Número Identificador: 

SEN2023___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

ISRAEL I. CAJIGAS 

RODRÍGUEZ

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

MÓNICA A. UMPIERRE 

BERRÍOS

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202301388

Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

Superior de CAROLINA

Caso Núm. 

TJ2023RF00123 (405)

Sobre:

Divorcio (Ruptura 

Irreparable)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 12 de diciembre de 2023.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora MÓNICA A.

UMPIERRE BERRÍOS (señora UMPIERRE BERRÍOS) mediante un Recurso de 

Certiorari incoado el 8 de diciembre de 2023. Ese mismo día, presentó una

Moción en Auxilio de Jurisdicción. En su escrito, nos solicita que revisemos la 

Orden emitida el 3 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina (TPI).1 Mediante dicho dictamen, entre otros 

asuntos, el foro primario concedió la custodia compartida provisional; 

dispuso un plan filial de semanas alternas desde los martes; concretó que el 

lugar de recogido y entrega será en la escuelita (cuido); se pautó audiencia 

para el 9 de febrero de 2024 a las 2:00 de la tarde; y se determinó referir a la 

Unidad Social de Familia y de Menores para evaluación social forense. 

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 4 de diciembre de 2023.

Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 1- 2.
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Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El día 4 de septiembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS instó una 

Petición de Orden de Protección bajo la Ley Núm. 54 (Violencia Doméstica) y 

otra bajo la Ley Núm. 246 (Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de 

Menores).2 En consecuencia, el mismo día, el foro a quo decretó una Orden 

de Protección Ex Parte con vigencia hasta el 27 de septiembre de 2023.3

Además, dispuso lo siguiente: conceder la custodia provisional a la señora 

UMPIERRE BERRÍOS; suspender provisionalmente las relaciones paterno 

filiales; y ordenar el desarme del señor ISRAEL I. CAJIGAS RODRÍGUEZ (señor 

CAJIGAS RODRÍGUEZ).

El 6 de septiembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ, por derecho 

propio, entabló una Demanda de Divorcio por Ruptura Irreparable (Con 

Hijos(as).

4 En lo aquí pertinente, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ adujo que las 

partes contrajeron matrimonio el 17 de noviembre de 2018; procrearon un 

hijo menor de edad; la patria potestad fuese compartida; se le concediera la 

custodia en consideración al horario de trabajo de la señora UMPIERRE 

BERRÍOS; se implantara un plan filial de semanas alternas; se dispusiera una 

pensión alimentaria; y se decretara roto y disuelto el vínculo matrimonial.

Al día siguiente, 7 de septiembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

promovió una Petición de Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 54 

(Violencia Doméstica).5

Luego, el pasado 7 de noviembre, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

presentó Moción Urgentísima para Solicitar Celebración de Vista sobre 

Custodia Compartida o para Establecer Relaciones Paterno Filiales 

Provisionales y para Solicitar Referido a Unidad de Trabajo Social para Estudio 

2 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 3- 11.

3

Íd., págs. 12- 17 (Ley Núm. 54).

4

Íd., págs. 26- 35.

5

Íd., págs. 18- 23.
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Social; y en el caso OPA2023-037598: Urgente Solicitud Jurada para que se 

Reestablezca la Relación del Menor con el Peticionario, se Deje Sin Efecto 

Orden ExParte y para que Desestime de Forma Sumaria la Querella 

Presentada.

6

Así las cosas, el 12 de noviembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ

presentó una Demanda Enmendada de Divorcio por Ruptura Irreparable de los 

Nexos de Convivencia Matrimonial.

7 Arguyó que las partes están separadas 

desde el 4 de septiembre de 2023; la señora UMPIERRE BERRÍOS presentó dos 

(2) peticiones de Órdenes de Protección en su contra; y reiteró su petitorio 

sobre referido a la Unidad Social, prohibir relocalizar o remover al menor de 

la jurisdicción de Puerto Rico, y conceder unos remedios o medidas 

cautelares.

El 20 de noviembre de 2023, el foro impugnado pronunció Orden

pautando audiencia para el 8 de diciembre de 2023 y concediendo plazo de 

diez (10) días a la señora UMPIERRE BERRÍOS para replicar a moción.8

Poco después, 28 de noviembre de 2023, se celebró la audiencia sobre 

las Órdenes de Protección ante el Tribunal Municipal de San Juan. Por 

consiguiente, escuchados los testimonios, el tribunal de instancia, dictó la

Resolución Denegando Orden de Protección y la Resolución.

9 Más tarde, ese 

mismo día, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó Urgente Moción para 

Informar que el Tribunal Municipal de San Juan Decretó el Cierre y Archivo del 

Caso de Orden de Protección Presentada por la Demandada y para Solicitar de 

Forma Urgente que se Fije Relaciones PaternoFiliales Provisional de Forma 

Inmediata Hasta el Día de la Vista Señalada para el 8 de Diciembre de 2023.

10

6 Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, págs. 10- 16; y 

25- 34.

7 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 116- 123. La audiencia ante la Examinador 

de Pensiones Alimentarias está pautada para el 10 de enero de 2024. Entrada núm. 21 del 

expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC).

8

Íd., pág. 134.

9

Íd., págs. 124- 126; 127- 128; 129- 131; y 132- 133.

10 Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, págs. 72- 83.
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Por su parte, el 30 de noviembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS

presentó Moción Solicitando Suspensión exponiendo estar disponible 

únicamente en tres (3) fechas antes de la segunda semana de enero de 2024.11

Así pues, el mismo día, el tribunal primario dictaminó Orden autorizando dos 

relaciones filiales y requiriéndole a las partes coordinar días y hora.12

El 1 de diciembre de 2023, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó su 

Urgente Moción en Solicitud de Orden para que el Tribunal Conceda 

Relaciones PaternoFiliales desde Hoy Viernes 1 de Diciembre hasta el Lunes 4 

de Diciembre y Otros Asuntos; y la Moción sobre Solicitud de ReSeñalamiento 

de Vista del 8 de Diciembre de 2023.

13

Seguidamente, el 3 de diciembre de 2023, el tribunal intimó la Orden

recurrida. Al otro día, el 4 de diciembre de 2023, la señora UMPIERRE BERRÍOS

presentó su Contestación a Demanda Enmendada, Defensas Afirmativas y 

Reconvención.

14 Insatisfecha, el 8 de diciembre de 2023, la señora UMPIERRE 

BERRÍOS acudió ante nos mediante el Recurso de Certiorari y presentó

documento intitulado Moción en Auxilio de Jurisdicción. En su escrito, señala 

el(los) siguiente(s) error(es):

Erró y abusó de su discreción el TPI al, previo a haber expirado 

el término de la peticionaria para contestar la Demanda 

Enmendada, sin tener la posición de la madre custodia y en 

violación al debido proceso de ley que a ésta le asiste, conceder 

la solicitud de custodia compartida en tiempo igual del menor 

procreado entre las partes presentada por el recurrido.

Erró y abusó de su discreción el TPI al conceder la solicitud de 

custodia compartida en tiempo igual del menor procreado 

entre las partes presentada por el recurrido en violación a los 

requerimientos de nuestro ordenamiento desglosados en los 

artículos 602, 603, 604 y 605 del Código Civil de Puerto Rico y 

en la Ley Protectora de los derechos de los menores en el 

proceso de adjudicación de custodia.

El 8 de diciembre de 2023, decretamos Resolución en la cual, entre 

11 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 135- 138.

12 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 139.

13 Íd., págs. 140- 142. Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, págs. 7- 9.

14 Entrada núm. 34 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).
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otras cosas, concedimos un plazo perentorio hasta en o antes del lunes, 11 de 

diciembre de 2023, a las 4:00 de la tarde, para presentar su posición sobre la 

solicitud de auxilio de jurisdicción, y para mostrar causa por la cual no 

debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. 

El 11 de diciembre de 2023, a las 10:08 de la mañana, la señora 

UMPIERRE BERRÍOS presentó su Moción en Cumplimiento de Orden. A las 3:44 

de la tarde, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó Urgente Oposición a 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción”. A las 7:51 de la noche, el señor CAJIGAS 

RODRÍGUEZ presentó Solicitud de Breve Término para Presentar Oposición a 

que se Expida Auto de Certiorari. El 12 de diciembre de 2023, a las 12:00 del 

mediodía, el señor CAJIGAS RODRÍGUEZ presentó su Urgente Moción de 

Desestimación y en Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s) 

controversia(s) planteada(s).

– II –

– A –

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas 

por una corte de inferior instancia judicial.15 Por ello, la determinación de 

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.16

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.17

Sin embargo, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad 

15 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. 

Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).

16 Íd. 

17 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 
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de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho.”18

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.19 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.”20

En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales; 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios; 

(3) en casos de anotaciones de rebeldía; 

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.21

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.22

– B –

El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros.23 Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

18 Íd.

19 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

20 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).

21 4 LPRA Ap. XXII-B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339-340 (2012).

22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

23 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
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instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso de certiorari. A saber:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema;

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia; 

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados; 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; y

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.24

Es preciso aclarar que la anterior no constituye una lista exhaustiva, y 

ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.25 Esto es, los anteriores criterios nos sirven 

de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica 

nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso.26 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto de certiorari.27 La delimitación que imponen 

estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación 

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.”28

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.29 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011).

25 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).

26 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra.

27 Feliberty Padró v. Pizarro Rohena, 147 DPR 834, 837 (1999).

28 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486 - 487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

29 García Rubiera v. Asociación de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311, 322 (2005).
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interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.30

– C –

La discreción encargada a los jueces y juezas se ha definido como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”.31 Su ejercicio, sin embargo, no permite actuar de una 

forma u otra, con abstracción del derecho.32 Puesto de otro modo, a los 

juzgadores no les está permitido ignorar los mandatos de las leyes so pretexto 

de ejercer su discreción.33

De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera Instancia a menos que 

se demuestre que incurrió en un abuso de discreción, y nuestra intervención 

evitaría un perjuicio sustancial.34 Ello responde al reconocimiento de que 

“[e]l efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida 

disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales”.35

Un tribunal abusa de su discreción cuando actúa con prejuicio o 

parcialidad, o cuando se equivoca en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.36 En cualquier caso, el 

criterio rector al momento de evaluar si un tribunal ha abusado de su 

discreción es la razonabilidad de la determinación impugnada, y su 

fundamento en un sentido llano de justicia.37

– III –

Es preciso apuntar que encontramos plenamente justificada nuestra 

30 Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 745 (1986).

31 Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 DPR 870 (2017).

32 Id. 

33 PV Properties v. el Jibarito, 199 DPR 603, 612 (2018).

34 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).

35 In re Collazo Maldonado, 159 DPR 141, 150 (2003).

36 Lluch v. España Service Station, supra, pág. 745.

37 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, págs. 434-435.
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intervención en la etapa en que se encuentra el presente caso. No solo se trata 

de una controversia en un caso de relaciones de familia, sino que la 

oportuna expedición del auto solicitado podría evitar un posterior fracaso de 

la justicia.

En esencia, la señora UMPIERRE BERRÍOS alega que el Tribunal de 

Primera Instancia erró y abusó de su discreción al disponer una custodia 

compartida provisional, ello en violación al debido proceso de ley y el 

ordenamiento jurídico. Luego de examinados los planteamientos, a la luz de 

los hechos y el derecho aplicable, expedimos el auto y modificamos la Orden

recurrida. Veamos.

Precisamos que, conforme a lo alegado, la señora UMPIERRE BERRÍOS

funge como enfermera graduada en el Hospital de Veteranos (VA Caribbean 

Healthcare System) y su horario es desde las 12:00 de la medianoche hasta las 

8:00 de la mañana. En consideración a su horario de trabajo, el señor CAJIGAS 

RODRÍGUEZ es quien, con mayor frecuencia, está encargado de llevar y 

recoger al menor LACU a su escuelita o cuido, así como cuidarlo y tenerlo en 

su compañía durante la tarde y la noche. Ante esta circunstancia, y en 

ausencia de indicadores de que el menor LACU está en riesgo de maltrato,

toda vez que, se denegaron las órdenes de Protección y está pendiente la 

acción sobre divorcio, el tribunal tiene discreción, a solicitud de parte, para 

aprobar medidas cautelares provisionales.38

38 Véase 31 LPRA secc. 6793. Medidas cautelares provisionales respecto a los hijos. Durante el 

proceso de disolución, el tribunal puede adoptar, a petición de parte, cualquier medida 

cautelar provisional que considere indispensable y adecuada para proteger el interés óptimo 

de los hijos habidos en el matrimonio, entre ellas: (a) determinar cuál de los cónyuges tendrá 

la custodia de los hijos menores o de los mayores incapacitados que aún están sujetos a la 

patria potestad de uno o ambos progenitores; (b) determinar el modo, el tiempo y el lugar 

en que cada progenitor puede relacionarse con sus hijos, tenerlos en su compañía y participar 

de su crianza y dirección; (c) prohibir a un cónyuge o a terceras personas bajo su influencia 

que interfieran con el ejercicio de la custodia provisional de los hijos que se ha adjudicado al 

otro; (d) prohibir a cualquiera de los cónyuges que traslade fuera de Puerto Rico a los hijos 

menores de edad o a los mayores incapacitados ; o (e) prohibir a los cónyuges suspender o 

modificar cualquier plan de seguro de salud u otras atenciones de previsión dispuestas en 

este Código, a menos que exista justa causa para ello. 

Es la apreciación de esta Curia que, una vez se denegaron las distintas órdenes de protección, 

el foro recurrido auscultó la posibilidad de que las partes lograran unos acuerdos sobre las 

relaciones filiales. Empero, dicha gestión resultó infructuosa. Por ende, el tribunal adoptó 

una medida cautelar. Ello teniendo presente que de la lectura las distintas mociones, surge 

de manifiesto que las partes estaban en ánimo de realizar una separación con la ayuda de un 

profesional. Véase Apéndice de la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, 

pág. 71.
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– IV –

En mérito de lo anterior, expedimos el auto de certiorari; y se declara 

no ha lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada el 8 de 

diciembre de 2023 por la señora UMPIERRE BERRÍOS. En consecuencia, 

modificamos la Orden intimada el 3 de diciembre de 2023 a los fines de que 

se designe un lugar alterno para el recogido y entrega cuando la escuelita o 

cuido este de receso navideño así como fijar una hora específica; el señor 

CAJIGAS RODRÍGUEZ será primera opción de cuido para el menor LACU 

siempre y cuando la señora UMPIERRE BERRÍOS tenga que laborar; se prohíbe 

la relocalización o remoción del menor LACU de la jurisdicción de Puerto 

Rico sin la autorización escrita del tribunal; las partes deberán estar 

adecuadamente preparadas para la audiencia pautada para el 9 de febrero 

de 2024 a las 2:00 de la tarde; se deberá emitir, a la brevedad, la Orden

refiriendo el caso a la Unidad Social de Familia y de Menores; y se devuelve 

el caso a la consideración del foro primario para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Notifíquese inmediatamente al Tribunal de Primera Instancia, 

y a las representaciones legales de las partes mediante vía telefónica, 

y correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones