Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

YARITZA DEL CARMEN 

MILLÁN PÉREZ 

Recurrida 

EX PARTE 

LCDO. JOSÉ A. RIVERA 

GARCÍA 

Peticionario 

KLCE202400331

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de San Juan 

Caso Núm.:

SJ2023RF00812 (Salón 

701) 

Sobre:

Tutor-Nombramiento, 

Aceptación, Renuncia, 

Remoción o Relevo

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024. 

Comparece el Lcdo. José A. Rivera García (Lcdo. Rivera García 

o peticionario) vía certiorari y nos solicita revocar la Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, emitida el 15 

de diciembre de 2023. Mediante dicho dictamen, el foro recurrido le 

impuso al peticionario una sanción de $250.00 por solicitar la 

suspensión de una vista tardíamente y no estar preparado con la 

documentación requerida para dicha vista. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, expedimos el auto solicitado y 

confirmamos la Resolución recurrida. 

En síntesis, el caso de epígrafe trata de una petición de 

declaración de incapacidad y de nombramiento de tutora. La señora 

Yaritza del Carmen Millán Pérez (señora Millán Pérez), peticionaria de 

la referida declaración y nombramiento, acudió ante el Lcdo. Rivera 
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García, empleado de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., (SLPR) 

cuyos fondos son administrados por Legal Service Corporation (LSC). 

El Lcdo. Rivera García comenzó a representar a la señora Millán Pérez 

el 27 de mayo de 2022, asistiéndola legalmente de manera gratuita. 

Según alega el peticionario, después de ser informados el 23 de 

marzo de 2023 que la señora Millán Pérez tenía $56,196.61 en una 

cuenta bancaria, SLPR determinó el 27 de abril de 2023 que tal cuenta 

no afectaba la elegibilidad de la señora Millán Pérez para recibir 

servicios legales gratuitos. Posteriormente, se presentó la Petición de la 

señora Millán Pérez el 30 de mayo de 2023, que el Tribunal de Primera 

Instancia acogió. Luego, el 7 de julio de 2023, el foro primario señaló 

la Vista sobre Declaración Judicial y Nombramiento de Tutor para el 

28 de septiembre de 2023, para cual el Lcdo. Rivera García debía tener 

toda la documentación necesaria según requerido por el Ministerio 

Público. No obstante, el Lcdo. Rivera García alega que, para el 1 de 

agosto de 2023, la señora Millán Pérez le informó que había comenzado 

un nuevo empleo, cuya verificación supuestamente envió el 30 de 

agosto de 2023 mediante correo electrónico y el peticionario leyó el 11 

de septiembre de 2023.

Según el Lcdo. Rivera García, no fue hasta el 21 de septiembre 

de 2023 que el Lcdo. Adalberto Núñez López, Director del Centro 

Metropolitano de SLPR, informó a la Directora Ejecutiva de SLPR

sobre la situación. Teniendo que esperar por la determinación final de 

SLPR, pero sabiendo que la señora Millán Pérez era inelegible para 

recibir sus servicios gratuitos, el Lcdo. Rivera García esperó hasta el 26 

de septiembre de 2023 para presentar una Urgente Moción de 

Transferencia de Vista. Al día siguiente, el foro primario resolvió sin 
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lugar la moción por esta haberse presentado tardíamente, e igualmente 

hizo para la posterior solicitud de reconsideración. Incluso, en la vista 

del 28 de septiembre de 2023, el foro de primera instancia indicó que 

el Lcdo. Rivera García no ha actualizado los documentos que ya están 

vencidos y no ha realizado un informe socioeconómico del supuesto

incapacitado, según le fue requerido por el Ministerio Público. Ese 

mismo día, SLPR determinó que la señora Millán Pérez es inelegible

para continuar recibiendo sus servicios gratuitos.

Luego de informarle a la señora Millán Pérez sobre la situación, 

el Lcdo. Rivera García presentó Moción de Relevo de Representación 

Legal el 11 de octubre de 2023, la cual el foro primario autorizó el 7 de 

diciembre de 2023 junto a una Orden para que SLPR mostrara causa 

por la cual no debe imponérsele una sanción económica por el manejo 

del asunto. El 14 de diciembre de 2023, SLPR presentó un escrito en 

comparecencia de la referida Orden, culpando al Lcdo. Rivera García 

por cualquier conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, 

obstrucción, falta de diligencia e irracionabilidad en el manejo y tramite 

del caso. Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia dio por 

cumplida la orden por SLPR e impuso una sanción al Lcdo. Rivera 

García de $250.00, a la vez que declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración del peticionario. 

Insatisfecho, el Lcdo. Rivera García recurre ante foro apelativo, 

para alegar que el Tribunal de Primera Instancia erró al imponerle una 

sanción económica de $250.00 por falta de jurisdicción, abusar su 

discreción y no considerar que la reglamentación del LSC prohíbe la 

continua representación de la señora Milán Pérez. 
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Vale recordar que el auto de certiorari es el vehículo procesal, 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Véase, también, Caribbean 

Orthopedics Products of PR, LLC v. Medshape, Inc. et al., 207 DPR 

994 (2021) (citando Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 

1933 (32 LPRA sec. 3491); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710 (2019)). Conforme a la referida Regla 

52.1, los criterios que permiten la expedición de un certiorari consisten 

en revisar una orden de carácter dispositivo o resolución según las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil. Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Por lo tanto, la función del Tribunal Apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro primario y predicar su intervención en si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de evidencia suficiente 

de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde 

intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. 

Véase, también, Fernández Martínez et al. v. RAD-MAN San Juan IIID, LLC et al., 208 DPR 310 (2021) (citando a SGL Torres Matundan v. 

Centro de Patología Avanzada, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Ramos Milano v. WalMart, 168 DPR 112, 121 (2006); Rivera et al. v. Banco Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean International 

News, 151 DPR 649, 664 (2000)).

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico ha dejado claro que 

los tribunales tienen la autoridad, flexibilidad y discreción para imponer 
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sanciones, siempre y cuando utilice el criterio de razonabilidad, 

atendiendo las circunstancias del momento. Pagán Rodríguez v. Rivera 

Schatz, 206 DPR 277 (2021) (citando a Regla 9.1 de Procedimiento 

Civil, supra; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6.

a

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 

206). Tal discreción no debe ser absoluta, limitándose solo a 

la conducta que constituya demora, inacción, abandono, obstrucción o 

falta de diligencia de la parte contra la cual se impone la sanción.

Olivencia García et al. v. Hospital Dr. Pila et al., 155 DPR 421 (2001)

(citando a Regla 44.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA ant.

Ap. III). De manera similar, el Tribunal puede sancionar a un abogado

por comparecer a cualquier vista, conferencia o procedimiento sin estar 

debidamente preparado, por efecto obstruyendo la sana administración 

de la justicia. Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, un 

abogado puede ser sancionado aunque ya haya sido relevado de la 

representación legal de su cliente. Importaciones Vilca, Inc. v. Hogares 

Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987) (citando a Regla 44.2 de Procedimiento 

Civil de 1979, supra; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986)).

Por otro lado, el Code of Federal Regulations dispone que un 

recipiente de fondos del LSC no podrá representar o continuar 

representando a un cliente que no sea económicamente elegible. Parte 

1611 del Code of Federal Regulations (45 CFR sec. 1611). Incluso, la 

discreción para descalificar a un cliente por inelegibilidad económica 

está situado solamente en el personal de supervisión del SLPR y debe 

estar sujeto a revisión por la respectiva junta normativa; es decir, la 

evaluación de las cualificaciones del cliente le compete exclusivamente 
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a SLPR. Servicios Legales de PR, Inc. v. Hon. López Ortiz, 211 DPR 

393 (2023); Feliciano Irigoyen v. Tribunal Superior, 99 DPR 504 

(1970).

A base de lo anterior, conviene destacar que el Canon 20 del 

Código de Ética Profesional ha dejado claro que un abogado no puede 

ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener 

primero el permiso del tribunal. Canon 20 del Código de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Mientras que el abogado no sea 

formalmente relevado de sus funciones, éste tiene el deber de continuar 

llevando a cabo su gestión profesional de forma competente y diligente.

Simons v. Leaf Petroleum Corp., 209 DPR 216 (2022) (citando a In re 

Hernández Rosario, 170 DPR 103 (2007); In re Franco Rivera, 169

DPR 237 (2006); Lluch v. España Service Sta., supra).

Igual de pertinente, nuestro ordenamiento ha dispuesto que toda 

moción de suspensión o de transferencia de vista antes del juicio se hará 

por escrito y expondrá los fundamentos para tal solicitud. Regla 8.3 de 

Procedimiento Civil, supra. No obstante, de mediar circunstancias

extraordinarias imprevisibles y fuera del control de las partes o de sus 

representantes legales, deberá solicitarse la suspensión en un término 

razonable o de forma verbal en el día de la vista. Íd.; Regla 17 de 

Administración del Tribunal de Primera Instancia (4 LPRA Ap. II-B).

De conformidad con los hechos del presente caso, este Tribunal 

no advierte que el foro primario haya excedido su discreción o cometido 

un error en derecho. Era responsabilidad del Lcdo. Rivera García 

notificar al Tribunal de Primera Instancia sobre la elegibilidad 

económica de la señora Millán Pérez, una circunstancia que podía 

verificar desde el 30 de agosto de 2023; incluso, esta es una 
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controversia cuya posibilidad era predecible desde que fue informado 

de la cuenta bancaria de la señora Millán Pérez en marzo de 2023. En 

otras palabras, el Lcdo. Rivera García no tenía que esperar hasta el 26 

de septiembre de 2023 para solicitar una suspensión de vista, menos 

cuando la controversia no era uno extraordinaria o imprevisible. Más 

aun, el peticionario tenía el deber de estar preparado para la vista del 28 

de septiembre de 2023, ya que no puede cesar su representación de su 

clienta sin primero recibir la autorización del foro primario. A esos 

efectos, este Tribunal considera innecesario su intervención en las 

determinaciones tomadas por el foro recurrido. 

Por los fundamentos expresados, expedimos el auto solicitado y 

confirmamos la Resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones