Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

NAZARENO ENTERPRISES 

AND SERVICES, INC.

Apelado

v.

PUERTO RICO 

PROSTHETICS 

MANUFACTURING, CORP.; 

JOSÉ HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ; MARILUZ 

CRUZ TORRES; ROCÍO 

PONTÓN FERNÁNDEZ; 

SAMUEL PÉREZ 

FIGUEROA; VIVIANA A. 

RODRÍGUEZ RIVERA

Apelantes 

KLAN202300664

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón 

Caso Núm.: 

D PE2009-1350

Sobre: Interdicto 

Permanente, 

Interdicto 

Preliminar; 

Violación de 

Contrato, Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

Comparece ante nos el Sr. José Hernández Rodríguez (en 

adelante señor Hernández Rodríguez o apelante), quien solicita 

que revisemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI. Mediante esta, el 

foro primario les impuso responsabilidad a los demandados por 

violentar una cláusula de no-competencia.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada y así modificada, 

confirmamos.

I.

El 18 de noviembre de 2009, Nazareno Enterprises and 

Services Inc. (Nazareno o parte apelada), una corporación que se 
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dedicaba a la venta de equipos ortopédicos, presentó una 

Demanda por incumplimiento de contrato contra Puerto Rico 

Prosthetics Manufacturing, Inc. (en adelante PR Prosthetics), 

Marilú Cruz Torres, Rocío Pontón Fernández, Samuel Pérez 

Figueroa (Sr. Pérez Figueroa) y Vivian A. Rodríguez Rivera (en 

conjunto, exempleados o apelantes). En síntesis, alegó que 

suscribió un Contrato de Empleo con los exempleados que

contenía una cláusula de no competencia que lee de la siguiente 

forma: 

El compareciente de la SEGUNDA PARTE se 

compromete a formalizar mediante la firma del 

presente contrato una obligación de No Competencia 

(no competition) con la empresa que lo 

contrata. Esta cláusula abarca el concepto de 

“no competencia” durante la vigencia del 

contrato o un (1) año luego de finalizada la relación 

profesional entre las partes. La SEGUNDA PARTE se 

abstendrá de participar, asesorar, intervenir y otros 

directa o indirectamente con negocios, entidades o 

personas que sean o puedan ser competencia al 

negocio que realiza la compareciente de la PRIMERA 

PARTE.1

Adujo que los codemandados comenzaron a prestar 

servicios para PR Prostetics, alrededor del 1 de octubre de 2009 y 

que estos visitaron los mismos clientes de la parte demandante, 

cubriendo la misma ruta que le asignó Nazareno. Alegó que PR 

Prostetics, al contratar a los exempleados, interfirió con los 

contratos de empleo y en consecuencia responde por daños. A

base de esto, solicitó daños contractuales y la expedición de

un injunction preliminar y permanente contra sus exempleados. 

Reclamó la suma de $768,000.00 por daños contractuales, más 

costas, honorarios e intereses legales. 

El 9 de julio de 2010 el foro primario dictó una Sentencia

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud interdictal. En 

1 Apéndice págs. 578-591. Énfasis suplido en el original. 
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síntesis, concluyó que la acción se apoyó en una “cláusula de no 

competencia que adolece de nulidad.” 2 Esta sentencia fue 

revocada el 3 de noviembre de 2010 por el Tribunal de Apelaciones 

en la causa KLAN2010013373 . Allí el foro determinó que el 

contrato no era nulo y devolvió el caso al TPI para que determine 

si hubo violación de contrato por infracción de la cláusula de no 

competencia y de resolver si Nazareno sufrió daños, el monto y 

quiénes deben responderle. 

Posteriormente, el 10 de enero de 2012, Nazareno enmendó 

la reclamación para incluir en el pleito al Sr. José Hernández 

Rodríguez (en adelante señor Hernández Rodríguez), presidente 

de PR Prosthetics, su esposa Melissa Maldonado Rivera (en 

adelante señora Maldonado Rivera) y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos.

4 El 2 de mayo de 2012, el 

señor Hernández Rodríguez contestó la demanda enmendada. Por 

su parte, la señora Maldonado Rivera contestó la demanda 

enmendada el 6 de julio de 2012.

Luego de varios trámites, el 17 de junio de 2014 el foro 

primario dictó una sentencia mediante la cual decretó que los 

demandados infringieron los contratos de no competencia que 

suscribieron los exempleados del demandante. El 21 de enero de 

2015 un panel del Tribunal de Apelaciones evaluó la corrección de 

la referida sentencia, en la causa KLAN201401440. Después del 

análisis de rigor, decretó modificar la Sentencia Sumaria Parcial a 

los únicos efectos de eliminar la atribución de responsabilidad 

solidaria determinada contra la señora Maldonado Rivera y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por esta y su esposo, 

2 Apéndice págs. 419-430.

3 Tomamos conocimiento judicial de la causa KLAN201001337.

4 Apéndice pág. 407-411.
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el señor Hernández Rodríguez. El foro intermedio confirmó la 

sentencia en los demás extremos. Quedando el caso pendiente 

para recibir prueba sobre los daños ocasionados. 

Tras varios trámites, el 15 de febrero de 2019 las partes 

suscribieron un Informe Enmendado de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Como parte de la prueba documental, 

Nazareno Enterprises incluyó un informe pericial del Dr. Jaime Del 

Valle con sus documentos de apoyo. Además, identificó como 

testigo y perito al Dr. Jaime Del Valle por ser un economista y por 

haber preparado un informe de los daños causados a 

Nazareno Enterprises por razón de las acciones torticeras que 

conllevaron la violación a los contratos de no competencia. Los 

demandados no identificaron perito alguno. 5 

Así las cosas, los días 4, 5 y 6 de junio de 2019 se celebró 

la audiencia. El Tribunal admitió en evidencia el Informe Pericial 

rendido por el Dr. Jaime Del Valle y su curriculum vitae. Por su 

parte, los demandados objetaron la admisibilidad de los anejos al 

informe pericial del Dr. Jaime Del Valle. El TPI se reservó el asunto 

de la admisibilidad de los anejos del Informe Pericial para 

abordarlo en su sentencia.

6

El 12 de agosto de 2019 el codemandado, señor Hernández

Rodríguez, suscribió un Memorando de Derecho sobre valor 

probatorio de informe y testimonio pericial. En síntesis, alegó que 

el tribunal debió denegar la admisibilidad de los anejos al informe 

pericial del Dr. Del Valle, por ser inadmisibles para probar la 

veracidad de su contenido como prueba sustantiva de los ingresos 

y las alegadas pérdidas experimentadas por Nazareno. Alegó que 

5 Apéndice pág. 341-377, en especial las páginas 359-360.

6 Véase, Transcripción Vista 6 de junio de 2019, págs. 109-110. 
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los documentos fueron objetados por no haber sido autenticados 

y porque su contenido constituía prueba de referencia inadmisible. 

Arguyó que el demandante no presentó, de manera 

independiente, prueba alguna sobre las pérdidas que Nazareno 

Enterprises alega haber experimentado a raíz de la conducta 

imputada de la parte demandada. Que, en tal caso, el perito no 

podía opinar sobre prueba inadmisible. 

El 22 de agosto de 2019 Nazareno presentó una Réplica a 

escritos sobre admisibilidad de documentos anejados a opinión 

pericial. Alegaron que los documentos que se anejaron al informe 

del perito Dr. Jaime Del Valle fueron los siguientes: (a) Planillas 

de contribución para Negocios exentos Acogidos a la Ley 135 de 

1997; (b) Planillas de contribución sobre ingresos para negocios 

exentos bajo programa de incentivos PR; (c) Estados financieros 

suscritos por el CPA Daniel Barreto, Lic. 193; (d) Tablas generadas 

por el Departamento de facturación de la parte aquí 

compareciente. En el referido escrito, el demandante arguyó que 

en la vista del 6 de junio de 2019 el tribunal expresó que no 

admitiría los Anejos al informe pericial, pero permitió a las partes 

expresarse sobre el asunto. 7 Adujo, en suma, que es 

improcedente en derecho la pretensión de los codemandados que 

se deje sin efecto su determinación admitiendo el informe pericial 

y testimonio del Dr. Del Valle. Reiteró que los anejos del informe 

pericial son admisibles por cumplir con las Reglas de Evidencia 

números 901, 902 (B) (C) y (K) o en la alternativa, constituyen 

documentos en que razonablemente descansaría un perito para 

emitir su opinión de conformidad a las Reglas de Evidencia 

números 704, 705.

8

7 Apéndice págs. 312-313.

8 Apéndice pág. 42. 
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Las partes presentaron memorandos sobre los hechos 

probados en las vistas. Así las cosas, el 28 de octubre de 2020 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia mediante la 

cual determinó que el señor Hernández Rodríguez y los 

exempleados violentaron la cláusula de no competencia. Por esta 

razón, los condenó al pago solidario de $673,003.00 por los daños 

ocasionados mientras que al señor Hernández Rodríguez se le 

impuso el pago de $49,500.00 por gastos incurridos en un 

seminario y $25,000.00 por concepto de honorarios de abogado.9 

En desacuerdo, y luego de varios trámites procesales que 

giraron en torno a la notificación de la sentencia, el 31 de julio de 

2023 el señor José Hernández Rodríguez presentó un recurso de 

apelación. En este plantea la comisión de los siguientes errores, 

a saber:

Primero: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dictar Sentencia y condenar al Sr. 

Hernández al pago de “$673,003.00” solamente a 

base de un informe y testimonio pericial que carecen 

enteramente de valor probatorio. 

Segundo: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponerle al codemandado, Sr. 

Hernández, el pago de la totalidad de un semanario 

($49,000) ofrecido a toda la plantilla de empleados de 

Nazareno por tres meses y en el cual la participación 

de los codemandados exempleados se limitó a tan solo 

tres días. 

Tercero: En la alternativa, erró el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al resolver que el daño sufrido 

por Nazareno era a perpetuidad y no por el año que 

dura la cláusula de no competencia y sin ajustar los 

números base para considerar el tiempo que los 

codemandados exempleados trabajaron para 

Nazareno durante el 2009. 

Con el beneficio de la Transcripción Estipulada, el escrito de 

Apelación y Alegato Suplementario de la parte apelante y el 

alegato en oposición de la parte apelada, evaluamos.

9 Apéndice págs. 221-262.
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II.

A. Prueba pericial 

La Regla 702 de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, R. 702, regula el 

testimonio pericial. Reza la norma, en su parte pertinente:

Cuando conocimiento científico, técnico o 

especializado sea de ayuda para la juzgadora o el 

juzgador poder entender la prueba o determinar un 

hecho en controversia, una persona testigo 

capacitada como perita —conforme a la Regla 

703—podrá testificar en forma de opiniones o de 

otra manera. [...] (Énfasis nuestro).

En nuestro ordenamiento jurídico rige una norma liberal en 

cuanto a la capacidad de un testigo para declarar, pero no 

necesariamente para cualificarse como perito. Para que pueda 

calificarse como un experto o perito, de conformidad con la Regla 

703 de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, R. 703,

10 la persona testigo debe 

tener especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción suficiente en la materia sobre el cual 

testificará. De la aludida norma surge que, a través de su 

educación o experiencia, el perito ha desarrollado un conocimiento 

o destreza sobre una materia, por lo cual puede formar una 

opinión que sirva de ayuda al juzgador de hechos. McNeil 

Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 206 DPR 659, 677

(2021). A esos efectos, una persona puede cualificarse como 

10 La Regla 703 de Evidencia, establece:

Calificación de la persona perita

(a) Toda persona está calificada para declarar como testigo pericial si 

posee especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o 

instrucción suficiente para calificarla como experta o perita en el asunto 

sobre el cual habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte, 

dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o instrucción 

deberá ser probado antes de que la persona testigo pueda declarar como 

perita. 

(b) El especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o 

instrucción de una persona que es testigo pericial podrá ser probado por 

cualquier evidencia admisible, incluyendo su propio testimonio. 

(c) La estipulación sobre la calificación de una persona perita no es 

impedimento para que las partes puedan presentar prueba sobre el 

valor probatorio del testimonio pericial.
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perito por los conocimientos especializados que posee, ya 

sean producto de su experiencia o de su educación. Dye–

Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 DPR 658, 663 (2000). 

A su vez, la Regla 704 de evidencia dispone como sigue:

Fundamentos del testimonio pericial 

Las opiniones o inferencias de una persona como 

testigo pericial pueden estar basadas en hechos o 

datos percibidos por ella o dentro de su conocimiento 

personal o informados a ella antes de o durante el 

juicio o vista. Si se trata de materia de naturaleza tal 

que las personas expertas en ese campo 

razonablemente descansan en ella para formar 

opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en 

cuestión, los hechos o datos no tienen que ser 

admisibles en evidencia. 

La persona proponente de una opinión o inferencia 

fundamentada en hechos o datos que no sean 

admisibles de otra manera, no revelará al Jurado esos 

hechos o datos, a menos que el Tribunal determine 

que su valor probatorio para asistir al Jurado en la 

evaluación del testimonio pericial es sustancialmente 

mayor que su efecto perjudicial. 32 LPRA Ap. VI, R. 

704. (Énfasis nuestro).

Los foros de instancia tienen amplia discreción al apreciar la

prueba pericial. Igualmente, los foros revisores nos 

encontramos en la misma posición de los tribunales 

primarios en cuanto a la evaluación de determinaciones de 

hechos fundamentadas en la prueba pericial. En tales 

situaciones, podemos adoptar nuestro propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la evidencia pericial o incluso 

descartarla, aunque resulte técnicamente correcta. Díaz 

Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, Inc., 169 DPR 273, 297

(2006); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra, págs. 

662-663 y los casos allí citados.

A tenor con la Regla 702 de Evidencia, el valor probatorio

del testimonio pericial dependerá de varios factores, a saber: (1) 

si el testimonio está basado en hechos o información 
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suficiente; (2) si el testimonio es producto de principios y 

métodos confiables; (3) si la persona aplicó los principios y 

métodos de manera confiable a los hechos del caso; (4) si 

el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 

generalmente en la comunidad científica; (5) las

calificaciones o credenciales de la persona testigo, y (6) la

parcialidad de la persona testigo. (Énfasis nuestro).

Estos criterios no constituyen una lista taxativa, toda vez 

que, para conferir valor probatorio al testimonio pericial, lo 

esencial es su confiabilidad. «Existen otros factores que muy 

bien pudieran afectar el valor probatorio del testimonio pericial. 

Se trata de una determinación en la que el tribunal de instancia 

tiene amplia discreción y flexibilidad». Informe de las reglas de 

derecho probatorio, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo de 2007, 

pág. 424.

Por último, el juez tiene una amplia discreción con relación 

a la admisión o exclusión de la prueba pericial. Sus 

determinaciones deben ser sostenidas a menos que sean 

claramente erróneas. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 

DPR 322, 343 (2010); Salem v. United States Lines Co., 370 US 

31, 35 (1962).

B. Cláusula de no competencia 

En Puerto Rico, el derecho de un trabajador a seleccionar y 

renunciar a su trabajo goza de una alta estima entre los valores 

tutelados por nuestra Constitución. Art. II, Sec. 7 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Oriental 

Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 472 (2007);
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Véase, San Miguel v. ELA, 134 DPR 406, 426-27 (1993); Dolphin 

Int’l v. Ryder Truck Line, 127 DPR 869, 878 (1991). 

Existe una clara política pública a favor del derecho de toda 

persona a obtener empleo, devengar ingresos y a renunciar a ese 

empleo en cualquier momento para dedicarse a otra ocupación. 

Oriental Financial v. Nieves, supra, págs. 472-473. Ahora bien, 

se ha reconocido que este no es un derecho absoluto y como tal, 

"[p]uede ser renunciado o limitado por el propio trabajador. Éste 

puede, mediante la celebración de un contrato, establecer las 

condiciones razonables de trabajo que regirán la relación obreropatronal." Oriental Financial v. Nieves, supra; Dolphin Int’l v. 

Ryder Truck Line, supra, pág. 878.

En cuanto a los contratos, es norma conocida que, en

nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de obligación. 

Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.11 De igual forma, 

es harto conocido que las obligaciones que surgen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes “y deben 

cumplirse al tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. No obstante, el vínculo contractual se verá 

limitado por la voluntad expresa de las partes y por lo “derivado 

de las expectativas razonables de lo que la buena fe dicta”. Paine 

Webber Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 DPR 307, 311 (2000).

Es precisamente a base de la libertad de contratación que, 

generalmente, se han validado en nuestro ordenamiento las 

cláusulas de no competencia. Martín ́s BBQ, Inc. v. García de 

Gracia, 178 DPR 978 (2010); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 

DPR 157 (1994). Estas son las cláusulas que se incorporan en un 

11 Se hace referencia al Código Civil de 1930 debido a que los hechos que dieron 

lugar al recurso de epígrafe ocurrieron antes de la vigencia del Código Civil de 

Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020 de 1 de junio de 2020, según 

enmendado. 31 LPRA sec. 5311 et seq.
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contrato “con el propósito de restringir que una de las partes se 

involucre en un negocio o una actividad mediante el cual pueda 

competir con la otra”. Martín ́s BBQ, Inc. v. García de Gracia, Id.,

pág. 990. Este tipo de cláusulas usualmente se incluyen, entre 

otros, en contratos de empleo siguiendo la regla de razonabilidad. 

Id. Esto es, siempre y cuando la cláusula sea razonable a la luz de 

los siguientes criterios: 

Primero, el patrono debe tener un interés legítimo en 

dicho acuerdo, esto es, que, de no recibir la 

protección de una cláusula de no competencia, su 

negocio se vería sustancialmente afectado. La 

magnitud de este interés se medirá, entre otras 

cosas, a la luz de la posición del empleado dentro de 

la empresa. Esto es, la existencia del interés del 

patrono estará directamente relacionada y 

dependerá de que el empleado, por la posición que 

asume en la empresa, esté facultado para competir 

de forma efectiva con su patrono en un futuro. 

Segundo, el alcance de la prohibición debe 

corresponder con el interés del patrono, en cuanto a 

objeto, término y lugar de restricción o clientes 

afectados. El objeto de la prohibición se debe limitar 

a actividades similares a las efectuadas por el 

patrono; no es necesario que se limite a las funciones 

específicas del empleado. El término de no 

competencia no debe exceder de doce (12) 

meses, entendiéndose que cualquier tiempo 

adicional es excesivo e innecesario para 

proteger adecuadamente al patrono. Por último, 

respecto al alcance de la prohibición, el contrato debe 

especificar los límites geográficos o los clientes 

afectados. En cuanto al área geográfica a la que 

aplica la restricción, ésta debe limitarse a la 

estrictamente necesaria para evitar la competencia 

real entre el patrono y el empleado. Cuando la 

prohibición de competencia se refiere a los clientes, 

debe referirse sólo a aquellos que el empleado 

atendió personalmente durante un periodo razonable 

de tiempo antes de renunciar, y que, al hacerlo, o en 

un periodo inmediatamente anterior a la renuncia, 

todavía eran clientes del patrono. Estos elementos se 

evaluarán teniendo en mente la naturaleza de la 

industria involucrada y el posible interés público 

relacionado. 

Tercero, el patrono debe ofrecer una 

contraprestación a cambio de la firma del acuerdo de 

no competir por parte del empleado. Esta 

contraprestación puede consistir, por ejemplo, en la 

obtención de un ascenso, de beneficios adicionales 

en el trabajo o del disfrute de cambios sustanciales 
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de similar naturaleza en las condiciones de empleo. 

Incluso sería suficiente que un candidato obtenga el 

empleo deseado en la empresa. Sin embargo, no se 

admitirá como causa del acuerdo de no competencia 

la mera permanencia en el empleo. 

Cuarto, los pactos de no competencia, como todo 

contrato, deben contar con los elementos esenciales 

para su validez: consentimiento, objeto y causa. 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Sin 

embargo, en este tipo de contratos seremos 

especialmente estrictos al asegurarnos de que el 

empleado firmó libre y voluntariamente el contrato 

de no competencia... Finalmente, es indispensable 

que los pactos de no competencia consten por 

escrito. Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, págs. 

175-76. Martín ́s BBQ, Inc. v. García de Gracia, Id.

(Énfasis nuestro).

En la medida en que un pacto de no competencia incumpla 

las condiciones antes descritas, será considerado contrario a la 

buena fe contractual y al orden público por restringir excesiva e 

injustificadamente la libertad del empleado para trabajar y la 

libertad del público en general para seleccionar. Arthur Young & 

Co. v. Vega III, supra, pág. 177. Descartando la posibilidad de 

modificar lo pactado entre las partes para atemperarlo a las 

normas razonables, nuestro más alto foro expresó que habrá de 

declararse "nulo todo pacto de no competir que no cumpla con las 

condiciones anteriores". Martín ́s BBQ, Inc. v. García de Gracia, 

supra, pág. 992; Arthur Young & Co. v. Vega III, supra. (Énfasis 

nuestro). 

En cuanto al remedio a otorgarse en caso de incumplimiento 

de contrato, se ha indicado que, al estimar y valorizar la partida 

de lucro cesante, permea esencialmente un elemento de 

razonabilidad. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 625 

(2002); Véase, Suro v. E.L.A., 111 DPR 456, 460 (1981). De 

manera que, lo esencial es que la base utilizada al hacer los 

cómputos sea una razonable en aras de una determinación 

prudente. Estas están sujetas a los ajustes necesarios para que 
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respondan a las situaciones del momento. S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, supra; Véase, además, Mena Pamias v. Jiménez

Meléndez, 212 DPR ___; 2023 TSPR 108.

C. Interferencia culposa de contrato 

En Gen. Office Prods. v. AM Capen’s Sons, 115 DPR 553 

(1984), el Tribunal Supremo reconoció que el Art. 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141, permite la acción por interferencia 

culposa de terceros con obligaciones contractuales ajenas. Es 

decir, una acción en daños contra un tercero que, con intención 

cuasi delictual o culposa, interfiere con las relaciones 

contractuales de otro. Jusino Figueroa et al. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 575 (2001). Para que se incurra en responsabilidad, la 

doctrina exige que el tercero que interfiere tenga conocimiento de 

la lesión que ha de producirse. Id. Véase, L. Díez-Picazo y A. 

Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 

1982, Vol. II, pág. 109. De igual forma, nuestro máximo foro ha 

señalado que la responsabilidad del tercero que interfiere con el 

contrato es compartida solidariamente con el contratante que, a 

sabiendas, lo incumple. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen's Sons, 

supra.

El Tribunal Supremo delineó cuatro elementos constitutivos

de la acción; a saber, debe probarse: (1) la existencia de un 

contrato; (2) que medió culpa, es decir, que el tercero actuó 

intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato 

y que, al interferir con éste, se causaría perjuicio; (3) que se 

ocasionó un daño, y (4) un nexo causal entre el daño y el acto 

culposo, o sea, que el daño fue consecuencia de la actuación 

culposa del tercero. Dolphin Int’l of PR v. Ryder Truck Lines, supra, 

pág. 879.
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D. Cláusula de reembolso 

En Oriental Financial v. Nieves, supra, el Tribunal Supremo 

definió el contenido de una cláusula de reembolso.12 Explicó que 

“[l]a cláusula de reembolso es aquella mediante la cual el 

empleado se compromete a repagarle al patrono los costes 

incurridos por éste en su adiestramiento o educación, si el 

empleado finaliza su relación de empleo antes de que el patrono 

haya podido recuperar su inversión mediante el rendimiento del 

empleado”. Íd., pág. 474. Además de esto, estableció que “[s]u 

finalidad es, por lo tanto, garantizar a la empresa la amortización 

de los gastos que para ella ha supuesto la inversión económica 

efectuada en la especialización del trabajador.” Íd. Resolvió que 

una cláusula de reembolso de los gastos incurridos por el patrono 

en el adiestramiento de un empleado, pactada entre el empleado 

y el patrono, es válida. Específicamente expresó:

Al igual que el contrato de no competencia, este tipo 

de cláusula será válida en la medida en que proteja 

intereses legítimos del patrono sin imponer cargas, en 

exceso onerosas, sobre el derecho del empleado a 

escoger y renunciar libremente a su empleo. Somos 

del criterio que, en tanto y en cuanto el patrono haya 

ofrecido un adiestramiento o educación especializada 

o extraordinaria al empleado, supliendo de esta forma 

su desconocimiento o falta de experiencia en la 

industria o negocio en que se va [a] desempeñar, el 

patrono tiene un interés legítimo en pactar 

contractualmente para el reembolso de los costes 

incurridos. (Citas omitidas)

El adiestramiento ofrecido no tan solo tiene que 

ser de carácter especializado –es decir, no del 

proceso de aprendizaje ordinario que ocurre 

simultáneamente al ejercicio de cualquier oficio 

y profesión—sino también, tiene que conllevar 

12 En el citado caso el Tribunal Supremo resolvió una controversia similar a la 

que se encuentra ante nuestra consideración. En aquella ocasión el patrono 

demandó al empleado reclamándole la suma de $30,000 en virtud de un 

contrato de empleo suscrito entre ambos, el cual disponía que el empleado le 

reembolsaría al patrono el costo de un adiestramiento en caso de que 

renunciara al empleo antes de haber cumplido cuatro años en la 

empresa. Oriental Financial Services v. Nieves, supra. En dicho contrato se 

pactó que el costo del adiestramiento ascendía a $60,000.00 y se estableció 

una escala de prorrateo de ese costo dependiendo de cuántos años el empleado 

hubiera trabajado para el patrono al momento de renunciar. Id.
KLAN202300664 15

una inversión económica considerable de parte 

del patrono. Precisamente por ello, es razonable el 

interés del patrono de proteger o recuperar su 

inversión incorporando cláusulas de reembolso a los 

contratos de empleo.

Al reconocerle validez a este tipo de cláusula evitamos 

que el patrono sufra un doble daño. Por un lado, el 

patrono tendrá que incurrir en nuevos gastos para 

adiestrar su nuevo personal sin haber podido 

recuperar su inversión original. Además, será su 

competidor quien habrá de capitalizar de la inversión 

hecha en adiestramiento, al reclutar a una persona a 

la que se le han transferido los conocimientos 

especializados sin haber invertido en ello. (Citas 

omitidas). Id. págs. 476-477. (Énfasis nuestro).

Por otro lado, nuestro máximo foro dispuso de ciertos 

criterios referentes a la validez de una cláusula de reembolso. Se 

indicó lo siguiente:

Estas cláusulas serán válidas en la medida en que 

el monto del reembolso guarde relación con los 

costes verdaderamente incurridos por el 

patrono. Véase, Kraus, supra, pág. 51 (“the amount 

of any repayment for the cost of training should be 

commesurate with its actual original cost to the 

employer”); Stone, supra, pág. 755. Igualmente, el 

término pactado para el reembolso debe ser moderado 

y debe existir una correlación entre ese término y los 

costes del adiestramiento. Kraus, supra, pág. 52 (“the 

amount of any repayment for the cost of training 

should be commesurate with its actual original cost to 

the employer. The duration of the obligation to remain 

with that employer should also be moderate and 

reasonably correlated to the cost of the training”.) 

Toda vez que este tipo de cláusula impone 

limitaciones a la libre movilidad del empleado,

las mismas deberán estipularse ateniéndose 

rigurosamente a los criterios antes 

mencionados, de lo contrario no serán válidas. 

(Citas omitidas). Id., págs. 477-478. (Énfasis 

nuestro).

Como todo contrato, el acuerdo de reembolso debe tener los 

elementos esenciales para su validez: consentimiento, objeto y 

causa. Id. Véase, Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.

El Tribunal Supremo añadió que, al evaluar los acuerdos de 

reembolso, los tribunales deben velar celosamente por que el 

empleado haya firmado libre y voluntariamente tal acuerdo. Al 

igual que en los contratos de no competencia, los tribunales no 
KLAN202300664 16

permitirán coacción o presión indebida alguna por parte del 

patrono. Id. Véase, Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 

176. El foro máximo hace hincapié en que el acuerdo de reembolso 

debe constar por escrito. Id. 

Con estos criterios, se estableció un balance entre el derecho 

constitucional que tiene todo empleado en nuestra jurisdicción a 

renunciar libremente a su empleo y el interés que tiene un patrono 

de recuperar y proteger su inversión hecha mediante 

adiestramientos especializados a sus empleados. Id.

E. Daños continuos y daños sucesivos

Nuestro más alto foro ha reconocido y distinguido distintos

tipos de daños. Entre ellos, se encuentran los daños continuos o 

continuados y los daños sucesivos. Los daños continuos se 

definen como “aquellos producidos por uno o más actos culposos 

o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan 

en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas 

sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen 

que también se conozca por ser previsible el carácter continuado 

e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento 

en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual y por 

tanto cierto”. Rivera Ruiz, et al. v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 

417 (2016). Estos tipos de daños se distinguen por ser daños 

derivados de acto ilícito como unidad y no como una pluralidad de 

daños particulares.

Así pues, los daños continuados presentan tres rasgos 

distintivos: (1) nace de uno o varios actos culposos o negligentes 

imputables al mismo actor; (2) los daños ocasionados se 

manifiestan ininterrumpidamente, y (3) esos daños, en conjunto, 
KLAN202300664 17

conforman un proceso perjudicial progresivo de carácter unitario. 

Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 197 DPR 656, 665-666 (2017). 

III.

El señor Hernández Rodríguez acude ante este foro 

intermedio y nos plantea la comisión de tres errores. En primer 

lugar, alega que el foro de instancia erró al dictar sentencia a base 

de un informe y testimonio pericial que carece de valor probatorio; 

Segundo, que el foro primario erró al imponerle el pago total del 

seminario que Nazareno le ofreció a su plantilla de empleados; y, 

por último, que erró al determinar que el daño que sufrió Nazareno 

era continuo. 

Atenderemos en primer orden los planteamientos de error 

primero y tercero relacionados a la prueba pericial y la concesión 

de daños continuos por la suma de $673,003.

Nazareno presentó como prueba documental el informe 

preparado por el Dr. Del Valle y, posteriormente, el testimonio de 

este último como perito. El Dr. Del Valle testificó sobre los daños 

económicos que había sufrido Nazareno a causa de las actuaciones 

torticeras de los exempleados y de PR Prosthetics. Junto con el 

informe, la parte Apelada anejó los siguientes documentos: (a) 

Planillas de contribución para Negocios exentos Acogidos a la Ley 

135 de 1997; (b) Planillas de contribución sobre ingresos para 

negocios exentos bajo programa de incentivos PR; (c) Estados 

financieros suscritos por el CPA Daniel Barreto, Lic. 193; (d) Tablas 

generadas por el Departamento de facturación de la parte aquí 

compareciente.

El foro de instancia encontró que el testimonio e informe del 

Dr. Del Valle estaban basados en hechos e información suficiente. 

Además, el Dr. Del Valle era un profesional en el campo de la 

economía y tenía amplia experiencia en casos como el de epígrafe. 
KLAN202300664 18

Por ello, el tribunal de instancia le otorgó mérito al perito e informe 

pericial preparado por este. 

Esta determinación resulta adecuada. Surge del expediente 

que el informe pericial del Dr. Del Valle y los anejos fue emitido el 

13 de octubre de 2012 y entregado al representante legal del 

demandado, sin que fuera objetado por el aquí Apelante. A su 

vez, Nazareno incluyó en el Informe de Conferencia con Antelación 

a Juicio del 24 de octubre de 2013, enmendado el 15 de febrero 

de 2019, el Informe pericial del Dr. Jaime Del Valle con sus 

documentos como parte de la prueba documental. Del Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio no surge que el Apelante 

objetara el informe y los anejos. 

De otro lado, el perito Dr. Del Valle, testificó el 5 de junio de 

2019 y el Apelante tuvo la oportunidad de formular preguntas 

sobre el contenido del informe pericial y de los documentos

incorporados al informe. De sus preguntas, el Apelante pudo 

aclarar cualquier duda en cuanto a los documentos de apoyo que 

consistían en planillas de contribución sobre ingresos, estados 

financieros de Nazareno y las tablas de ventas. Estos son los 

documentos en que razonablemente descansaría un perito 

económico para emitir su opinión, a tenor con la Regla 704 de 

Evidencia.

Además de los documentos anejados al informe pericial, el

presidente de Nazareno, Sr. Raymond José Matos, testificó que la 

conducta de los codemandados le causó “una disminución en 

ventas”.

13

 Por tanto, de la vista trascendió, de forma 

independiente, el aspecto de la disminución en ventas. Al 

considerar las circunstancias de este caso, entendemos adecuada 

13 TPO, vista de 5 de junio de 2019, pág. 50.
KLAN202300664 19

y razonable la decisión del foro primario de aceptar el informe del 

Dr. Del Valle, perito en economía. El primer error no fue cometido.

En el tercer señalamiento de error el apelante alegó que no 

existía prueba demostrativa de que la salida de los codemandados 

exempleados en octubre de 2009 creó una “bifurcación” en los 

eventos futuros de Nazareno de forma permanente, más cuando 

la cláusula de no competencia solo prohibía la acción antijurídica 

por un año. En esa línea mencionó que la extensión de los daños 

tenía que calcularse a base de los doce (12) meses de la duración 

de la cláusula de no competencia. Explicó que, de acuerdo con el 

contrato de empleo, los exempleados eran a término indefinido, 

lo que significa que tenían un derecho constitucional a escoger y 

renunciar libremente a su ocupación. Aseveró que conceder a 

Nazareno daños más allá de los doce (12) meses que duraba la 

prohibición de no competencia, equivaldría a extender la 

prohibición de no competencia a más de un año, lo que es 

inconstitucional, según el caso de Arthur Young, 136 DPR 157 

(1994). Nos solicitó que revoquemos la determinación del TPI o 

en la alternativa, devolvamos el caso al foro primario para que se 

determine el total de las pérdidas de Nazareno del período de un 

año a partir del 30 de septiembre de 2009 al 30 de septiembre de 

2010.

El apelado, por su parte, alegó que el daño futuro predecible 

está basado en la trayectoria y experiencia pasada en las ventas 

de los exempleados codemandados exclusivamente. Adujo que 

un daño irreparable tiene una causa pasada y unas implicaciones 

futuras. Aseveró que “en la medida que las ventas futuras de 

Nazareno a partir de diciembre de 2011 hayan continuado siendo 

afectadas, entonces se configura la permanencia del daño 
KLAN202300664 20

económico, lo que fue estimado por el perito.”14 Sostuvo que no 

se puede limitar al periodo de daños a la duración de las cláusulas 

de no competencia, ya que contraviene el concepto jurisprudencial 

de daños irreparables.15 Evaluamos.

El Dr. Jaime L. del Valle Caballero rindió un informe pericial

el 13 de octubre de 2012, enmendado 30 de marzo de 2017, para 

estimar las posibles pérdidas económicas de Nazareno.16 El perito 

propuso dos alternativas para valorar los daños de Nazareno. 

En el primer escenario informó que las ganancias netas 

dejadas de recibir por el período de 26 meses entre noviembre 

de 2009 y diciembre de 2012 eran por la cantidad de $104,988 

($1,003,392 x 0.104633). La segunda alternativa era 

capitalizando esta pérdida por el factor de valor presente de 7.2% 

para obtener pérdida capitalizada a su valor presente de 

$673,002. Para llegar a este resultado el perito indicó lo 

siguiente:

1. Se anualizó la pérdida de $104,988 dividiendo esta 

entre los 26 meses que la componen y multiplicándola 

por 12 meses de un año:$104,988

26

x 12=$4,038x 12= 

$48,456

2. La pérdida anualizada ($48,456) se capitaliza 

multiplicándola por el recíproco de la tasa de 

descuento (7.2%): $48,456

0.072

=$673,002

Al aplicar esta segunda opción, el Dr. Del Valle concluyó que 

la pérdida a perpetuidad de Nazareno ascendía a $673,002. 

Según el testimonio del Dr. Del Valle, este aplicó la última 

alternativa, “en caso de que se demuestre que esos eventos han 

podido causar un año continuo.”17 

14 Alegato de Nazareno, pág. 39.

15 Íd.

16 Apéndice pág. 598.

17 Testimonio del perito Dr. Del Valle, 5 de junio de 2019, págs. 252, lns 23-

24; 253, ln. 1.
KLAN202300664 21

En cuanto al contrato de no competencia el perito declaró 

que no examinó los contratos de los demandados que tenían una 

cláusula de no competencia.18 En el proceso de analizar, el perito 

no recordaba si le dijeron que la duración del contrato de 

competencia duraba un año. No recordaba si se lo habían 

informado específicamente.19 

Como vemos, el perito brindó dos opciones para que el 

tribunal determinara la formula aplicable a los hechos. A esos 

fines, en la vista del 6 de junio de 2019 el foro primario instruyó 

a las partes que realizaran un análisis de la extensión del daño. 

Requirió que le informaran, “¿Cuál sería el cómputo que llevar a 

cabo si este tribunal determina que el periodo de veintiséis (26) 

[meses] no era el correcto y que el correcto debió de ser la 

cláusula de no competencia que eran doce (12) meses? ¿Cómo 

eso cambiaría los números en cuanto a ese impacto?”

20

 Más 

adelante el juez de instancia indicó: “Si baja doce (12) meses, 

pues entonces los números entiendo que van a cambiar. No se si 

aumentarán o disminuirán, porque matemático no soy, pero 

tienen un impacto.”21

Finalmente, el tribunal de instancia aplicó la alternativa de

daño continuo o bajo el concepto de perpetuidad para conceder el 

daño por $633,003. Entendemos que el foro primario incidió al 

extender a perpetuidad los daños contractuales. Nos explicamos.

Es un hecho que los codemandados exempleados de 

Nazareno incumplieron la cláusula de empleo de no competencia

establecida por un año. Este tipo de cláusulas usualmente se 

incluyen al contrato de empleo, siguiendo la regla de 

18 Id., pág. 346.

19 Id., pág. 346, lns. 11-24.

20 TPO, 6 de junio de 2019, págs. 101-102.

21 Id, pág. 102.
KLAN202300664 22

razonabilidad, bajo ciertos criterios. Estos parten de la premisa de 

que, si el patrono no recibe la protección, el negocio se vería 

sustancialmente afectado. Ahora bien, es norma que el término 

de no competencia no debe exceder de doce (12) meses. Se 

entiende que cualquier tiempo adicional es excesivo e 

innecesario para proteger adecuadamente al patrono. En 

la medida en que un pacto de no competencia incumpla las 

condiciones antes descritas, será considerado contrario a la buena 

fe contractual y al orden público por restringir excesiva e 

injustificadamente la libertad del empleado para trabajar y 

la libertad del público en general para seleccionar. Se 

considera nulo todo pacto de no competir que no cumpla con las 

condiciones anteriores.22

En este caso, solo restaba determinar la extensión y cuantía 

de los daños. Según el ordenamiento jurídico, las cláusulas de no 

competencia se incluyen bajo el supuesto de que, al incumplirse 

con lo pactado, el patrono va a sufrir un daño. De manera que 

las partes saben de antemano que el incumplimiento acarrea un 

daño. Ahora bien, la prohibición está limitada por el término de 

un año. Este es el periodo razonable para proteger 

adecuadamente al patrono, pues cualquier tiempo adicional se 

considera excesivo e innecesario. Por tanto, resulta contrario a 

derecho, extender a perpetuidad o a más de un año, los daños

concedidos al patrono. 

Esto es, el acto de otorgar daños por un periodo mayor a 

doce meses es contrario a la normativa que establece que la 

extensión de los contratos de competencia solo debe subsistir por 

doce meses, so pena de nulidad. Conceder una compensación a 

22 Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, págs. 175-177.
KLAN202300664 23

perpetuidad, implicaría extender el contrato de no competencia a 

más de un año, lo cual está prohibido en nuestro ordenamiento 

jurídico y es contrario a lo pactado entre las partes. Además, ello 

trastocaría el derecho a toda persona a escoger un empleo y 

renunciar a este para dedicarse a otro empleo. De manera que, 

debemos ceñirnos a las únicas limitaciones que contiene el 

contrato, que es la limitación de un año para otorgar los daños 

correspondientes a ese periodo. 

Tomando como base el informe pericial del Dr. Jaime L. Del 

Valle, este proyectó las ganancias netas dejadas de percibir por el 

periodo de 26 meses contados desde noviembre de 2009 a 

$104,988. Esa pérdida la llevó a una anualidad de 12 meses, 

calculada en $48,456. Esta cantidad resulta razonable y 

adecuada para compensar el daño económico de Nazareno. 

Como el contrato no establece una penalidad por el 

incumplimiento, es correcto concluir que el señor Hernández 

Rodríguez y los exempleados demandados respondan por las 

pérdidas y la reducción en ventas que provocaron con sus 

actuaciones, pero limitado a un año. En ese sentido modificamos 

la sentencia para reducir el daño económico a $48,456.

Por último, otra de las cuantías reclamadas por Nazareno 

era la suma de $49,500 correspondiente a un adiestramiento que 

la parte apelada adquirió para sus exempleados vendedores y 

demás empelados en el departamento de ventas. Arguye 

Nazareno que le corresponde al señor Hernández Rodríguez

reembolsar el costo del seminario por haber violado el contrato de 

no competencia, cuyo desenlace fue la renuncia simultanea de los 

exempleados demandados. 

Por su parte, el señor Hernández Rodríguez argumenta que 

no le corresponde cubrir los gastos incurridos por Nazareno en el 
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seminario puesto que se trata de una acción de reembolso 

prohibida. Arguye el apelante que en el contrato de empleo entre 

Nazareno y los empleados demandados no se incluyó una cláusula 

de reembolso. Al no constar por escrito una cláusula de esta 

naturaleza, Nazareno se ve imposibilitada de recobrarle a sus 

empleados los gastos incurridos por esta en recursos tales como 

adiestramientos. El señor Hernández Rodríguez plantea que el 

recobro del adiestramiento no es más que una acción de 

reembolso disfrazada como una acción por daños. Esto es, como 

Nazareno no incluyó una cláusula de reembolso en los contratos 

de empleo, se ve imposibilitada de recobrarle a los exempleados 

demandados el dinero invertido en el adiestramiento. Por ello, el 

apelante alega que Nazareno pretende imputarle el cobro del 

seminario sin tener un fundamento en derecho que sustente dicho 

reclamo. 

Si bien es cierto que PR Prosthetics interfirió de manera 

culposa en la relación contractual habida entre Nazareno y los 

exempleados demandados, no surge del expediente razón alguna 

para conceder la partida de $49,500 correspondientes al 

adiestramiento. Tanto es así, que Nazareno no levantó ningún 

fundamento en derecho que sustentara su reclamo. Al igual que 

el señor Hernández Rodríguez, consideramos que el cobro del 

adiestramiento es un subterfugio para que Nazareno pueda 

recobrar lo que de otra forma no hubiese podido recobrarles a los 

exempleados demandados. 

De ninguno de los anejos incluidos en el apéndice que 

constituyan parte del contrato de empleo se desprende una 

cláusula de reembolso. Ante ello, decretamos improcedente que 

el señor Hernández Rodríguez pague el seminario.
KLAN202300664 25

Por último, surge de la sentencia que el foro primario le 

impuso al apelante José Hernández la suma de $25,000 por 

honorarios de abogado por temeridad. Conforme al resultado al 

que hemos llegado, procede eliminar la cuantía de honorarios de 

abogado pues no hubo temeridad. 

Esta determinación la hacemos acorde a nuestra facultad 

inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de 

un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las 

partes. Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 848 (2012); SLG 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008), citando 

a Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998).

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada, a los fines de reducir el daño económico a 

$48,456, eliminar la partida por concepto de honorarios de 

abogado y eliminar la partida de $49,500 por concepto del 

seminario. Así modificada, se confirma. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones