Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

KARINA MASSIEL 

DUARTE VENTURA

Recurrida

V.

CARLOS LUIS ORTIZ 

RAMOS

Peticionario

KLCE202301269

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez

Caso Núm.:

LJ2023RF00003

(301)

Sobre:

ALIMENTOS –

MENORES DE EDAD

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

Comparece ante este tribunal, el señor Carlos Luis Ortiz Ramos. 

Mediante recurso de certiorari, este nos solicita la revocación de una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que rechazó su 

petitorio para desestimar la petición de alimentos presentada en su 

contra. Explicamos brevemente los hechos esenciales para 

comprender la determinación que hoy tomamos.

I

El señor Ortiz Ramos es padre de dos menores de edad que 

nacieron y siempre han vivido en la República Dominicana. Según el 

peticionario, la madre de sus hijos y estos no residen y nunca han 

residido en Puerto Rico. La madre, Karina Massiel Duarte Ventura, en 

representación de los dos menores de edad, presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia una fijación inicial de pensión alimentaria para 

beneficio de los menores procreados por las partes.

El peticionario sostiene que el TPI carece de jurisdicción sobre 

la materia para atender un reclamo de alimentos internacionales, al 

amparo de la Ley de Sustento de Menores de Puerto Rico y las Guías 

Mandatorias para la Fijación de Pensiones Alimentarias en Puerto 
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Rico, debido a que, en el caso de autos, los menores alimentistas y la 

madre custodia son residentes y domiciliados en República 

Dominicana.

Afirma que, el foro recurrido se equivocó al entender que se 

había sometido a la jurisdicción de Puerto Rico señalando que, desde 

su primera comparecencia, se ha asegurado de especificar que sus 

planteamientos los hace sin someterse a la jurisdicción del tribunal. 

Para el señor Ortiz Ramos, cualquier trámite para la reclamación y/o 

fijación de una pensión alimentaria debe ser entablada en el país en el 

cual nacieron y han residido sus hijos toda su vida.

En la alternativa alega que, del foro primario entender que 

posee jurisdicción sobre la materia, no debió haber referido el caso a 

la Examinadora de Pensiones (EPA), pues sus facultades son 

limitadas y no puede intervenir en “casos complejos”, y quien, a su 

vez, está obligada a utilizar las guías mandatorias para la fijación de 

pensiones alimentarias en Puerto Rico. O sea, que no puede aplicar 

las guías mandatorias en casos de alimentos internacionales, 

especialmente si el país de residencia de los menores es uno donde el 

costo de vida es menor al de Puerto Rico.

II

A.

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean 

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 

994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la 

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional 

del mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los 

criterios señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 
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Resaltamos que esta regla ha sufrido modificaciones a través del 

tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros 

revisores en la expedición del recurso.

En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será 

expedido:

... para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u 

orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su 

discreción al intervenir con la resolución u orden interlocutoria. La 

Regla 40 dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B) Si la situación de los hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema.
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C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir no implica la 

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó, ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por 

el foro de instancia. Se entiende que la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari, de entenderlo pertinente,

podrá revisar esta determinación cuando el Tribunal de Primera 

Instancia dicte sentencia final. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008).

B.

Tanto en la ASUME como en los tribunales del país, 

continuamente se presentan casos de alimentos en los que una de las 

partes se encuentra fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos de 

América. Para ambos foros, ello representa afrontar los retos que 

conlleva el tratar de preservar y asegurar el derecho de un menor a 

recibir alimentos cuando en muchos casos no puede llevarse a cabo 

un proceso sin menoscabar derechos tales como el que le asiste a las 

partes a un debido proceso de ley, o cuando no se cuenta con el 

andamiaje administrativo adecuado que permita la celebración de un 

proceso relacionado con una persona que reside fuera de la 
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jurisdicción de los Estados Unidos. Con la adopción de la UIFSA1

2008,2 los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos podrán 

procesar los casos de otros países que hayan ratificado el Convenio, 

por lo que ello significará un paso de avance en Puerto Rico, pues, se 

contará con el marco legal y procesal necesario al amparo del cual se 

podrán ventilar dichos casos internacionales.3

La Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia, 

conocida como UIFSA, define país extranjero como aquel país distinto 

a Estados Unidos que: (a) ha sido declarado país extranjero recíproco 

en virtud de la ley de los Estados Unidos; (b) ha otorgado con Puerto 

Rico un acuerdo recíproco para el sustento de menores, según 

provisto en la Sección 308 de esta Ley; (c) ha promulgado una ley o 

establecido procedimientos para el establecimiento y la ejecución de 

órdenes de pensión alimentaria que son sustancialmente similares a 

los procedimientos contenidos en esta Ley; o (d) es un país sobre el 

cual el Convenio tiene fuerza de ley con respecto a los Estados 

Unidos.4 La UIFSA aplica a un procedimiento sobre alimentos que 

implique, un alimentista, un alimentante o un menor que resida en 

un país extranjero.

5 En un procedimiento para establecer una orden 

de pensión alimentaria, un tribunal de Puerto Rico podrá ejercer 

jurisdicción sobre un individuo no residente si el individuo se somete 

a la jurisdicción de Puerto Rico, mediante un consentimiento que 

consta en récord, mediante la comparecencia voluntaria sin 

1 Uniform Interstate Family Support Act, adoptada mediante la Ley 180-1997.

2 La UIFSA 2008 enmendó la versión anterior de la UIFSA, principalmente en lo 

relacionado con los procedimientos de los casos internacionales y, entre otros 

cambios, integró las disposiciones apropiadas del Convenio de la Haya sobre el 

Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y otras formas de 

Manutención de la Familia, adoptado en la Conferencia de la Haya sobre Derecho 

Internacional Privado de 23 de noviembre de 2007. Exposición de Motivos Ley 103-

2015.

3 Exposición de Motivos Ley 103-2015.

4 8 LPRA sec. 1291 (5).

5 8 LPRA sec. 1294.
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cuestionar la jurisdicción del tribunal.

6 El tribunal de Puerto Rico 

sirve como tribunal iniciador.

7

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño fue 

aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 

noviembre de 1989. En esta se reconocen los derechos humanos de 

los niños y las niñas, a quienes define como personas menores de 18 

años.8 La Convención, como primera ley internacional sobre los 

derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los 

Estados firmantes. Entre estos se encuentra Estados Unidos y la 

República Dominicana, entre otros. Se reconoce que todo niño tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. A tales efectos, a los padres u otras 

personas encargadas del niño, les incumbe la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. Los Estados tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte 

de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad 

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte, como si viven 

en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la 

responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 

de aquel en que resida el niño, los Estados Parte promoverán la 

adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 

convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos 

apropiados.9

A tal extremo, la Constitución de Estados Unidos nos recuerda

la supremacía de “esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos 

6 8 LPRA sec. 1301 (a)(2).

7 8 LPRA sec. 1303.

8 Véase Parte I, Artículo 1 en 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. Última fecha de 

visita 19 de diciembre de 2023.

9 Artículo 27. Véase, https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. 

Última fecha de visita 19 de diciembre de 2023.
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que en virtud de ella sean creadas; y todos los tratados previamente 

celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos 

serán la ley suprema de la Nación; y los jueces de cada estado estarán 

obligados a acatarla, aun cuando hubiere alguna disposición en 

contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.”10

III.

Como asunto de primer orden, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, autoriza nuestra intervención, porque el peticionario 

solicita que revisemos la denegatoria del TPI a una moción de carácter 

dispositivo, en un caso sobre alimentos de menores revestido de un 

alto interés público. Rodríguez Rivera v. De León Otano, 191 DPR 700, 

711 (2014); Peña v. Warren, 162 DPR 764, 773 (2004).

Nos llama la atención que el peticionario resume acertadamente 

toda la normativa que sostiene la obligación de los progenitores de 

alimentar a sus hijos menores de edad. Aun cuando reconoce que esa 

obligación es parte esencial del derecho a la vida y que está fundada 

en principios de solidaridad humana, cuestiona la jurisdicción de los 

tribunales de Puerto Rico para atender el reclamo de alimentos para 

sus hijos menores de edad que residen en la República Dominicana.

No obstante, nos queda claro que las circunstancias 

particulares de este caso, no ameritan nuestra intervención en esta 

etapa procesal y que lo correcto es denegar el recurso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Artículo VI de la Constitución de Estados Unidos.