Número Identificador

SEN2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CARLA TERESA 

RODRÍGUEZ BERNIER

Peticionaria

JOSÉ MIGUEL RIVERA 

SANTOS

Recurrido 

EX PARTE

KLCE202400458

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Ponce

Caso Civil Núm.:

JDI2014-0178

Salón: 405

Sobre:

Divorcio

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Pérez y la Jueza Prats Palerm.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2024.

Comparece la Sra. Carla T. Rodríguez Bernier (en adelante, 

Sra. Rodríguez Bernier o peticionaria), mediante un recurso de 

certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción, nos solicita la 

revisión y paralización de los efectos de la Resolución emitida el 18 

de abril de 2024 y notificada el 22 de abril de 2024 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (“TPI”). Mediante este 

dictamen, el TPI le ordenó al joven Carlos José Rivera Rodríguez 

hacer gestiones ante varias entidades para que compareciera a la 

vista señalada en el caso representado por un abogado.

Por los fundamentos que expondremos, se modificada la

Resolución recurrida para dejar sin efecto la parte en que se le 

ordena al joven Carlos José Rivera Rodríguez realizar gestiones por 

sí mismo para obtener servicios legales y, así modificada, se 

confirma.

I.

El 14 de abril de 2023, notificada el 21 de abril de 2023, el TPI 

emitió una Resolución, mediante la cual relevó al Sr. José M. Rivera 
KLCE202400458 2

Santos (en adelante, Sr. Rivera Santos o recurrido) del pago de la 

pensión alimentaria de su hijo, el joven Carlos José Rivera 

Rodríguez, por este haber advenido a la mayoría de edad. En 

desacuerdo con esta determinación, la Sra. Rodríguez Bernier

presentó el 14 de junio de 2023 un recurso un certiorari ante este 

Tribunal de Apelaciones solicitando su revisión.1 Luego de varios

trámites procesales, el 29 de febrero de 2024, dictamos y 

notificamos Sentencia revocando la Resolución emitida por el TPI.2

En nuestro dictamen, concluimos lo siguiente:

“[L]a madre peticionaria, presentó distintas 

evaluaciones médicas realizadas al joven a través de los 

años, su diagnóstico de autismo y las alegadas 

limitaciones que posee para regir sus bienes y persona. 

Ante el escenario y condiciones presentadas al TPI, este 

tenía que haber actuado dándole un debido proceso de 

ley, debió tomar las medidas cautelares y celebrar una 

vista al amparo de la Regla 15.2 de las de Procedimiento 

Civil de manera que pudiera implementar las medidas 

necesarias de carácter provisional para cerciorarse de 

la capacidad de Carlos J. Rivera Rodríguez de entender 

los procedimientos, incluyendo designarle un defensor 

judicial y representación legal. Ello está cimentado en 

que la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos 

releva a los padres de alimentar a los hijos si lo 

necesitan.”

Finalmente, ordenamos la devolución del caso ante el foro 

apelado para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

resuelto.

El 20 de marzo de 2024, notificada el 26 de marzo de 2024, el 

TPI emitió una Resolución, mediante la cual señaló una vista para el 

1 de mayo de 2024.3 En la Resolución, se ordenó la comparecencia 

de todas las partes “y del joven Carlos Rivera Rodríguez junto a su 

representación legal.”

4

1 Acogimos el recurso de certiorari como uno de apelación y conservamos el 

alfanumérico KLCE202300676 asignado.

2 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 3-17.

3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 18-19.

4 Íd., pág. 19.
KLCE202400458 3

El 2 de abril de 2024, la Sra. Rodríguez Bernier presentó una 

Solicitud para que se Aclare Orden y Otros Extremos.

5 En lo 

pertinente, la Lcda. Rodríguez Bernier indicó lo siguiente:

“5. Cónsono con lo anterior, al ser expresamente 

revocado el relevo de pensión alimentaria, existe una 

deuda por concepto de pensión alimentaria vencida y 

no pagada al día de hoy que asciende a $8,545.13. 

Siendo así, este tribunal tiene la obligación, en 

cumplimiento con lo resuelto por el Honorable 

Tribunal de Apelaciones, ordenar que dicho pago sea 

cubierto en su totalidad por el Lcdo. José Miguel 

Rivera Santos, con carácter de urgencia.

6. Por otro lado, también el foro revisor ordenó que, 

precisamente por los planteamientos sobre la presunta 

incapacidad del joven Rivera Rodríguez para entender 

los procesos, este tribunal tenía que celebrar una vista 

donde evaluara al joven y decidiera la necesidad de un 

defensor judicial para este. Siendo así, será imposible 

que el joven Rivera Rodríguez comparezca con 

representación legal ya que no tiene la capacidad 

necesaria para contratar una abogada o abogado y 

depende de lo que, luego de ser evaluado por este 

foro, se determine la necesidad de nombrarle un 

defensor judicial, que fungirá como abogada o 

abogado de este.” (énfasis suplido).

El 15 de abril de 2024, el Sr. Rivera Santos presentó una 

Réplica en Cumplimiento de Orden a Solicitud para que se Aclare 

Orden y Otros Extremos6 y, el 16 de abril de 2024, la Lcda. Rodríguez 

Bernier presentó una Oposición a Réplica en Cumplimiento de Orden 

a Solicitud para que se Aclare Orden y Otros Extremos.

7

Al día siguiente de que la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones enviará el mandato,

8 el 18 de abril de 2024, notificada 

5 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 21-27.

6 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 24-27.

7 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 28-34.

8 En Colón y otros v. Frito Lay, 186 DPR 135, 153-154 (2012), el Tribunal Supremo 

explicó que, “[l]uego de paralizados los procedimientos en el foro de origen, éste 

pierde su facultad para atender las controversias planteadas en alzada y no vuelve 

a adquirir jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le remite 

el mandato correspondiente.” Lo anterior tiene el efecto ineludible de que “toda 

actuación realizada por el foro revisado, luego de que los asuntos han quedado 

paralizados y previo a recibir el mandato, será completamente nula.” Íd. Por lo 

tanto, debido a las importantes implicaciones de índole jurisdiccional que ello 

conlleva, los tribunales recurridos deben estar atentos al desarrollo del caso a 

nivel del tribunal revisor y a la etapa procesal en la que éste se encuentra, previo 

a retomar acción en el mismo.
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el 22 de abril de 2024, el TPI emitió la Resolución recurrida.9

Mediante este dictamen, el TPI dispuso lo siguiente:

“Con el beneficio de la posición de ambas partes este 

Tribunal determina lo siguiente:

El joven Carlos José Rodríguez Bernier debe hacer 

gestiones en Servicios Legales de Puerto Rico, Pro Bono 

o Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Católica 

de Puerto Rico para comparecer a la vista señalada con 

representación legal. 

En cuanto al reclamo de la Sra. Rodríguez Bernier del 

pago de la pensión alimentaria, No Ha Lugar en este 

momento.”

En desacuerdo con lo dispuesto en este dictamen, la Sra.

Rodríguez Bernier acudió ante nos el 24 de abril de 2024 mediante 

el presente recurso de Petición de Certiorari y Solicitud en Auxilio de 

Jurisdicción. En su recurso de certiorari, la Sra. Rodríguez Bernier 

señala el error siguiente:

ERRÓ EL TPI, AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

IGNORANDO TOTALMENTE LO RESUELTO POR ESTE 

HONORABLE TRIBUNAL EN SU SENTENCIA EMITIDA 

EL 29 DE FEBRERO DE 2024, CONSTITUYENDO 

DICHA ACCIÓN EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y UN 

FRACASO DE LA JUSTICIA.

El 24 de abril de 2024, emitimos Resolución concediéndole al 

Sr. Rivera Santos hasta las 11:30 a.m. del 25 de abril de 2024 para 

expresar su posición con respecto a la moción en auxilio de 

jurisdicción.

El 25 de abril de 2024, emitimos Resolución declarando Ha 

Lugar la Solicitud en Auxilio de Jurisdicción presentada por la Sra. 

Rodríguez Bernier.

El 6 de mayo de 2024, el Sr. Rivera Santos presentó 

Memorando en Oposición a Petición de Certiorari.

Así, contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver.

II.

9 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-2.
KLCE202400458 5

A.

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el 

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 

Ponce de León v. AIG, supra, pág. 174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
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asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

La precitada regla mandata que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es 

de aplicación a la petición de certiorari. De alguna estar presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, 

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, 
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de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en 

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera 

Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un 

abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio

sustancial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un 

tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la 

determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de 

justicia. Íd., págs. 434-435.

B.

El defensor judicial “es un tutor especial nombrado [por el 

tribunal] para que represente a un incapacitado o a un menor en un 

pleito en específico”. R & G Premier Bank of P.R. v. Registradora, 158 

DPR 241 (2002); Rivera y Otros v. Bco. Popular de Puerto Rico, 152 

DPR 140 (2000). Este nombramiento obedece al poder de parens 

patriae que tiene el Estado, cuyo único y principal objetivo es velar 

por el bienestar de los menores e incapaces. Crespo v. Cintrón, 159 

DPR 290 (2003); Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 

301 (1985). 

En virtud de la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.4(c), en todos los casos en que la parte demandante, su 

abogado o abogada o la persona que diligencie el emplazamiento 

tenga fundamento razonable para creer que la persona que será 

emplazada está incapacitada mentalmente, deberá notificarlo al 

tribunal para que éste proceda de acuerdo con lo dispuesto en la 

Regla 15.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 15.2(b). Así 

pues, partiendo de dicha solicitud, decidirá el tribunal si procede o 

no el nombramiento de un defensor judicial a la parte sujeto a un 
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criterio de conveniencia, según se desprende del texto de la Regla 

15.2 (b) de Procedimiento Civil, supra. 

Una vez el foro de primera instancia quede informado sobre la 

posibilidad de que un demandado esté incapacitado, y existiendo 

fundamento razonable para ello, este vendrá obligado a hacer una 

determinación sobre el estado mental de la parte, de acuerdo con 

las disposiciones de la Regla 15.2(b) de Procedimiento Civil, supra.

A, base de tal determinación es que el tribunal decidirá si procede o 

no el nombramiento de un defensor judicial a la parte. Rivera y Otros 

v. Bco. Popular, supra.

De modo, que el tribunal tiene la discreción de establecer 

cualquier otra medida para proteger los intereses de esta parte, cuya 

determinación estará guiada por el principio rector de todo nuestro 

ordenamiento procesal de lograr que los casos sean resueltos de una 

forma justa, rápida y económica. Id.

C.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al 

igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos, garantizan que: “ninguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley.” Art. II, Sec. 7, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, 

Tomo 1.

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones 

distintas: sustantiva y procesal. Al amparo del debido proceso 

sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de 

los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de las personas. Bajo este 

análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna actuación, 

no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los 

intereses de propiedad o libertad. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 

947 (2020); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881 
KLCE202400458 9

(1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992); Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987). Por otro lado, en 

el debido proceso de ley procesal se le impone al Estado la obligación 

de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo. Román Ortiz v. OGPe, supra; Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, etc., supra; López Vives v. Policía de Puerto Rico, 

118 DPR 219 (1987).

Para que entre en vigor la protección que ofrece este derecho, 

en su vertiente procesal, tiene que estar en juego un interés 

individual de libertad o propiedad. Board of Regents v. Roth, 408 US 

565 (1972); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274. 

Una vez cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el 

procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, 

pág. 274; Morissey v. Brewer, 408 US 471, 481 (1982). Dependiendo 

de las circunstancias, diversas situaciones pueden requerir 

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste el requisito 

general de que el proceso gubernamental debe ser justo e imparcial. 

Véase: Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274.

La jurisprudencia ha establecido diversos requisitos que debe 

cumplir todo procedimiento adversativo, para satisfacer las 

exigencias del debido proceso, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser 

oído; (5) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de abogado y (7) que la 

decisión se base en el récord. Román Ortiz v. OGPe, supra; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra. 

Por otra parte, la Regla 1 del Reglamento para la asignación 

de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. 
KLCE202400458 10

XXXVIII,

10 dispone que: “[r]ecae sobre el Estado el deber de 

garantizar el acceso a la representación legal a personas de escasos 

recursos económicos, como corolario al principio constitucional de 

igualdad ante la ley del Artículo II, Sección 1 de nuestra 

Constitución. Al amparo de este deber, se implementa un sistema 

de asignaciones de oficio para procedimientos de naturaleza civil y 

penal en los tribunales de Puerto Rico.”

A su vez, la Regla 2 de este Reglamento preceptúa que: 

“[...] Estas Reglas se interpretarán de forma que 

promuevan el acceso a los tribunales mediante la 

representación legal gratuita a personas de 

escasos recursos económicos que cualifiquen 

como indigentes al amparo de las normas y los 

procedimientos establecidos en este Reglamento y 

de los criterios económicos establecidos por la 

Oficina de Administración de los Tribunales. 

Nada de lo dispuesto en estas reglas limita la 

discreción del tribunal de ordenar la asignación 

de oficio de un abogado o de una abogada para 

que represente a una persona indigente en un 

procedimiento judicial no reconocido de forma 

expresa por este Reglamento si, a juicio del 

tribunal, dicha asignación promueve la sana 

administración del sistema judicial y la equidad 

procesal entre las partes, como corolario al 

imperativo del acceso a la justicia, conforme a 

los parámetros establecidos en este Reglamento.”

(Énfasis y subrayado nuestro)

Por su parte, y en lo aquí pertinente, la Regla 5 del Capítulo II 

intitulada Alcance del Reglamento: procedimientos judiciales 

aplicables establece que:

“(b)Procedimientos de naturaleza civil. Este Regla

mento aplicará a los procedimientos judiciales de 

naturaleza civil en los cuales se haya reconocido el 

derecho a la asistencia de abogado o 

abogada de una persona natural, así como a 

aquellos en los que estén implicadas las 

necesidades fundamentales del ser humano,

11

10 El 12 de octubre de 2018, nuestro Tribunal Supremo aprobó el Reglamento 

para la asignación de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. 

XXXVIII, (2022), el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020. 

11 La Regla 4 (v) del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas de 

oficio de Puerto Rico, supra, se define el concepto Necesidades fundamentales del 

ser humano de la forma siguiente:

“Se refiere a los procedimientos judiciales de naturaleza civil 

dispuestos en este Reglamento en que estén implicados asuntos 

sobre vivienda, sustento, salud, seguridad y los derechos de los 

padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores de edad, tales 
KLCE202400458 11

los cuales incluyen, entre otros que se puedan 

establecer mediante directriz por la Oficina de 

Administración de los Tribunales los siguientes: 

[...]

(c) Discreción del tribunal. De forma excepcional, 

este Reglamento también aplicará, a los 

procedimientos judiciales no reconocidos de forma 

expresa en los incisos (a) y (b) de esta regla 

cuando el tribunal considere que ordenar la 

asignación de oficio promueve la sana 

administración del sistema judicial y la equidad 

procesal entre las partes, en aras de garantizar 

el acceso a la justicia. Antes de proceder 

con la asignación de un abogado o una 

abogada de oficio al amparo de este inciso, el 

tribunal queda facultado para requerir a la parte 

indigente que demuestre las gestiones realizadas 

para obtener la representación legal de alguna

entidad que ofrece servicios legales gratuitos y que 

tales servicios fueron denegados. (Énfasis nuestro)

(d) Factores aplicables a las asignaciones en 

procedimientos de naturaleza civil. Previo a la 

asignación de un abogado o abogada de oficio en 

un procedimiento judicial de naturaleza civil, el 

tribunal sopesará los factores siguientes: 

(1) la capacidad de la persona indigente 

para representarse a sí mismo de manera 

adecuada en el caso; 

(2) la renuncia voluntaria de la persona 

indigente a ejercer su autorepresentación; 

(3) la inhabilidad de la persona indigente 

para obtener representación legal por otros 

medios, para lo cual acreditará al tribunal las 

gestiones realizadas para procurar dicha 

representación; 

(4) la naturaleza y complejidad de la 

controversia a adjudicarse, tanto legal como 

fáctica, incluyendo la necesidad de realizar una 

investigación de los hechos en controversia; 

(5) la viabilidad de una pronta disposición 

del asunto sin necesidad de asistencia de un 

abogado o una abogada para la persona indigente; 

(6) el potencial mérito de las reclamaciones 

según surge de las alegaciones, para lo cual se 

podrá considerar si la acción ha sido presentada 

previamente; 

(7) la etapa procesal en la que se encuentre 

el caso y el efecto que la asignación de oficio tendrá 

en su administración; 

(8) la probabilidad de que la asignación de 

oficio acorte el término del procedimiento judicial 

y asista en una justa determinación; 

como patria potestad, custodia, filiación, relaciones materno- y 

paterno-filiales, incluidas aquellas que se puedan establecer 

mediante directriz por la Oficina de Administración de los 

Tribunales.”
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(9) si la asignación de oficio promueve los 

intereses de la justicia y el interés público, y 

(10) cualquier otro factor que el Tribunal 

exprese que resulta apropiado conforme a las 

circunstancias particulares del caso en el balance 

de los factores antes enumerados.”

III.

Según reseñamos, estando pendiente la determinación sobre 

el estado mental del joven Carlos José Rivera Rodríguez, el TPI le

ordenó a realizar gestiones por sí mismo para obtener servicios 

legales. En su recurso de Certiorari, la Sra. Rodríguez Bernier señala 

que erró el TPI “al emitir una resolución ignorando totalmente lo 

resuelto por este Honorable Tribunal en su sentencia emitida el 29 

de febrero de 2024, constituyendo dicha acción en un abuso de 

discreción y un fracaso de la justicia.”

Evaluado el presente recurso de Certiorari a la luz de los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, determinamos que procede su expedición por 

entender que existen fundamentos que justifican nuestra 

intervención con la determinación recurrida. 

Como norma general, el Tribunal de Primera Instancia goza 

de amplia discreción para conducir y manejar el trámite de los casos 

ante su consideración. “Dicho foro es el que mejor conoce las 

particularidades del caso y quien está en mejor posición para tomar

las medidas necesarias que permitan cimentar el curso a trazar y 

así llegar eventualmente a una disposición final.” Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 306-307 (2012). Los tribunales 

apelativos debemos abstenernos de intervenir con las 

determinaciones con las determinaciones que el foro primario emita 

en el sano uso de su discreción, salvo que se pruebe que este actuó 

con prejuicio, parcialidad, error manifiesto o en craso abuso de esa 

discreción. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 735 (2018).
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La discreción no es otra cosa que la facultad "para decidir en 

una forma u otra, esto es, escoger entre uno o varios cursos de 

acción". Íd., (citando a García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005). No obstante, el sano ejercicio de la discreción judicial viene 

atado inexorablemente al concepto de la razonabilidad. Íd. El abuso 

de discreción se da cuando el juzgador (1) ignora sin fundamento 

algún hecho material, (2) le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda sus determinaciones en dicho hecho o (3) cuando 

al examinar todos los hechos de un caso hace un análisis liviano e 

irrazonable. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015).

Examinada la Resolución recurrida a la luz del derecho 

expuesto, entendemos que la discreción del juzgador(a) de primera 

instancia no condujo en este caso a una determinación razonable.

Ante la alegada incapacidad del joven Carlos José Rivera Rodríguez,

determinamos que erró el TPI al ordenarle a realizar gestiones por sí 

mismo para obtener servicios legales. Juzgamos conveniente que se 

le nombre un defensor judicial como medida para proteger los 

intereses de esta parte en lo que se emite la determinación sobre su

estado mental. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modificada

la Resolución recurrida para dejar sin efecto la parte en que se le 

ordena al joven Carlos José Rivera Rodríguez realizar gestiones por 

sí mismo para obtener servicios legales y, así modificada, se 

confirma.

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria, y vía 

telefónica a la representación legal de la parte recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones