Número Identificador

RES2023_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MAGDA NARAH 

MARTÍNEZ SALAS

VÍCTOR GALÁN 

FUNDORA

Ex Parte

KLCE202300663

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

DDI2014-1238

Sobre:

Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Juez Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

Comparece el Sr. Víctor Galán Fundora (señor Galán Fundora 

o peticionario),1 quien mediante el certiorari epígrafe nos solicita que 

revisemos dos resoluciones emitidas el 24 de abril de 2023,

2 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). 

En la primera resolución recurrida, se le ordenó al 

peticionario la reinstalación inmediata del plan médico a la 

Sra. Magda Narah Martínez Salas (señora Martínez Salas). 

En la segunda resolución, ordenó al peticionario el pago 

adeudado de pensión alimentaria por la cantidad de $3,750.00.

Las aludidas determinaciones fueron objeto de 

reconsideración, las cuales fueron declaradas No Ha Lugar el 12 de 

mayo de 2023. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

resolvemos denegar el auto de certiorari. Veamos.

1 En la comparecencia del Certiorari menciona el nombre de Yari E. Robles 

Carrasquillo, sin embargo, el escrito hace referencia al Sr. Galán Fundadora, por 

lo que entendemos se debió a un error. 

2 Notificadas el 26 de abril de 2023.
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-IDe los autos ante nuestra consideración se desprende que, el 

10 de abril de 2015 el TPI emitió la Sentencia de Divorcio por 

Consentimiento Mutuo,

3 en la que se disolvió el matrimonio del 

señor Galán Fundora y la señora Martínez Salas. Como parte de sus 

acuerdos, se estableció que:

El Peticionario continuará proveyendo plan médico a la 

Peticionaria y, le pagará a la Peticionaria la cantidad de un 

($1,010,000.00) de la siguiente manera: un primer pago el día 

de la vista del divorcio por la cantidad de $500,000.00 y un 

segundo pago de $510,000.00 en o antes del 1 de abril de 

2016, y hasta que cumpla con este segundo pago, pasará 

pensión ex cónyuge de $1,250.00.4

En cuanto al hijo, ambos sometieron al TPI una moción 

informando los acuerdos referentes al menor.5 Los acuerdos fueron 

aprobados por el foro de instancia mediante la Resolución emitida el 

11 de octubre de 2019.

6 Entre los acuerdos, el señor Galán Fundora 

se obligó a:

[c]uando así sea ya que el menor está en universidad, las 

partes acuerdan que mientras el menor esté en la 

universidad o fuera de PR, el padre solo pagará la 

cantidad de $1,250.00 por mes y los meses que el menor 

esté en PR, sea navidades o verano, pagará la cantidad 

completa de $5,000.00. Del menor venir o estar en PR por 

días, el padre se compromete a pagar todo gasto del menor en 

esas fechas, sea directamente, como depositando en su ATH, 

así como sufragará cualquier viaje por asuntos adicionales 

que requiera el menor estando fuera PR.7

Ante el incumplimiento del peticionario, el 6 de marzo de 2023 

la señora Martínez Salas radicó MOCIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO 

DE ACUERDO AL PLAN MEDICO DE LA SRA. MARTINEZ [sic].

8 En 

síntesis, alegó que el peticionario se había obligado a costear el plan 

médico, sin embargo, canceló el mismo sin previo aviso ni 

autorización del tribunal. Por lo que solicitó se ordenara al señor 

3 Apéndice del Certiorari, págs. 2 – 11.

4 Id., pág. 7. Énfasis nuestro.

5 Id., págs. 12 – 16.

6 Id., págs. 17 – 20.

7 Id., pág. 16.

8 Id., págs. 21 – 22.
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Galán Fundadora a reembolsar la suma de $1,824.89 y la

restitución el plan médico. 

Los días 13 y 14 de abril de 2023 se celebraron las vistas 

evidenciarias y argumentativas. Entre los asuntos, se atendió el 

balance de pensión alimentaria de $3,750.00 que adeudaba el 

peticionario, y la cuestión del plan médico de la señora Martínez 

Salas.

Atendido los planteamientos, el 24 de abril de 2023 notificada 

el 26, el TPI emitió dos resoluciones.9 En la primera resolución, entre 

otras cosas, ordenó al señor Galán Fundador a reinstalar 

inmediatamente el plan médico de la señora Martínez Salas, ya que 

el peticionario se obligó a ello.10 En la segunda resolución, ordenó al 

peticionario a pagar la cantidad adeudada de $3,750.00 

correspondiente a la pensión alimentaria por los dos meses que el 

menor estuvo en Puerto Rico.

11 Razonó, que en los acuerdos no 

surgía prorrateo alguno, por lo que correspondía el pago de 

$5,000.00 por cada mes. 

Ambas resoluciones fueron objeto de reconsideración ante el 

TPI,

12 las cuales fueron declaradas No Ha Lugar el 12 de mayo de 

2023.13

Inconforme, el 12 de junio de 2023 el peticionario recurrió 

ante nos mediante el recurso de certiorari y señaló los siguientes

errores:

Erró el TPI, en un claro abuso de discreción, emitiendo una 

determinación contraria a derecho, cometiendo un craso y 

manifiesto error en su apreciación de la prueba y 

estableciendo un patente fracaso de la justicia, al imponer un 

doble pago de alimentos del menor al no prorratear los días 

del mes en que el menor recibe alimentos mientras se 

encontraba en la casa de su madre en PR y los días en que se 

encontraba en su universidad y recibe alimentos directamente 

del plan pago por el peticionario, constituyéndose un 

enriquecimiento injusto de la peticionada y en contra del 

principio de equidad. 

9 Id., págs. 21, 28.

10 Id., págs. 25 – 27.

11 Id., págs. 29 – 30.

12 Id., págs. 31 – 38.

13 Id., págs. 39 – 40.
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Erró el TPI, en un claro abuso de discreción, emitiendo una 

determinación contraria a derecho, cometiendo un craso y 

manifiesto error en su apreciación de la prueba y 

estableciendo un patente fracaso de la justicia, al imponer el 

pago del plan médico de la peticionada, aun cuando ello 

representa un beneficio de pensión excónyuge del cual la 

peticionada ya no es beneficiaria, e interpretar que la 

obligación de dicho pago no cesó cuando termino el beneficio 

contractual de pensión excónyuge al momento de recibir la 

totalidad de la liquidación de bienes gananciales por 

$1,010,000.00, constituyéndose un enriquecimiento injusto 

de la peticionada. 

El 7 de julio de 2023 compareció la señora Martínez Salas

mediante el escrito OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN RECURSO DE 

CERTIORARI. 

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver.

-IISabido es que el auto de certiorari constituye “un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior”.

14 En ese sentido, 

se entiende por discreción el “poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.15

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,16 delimita 

las instancias en que habremos de atender y revisar mediante 

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de 

instancia, a saber:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

14 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703, 

711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

16 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
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en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].

Bajo esa discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,

17 establece los siguientes criterios:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El fin, Nuestro Alto Foro Judicial ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.18

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.19

-IIINos parece razonable la determinación del TPI al ordenar el 

restablecimiento inmediato del plan médico de la señora Martínez 

17 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

18 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

19 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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Salas, ya que, en la Sentencia del 10 de abril de 2015 el señor Galán 

Fundora se obligó a ello. 

Sobre el pago adeudado correspondiente a la pensión 

alimentaria del menor, del acuerdo aprobado por el TPI no surge 

prorrateo alguno, sin embargo, allí se dispone que, si en ese mes el 

menor está en Puerto Rico se debe pagar la cantidad de $5,000.00.

Ante ello, la determinación recurrida constituye una decisión 

correcta, conforme las normas de derecho aplicable y los hechos 

ante su consideración. 

Además, el peticionario no señaló prueba en el expediente 

tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Conforme el derecho 

aplicable, este caso no presenta ninguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

nos permita expedir el auto solicitado. Tampoco existe justificación 

alguna para intervenir con las Resoluciones recurridas, a la luz de 

los criterios establecidos en la Regla 40 del Tribunal Apelaciones, 

supra, por lo que resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari. 

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari.

Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones