiente de los temas, originando que los padres asumieran esta labor; - les habría enviado a los denunciantes, mediante mensajería, tareas que consistían en el avance de los libros, sin mayores indicaciones, dejando la labor explicativa a cargo de los padres de familia; - a través de los profesores, no habría remitido videos, audios o medios audiovisuales con explicación de los temas realizados, siendo que solo en reducidos casos se enviaron videos de You tube, pese a lo cual estos no pudieron entenderse porque no se contaba con explicación del tema de clase; - en los meses de marzo y abril, habría utilizado la plataforma SieWeb para brindar clases (en vez de utilizar otras como Zoom o Google Meet), la cual no facilitaba la interacción que requerían cursos como Química, Física, Matemática e inglés; y, - no habría remitido a los denunciantes su Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos Efectivo y el Estado de Ganancias y Pérdidas, pese a que fue solicitado. Por otro lado, se declara la nulidad parcial de la resolución venida en grado, en el extremo que omitió pronunciarse sobre los hechos infractores denunciados referidos a que la Asociación Centro de Esparcimiento de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú – ACENESPAR: - El 13 de abril de 2020, habría publicado en su página web el mismo plan de recuperación que estaba contenido en el comunicado 003 del 21 de marzo de 2020, pese a que tenía la obligación de adaptarlo, conforme a lo establecido en la Resolución Viceministerial 90-2020-MINEDU; - no habría adoptado acciones ante los reportes realizados en los que se le puso en conocimiento que personas ajenas ingresaban a las clases de Zoom; - habría dispuesto el uso de la plataforma Zoom desde el 20 de abril de 2020 sin haber capacitado sobre su uso a los profesores, alumnos ni padres de familia; - no habría enviado el estudio contable que se habría realizado en abril de 2020 y que supuestamente sustentaba la reducción de la pensión en un 20%; - habría establecido un horario de clases sin sustento pedagógico ya que: (a) inicialmente, impartió tres clases diarias mediante la plataforma Zoom gratuita, por lo que estas estaban limitadas a sesiones de cuarenta minutos; y, (b) posteriormente, habría dispuesto clases diarias online con una duración mínima de cinco horas y de hasta seis horas; - no habría respondido de manera adecuada el pedido presentado el 15 de mayo de 2020, pues solo dio una respuesta aparente sin absolver ninguno de los puntos planteados; y, - habría establecido, en los meses de marzo y abril, un sistema de evaluación (participación en clase, tareas, prácticas dirigidas (dictados), lectura y prácticas calificadas) que no fue aplicado. En ese sentido, se ordena a la Secretaría Técnica de la Comisión que proceda a realizar la correspondiente imputación de cargos; así como continúe con el trámite correspondiente. Finalmente, se declara la nulidad parcial de la resolución venida en grado, en el extremo que omitió pronunciarse sobre el hecho infractor consistente en que la estructura de costos fijos y variables del servicio educativo, comunicado a los denunciantes mediante comunicado N° 12 del 12 de mayo de 2020, presentaría los siguientes inconvenientes: (a) ni la reducción de personal, ni la suspensión perfecta de labores a algunos trabajadores ni la reducción de sueldo de los maestros se reflejaba en el “análisis de costo”; y, (b) la estructura de costos no reflejaría que la Asociación ya no incurría en gastos por infraestructura (ambientes de estudio, deportivos y de recreación, biblioteca y tópico), material didáctico, pizarras, plumones, tizas y herramientas informáticas, ni tampoco la reducción de consumo de servicios de agua, electricidad, internet, seguridad y limpieza. En vía de integración, se declara improcedente la misma. Ello, toda vez que el Indecopi no tiene competencia para cuestionar la estructura de costos de los proveedores, la cual se encuentra dentro del ámbito de la libertad de empresa.