Número Identificador

RES2 02 4

________________ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V I I

KARINA MASSIEL DUARTE VENTURA

Recurrid a

V.

CARLOS LUIS ORTIZ RAMOS

Peticionari o KLCE202 3 0 1 269 Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia , Sala Superior de Mayagüez

Caso Núm.: LJ2023RF00003 ( 301 )

Sobre: ALIMENTOS

– MENORES DE EDAD Panel integrado por su president a , la Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

. Grana Martínez, Jueza Ponente RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 202 4

. Comparece ante este tribunal , el señor Carlos Luis Ortiz Ramos.

Mediante recurso de certiorari , este nos solicita la revocación de una

determinación del T ribunal de P rimera I nstancia que rechaz ó su petitorio para desestimar la petición de alimentos presentada en su contra. Explicamos brevemente los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy tomamos.

I El señor Ortiz Ramos es padre de dos menores de edad que nacieron y siempre han vivido en la Rep ú blica Dominicana. Según el peticionario , la madre de sus hijos y estos no residen y nunca han residido en Puerto Rico. La madre, Karina Massiel Duarte Ventura, en representación de los dos menores de edad , present ó ante el Tribunal

de Primera Instan cia una fijación inicial de pensión alimentaria para beneficio de los menores procreados por las partes.

El peticionario sostiene que el TPI carece de jurisdicción sobre la materia para atender un reclamo de alimentos internacionales, al amparo de la Ley d e Sustento de Menores de Puerto Rico y las Guías Mandatorias para la Fijación de Pensiones Alimentarias en PuertoKL CE 20 2 3 0 126 9 2

Rico , debido a que , en el caso de autos , los menores alimentistas y la madre custodia son residentes y domiciliados en República

Dominicana.

A firma que , el foro recurrido se equivocó al entender que se había sometido a la jurisdicción de Puerto Rico señalando que , desde su primera comparecencia , se ha asegurado de especificar que sus planteamientos los hace sin someterse a la jurisdicción del tr ibunal.

Para el señor Ortiz Ramos , cualquier trámite para la reclamación y/o fijación de una pensión alimentaria debe ser entablada en el país en el

cual nacieron y han residido sus hijos toda su vida. En la alternativa alega que , del foro primario entende r que posee jurisdicción sobre la materia, no debió haber referido el caso a la Examinadora de Pensiones (EPA) , pues su s facultades son limitadas y no puede intervenir en “ casos complejos ” , y quien , a su

vez , está obligada a utilizar las guías mandatorias para la fijación de pensiones alimentarias en Puerto Rico. O sea , que no puede aplicar las guías mandatorias en casos de alimentos internacionales, especialmente si el país de residencia de los menores es uno donde el

costo de vida es menor al de Puerto Ri co.

II

A.

El c ertiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc. , 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico , 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction , 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del recurso reside en el carácter discrecio nal del mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los

criterios señalados en la R egla 52.1 de Procedimiento Civil.KL CE 20 2 3 0 126 9 3 Resaltamos que esta regla ha sufrido modificaciones a través del tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del recurso. En la actualidad, la R egla 52.1 de Procedimiento Civil específicamente dispone que el recurso de c ertiorari solamente será expedido: ... para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revis ar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldí a, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia , suje to a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Superado el análisis al amparo de la R egla 52.1 de

Procedimiento Civil , el foro apelativo deberá auscultar los criterios de

la R egla 40 del Reglamento del Tribuna l de Apelaciones para guiar su

discreción al intervenir con la resolución u orden interlocutoria. La

R egla 40 dispone: El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostr ar causa: A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. B) Si la situación de los hechos planteada es la más indicada para analizar el problema.KL CE 20 2 3 0 126 9 4 C) Si ha mediado prejuicio, parcial idad o error craso y manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elabor ados. E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apel ativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia. Se entiende que la parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de certiorari, de entenderlo pertinente , podrá revisar esta determinación cuando el Trib unal de Primera

Instancia dicte sentencia final. Torres Mart í nez v. Torres Ghigliotty , 175 DPR 83, 98 (2008).

B.

T anto en la ASUME como en los tribunales del país, continuamente se presentan casos de alimentos en los que una de las partes se encuentra fue ra de la jurisdicción de los Estados Unidos de América. Para ambos foros, ello representa afrontar los retos que conlleva el tratar de preservar y asegurar el derecho de un menor a recibir alimentos cuando en muchos casos no puede llevarse a cabo

un proces o sin menoscabar derechos tales como el que le asiste a las partes a un debido proceso de ley, o cuando no se cuenta con el andamiaje administrativo adecuado que permita la celebración de un proceso relacionado con una persona que reside fuera de laKL CE 20 2 3 0 126 9 5 jurisd icción de los Estados Unidos. Con la adopción de la UIFSA 1 2008, 2 los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos podrán procesar los casos de otros países que hayan ratificado el Convenio, por lo que ello significará un paso de avance en Puerto Rico, pues, se contará con el marco legal y procesal necesario al amparo del cual se podrán ventilar dichos casos internacionales. 3

La Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia , conocida como UIFSA , define país extranjero como aquel país distinto

a E stados Unidos que: ( a ) h a sido declarado país extranjero recíproco en virtud de la ley de los Estados Unidos; ( b ) ha otorgado con Puerto Rico un acuerdo recíproco para el sustento de menores, según provis to en la Sección 308 de esta Ley; ( c) ha promulgado una ley o establecido procedimientos para el establecimiento y la ejecución de órdenes de pensión alimentaria que son sustancialmente similares a los procedimientos contenidos en esta Ley; o ( d ) es un paí s sobre el cual el Convenio tiene fuerza de ley con respecto a los Estados

Unidos. 4 La UIFSA aplica a un procedimiento sobre alimentos que implique , un alimentista, un alimentante o un menor que resida en un país extranjero

. 5 En un procedimiento para est ablecer una orden de pensión alimentaria , un tribunal de Puerto Rico podrá ejercer jurisdicción sobre un individuo no residente si el individuo se somete a la jurisdicción de Puerto Rico , mediante un consentimiento que consta en récord, mediante la compare cencia voluntaria sin

1 Uniform Interstate Family Support Act , adoptada mediante la Ley 180

- 1997. 2 La UIFSA 2008 enmendó la versión anterior de la UIFSA, principalmente en lo relacionado con los procedimientos de los casos internacionales y, entre otros cambios, integró las disposiciones apropiadas del Convenio de la Haya sobre el Cobro Internacional d e Alimentos con respecto a los Niños y otras formas de Manutención de la Familia, adoptado en la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado de 23 de noviembre de 2007. Exposición de Motivos Ley 103

- 2015. 3 Exposición de Motivos Ley 103

- 2015

. 4 8 LPRA sec. 1291 (5). 5 8 LPRA sec. 1294.KL CE 20 2 3 0 126 9 6 cuestionar la jurisdicción del tribunal

. 6 El tribunal de Puerto Rico

sirve como tribunal iniciador

. 7 Por otro lado, l a Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de

novie mbre de 1989. En esta se reconoce n los derechos humanos de los niños y las niñas, a quienes define como personas menores de 18

años. 8 La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Entre estos se encuentra Estados Unidos y la Rep ú blica Dominicana , entre otros. Se reconoce que todo niño tiene

d erecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f í sico, mental, espiritual, moral y social. A tales efectos , a los padres u otras personas encargadas del niño , les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y m edios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el

desarrollo del niño. Los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilid ad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte, como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Par te promoverán la

adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 9 A tal extremo, la Constitución de Estados Unidos nos recuerda la supremacía de “esta Cons titución y las leyes de los Estados Unidos

6 8 LPRA sec. 1301 (a)(2). 7 8 LPRA sec. 1303. 8 Véase Parte I, Artículo 1 en https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

. Ú ltima fecha de visita 19 de diciembre de 2023. 9 Artículo 27. Véase , https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

. Ú ltima fecha de visita 19 de diciembre de 2023

.KL CE 20 2 3 0 126 9 7 que en virtud de ella sean creadas; y todos los tratados previamente celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema de la Nación; y los jueces de cada estado estarán

obli g ados a acatarla, aun cuando hubiere alguna disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.” 10

III . Como asunto de primer orden, l a Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, autoriza nuestra intervención, porque el peticionario solicita que revisemos la denegatoria del TPI a una moción de carácter dispositivo, en un caso sobre alimentos de menores revestido de un alto interés público. Rodrí guez Rivera v. De Le ó n Otano , 191 DPR 700, 711 (2014); Peña v. Warren , 162 DPR 764, 773 (2004). Nos llama la atención que el peticionario resume acertadamente toda la normativa que sostiene la obligación de los progenitores de alimentar a sus hijos menores de edad. Aun cuando reconoc e que esa obligación es parte esencial del derecho a la vida y que est á fundada en principios de solidaridad humana , cuestiona la jurisdicción de los

tribunales de P uerto R ico para atender el reclamo de alimentos para sus hijos menores de edad que residen en l a Rep ú blica Dominicana. No obstante, nos queda claro que las circunstancias particulares de este caso , no ameritan nuestra intervención en esta etapa procesal y que lo correcto e s denegar el recurso

. IV Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición

del auto solicitado. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Artículo VI de la Constitución de Estados Unidos.