Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

ORIENTAL BANK

Parte Recurrida

v.

GLORIA HAYDEE TIRADO 

MIRANDA H/N/C GLO SPA 

HEALTH & BEAUTY

Parte Recurrida

v.

PAULA GUADALUPE

PAGÁN, Y OTROS

Parte Peticionaria

KLCE202301259

Certiorari,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.: 

BY2022CV06198

Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca y 

Prenda

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, Paula 

Guadalupe, Gerente de la Sucursal de Oriental Bank (en adelante, 

“Guadalupe”), y Maritza Montalvo Santiago, Suscriptora de Préstamos de 

Oriental Bank (en adelante, “Montalvo”) (en adelante y en conjunto, las

“Peticionarias”), mediante petición de certiorari presentada el 13 de 

noviembre de 2023. Nos solicitaron la revocación de la Resolución y Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en 

adelante, el “TPI”), el 28 de agosto de 2023, notificada y archivada en autos 

el mismo día.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se confirma el dictamen recurrido.

I.

El presente caso tiene su origen el 5 de diciembre de 2022, fecha en 

que Oriental Bank (en adelante, “Oriental”) presentó una “Demanda” de 
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca y prenda en contra de la parte 

recurrida, Gloria Haydee Tirado Miranda h/n/c Glo Spa Health & Beauty (en 

adelante, “Tirado” o “Recurrida”). Alegó que el 22 de julio de 2022 Tirado 

solicitó y obtuvo un préstamo por la cantidad de $101,100.00, suscrito bajo 

el affidavit número 45729 ante el Notario Público Ernesto A. Meléndez 

Pérez. Asimismo, expuso que la Recurrida garantizó los pagos mediante un 

pagaré hipotecario por la cantidad de $101,100.00 de principal, a favor de 

Oriental fechado a 22 de julio de 2022 bajo afidávit número 45728 ante el 

mismo notario público. De igual forma, planteó que, para garantizar el 

aludido pagaré, Tirado otorgó la Escritura de Hipoteca Núm. 33 de 22 de 

julio de 2022 por la cantidad del principal antes mencionada sobre cierto 

bien inmueble sito en la Urbanización Santa Juanita en el Municipio de 

Bayamón.

Aseveró que ese mismo día la Recurrida suscribió un Contrato de 

Prenda y Gravamen Mobiliario mediante el cual entregó en prenda el pagaré

hipotecario antes identificado al igual que los intereses, dineros y productos 

que generara dicho pagaré y la propiedad que lo garantiza. También Tirado 

suscribió un Acuerdo de Garantía Mobiliaria (Póliza de Seguro de Vida) 

mediante el cual cedió a Oriental la póliza de seguros de vida número 

T400427930, expedida por Lincoln National Life Insurance. Dicho 

documento fue suscrito ante el Notario Ernesto A. Meléndez Pérez, affidavit 

núm. 45731. Expresó que el préstamo fue dejado de pagar, por lo que 

Oriental procedió a acelerar la deuda y sostuvo que la misma estaba vencida 

y era líquida y exigible. 

A esos efectos, expresó que a la fecha de la presentación de la 

“Demanda” la Recurrida adeudaba las siguientes cantidades: $101,100.00 

de principal, más la suma de $3,266.00 de intereses acumulados hasta el 5 

de diciembre de 2022, más los que continúen acumulándose hasta el pago 

total y completo de la deuda, más la suma de $230.20 de cargos por mora, 

más $5,055.00 de otros cargos, más $10,110.00 por concepto de honorarios 

de abogados pactados. Por tanto, solicitó que una vez el TPI emitiera 

dictamen final y firme, sin que Tirado hubiera satisfecho la aludida deuda, 

se ordenara la ejecución de la propiedad dada en garantía. 
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El 31 de marzo de 2023, la Recurrida presentó “Contestación a 

Demanda”. Reconoció que firmó ciertos documentos para obtener ciertas 

garantías como parte del trámite conducente a obtener una facilidad de 

crédito. Asimismo, alegó afirmativamente que los pagos estaban 

condicionados a los ingresos a recibirse por la operación del negocio Glo 

Spa Health & Beauty (en adelante, el “negocio”). Añadió que ello se vio 

gravemente afectado debido a la negligencia, fraude y dolo cometido por 

Oriental al otorgar el préstamo comercial en controversia conociendo la 

zonificación de la propiedad y a la orientación que recibiera a los efectos de 

que era suficiente solicitar un permiso de uso para que el negocio pudiera 

operar. 

Ese mismo día, Tirado presentó una “Reconvención” mediante la 

cual sostuvo que, como parte de los planes de abrir el negocio, solicitó una 

cualificación para un préstamo comercial con Oriental para la compraventa 

de la propiedad inmueble anteriormente descrita. Alegó que fue orientada 

por Guadalupe sobre la documentación requerida para la solicitud de la línea 

de crédito que, en su caso, al ser para un propósito comercial, entre otras 

cosas, incluía la presentación de un Plan de Negocios. Aseveró que Oriental

la refirió a la atención de la Sra. María C. Rodríguez, Consultora de 

Negocios de la Small Business Administration (SBS, por sus siglas en 

inglés), puesto que dicha entidad estaría garantizando el préstamo 

solicitado. 

Asimismo, esbozó que Oriental y los terceros que intervinieron en los 

negocios de compraventa e hipoteca conocían que el pago del préstamo se 

realizaría con las ganancias que Tirado obtuviera de la operación del 

negocio. Expresó que el 6 de julio de 2022 advino en conocimiento de la 

zonificación de la propiedad y le cuestionó a cierta representante de Oriental 

y a la corredora de bienes raíces si ello afectaría la apertura y operación del 

negocio. Sobre el particular, esgrimió que los representantes de Oriental y 

ciertos terceros le indicaron que ello no representaba un impedimento para 

la operación del negocio, toda vez que lo único que necesitaba era iniciar el 

trámite en el Municipio de Bayamón para obtener el permiso de uso 

comercial. Sostuvo que dicha orientación se alejaba de las exigencias de la 
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profesión de todo profesional prudente y razonable, puesto que era sabido 

por los representantes de Oriental, el vendedor y la corredora de bienes 

raíces que la solicitud de permiso de uso comercial no implicaba un cambio 

en la zonificación de una propiedad. 

Además, consignó que Oriental no paralizó el cierre al contar con 

evidencia de que el negocio no era viable al uso propuesto de la propiedad 

para la cual se solicitó el préstamo comercial fundamentado en que la 

institución bancaria, por conducto de sus representantes, tenían un deber 

de analizar la documentación en todo proceso hipotecario y dar las debidas 

recomendaciones y advertencias a los otros representantes de Oriental para 

tomar determinaciones correctas y adecuadas. Expuso que Oriental otorgó 

una línea de crédito para actividades comerciales, a sabiendas de que los 

pagos estaban condicionados a los ingresos a recibirse por la operación del 

negocio. Le imputó a Oriental haberse enriquecido injustamente al realizar 

un préstamo hipotecario comercial sobre una propiedad inmueble ubicada 

en una zona urbana y que, por tanto, el consentimiento de Tirado al suscribir 

la línea de crédito estaba viciado, ya que, si dicha circunstancia la hubiera 

conocido de antemano, no hubiera llevado a cabo la compraventa ni 

solicitado la línea de crédito. A tono con lo anterior, reclamó que el causante 

del impago fue Oriental, puesto que cometió fraude junto con los terceros 

que intervinieron en las negociaciones que culminaron con el otorgamiento 

del préstamo.

A base todo lo anterior, incorporó las siguientes causas de acción: (1) 

vicios de voluntad, (2) enriquecimiento sin causa y (3) responsabilidad civil 

extracontractual. Estimó sus daños por sufrimientos y angustias mentales 

en $500,000.00, una cuantía ascendente a $150,000.00 por los gastos y 

arreglos invertidos en el bien inmueble y gastos de cierre, la cantidad de 

$200,000.00 por pérdida de ingresos operaciones del negocio y $5,000.00 

por concepto de gastos del litigio. 

Varios días más tarde, Tirado presentó “Demanda contra Terceros” 

en la que acumuló como terceras demandadas a las Peticionarias. En lo que 

a ellas respecta, reiteró que Guadalupe la orientó sobre toda la 

documentación requerida para la solicitud de la línea de crédito que, en su 
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caso, al ser para un propósito comercial, entre otras cosas, incluía la 

presentación de un Plan de Negocios y que ésta la refirió a ser orientada a 

la SBS para que le asistieran con el proceso, toda vez que el préstamo 

estaría garantizado por dicha entidad federal. Además, añadió que Oriental, 

por conducto de Guadalupe, contrató los servicios del tasador, Sr. José C. 

Méndez, quien realizó una tasación estrictamente comercial sobre la 

propiedad en controversia. Asimismo, esgrimió que Guadalupe se tardó en 

remitirle la tasación practicada al inmueble y que al examinar la misma 

advino en conocimiento de la zonificación de éste. Añadió que al percatarse 

de este particular se comunicó con Guadalupe para solicitarle orientación y 

cuestionó si ello afectaría la operación del negocio, lo cual esta última 

presuntamente le expresó que no confrontaría problemas, pues requería de 

un simple trámite en el Municipio de Bayamón para solicitar un permiso de 

uso comercial. Argumentó que Guadalupe le informó que Oriental le 

otorgaría un periodo de gracia para que pudiera realizar dichas gestiones y 

que no tendría que realizar pago alguno durante el mismo. 

Además, aseveró que el 5 de julio de 2022 le remitió a Guadalupe un

mensaje de texto en el que le indicó su intención de no continuar con el 

proceso de compraventa y constitución de hipoteca, ya que no se sentía 

segura por unos cambios a la aportación original del préstamo. Aseguró que 

Guadalupe la persuadió en todo momento para que continuara con el 

proceso, a pesar de sus dudas e inseguridades en cuanto al mismo, y 

continuó brindándole una deficiente orientación, mediante procesos 

fraudulentos y viciando la voluntad de la Recurrida para que continuara los 

procesos y se diera el cierre apresurado del negocio con Oriental. A esos 

fines, argumentó que Guadalupe tuvo oportunidad para orientarla sobre la 

zonificación de la propiedad y el proceso correcto para que el negocio 

pudiera operar. Expuso que el cierre del negocio fue atropellado, puesto que 

Guadalupe actuó con prisa e hizo que Tirado firmara los documentos sin 

leerlos. Sobre esto último, alegó que el trámite sobre el cambio de uso de la 

propiedad fue denegado.

Así pues, añadió que la corredora de bienes raíces le remitió un 

correo electrónico en el que expresó que Oriental había sido negligente con 
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su caso y le indicó lo siguiente: “Yo le había preguntado a [Guadalupe] sobre 

los permisos de uso cuando se inició el caso a principios de año y ella me 

indicó que los permisos de uso se solicitaban a lo último. Yo no trabajo en 

banca comercial lamentablemente no sé cómo es el proceso, pero esto es 

negligencia del banco”.1 Sostuvo que reclamó a Guadalupe y que éste le 

refirió unos números de teléfonos de unas gestoras para que se orientara 

sobre la situación de la zonificación del inmueble. 

Por otro lado, le imputó a Montalvo tener el ineludible deber de 

analizar toda la documentación del proceso hipotecario que se estaba 

llevando a cabo con la Recurrida y, a su vez, un deber de paralizar y/o 

detener el cierre del mismo, al contar con evidencia de que el negocio no 

era viable al uso propuesto de la propiedad para la cual se estaba solicitando 

el préstamo comercial. Planteó que Montalvo tenía el deber de analizar y 

dar las debidas recomendaciones y/o advertencias a Guadalupe para tomar 

determinaciones correctas y adecuadas que no tuviesen consecuencias 

adversas para las partes en el negocio jurídico realizado.

Finalmente, reclamó que todos los terceros demandados se 

enriquecieron injustamente al realizar el negocio, ya que conocían que la 

solicitud de permiso de uso comercial no implicaba un cambio de 

zonificación. Asimismo, acumuló el planteamiento sobre el vicio en el 

consentimiento y esgrimió las mismas causas de acción expuestas en la 

“Reconvención”, así como los mismos daños y por los mismos conceptos 

esbozados en esta última. 

Luego de transcurridos varios trámites procesales, el 31 de mayo de 

2023, las Peticionarias presentaron ante el TPI una “Moción de 

Desestimación Parcial”. Mediante la misma, sostuvieron que no existía

una sola alegación dirigida a éstas en la que se expusiera un hecho 

específico y particular por el cual debían responder en su carácter personal. 

Expresó que no figuraban alegaciones en su contra, puesto que no existía

una relación fuera del alcance de las funciones como empleadas de 

Oriental. Articuló que Oriental era parte demandante en el caso y que Tirado 

1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 160.
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promovió una “Reconvención” por los mismos hechos que esboza en su 

“Demanda contra Tercero” dirigida en contra de las Peticionarias por actos 

realizados en ocasión de sus funciones. A la luz de lo anterior, fue su 

contención de que la “Demanda contra Tercero” dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio, por lo que procedía 

la desestimación de la misma. 

El 20 de junio de 2023, la Recurrida presentó “Moción en 

Cumplimiento de Orden sobre Oposición a Moción de Desestimación 

Parcial”. Planteó que las Peticionarias tomaron decisiones en el proceso del 

cierre no solo en su capacidad de empleadas de Oriental, sino en su 

carácter personal e individual. Esto es así, ya que, ambas tenían un deber 

de ser prudentes y razonables en sus actuaciones u omisiones, el cual está 

atado a su licencia profesional, la cual se obtiene u ostenta en su capacidad 

individual. A esos efectos, añadió que la licencia profesional del individuo no 

está atada al patrono, sino que es una responsabilidad personal e individual.

Específicamente, en cuanto a Guadalupe, expuso que ésta le orientó 

incorrectamente sobre el proceso de obtención del permiso de uso, que el 

ofrecimiento de un periodo de gracia no es lo mismo que una moratoria y 

que ambas actuaciones las efectuó sin consultarle a Oriental. Expresó que 

las Peticionarias obtuvieron una comisión pecuniaria por el cierre del 

préstamo comercial objeto del litigio, beneficiándose y enriqueciéndose 

injustamente de la situación de la Recurrida. De conformidad con lo anterior, 

aseveró que la solicitud de desestimación parcial presentada por ambas 

carecía de méritos y que la “Demanda contra Terceros” era susceptible de 

ser enmendada. 

Evaluados los argumentos de las partes, el TPI dictó Resolución y 

Orden. Concluyó el foro a quo que la reclamación de Tirado era una sobre 

daños contractuales y extracontractuales, y que la misma no constituía una 

acción redhibitoria tal como se expresa en los Artículos 1267, 1268 y 1270 

del Código Civil del 2020, 31 LPRA secs. 9871, 9872 y 9874. Por tanto, 

coligió que la “Demanda contra Terceros” expone una reclamación que 

justifica la concesión de un remedio en contra de las Peticionarias, pues 

incluye alegaciones respecto a éstas, tanto en su carácter profesional como 
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personal e incluso, señala que las Peticionarias se apartaron de la mejor 

práctica de su profesión durante el proceso de compraventa y otorgación 

del préstamo comercial hipotecario. Añadió que las alegaciones esgrimidas 

por Tirado en contra de éstas son serias y ameritan que las mismas sean 

evaluadas en unión con la prueba que en su día se presente. Asimismo, 

expuso que el caso estaba iniciando y que no se habían celebrado vistas y 

el descubrimiento de prueba no estaba en una etapa avanzada. A tenor con 

lo anterior, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de desestimación parcial 

interpuesta por las Peticionarias.

Insatisfechas, el 7 de septiembre de 2023, las Peticionarias 

presentaron “Moción de Reconsideración” y el 25 de septiembre de 2023 

Tirado presentó “Moción en Cumplimiento de Orden sobre Oposición a 

Moción de Reconsideración”. El 12 de octubre de 2023, el TPI emitió 

Resolución mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración radicada

por las Peticionarias. Aún inconformes, estas últimas presentaron el recurso 

que nos ocupa y le imputaron al foro primario la comisión de los siguientes 

errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN SU ANÁLISIS DE LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR LAS 

PETICIONARIAS CUANDO EN ESTE CASO -VISTAS LAS 

ALEGACIONES DE LA MANERA MÁS FAVORABLE PARA 

LA TERCER DEMANDANTE- NO HAY UNA SOLA 

ALEGACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN 

REMEDIO A FAVOR DE LA TERCERA DEMANDANTE Y 

EN CONTRA DE LAS PETICIONARIAS.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONSIDERAR EN CONJUNTO CUATRO 

MOCIONES DE DESESTIMACIÓN Y DENEGARLAS BAJO 

UN MISMO FUNDAMENTO CUANDO LAS CUATRO 

MOCIONES DE DESESTIMACIÓN RESPONDEN A 

ALEGACIONES DISTINTAS Y CUANDO A CADA UNA LES 

APLICA UN DERECHO PARTICULAR QUE -EN LO QUE 

RESPECTA A LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN DE LAS 

PETICIONARIAS- EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA NO LLEGÓ A SOPESAR EN SU 

DETERMINACIÓN.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ELUDIR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD VICARIA Y -POR NEGATIVA- NO 

DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA TERCERO 

DIRIGIDA EN CONTRA DE LAS EMPLEADAS DE 

ORIENTAL CUANDO NO EXISTE REMEDIO EN LEY QUE 

PUEDA SER CONCEDIDO A FAVOR DE LA TERCERA 

DEMANDANTE Y EN CONTRA DE LAS PETICIONARIAS.
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Asimismo, las Peticionarias solicitan que se le imponga a la Recurrida 

la cantidad de $5,000.00, en concepto de honorarios de abogado por 

temeridad por las inconveniencias que acarrea tener que defenderse de un 

reclamo injustificado como el alegado en la “Demanda contra Terceros”. 

El 15 de noviembre de 2023, emitimos Resolución mediante la cual le 

concedimos a la Recurrida un término para que presentara su alegato en 

oposición. El 27 de noviembre de 2023, Tirado presentó su alegato en 

oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, y su 

jurisprudencia interpretativa le confiere al demandado la oportunidad de 

presentar cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) que las alegaciones del demandante dejan de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) la falta de 

una parte indispensable. Comisión v. González Freyre et al., 211 DPR ___ 

(2023); 2023 TSPR 28.

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, es una defensa que formula el demandado antes de presentar 

su contestación a la demanda, en la cual solicita que se desestime la 

demanda presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dey. 

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

En general, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, recoge defensas 

que pueden plantearse, a opción del demandado, en una moción de 

desestimación antes de contestar o en la misma contestación a la demanda. 

Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022).

De ahí que, al considerar una moción para desestimar una demanda 

por ésta dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio, deba ser evaluada de forma crítica. Ello, puesto que el tribunal 
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está obligado a tomar como ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda. Hecha esta salvedad, el Tribunal interpretará las aseveraciones 

de la demanda en la forma más favorable para el demandante formulando 

en su favor todas las inferencias que puedan asistirle. Rivera Sanfeliz, et al. 

v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 (2015). De igual forma, nuestro más 

alto foro ha establecido que: 

[A] los fines de disponer de una moción de desestimación, 

estamos obligados a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas de la demanda presentada. Para 

prevalecer, el promovente de la moción tiene que demostrar 

que, aun así, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. Esta doctrina se aplica 

solamente a los hechos bien alegados y expresados de 

manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a 

dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 

505 (1994). 

Sobre este asunto, el Dr. José Cuevas Segarra expone que “[e]n la 

moción de desestima[ción] no se trata de poner en duda los hechos 

alegados en la demanda, sino atacarla por un vicio intrínseco, por ejemplo: 

insuficiencia, ausencia de parte indispensable, [o] falta de jurisdicción”. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 

San Juan, Tomo I, 2000, pág. 275.

En fin, “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo 

de su reclamación”. Pressure Vessels PR. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 

505. Consecuentemente, se debe considerar “si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Íd.

Ahora bien, si en una moción basada en la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, se esbozan materias no contenidas en la 

alegación impugnada —y estas no son excluidas por el tribunal— la moción 

deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria. En 

consecuencia, estará sujeta a todos los trámites provistos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, hasta su resolución final. De manera que, todas 

las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda 
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materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.

Relacionado con lo anterior, la jurisprudencia ha identificado casos 

que contienen elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia. A saber, “controversias en las que el factor credibilidad juega 

un papel esencial, si no decisivo, para llegar a la verdad, y donde un litigante 

depende en gran parte de lo que extraiga del contrario en el curso de un 

juicio vivo.” Rosario Ortiz v. Nationwide Mutual Insurance Co., 158 DPR 775, 

780-81 (2003). A esos efectos, “la privación a un litigante de su ‘día en corte’ 

es una medida procedente sólo en casos extremos y que debe usarse 

solamente en casos claros. Íd., pág. 780.

B.

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

extracontractual está regulada en el Artículo 1536 del Código Civil de Puerto 

Rico de 2020, el cual establece que: “[l]a persona que por culpa o 

negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. 31 LPRA sec. 

10801. El Artículo 1536 del Código Civil, supra, consagra en forma general 

y sin concretar determinadas acciones, lo que el Tribunal Supremo ha dicho 

que presupone una norma genérica que prohíbe causar daños a otro 

mediante una conducta, ya sea activa o pasiva. García v. ELA, 163 DPR 

800, 809 (2005). En cuanto a este precepto y su aplicación, se ha 

establecido que sólo procede la reparación de un daño cuando se 

demuestren los siguientes elementos indispensables: (1) el acto u omisión 

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión culposa 

o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

En particular, el concepto de daños ha sido definido como “todo 

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, 

que sufre una persona y del cual haya de responder otra”. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). En esa misma línea doctrinal, se ha 

establecido que la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, 

o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 
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previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 

358 (1962). Respecto a la relación causal, ésta es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño culposo o 

negligente surge el deber de indemnizar que “presupone nexo causal entre 

el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños 

que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la indemnización”. 

López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.

Esto último se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige en 

nuestro ordenamiento. De acuerdo a ella, no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce 

según la experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998). 

La jurisprudencia ha sostenido que un daño parece ser el resultado natural 

y probable de un acto negligente, si después del suceso y mirando 

retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la consecuencia 

razonable y ordinaria del acto. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338, 

343 (1969); Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). 

El principio de causalidad adecuada requiere que en todo caso de daños y 

perjuicios el demandante pruebe que la negligencia del demandado fue la 

que con mayor probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla Báez v. Ranger 

American of P.R., 133 DPR 263, 270 (1993). De esta forma, un demandado 

responde en daños si su negligencia por su acción u omisión es la causa 

próxima del daño, aun cuando no sea la única causa del daño. Velázquez 

v. Ponce, 113 DPR 39, 45 (1982). Por tanto, la cuestión se reduce a 

determinar si la ocurrencia del daño era de esperarse en el curso normal de 

los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de ese posible cálculo. 

La prueba o evidencia circunstancial es intrínsecamente igual a la 

prueba o evidencia directa. Pueblo v. Pagán Santiago, 130 DPR 470, 479 

(1992). Si un caso penal se puede probar mediante prueba circunstancial, 

cuanto más uno en la zona civil. E. L. Chiesa, Tratado de Derecho 
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Probatorio, T. II, pág. 1238. No existe duda, pues, que, bajo nuestro derecho 

probatorio, la negligencia en los casos de daños es susceptible de ser 

probada, al igual que cualquier otro hecho en cualquier caso, mediante 

prueba circunstancial. Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 DPR 201, 207-

208 (1969). 

A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños en 

nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de un 

acto culposo u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. 

Art. 1536 del Código Civil, supra. La suficiencia, contundencia o tipo de 

prueba presentada, así como el valor que los tribunales le darán, dependerá, 

naturalmente, de las circunstancias particulares de cada caso, de 

conformidad con nuestro derecho probatorio. Sin embargo, la prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores 

probabilidades a la negligencia que el demandante imputa. Se requiere, 

además, que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o conjetura. 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993).

C.

En nuestro ordenamiento jurídico, “la obligación de reparar daños 

generalmente dimana de un hecho propio”. Vélez Colón v. Iglesia Católica, 

105 DPR 123, 127 (1976). No obstante, como excepción a esta norma, está 

la figura de responsabilidad vicaria, que le impone responsabilidad a uno 

por los actos cometidos por otro. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 

DPR 465, 485 (2010). Este precepto “impone responsabilidad por los actos 

u omisiones, culposas o negligentes, de aquellas personas por quienes se 

debe responder, siempre que con la culpa o negligencia de éstas concurra 

la del principal, la que se presume”. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 

DPR 803, 814 (2006). 

En ese sentido, el Artículo 1540 (d) del Código Civil establece que, 

en cuanto a la responsabilidad que alude el Artículo 1536, supra, responden 

también “los patronos públicos o privados, por los daños que causan sus 

empleados en el servicio de las ramas en que los tengan empleados o con 
KLCE202301259 14

ocasión de sus funciones”. 31 LPRA sec. 10805. Así pues, se reconoce la 

responsabilidad extracontractual de un patrono, de manera excepcional, por 

actuaciones de sus empleados siempre que éstos hubieran actuado dentro 

del marco de sus atribuciones o funciones. Hernández Vélez v. Televicentro, 

supra, pág. 815.

Sobre este particular, hemos resuelto que el criterio 

determinante para establecer la responsabilidad del patrono 

es si al llevar a cabo su actuación, el agente tenía el propósito 

de servir y proteger los intereses de su patrono y no los 

suyos propios, y si su actuación fue incidental al 

cumplimiento de las actuaciones autorizadas. Esto es, si 

existe una conexión razonable y pertinente entre el acto del 

agente y los intereses del patrono, y si el acto del agente 

tiende razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo 

final del patrono.

A tono con lo anterior, hemos resuelto que la prueba para 

determinar la responsabilidad del patrono respecto a los 

actos del empleado no es si el acto de éste ha sido voluntario 

e intencional, sino si actuaba en beneficio del negocio del 

patrono y dentro de la esfera de su autoridad, o si se 

desvió de sus funciones y realizó un acto dañoso de 

carácter personal. Íd. (énfasis suplido).

Así pues, se dispone que la responsabilidad del patrono se extiende 

a actuaciones temerarias, voluntarias, intencionales, desenfrenadas o 

maliciosas de su empleado, al igual que a actos imprudentes y descuidados 

mientras son realizados cuando este último actúa en el ejercicio de sus 

facultades y en el curso de su empleo o con el objetivo de adelantar el 

negocio del empleador y no con un propósito persona suyo. Íd.

D.

El Artículo 1158 del Código Civil dispone que quedan sujetos a 

indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier otro modo contravinieren a tenor de 

aquellas. 31 LPRA sec. 9303. Es importante destacar que la buena fe 

contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del contrato o en la fase 

de la negociación, sino que está presente mientras dure la relación 

contractual. En consecuencia, “cuando el incumplimiento de una obligación 

contractual produjere daños a una de las partes contratantes, procede una 

acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual”. Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998). Por consiguiente, 
KLCE202301259 15

“[l]as acciones ex contractu solo pueden ser ejercidas por una parte 

contratante en contra de la otra”. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 

DPR 38, 57 (2015). 

El Código Civil de Puerto Rico distingue entre las acciones de daños 

y perjuicios extracontractuales y las acciones derivadas del incumplimiento 

contractual, bajo el Artículo 1158, supra. “Mientras que la acción de daños 

y perjuicios extracontractuales del Artículo 1802 [hoy Artículo 1536 del 

Código Civil de 2020, supra], protege el deber general de diligencia 

necesario para la convivencia social, la acción ex contractu se fundamenta 

en el incumplimiento de un deber que surge de un acuerdo de voluntades 

previo entre las partes”. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 818 

(2008). Recordemos que la culpa o negligencia a que se refiere el Artículo

1536 del Código Civil, supra, es aquella no relacionada con una obligación 

anterior. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, Inc., 130 DPR 712, 

721 (1992). Sino a los principios generales de convivencia social que 

suponen no causar un daño a otro. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 

supra, pág. 57. Ahora bien, si el hecho que constituye un incumplimiento 

contractual también constituye una violación extracontractual, el 

demandante podrá escoger dicha causa de acción para vindicar sus 

derechos. Ramos Lozada v. Orientalist Rattan Furniture, supra, pág. 728.

Dicho de otra forma, se reconoce en nuestra ordenamiento la teoría de la 

concurrencia de acciones de resarcimiento derivadas de un contrato y, a la 

vez, de un acto ilícito extracontractual. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 

185 DPR 880, 910 (2012).

III.

Por estar íntimamente relacionados y dado al hecho de que las 

Peticionarias discutieron conjuntamente los tres (3) señalamientos de error, 

adjudicamos, de igual forma, las controversias que nos ocupan. Veamos.

En esencia, las Peticionarias sostienen que el TPI erró al denegar su 

solicitud de desestimación parcial, bajo el entendido de que la liberalidad del 

análisis de una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, no es absoluta y que el foro primario erró al 

atender cuatro (4) mociones de desestimación presentadas por varios 
KLCE202301259 16

terceros demandados, incluyendo las Peticionarias, en un mismo dictamen.

Además, exponen que toda demanda es susceptible de ser enmendada,

pero ello no debe servir de base para la denegatoria de una moción de 

desestimación. Asimismo, argumentan que las alegaciones en su contra son 

descarnadas y fueron hechas con el único objetivo de importunarlas y 

sujetarlas a los vejámenes e inconveniencias de un litigio. Del mismo modo, 

plantean que el análisis bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, 

no requiere que la parte promovente de la solicitud de desestimación aporte 

prueba sobre su falta de responsabilidad, ni requiere la iniciación de un 

descubrimiento de prueba o avanzar a etapas del proceso con el costo que 

ello acarrea. Finalmente, arguye que el TPI erró al no aplicar la doctrina de 

responsabilidad vicaria, toda vez que la “Reconvención” presentada por 

Tirado está predicada en los mismos hechos y alude a los mismos daños 

que se alegan en la “Demanda contra Terceros”. Diferimos de la posición 

de las Peticionarias. Nos explicamos. 

El análisis de las alegaciones consignadas en la “Demanda contra 

Terceros” revela que las causas de acción interpuestas por la Recurrida en 

contra de las Peticionarias están predicadas en los daños contractuales y 

extracontractuales que las alegadas actuaciones de éstas le ocasionaron. 

Igualmente, de una somera lectura de éstas se puede concluir que existen 

una serie de elementos subjetivos y de credibilidad que serán necesarios 

que el foro recurrido aquilate con la presentación de prueba a esos efectos. 

Advertimos, además, que lo único que requiere nuestro ordenamiento 

jurídico en torno a las alegaciones es una relación sencilla y sucinta de los 

hechos que demuestren que la parte suscribiente puede tener derecho a un 

remedio. Véase, Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

Una alegación corta, clara, simple, concisa y directa será suficiente. Así, no 

se exigirán fórmulas técnicas para la redacción de las alegaciones, ya que 

éstas se interpretarán con el propósito de hacer justicia. Véase, Regla 6.5 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5. Lo esencial es que, a la luz 

de las alegaciones de la demanda, los demandados estén razonablemente 

prevenidos de lo que los demandantes intentan reclamar.
KLCE202301259 17

No nos cabe la menor duda de que las Peticionarias tienen una 

noción clara de los hechos que, según la Recurrida, son constitutivos de los 

daños alegados. Por tanto, contrario a lo alegado por las Peticionarias, no 

creemos que las mismas sean descarnadas y, a esta etapa de los 

procedimientos, no estamos ante un cuadro jurídico que nos permita 

concluir que se efectuaron con el único propósito de importunarlas y 

sujetarlas a las inconveniencias de un litigio. Así pues, tomando como 

ciertas las alegaciones esgrimidas por Tirado, concluimos que ésta tiene 

una reclamación que justifica la concesión de un remedio. A nuestro juicio, 

la “Demanda contra Terceros” contiene hechos suficientes para entender 

que la Recurrida ha sufrido un daño a consecuencia de las actuaciones de 

las Peticionarias y que existe una relación causal entre los daños alegados 

y los actos efectuados por estas últimas. 

Así pues, el marco fáctico y procesal reseñado nos lleva a concluir 

que la desestimación de las reclamaciones incoadas por Tirado a esta etapa 

de los procedimientos resultaría en una determinación prematura.

Coincidimos con el foro a quo en que es necesario que se aporte prueba

que establezca la forma en que se suscribió el préstamo en controversia y 

se determine la procedencia de las alegaciones relacionadas con el vicio del 

consentimiento alegado por la Recurrida, en unión a las acciones que se le 

imputan a las Peticionarias. Nótese que las alegaciones de Tirado en cuanto 

al incumplimiento contractual por parte de Oriental, en unión con las 

presuntas actuaciones u omisiones culposas desplegadas por las 

Peticionarias aluden a actos intencionales que hacen indispensable la 

presentación de evidencia que así lo establezca. 

Más cuando, como en el caso de autos, en la adjudicación de las 

controversias ante la consideración del TPI el factor credibilidad juega un 

papel esencial para arribar a la verdad, y donde ambas partes dependen en 

gran parte de lo que se pueda extraer de la otra en el curso de un juicio o 

como parte de un descubrimiento de prueba. Ello es cónsono con la política 

arraigada en nuestra jurisdicción de que la privación a un litigante de su día 

en corte es una medida procedente sólo en casos extremos y que debe 
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utilizarse cuando no existe duda alguna sobre las reclamaciones 

presentadas ante el tribunal. 

De igual manera, nada en nuestro ordenamiento jurídico proscribe 

que los tribunales de instancia puedan adjudicar distintas mociones 

dispositivas en un mismo dictamen. Pero, aun haciendo abstracción de lo 

anterior, coincidimos con el análisis empleado por el TPI para denegar la 

solicitud de desestimación parcial de las Peticionarias. Ello porque sus 

conclusiones se ajustan a la norma consistentemente establecida por 

nuestro Tribunal Supremo. A fin de cuentas, la función revisora de este foro 

apelativo intermedio se da sobre el resultado y no contra los fundamentos 

del TPI.

Finalmente, tampoco proceden los argumentos traídos ante nuestra 

consideración sobre responsabilidad vicaria. Si bien es cierto que un 

patrono es responsable por las actuaciones culpables y negligentes de sus 

empleados en curso ordinario de sus facultades relacionadas al empleo, no 

es menos cierto que se ha resuelto que es indispensable que se aporte

prueba para determinar la responsabilidad del patrono respecto a los 

actos del empleado y que se pueda concluir si éste actuaba en 

beneficio del negocio del patrono y dentro de la esfera de su autoridad, 

o si se desvió de sus funciones y realizó un acto dañoso de carácter 

personal.

En suma, es nuestra opinión que el TPI actuó correctamente en 

denegar la solicitud de desestimación parcial presentada por las 

Peticionarias. No estamos ante un panorama jurídico en el que se pueda 

concluir válidamente que a base de los hechos bien alegados y expresados 

se pueda entender que de su faz la Recurrida no tenga remedio alguno en 

ley. Es decir, asumidas como ciertas las alegaciones consignadas en la 

“Demanda contra Terceros” y consideradas de la manera más favorable y 

liberal a favor de la Recurrida, existe una causa de acción en contra de las 

Peticionarias. No procede la revocación de la determinación recurrida.
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IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución y Orden recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones