Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

LILIA MOLINA RUIZ

Recurrida

V.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO

Peticionaria

KLRX202300005

Consolidado con

KLCE202300195

Mandamus

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Caso Núm.

D AC2016-1155 

(502)

Sobre:

Impugnación de 

confiscación 

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Caso Núm.

D AC2016-1155 

(502)

Sobre:

Impugnación de 

confiscación 

LILIA MOLINA RUIZ

Recurrida

V.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

MUNICIPIO 

AUTÓNOMO DE 

BAYAMÓN

Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza

Grana Martínez y el Juez Monge Gómez1.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

El peticionario, Municipio Autónomo de Bayamón, presentó el 

recurso de certiorari KLCE202300195, para que revisemos la 

decisión del Tribunal de Primera de Instancia de no permitirle 

intervenir en la impugnación de confiscación.

El Gobierno de Puerto Rico presentó el recurso de mandamus 

KLRX20230005 en el que solicita que ordenemos al TPI a cumplir 

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-031, se modificó la integración del 

Panel debido a inhibición del Juez Fernando L. Rodríguez Flores.
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KLCE202300195

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con el deber ministerial de resolver la moción de reconsideración del 

7 de septiembre de 2016.

El 17 de febrero de 2023 ordenamos la paralización del caso 

en el TPI.

El Gobierno de Puerto Rico solicitó la consolidación urgente 

porque ambos recursos giran en torno a la orden de entregarle a la 

recurrida los animales bajo la custodia del Municipio.

La consolidación procede porque en ambos recursos se 

cuestiona que el TPI hizo efectiva la sentencia, a pesar de que nunca 

atendió la moción de reconsideración y de que existe falta de parte 

indispensable.

I.

Los hechos pertinentes para atender y resolver este recurso 

son los siguientes.

El 8 de octubre de 2015, el agente Eliezer Cruz Pagán observó 

unos animales con la movilidad restringida y expuestos al agua y 

sol, sin donde refugiarse. Todos los animales se veían sucios y 

enfermos.

El 9 de octubre de 2015, el Tribunal expidió una Orden de 

Registro o Allanamiento en la propiedad ubicada en la Carr. 812, 

Bo. Dajaos, Camino Antosanti en Bayamón. La orden se expidió a 

base de la declaración jurada del agente Eliezer Cruz Pagán que 

observó: ocho canes, dos ponis, un burro y varios caballos en una 

residencia que aparentaba estar abandonada. El agente vio un can 

con poca movilidad, atado con un cable bien pegado a las rejas del 

balcón de un segundo piso. Otros canes estaban expuestos a la 

lluvia y al sol y no tenían donde refugiarse. El lugar estaba en total 

abandono, sucio y mal oliente. Todos los animales se veían sucios y 

enfermos. El agente declaró que estaba lloviendo y los caballos no 

tenían donde refugiarse. Cruz Pagán declaró que habló con una 

vecina que se identificó como Zoe Cruz Gil. Esta vecina le dijo que 
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era rescatista, que el problema existía hacia aproximadamente un 

año y que las gestiones que hizo con la policía para que removieran 

los animales fueron infructuosas. La señora Cruz le dijo que la 

dueña de los animales era Lilia Molina Ruiz y le dio su dirección. El 

agente fue dos veces a esa dirección, pero no salió nadie. 

Posteriormente acudió a la Fiscalía de Bayamón, porque los 

animales estaban en un estado crítico y podían morir. El fiscal Jesús 

Soto autorizó solicitar una Orden de Allanamiento para que todos 

los animales se removieran de la propiedad. Véase, pág. 232 del 

apéndice.

El 15 de octubre de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó los 

animales pertenecientes a la señora Lilia Molina Ruiz, por violación 

a la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, Ley Núm. 

154 de 2008.

El 1 de febrero de 2016, la señora Molina presentó una 

demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la que 

impugnó la confiscación. La demandante alegó que la Orden de 

Registro y Allanamiento era nula e ineficaz de su faz. Además, alegó 

que la confiscación era nula porque el Estado no la notificó dentro 

del término jurisdiccional establecido. Véase, pág. 228 del apéndice.

El Gobierno de Puerto Rico pidió la desestimación del pleito, 

porque de las alegaciones de la demanda era evidente que no 

confiscó los animales y que la demandante los entregó 

voluntariamente al Municipio Autónomo de Bayamón. El apelante 

argumentó que el tribunal autorizó el registro y allanamiento al 

amparo de la Ley de Maltrato de Animales. El Gobierno sostuvo que 

no tenía que notificar a la demandante de la confiscación, porque 

nunca confiscó su propiedad. Véase, pág. 193 del apéndice.

El 18 de agosto de 2016, el TPI dictó sentencia sumaria a favor 

de la señora Molina. El foro primario aplicó por analogía el Art. 1671 

de la Ley Núm. 154, supra, en el que se autoriza la confiscación de 
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gallos de pelea conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones. El 

tribunal resolvió a base de ese artículo que la Ley Núm. 154, supra,

se rige según lo establecido en la Ley Uniforme de Confiscaciones. 

No obstante, determinó que el Gobierno no probó de forma 

fehaciente que la demandante fue acusada por infracción a la Ley 

Núm. 154, supra. Finalmente resolvió que el Estado incumplió con 

la notificación requerida y tampoco realizó una investigación 

conducente a obtener una orden de confiscación dentro del término 

de 90 días. Por consiguiente, declaró nula la confiscación. Véase, 

pág. 149 del apéndice.

El Estado presentó una Moción de Relevo de Sentencia, en la 

que alegó que: (1) la demandante no tiene legitimación activa 

conforme a la Ley de Confiscaciones, (2) el Estado no confiscó los 

animales y (3) el Municipio Autónomo de Bayamón era una parte 

indispensable que no había sido incluido en el pleito. Véase, pág.

135 del apéndice.

El 6 de febrero de 2017, el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración. Véase, pág. 118 del apéndice. La decisión se 

notificó el 13 de febrero de 2017. El 21 de marzo de 2017, el TPI 

enmendó la notificación para incluir al Departamento de Justicia 

porque no fue notificado originalmente. El Gobierno solicitó 

reconsideración a la decisión de no autorizar el relevo de sentencia. 

El TPI denegó la reconsideración. El Gobierno acudió al Tribunal de 

Apelaciones donde alegó que el TPI nunca atendió la moción de 

reconsideración a la sentencia sumaria.

El 8 de junio de 2017, el Tribunal de Apelaciones revocó al 

TPI, le devolvió el caso para que atendiera la moción de 

reconsideración y dejó sin efecto la orden notificada el 21 de marzo 

de 2017. Véase, pág. 94 del apéndice.

El 17 de noviembre de 2017, el TPI declaró no ha lugar la 

reconsideración. Sin embargo, a esa fecha carecía de jurisdicción, 
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porque el caso estaba paralizado debido a la Ley PROMESA. Véase, 

pág. 91 del apéndice.

El 23 de noviembre de 2022, la señora Molina alegó que 

obtuvo un relief o stay y solicitó la continuación de los 

procedimientos y la entrega de los animales.

El Gobierno alegó que la sentencia era nula, debido a la 

ausencia de parte indispensable. El apelante adujo que el Municipio 

de Bayamón era parte indispensable, porque tiene la custodia de los 

animales. Además, adujo que la orden del 17 de noviembre de 2017 

era nula porque se dictó durante la paralización de la Ley 

PROMESA. El Gobierno alegó que la Ley Uniforme de Confiscaciones 

no aplica, porque los animales nunca fueron confiscados. Según el 

apelante, no existe una orden de confiscación, los animales no se 

entregaron a la Junta de Confiscaciones y no se tasaron y la 

confiscación no se notificó a las partes interesadas. Véase, pág. 53

del apéndice.

El Municipio Autónomo de Bayamón solicitó autorización 

para intervenir en el pleito. El peticionario alegó que es el propietario 

y dueño de los animales, porque el 15 de octubre de 2015, la señora 

Molina le entregó voluntariamente los 9 caballos y cuatro burros. El 

Municipio adujo que la señora Molina firmó un documento de Relevo 

de Responsabilidad, luego de ser orientada de las implicaciones de 

la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Véase, pág.

21 del apéndice del certiorari. El peticionario alegó que la señora 

Molina tiene que pagarle $371,935.90, por los gastos en que incurrió 

para el cuidado de los animales, si es que el tribunal ordena su 

devolución. El Municipio adujo que su intervención es necesaria, 

porque la controversia incide sobre los fondos públicos municipales 

y su interés propietario sobre los animales, derecho que la señora 

Molina perdió cuando se los entregó. Véase, pág. 8 del apéndice del 

certiorari.
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El 7 de febrero de 2023, el TPI denegó la intervención del 

Municipio, porque el caso versa estrictamente sobre una 

impugnación de confiscación. El tribunal señaló que el Municipio 

podía presentar sus reclamos en un pleito independiente de cobro 

de dinero. Véase, pág. 7 del apéndice del certiorari.

El TPI denegó la moción de reconsideración que presentó el 

Gobierno. El 10 de febrero de 2023, el TPI ordenó al Gobierno de 

Puerto Rico que entregara los animales.

Inconforme, el Municipio presentó el recurso que nos ocupa 

en el que alega que:

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

INTERVENCIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO.

II.

A.

La falta de jurisdicción es la autoridad o poder del tribunal 

para atender y decidir un caso o controversia. Las cuestiones de 

jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse con preferencia. 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde 

no existe. Los asuntos jurisdiccionales deben atenderse con

primacía, porque una sentencia dictada sin jurisdicción es nula. La 

falta de jurisdicción obliga al tribunal a desestimar la reclamación 

sin entrar en sus méritos. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208-

209 (2022).

B.

La Regla 16. 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

establece que, aquellas personas que tienen un interés común y sin 

cuya presencia no puede adjudicarse la controversia, se acumularán 

como demandantes o demandados, según corresponda. Una parte 

indispensable es aquella cuya presencia es imprescindible para 

adjudicar la controversia correctamente, porque de lo contrario, sus 

derechos quedarían afectados. La Regla 16.1, supra, es parte del 
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esquema constitucional que prohíbe que una persona sea privada 

de la libertad y propiedad, sin el debido proceso de ley. Además, 

garantiza que el dictamen judicial emitido sea completo. El interés 

de la parte indispensable en el pleito no es cualquiera. Su ausencia, 

imposibilita la confesión de un derecho adecuado, sin que sus 

intereses resulten afectados o destruidos. El interés común al que 

se refiere la Regla 16.1, supra, tiene que ser real e inmediato y no 

puede ser futuro ni especulativo. López García v. López García, 200 

DPR 50, 63-64 (2018).

La determinación final de si parte debe acumularse en un 

pleito, depende de los hechos específicos de cada caso. La decisión 

exige evaluar factores como tiempo, lugar, modo, alegaciones, 

prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y 

formalidad. Los tribunales tienen que hacer un análisis juicioso de 

los derechos de la parte ausente y de las consecuencias de que se 

unan al proceso. La pregunta fundamental es si el tribunal puede 

hacer justicia y conceder un remedio final y completo a las partes 

presentes, sin afectar los derechos de la parte ausente. La falta de 

parte indispensable constituye una defensa irrenunciable que puede 

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los 

foros apelativos pueden y deben levantar motu proprio la falta de 

parte indispensable, debido a que es un asunto que incide sobre su 

jurisdicción. López García v. López García, supra, págs. 64-65.

La Regla 16.1, supra, protege a las personas naturales o 

jurídicas ausentes en el pleito de los efectos de la sentencia y evita 

la multiplicidad de casos mediante un remedio efectivo y completo. 

La ausencia de una parte indispensable constituye una violación al 

debido proceso de ley. El mecanismo procesal de relevo de sentencia 

está disponible, cuando el dictamen se dictó en ausencia de una 

parte indispensable. Por tratarse de una violación a un derecho 
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constitucional, la sentencia es nula. López García v. López García,

supra, págs.65-67.

C.

La Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

la consolidación de pleitos que comprendan cuestiones comunes de 

hecho o de derecho. El tribunal podrá ordenar una sola vista o juicio 

sobre cualquiera o todas las cuestiones litigiosas comprendidas en 

dichos pleitos. Igualmente, podrá ordenar la consolidación de todos 

los pleitos y dictar órdenes que eviten gastos o dilaciones 

innecesarias.

La consolidación evita la proliferación de las causas de acción 

entre las mismas partes, lograr la economía e impide la indeseable 

probabilidad de fallos incompatibles sobre un mismo asunto. Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 415-416 (2009).

El juzgador debe evaluar si la consolidación contribuye a una 

resolución justa, rápida y económica y si evita resultados 

inconsistentes entre disputas que presentan cuestiones similares de 

hechos y derecho. Los tribunales han considerado los perjuicios que 

la consolidación puede ocasionar a los litigantes y al sistema de 

impartir justicia. Además de evaluar la posibilidad de que los 

perjuicios no puedan evitarse mediante órdenes cautelares, 

prestando especial atención a las circunstancias particulares del 

caso. La consolidación promueve la buena administración de la 

justicia, la aceleración de disputas y la reducción de los costos de la 

litigación. Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 136 (1996).

La posibilidad de perjuicios necesariamente no impide la 

consolidación. El tribunal deberá hacer un balance de los intereses 

involucrados y ponderar si existe un perjuicio real, versus el interés 

de lograr una solución justa, rápida y económica. Igualmente, tiene 

que considerar si las órdenes cautelares pueden evitar los efectos 

perjudiciales de la consolidación. La etapa procesal en la que se 
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solicita la consolidación es importante. La complejidad del caso es 

otro asunto a considerar, porque la consolidación es utilizada para 

atender adecuadamente los casos complejos. Vives Vázquez v. ELA,

supra, págs. 137-138.

La decisión de consolidar requiere medir todas las 

consideraciones a su favor y en su contra. El tribunal debe prestar 

atención particular a los hechos ante su consideración y su relación 

con todos los casos que se solicita que sean consolidados. La 

determinación descansa en la sana discreción del juez de instancia, 

ejercida a base de la totalidad de las circunstancias en los casos 

cuya consolidación se solicita. El tribunal revisor, dará gran 

deferencia a la decisión del juez de instancia. La deferencia solo será 

obviada, cuando se omitió considerar algún factor importante o el 

tribunal abusó de su discreción. Vives Vázquez v. ELA, supra,

págs.137, 139, 142.

La determinación judicial inicial sobre una solicitud de 

consolidación merece gran deferencia, cuando está basada en un 

análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias de los casos 

cuya consolidación se solicita. Hospital San Francisco v. Srio. de 

Salud, 144 DPR 586, 594 (1997).

D.

El mandamus es un recurso extraordinario altamente 

privilegiado y discrecional. A través de este recurso, el tribunal 

ordena a una persona natural o jurídica o un tribunal de inferior 

jerarquía que cumpla o ejecute un deber ministerial en función del 

cargo que ocupa. La obligación que se ordena cumplir tiene que ser 

cierta, porque el mandamus no aplica a obligaciones discrecionales. 

El mandamus no procede cuando existen remedios adecuados y 

eficaces disponibles. La parte que lo solicita tiene que haber 

interpelado previamente al funcionario responsable de cumplir la 

obligación ministerial. No obstante, ese requisito puede obviarse 
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cuando es inútil o el deber reclamado es público. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 75 (2017); AMPR v. Srio. Educación, 178 

DPR 253, 263-266 (2010).

El deber ministerial no tiene que ser expreso. El tribunal tiene 

autoridad para interpretar, si surge o no claramente de la 

disposición aplicable. La decisión no depende de un juicio a priori 

fundado exclusivamente en la letra del estatuto. La determinación 

tiene que estar basada en un análisis de todos los elementos útiles 

a la función interpretativa, el examen paciente y riguroso basado en 

la letra de la ley y la evaluación de todos los elementos de juicio 

disponibles para descubrir el verdadero significado y propósito de la 

ley. La determinación final dependerá de la interpretación que haga 

el tribunal sobre el grado de discreción que confirió el legislador.

AMPR v. Srio. Educación, supra, págs. 264-265.

E.

La presentación oportuna de una moción de reconsideración 

ante el Tribunal de Primera Instancia paraliza los términos 

concedidos por ley para acudir en revisión judicial al foro apelativo 

intermedio. No obstante, la paralización solo ocurre cuando la 

moción de reconsideración cumple con los requisitos expuestos en 

la Regla 47 de Procedimiento Civil. El término para solicitar revisión 

comenzará a transcurrir nuevamente desde que se archivó la copia 

de la notificación de la resolución en la que se resolvió la moción de 

reconsideración. Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, 201 DPR 330, 

338 (2018).

F.

Nuestra legislatura aprobó la Ley Núm. 154, supra, para 

adoptar la nueva visión mundial asumida en el siglo 21 hacia los 

animales. Las naciones de vanguardia reconocen que los animales 

son parte fundamental de nuestras vidas y de la sociedad. Los 

animales son vistos como seres sensitivos y dignos de un trato 
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humanitario y de derechos como el respeto, atención, cuidado y 

protección del ser humano. El legislador reconoció que la indignidad 

de la violencia es independientemente quien sea la víctima. A 

nuestra legislatura le quedó claro que una persona que abusa de los 

animales pudiera no tener empatía con otros seres vivos y tiene el 

riesgo de generar violencia hacia los demás. La legislatura de Puerto 

Rico concluyó que era preciso evitar el maltrato de animales y 

expresó la necesidad que nos destaquemos como una sociedad 

sensible y vanguardista. Exposición de Motivos.

La Ley 154, supra, define y establece una serie de delitos 

contra los animales y las penalidades que conllevan. Arts. 2.1 a 

2.15, 5 LPRA secs. 1664-1678, Art. 2.17, 5 LPRA sec. 1680.

Según lo dispuesto en el Art. Núm. 2.16, 5 LPRA sec. 1679:

(a) Cuando una persona haya sido acusada por actos de 

maltrato a un animal, el tribunal o los funcionarios 

del orden público podrán, como medida cautelar y 

preventiva en beneficio del animal, remover u 

ordenar la remoción provisional del mismo en lo que 

se ventila el caso. De igual modo, el tribunal podrá 

tomar u ordenar aquellas medidas cautelares que 

entienda conveniente y necesarias para la protección 

y el bienestar del animal, incluyendo la emisión de 

una orden de protección. El animal deberá ser 

entregado al albergue del municipio de la residencia 

del guardián o a aquella organización privada que 

haya intervenido en la situación de maltrato, si esta 

lo solicitase.

(b) Si luego de un juicio en sus méritos o vista no se 

demostrase la existencia de maltrato hacia el animal, 

este deberá ser devuelto a su guardián.

Por su parte, el Art. 2.18, 5 LPRA sec. 1681, permite el 

embargo del animal confiscado para recuperar cualquier gasto 

incurrido en su cuidado mínimo. El costo de este cuidado deberá 

satisfacerse antes de que sea devuelto o después que el acusado 

haya sido encontrado no culpable o de que se hayan desestimado 

los cargos criminales. Si el costo no es satisfecho en el término 

establecido, su custodia será transferida inmediatamente a la 

agencia o a persona que tiene la custodia. No obstante, el costo del 
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cuidado seguirá siendo responsabilidad del guardián contra quien 

la agencia o persona con custodia podrá llevar una acción civil de 

cobro de dinero.

G.

La Junta de Confiscaciones está adscrita al Departamento de 

Justicia. Su función es custodiar, conservar, controlar y disponer de 

la propiedad adquirida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

mediante el procedimiento de confiscación. Art. 3, 34 LPRA sec.

1724.

La confiscación es un proceso civil independiente de cualquier 

otro penal, civil o administrativo realizado contra el dueño o 

poseedor de los bienes ocupados. Los procesos de confiscación 

podrán llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse, declare 

culpable o absuelva el acusado. La confiscación va dirigida contra 

los bienes. La culpabilidad o inocencia del acusado no deberá 

tomarse en cuenta en el proceso de confiscación. Únicamente deberá 

tomarse en cuenta la adjudicación de los hechos en sus méritos. Lo 

determinante es si el bien se utilizó en la comisión de un delito 

independientemente del resultado de la acción criminal o de alguna 

otra naturaleza. Art. 8, 34 LPRA sec. 1724 (e).

El Gobierno de Puerto Rico podrá confiscar toda propiedad 

producto o utilizada en la comisión de todo delito grave o menos 

grave en los que la ley autorice la confiscación. Toda propiedad 

sujeta a una sentencia de confiscación será confiscada a favor del 

Gobierno de Puerto Rico. Art. 9, 34 LPRA sec. 1724 (f).

La ocupación de la propiedad sujeta a confiscación se llevará 

a cabo por la agencia del orden público o el funcionario encargado 

de la implantación de la ley por sí o por conducto de sus delegados, 

policías o agentes del orden público, mediante orden de un 

magistrado o tribunal competente o sin orden del tribunal en los 

casos expresamente contemplados. Art. 10, 34 LPRA sec. 1724g.
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El Director Administrativo de la Junta podrá disponer que la 

propiedad ocupada permanezca bajo la custodia de la agencia que 

la ocupó hasta un máximo de 45 días. Luego de ese plazo ordenará 

el traslado a aquel lugar que provea mayor protección y seguridad. 

Art. 14, 34 LPRA sec. 1724k.

Las personas notificadas que demuestren ser los dueños de la 

propiedad podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta 

días siguientes a fecha en que recibió la notificación, mediante una 

demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

funcionario que autorizó la ocupación. La parte demandante deberá 

emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días 

siguientes a la presentación de la demanda. El tribunal ordenará 

una vista de legitimación, luego de contestada la demanda. Durante 

la vista el demandante tiene que demostrar que ejercía el control y 

dominio sobre la propiedad antes de la confiscación. Art. 15, 34 

LPRA sec. 1724(l).

III.

Nos corresponde primero evaluar la procedencia de las 

alegaciones sobre falta de parte indispensable, ya que esa 

controversia incide directamente sobre nuestra jurisdicción.

El Municipio Autónomo de Bayamón es una parte 

indispensable, porque sin su presencia, la controversia no puede 

adjudicarse correctamente. Su omisión en el proceso tiene la grave 

consecuencia de lesionar los fondos públicos municipales, sin las 

garantías del debido proceso de ley.

El derecho del Municipio sobre los animales que la 

demandante alega que el Estado confiscó ilegalmente es más que 

claro. No es posible hablar de confiscación, cuando el expediente 

tiene evidencia incuestionable de que la demandante entregó los 

animales voluntariamente al Municipio.
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El 15 de octubre de 2015, la demandante firmó un documento 

de Relevo de Responsabilidad con el Municipio. El documento se 

firmó el mismo día que se diligenció una orden judicial de 

allanamiento y que los animales fueron ocupados por violación a la 

Ley Núm. 154, supra. La demandante reconoció en ese documento 

que fue orientada y que estaba consciente de la Ley para el bienestar 

y protección de los animales de Puerto Rico, por lo que hizo entrega 

voluntaria al Municipio de 9 caballos y 4 burros y eximió a la ciudad 

de Bayamón y a sus empleados de toda responsabilidad. A partir del 

15 de octubre de 2015, el Municipio ha tenido la custodia y posesión 

de los animales y ha incurrido en los gastos que eso conlleva. El 

Relevo de Responsabilidad nos hace pensar que la demandante 

incluso pudo haberle transmitido al Municipio la titularidad de los 

animales. No obstante, del documento no surge intervención alguna 

del Estado con los animales. Véase, pág. 21 del apéndice. El interés 

del Municipio es inmediato y real, porque evidenció que desembolsó 

unos $371,935.90 de sus fondos para el mantenimiento de los 

animales.

El TPI erró al no desestimar la demanda, a pesar de que es 

evidente que el Municipio es una parte indispensable. Al tribunal le 

es imposible hacer justicia y conceder un remedio completo, sin 

lesionar los derechos del Municipio. La ausencia del Municipio 

Autónomo de Bayamón conlleva la nulidad de toda acción y 

procedimiento incluyendo la sentencia, porque el tribunal no tiene 

jurisdicción para atender el caso. La falta de jurisdicción nos obliga 

a ordenar la desestimación de la demanda.

El Gobierno de Puerto Rico alega que el tribunal tiene el deber 

ministerial de atender la solicitud de reconsideración que presentó 

el 7 de septiembre de 2016. No obstante, es inmeritorio pasar juicio 

sobre ese error, debido a que ordenamos la desestimación de la 

demanda.
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IV.

Por lo antes expuesto, se desestima la demanda y se declara 

nulo todo procedimiento y decisión dictada en el caso, porque el 

tribunal no tiene jurisdicción para atender un caso en ausencia de 

falta de parte indispensable.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones