Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

CHEMEX CORPORATION

Apelante

v.

ALLIANZ GLOBAL 

CORPORATE & SPECIALTY 

(AGCS) MARINE 

INSURANCE COMPANY

Apelado

KLAN202300913

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Ponce

Caso Núm. 

PO2019CV03281

Sobre: 

Incumplimiento 

Contractual, Daños 

Contractuales, 

Incumplimiento 

Aseguradoras Irma y 

María

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, 

el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero. 

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

I.

El 13 de octubre de 2023, Chemex Corporation (Chemex o la 

parte apelante) presentó una Apelación en la que solicitó que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) el 29 de agosto de 2023, 

notificada y archivada en autos el 30 de agosto de 2023.1 En el 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una Demanda Enmendada en 

reclamo de incumplimiento contractual y daños, promovida por 

Chemex en contra de Allianz Global Corporate & Specialty Marine 

Insurance Company (Allianz Global o la parte apelada).

El 17 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que 

le concedimos a la parte apelada hasta el 13 de noviembre de 2023 

para que presentara su alegato en oposición.

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 25, págs. 251-273.
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El 13 de noviembre de 2023, Allianz Global radicó un Alegato 

de la parte demandada-apelada Allianz Global Corporate & Specialty 

(AGCS) Marine Insurance Company en el que solicitó que

confirmemos la Sentencia apelada y que condenemos a Chemex al 

pago de costas, gastos y honorarios de abogado por frivolidad y 

temeridad al promover la Apelación.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Apelación.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 19 de septiembre de 

2019 cuando Chemex instó una Demanda en contra de Allianz 

Global por incumplimiento de contrato, dolo, daños contractuales y 

violación al Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 1957, 

según enmendada, 26 LPRA secs. 101 et seq., (Código de Seguros).

2

Según la reclamación, tras el paso del Huracán María el 20 de 

septiembre de 2017, sufrió daños una propiedad perteneciente a 

Chemex, la cual estaba asegurada en ese momento por una Póliza 

de seguros (Póliza) expedida por Allianz Global bajo el número 

CIM0922899. Según alegó, la parte apelante notificó los daños a la 

aseguradora y realizó una reclamación para recibir los beneficios 

bajo la Póliza, la cual recibió el número 80143837. Sin embargo, 

adujo que la misma no fue ajustada por la parte apelada. A su 

entender, Allianz Global no tenía base para rehusar el pago de las 

pérdidas pese a conocer el valor total de los daños, falló al no 

investigar expeditamente la reclamación y no hizo un intento de 

buena fe para ajustarla. También, argumentó que dichas acciones 

u omisiones podrían constituir prácticas desleales y mala fe y, en 

vista de ello, se reservó el derecho a solicitar remedios por 

violaciones al Artículo 27.164 del Código de Seguros, supra sec. 

2 Íd., Anejo 1, págs. 1-8.
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2716d. En consecuencia, le solicitó al TPI que dictara sentencia a 

su favor y le ordenara a Allianz Global sufragar la totalidad de los

daños a la propiedad cubierta por la póliza de seguro; los daños 

contractuales, las costas judiciales y honorarios razonables, 

conforme al inciso (4) del Artículo 27.164 del Código de Seguros, 

supra; y las costas y honorarios de abogado producto del caso.

El 9 de julio de 2020, Allianz Global presentó una Moción 

solicitando desestimación de causa de acción de mala fe, solicitando 

exposición más definida sobre causa de acción de incumplimiento de 

contrato y solicitando eliminación de expresiones inflamatorias en la 

que arguyó que el TPI debía desestimar la causa de acción 

presentada al amparo del Artículo 27.164 del Código de Seguros, 

supra, porque incumplió con el requisito de notificación a la Oficina 

del Comisionado de Seguros (OCS) y a la aseguradora, que le impone 

el estatuto.3 Asimismo, solicitó que se le ordenara a la parte apelante

especificar los daños reclamados y a eliminar una sección de la 

Demanda por tratarse de un trasfondo redundante, inmaterial e 

impertinente, traído con el propósito de inflamar pasiones en contra 

de la industria de seguros.

El 7 de agosto de 2020, Chemex radicó una Demanda 

enmendada en la que eliminó las alegadas expresiones inflamatorias 

de la reclamación, así como delineó las alegaciones en cuanto a la 

causa de acción por incumplimiento de contrato y los daños sufridos 

tras el paso del Huracán María.

4

Ese mismo día, también presentó una Oposición a moción de 

desestimación en la que planteó que la petición desestimatoria de 

Allianz Global se tornó académica tras la radicación de la Demanda 

Enmendada.

5

3 Íd., Anejo 4, págs. 13-23.

4 Íd., Anejo 5, págs. 24-29.

5 Íd., Anejo 6, págs. 30-31.
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El 10 de agosto de 2020, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la moción de desestimación promovida por 

Allianz Global.

6

El 11 de septiembre de 2020, Allianz Global presentó una 

Moción solicitando desestimación de causa de acción de dolo bajo el 

artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA §3024 en la que argumentó 

que las alegaciones de Chemex respecto al dolo contractual eran 

realmente imputaciones de violaciones al Artículo 27.164 del Código 

de Seguros, supra.

7 Por lo tanto, planteó que el Código de Seguros 

era la ley especial para atender dichas alegaciones y, en base a ello, 

la parte apelante no podía instar una reclamación bajo estas

disposiciones. Además, arguyó que tampoco las podía promover al 

amparo del entonces vigente Artículo 1060 del Código Civil de Puerto 

Rico de 1930 (Código Civil de 1930), 31 LPRA ant. sec. 3024.

El 18 de octubre de 2023, Chemex radicó una Oposición a 

moción de desestimación parcial en la que argumentó que no 

procedía la desestimación dado que, cuando incluyó referencias al 

Código de Seguros, supra, en la Demanda Enmendada, no pretendía 

levantar una causa de acción bajo dicho estatuto, sino establecer 

un marco de interpretación del contenido y del alcance de las 

obligaciones generadas por el contrato de seguros.

8 También, 

planteó que, en todo caso, los remedios provistos por el Código de 

Seguros, supra, son adicionales a las causas de acción reclamadas 

en este caso y, por tanto, el presente pleito era independiente y 

separado a estos.

El 19 de julio de 2021, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la petición desestimatoria promovida por 

6 Íd., Anejo 7, pág. 32.

7 Íd., Anejo 9, págs. 35-40.

8 Íd., Anejo 10, págs. 41-63.
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Allianz Global.9 En consecuencia, le concedió un término de veinte 

(20) días a la parte apelada para contestar la Demanda Enmendada.

Inconforme con la decisión del foro primario, el 13 de agosto 

de 2023, Allianz Global acudió ante esta Curia mediante un recurso 

de Certiorari en el que cuestionó la determinación, el cual recibió el 

alfanumérico KLCE202100992. El 9 de septiembre de 2021, un 

panel hermano denegó la expedición del recurso.10 Luego de que la 

parte apelada solicitara reconsideración, el 29 de septiembre de 

2023, el mismo panel rechazó dicha petición.11 Posteriormente, el 

14 de enero de 2022, el Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar la 

petición de Certiorari presentada por la parte apelada ante el más 

alto foro.12

El 9 de agosto de 2021, Allianz Global presentó una 

Contestación a Demanda Enmendada en la que negó la mayoría de 

las alegaciones esbozadas por Chemex.

13 Asimismo, planteó que 

atendió oportunamente la reclamación, la cual fue cerrada porque 

la cantidad total de pérdidas no excedió el deducible aplicable bajo 

la Póliza. Por consiguiente, solicitó que se desestimara el pleito y que 

se condenara a Chemex al pago de costas, gastos y honorarios de 

abogado por temeridad.

Tras múltiples trámites procesales, el 28 de abril de 2023, 

Allianz Global radicó una Moción solicitando sentencia sumaria en la 

que solicitó la desestimación con perjuicio de la Demanda 

Enmendada, basándose en que, concluido el descubrimiento de 

prueba, era evidente que Chemex carecía de prueba para sustentar 

sus alegaciones.

14

9 Id., Anejo 12, pág. 66.

10 Íd., Anejo 16, págs. 82-86.

11 Íd., pág. 89.

12 Íd., pág. 92.

13 Íd., Anejo 14, págs. 70-75.

14 Íd., Anejo 20, págs. 98-143.
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A su juicio, el pleito únicamente presentaba los siguientes 

asuntos litigiosos: (1) si Allianz Global incumplió con los deberes y 

responsabilidades establecidos por la Póliza; (2) si la parte apelada 

incumplió con los deberes y responsabilidades impuestos por el 

Código de Seguros, supra, en cuanto al manejo de las 

reclamaciones; (3) si la parte apelada incurrió en dolo; y (4) si 

Chemex fue temeraria al presentar la Demanda. Respecto a estas, 

arguyó que no solo Chemex carecía de prueba para demostrar el 

alegado incumplimiento de Allianz Global, sino que, como cuestión 

de hechos, fue la parte apelante la que incumplió con los términos 

de la Póliza.

En síntesis, la parte apelada alegó la siguiente relación de 

hechos: (1) una vez presentada la reclamación de Chemex por los 

daños causados a un “tráiler” utilizado como oficina, Allianz Global 

la atendió y, luego, determinó cerrarla debido a que los daños 

reportados no superaron el deducible de la Póliza, pero dejó abierta 

la posibilidad de que la parte apelante sometiera evidencia de daños 

adicionales; (2) transcurrido casi un año de dicha comunicación, el

13 de marzo de 2019, la corredora de seguros de Chemex le informó 

a Allianz Global que existían daños adicionales y, ese mismo día, la 

parte apelada acusó de recibo la comunicación y quedó a la espera 

de evidencia de nueva información; (3) posteriormente, el 30 de abril 

de 2019, la parte apelada le dio seguimiento a la comunicación de 

la corredora sin que esta respondiera; (4) luego, el 17 de mayo de 

2019, le envió otra comunicación a Chemex, solicitando evidencia 

adicional y concediendo hasta el 1 de junio de 2019 para recibirla; 

(5) esa última comunicación nunca fue contestada por Chemex a 

través de su corredora de seguros. A partir de esa situación, esbozó 

que se debía concluir que Allianz Global acogió la reclamación, 

evaluó los daños, notificó el cierre de la reclamación y le otorgó a 

Chemex oportunidad de presentar evidencia adicional de daños. En 
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contraste, según planteó, la parte apelante no cooperó con el 

proceso de la reclamación y, todavía más, incumplió con sus 

obligaciones bajo la Póliza. En adición, sostuvo que Chemex incurrió 

en temeridad, desidia y conducta contumaz y, por lo tanto, debe ser 

condenada con la imposición de costas y honorarios de abogado.

El 19 de mayo de 2023, Chemex presentó una Oposición a 

moción solicitando sentencia sumaria en la que solicitó al TPI que 

declarara No Ha Lugar la Moción solicitando sentencia sumaria y 

ordenara la continuación de los procesos.15 Por un lado, planteó que 

la moción no cumplió con los requisitos establecidos por la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Respecto a ello, 

adujo que los anejos presentados en apoyo a la moción eran 

inadmisibles en evidencia por no haber sido autenticados. Por otro 

lado, arguyó que existían controversias de hechos materiales que 

impedían que se dictara sentencia sumaria, a la vez que alegó que 

la solicitud era contraria al interés público protegido por el Código 

de Seguros, supra. A su entender, estaba en controversia: (1) la 

valoración de las pérdidas sufridas por Chemex; (2) si Allianz Global 

violó el Código de Seguros al negarse a reconocer y ajustar los daños 

que sufrió Chemex, aún cuando poseía un informe pericial que los 

estimó; (3) si Allianz Global incumplió con sus obligaciones bajo al 

Póliza; y (4) si la negativa de Allianz Global a hacer un ajuste rápido, 

justo, equitativo y de buena fe constituye una violación a las 

obligaciones impuestas por el Código de Seguros y sus Cartas 

Normativas. En síntesis, esbozó que Allianz Global tenía una 

obligación de investigar, inspeccionar, estimar y ajustar los daños y 

no lo hizo, puesto que, desde 2021, tuvo en su posesión un informe 

pericial junto a cotizaciones para las reparaciones de los daños 

reclamados.

15 Íd., Anejo 22, págs. 145-224.
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El 12 de julio de 2023, Allianz Global radicó una Réplica a 

oposición a moción solicitando sentencia sumaria en la que denunció 

que Chemex, en su escrito, abandonó las alegaciones de la Demanda 

Enmendada y, en su lugar, intentó argumentar que la parte apelada 

incumplió obligaciones contractuales en el periodo posterior a la 

presentación de la Demanda.

16 Todavía más, señaló que los 

documentos que acompañaron su Moción solicitando sentencia 

sumaria fueron producidos por Chemex como parte del 

descubrimiento de prueba. Por ello, arguyó que la parte apelante no 

podía oponerse a su admisibilidad en esta etapa. Además, planteó 

que el pleito comenzó el 19 de septiembre de 2019 y, por lo tanto, el 

informe pericial y las cotizaciones fueron producidos con 

posterioridad a la presentación de la Demanda y no como parte del 

trámite previo de la reclamación. Es decir, en el proceso de ajuste 

de la reclamación, Chemex no le suministró a Allianz Global la 

evidencia ni alguna otra prueba para constatar los daños 

adicionales.

El 29 de agosto de 2023, el TPI emitió la Sentencia apelada en 

la que declaró No Ha Lugar la Demanda Enmendada.

17 El dictamen 

fue notificado al día siguiente. En concreto, el foro primario consignó 

los siguientes hechos incontrovertidos:

1. El día 20 de septiembre de 2017 el Huracán María pasó 

por Puerto Rico.

2. Para el 20 de septiembre de 2017 CHEMEX 

CORPORATION mantenía en vigor una póliza de seguros 

de propiedad número CIM0922899 (en lo sucesivo la

Póliza) con Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) 

Marine Insurance Company la cual está sujeta a sus 

cláusulas, términos, condiciones, exclusiones, endosos 

y límites.

3. El periodo de vigencia de la Póliza es desde el 17 de 

agosto de 2017 hasta el 17 de agosto de 2018.

4. Como consecuencia del paso del huracán María, la Parte 

Demandante presentó una reclamación bajo la Póliza a 

la que se le asignó el número 8014383.

5. En o alrededor del 16 de noviembre de 2017, Chemex, 

por conducto de sus corredores de seguros Ronald B. 

Castro and Associates, Inc., le notificó a AGCS de una 

posible reclamación a raíz del paso del Huracán María 

16 Íd., Anejo 23, págs. 225-246.

17 Íd., Anejo 25, págs. 251-273.
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por la zona de Puerto Rico. Al momento de notificar de 

esta potencial pérdida, Ronald B. Castro and Associates, 

Inc. no detalló la misma ni produjo información adicional 

relacionada a la misma.

6. El 28 de diciembre de 2017, AGCS, por conducto del Sr. 

Lucas McVey, se comunicó con el corredor de seguros de 

Chemex y solicitó información relacionada a la supuesta 

pérdida de Chemex. En específico, AGCS solicitó una 

descripción del alcance de la pérdida, estimados de 

reparación y localización de los equipos dañados.

7. El 3 de abril de 2018, AGCS, nuevamente por conducto 

del Sr. Lucas McVey, cursó una comunicación en 

seguimiento a los corredores de seguro de Chemex 

solicitando, nuevamente, información relacionada a su 

supuesta pérdida.

8. El mismo 3 de abril de 2018, Ronald B. Castro and 

Associates, Inc. le notificó a AGCS que ya no era corredor 

de seguros Chemex.

9. En o alrededor del 2 de mayo de 2018, AGCS, 

nuevamente por conducto del Sr. Lucas McVey, se 

comunicó con la Sra. María Nadal de Chapel & 

Associates, Inc., entidad que sustituyó a Ronald B. 

Castro and Associates, Inc. como corredores de seguros 

de Chemex. AGCS solicitó de la Sra. Nadal, nuevamente, 

información detallada de la supuesta pérdida de 

Chemex.

10. En o alrededor del 12 de junio de 2018, Chemex, por 

conducto de la Sra. María Nadal de Chapel & Associates, 

Inc., indicó a AGCS que el único daño sufrido por 

Chemex a raíz del paso del Huracán María fue a un 

“trailer” utilizado por Chemex como espacio de oficina.

11. El 25 de julio de 2018, AGCS procedió a enviar una 

misiva formal a Chemex notificándole que, en la medida 

que el único daño siendo reclamado por Chemex no 

excedía los deducibles aplicables a su póliza con AGCS, 

se estaría cerrando la reclamación. AGCS le informó que, 

de Chemex querer reabrir su reclamación, podía hacerlo. 

La misiva de AGCS de 25 de julio de 2018 expresó: “If 

you decide to re-open your claim in the future or find 

additional damage related to this occurrence, please 

notify your agent or our office and we will re-open your 

claim and resume our investigation”.

12. Tras el cierre de la reclamación que notificara AGCS, el 

25 de julio de 2018, representantes de la parte 

demandante se comunicaron con AGCS para aducir que 

tenían información relacionada a pérdidas adicionales.

13. El 13 de marzo de 2019, Chemex, por conducto de la

Sra. María Nadal de Chapel & Associates, Inc., indicó a 

AGCS que supuestamente existían daños adicionales y 

que sometería la información relacionada a estas 

pérdidas en fecha futura.

14. Entre las fechas de 30 de abril de 2019 y 17 de mayo de 

2019, AGCS, esta vez por conducto del Sr. Tony Ávila, le 

cursó varias comunicaciones a la Sra. la Sra. María 

Nadal de Chapel & Associates, Inc. indicándole que no 

se había recibido información adicional sobre estas 

supuestas pérdidas adicionales y advirtiéndole que, de 

no recibirse información adicional para el 1 de junio 

de 2019, AGCS procedería a cerrar la reclamación 

nuevamente.

15. La Sra. María Nadal de Chapel & Associates, Inc., 

corredora de seguros de Chemex, no contestó los correos 

de seguimiento de AGCS de 30 de abril de 2019 y 17 de 

mayo de 2019, ni tampoco envió información adicional 

alguna a AGCS relacionada a las supuestas pérdidas 

adicionales de AGCS.
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16. Concluido el descubrimiento de prueba en el caso de 

autos, la parte demandante no produjo evidencia alguna 

de que, previo a la presentación de la Demanda que dio 

origen al presente caso, le sometió a AGCS evidencia de 

supuestos daños más allá “trailer” utilizado por Chemex 

como espacio de oficina. Énfasis y subrayado en el 

original.

A base de estos hechos, concluyó que Allianz Global no incurrió en 

incumplimiento contractual alguno, puesto que, considerados los 

daños que le habían sido reclamados, determinó correctamente que 

los mismos no excedían el deducible de la Póliza. A su juicio, no 

surgió evidencia que demostrara que Chemex cuestionara la 

conclusión de la aseguradora, sino que, siete (7) meses después 

del cierre de la reclamación, indicó que tenía daños adicionales y 

que sometería información para evidenciarlo en el futuro, lo cual no 

hizo. Así, razonó que no había evidencia para establecer que la parte 

apelante cooperó en el trámite de la reclamación, ni siquiera para 

señalar los alegados daños adicionales para que pudieran ser 

investigados. Por todo ello, dictaminó que Allianz Global no incurrió 

en dolo y que, por el contrario, actuó en conformidad con el Código 

de Seguros al resolver la reclamación mediante el cierre por 

inactividad del reclamante.

El 14 de septiembre de 2023, Chemex presentó una Moción de 

reconsideración en la que solicitó al foro primario reconsiderar la 

Sentencia.

18

El 15 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la petición de reconsideración.19

El 13 de octubre de 2023, Chemex radicó la presente 

Apelación ante esta Curia en la que solicitó que revoquemos la 

Sentencia dictada por el TPI. En su recurso, la parte apelante le 

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA 

DEMANDA ENMENDADA POR EXISTIR HECHOS 

18 Íd., Anejo 28, págs. 278-296.

19 Id., Anejo 30, pág. 303.
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MATERIALES EN CONTROVERSIA Y NO PROCEDER 

CONFORME A DERECHO.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA 

DEMANDA ENMENDADA Y NO TOMAR MEDIDAS MENOS 

DRÁSTICAS, EN PROTECCIÓN DEL ASEGURADO EN UN 

CASO DE ALTO INTERÉS PÚBLICO, SIN SURGIR QUE LA 

ASEGURADORA HUBIESE CUMPLIDO CABALMENTE CON 

SUS DEBERES Y OBLIGACIONES HACIA EL ASEGURADO 

NI QUE HUBIESE LOGRADO ESTABLECER PERJUICIO 

SUSTANCIAL ALGUNO.

En apoyo de su petición, argumentó que de los documentos que 

obran en el expediente del caso surge que: (1) Allianz Global 

incumplió con sus deberes bajo el Código de Seguros; (2) que la parte 

apelada no logró establecer que la falta de cooperación de Chemex 

le causó perjuicio suficiente a la aseguradora como para relevarla de 

responsabilidad; (3) Allianz Global no implementó métodos 

razonables para la rápida investigación de la reclamación; (4) 

tampoco intentó de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y 

equitativo de la reclamación; (5) la aseguradora no podía requerir 

condiciones irrazonables a Chemex para realizar el ajuste, dilatarlo 

o negar el pago bajo el pretexto de información insuficiente cuando 

se podía obtener mediante métodos ordinarios de investigación, 

conforme al Código de Seguros y su Reglamento; y (6) tampoco envió 

personal a inspeccionar los daños sufridos. En suma, a su juicio, la 

tardanza u omisión en notificar detalles de daños adicionales a la 

aseguradora no era prueba suficiente, por si sola, para justificar la 

desestimación de la Demanda Enmendada.

El 13 de noviembre de 2023, Allianz Global radicó un Alegato 

de la parte demandada-apelada Allianz Global Corporate & Specialty 

(AGCS) Marine Insurance Company en el que argumentó a favor de 

confirmar la Sentencia apelada y de la imposición de sanciones a 

Chemex por frivolidad y temeridad. Según esbozó, Chemex no pudo, 

ni posee prueba para, evidenciar que Allianz Global actuó en 

contravención de la Póliza o del Código de Seguros. En contraste, 

planteó que la prueba producida en el descubrimiento de prueba 
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demostró lo contrario: que, antes del litigio, la parte apelante no 

presentó una reclamación por daños en exceso del deducible de la 

Póliza.

En cuanto a los hechos, recalcó que Allianz Global atendió la 

reclamación de la parte apelante según la información provista 

inicialmente – el 25 de julio de 2018 – informándole que podría 

reabrir la reclamación si existía un daño adicional. Luego, el 13 de 

marzo de 2019, la parte apelante informó que existían daños 

adicionales, pero quedó pendiente de someter la evidencia de ellos, 

según adujo. Ante ello, alegó que el 30 de abril y el 17 de mayo de 

2019, le dio seguimiento a la comunicación, apercibiendo a la parte 

apelante de que cerraría la reclamación de no recibirse contestación,

lo cual hizo después de que Chemex no contestara ni proveyera 

información adicional sobre los daños. 

En los méritos, la parte apelada sostuvo que Chemex no 

controvirtió estos hechos materiales a la controversia, los cuales 

alegó que demuestran que Allianz Global cumplió con todas sus 

obligaciones y que, por el contrario, fue la parte apelante la que 

incumplió sus deberes. Por último, arguyó que la presentación de la 

Apelación constituyó una secuela del afán de la parte apelante en 

reclamar daños que no puede probar y alargar un litigio basado en 

una premisa falsa. Por lo tanto, argumentó que procedía la 

imposición de sanciones ante semejante conducta temeraria y 

frívola.

En consideración de los errores imputados al foro primario, 

exponemos las normas jurídicas atinentes.

III.

A.

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. El propósito de 

esta regla es facilitar la solución justa, rápida y económica de litigios 
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civiles en los cuales no existe controversia real y sustancial de 

hechos materiales que no requieren ventilarse en un juicio plenario. 

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Bobé et al. v. 

UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017); SLG ZapataRivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

Mediante este mecanismo, una parte puede solicitar que el 

tribunal dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o 

de parte de esta. De esta forma se promueve la descongestión de 

calendarios, así como la pronta adjudicación de controversias 

cuando una audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 

Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está 

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 

El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no 

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con 

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como 

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317.

De acuerdo con las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 36.1 & 36.2, el promovente de la moción de sentencia 

sumaria deberá establecer, mediante declaraciones juradas o con 

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real 

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la 

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3(a), tendrá que 

desglosar lo siguiente: 

1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
KLAN202300913 14

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a 

la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos 

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido.

En cambio, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3(b) dispone que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria debe contener, además de los sub incisos (1), (2) y (3) del 

inciso (a): una relación de los hechos esenciales y pertinentes que 

están en controversia, con referencia a los párrafos enumerados por 

la parte promovente y con indicación de la prueba en la que se 

establecen esos hechos; una enumeración de los hechos que no 

están en controversia; y las razones por las cuales no se debe dictar 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable.

En este sentido, el promovido tiene el deber de controvertir la 

prueba presentada por la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra;

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010); Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). En 

otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que están en 

disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 
KLAN202300913 15

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los 

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar 

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la 

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015). 

Esto, con el propósito de evitar que una de las partes se vea 

impedida de ejercer su día en corte. Íd.

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal 

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro 

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar 

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo,

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser 

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de 

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia 

dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los 

requisitos de forma que dispone la Regla 36, supra, tanto en la 

moción de sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar 

si existen hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro 

apelativo tendrá que exponer los hechos en controversia y los que 

no, como dispone la Regla 36.4, supra. Si el Tribunal Apelativo no 

encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro 

inferior aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119.
KLAN202300913 16

B.

En nuestra jurisdicción, conforme ha sido pautado por 

nuestro Tribunal Supremo, la industria de los seguros está revestida 

de un alto interés público, juega un crucial papel económico porque 

le permite a personas y negocios proteger sus recursos transfiriendo 

el impacto de ciertos riesgos a cambio del pago de una prima y, por 

ello, ha sido extensamente reglamentada por el Estado. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 896-897 (2012). 

De acuerdo con la jurisprudencia, la póliza es el documento 

escrito en el que se plasman los términos que rigen el contrato de 

seguro, los cuales constituyen la ley entre las partes. Íd., pág. 897.

Este, según lo define el Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 102, es aquel contrato “mediante el cual una persona se obliga 

a indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”. En otras palabras, a cambio de una prima, el asegurador 

se compromete a indemnizar a un tercero, el asegurado o 

reclamante, por una pérdida contingente a que ocurra un evento 

futuro incierto e imprevisto. Maderas Tratadas v. Sun Alliance,

supra, pág. 897 (citando a R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1999, pág. 387).

Entre los tipos de seguros regulados por el Código de Seguros, 

supra, se encuentra el seguro de propiedad. En específico, el Art. 

4.040 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 404, define el seguro de 

propiedad como “[...] el seguro de toda clase de bienes raíces o 

muebles, e interés sobre los mismos, contra pérdida o daños por 

cualquier riesgo o causa, y contra pérdida como consecuencia de 

tales pérdidas o daños, que no sea una responsabilidad legal no 

contractual por tales pérdidas o daños”.

En otro extremo, en adición a que la Póliza constituya la ley 

entre las partes y establezca los términos del contrato de aseguro, el 
KLAN202300913 17

Art. 11.250 del Código de Seguros, supra sec. 1125, reglamenta la 

interpretación de las pólizas al disponer específicamente que “[t]odo 

contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en 

la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por 

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte 

de ésta”. En este tema, las normas generales del Código Civil sobre 

la interpretación de los contratos solo serán aplicables de manera 

supletoria. Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 

DPR 1, 6 (1981).

A lo anterior se añade que, en nuestra jurisdicción, los 

contratos de seguros son contratos de adhesión y, por ello, como 

norma general, sus disposiciones deben ser interpretadas 

liberalmente a favor del asegurado. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, supra, págs. 898-899. Ahora bien, esta norma no es de 

aplicación cuando las cláusulas en cuestión son claras y libres de 

ambigüedad, en cuyo caso se hará valer la clara intención de las 

partes y el asegurado estará obligado por los términos incluidos en 

el contrato. Íd., pág. 899. En este contexto, se entiende por términos 

claros aquellos que son bastante lúcidos para ser entendidos en un 

único sentido, sin lugar a duda, ni controversias ni diversidad de 

interpretaciones ni necesitar razonamientos o demostraciones 

impugnables para su comprensión. S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009) (citando a Sucn. Ramírez 

v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959)).

Por otra parte, el Capítulo 27 del Código de Seguros, supra, 

establece las prácticas desleales y fraudes prohibidos en la industria 

de los seguros. De acuerdo con el Art. 27.010 del Código de Seguros, 

supra sec. 2701, el propósito de dicho capítulo es regular las 

prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo y 

prohibiendo todas aquellas que constituyen métodos desleales de 
KLAN202300913 18

competencia, o actos o prácticas engañosas. En específico, el Art. 

27.161 del Código de Seguros, supra sec. 2716a, dispone que:

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o 

llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas 

desleales: 

(1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los 

términos de una póliza, relacionados con una cubierta en 

controversia. 

(2) Dejar de acusar recibo y no actuar con razonable 

diligencia dentro de los noventa (90) días, luego de radicada 

y notificada una reclamación bajo los términos de una póliza. 

(3) Dejar de adoptar e implementar métodos razonables para 

la rápida investigación de las reclamaciones que surjan bajo 

los términos de una póliza. 

(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 

investigación razonable basada en la información disponible. 

(5) Rehusar confirmar o denegar cubierta de una 

reclamación dentro de un término razonable luego de 

haberse completado la declaración de pérdida. 

(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, 

justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 

claramente la responsabilidad. 

(7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar pleitos 

para recobrar bajo los términos de una póliza, porque se le 

ha ofrecido al asegurado o reclamante una cantidad 

sustancialmente menor que la cantidad que podría ser 

recobrada finalmente en un litigio o porque se le ha negado 

incorrectamente la cubierta bajo los términos de la póliza. 

[...]

(12) Rehusar transigir rápidamente una reclamación cuando 

clara y razonablemente surge la responsabilidad bajo una 

porción de la cubierta, con el fin de inducir a una transacción 

bajo otra porción de la cubierta de la póliza. 

[...]

(17) Negar el pago de una reclamación bajo el pretexto de 

información insuficiente cuando ésta era capaz de ser 

obtenida bajo métodos ordinarios de investigación. 

[...]

(20) Requerir condiciones irrazonables al asegurado o 

reclamante para realizar el ajuste de la reclamación o dilatar 

el mismo. 

[...]

De considerar que una aseguradora incurrió en una de estas 

prácticas prohibidas y de entender que ello le ha causado daños, 

cualquier persona puede incoar una acción civil en contra de la 

aseguradora, en virtud del inciso (1) del Art. 27.164 del Código de 

Seguros, supra sec. 2716d. Ahora bien, el inciso (3) del mismo 

artículo le impone al agraviado la condición previa de notificar la 

violación por escrito tanto al Comisionado de Seguros como a la 

aseguradora. Íd. Por último, el inciso (6) de dicho artículo preceptúa 

lo siguiente:
KLAN202300913 19

El recurso civil especificado en este Artículo no 

sustituye cualquier otro recurso o causa de acción prevista 

en virtud de cualquier otro estatuto o de conformidad con las 

leyes de Puerto Rico o las leyes federales aplicables. 

Cualquier persona podrá reclamar bajo las disposiciones 

generales referente a materia de contratos o derecho 

extracontractual o daños y perjuicios, según 

contemplados en el Código Civil de Puerto Rico. Sin 

embargo, los tribunales o foros adjudicativos están 

impedidos de procesar y adjudicar ambos recursos o 

causas de acción. Los daños recuperables de conformidad 

con este Artículo incluirá aquellos daños que son un 

resultado razonablemente previsible de una violación 

específica de este Artículo por la aseguradora autorizada y 

puede incluir una adjudicación o juicio por un monto que 

exceda los límites de la póliza. (Énfasis nuestro).

De esta forma, se podrá reclamar el incumplimiento del contrato de 

seguro o, lo que es lo mismo, la inobservancia de los términos de 

una póliza al amparo de los artículos aplicables del Código Civil de 

Puerto Rico. Esto, además, es cónsono con el carácter contractual 

de los seguros.

Entretanto, el Art. 27.162 del Código de Seguros, supra sec. 

2716b, provee lo siguiente:

(1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier 

reclamación se hará en el período razonablemente más corto 

dentro de noventa (90) días después de haberse sometido al 

asegurador la reclamación. 

(2) En el caso de que un asegurador no pueda resolver una 

reclamación en el término establecido en el inciso (1) de este 

Artículo, deberá mantener en sus expedientes los 

documentos que acrediten la existencia de justa causa para 

exceder el término anteriormente dispuesto. 

(3) El Comisionado en cualquier momento podrá ordenar la 

resolución inmediata de cualquier reclamación si considera 

que se está dilatando o retrasando indebida e 

injustificadamente la resolución de la misma.

Asimismo, el Art. 27.163 del Código de Seguros, supra sec. 2716c, 

dispone lo siguiente sobre los métodos para resolver una 

reclamación:

(1) El pago total de la reclamación.

(2) La denegación escrita y debidamente fundamentada de la 

reclamación.

(3) El cierre de la reclamación por inactividad del reclamante, 

cuando el reclamante no coopere o no entregue la 

información necesaria para que el asegurador pueda ajustar 

la reclamación. Disponiéndose que el asegurador notificará 

inmediatamente al reclamante del cierre de la misma, salvo 

que en tales circunstancias el cierre será sin perjuicio de 

permitir nuevamente la presentación de dicha reclamación.
KLAN202300913 20

Respecto a las cláusulas de cooperación por parte del 

asegurado, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que este tipo de 

disposiciones tienen como propósito proveerle la oportunidad a la 

aseguradora de prepararse para atender cualquier reclamación o 

para determinar si tiene una defensa genuina. Coop. Seguros 

Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 212 (1994) (citando a 

Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 DPR 626, 638 

(1962)). Respecto a las obligaciones del asegurado en este respecto, 

el más alto foro ha resuelto: 

[...] “[e]l asegurado se obliga a cooperar con la 

aseguradora, al ser requerido acudirá a todas las vistas, le 

ayudará a realizar cualquier transacción aportando 

evidencia y la comparecencia de testigos y cooperará en todo 

lo que se relaciona con la tramitación del pleito”. (Énfasis 

suplido.). Ello implica cumplir en forma razonable y 

sustancial con los términos de la póliza y actuar con la mayor 

honestidad y buena fe. La necesidad de cooperar puede, 

incluso, surgir antes de que se entable cualquier acción 

judicial. El asegurado debe revelar justa, franca y 

verdaderamente la información razonable pedida por el 

asegurador, de forma que le facilite determinar si existe o no 

una defensa genuina. Para que ese deber se estime 

incumplido, la actitud del asegurado tiene que ser de abierta 

y voluntaria obstrucción; la falta, de carácter sustancial y 

material. Íd., pág. 213. (citas omitidas).

Ahora bien, el incumplimiento del asegurado con una condición que 

requiera su cooperación, en ausencia de perjuicio, no libera de 

responsabilidad al asegurador. Íd., pág. 214.

C.

En la etapa apelativa, la Regla 85 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, rige la imposición de 

costas y sanciones a las partes en pleitos ante su consideración. En 

concreto, la referida regla dispone lo siguiente:

(A) Las costas se concederán a favor de la parte que 

prevalezca, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley. 

(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el 

recurso ante su consideración es frívolo o que se 

presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o 

desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte 

promovente o a su abogado o abogadas las costas, los 

gastos, los honorarios de abogado y la sanción 

económica que estime apropiada, la cual deberá 
KLAN202300913 21

reflejar, en lo posible, el costo de la dilación para el 

Estado y para la parte opositora recurrida causado por 

la interposición del recurso, conforme a las guías que 

establezca el Tribunal de Apelaciones. 

El tribunal impondrá iguales medidas a la parte 

promovida o a su abogado cuando determine que la 

contestación al recurso es frívola o que ha sido 

presentada para dilatar los procedimientos. 

(C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y 

sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa 

a una parte, a su abogado o a su abogada por la 

interposición de recursos frívolos o por conducta 

constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta 

de diligencia en perjuicio de la eficiente administración 

de la justicia. 

(D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la sanción 

económica podrá ser a favor del Estado, de cualquier 

parte o de su abogado o abogada. 

(E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo 

esta regla, deberán ser debidamente fundamentados.

Dentro del marco de interpretación de la frivolidad y la 

temeridad, nuestro más alto foro ha expresado que la temeridad no 

procede: (1) en los litigios que envuelven planteamientos complejos 

y novedosos no resueltos en la jurisdicción; (2) cuando la parte 

responde a una apreciación errónea del derecho sin que existan 

precedentes vinculantes; o (3) cuando existe una desavenencia 

honesta en cuanto a cuál de las partes es beneficiada por el derecho 

aplicable. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et. al., supra, pág.

926.

IV.

En este caso, el TPI dictó una Sentencia de forma sumaria en 

la que desestimó la reclamación por incumplimiento de contrato y 

daños promovida por Chemex en contra de Allianz Global. En su 

dictamen, el foro primario concluyó que la aseguradora no 

incumplió la Póliza objeto del pleito, que determinó correctamente 

que los daños reclamados no excedían el deducible establecido, que 

actuó correctamente al cerrar por inactividad la reclamación de la 

parte apelante y que no incurrió en dolo. A su entender, no surgió 
KLAN202300913 22

evidencia para cuestionar la conclusión de la aseguradora ni para 

establecer que la parte apelante cooperó en el trámite de la 

reclamación ni en la identificación de los alegados daños 

adicionales.

En oposición, Chemex planteó que existían hechos en 

controversia, que la Sentencia sumaria no procedía en derecho y, en 

síntesis, que la desestimación no procedía porque no se demostró 

que Allianz Global cumplió cabalmente con sus deberes y 

obligaciones ni que sufrió perjuicio sustancial alguno. Sobre esto 

último, su posición es que la tardanza u omisión de Chemex en 

notificar los detalles de daños adicionales no era suficiente para 

justificar la desestimación por no probarse que su falta de 

cooperación haya causado perjuicio suficiente para relevar de 

responsabilidad a la aseguradora. En adición, sostuvo que la parte 

apelada incumplió con sus deberes bajo el Código de Seguros, que 

la aseguradora no investigó rápidamente la reclamación, que esta 

no podía imponer condiciones irrazonables bajo el pretexto de 

información insuficiente y que tampoco intentó de buena fe realizar 

un ajuste rápido, justo y equitativo.

En cambio, Allianz Global argumentó a favor de la 

confirmación de la Sentencia y solicitó la imposición de sanciones a 

Chemex por frivolidad y temeridad en la presentación de la 

Apelación. Por un lado, planteó que Chemex no logró evidenciar que 

se incumplió con la Póliza ni con el Código de Seguros y que, por el 

contrario, se demostró que no presentó una reclamación que 

excediera el deducible de la Póliza. Por el otro, esbozó que fue la 

parte apelante quien no proveyó la información necesaria para 

acreditar o comenzar una investigación de los supuestos daños 

adicionales a los reclamados originalmente, los cuales solo 

mencionó en una comunicación a través de su corredora de seguros.

Por todo ello, adujo que la parte apelante no controvirtió los hechos 
KLAN202300913 23

materiales que demuestran que, por una parte, Allianz Global 

cumplió todas sus obligaciones y, por la otra, que Chemex incumplió

con sus deberes.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta 

palmario que el TPI no incidió en los errores señalados. La 

determinación apelada fue correcta tanto en materia procesal como 

en sus fundamentos en derecho. Veamos.

En primer lugar, Chemex no presentó prueba ni adujo razón 

suficiente por la cual se deban rechazar los hechos que Allianz 

Global propuso como incontrovertidos ni aquellas determinaciones 

de hechos a las que llegó el foro primario. Por el contrario, el cuadro 

fáctico considerado por el TPI se sostiene ampliamente en la prueba 

que obra en el expediente del caso. 

Por un lado, según se desprende de los propios términos de la 

Póliza, la parte apelante tenía una obligación de notificar a Allianz 

Global prontamente de cualquier pérdida o daño, incluyendo una 

descripción de la propiedad involucrada, y luego, proveer tan pronto 

sea posible una descripción de cómo, cuándo y dónde ocurrió la 

pérdida o daño. En específico, la Póliza establecía los siguientes 

deberes de Chemex en el caso de un evento de pérdida:

C. Duties In The Event OF Loss 

You must see that the following are done in the event of loss 

or damage to Covered Property:

[...]

2. Give us prompt notice of the loss or damage. Include a 

description of the property Involved.

3. As soon as possible, give us a description of how, when 

and where the loss or damage occurred.

[...]

6. As often as may be reasonably required, permit us to 

inspect the property proving the loss or damage and examine 

your books and records. Also permit us to take samples of 

damaged and undamaged property for inspection, testing 

and analysis, and permit us to make copies from your books 

and records.

[...]

8. Send us a signed, sworn proof of loss containing the 

information we request to settle the claim. You must do this 

within 60 days after our request. We will supply you with the 

necessary forms.

[...]
KLAN202300913 24

9. Cooperate with us in the investigation or settlement of the 

claim.20

Ahora bien, los hechos y la prueba documental del caso no 

demuestran que la parte apelante haya cumplido con dichas 

obligaciones, sino todo lo contrario, las incumplió. Las 

determinaciones de hechos del TPI a estos efectos se sostienen por 

la prueba que obra en el expediente del caso.

Más aún, en su Oposición a moción solicitando sentencia 

sumaria, Chemex se dedicó únicamente a: (1) negar la mayoría de 

los hechos por ser una descripción restrictiva que inducía a error; 

(2) objetar la admisibilidad de tres documentos, los cuales fueron 

producidos por la propia parte apelante; (3) rechazar el siguiente 

hecho: “[c]oncluido el descubrimiento de prueba en el caso de autos, 

la parte demandante no produjo evidencia alguna de que le sometió 

a AGCS evidencia de supuestos daños más allá [del] ‘tráiler’ utilizado 

por Chemex como espacio de oficina”, aduciendo que notificó un 

Informe Pericial de 7 de abril de 2021 y un segundo Informe Pericial 

revisado de 3 de noviembre de 2021 con el detalle de las pérdidas 

sufridas y cotizaciones de reparaciones para las mismas; y (4) negar 

el contenido de una de las cartas de la representación legal de 

Allianz Global por contener conclusiones de hecho y derecho 

erróneas. De ello, se puede desprender que la oposición de la parte 

apelante no realizó una relación de los hechos materiales que 

estaban en controversia con indicación de la prueba en la que se 

establecían dichos hechos. Es decir, no indicó qué evidencia obraba 

en el expediente para impugnar los hechos según fueron propuestos 

por Allianz Global y, por lo tanto, estos se sostienen, puesto que 

además están apoyados por la prueba. 

En concreto, advertimos que los referidos informes periciales, 

entregados por Chemex durante el descubrimiento de prueba,

20 Apéndice de la Apelación, Anejo 23, pág. 244.
KLAN202300913 25

fueron preparados con posterioridad a la presentación de la 

Demanda. Por ello, así mismo como el TPI razonó, resulta imperativo 

concluir que, previo a la presentación de la Demanda, ni Chemex ni 

su corredora de seguros contestaron las comunicaciones enviadas 

en el 2019 por Allianz Global ni proveyeron información alguna 

relacionada a las alegadas pérdidas adicionales, a pesar de que se 

le concedió amplia oportunidad para ello. En ese mismo respecto, es 

imposible considerar que la aseguradora incumplió una obligación 

contractual que no tenía previo a la presentación de la Demanda, 

dado que no se le había notificado sobre el daño alegado según 

estipulaban los términos de la Póliza.

Sobre la falta de cooperación, la parte apelante argumentó que 

la jurisprudencia ha establecido que la misma debe ser de tal 

magnitud que le cause perjuicio a la aseguradora para que provoque 

el relevo de responsabilidad. Según arguyó, en este caso, su 

tardanza o falta de notificación a la parte apelada no amerita el 

cierre de su reclamación bajo la Póliza. No le asiste la razón. Lo 

anterior no debe ser óbice para que concluyamos que, en este caso, 

la parte apelante no cooperó y, peor aún, no cumplió con los 

términos de la Póliza. Lo contrario sería avalar el incumplimiento 

con los términos de la Póliza como la ley entre las partes y 

desmerecería la buena fe que deben desplegar las partes en el 

contrato de seguro, especialmente en el procesamiento de las 

reclamaciones por daños bajo una póliza. Proveer la información 

sobre los daños adicionales, según le requirió Allianz Global a hacer, 

no era tan solo su deber, sino que estaba en su mejor interés. No 

obstante, no proveyeron dicha información y, en el proceso ante el 

TPI, tampoco presentaron evidencia de haberlo hecho previo al 

comienzo del litigio. Ausente dicha prueba, resulta imposible 

razonar que Allianz Global incurrió en incumplimiento alguno de los 
KLAN202300913 26

términos de la Póliza y, mucho menos, de sus obligaciones bajo el 

Código de Seguros, supra.

Por otro lado, en adición a los términos de la Póliza, la parte 

apelada también tenía la facultad bajo el Art. 27.163 del Código de 

Seguros, supra, para cerrar la reclamación ante la inactividad del 

reclamante, toda vez que Chemex no cooperó ni entregó la 

información necesaria para que Allianz Global pudiese ajustar la 

reclamación. En este caso, según se desprende de los hechos, la 

parte apelante se quedó de brazos cruzados y los supuestos daños 

adicionales que le informó a la aseguradora que tenía se quedaron 

en una mera comunicación de la corredora de seguros de Chemex a 

Allianz Global. Nada más se realizó.

Por todo lo anterior, cabe concluir que Chemex incumplió con 

sus obligaciones bajo la Póliza y que Allianz Global no contravino las 

suyas, ya sean las que emanaron de esta o las que le impone el 

Código de Seguros. Asimismo, resulta palmario que la aseguradora 

actuó correctamente al decretar el cierre de la reclamación a causa 

de la inactividad por segunda vez, así como al cerrarla inicialmente 

porque los daños no superaban el deducible de la Póliza. Por todo 

ello, el TPI aplicó correctamente el derecho a la controversia y no 

procede la revocación o modificación de su dictamen.

Por último, no encontramos razón para imponer sanciones a 

Chemex en esta etapa apelativa. A todas luces, la presentación del 

recurso de epígrafe no adolece de clara frivolidad, ni obedece a

intenciones de dilatar los procedimientos, ni constituye conducta 

constitutiva de demora, abandono obstrucción o falta de diligencia 

en perjuicio de la administración de la justicia. Por el contrario, 

parece partir de una apreciación errónea del derecho o una 

desavenencia honesta en cuanto a cuál parte es favorecida por el 

derecho aplicable. 
KLAN202300913 27

V.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

El Juez Sánchez Ramos disiente. Si bien la demandante no 

cumplió diligentemente con su deber de cooperación bajo la póliza, 

no se demostró que ello hubiese causado perjuicio a la Aseguradora 

o que dicha falta hubiese sido “sustancial y material”, producto de 

una actitud de “abierta y voluntaria obstrucción”. Coop. Seguros 

Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 213 (1994). Por tal razón, 

el incumplimiento de la demandante no es de tal naturaleza que le 

impidiese instar una reclamación por la vía judicial. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones