Resolución 432-2020-SPC del 2020-02-12
Expediente: 000053-2019-CC2
Partes: DENUNCIANTE:GEORGE CHRISTIAN RAFAEL PALOMINO DENUNCIADO: UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Se revoca la resolución venida en grado, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta en contra de la Universidad de San Martín de Porres por infracción del numeral 1 del artículo 38° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a que habría establecido como práctica discriminatoria, mediante la emisión de la Resolución 700-2017-CD-P-USMP, el calificativo de “buen pagador” a quien cumpliera con cancelar sus cuotas de pensiones en los plazos programados, estableciendo beneficios y prioridades en la matrícula en base a la situación de pago de los estudiantes; y, en consecuencia, se declara improcedente la misma por falta de interés para obrar. Ello, en tanto se verificó que, al momento de interponerse la denuncia (6 de noviembre de 2017), el denunciante no había sufrido algún agravio. Por lo tanto, se dejan sin efecto la medida correctiva ordenada, la sanción impuesta, la condena al pago de las costas y los costos del procedimiento y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi y la remisión de una copia de la resolución de primera instancia a la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, referidas a este extremo. Asimismo, se revoca la resolución venida en grado, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta en contra de la Universidad de San Martín de Porres por infracción del numeral 1 del artículo 38° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, referida a que habría establecido como práctica discriminatoria, mediante la Resolución 586-2017-D-FD, que únicamente los alumnos al día en sus pagos podrían presentar recursos de apelación en segunda instancia, respecto a sus evaluaciones, ante el Director del Departamento Académico; y en consecuencia, se declara improcedente la misma por falta de interés para obrar. Ello, en tanto a la fecha de presentación de la denuncia (6 de noviembre de 2017), el denunciante no acreditó que se haya visto agraviado por dicha disposición, es decir, que se le haya impedido apelar. Por lo tanto, se dejan sin efecto la medida correctiva ordenada, la sanción impuesta, la condena al pago de las costas y los costos del procedimiento y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi y la remisión de una copia de la resolución de primera instancia a la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, referidas a este extremo. Finalmente, se declara la nulidad parcial de la Resolución 3 y de la resolución venida en grado, en el extremo que imputó y se pronunció, respectivamente, por la conducta denunciada referida a que la Universidad de San Martín de Porres habría modificado indebidamente la nota obtenida por el denunciante en el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, variando su nota de diecisiete (17) a siete (7), hecho que habría provocado que desaprobara el curso señalado, como si fuera una presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, en tanto la misma en realidad calificó como una presunta infracción del artículo 73° del referido cuerpo normativo. Por lo tanto, se dejan sin efecto la medida correctiva ordenada, la sanción impuesta, la condena al pago de las costas y los costos del procedimiento y la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi y la remisión de una copia de la resolución de primera instancia a la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, referidas a este extremo. En vía de integración, se declara improcedente la denuncia interpuesta en contra de la Universidad de San Martín de Porres, referida a que habría modificado indebidamente la nota obtenida por el denunciante en el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, variando su nota de diecisiete (17) a siete (7), hecho que habría provocado que desaprobara el curso señalado. Ello, en tanto el Indecopi no tiene competencia para avocarse al conocimiento del hecho denunciado, pues este se encuentra dentro del ámbito de la autonomía universitaria.