Número Identificador

SEN2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO PORTAL 

SOFÍA T/C/C ASOCIACIÓN 

DE RESIDENTES DEL 

CONDOMINIO PORTAL DE 

SOFÍA

PETICIONARIOS

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD 

RECURRIDOS

KLCE202400490

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Bayamón

Caso Número:

GB2019CV01167

Sobre: 

Incumplimiento de 

contrato de seguros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Portal de Sofía 

(Consejo de Titulares; peticionarios) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI) emitida el 3 de abril de 2024 y notificada el 5 de abril de 

2024. En la referida resolución se declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por los peticionarios.

Por las razones que expondremos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la resolución recurrida.

I

A raíz de los estragos provocados por el paso del Huracán María en 

la Isla, el Condominio Portal de Sofía —ubicado en el Municipio de 

Guaynabo— sufrió daños como muchas otras estructuras del país. 

Consecuentemente el Consejo de Titulares reclamó la indemnización 

correspondiente a su aseguradora Triple-S Propiedad (Triple-S; recurrida). 

Dicha reclamación fue al amparo de la póliza de seguro comercial número 

30-CP-81086955-1 que se encontraba vigente al momento en que 

ocurrieron los daños. Luego de presentada una reclamación ante la 
KLCE202400490 2

aseguradora, el 19 de septiembre de 2019 el Consejo de Titulares instó 

una Demanda contra esta por concepto de incumplimiento de contrato.

1 En 

su petitorio alegó que la aseguradora incurrió en demoras irrazonables en 

la compensación por los daños reclamados y añadió que Triple-S 

inicialmente realizó una oferta de $66,980.20 la cual pretendía cubrir la 

totalidad de los daños a pesar de que los peticionarios estimaron una 

cuantía que superaba los $2,000,000.00.2 También alegaron en la 

Demanda que luego de la oferta inicial, la propia recurrida, por conducto de 

su ajustador Benj. Acosta Independent Insurance Adjusters - All Lines, 

admitió que los daños totalizaban por lo menos $318,580.32 menos los 

descuentos mandatorios.3 Por tal motivo, el Consejo de Titulares solicitó al 

tribunal que ordenara a la recurrida a realizar un pago por esta cantidad, 

luego de restados los descuentos aplicables, a favor de los peticionarios 

dentro de diez (10) días calendario contados a partir del recibo del 

emplazamiento y copia de la Demanda.

4

En su Contestación a Demanda, Triple-S esencialmente negó las 

alegaciones del Consejo de Titulares.

5

Indicó que la oferta inicial realizada 

por la cantidad de $66,980.20 fue rechazada por los peticionarios, lo que 

significaba que esta no se encontraba en la obligación de emitir pago

alguno pues la cuantía de los daños se hallaba aún en controversia.

6

Además, incluyó sus defensas afirmativas. Luego, por órdenes del tribunal, 

Triple-S realizó y presentó un nuevo estimado atemperándose a los costos 

actuales. Los daños totalizaron entonces en $717,388.34 que luego de los 

deducibles correspondientes, se redujo a $419,544.41.7 Dicho estimado 

fue notificado al Consejo de Titulares.

Así las cosas, el 14 de febrero de 2024 los peticionarios solicitaron

por segunda ocasión una sentencia sumaria parcial. En esta esencialmente 

1 Apéndice del recurso, págs. 1-10.

2 Apéndice del recurso, pág. 6.

3

Id.

4 Apéndice del recurso, pág. 9.

5 Apéndice del recurso, págs. 11-38.

6 Apéndice del recurso, pág. 22.

7 Apéndice del recurso, págs. 251-252.
KLCE202400490 3

argumentaron que el estimado reciente realizado por Triple-S, por la suma

de $419,544.41, constituía una deuda líquida y exigible por lo que la 

recurrida estaba en la obligación de pagar. Esto último puesto que no podía 

retractarse de pagar dicha cantidad a raíz de lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en el caso Carpets & Rugs v. Tropical Reps. 175 DPR 615 

(2009).8 Además, solicitó intereses por mora bajo lo dispuesto en el Artículo 

1061 del derogado Código Civil de 1930, la imposición de intereses legales 

por temeridad y que el TPI ordenara a la recurrida el pago de honorarios 

de abogado.

9 En su súplica concluyó entonces que Triple-S adeudaba al 

Condominio Portales de Sofía en total la cantidad de $1,060,80.40.10

En contraste, Triple-S presentó su Moción en Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria y planteó que a los peticionarios no les corresponde 

pago alguno por haber incurrido en fraude al alegar daños por cantidades 

exorbitantes y porque todavía había controversia entre las partes sobre la 

cantidad a ser pagada, lo que la hacía una deuda ilíquida e inexigible.

11

Esto último porque los peticionarios no habían aceptado la cuantía según 

exige el Artículo 27.166 del Código de Seguros y, además de esto, tampoco

habían presentado en Asamblea con el Consejo de Titulares del 

Condominio la cantidad notificada, tal y como requiere el Artículo 63 de la 

Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq. De igual 

manera, argumentó que el caso citado Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

supra no era de aplicación a la controversia, nuevamente por el hecho de 

que no se había dado una aceptación a la oferta por parte de los 

peticionarios.

El TPI emitió su Resolución el 3 de abril de 2024 y notificada el 5 de 

abril de 2024, donde declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

y dispuso que las siguientes determinaciones de hechos no estaban en 

controversia:

8 Apéndice del recurso, págs. 60-61.

9 Apéndice del recurso, págs. 63-66.

10 Apéndice del recurso, pág. 68.

11 Apéndice del recurso, págs. 255-272.
KLCE202400490 4

1. Triple-S emitió la póliza de propiedad comercial número 

30-CP81086955-1 (en adelante, la “Póliza”) a favor de 

Asociación de Residentes Condominio Portal de Sofía.

2. Bajo la Póliza número 30-CP81086955-1 se incluyen 26 

edificios.

3. La Póliza estaba vigente con período de cubierta del 4 de 

marzo de 2017 al 4 de marzo de 2018.

4. La Póliza estaba vigente y en efecto a la fecha en que el 

[H]uracán María azotó la Isla y le provocó los daños a la 

Propiedad Asegurada.

5. El 20 de septiembre de 2017, el Huracán María pasó por 

Puerto Rico.

6. Triple-S acusó recibo de la reclamación el 7 de noviembre 

de 2017 y le asignó el número 1362319 a la reclamación 

(“Reclamación”).

7. La Póliza define el término Causa de Pérdida Cubierta 

(“Covered Causes of Loss”) como cualquier pérdida física 

directa, excepto que la pérdida esté excluida o limitada por 

la Póliza (“direct physical loss unless the loss is excluded 

or limited in this policy”[)].

8. Antes de presentar la Demanda de epígrafe, Triple-S 

había estimado las pérdidas de Condominio en 

$318,580.32, que se reducían a $66,980.20, luego de 

aplicar deducibles.12

También, el foro primario concluyó que había controversia sobre la 

deuda a pagar, esto como resultado de que las partes no habían estipulado

cuantía por lo que determinó que no había entonces una cantidad 

determinable y líquida.13 Adicional a ello, expresó que no se cumplía con 

ninguno de los tres requisitos establecidos en el Artículo 27.166 del Código 

de Seguros y que el argumento de los peticionarios adolecía de no 

demostrar ni fundamentar que en efecto no existía controversia sobre uno 

o varios aspectos de la reclamación. Por tal motivo, el TPI determinó que 

Triple-S no venía obligada a efectuar un pago parcial a favor de los 

peticionarios por una cuantía que no constituyó una oferta final y porque

todas las partidas de la reclamación aún se encontraban en controversia.

Inconforme con la determinación del foro primario, el Consejo de 

Titulares acudió ante nosotros mediante el recurso de epígrafe y realizó los 

siguientes señalamientos de error:

(1) ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR EL PAGO COMO 

MÍNIMO DE LAS PARTIDAS QUE LA ASEGURADORA 

ENTENDIÓ PROCEDENTES EN EL AJUSTE DE LA 

RECLAMACIÓN, QUE CORRESPONDEN A UNA 

DEUDA LÍQUIDA Y EXIGIBLE

12 Apéndice del recurso, pág. 277.

13 Apéndice del recurso, pág. 283.
KLCE202400490 5

(2) ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER INTERESES POR 

MORA A FAVOR DEL CONDOMINIO PORTAL DE

SOFÍA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO 

CIVIL APLICABLE A LA CAUSA DE ACCIÓN DEL 

EPÍGRAFE

(3) ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER INTERESES A 

FAVOR DEL CONDOMINIO PORTAL DE SOFÍA AL 

AMPARO DE LA REGLA 44.3(b) DE LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL

(4) ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER HONORARIOS DE 

ABOGADOS A FAVOR DEL CONDOMINIO PORTAL DE 

SOFÍA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 27.165 DEL 

CÓDIGO DE SEGUROS

Los recurridos sometieron su oposición de manera oportuna por lo 

que el recurso quedó perfeccionado y nos encontramos en posición de 

resolver. Nos expresamos a continuación.

II

A

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012), que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso 

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al 

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el 

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1.

Particularmente, en cuanto a los procedimientos de 

apelación, certiorari, u otros procesos para revisar sentencias y 

resoluciones, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
KLCE202400490 6

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. [...]

De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia 

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si 

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte 

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que 

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida 

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1, 

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente, 

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia no 

esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente.

Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción 

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, debemos o no expedir el auto de certiorari. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. A esos fines, la Regla 40 establece los criterios 

que debemos tomar en consideración para determinar si expedimos o no 

un auto de certiorari, como sigue:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.
KLCE202400490 7

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

B

El mecanismo de sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA AP. V, R. 36, la cual dispone que se 

dictará una sentencia de manera sumaria únicamente cuando no existan 

controversias reales y sustanciales sobre los hechos materiales y 

pertinentes de la reclamación. Además, será necesario que el derecho 

aplicable así lo justifique. 

En esencia, este mecanismo propicia la solución justa, rápida y 

económica de las controversias en las cuales la celebración de un juicio 

resulte innecesaria. Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 

128 (2012) (citando a Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009)). No obstante, el Tribunal Supremo ha dispuesto que aligerar la 

tramitación del caso no podrá soslayar el principio fundamental de alcanzar 

una solución justa. García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337-338 

(2001). Así, el principio rector para su uso es el sabio discernimiento, ya 

que, al tratarse de un remedio discrecional, podría prestarse para despojar 

a un litigante de su derecho al debido proceso de ley. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha sido enfático en establecer que las decisiones discrecionales 

que toma el Tribunal de Primera Instancia no se revocarán, a menos que 

se demuestre que el foro primario abusó de su discreción. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).

Según nuestro ordenamiento jurídico, al dictar una sentencia 

sumaria, el tribunal deberá: (1) analizar los documentos anejados a la 

solicitud de sentencia sumaria, los documentos incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que surjan del expediente del tribunal; y (2) determinar 

si el oponente controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas con 

otra evidencia. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). De esta forma, 

no procederá dictar una sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 
KLCE202400490 8

materiales y esenciales controvertidos; (2) existan alegaciones afirmativas 

en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, de los mismos documentos que se 

acompañan con la solicitud; o (4) como cuestión de derecho, no proceda. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 333-334.

Los foros revisores deberán evaluar la solicitud de sentencia 

sumaria de novo. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

116 (2015). En virtud de ello, el Tribunal de Apelaciones deberá: (1) 

examinar el expediente de manera más favorable hacia quien se opuso a 

la solicitud; (2) revisar que tanto la solicitud de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma provistos en la Regla 36 de 

las de Procedimiento Civil; y (3) evaluar si existen hechos en controversia 

y, de haberlos, cumplir con los criterios dispuestos por la Regla 36.4 de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró controvertidos 

y cuáles están incontrovertidos. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 118.

De concluir que en efecto los hechos están incontrovertidos, el foro 

revisor deberá evaluar si el foro primario aplicó correctamente el derecho 

en controversia. Id., pág. 119. Es importante tener en cuenta, que, al hacer 

su determinación, el foro revisor debe cumplir con el estándar de la Regla 

36.4. Así, de encontrar que existen hechos materiales en controversia, 

procederá a exponer concretamente cuáles fueron los hechos materiales 

controvertidos y cuáles fueron incontrovertidos. Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

C

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que el contrato 

de seguros “está revestido de un alto interés público debido a su 

importancia, complejidad y efecto en la economía y la sociedad, razón por 

la cual ha sido ampliamente reglamentado por el Estado”. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 896 (2012); Jiménez López 

et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 9 (2010). A tales efectos, el Tribunal Supremo 

ha expresado que, a través del contrato de seguro, los aseguradores se 
KLCE202400490 9

enfrentan a la carga económica de los riesgos que pudiesen ser 

provocados por un evento en específico, a cambio de una prima. Coop. 

Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714, 721 (2003). Esto dado que, 

a raíz del intercambio de la asunción de riesgo por la prima, nace la 

obligación de la aseguradora a responder por los daños sufridos en caso 

de que ocurra el evento específico. Id.

Por su parte, el Artículo 27.166 fue añadido al Código de Seguros, 

a través de enmiendas por la Ley Núm. 243-2018. En el inicio, los tribunales 

teníamos diferentes interpretaciones en cuanto a la aplicación retroactiva 

de la referida ley, en casos que surgían por reclamaciones ocurridas como 

consecuencia del Huracán María.14 Sin embargo, no fue hasta principios 

del año 2022 que nuestro más alto foro tuvo ante sí una controversia donde 

tuvo la oportunidad de expresarse al respecto. De esta forma, en el caso 

de Consejo Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761 (2022), el Tribunal 

Supremo resolvió que sí se desprende del motivo de la Ley 247-2018 que 

la intención del legislador fue que la referida ley tuviese un efecto 

retroactivo. Consejo Titulares v. MAPFRE, supra, pág. 766. Ahora bien, en 

lo pertinente, el citado Artículo establece lo siguiente: 

Ante un estado de emergencia decretado por el Gobernador 

de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros estará 

facultada para ordenar a los aseguradores de seguros de 

propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al 

asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas de 

las cuales no exista controversia, sin necesidad de esperar a 

la resolución final de la totalidad de la reclamación. En esos 

casos, los aseguradores cumplirán con los siguientes 

requisitos: 

(a) Cuando entre el asegurado o reclamante y 

asegurador no exista controversia sobre una o más 

partidas de la reclamación para las cuales el 

asegurado haya provisto al asegurador la 

documentación requerida en la póliza, el 

asegurador vendrá obligado a emitir el pago 

correspondiente a la partida o las partidas de la 

reclamación en que no exista controversia, 

independientemente de las otras partidas de la 

reclamación en que exista controversia. El pago 

deberá ser efectuado no más tarde de diez (10) 

días calendario, a partir de la fecha que el 

asegurado o reclamante haya notificado al 

asegurador, por escrito, sobre la aceptación de la 

14 Véase Medawar v. Multinational Insurance Company, KLAN202000931.
KLCE202400490 10

oferta de pago parcial o en adelanto. El pago será 

por la cantidad neta, luego del descuento aplicable 

por concepto de deducible o coaseguro estipulado 

en la póliza de dichas partidas.

(b) En toda oferta de pago parcial o en adelanto de la 

reclamación, el asegurador identificará de manera 

clara y conspicua que la oferta es un “Pago Parcial 

o En Adelanto de la Reclamación”, incluyendo un 

informe por escrito que identifique la cubierta(s) 

para lo cual se hace la oferta y un desglose de la 

cuantía correspondiente a cada una de las partidas 

objeto de la oferta.

(c) Cualquier oferta de pago de una reclamación en la 

cual no se identifique la cubierta bajo la cual se 

realiza, o deje de desglosar las partidas y cuantía 

de daños o pérdidas a la cual corresponde, 

incluyendo la cantidad aplicable por concepto de 

deducible o coaseguro estipulado en la póliza, se 

considerará una práctica desleal en el ajuste de 

reclamación, sujeto a las penalidades del Artículo 

27.260 de este Código.

(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por 

el asegurado reclamante no constituirá, ni podrá 

ser interpretado, como un pago en finiquito o 

renuncia a cualquier derecho o defensa que éste 

pueda tener sobre los otros asuntos de la 

reclamación en controversia que no estén 

contenidos expresamente en la declaración de 

oferta de pago parcial o en adelanto.

(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una 

resolución final de la totalidad de la reclamación 

con arreglo a los Artículos 27.162 y 27.163 de este 

Código. 26 LPRA sec. 2716f.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha dispuesto que una vez la 

aseguradora notifica el ajuste de la reclamación, “este constituye la postura 

institucional de [la aseguradora] frente a la reclamación de su asegurado”.

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, pág. 635. Esto, debido a que se 

trata de un documento emitido por la aseguradora producto de una 

investigación adecuada y un análisis detenido. Así, dado a que trata de un 

informe objetivo correspondiente a la procedencia de la reclamación, 

preparado por la aseguradora, ésta no podrá retractarse del ajuste, 

salvo que haya mediado fraude por parte del reclamante Íd. (Énfasis 

nuestro).

Este principio también ha sido avalado a través del Artículo 1123 del 

Código Civil de 1930, el cual establece que los acreedores no pueden ser 
KLCE202400490 11

obligados a recibir las prestaciones parcialmente, a menos que el contrato 

diga lo contrario de manera expresa. 31 LPRA sec. 3173.15 Sin embargo, 

el Artículo 1123 también dispone que “cuando la deuda tuviere una parte 

líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor, y el deudor puede hacer el 

pago de la primera, sin esperar a que se liquide la segunda”. 31 LPRA sec. 

3173.

Cónsono con lo anterior, la Regla XLVII, Artículo 7(d) del 

Reglamento 2080, expone que cuando no exista controversia sobre uno o 

varios aspectos de una reclamación, se deberá realizar el pago 

correspondiente. Reglamento del Código de Seguros, Reglamento 2080 de 

6 de abril de 1976. Además, la citada regla establece que el pago se deberá 

realizar aun cuando exista una controversia en cuanto a otros aspectos de 

la reclamación, siempre que se pueda efectuar sin perjuicio de ambas 

partes.

Por otro lado, el Artículo 27.165 fue de igual manera añadido 

mediante enmienda, no obstante, por vía de la Ley Núm. 247-2018. El 

mencionado artículo expone lo siguiente:

(1) Al recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los 

tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier 

asegurado nombrado o el beneficiario designado bajo una 

póliza o contrato ejecutado por el asegurador, el Tribunal 

de Primera Instancia o, en el caso de una apelación en la 

que prevalezca el asegurado o beneficiario, el tribunal de 

apelación, deberá adjudicar o decretar contra el 

asegurador y a favor del asegurado o el abogado del 

beneficiario una suma razonable como honorarios o 

compensación por haber procesado la demanda en la que 

se obtuvo una recuperación.

(2) En cuanto a las demandas basadas en reclamos que 

surjan de pólizas de seguro de vida o contratos de 

anualidad, no se aplicará dicha tarifa de abogado 

permitido si tal demanda se inició antes de la expiración 

de sesenta (60) días después de la presentación de la 

prueba del reclamo debidamente presentada ante la 

aseguradora.

(3) Cuando se otorgue, la compensación u honorarios del 

abogado se incluirán en la sentencia o decreto dictado en 

el caso. 26 LPRA sec. 2716e.

15 Actual Artículo 1119 del Código Civil de 2020, Ley Núm. 55-2020. 
KLCE202400490 12

D

Por otro lado, las partes en un contrato están forzadas a actuar 

según lo expresamente pactado. Si en su ejecución incurren en dolo, 

negligencia o morosidad, los contratantes están obligados a responder por 

los daños y perjuicios que resulten de su conducta. 31 LPRA sec. 3018. 

La teoría general, en materia de Obligaciones y Contratos, establece 

que la mora constituye el cumplimiento tardío de una obligación. J. Castán 

Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 16ta ed., Madrid, Ed. 

Reus S.A., 1992, Tomo III, 236-237. Se incurre en mora desde el momento 

en que el acreedor exige al deudor el cumplimiento de una obligación 

consistente en entregar o hacer una cosa. 31 LPRA sec. 3017, Rodríguez 

Sanabria v. Soler Vargas, 135 DPR 779, 783 (1994). Como norma, se 

considera que el deudor está en mora cuando: (1) se trata de una 

obligación positiva de dar o hacer; (2) ésta es líquida, exigible y está 

vencida; (3) el deudor retarde, culpablemente, el cumplimiento de su 

obligación y; (4) el acreedor requiera el pago al deudor, judicial o 

extrajudicialmente. J. Castán Tobeñas, op cit., págs. 238-240. 

Cónsono a lo anterior, el Artículo 1061 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3025, contempla la posibilidad de imponer intereses por mora.

Expresamente dispone lo siguiente: 

Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de 

dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de 

daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá 

en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, 

en el interés legal. 

Mientras que no se fije otro por el Gobierno, se considerará 

como legal el interés del seis por ciento (6%) al año. 

La imposición de intereses por mora se concede como una 

indemnización a la parte afectada a causa del retraso culposo en el pago 

de una deuda. Los intereses por mora “[n]o constituyen parte integrante, 

inherentemente inseparable, de la obligación principal, sino que son 

considerados como una indemnización independiente de daños y perjuicios 

impuesta como penalidad por la demora en el pago.” Rivera v. Crescioni, 

77 DPR 47, 55-56 (1954). 
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La doctrina vigente dispone que los intereses por mora constituyen 

un derecho personal del acreedor, el cual puede tomarse como renunciado 

si no se apela la omisión de consignarlos. P. R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal 

Superior, 84 DPR 621, 623 (1962). De igual forma, un tribunal de instancia 

puede imponer el pago de intereses por mora, aun cuando los mismos no 

hayan sido solicitados por la parte interesada. Fuentes v. Hull Dobbs Co.,

88 DPR 562, 571 (1963).

El interés por mora se distingue del interés legal. La Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3, regula lo concerniente a la 

fijación del interés legal, tanto post sentencia como por temeridad. Esta 

disposición establece lo siguiente:

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta 

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras y que esté en vigor al momento de dictarse la 

sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en 

que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, 

incluyendo costas y honorarios de abogados. El tipo de interés 

se hará constar en la sentencia. 

La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por 

sentencia tomando en consideración el movimiento en el 

mercado y con el objetivo de desalentar la radicación de 

demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el 

cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago 

de las sentencias en el menor tiempo posible. 

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido 

con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta 

en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al 

momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la 

causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde 

la radicación de la demanda, en caso de daños y 

perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto 

cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o 

funcionarios en su carácter oficial. El tipo de interés se hará 

constar en la sentencia. (Énfasis nuestro.)

El interés post sentencia se refiere al tipo de interés que se impone 

a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el pago 

de dinero. Éste se computa sobre la cuantía de la sentencia, incluso las 

costas y los honorarios de abogado, y se fija desde la fecha en que se dicte 

la sentencia hasta que se satisface. Su imposición es mandatoria a toda 
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parte perdidosa sin distinción alguna. Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 

136-137 (2006). 

El interés por temeridad se impone cuando convergen los dos 

requisitos siguientes: que la parte haya procedido temerariamente y se 

trate de un caso sobre cobro de dinero o daños y perjuicios. Éste se 

fija sobre la suma principal de la sentencia dictada sin incluir las costas ni 

honorarios de abogado. El interés por temeridad se calcula dependiendo 

de la reclamación de que se trate; en los casos de cobro de dinero se 

computa desde que surge la causa de acción y en el caso de daños y 

perjuicios a partir de la presentación de la demanda. Id., pág. 137.

III

Luego de evaluado el expediente junto a su derecho aplicable y 

jurisprudencia interpretativa, resolvemos que el foro de instancia erró al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada 

por los peticionarios. Por tal motivo, y en aras de evitar un fracaso a la 

justicia, expedimos el presente recurso. Discutimos a continuación.

Como foro intermedio, al enfrentarnos al mecanismo extraordinario 

de sentencia sumaria nos corresponde realizar una revisión de novo

examinando la solicitud, su oposición y la totalidad del expediente. 

Efectuada la tarea, llegamos a la conclusión de que las determinaciones de 

hecho realizadas por el foro primario están avaladas por la evidencia que 

obra en el expediente. Sin embargo, añadiríamos el hecho de que Triple-S 

realizó un estimado más reciente, aproximadamente para el año 2023, a 

través de la compañía Benj. Acosta Independent Insurance Adjusters – All 

Lines la cual sumó la cantidad de $717,388.34 y fue ajustada a $419,544.41

luego de las deducciones aplicables. Este sería el único hecho que el foro 

primario halló en controversia con el cual no estamos de acuerdo. De igual 

manera, diferimos del análisis realizado por el TPI y concluimos que hubo 

error en la aplicación del derecho.

Al tomar en consideración la exposición de motivos de la Ley Núm.

243-2018, la cual añadió el Artículo 27.166 del Código de Seguros, vemos 
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que fue “con el propósito de estimular pagos a los asegurados o 

reclamantes afectados para que puedan comenzar los arreglos para la 

reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar la operación 

de los comercios, ayudando así a reactivar nuestra economía con mayor 

prontitud”. Ley Núm. 243-2018. Toda vez que el estimado realizado por 

Triple-S y notificado al Consejo de Titulares constituyó un ajuste y, por 

consiguiente, un reconocimiento de deuda a la luz de lo resuelto en 

Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138 (2021), cantidad por la cual 

no podrá retractarse. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra, pág. 635.

Existe controversia sobre la totalidad de los daños para realizar una 

oferta final con el propósito de ponerle fin a la reclamación. No obstante, 

no existe controversia sobre el estimado y su ajuste puesto que fue 

realizado por la misma aseguradora y a la luz de Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, supra, este representa un análisis detenido y una investigación 

adecuada. Triple-S realizó un estimado que luego de los descuentos 

correspondientes se ajustó a ser $419,544.41. El Consejo de Titulares 

solicita el pago por la cantidad de $419,544.41 en concepto de adelanto de 

reclamación. No existe controversia sobre esta cuantía, por tanto, estamos 

ante una deuda líquida y exigible de modo que procede su pago inmediato.

No obstante, el TPI basó su determinación de que había controversia sobre 

la cantidad en que los peticionarios no habían presentado evidencia alguna 

que estableciera habían aceptado el monto del estimado. Pero, tomando 

en cuenta el propósito de la Ley que introdujo el Artículo 27.166 del Código 

de Seguros que permite el adelanto o pago parcial, resolveríamos en contra 

del espíritu de esta al condicionar su pago a una aceptación por escrito. 

Además, podríamos equiparar el hecho de que los peticionarios exigen el 

pago de este como una aceptación inequívoca. Ilustrado lo anterior, queda 

atendido el primer señalamiento de error realizado por los peticionarios.

Atendido este primero, avanzamos a los restantes tres que se 

resumen en que el TPI erró al no otorgar la imposición de pago de 

honorarios e intereses por mora y temeridad. En cuanto al segundo
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señalamiento de error, dirigido a los intereses por mora bajo lo establecido

en el Artículo 1061 del Código Civil de 1930, no podemos concluir que los 

recurridos hayan incurrido en mora. Esto por razón de que el tribunal había 

declarado en dos ocasiones que no procedía el pago adelantado por 

entender que aún había controversia sobre el monto de la deuda. Por tanto,

Triple-S aún no había recibido orden de hacer pago alguno como para 

poder incurrir en un retardo culpable. De igual manera, referente al tercer 

señalamiento de error dirigido a la concesión de intereses al amparo de la 

Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, concluimos que la mencionada Regla 

no es de aplicación a la controversia que nos ocupa. Ello porque esta 

explícitamente menciona que corresponde en casos de cobro de dinero o 

daños y perjuicios y estamos ante uno de incumplimiento de contrato. Por 

tanto, estos dos errores no se cometieron.

No obstante, encontramos que sí se cometió el cuarto y último 

señalamiento de error por lo que procede el pago de los honorarios de 

abogado en los que han incurrido los peticionarios hasta el momento,

según establecido en el Artículo 27.165 del Código de Seguros.

IV

Por los fundamentos expuestos expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida para ordenar el pago por la cantidad de

$419,544.41 más una suma razonable en concepto de honorarios 

correspondientes a ser determinada por el TPI de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 27.165 del Código de Seguros, supra, y se ordena 

la continuación de los procedimientos en el foro primario según lo aquí 

dispuesto.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones