Número Identificador

SEN2024 ________

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

BELLA INTERNATIONAL, 

LLC; INTERNATIONAL 

AUTOMOTIVE 

DISTRIBUTOR GROUP, 

LLC; POMPINA 

INVESTMENTS, LLC. 

Recurrentes

V.

MAYS CHEMICAL 

COMPANY OF PUERTO 

RICO, INC. H/N/C MAYS 

OCHOA; OFICINA DE 

PERMISOS 

Recurridos

KLRA202400094

RECURSO DE 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA de

Permiso de 

Construcción emitido 

por la Oficina de 

Gerencia de 

Permisos 

Caso Núm. 

2023-485458-PCOC034523

Sobre:

Permiso de 

Construcción

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.

Bella International, LLC (Bella), International Automotive 

Distributor Group, LLC (International) y Pompina Investments, 

LLC (Pompina), (en conjunto los Recurrentes) solicitan la 

revocación del Permiso de Construcción 2023-485458-PCOC034523 que emitió la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 

29 de diciembre de 2023 a favor de la proponente Mays Chemical 

Company of Puerto Rico, Inc. (Mays). El proyecto proponía la 

instalación industrial dedicada a la venta, distribución y 

almacenamiento de sustancias químicas. Contempla la adición de 

una operación de fabricación de sustancias químicas dentro de las 

instalaciones.1

1 Apéndice del recurso de revisión, págs. 29-34.
KLRA202400094 2

Por las razones que exponemos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida.

I.

El 11 de abril de 2019, Mays adoptó una Resolución 

Corporativa, aprobando el que se tomaran los pasos para el 

“diseño y construcción de la Planta de Manufactura de Hipoclorito 

de Sodio.”2 Surge del Recurso de Revisión que en el mes de 

agosto del mismo año, la OGPE emitió la Certificación de 

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.3

Luego, el 24 de febrero de 2020, la OGPE emitió el permiso 

de construcción 2019-265582-PCOC-001554 con el que Mays 

construyó la planta para la manufactura de hipoclorito de sodio.4

El 15 de junio de 2022, Mays presentó ante la OGPe el 

documento ambiental conocido como Recomendación Ambiental 

(REA) 2022-426950-REA-009508.5 La REA fue aprobada por la 

OGPe el 2 de agosto de 2022.6

Mays presentó también la Determinación Ambiental (DEA)

2022-426950-DEA-009138, el 30 de agosto de 2022.

7

 El 12 de 

enero de 2023, la OGPe emitió la aprobación de la determinación 

de cumplimiento ambiental.8

Posteriormente, el 5 de abril de 2023, Mays Ochoa radicó 

ante la OGPe una solicitud de permiso de construcción certificado 

(PCOC), al que se le asignó el número 2023-485458-PCOC034523, para la construcción de nueva infraestructura eléctrica y 

2

Íd., pág. 45.

3 Recurso de Revisión, pág. 4.

4

Íd.; Contestación a Recurso de Revisión Administrativa, pág. 3.

5 Apéndice del recurso de revisión, págs. 47-92.

6 Contestación a Recurso de Revisión Administrativa, págs. 2-3.

7 Apéndice del recurso de revisión, págs. 93-150.

8 Contestación a Recurso de Revisión Administrativa, págs. 2-3.
KLRA202400094 3

la instalación de los equipos necesarios para la planta de 

manufactura de hipoclorito de sodio.9 

El 16 de junio de 2023 el Tribunal Supremo en Martínez

Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos, 2023 TSPR 75, 210 

DPR ___ (2023), decretó la nulidad del Reglamento Conjunto para 

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, 

Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9081 

de 8 de mayo de 2019 (Reglamento Conjunto de 2019), y el

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de 

Negocios, Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020

(Reglamento Conjunto de 2020). Además, pautó que la decisión 

de nulidad “tendrá efecto prospectivo a partir de la certificación 

de esta Opinión.” Más adelante dictó lo siguiente:

Las solicitudes de permisos pendientes de adjudicación 

y en las cuales se hayan celebrado o señalado vista 

adjudicativa se podrán continuar tramitando al 

amparo del reglamento conjunto aplicable. Esto 

aplica igualmente a aquellos permisos cuya 

autorización y expedición no es final y firme por ser 

objeto de revisión en los tribunales. Los tribunales 

evaluarán los recursos que se presenten a tales efectos 

a la luz del reglamento que la agencia haya utilizado 

para autorizar y expedir el permiso impugnado, si como 

cuestión de derecho es el aplicable.

A partir de la certificación de esta Opinión, 

las nuevas solicitudes de permisos que en lo sucesivo 

se presenten se evaluarán según los parámetros 

del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos, Reglamento 

Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010. Esto será así 

hasta tanto la Junta de Planificación de Puerto Rico 

adopte un nuevo reglamento para estos fines, si así lo 

estima procedente dentro de sus facultades 

discrecionales.

Martínez Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos, 

supra.

9 Recurso de Revisión, pág. 5; Contestación a Recurso de Revisión 

Administrativa, pág. 3.
KLRA202400094 4

El mismo día que fue certificada la opinión en Martínez

Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos, supra, se aprobó 

el Reglamento Conjunto 2023 para la Evaluación y Expedición de 

Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación 

de Negocios, Reglamento Núm. 9473, con efectividad al 15 de 

julio de 2023. Este Reglamento fue adoptado mediante la 

Resolución Núm. JP-RP-41, de 16 de junio de 2023, por la Junta 

de Planificación con carácter de emergencia como resultado de la 

determinación emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

Martínez Fernández, supra. El Reglamento fue firmado junto con 

una Certificación emitida por el Gobernador, Hon. Pedro R. 

Pierluisi Urrutia, proclamando un estado de emergencia.

El 20 de junio de 2023 Bella presentó una Solicitud de 

intervención y oposición a otorgación de permiso.

10 El 22 de junio 

de 2023 la OGPe autorizó la intervención.11

Así las cosas, el 29 de agosto de 2023, notificada el 31 de 

agosto, la OGPe emitió un primer permiso de construcción a favor 

de Mays, aplicando el Reglamento Conjunto de 2020.12

Insatisfechos, el 16 de enero de 2024, los Recurrentes 

presentaron una Moción de reconsideración y/o solicitud de 

revisión, en la que alegaron, entre otras cosas, que la resolución 

de la agencia no había sido notificada correctamente y que dicha 

solicitud de permiso tenía que ser evaluada a la luz del 

Reglamento Conjunto de 2010, porque el Reglamento de 2020 era 

inválido.13

10 Apéndice del recurso de revisión, págs. 179-187.

11 Íd., págs. 188-193.

12 Íd., págs. 1-7.

13 Íd., págs. 35-42.
KLRA202400094 5

La agencia acogió la moción de los Recurrentes como una 

revisión administrativa, y el 6 de octubre de 2023 señaló una vista 

para el 26 de octubre del mismo año.

14

El 18 de diciembre de 2023, la Jueza Administrativa

designada emitió una resolución.15 Concluyó que no cabía aplicar 

el Reglamento de 2020 porque en el caso de marras no se había 

celebrado vista administrativa al momento de la decisión de 

Martínez Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos, supra.

16

 

Concluyó, además, que el permiso no había sido correctamente 

notificado. Por tanto, el caso fue devuelto a la OGPe para 

subsanar deficiencias y para que se evaluara bajo el Reglamento 

Conjunto de 2023, adoptado bajo el procedimiento de 

emergencia.17

El 27 de diciembre de 2023 la OGPe emitió nuevamente el 

permiso de construcción a favor de la proponente Mays para la 

instalación industrial dedicada a la venta, distribución y 

almacenamiento de sustancias químicas. Contemplaba, además, 

la adición de una operación de fabricación de sustancias químicas 

dentro de las instalaciones. El permiso fue emitido a tenor con el 

Reglamento Conjunto adoptado mediante la resolución JP-4P-41 

de 16 de junio de 2023.18

En desacuerdo, el 16 de enero de 2024, Bella solicitó 

reconsideración y/o solicitud de revisión.19 En síntesis, alegó que 

el permiso solicitado debió ser denegado por la omisión de la parte 

proponente de obtener una DIA como corresponde. Adujo que la 

propuesta conlleva un aumento en la intensidad del uso que se le 

14 Íd., pág. 213-217.

15 Apéndice del recurso de revisión, pág. 18-27.

16 Íd., págs. 25-26.

17 Íd., pág. 26.

18 Íd., págs. 28-34.

19 Íd., págs. 35-165.
KLRA202400094 6

da a la propiedad; de ser un mero almacén de químicos, ahora 

proponen convertir la facilidad de Mays en una fábrica de 

hipoclorito de sodio. Este cambio requiere la confección de una 

Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”).20

El 25 de enero de 2024 la OGPe emitió una Notificación no 

acogiendo Solicitud de Revisión Administrativa.

21

En desacuerdo con la determinación de OGPe, el 23 de 

febrero de 2024, Bella, International y Pompina presentaron el 

recurso que atendemos. Alegó que incidió la OGPe:

AL NO RESOLVER QUE EL PERMISO REQUERÍA DE UNA CONSULTA 

DE UBICACIÓN, LA QUE NUNCA SE CELEBRÓ.

AL APLICAR EL REGLAMENTO CONJUNTO DE 2023, QUE FUE 

ADOPTADO EN ABIERTA VIOLACIÓN AL MANDATO DEL CASO DE 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ V. OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS,

2023 TSPR 75.

AL NO CONCLUIR QUE MAYS OCHOA ILÍCITAMENTE FRACCIONÓ 

EL TRÁMITE DE SUS PERMISOS, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR LA 

REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

AL CONCEDER EL PERMISO SOLICITADO SIN LA CONFECCIÓN DE 

UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, A PESAR DE QUE EL 

CAMBIO PROPUESTO POR MAYS OCHOA, DE UNA OPERACIÓN DE 

ALMACÉN A UNA OPERACIÓN DE MANUFACTURA, CONLLEVA UN 

IMPACTO AMBIENTAL SUSTANCIAL.

El 21 de marzo de 2020, Mays presentó su contestación. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, adjudicamos el 

recurso. 

II.

A.

Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos 

conceder deferencia a las determinaciones de las agencias 

administrativas, por razón de la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han 

delegado. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 211 

20 Apéndice del recurso de revisión, págs. 40-41.

21 Íd., pág. 166.
KLRA202400094 7

DPR 99 (2023); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).

Estos dictámenes cuentan con una presunción de legalidad y 

corrección que subsiste mientras no se produzca suficiente prueba 

para derrotarla. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022); 

Capó Cruz v. Junta de Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

Para así lograrlo, corresponde a la parte que las cuestiona 

"demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca 

o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta 

el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

presentada que tuvo ante su consideración." Graciani Rodríguez 

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Por tanto, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso de la prueba para demostrar que estas no están basadas en 

el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables. OEG v. Martínez Giraud, supra; OCS v. Universal, 

187 DPR 164, 178-179 (2012); González Segarra v. CFSE, 188 

DPR 252, 276-278 (2013). Así, pues, evidencia sustancial ha sido 

definida jurisprudencialmente como aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216. Así, el criterio rector 

en estos casos siempre estará guiado por la razonabilidad de la 

determinación administrativa luego de considerar el expediente 

administrativo en su totalidad. OEG v. Martínez Giraud, supra. 
KLRA202400094 8

En cuanto a las conclusiones de derecho estas serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Véanse Sec. 4.5 

de la LPAU, supra; Hernández Feliciano v. Municipio de 

Quebradillas, supra; ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-

282 (2020). Se descartará el criterio de los entes administrativos 

cuando “no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo". Hernández Feliciano v. 

Municipio de Quebradillas, supra; Capó Cruz v. Jta. Planificación 

et al., supra, pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. 

Por ende, se ha señalado que "los tribunales deben darle peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra". Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 657. Aun 

en casos dudosos en que la interpretación de la agencia no sea la 

única razonable, la determinación de la agencia merece deferencia 

sustancial. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177,187 (2009); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 DPR 

407, 417-418 (1989). 

Para esta encomienda de la revisión judicial, la Sec. 4.5 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9675, (en adelante, LPAU) dispone que los tribunales se ceñirán a 

evaluar (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad, y (3) si se sostienen las conclusiones de derecho 

realizadas por la agencia. Hernández Feliciano v. Municipio de 

Quebradillas, supra, pág. 115; Moreno Lorenzo y otros v. Depto. 

Fam., 207 DPR 833, 839-840 (2021); Capó Cruz v. Jta. 

Planificación et al., supra. 
KLRA202400094 9

Así pues, la deferencia a la determinación de una agencia 

administrativa cederá cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró al aplicar o interpretar 

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó de forma 

arbitraria, irrazonable o ilegal, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos.

III.

Los Recurrentes señalan que la OGPe incidió al aplicar el 

Reglamento Conjunto 2023 y, en consecuencia, resolver que el 

permiso requería una consulta de ubicación. Surge del tracto 

procesal que el 16 de junio de 2023 el Tribunal Supremo en

Martínez Fernández v. Oficina de Gerencia de Permisos, supra, 

decretó la nulidad del Reglamento Conjunto de 2019 y el

Reglamento Conjunto de 2020.

En Martínez Fernández, supra, el Tribunal Supremo 

determinó que las solicitudes de permisos pendientes de 

adjudicación y en las cuales se hayan celebrado o señalado vista 

adjudicativa se podrán continuar tramitando al amparo del 

reglamento conjunto aplicable. En el caso de marras no se había 

celebrado vista administrativa. 

Sin embargo, el 16 de junio de 2023 también se aprobó el 

Reglamento Conjunto 2023. Posteriormente, y conforme a la 

normativa antes expuesta, el 27 de diciembre de 2023 la OGPe lo

aplicó correctamente al emitir el permiso de construcción a favor 
KLRA202400094 10

de la proponente Mays, por ser el reglamento conjunto aplicable. 

El permiso autorizaba la instalación industrial dedicada a la venta, 

distribución y almacenamiento de sustancias químicas. 

Contemplaba, además, la adición de una operación de fabricación 

de sustancias químicas dentro de las instalaciones. 

Por otro lado, los Recurrentes señalan que la OGPe erró al 

no concluir que Mays ilícitamente fraccionó el trámite de sus 

permisos, y al conceder el permiso solicitado sin la confección de 

una declaración de impacto ambiental. Surge del expediente que 

Mays inició un proceso ambiental, consiguió la aprobación de la 

REA y la DEA, que estuvieron bajo evaluación y fueron sometidos 

al escrutinio de la OGPe y las agencias concernidas. 

Los documentos ambientales antes mencionados 

discutieron en detalle la propuesta manufactura de hipoclorito de 

sodio, sus potenciales impactos y la medida de mitigación para 

evitar o reducir sus impactos. Por tanto, el permiso de 

construcción emitido contemplaba la construcción de una planta 

de manufactura de hipoclorito de sodio, y La OGPe no requirió la 

declaración de impacto ambiental. 

Los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Consideramos que la 

solicitud de los Recurrentes fue resuelta adecuadamente por la 

agencia, quien evaluó las alegaciones de las partes.

De otro lado no hay indicio en el expediente de que la 

agencia haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. Al 

aplicar las normas de revisión judicial de una decisión 

administrativa al caso de autos, procede concluir que el dictamen 

de la OGPe fue razonable y no requiere nuestra intervención.
KLRA202400094 11

IV.

Por los fundamentos ante expuestos, CONFIRMAMOS la 

resolución emitida por la OGPe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones