Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EDWIN TIRADO 

GONZÁLEZ

RECURRENTE

v.

NEGOCIADO DE 

SEGURIDA DE EMPLEO 

RECURRIDO

KLRA202400436

Apelación, acogida 

como Revisión 

Administrativa,

Procedente del 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos 

Caso Núm.: 

PUA-08921-24

Sobre:

Inelegibilidad a los 

beneficios del 

“Pandemic 

Unemployment 

Assistance” (PUA), 

“Coronavirus Aid, 

Relief, and 

Economic Security 

Act”, Ley Pública 

116-136 (CARES) 

del 27 de marzo de 

2020

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, el Juez Campos Pérez y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece la parte recurrente, Edwin Tirado González, quien

acude por derecho propio (en adelante, Sr. Tirado González o parte 

recurrente) mediante un recurso de Apelación, acogido como 

Revisión Administrativa, y nos solicita la revisión de la Decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida el 28 de mayo de 

2024 y notificada, el mismo día por el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (en adelante, DTRH). Mediante dicho dictamen,

se confirmó una Resolución del árbitro que declaró al Sr. Tirado 

González inelegible para los beneficios del seguro por desempleo a 

tenor con la ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, 

infra. 
KLRA202400436 2

Por los fundamentos que expondremos, se confirma el 

dictamen recurrido.

I

El 15 de septiembre de 2020, el Sr. Tirado González solicitó 

los beneficios de la Asistencia de Desempleo por Pandemia (en 

adelante, PUA) en la reclamación Núm. A00-000-1059-8910. En 

atención a esta solicitud, el 15 de septiembre de 2020, el Negociado 

de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, NSE) emitió una 

Determinación Monetaria, mediante la cual determinó que el Sr. 

Tirado González cumplía con los requisitos de elegibilidad para 

establecer una reclamación para obtener los beneficios del PUA.1 La 

carta expresaba, además, que tenía derecho a recibir los beneficios 

“siempre y cuando no sea descalificado(a) ni resulte inelegible 

por otras razones.” Asimismo, el 9 de enero de 2021, el NSE emitió

una Redeterminación Monetaria, en la cual determinó igualmente

que el Sr. Tirado González era elegible y aumentó la cantidad 

máxima de beneficios.2

El 2 de febrero de 2021, el NSE emitió una Notificación de 

Cambios al Programa a través de la cual informó que el estatuto 

federal de Asistencia Continuada para Trabajadores Desempleados 

aumentó el máximo de beneficios del PUA.3 Además, el 20 de marzo 

de 2021, el NSE emitió otra Redeterminación Monetaria en donde 

determinó nuevamente que el Sr. Tirado González era elegible y 

aumentó el máximo de beneficios.4

El 13 de abril de 2021, el Sr. Tirado González recibió una carta 

del NSE en donde se le requería información sobre Verificación de 

Empleo.5 La misiva señalaba que si el Sr. Tirado González resultaba 

1 Apéndice del recurso, pág. 1.

2 Apéndice del recurso, pág. 2. 

3 Apéndice del recurso, pág. 3.

4 Apéndice del recurso, pág. 4. 

5 Apéndice del recurso, págs. 5-6.
KLRA202400436 3

inelegible para recibir los beneficios, tendría que devolver la 

cantidad de los beneficios que había recibido. En respuesta, el 9 de 

julio de 2021, el Sr. Tirado González presentó una carta alegando

que poseía un bachillerato en Tecnología en Ingeniería Electrónica 

de la UPR; que su esposa era farmacéutica, por lo cual era empleada 

esencial de primera línea y laboraba para el sistema de salud 

privado; que él era el cuidador principal de sus dos (2) hijos menores 

de edad, los cuales recibían educación virtual en tiempo real en el 

hogar, y que su hijo menor estaba recibiendo servicios profesiones 

de terapia psicológica.6 El Sr. Tirado González acompañó la carta 

con una certificación sobre el cierre escolar, una certificación que 

acreditaba que su esposa era empleada del Hospital Perea en 

Mayagüez y certificaciones de los servicios de terapia psicológica de 

su hijo. 

Así las cosas, el 13 de abril de 2021, el NSE emitió una 

Determinación de Asunto No Monetario: Verificación Laboral.

7 En 

esta, el NSE determinó que el Sr. Tirado Gonzáles no era elegible 

para recibir los beneficios del PUA toda vez que los documentos 

presentados por el Sr. Tirado González no eran suficientes para 

acreditar que tuvo (o iba a tener) un empleo o trabajo por cuenta 

propia previo a verse afectado por la emergencia del COVID-19. 

El 14 de enero de 2024, se celebró una audiencia telefónica 

ante un árbitro de la cual participó el Sr. Tirado González8 y, el 15 

de marzo de 2024, la División de Apelaciones de la Secretaria de 

Asuntos Legales y Normas del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos (en adelante, Secretaria de Asuntos Legales) emitió una 

Resolución, en la cual, luego de evaluadas las alegaciones y la 

6 Apéndice del recurso, págs. 7-10.

7 Apéndice del recurso, págs. 11-12.

8 Apéndice del recurso, págs. 15-17.
KLRA202400436 4

evidencia que obraba en el expediente, realizó las siguientes 

determinaciones de hechos:

“1. Reclamante indicó que al momento de la 

pandemia era cuidador de su padre quien murió en 

octubre de 2019, estaba desempleado.

Reclamante testificó que cuando lleg[ó] el cierre 

estaba desempleado buscando empleo. Present[ó] 

carta a computadora explicando su posición.

2. Reclamante estableció que además sus hijos 

estudiaban a distancia y él era su cuidador. 

Present[ó] carta de la escuela de sus hijos. Consta en 

la plataforma digital.

3. Reclamante indicó que a esta fecha no ha 

conseguido empleo y aunque realiz[ó] búsqueda de 

empleo este no tuvo ninguna oferta de empleo.

4. Reclamante confirm[ó] dirección de correo 

electrónico.”

A base de estas determinaciones, la Secretaria de Asuntos 

Legales resolvió que el Sr. Tirado González no presentó evidencia 

para sustentar la Verificación Laboral. En consecuencia, confirmó 

la determinación del NSE concluyendo que el Sr. Tirado González

era inelegible para recibir los beneficios del PUA.

El 28 de marzo de 2024, el Sr. Tirado González presentó una 

Apelación ante el Secretario del Trabajo.9 En atención a este recurso, 

se emitió una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos, en la que se acogieron las determinaciones de hecho de 

la Resolución de 15 de marzo de 2024 y se añadieron las siguientes:

“[...]

2. El reclamante en su escrito de apelación admitió que 

antes de la pandemia estuvo haciendo gestiones de 

búsqueda de empleo de manera presencial pero no 

contaba con oferta alguna, ni evidencia sobre sus 

esfuerzos por conseguir empleo. A la fecha de la 

audiencia ante la Árbitro no había podido conseguir 

ningún empleo, es decir para el 14 de marzo de 2024.

3. Surge de la plataforma FastPUA que el reclamanteapelante al presentar su solicitud de beneficios 

seleccionó que tenía planificado comenzar un empleo 

afectado por pandemia y que proveería alguna o todas 

las evidencias de la siguiente para probarlo: Oferta de 

empleo emitida por el patrono potencial u otra 

documentación. De la plataforma no surge ninguna 

evidencia para sustentar su solicitud de beneficios.

4. Surge del Sistema Automatizado de Beneficios 

(SABEN), que el reclamante no tiene historial de empleo 

desde el año 2010.”

9 Apéndice del recurso, pág. 18. 
KLRA202400436 5

Finalmente, se concluyó que el Sr. Tirado González no 

demostró la existencia de otra evidencia que razonablemente 

menoscabara la prueba creída por el árbitro. Por tanto, se confirmó 

la Resolución del árbitro determinando que el Sr. Matías Méndez era 

inelegible para recibir los beneficios del seguro por desempleo a 

tenor con la ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, 

infra.

Oportunamente, el Sr. Tirado González presentó una 

Reconsideración.

10 No obstante, el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos sostuvo su determinación inicial.11

Inconforme con esta determinación, el Sr. Tirado González 

presentó ante nos el 18 de julio de 2024 un recurso de Revisión 

Administrativa solicitando la revisión de dicha decisión. En su 

recurso, el Sr. Tirado González nos solicita que evaluemos la 

documentación sometida a la agencia. 

El 6 de agosto de 2024, emitimos Resolución concediéndole un 

término de veinte (20) días a la parte recurrida para expresar su 

posición con respecto al recurso. Transcurrido dicho término sin que 

la parte recurrida haya comparecido, procedemos a resolver el 

recurso sin contar con el beneficio de su posición. 

II

A.

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos, 

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma 

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 

(2011); Empresas Ferrer v. A. R. Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la 

concesión del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones 

10 Apéndice del recurso, pág. 23.

11 Apéndice del recurso, págs. 24-25
KLRA202400436 6

de hecho conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión 

completa de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010) y Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999).

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999). 

La evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho análisis requiere 

que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la 

que sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el 

peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Por lo tanto, el tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba 

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir 
KLRA202400436 7

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 (2007).

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728. En cambio, las conclusiones de derecho 

son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, al 

realizar su función revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes 

y reglamentos que administra. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho 

no conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la 

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & 

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012).

B.

El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES 

Act) es una legislación económica federal, creada en respuesta a la 

emergencia causada por el COVID-19. 15 USCA sec. 9001 et 

seq. Esta legislación buscó mitigar el impacto económico que la 

pandemia ejerció sobre los empleados, familias y comercios.

En su sección 2101 el CARES Act crea el Pandemic 

Unemployment Assistance (PUA). 15 USCA sec. 9021. Este programa 
KLRA202400436 8

federal fue hecho para proveer asistencia económica a personas 

desempleadas y afectadas por el COVID-19, pero que no 

cualificaban para los beneficios de desempleo estatales. Sección 207 

del CARES Act, sec. 2107(a)(2), 15 USCA sec. 9025. En específico, 

dicha sección establece que: 

(a) Federal-State agreements

(1) In general

Any State which desires to do so may enter into and 

participate in an agreement under this section with the 

Secretary of Labor (in this section referred to as the 

“Secretary”). Any State which is a party to an agreement 

under this section may, upon providing 30 days' written 

notice to the Secretary, terminate such agreement.

(2) Provisions of agreement

Any agreement under paragraph (1) shall provide that 

the State agency of the State will make payments of 

pandemic emergency unemployment compensation to 

individuals who--

(A) have exhausted all rights to regular 

compensation under the State law or under 

Federal law with respect to a benefit year 

(excluding any benefit year that ended before July 

1, 2019);

(B) have no rights to regular compensation with 

respect to a week under such law or any other 

State unemployment compensation law or to 

compensation under any other Federal law;

(C) are not receiving compensation with respect to

such week under the unemployment 

compensation law of Canada; and

(D) are able to work, available to work, and 

actively seeking work. (Énfasis nuestro).

De entre las personas que cualificaban para el PUA se 

encuentran:

 (3) Covered individual

The term “covered individual”--

 (A) means an individual who--

(i) is not eligible for regular compensation or 

extended benefits under State or Federal law or 

pandemic emergency unemployment 

compensation under section 9025 of this title, 

including an individual who has exhausted all 

rights to regular unemployment or extended 

benefits under State or Federal law or pandemic 

emergency unemployment compensation 

under section 9025 of this title;

(ii) provides self-certification that the individual--

(I) is otherwise able to work and available for 

work within the meaning of applicable State law, 

except the individual is unemployed, partially 

unemployed, or unable or unavailable to work 

because--
KLRA202400436 9

(aa) the individual has been diagnosed 

with COVID-19 or is experiencing symptoms 

of COVID-19 and seeking a medical diagnosis;

(bb) a member of the individual's 

household has been diagnosed with COVID19;

(cc) the individual is providing care for a 

family member or a member of the 

individual's household who has been 

diagnosed with COVID-19;

(dd) a child or other person in the 

household for which the individual has 

primary caregiving responsibility is unable to 

attend school or another facility that is closed 

as a direct result of the COVID-19 public 

health emergency and such school or facility 

care is required for the individual to work;

(ee) the individual is unable to reach the 

place of employment because of a quarantine 

imposed as a direct result of the COVID-19 

public health emergency;

(ff) the individual is unable to reach the 

place of employment because the individual 

has been advised by a health care provider to 

self-quarantine due to concerns related to 

COVID-19;

(gg) the individual was scheduled to 

commence employment and does not have a 

job or is unable to reach the job as a direct 

result of the COVID-19 public health 

emergency;

(hh) the individual has become the 

breadwinner or major support for a household 

because the head of the household has died 

as a direct result of COVID-19;

(ii) the individual has to quit his or her job 

as a direct result of COVID-19;

(jj) the individual's place of employment is 

closed as a direct result of the COVID-19 

public health emergency; or

(kk) the individual meets any additional 

criteria established by the Secretary for 

unemployment assistance under this section; 

or

(II) is self-employed, is seeking part-time 

employment, does not have sufficient work 

history, or otherwise would not qualify for 

regular unemployment or extended benefits 

under State or Federal law or pandemic 

emergency unemployment compensation 

under section 9025 of this title, and meets the 

requirements of subclause (I); and

(iii) provides documentation to substantiate 

employment or self-employment or the 

planned commencement of employment or 

self-employment not later than 21 days after 

the later of the date on which the individual 

submits an application for pandemic 

unemployment assistance under this section 

or the date on which an individual is directed 

by the State Agency to submit such 
KLRA202400436 10

documentation in accordance with section 

625.6(e) of title 20, Code of Federal 

Regulations, or any successor thereto, except 

that such deadline may be extended if the 

individual has shown good cause under 

applicable State law for failing to submit such 

documentation; and

 (B) does not include--

(i) an individual who has the ability to 

telework with pay; or

(ii) an individual who is receiving paid sick 

leave or other paid leave benefits, regardless 

of whether the individual meets a 

qualification described in items (aa) through 

(kk) of subparagraph (A)(i)(I). 15 USCA sec.

9021.

III

En su recurso de Revisión Judicial, el Sr. Tirado González nos 

solicita que revisemos la determinación del DTRH, mediante la cual 

fue declarado inelegible para recibir los beneficios del seguro por 

desempleo a tenor con la CARES Act tomando en consideración la 

documentación que sometió ante la agencia sobre la Verificación 

Laboral para poder determinar su elegibilidad, la cual para la 

agencia fue insuficiente para acreditar sus gestiones en la búsqueda 

de empleo que debía realizar conforme a las exigencias de la ley. 

Según expusimos, en nuestro ordenamiento jurídico se 

reconoce que las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal apelativo si se basan en 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra. 

Por lo tanto, el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por 

el propio solo cuando no pueda hallar una base racional para 

explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, supra. De este 

modo, si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Íd.
KLRA202400436 11

Surge del expediente que, al momento en que la agencia le

requirió información al Sr. Tirado González sobre Verificación 

Laboral para determinar su elegibilidad, este solo presentó prueba 

sobre una certificación del cierre de la escuela de sus hijos, una 

certificación de su esposa como empleada del Hospital Perea en 

Mayagüez y unas certificaciones de asistencia a la psicóloga. Es 

decir, el expediente está huérfano de evidencia que acredite las

gestiones realizadas por el Sr. Tirado González en la búsqueda de 

empleo. Igualmente, sí se desprende del expediente que el Sr. Tirado 

González no tiene empleo desde el 2010, esto es, diez (10) años 

previo a la pandemia. De esta forma, el Sr. Tirado González no logró 

demostrarle a la agencia y a este Tribunal desde qué momento 

estaba en la búsqueda de empleo.

Luego de un análisis ponderado del expediente 

administrativo, concluimos que la determinación del DTRH fue la 

correcta basada en la prueba que tuvo ante su consideración.

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones