Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

YADIEL OMAR FRANCO DÍAZ

Apelante

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, ET ALS

Apelados 

KLAN202400008

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Caso número:

BY2023CV01366

Sobre:

Impugnación de 

Confiscación

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Yadiel O. Franco Díaz, mediante el 

recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 29 de 

noviembre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria promovida por la parte peticionaria.

Toda vez que el recurso de epígrafe versa sobre la revisión de una 

resolución de naturaleza interlocutoria, acogemos el mismo como un 

certiorari y conservamos el alfanumérico para propósitos administrativos.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado.

I

El 9 de marzo de 2023, Yadiel O. Franco Díaz (Franco Díaz o 

peticionario) incoó una Demanda sobre impugnación de confiscación en 

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o recurrido), por 

conducto del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el 

Negociado de la Policía de Puerto Rico (Policía), por conducto del 
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Comisionado de la Policía, y la Junta de Confiscaciones de Puerto Rico, 

por conducto de su Directora Administrativa.

1

Indicó que, el 23 de enero de 

2023, un agente de la Policía le ocupó su vehículo marca Ford, modelo 

Mustang, con tablilla IOC-511 del año 2015, registrado a su nombre en el 

Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico (DTOP). Señaló que dicha ocupación respondía a 

presuntas violaciones al Artículo 5.06 de la Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada, conocida como la Ley de Vehículo y Tránsito de Puerto Rico, 

9 LPRA sec. 5126 (Ley de Tránsito), según surgía de la carta de notificación 

de confiscación, en la cual le informaron que la orden en cuestión fue 

emitida el 6 de febrero de 2023. Alegó que tal intervención fue ilegal y 

representaba un acto contrario a derecho, inconstitucional e injustificado. 

Negó que la propiedad ocupada estuviera conectada con la comisión de 

delito alguno. Sobre ese particular, sostuvo su inocencia de los delitos 

imputados y planteó que aún no se habían dilucidado ni encontrado 

culpable de los hechos de los cuales se le acusaba. En virtud de ello, por 

la alegada ilegalidad de la confiscación, adujo que correspondía que la 

Junta de Confiscaciones le devolviera el vehículo ocupado.

Por su parte, el 28 de junio de 2023, el ELA presentó su alegación 

responsiva, en la cual, en esencia, negó los planteamientos esbozados en 

su contra.2 En lo pertinente, alegó que la confiscación realizada fue en el 

ejercicio de un deber ministerial, hecho de buena fe, con la autoridad que 

le confería la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como la 

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq. (Ley 

de Confiscaciones). Señaló que se presumía la legalidad y corrección de 

la confiscación independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos 

hechos. Sobre ello, abundó que la naturaleza de las confiscaciones era in 

rem, independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal, 

1 Apéndice 1 del recurso, págs. 21-24.

2 Apéndice 2 del recurso, págs. 25-29.
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administrativa u otra. A su vez, indicó que Franco Díaz tenía el peso de la 

prueba para derrotar la legalidad de la confiscación.

Celebrada la vista de legitimación activa,3 el 19 de octubre de 2023, 

Franco Díaz instó una Moción del Demandante para que se Dicte Sentencia 

Sumaria.

4 En síntesis, adujo que el proceso criminal celebrado en su contra 

culminó mediante Sentencia del 5 de junio de 2023, con una determinación 

de culpabilidad por la comisión del delito tipificado en el Artículo 5.07 de la 

Ley de Tránsito, 9 LPRA sec. 5127, el cual no disponía sobre la ocupación 

del vehículo. Especificó que había suscrito libre y voluntariamente un 

acuerdo con el Ministerio Público de reclasificación del delito originalmente 

imputado. Sostuvo que inicialmente se le había denunciado por un delito 

bajo el Artículo 5.06 de la Ley de Tránsito, supra, que aparejaba la 

confiscación, pero que este había sido reclasificado –con su alegación de 

culpabilidad– a uno menos grave que no proveía para la acción de 

confiscación. Sobre ese particular, arguyó que, si la propiedad confiscada 

no tenía conexión con la comisión de un delito que por ley autorizara la 

confiscación, no había razón para que el ELA la continuara ocupando.

Reiteró que era un hecho incontrovertible que el vehículo confiscado no se 

había utilizado en la comisión del delito tipificado en el precitado Artículo 

5.06, para los efectos de la presente acción de impugnación. Planteó que,

al no existir la comisión del referido delito, se perdió el fundamento legal 

para efectuar la confiscación que solicitaba el ELA, por lo que procedía la 

devolución del vehículo confiscado.

En respuesta, el 17 de noviembre de 2023, el ELA se opuso.5 En 

esencia, argumentó que Franco Díaz no había demostrado la existencia de 

3 El 12 de septiembre de 2023, el foro primario determinó que Franco Díaz tenía 

legitimación activa para continuar con la acción de epígrafe. Véase, Apéndice 3 del 

recurso, págs. 30-31.

4 Apéndice 4 del recurso, págs. 32-42. Junto a su escrito, Franco Díaz presentó el siguiente 

documento: copia de la Sentencia del Caso Criminal Núm. D MG2023M0027, con fecha 

del 5 de junio de 2023. Véase, Apéndice 7 del recurso, pág. 58.

5 Apéndice 5 del recurso, págs. 43-51. El ELA acompañó su moción con los siguientes 

documentos: (1) copia de la Sentencia del Caso Criminal Núm. D MG2023M0027, con 

fecha del 5 de junio de 2023; (2) copia de la Orden de Confiscación del 6 de febrero de 

2023, con firma de recibo y tasación del 8 de febrero de 2023; (3) copia de la Denuncia

del Caso Núm. 2023-07-199-00115, con fecha del 6 de febrero de 2023. Véase, Apéndice 

7 y 8 del recurso, págs. 58-59. Véase, además, Anejos de la Entrada Núm. 23 del Caso 
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una adjudicación expresa en el proceso penal instado en su contra por 

violación al Artículo 5.06 de la Ley de Tránsito, supra, en la cual se haya 

determinado que el vehículo cuya confiscación se impugnaba no fue 

utilizado en la comisión de algún delito. Sostuvo que, a falta de dicha 

determinación expresa, no procedía la aplicación de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia. Por el contrario, alegó que 

correspondía que Franco Díaz presentara prueba que derrotara la

presunción de legalidad de la confiscación, la cual se debía mantener

vigente conforme a nuestro ordenamiento jurídico. En virtud de ello, solicitó 

que se declarara No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria instada por 

Franco Díaz y se ordenara la continuación de los procedimientos.

Evaluadas las posturas de las partes, el 29 de noviembre de 2023, 

notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución que nos ocupa.6 En esta, desglosó las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. El demandante Yadiel Omar Franco Díaz fue objeto de 

una intervención policial el 23 de enero del 2023 en 

Bayamón, Puerto Rico.

2. A raíz de esta intervención por alegada infracción al 

Artículo 5.06 de la Ley Núm[.] 22-2000, conocida como la 

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según 

enmendada, se le ocupó el automóvil Marca Ford, modelo 

Mustang, tablilla IOC-511, el cual es propiedad del 

demandante.

3. El demandante fue notificado de la confiscación el 13 de 

febrero de 2023, dentro del término provisto por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.

4. La Orden de Confiscación fue emitida el 6 de febrero de 

2023 y la Certificación de la Inspección de Vehículos de 

Motor y Equipo Pesado fue expedida el día 3 de febrero 

de 2023.

5. El demandante Sr. Franco Díaz fue citado el 22 de febrero 

de 2023 para la celebración de la vista de determinación 

de causa al amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Luego de celebrada la 

vista y escuchada la prueba del Estado, el Honorable 

Tribunal determinó causa probable por infracción al 

Artículo 5.06 de la Ley [Núm.] 22-200, supra.

Núm. BY2023CV01366 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC).

6 Apéndice 6 del recurso, págs. 52-57.
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6. El juicio en su fondo para el caso D MG2023M0027 se 

celebró el 5 de junio de 2023. En esa misma fecha[,] se le 

anunció al Honorable Tribunal que el Sr. Yadiel Omar 

Franco Díaz llegó a un preacuerdo con el Ministerio 

Público mediante el cual se declaró culpable de infringir el 

Artículo 5.07 de la Ley [Núm.] 22-2000, supra, siendo 

sentenciado al pago de una multa de mil dólares 

($1,000.00).

7. En el ámbito penal, el demandante no fue encontrado 

culpable por infringir el Artículo 5.06 de la Ley Núm[.] 22-

2000.

8. El demandante tiene legitimación activa para instar y 

continuar con la acción de autos.7

En síntesis, el foro primario determinó que existía controversia sobre 

si Franco Díaz había logrado rebatir la presunción de legalidad y corrección 

de la confiscación en cuestión. Expresó que, contrario a lo propuesto por 

Franco Díaz, la Sentencia del Caso Núm. D MG2023M0027 en nada aludía 

a que el vehículo confiscado no se utilizó en la comisión del delito imputado. 

Asimismo, concluyó que Franco Díaz no demostró la existencia de una 

adjudicación expresa en el proceso penal instado en su contra por violación 

a la Ley de Tránsito, supra, en la cual se haya determinado que el vehículo 

cuya confiscación se impugnaba no fue utilizado en la comisión del delito. 

Por ello, determinó que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 

de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724e, no aplicaba la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia propuesta por Franco Díaz en el caso 

de autos. Por último, señaló que el Artículo 15 de la Ley de Confiscaciones, 

34 LPRA sec. 1724l, expresamente establecía que la legalidad y corrección 

de la confiscación se presumía, independientemente de cualquier otro caso 

criminal relacionado a los mismos hechos, y que Franco Díaz tenía el peso 

de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación. En vista de ello, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por 

Franco Díaz.

Inconforme con dicha determinación, el 2 de enero de 2024, la parte 

peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó el 

siguiente señalamiento de error:

7 Apéndice 6 del recurso, págs. 52-53.
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala [Superior] de 

Bayamón[,] al no resolver sumariamente, amparándose en la 

inaplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, según dispuesto por la Ley [Núm.] 119-2011 en 

evidente menoscabo a la primacía del derecho constitucional 

al disfrute de la propiedad y del debido proceso de ley.

En cumplimiento con nuestra Resolución del 12 de enero de 2024, 

la parte recurrida compareció mediante Alegato en Oposición el 12 de 

febrero del mismo año.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver.

II

A

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a 

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de 

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .]
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Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón 

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla 

dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

B

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para 

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón 

v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); Oriental 

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023);

Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ 

(2023); Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). Dicho 

mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de 

litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista controversia 
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material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho 

así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964 (2022). 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal, 

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial, 

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo 

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de 

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de 

acción. Íd. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone 

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de 

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia 

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados 

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones 

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office 

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple 
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con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud 

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan 

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que, 

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, 

si la misma procede en derecho. Íd. 

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la 

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro 

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la 

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la 

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye 

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede 

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las formalidades de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos 

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la 

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos 

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos 

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar 
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guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su 

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su 

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres 

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá 

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención, 

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto. 

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero 

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien, 

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una 

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se 

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la 

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no 

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia 

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. y otro 

v. ELA y otros, supra.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que 

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una 

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. 

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto 

Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 

supra, pág. 679. 

Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 

DPR ___ (2023); Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; González 

Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es una de 

novo y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, así como de su jurisprudencia interpretativa. 

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra. A tenor con la referida 

normativa, dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la 

parte que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen 

y realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v. 

Econo y otros, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho. González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 

supra.

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

En síntesis, la parte peticionaria sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no resolver sumariamente la acción de epígrafe. 

Argumenta que al caso de autos le es aplicable la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
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Confiscaciones, supra. De igual forma, plantea que el foro primario erró al 

declarar No Ha Lugar su petitorio sumario, pues ello constituye un evidente 

menoscabo a la primacía del derecho constitucional al disfrute de la 

propiedad y del debido proceso de ley.

Hemos evaluado el recurso de epígrafe conforme exige la normativa 

antes expuesta con particular atención a los criterios que le corresponde 

utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones 

del foro de instancia, según Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, colegimos que no 

existe criterio jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por 

el Tribunal de Primera Instancia. Al entender sobre el planteamiento que la 

parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen 

no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al declarar No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria, 

ello a fin de que podamos soslayar la norma de abstención judicial que, en 

dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de nuestras funciones.

Al evaluar de novo los documentos que nos ocupan, coincidimos con 

que, al adjudicar el asunto, el Tribunal de Primera Instancia actuó de 

conformidad con las normas que prevalecen en la materia que atendemos. 

Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los 

procedimientos, no resulta oportuna. Siendo así, y en ausencia de prueba 

que nos permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de 

certiorari que nos ocupa, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones