Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III-ESPECIAL

RICHARD MACHADO 

ORTIZ

EX PARTE

KLAN202301040

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Relaciones 

de Familia y 

Menores de Bayamón

Civil Núm.:

BY2022RF01812

Sobre:

Petición de 

Incapacidad y 

Designación de 

Tutor 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu 

Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 29 de febrero de 2024.

Comparece el señor Richard Machado Ortiz, en 

adelante el peticionario o el señor Machado Ortiz, 

quien nos solicita que revoquemos la Sentencia

emitida el 4 de octubre de 2023. Mediante la misma,

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones 

de Familia y Menores de Bayamón, en adelante TPI,

desestimó la petición de incapacidad, en adelante la 

Petición, presentada por el peticionario a favor de 

su padre, el señor Richard Machado González, en 

adelante el Doctor Machado González o el peticionado,

y le impuso honorarios de abogado.

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se acoge el recurso como uno de 

certiorari, se expide el auto, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 
KLAN202301040 2

Instancia para la continuación de los procedimientos

conforme a lo dispuesto en la presente Sentencia.

-IEn el contexto de un pleito sobre una Petición

de Incapacidad y para Designación de Tutor1, el 

peticionario aseveró que sus hermanos, la señora 

Norma Machado Ortiz y el señor Ricardo Felipe Machado 

Ortiz, en conjunto los apoderados, han incurrido en 

prácticas de explotación financiera y han privado a 

su padre, el Doctor Machado González, de los 

tratamientos médicos que necesita. Alegó que, desde 

antes de la otorgación del poder duradero, el Doctor

Machado González no está capacitado para administrar 

sus propios bienes. Además de la declaración de

incapacidad judicial, solicitó el nombramiento de un 

tutor provisional, que no sea integrante de la 

familia Machado Ortiz, mientras se dilucida la 

incapacidad de su padre y hasta que se nombre a un

tutor en propiedad.

El señor Machado Ortiz destacó, a su vez, que

está impedido de proveer una evaluación médica, 

objetiva y completa, sobre las condiciones de salud 

que padece el Doctor Machado González porque los 

apoderados le niegan esta información y tampoco

comunican las veces en las que el Doctor Machado 

González ha sido hospitalizado en condición crítica.

Por consiguiente, el peticionario recomendó a una 

psiquiatra y a un neurólogo de su preferencia para 

realizar la evaluación de la presunta incapacidad. 

Finalmente, solicitó una orden para paralizar el 

ejercicio de las facultades otorgadas a los 

1 Apéndice del peticionario, págs. 857-871.
KLAN202301040 3

apoderados, la señora Norma Machado Ortiz y el señor 

Ricardo Felipe Machado Ortiz.

Por su parte, el Doctor Machado González

presentó una Moción Solicitando Desestimación del 

Caso.2 Alegó que el señor Machado Ortiz intenta 

nuevamente incapacitarlo, a pesar de que el TPI 

concluyó que en nuestro sistema de derecho se presume 

la capacidad mental y el peticionario no pudo 

controvertir esa presunción. También indicó que,

conforme resolvió el foro primario, la Petición del 

señor Machado Ortiz, a los efectos de que varios

médicos lo evalúen, “parecía más una expedición de 

pesca o un ataque colateral al Poder Duradero

otorgado... a favor de sus otros dos hijos”. Así pues, 

adujo que el TPI determinó que un informe en el que 

se indica que el Doctor Machado González padece 

Parkinson no es suficiente para someterlo a una 

batería de exámenes médicos. En todo caso, el foro 

primario entendió que eso sería una intromisión

indebida sobre su persona.

Por otro lado, arguyó que, aunque en los casos 

de familia los asuntos no advienen finales, esta 

normativa no aplica al pleito de epígrafe “[s]alvo 

que tales procedimientos de la jurisdicción

voluntaria se conviertan en asuntos contenciosos...”. 

Enfatizó que solo el primer caso de incapacidad, que 

presentó el peticionario, fue contencioso y el foro

sentenciador lo desestimó. Argumentó, además, que el 

Tribunal de Apelaciones definió la ley del caso 

cuando emitió una Resolución el 10 de noviembre de 

2021, tras atender las mismas controversias y los 

2 Id., págs.796-809.
KLAN202301040 4

mismos hechos. Según el foro intermedio, el Doctor

Machado González otorgó la Escritura Núm. 4 sobre 

poder duradero, la cual goza de validez, y de la

misma escritura surge que se le explicó al otorgante 

que el poder duradero se mantendría subsistente y 

válido durante todo el proceso de su enfermedad 

incapacitante o de ser declarado incapaz 

judicialmente para administrar sus bienes. Así pues, 

el peticionado solicitó al TPI: desestimar la 

Petición del señor Machado Ortiz por constituir cosa

juzgada, impedimento colateral e ir contra la ley del 

caso; sancionar la conducta temeraria, irrespetuosa e 

impertinente de la parte; y emitir una orden para el 

pago de honorarios de abogado.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el TPI determinó lo siguiente:

[E]l peticionario no presentó prueba médica 

alguna que derrotara, ni al menos de manera 

prima facie, la presunción de capacidad que 

establece el Código Civil en su artículo y que 

discute la jurisprudencia aplicable a los 

efectos.

[...]

Mas aún, el peticionario, Sr. Richard Machado 

Ortiz, presentó el mismo documento que unió a 

la petición del caso civil BY2020RF1044 que YA 

FUE ATENDIDO Y RESUELTO por este mismo 

Tribunal, del cual se recurrió en alzada al 

Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo 

y a la fecha ya fue dispuesto en su totalidad 

denegando el mismo. Se trata a claras luces de 

una controversia que ya fue adjudicada por el 

Sistema Judicial de Puerto Rico. Es un asunto 

final. No tenemos dudas de que se trata de que 

hay cosa juzgada y más aún impedimento 

colateral por Sentencia.

[...]

El petitorio del Sr. Machado Ortiz era que se 

ordenaran evaluaciones por médicos de su 

selección, pretendiendo, igual que en el caso 

anterior, que se iniciara una expedición de 

pesca (fishing expedition) para sustentar sus 

alegaciones.

[...]
KLAN202301040 5

Tampoco nos convence la alegación hecha por el 

peticionario, por medio de sus abogados, a los 

efectos de que en el caso anterior no se dictó 

Sentencia y que por ello no aplica el 

impedimento colateral, o que en caso anterior 

el Tribunal no atendió la controversia, todo 

lo contrario. Este Tribunal examinó y leyó la 

detallada Sentencia dictada por este Tribunal, 

la cual atendió y resolvió todos los asuntos

planteados y que, aunque se recurrió en alzada 

NO fue revocada. Una lectura minuciosa tanto 

de la Sentencia de este Tribunal, como de la 

Resolución del Tribunal Apelativo, contienen

[sic.] todo el tracto de los eventos que tuvo

ante sí este Tribunal en el caso anterior, 

donde a claras luces surge que se trató de una 

asunto altamente litigado, con gran cantidad 

de mociones y solicitudes de órdenes, sustenta 

nuestra conclusión que se trata del mismo

petitorio, con los mismos hechos, la misma 

prueba y que nos inclina a desestimar su caso.

[...]

El Dr. Machado González otorgó una escritura 

de Poder Duradero el 2 de julio de 2020, 

suscrito ante la Notario Anne Marie Huertas 

Solares mediante la Escritura Núm. 4. En la 

referida escritura el Dr. Machado González, 

(poderdante) designó a dos de sus hijos, Norma 

y Ricardo Felipe Machado Ortiz como 

apoderados, para administrar sus bienes, con 

el propósito de garantizar que, en el caso de 

alguna enfermedad o incapacidad, continúe la 

operación de sus negocios y actividades 

comerciales a la vez que se le provean los 

recursos necesarios que garanticen buena 

calidad de vida, salud, comodidad y atenciones 

médicas y hospitalarias.

[...]

A nuestro entender, dicho instrumento otorgado 

sustituye el procedimiento de incapacidad 

presentado, ya que regula por sí mismo lo 

concerniente a la administración y enajenación 

de sus bienes por lo que no existe un caso o 

controversia que el Tribunal tenga que 

atender, así como, además deja la petición de 

autos de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.

[...]

Por lo que, este Tribunal determina que 

procede la imposición de $2,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado a favor del 

Dr. Machado González a ser pagados en un 

término de 30 días.

3

3 Id., págs. 111-120.
KLAN202301040 6

En desacuerdo con la determinación, el 

peticionario presentó una Moción de Reconsideración4,

que el TPI declaró no ha lugar5.

Aun inconforme, el Doctor González Ortiz

presentó una Apelación en la que invoca la comisión 

de los siguientes errores:

EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL EMITIR 

SENTENCIA DESESTIMANDO LA CAUSA DE ACCIÓN BAJO 

LA REGLA 10.2(5) DE PROCEDIMIENTO CIVIL AL 

APLICAR LA DOCTRINA DE IMPEDIMENTO COLATERAL Y 

SIN TOMAR COMO CIERTAS LAS ALEGACIONES DE LA 

PETICIÓN.

EL TPI ERRÓ AL IMPONER REQUISITOS INEXISTENTES 

Y ONERESOS [SIC.] AL APELANTE CON RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Y 

NOMBRAMIENTO DE TUTOR.

EL TPI ERRÓ AL DESESTIMAR LA PETICIÓN DE 

INCAPACIDAD Y DESIGNACIÓN DE TUTOR SIN LA 

DEBIDA CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EN SU FONDO

PARA AQUILATAR LA PRUEBA SI PROCEDE O NO 

DECRETAR LA INCAPACIDAD DEL DOCTOR MACHADO 

ANTE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO CIVIL DEL 2020.

EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

DETERMINAR QUE EL OTORGAMIENTO DE UN PODER 

DURADERO REEMPLAZA EL PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD DE INCAPACIDAD.

EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD AL 

APELANTE.

Luego de revisar los escritos del peticionario;

del Doctor Machado González y de los interventores;

Norma Machado Ortiz, Ricardo Felipe Machado Ortiz y 

Norma Ortiz Colón, así como los documentos que obran 

en autos, estamos en posición de resolver.

-IIA.

Como cuestión de umbral, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil establece el alcance de la 

revisión discrecional de las resoluciones u órdenes 

4 Id., págs. 5-20.

5 Id., pág. 1.
KLAN202301040 7

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia en los siguientes términos: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de 

la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia[...].6

1.

Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este 

tribunal intermedio determinar si procede revisar la 

determinación interlocutoria recurrida.

A esos efectos, el auto de certiorari es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior.7

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.8 Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

6 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

7 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 

(2023); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. 

Padró, supra, pág. 334. 
KLAN202301040 8

razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera.9

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

dispone:

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 

la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.10

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el 

asunto en controversia y se coloca en posición de 

revisar los planteamientos en sus méritos.11 Sobre el 

9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; 

Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

10 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; 

Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

11 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto 

Rico, Inc., 2001, pág. 547.
KLAN202301040 9

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante el TSPR, afirmó:

Asumir jurisdicción sobre un asunto, expidiendo 

el auto de certiorari, ha sido definido como la 

autoridad en virtud de la cual los funcionarios 

judiciales conocen de las causas y las deciden. 

Constituye la facultad de oír y resolver una 

causa y de un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de compeler a 

la ejecución de lo decretado y puede decirse 

que es el derecho de adjudicar con respecto al 

asunto de que se trata en un caso dado.12

En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la 

expedición de un auto de certiorari, este Tribunal 

cumple su función principal de revisar las decisiones 

del foro de instancia para asegurarse que las mismas 

son justas y que encuentran apoyo en la normativa 

establecida.13

B.

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo.14

Cónsono con dicho propósito, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil permite a un demandado presentar 

una moción antes de presentar su contestación a la 

demanda, solicitando que se desestime la misma.15

Específicamente, la Regla 10.2 reconoce varios 

supuestos bajo los cuales es posible solicitar una 

desestimación, a saber:

... (1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

12 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 92-93 (2001).

13 Id., pág. 93.

14 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis

(2017), sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 

DPR 240, 247 (2022).

15 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra. 
KLAN202301040 10

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable.16

En lo aquí pertinente, “al resolver una

solicitud de desestimación fundamentada en que se 

deja de exponer una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio, los tribunales están 

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente”.17 A su vez, los hechos 

bien alegados, deberán ser considerados de la forma 

más favorable a la parte demandante.18 En 

consecuencia, nuestro ordenamiento procesal civil 

permite al demandado solicitar la desestimación de la 

reclamación cuando de las alegaciones de la demanda 

es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará.19

Finalmente, ante una solicitud de desestimación, 

el tribunal deberá identificar los elementos que 

establecen la causa de acción y las meras alegaciones 

concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.20

Específicamente, deberá evaluar “si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente 

para constituir una reclamación válida”.21 De modo 

16 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

17 Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, __

DPR __ (2024).

18 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González 

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera 

Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase, 

además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 2023 TSPR 

5, 211 DPR __ (2023).

19 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020); 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012). 

20 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; 

Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, 550 US 544 (2007).

21 Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).

Véase, además, Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.,

supra.
KLAN202301040 11

que, para prevalecer, el demandado deberá probar que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun 

interpretando la demanda de la manera más liberal a 

su favor.22

C.

La doctrina de cosa juzgada es materia que 

pertenece al ámbito del derecho sustantivo23. Así

pues, en nuestro ordenamiento civil, la cosa juzgada 

tiene su base estatutaria en el Artículo 1204 del 

Código Civil que establece que “[p]ara que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por 

la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron”24. Manresa define la 

doctrina antes citada como “lo ya resuelto por fallo

firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí 

la firmeza de su irrevocabilidad”25.

Sobre este particular, el TSPR ha dejado claro 

que para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, “es necesario que entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta 

sea invocada, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los 

22 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez, 

163 DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC

v. Mun. Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).

23 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012); Díaz v. 

Navieras de P.R., 118 DPR 297, 303 (1987).

24 31 LPRA sec. 3343. Véase, Presidential v. Transcaribe, supra,

pág. 273.

25 Presidential v. Transcaribe, supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v.

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011); Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004), citando a J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. 

Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.
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litigantes y la calidad con que lo fueron”26. Su 

finalidad es evitar que en un pleito posterior se 

litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre 

las mismas cosas y causas de acción, las 

controversias que ya fueron o pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas en el pleito anterior27.

Esta doctrina se fundamenta en consideraciones

de orden público, en el interés del Estado en ponerle 

fin a los litigios y en el propósito de proteger a 

los ciudadanos para que no se les someta en múltiples 

ocasiones a los rigores de un proceso judicial28. De 

este modo, procura garantizar la certidumbre y 

seguridad de los derechos ya declarados, además de

evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes29.

Cónsono con lo anterior, “[c]uando un litigante 

articula exitosamente los elementos necesarios para

que aplique la doctrina de cosa juzgada, ... [e]l 

efecto inexorable es que la sentencia decretada en un 

pleito anterior impide que, en un pleito posterior, 

se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma 

causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas

y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción 

previa”30. Sin embargo,

26 Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 273.

27 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655

(2013); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012); 

Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003);

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732-733 (1978); Mercado 

Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 950-951 (1972).

28 Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 507 (2016); Parrilla v. 

Rodríguez, supra, pág. 268.

29 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, pág. 655; 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834

(1993).

30 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 221-222 (2012); 

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008), 

citando a, Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 (2005); Pagán 

Hernández v. UPR, supra; Mercado Riera v. Mercado Riera, supra.
KLAN202301040 13

[...] aún estando presente los componentes 

necesarios para que la doctrina de cosa juzgada

surta efecto, hemos sido diáfanos en establecer 

que la referida figura legal ‘no es absoluta y 

debe siempre considerarse conjuntamente con el 

saludable principio de que debe dispensarse 

justicia en cada caso’. Es por ello que hemos 

resuelto que debemos abstenernos de aplicar la 

doctrina aludida ‘cuando al hacerlo se derrotan 

o se desvirtúan los fines de la justicia, 

produce resultados absurdos o cuando se 

plantean consideraciones de interés público’. A 

pesar de lo expresado, ‘no se favorece el 

reconocimiento y la aplicación liberal de 

excepciones a la doctrina de cosa juzgada ante 

el riesgo de que se afecte el carácter de 

finalidad de las controversias adjudicadas...’ De 

esta forma, evitamos se propicie la 

‘relitigación masiva de las controversias 

judiciales resueltas’

31.

1.

En diversas ocasiones el TSPR ha reconocido el

impedimento colateral por sentencia como una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada32. De modo

que, al igual que la doctrina de cosa juzgada, el 

impedimento colateral “tiene como propósito promover 

la economía procesal y judicial, proteger a los 

litigantes contra lo que representa defenderse o 

probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones 

tratándose de la misma controversia, evitar litigios 

innecesarios y decisiones inconsistentes”33. Ahora 

bien, el impedimento colateral se distingue de la 

doctrina de cosa juzgada en que para su aplicación no 

es necesario que se dé el requisito de identidad de 

causas34. “Esto significa que la razón de pedir que se 

presente en una demanda no tiene que ser la misma que 

se presentó en la demanda anterior”35.

31 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 224. (Énfasis en 

el original).

32 Universal Ins. y otros v. ELA y otros, 211 DPR 455, 469 

(2023); Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276; Beníquez 

et al. v. Vargas et al., supra, pág. 225.

33 Universal Ins. y otros v. ELA y otros, supra; Beníquez et al. 

v. Vargas et al., supra; Méndez v. Fundación, supra, pág. 269.

34 Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 276-277; Beníquez et 

al. v. Vargas et al., supra; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, supra.

35 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277.
KLAN202301040 14

Así pues, el impedimento colateral se activa 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia se dilucida y se determina por una 

sentencia válida y final, pues tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas 

partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas36. Finalmente, esta modalidad aplica

solamente a aquellas cuestiones que en efecto fueron 

litigadas y adjudicadas37.

D.

En nuestro ordenamiento jurídico se presume que 

la persona natural mayor de edad tiene, para todos 

los efectos legales, capacidad de obrar por sí 

misma.38 Sin embargo, la capacidad puede ser 

controvertida con una sentencia de incapacitación 

absoluta o de restricción parcial, por las causas y 

la extensión que determina la ley.39 En consideración 

a lo anterior, para declarar incapaz y nombrar un 

tutor a una persona adulta, es imperativo rebatir la 

presunción de capacidad mental suficiente para obrar, 

regir su persona y administrar sus bienes.40

Al limitar la capacidad de obrar de la persona 

natural, ya sea de forma parcial o absoluta, siempre

“procede el nombramiento de un tutor para que le 

asista en los actos ordinarios de la vida civil y la 

represente legalmente en las relaciones jurídicas en 

las que sea parte.”41

36 Id.; Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 837, 838-839 

(1965).

37 Presidential v. Transcaribe, supra.

38 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 759 

(2011); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000); 

Jiménez v. Jiménez, 76 DPR 718, 737 (1954).

39 Art. 100 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5601.

40 Id.

41 Art. 101 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5611.
KLAN202301040 15

Conforme dispone el Código Civil vigente, la

incapacitación absoluta es admisible para:

(a) la persona que tiene disminuidas o 

afectadas permanente y significativamente 

sus destrezas cognoscitivas o emocionales 

y tal estado le impide percatarse del 

contenido y alcance de los actos 

ordinarios y jurídicos que realiza; y

(b) la persona que padece una condición física 

o mental que le imposibilita cuidar de sus 

propios asuntos o intereses, mientras se 

encuentra en este estado.42

En lo aquí pertinente, quien tiene restringida su 

capacidad de obrar por sí misma en los asuntos que 

afectan sus bienes o sus intereses personales, con 

las limitaciones que expresamente le impone la ley o 

la sentencia de incapacitación, es:

[...]

(c) la persona con discapacidad física que no 

puede comunicarse efectivamente por ningún 

medio, y que requiere asistencia para 

hacerse entender, para participar 

consciente o activamente en algún acto 

jurídico o para consentir expresamente y 

por escrito a una obligación;

[...]43

En la medida en que el presunto incapaz carezca 

de la aptitud para realizar actos jurídicos, por

tiempo fijo o indefinido, están facultados para 

solicitar el procedimiento de incapacitación: el 

cónyuge, los progenitores, así como “cualquier 

pariente con plena capacidad de obrar que tenga 

derecho a sucederle o el defensor judicial que el 

tribunal designe”, y el Ministerio Público.44

Ahora bien, la declaración de incapacidad será 

precedida por un juicio ordinario y expedito, luego 

de cumplir con las exigencias del debido proceso de 

42 Art. 102 del Código Civil, 31 LPRA sec. 102.

43 Art. 104 del Código Civil, 31 LPRA sec.104.

44 Art. 110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5631.
KLAN202301040 16

ley.45 Así pues, el tribunal debe recibir el dictamen 

de uno o de varios médicos, que traten las 

condiciones físicas, cognoscitivas o emocionales que 

limitan la capacidad de obrar del alegado incapaz.46

Además, el tribunal puede pedir y recibir otras 

pruebas que considere necesarias para hacer su 

determinación.47 Luego, si entiende que la persona 

está realmente incapacitada para cuidar de sí misma y 

administrar sus bienes, nombrará un tutor.48

Finalmente, el Código Civil dispone que el 

tribunal requerirá un informe sobre las condiciones 

socioeconómicas del alegado incapaz antes de dictar 

la sentencia, de imponer las limitaciones especiales 

que procedan o de nombrar el tutor.49 También, ordena

al tribunal, antes de unir el informe al expediente

del caso, a recibir las objeciones oportunas que 

sobre su contenido presenten las personas interesadas 

en el proceso de incapacitación.50

E.

Por otro lado, es norma firmemente establecida 

que los tribunales apelativos no intervienen con el 

manejo de los casos por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

45 Art. 113 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5634. 

46 Art. 114 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5635.

47 Id.

48 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 761.

49 Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5642.

50 Id.
KLAN202301040 17

sustancial”.51 Conviene destacar que “la discreción se 

fundamenta [,entre otras,] en el contacto con los 

litigantes y la prueba que se haya presentado”52 ante 

el foro sentenciador. Por esta razón, se presume que 

el Tribunal de Primera Instancia conoce mejor las 

particularidades del caso y está en mejor posición 

para tomar las medidas necesarias que permitan 

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente 

a una disposición final.53

De modo que, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia merece 

nuestra deferencia salvo que incurra en algunas de 

las conductas previamente mencionadas y si a la luz 

de la prueba admitida, “no exista base suficiente que 

apoye su determinación”.54 Específicamente, el TSPR ha 

delimitado las instancias en las que un tribunal 

abusa de su discreción de la siguiente manera:

[C]uando no toma en cuenta e ignora en la 

decisión que emite, sin fundamento para ello, 

un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el 

contrario, sin justificación ni fundamento 

alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste; o cuando, [...] [tras] 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.55

51 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR 

145, 213 DPR __ (2023); Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial 

Inc., 210 DPR 465, 497 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN 

et al., 208 DPR 310, 338 (2021); VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 

207 DPR 253, 273 (2021); Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203 

DPR 254, 276 (2019);Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 

736 (2018); SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 

920, 933 (2015).

52 Citibank v. ACBI et al., supra, pág. 736.

53 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013);

Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307

(2012). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez 

Alayón, supra.

54 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).

55 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra. Véase, 

además, Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 

TSPR 65 (2023); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

435 (2013) (citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009)).
KLAN202301040 18

-IIIA los efectos del resultado alcanzado, 

discutiremos los señalamientos de error 1 al 4.

Para el peticionario, el TPI incidió al aplicar 

la doctrina de impedimento colateral por sentencia al 

caso de epígrafe, porque no se emitió una sentencia 

final y firme. Además, por la naturaleza dinámica de 

las controversias en casos de familia, los dictámenes 

emitidos no son finales y firmes. En su opinión, erró 

el foro sentenciador al desestimar la Petición en 

cuestión, bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, al no considerar como ciertas las alegaciones 

de la solicitud. Finalmente, se equivocó el TPI al 

desestimar la solicitud de incapacidad y nombramiento 

de tutor, sumariamente, es decir, sin celebrar vista 

evidenciaria. 

Por su parte, el Doctor Machado González arguyó 

que no erró el TPI al desestimar la Petición de 

Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor. A 

su entender, se configuraron las doctrinas de cosa 

juzgada y de impedimento colateral porque la Petición 

presenta las mismas alegaciones y la misma prueba 

médica que se desestimó en el caso Civil Núm. 

BY2020RF01044 entre las partes. Sostiene, además, que 

como el peticionario no derrotó la presunción de 

capacidad del Doctor Machado González, no procedía 

celebrar una vista evidenciaria. También, opina que 

la insistencia del peticionario en someter al Doctor

Machado González a un procedimiento judicial,

constituye una violación a sus derechos 

fundamentales.
KLAN202301040 19

Finalmente, las señoras Norma Machado Ortiz y 

Norma Ortiz Colón, así como el señor Felipe Machado 

Ortiz, adoptaron, en esencia, la misma posición que 

la del Doctor Machado González.

Como cuestión de umbral, está ante nuestra 

consideración una controversia sobre el estado mental 

del peticionado. En la medida en que dicho estado 

está sujeto a cambios, la determinación recurrida es 

de naturaleza interlocutoria.56

Aclarado lo anterior y por tratarse de una 

decisión judicial en un caso de relaciones de 

familia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil nos 

faculta a revisarla. En consecuencia, acogemos el 

recurso de epígrafe como uno de certiorari y bajo 

dicho parámetro pasamos a adjudicarlo. 

De lo anterior se desprenden las siguientes 

consecuencias.

En general, el estado mental de una persona es 

una condición dinámica, cambiante, variable, más aún

cuando se trata de una persona de edad muy avanzada. 

Así pues, dicha dimensión del ser humano no se puede 

aprisionar en el marco rígido del concepto de 

sentencia y en consecuencia, no es susceptible de la 

aplicación del concepto de cosa juzgada.

56 En Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 (1998) el 

TSPR dispuso lo siguiente: “Los casos de familia están permeados 

del más alto interés público y tienen, además, un carácter sui 

géneris. En virtud de lo anterior, hemos expresado que las 

determinaciones de alimentos y de custodia de menores no 

constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a 

revisión judicial, en el tribunal de instancia, si ocurre un 

cambio en las circunstancias que así lo justifique... En 

consecuencia, estos dictámenes nunca son estrictamente finales 

ni definitivos”. (Citas omitidas). Véase, además, Otero Vélez v. 

Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 85-86 (2018); Machargo Olivella v. 

Martínez Schmidt, 188 DPR 404, 415 (2013) (Opinión de 

conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Kolthoff 

Caraballo a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón 

Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García); Cortés Pagán 

v. González Colón, 184 DPR 807, 813 (2012).
KLAN202301040 20

Tampoco aplica su versión más moderada, es 

decir, la doctrina de impedimento colateral. Ello 

obedece a que ni en el caso civil BY2020RF01044, ni

en el caso de epígrafe, fue litigado y adjudicado, 

mediante sentencia final y firme, algún hecho 

esencial sobre la capacidad del Doctor Machado 

González para cuidar de sí mismo y administrar sus 

bienes.

Como si lo anterior fuera poco, en ninguno de 

los dos casos se ha celebrado un juicio ordinario en 

el que hayan declarado peritos médicos sobre las 

condiciones cognoscitivas o emocionales del 

peticionado. Tampoco se ha pasado prueba sobre la 

condición socioeconómica del Doctor Machado González. 

En síntesis, lejos de haber sido adjudicado de forma 

final, el estado mental actual del peticionado está 

abierto a dilucidarse. 

Por otro lado, asumiendo in arguendo que las 

figuras procesales de cosa juzgada e impedimento 

colateral por sentencia aplican al caso de autos, 

estas no son moldes rígidos e inflexibles que 

determinen de una vez y para siempre cualquier

controversia, y menos aun, una de relaciones de 

familia. Como ha declarado de forma categórica 

nuestro más alto foro, su aplicación siempre se debe 

considerar “conjuntamente con el saludable principio 

de que debe dispensarse justicia en cada caso”57.

Somos de la opinión, que el TPI erró al no 

aplicar correctamente el estándar de revisión de la 

moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de las 

de Procedimiento Civil, supra. De haberlo hecho, 

57 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 224.
KLAN202301040 21

habría continuado el trámite de declaración de 

incapacidad. Veamos. 

Si aceptamos como ciertas las alegaciones de la 

Petición y las consideramos de forma más favorable al 

peticionario, es forzoso concluir que el señor 

Machado Ortiz podría tener una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Así pues, de 

la lectura de las alegaciones bien formuladas de la 

Petición surgen, en esta etapa de los procedimientos,

interrogantes sobre la naturaleza de la patología del

peticionado, su impacto sobre su capacidad 

cognoscitiva y su facultad para administrar su 

persona y sus bienes. Del mismo modo existe 

controversia, en esta etapa de los procedimientos, 

sobre la aptitud de los apoderados para administrar 

la persona y los bienes del peticionado.58

Debemos añadir que coincidimos con la 

apreciación del peticionario en que incidió el TPI al 

desestimar la petición de incapacidad y nombramiento 

de tutor sin celebrar una vista evidenciaria. Así 

pues, no se puede rebatir la presunción de capacidad 

de una persona abstrayendo un trámite judicial que 

garantice, a todos los involucrados, el debido 

proceso de ley. Por el contrario, dicha tarea 

judicial requiere la celebración de un juicio 

ordinario en el que, entre otras cosas, se consideren 

los dictámenes de diversos médicos, información sobre 

las condiciones socioeconómicas del presunto incapaz 

y cualquier otra prueba que el foro sentenciador 

entienda necesaria para hacer su determinación. Esto, 

58 Apéndice del peticionario, págs. 857-865.
KLAN202301040 22

sin lugar a dudas, no ha ocurrido en el presente 

caso.

De lo que sí estamos seguros es de que no se 

puede mantener la presunción de incapacidad de una 

persona a base de alegaciones concluyentes, 

acomodaticias, esquivas e ingenuas de una sola de las 

partes, en este caso, los apoderados. Menos aún, 

cuando dicha presunción pretende mantenerse sobre la 

base de no permitir acceso al peticionado y de ese 

modo, impedir a otras partes interesadas conocer la 

veracidad de dichas afirmaciones. 

Finalmente, podríamos omitir la argumentación 

previa de la parte dispositiva de esta sentencia y 

llegar al mismo resultado adjudicativo, a saber, que 

no se podía desestimar la Petición en esta etapa tan 

temprana del procedimiento, que procedía continuar 

con los procedimientos y que eventualmente había que 

celebrar el juicio ordinario y expedito que exige el 

Código Civil. Para ello, basta considerar las 

expresiones de la única participante en la vista 

argumentativa, neutral, ajena a este contencioso 

familiar acrimonioso, a saber, la Procuradora de la 

Familia. Veamos.

Sometimos el informe fiscal y ante lo... la falta 

de documentos que hacía... que no... que no 

formaban partes de la petición...

Al día de hoy no hemos recibido absolutamente

nada. Esa es la realidad en cuanto a la 

petición.

[...]

Hay unas partes aquí que están diciendo: “somos 

partes, tenemos un interés”, ¿okay?

Y esas partes, por otro lado, lo único que 

piden es: "queremos expresar nuestra posición, 

porque es no solamente estar aquí y notificarme

y que me escuche. ¿Cómo va a escuchar este 

honorable tribunal si no podemos dar 

información? ¿Hasta qué punto eso constituye 

una oportunidad de que se le [sic.] de a los 
KLAN202301040 23

hijos en [sic.] su debido proceso de Ley,

porque no tienen herramientas para expresar 

ningún tipo de posición ninguno de los 

interventores, en este momento?

Definitivamente, aquí no se ha cumplido con el 

Informe Fiscal.

Entonces, en cuanto al impedimento colateral,

entendemos que por la jurisprudencia que hemos 

estado evaluando, veni... varias jurisprudencias 

que hemos estado evaluando, no es procedente en 

este momento, en este procedimiento.

En este procedimiento tenemos ante la 

consideración del Tribunal una Moción de 

Desestimación de un lado. Un conflicto 

espeluznante entre un núcleo familiar que 

levanta una luz de alerta. Y unos hijos que 

están pidiendo que para ellos poder expresar su

posición pues tienen que tener acceso al señor.

Eso es lo que está ante la consideración del 

Tribunal. En cuanto a mi petición de autori... 

de incapacidad, en este momento yo no puedo 

expresar absolutamente nada, porque no se me ha

puesto en posición.

[...]

59

De dichas declaraciones, podemos afirmar sin 

temor a equivocarnos, que este caso no está maduro 

para adjudicación en una etapa tan temprana de los 

procedimientos. Esto es así porque la defensa de

impedimento colateral era inaplicable. Faltaba 

información, no se había cumplido con el Informe 

Fiscal. El “espeluznante” conflicto familiar “levanta 

una voz de alerta” y nadie podía expresarse en torno a 

la capacidad del Doctor Machado González porque no se 

les ha puesto en posición. De lo anterior, es 

razonable colegir que el TPI abusó de su discreción al 

ignorar en la determinación impugnada, sin fundamento 

para ello, las contundentes declaraciones de la 

Procuradora de la Familia, apoyadas en el expediente,

que a su vez, este tribunal intermedio revisó de forma 

independiente.

59 Apéndice del peticionario, págs. 165-167. (Énfasis suplido)
KLAN202301040 24

-IVPor los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la celebración de una vista de 

incapacidad y nombramiento de tutor. En la ejecución 

de dicha encomienda deberá cumplir estrictamente con 

las disposiciones aplicables del Código Civil, 

incluyendo, pero sin limitarse, los Arts. 113, 114 y 

117.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones