Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

FREEPOINT COMMODITIES 

LLC

Apelado

v.

MUNICIPIO DE 

GUAYANILLA Y OTROS

Apelante

KLAN202400001

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan

Caso Número:

SJ2021CV08365

Sobre: Patentes 

Municipales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparecen el Municipio de Guayanilla y su Director de 

Finanzas (Municipio o apelante), y solicitan la revocación de una 

Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). En esta, 

el foro primario declaró ha lugar la demanda de epígrafe por la vía 

sumaria y determinó que no procedía la imposición de un pago por

concepto de patentes municipales a Freepoint Commodities LLC 

(Freepoint o apelado). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I.

Freepoint incoó una demanda1 contra el Municipio, en la que 

cuestionó la determinación final de deficiencia en el pago de 

patentes municipales correspondientes a los años fiscales 2015-

2016 al 2021-2022 por $15,936,332.56. Lo antes, conforme dispone 

1 La demanda fue enmendada el 9 de febrero de 2021. Apéndice, págs. 1-9.
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el Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 81752 y la Ley de 

Patentes Municipal, 21 LPRA sec. 651.

En apretada síntesis adujo que, Freepoint es una compañía 

de responsabilidad limitada en el Estado de Connecticut y registrada 

en el Departamento de Estado de Puerto Rico que se dedica a la 

venta de combustible desde sus oficinas sitas fuera de Puerto Rico. 

Señaló que, fue seleccionado como proponente agraciado en dos 

solicitudes de propuestas publicadas por la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico (AEE), lo que resultó en la firma de un 

contrato para suministrar combustible a la AEE en las centrales de 

Aguirre, Central Costa Sur, San Juan y Palo Seco. En ejecución de 

lo anterior, Freepoint arrendó tanques ubicados en un terminal 

conocido como CORCO, en el Municipio de Peñuelas. Por dicha 

actividad, Freepoint le pagó patentes municipales al Municipio de 

Peñuelas. De ahí se transportaba combustible a la Central Costa 

Sur por tuberías entre CORCO y los tanques ubicados en el 

Municipio de Guayanilla. A su entender, las actividades de Freepoint 

ocurrieron fuera del Municipio de Guayanilla desde el 16 de octubre 

de 2015 y cesaron el 30 de mayo de 2018, por lo que no procedía la 

imposición de pago de patentes municipales a favor de Guayanilla. 

En su demanda, el apelante sostuvo que, como cuestión de derecho,

no procedía la imposición de pago de patente a la luz de lo resuelto 

en Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 DPR 152 (1996) y 

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879 (2015).

En reacción, el Municipio acreditó su alegación responsiva el 

5 de mayo de 2022, en la que, alegó que Freepoint transportaba el 

combustible a Puerto Rico mediante barcazas que se anclaban 

frente a la costa de Guayanilla.3 En la costa, las barcazas se 

conectaban en una tubería que, a su entender, se ubica dentro del 

2 Artículo 7.213 – Tasación y Cobro de Deficiencia – Procedimiento en general. 

3 Apéndice, págs. 29-43.
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límite territorial del Municipio. Destacó que, el contrato de Freepoint 

y la AEE establece que el combustible era propiedad de Freepoint 

hasta que se concretara la venta a la AEE en Costa Sur en

Guayanilla, Aguirre y Palo Seco. Por tanto, a su entender, la venta 

del combustible ocurrió dentro de los límites territoriales de 

Guayanilla, siendo compulsorio sujetar dicha actividad a un pago 

de patentes en el referido municipio. Fundamentó su postura sobre 

lo dispuesto en los artículos 7.1994 y 7.2005 del Código Municipal 

de Puerto Rico, supra.

Trabada la controversia, Freepoint interpuso una Moción de 

Sentencia Sumaria en la que propuso 30 hechos incontrovertidos e 

incluyó varios documentos6 para sostener su solicitud de que se

dejara sin efecto la deficiencia final de pago de patentes impuesto

por el Municipio. Celebrada una vista de estado de los 

procedimientos, el 31 de enero de 2023, el TPI dejó en suspenso la 

adjudicación de la moción sumaria y luego Freepoint nuevamente 

presentó otro petitorio sumario, y en esta ocasión propuso 32 

hechos incontrovertidos junto a varios documentos.7

Pendiente la adjudicación de la solicitud sumaria instada por 

Freepoint, el TPI emitió una Orden8 en la que consignó lo siguiente: 

Para poder atender, de manera responsable, la Segunda 

Moción de Sentencia Sumaria (SUMAC 54) presentada por 

Freepoint, el Memorando de Derecho (SUMAC 55) presentado 

por el Municipio de Guayanilla, la Moción en Oposición a 

Memorando de Derecho (SUMAC 56) presentada por 

Freepoint, y la correspondiente Réplica (SUMAC 58) 

4 Artículo 7.199 – Autoridad para Imponer Patentes (21 LPRA sec. 8161)

5 Artículo 7.200 – Volumen de Negocios (21 LPRA sec. 8162)

6 Apéndice, págs. 44-215. Junto a su petitorio incluyó los siguientes documentos: 

Anejo1- Certificate of Authorization to do Business of a Foreign Corporation 

emitido por el Departamento de Estado; Anejo 2-Declaración Jurada suscrita por 

Brandon Diket; Anejo 3-Contrato suscrito por Brandon Diket y Carlos Javier 

Castro Montalvo; Anejo 4-PREPA Fuels Office; Anejo 5-Carta emitida el 14 de 

septiembre de 2021; Anejo 6-Carta suscrita el 18 de noviembre de 2021; Anejo 7-

Carta suscrita el 22 de noviembre de 2021; Anejo 8-Declaración sobre Volumen 

de Negocio 1/1/205 al 12/31/2015; Anejo 9-Primer Pliego de Interrogatorios de 

[Información] Requerimiento de Admisiones; Anejo 10- Freepoint Commodities 

LLC’s Answers And Objections To The Defendant’s First Set Of Interrogatories And 

Request For Information And Documents; y Anejo 11-Informe Positivo del Senado 

de Puerto Rico – P. del S. 532.

7 Apéndice, págs. 305-489. Junto a su petitorio incluyó los mismos documentos 

que en la Moción de Sentencia Sumaria presentada por primera vez. 

8 Apéndice, pág. 635. 
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presentada por el Municipio, resulta indispensable definir 

cuál es el límite territorial del Municipio de Guayanilla. 

En este momento, dicha falta de definición nos impide estar 

en posición de determinar si Freepoint: 1) tuvo o no 

presencia física en el Municipio de Guayanilla; 2) operó en 

dicho municipio; 3) llevó a cabo negocios en dicho municipio; 

y/o 4) generó volumen de negocios en dicho municipio. 

Como resultado de lo anterior, se señala Vista Presencial el 

martes 19 de septiembre de 2023, a las 10:00 am, para que 

las partes aclaren y/o argumenten los siguientes asuntos:

1) ¿Cuánta parte (pies cuadrados) de las facilidades de la Planta 

de Costa Sur radican dentro de los límites territoriales del 

Municipio de Guayanilla?

2) ¿Quién proveyó la tubería (infraestructura) mediante la cual 

se suplió/transportó el combustible a PREPA? 

3) ¿Si la entrega del combustible en los tanques de CORCO –

los cuales el Municipio de Guayanilla reclama ubican 

parcialmente dentro de su límite territorial – constituye el 

“lugar donde se prestó el servicio” al amparo de los estatutos 

aplicables (véase aclaración en inciso 5)? 

4) ¿Si las barcazas contratadas y/u operadas por Freepoint 

deben considerarse como almacenes, sucursales y/o lugares 

temporeros de negocio y/o de extracción de combustible al 

amparo de los estatutos aplicables (véase aclaración en 

inciso 5)?

5) ¿Por qué - si Freepoint reclama que, posterior al 30 de mayo 

de 2018, cesó totalmente sus ventas de combustible a la 

AEE, destinadas a la Central Costa Sur - el Municipio de 

Guayanilla reclama el cobro de patentes para los periodos 

posteriores, y hasta los años fiscales 2021-2022? - (Se hace 

constar que esta controversia, a su vez, influye sobre la 

determinación del/los estatutos aplicables.) 

6) ¿Cómo el Municipio de Guayanilla computó un volumen de 

negocios anual de $289,870,626.40 durante cada uno de los 

[años] fiscales para los cuales se notificó una deficiencia a 

Freepoint? 

7) ¿Cómo, si de alguna manera, se distingue la situación fáctica 

del presente caso con aquella que fue atendida por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Lukoil Pan Americas v. 

Mun. Guayanilla, 192 D.P.R. 879 (2015)? 

Como resultado de las controversias antes identificadas se 

aclara que, hasta que no se determine sobre la autoridad –

si alguna – del Municipio de Guayanilla para imponer el pago 

de patentes a Freepoint, resulta prematuro (por falta de 

legitimación) atender el cuestionamiento sobre los

$1,312,948.00 que el Municipio reclama recibió Freepoint en 

rembolsos de PREPA.

9

Celebrada la vista argumentativa y sometidos los escritos de 

las partes, el foro primario emitió el dictamen apelado.10 En esta 

consignó que:

[...]

9 Apéndice, págs. 635-636.

10 Apéndice, págs. 639-643.
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En el presente caso no se ha puesto en controversia el hecho 

de que, para poder llegar a su destino final (tanques de Costa 

Sur), el combustible que estaba almacenado en los tanques 

de la CORCO tenía que pasar primero por la interconexión 

que se encuentra en el Municipio de Peñuelas. Tampoco se 

ha puesto en controversia el hecho de que, una vez el 

combustible pasaba por la interconexión, se convertía en 

propiedad de la AEE. Por estar la interconexión de las 

tuberías ubicada en el Municipio de Peñuelas, las entregas 

ocurrían en dicho municipio; no en Guayanilla.

La otra controversia que se encuentra ante nuestra 

consideración surge en el caso de las entregas de 

combustible destinado a la Central Costa Sur desde barcazas 

u otras embarcaciones arrendadas por Freepoint. En 

particular, porque el Municipio de Guayanilla reclama que: 

“estas barcazas se anclaban frente a la costa correspondiente 

a Guayanilla” y “se conectaban a una tubería que está dentro 

de los límites territoriales de Guayanilla”. (SUMAC 55, 

página 6, ¶ 2.)

En el caso de transferencias de combustible desde barcazas 

u otras embarcaciones, el Artículo IV, inciso D, del Contrato 

Numero 902-02-15, establece que las entregas (transferencia 

de título) destinadas a la Central Costa Sur ocurrían luego 

del “flange” (junta de conexión) de las tuberías que van de 

CORCO hacia la Central Costa Sur. Basado en lo anterior, el 

Municipio de Guayanilla reclama que tiene facultad para 

imponer y cobrar la patente municipal a Freepoint toda vez 

que las barcazas alquiladas por Freepoint para entregar el 

combustible a la Central Costa Sur “se conectaban a una 

tubería que está dentro de los límites territoriales de 

Guayanilla”. Se equivoca el Municipio de Guayanilla.

Conforme a la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas v. 

Mun. Guayanilla, 192 D.P.R. 879 (2015), ni el hecho de que 

las barcazas arrendadas por Freepoint se anclaran frente a 

la costa del Municipio de Guayanilla, ni el hecho de que 

dichas barcazas se hayan conectado a una tubería que está 

dentro del referido Municipio de Guayanilla, facultan a dicho 

municipio para cobrar patentes municipales. En el referido 

caso de Lukoil, a la página 903, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico fue aún más específico al determinar que el 

hecho de que el Municipio de Guayanilla hubiera recibido los 

productos vendidos por Lukoil en un muelle que radica 

dentro de su límite territorial no implicaba que dicho 

municipio estuviera facultado a cobrar patentes municipales 

por dichas entregas. Para que el Municipio de Guayanilla 

pueda imponer dicho tributo, se tienen que cumplir los 

requisitos de “presencia física” establecidos por el Tribunal 

Supremo desde que resolvió el caso de Lever Bros. Export 

Corp. v. Alcalde S.J., 140 D.P.R. 152 (1996). En el caso ante 

nuestra consideración, dichos requisitos no están 

presentes.11

[...]

Basado en lo anterior, y mediante Sentencia emitida y 

notificada el 29 de septiembre de 2023 el TPI declaró ha lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria instada por Freepoint y dejó sin efecto 

la deficiencia final cursada por el Municipio. Oportunamente, el 

11 Apéndice, págs. 642-643.
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Municipio solicitó reconsideración a la cual se opuso Freepoint. El 

foro primario denegó la referida solicitud por lo que inconforme, el 

Municipio acude ante esta Curia en apelación. En su recurso señala 

los siguientes errores:

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al declarar Ha Lugar la segunda Moción 

de Sentencia Sumaria (SUMAC 54) (Apéndice a la pág. 

A0305), presentada por la parte demandante usando como 

fundamento la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas 

v. Mun. Guayanilla, ante y el requisito de “presencia física” 

establecido en el caso de Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde 

de San Juan, ante.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, al no intervenir ni pronunciarse, 

como parte de su deber de asegurar el manejo adecuado de 

los fondos públicos, con respecto a la suma de 

$1,312.948.00 que le fue reembolsada por PREPA a 

Freepoint, para el pago de patentes municipales, y que 

Freepoint luego de recibido dicho reembolso no declaró ni 

pagó, a ningún municipio en Puerto Rico. En adición a lo 

anterior, el TPI tampoco se pronunció sobre las ventas de 

combustible 6 de Freepoint a la A.E.E. ascendentes a la 

suma de $707,530,802.00, lo que equivale a una suma de 

patentes municipales por $3,537,654.01 tampoco declarada 

ni pagada por Freepoint a ningún municipio en Puerto Rico. 

Freepoint compareció el 31 de enero de 2024, mediante 

Oposición a Apelación, por lo que, con el beneficio de las posturas de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

II.

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y 

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio 

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Birriel Colón v. 

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance 

Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Oriental 

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto 

de 2023. 

Mediante la adjudicación de una causa por la vía sumaria, se 

procura profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, 
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los hechos ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera 

Lebrón, 204 DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta

beneficioso tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito, 

pues se agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se 

provee a los litigantes un mecanismo procesal encaminado a 

alcanzar un remedio justo, rápido y económico. Serrano Picón v. 

Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 

29 de septiembre de 2023; Universal Insurance Company y otro v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 211 DPR 455 (2023).

Como se sabe, procede dictar sentencia sumaria si se desprende de 

las alegaciones, deposiciones, declaraciones juradas, contestaciones 

a interrogatorios, admisiones ofrecidas, entre otros, que no existe 

controversia real sustancial sobre un hecho esencial y pertinente, y 

siempre que el derecho aplicable así lo justifique. González Meléndez 

v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto 

el 24 de julio de 2023. De manera que, en aras de prevalecer en una 

reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. Íd. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 
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razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental 

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Si el 

promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el tribunal 

no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). Además, el promovente de 

una solicitud de sentencia sumaria ha de acompañar su petitorio 

con prueba de la cual surja preponderantemente la ausencia de 

controversias sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v. 

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance 

Company, supra.

Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o 

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se 

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción 

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha 

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que 

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en 

derecho. Íd. A esos efectos, deberá sustentar con evidencia 

sustancial los hechos materiales que entiende están en disputa. 

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e 

Integrand Assurance Company, supra.

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer 
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referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según 

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En 

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega 

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además, 

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el 

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en 

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive 

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del 

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964 

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd.
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de 

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

Nuestro más Alto Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;

(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, 

pág. 679. 

Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos 

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y 

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de 

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y 

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. 

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario 

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v. 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, 

resuelto el 26 de junio de 2023.

B. Poder del Estado para imponer y cobrar contribuciones

Imponer y cobrar contribuciones es una función 

gubernamental que responde a la facultad del Estado como un ente 
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soberano. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 230 

(2007). Esta facultad se desprende de la Constitución de Puerto 

Rico, que dispone lo siguiente: 

El poder del Estado Libre Asociado para imponer y 

cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro 

por los municipios se ejercerá según se disponga por la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o 

suspendido. 1 LPRA, Art. VI, sec. 2. 

El poder de imponer y cobrar contribuciones está sujeto a 

restricciones, tales como el cumplimiento del debido proceso de ley, 

y la exigibilidad y validez de la deuda. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, supra, pág. 231. La Asamblea Legislativa está facultada 

para delegar a los municipios su poder de imponer y cobrar 

contribuciones. 1 LPRA, Art. VI, Sec. 2.

Por consiguiente, los municipios, por sí mismos, no cuentan 

con un poder inherente para imponer contribuciones. No obstante, 

en aras de que “los municipios tengan mecanismos para recaudar 

fondos y así poder brindarles más servicios a sus ciudadanos, la 

Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos en donde se les 

delega la facultad de imponer contribuciones a nivel municipal”. 

McNeil Healthcare, LLC. v. Municipio de Las Piedras y otros, 2023 

TSPR 135, resuelto el 14 de noviembre de 2023; citando a Lukoil Pan 

Americas v. Mun. Guayanilla, supra. 

Uno de los estatutos que la Asamblea Legislativa adoptó fue 

la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 

1974, hoy derogada por la Ley 107-2020, mejor conocido como 

Código Municipal de Puerto Rico. La legislación autorizó a las 

asambleas municipales a imponer y cobrar patentes a toda persona 

dedicada a la prestación de cualquier servicio o a la venta de 

cualquier bien, dentro de sus límites territoriales. 21 LPRA sec. 

651b.

Por lo tanto, las patentes no son más que “un impuesto sobre 

el volumen de negocios de la empresa objeto del tributo”, el cual se 
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calcula a base del volumen de negocios llevado a cabo por la 

empresa en ese municipio. McNeil Healthcare, LLC. v. Municipio de 

Las Piedras y otros, supra; citando a Lilly del Caribe v. Mun. de 

Carolina, 210 DPR 306, 321 (2022); Lukoil Pan Americas v. Mun. 

Guayanilla, supra; Muñiz Burgos, Inc. v. Mun. De Yauco, 187 DPR 

665, 681 (2013).

Nuestro Mas Alto Foro determinó en Lever Bros. Export Corp. 

v. Alcalde S.J., supra, que debían concurrir dos requisitos para que 

opere la imposición de la patente municipal. A tales efectos, señaló 

los siguientes requisitos: 

(1) Que la empresa o negocio tenga un 

establecimiento comercial u oficina dedicada con 

fines de lucro a la prestación de cualquier 

servicio en el municipio correspondiente; 

(2) Una vez cumplido con el criterio anterior, es 

necesario que se determine la base sobre la cual 

se impondrá la patente. 

(Énfasis nuestro)

Años más tarde, en Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, 

supra, el Tribunal Supremo atendió una controversia similar a la del 

caso ante nuestra consideración. En esencia, se trataba de Lukoil, 

una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes 

del estado de Delaware y registrada en Puerto Rico como corporación 

foránea. Producto de un contrato con la AEE, Lukoil contrató 

compañías marítimas para el transporte de combustible. Por motivo 

de dicha transacción, el Municipio notificó a Lukoil una deficiencia 

en el pago de patentes municipales. Lukoil, por su parte, alegaba 

que, al no tener oficina, establecimiento comercial o presencia física 

en el Municipio, no procedía la imposición de las patentes 

municipales. Lo anterior, pues no almacenaron el combustible en el 

dicho municipio. 

Específicamente, el Municipio señalaba que, al combustible 

ser recibido en uno de sus puertos, correspondía la imposición de la 

deficiencia, aun sin Lukoil tener oficina y empleados dentro de la 
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demarcación territorial municipal. Asimismo, reclamaba que el 

requisito de presencia de una oficina o establecimiento en el 

municipio no debía ser un requisito para las actividades tributables. 

Ello, pues dicho requisito hubiese dejado sin efectividad la intención 

del legislador para garantizar la autonomía fiscal que se incluyó al 

aprobar la legislación. 

El Tribunal Supremo dispuso en esa ocasión que 

“...independientemente de cuál sea el caso particular del negocio o 

industria del que se trate, la Sec. 3 de la citada Ley Núm. 113 

contempla el que haya presencia física en el municipio impositor, 

ya sea mediante ‘oficinas, sucursales, almacenes u otras 

organizaciones de industria o negocio”. Además, para que una 

compañía esté sujeta a la tributación de patentes municipales en un 

municipio en particular “el factor determinante es que el ingreso se 

produzca como consecuencia de los negocios que la persona, 

natural o jurídica, desempeña en el municipio, lo cual implica que 

el ingreso no hubiese sido generado a no ser por las operaciones 

llevadas a cabo allí”. Finalmente, reiteró los requisitos a cumplirse 

para que opere la imposición de las patentes municipales ya 

establecidos en Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., supra.

III.

En su primer señalamiento de error, el Municipio cuestiona la 

Sentencia emitida, por entender que, el foro primario erró al 

determinar que no cumplieron con los requisitos que impone el caso 

de Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, a los efectos de 

imponer patentes municipales. Lo anterior, pues alega que la ley 

sufrió varias enmiendas que no fueron consideradas en la sentencia. 

En particular, arguye que las referidas enmiendas fueron dirigidas 

a ampliar la facultad de los Municipios para imponer patentes 

municipales, prorratear el volumen de negocios en aquellos casos 

que envuelven operaciones llevadas a cabo en dos o más municipios, 
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y a establecer que la empresa correspondiente pague patentes 

municipales al Municipio donde prestó el servicio. 

Como anteriormente expresamos, en virtud de la normativa 

antes expuesta, esta Curia debe revisar de novo la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Freepoint, la Oposición a la 

Apelación presentada por el Municipio y escritos posteriores con sus 

respectivos anejos, a la luz del derecho aplicable, para así evaluar la 

determinación del foro primario. Nos corresponde evaluar en primer 

lugar, si ambas partes cumplieron los requisitos de forma que exige 

la Regla 36, supra, si existen hechos materiales en controversia que 

impiden la adjudicación del caso sumariamente, para luego aplicar 

el derecho correspondiente.

Tras nuestra evaluación de la moción de sentencia sumaria y 

la oposición, somos de la opinión que ambas partes cumplieron 

sustancialmente con las exigencias y formalidades requeridas por la 

Regla 36, supra, por lo que el foro primario actuó correctamente al 

no rechazar el petitorio sumario interpuesto. Ambas partes 

cumplieron los requisitos de forma, según la normativa expuesta.

Completado dicho aspecto del análisis de novo notamos que,

en este caso no existen controversias medulares sobre los hechos 

ocurridos, y así lo estipularon las partes. No obstante, nos 

encontramos frente a una controversia de derecho que nos 

corresponde dirimir. En específico, debemos determinar si ante el 

cuadro fáctico expuesto, el Municipio tenía la autoridad para 

imponer el cobro de una patente municipal a la corporación 

Freepoint como consecuencia del contrato que dicha entidad

suscribió con la AEE para la venta y entrega de combustible.

Recordemos que, para que se reconozca la validez y eficacia 

de la imposición de pago por patentes municipales, los municipios 

deberán cumplir los siguientes requisitos que el Tribunal Supremo 

reiteró en el caso de Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra: 
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1) Que la empresa o negocio tenga un establecimiento 

comercial u oficina dedicada con fines de lucro a la 

prestación de cualquier servicio en el municipio 

correspondiente; 

2) Una vez cumplido con el criterio anterior, es 

necesario que se determine la base sobre la cual se 

impondrá la patente. 

En la Sentencia emitida, el foro primario determinó que no se 

cumplían los requisitos que impuso el Tribunal Supremo en el caso 

de Lukoil, en cuanto a la “presencia física” de la corporación en el 

municipio. Puntualizamos que, de nuestro examen del expediente,

el foro primario correctamente determinó que, para poder llegar a su 

destino final (tanques de Costa Sur), el combustible que estaba 

almacenado en los tanques de la CORCO tenía que pasar primero 

por la interconexión que se encuentra en el Municipio de Peñuelas 

y allí se convertía en propiedad de la AEE. En su consecuencia, las 

entregas ocurrían en dicho municipio; no en Guayanilla. De ahí y 

conforme a la doctrina establecida en Lukoil Pan Americas v. Mun. 

Guayanilla, supra, ni el hecho de que las barcazas arrendadas por 

Freepoint se anclaran frente a la costa del Municipio de Guayanilla, 

ni el hecho de que dichas barcazas se hayan conectado a una 

tubería que está dentro del referido Municipio de Guayanilla, 

facultan a dicho municipio para cobrar patentes municipales. 

Surge del expediente que, la corporación Freepoint no tiene en 

el municipio de Guayanilla un establecimiento comercial o una 

oficina dedicada, con fines de lucro a la prestación de servicios, sino 

que, meramente la interconexión por donde pasa el flujo del 

combustible destinadas a las correspondientes centrales (una de 

ellas ubicada en Guayanilla) pasan por dicho municipio, sin más. El 

Municipio aceptó que las facilidades de CORCO, donde ubican los 

tanques utilizados por Freepoint, radican en el Municipio de 

Peñuelas. Al ser el Municipio de Peñuelas, quien recibe el material 

que Freepoint entrega, es a estos quien se le debe pagar la patente 

municipal, y surge del expediente que Freepoint así lo hizo. 
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Para sustentar su posición, el Municipio alega que la Ley 113, 

supra, sufrió unas enmiendas, las cuales ampliaron la facultad de 

los Municipios para imponer y cobrar patentes municipales, de 

manera que se haga justicia a los municipios pequeños que se ven 

afectados por el trato contributivo desigual y que estas no fueron 

tomadas en consideración al momento de emitir el dictamen 

apelado. Sin embargo, de un análisis de las enmiendas a la Ley, nos 

percatamos que las referidas enmiendas no van dirigidas a la 

controversia ante nuestra consideración, por lo que el Municipio no 

nos ha puesto en posición para determinar lo contrario.12

Concluimos, pues, que de nuestra lectura del expediente no 

existen controversias que impidan la solución sumaria del caso de 

autos, como tampoco hay hechos medulares que lo distingan del

caso de Lukoil. El apelante tampoco logró diferenciar la controversia 

suscitada en la presente causa del cuadro fáctico expuesto en Lukoil, 

que nos obligue apartarnos de la doctrina establecida allí por el Alto 

Foro. En su consecuencia, colegimos que, el foro primario actuó 

correctamente en su análisis del derecho aplicable y basado en ello,

resolver el caso ante su consideración por la vía sumaria.

En su segundo señalamiento de error, el Municipio alega que 

el foro primario erró al no intervenir, respecto a la suma de 

12 Las referidas enmiendas a la Ley 113, supra, a las que hace referencia el 

Municipio disponen lo siguiente: 

- Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 137 del 11 de julio de 

2012 que la enmienda versa sobre el volumen y prorrateo para determinar 

la patente municipal a pagar por un concesionario de un contrato de 

concesión relacionado a la operación, mantenimiento, financiamiento, 

rehabilitación y expansión de las carreteras de PR. 

- Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 208 del 25 de agosto de 

2012 que la enmienda trata sobre las compañías de teléfonos, tanto 

alámbricas como inalámbricas, para que paguen a prorrata la patente 

municipal correspondiente a cada municipio prorrateando el volumen de 

negocios.

- Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 44 del 26 de marzo de 

2014 que la enmienda sobre asignar los recaudos por concepto del pago 

de patentes municipales por servicios de telecomunicaciones.

- Surge de la Exposición de Motivos de la Ley 187 del 17 de noviembre 

de 2014 que la enmienda fue a los fines de incluir en el pago de patentes 

municipales al municipio que corresponda aquellas actividades 

comerciales ocasionales llevadas a cabo en un lugar temporero de 

negocios, donde se realicen ventas, órdenes o pedidos por el periodo de 

tiempo que dure la convocatoria, promoción, feria o lugar de ventas 

itinerante, tomando como base el volumen de negocios por ese periodo 

ocasional de ventas; y para otros fines relacionados.
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$1,312,948.00 que le fue reembolsada por PREPA a Freepoint para 

el pago de patentes municipales. Señala que, Freepoint no declaró 

ni pagó patente municipal por ventas de combustible a la AEE, por 

lo que implica que hay una suma no declarada que debían devolver, 

sin incluir intereses, recargos y penalidades. Finalmente arguyen 

que la sentencia emitida por el TPI les impide cobrar la suma de 

$1,312,948.00 por las ventas directas de Freepoint a la Central de 

Costa Sur de Guayanilla. No le asiste la razón. 

Así como lo determinamos anteriormente en este caso, no 

procede la imposición de patentes municipales a Freepoint, pues no 

se cumple el requisito de presencia física que establece el caso de 

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra. Añádase a ello que, 

de una lectura de la notificación de la Deficiencia Final no surge 

referencia alguna al reembolso solicitado. Por ello, como cuestión de 

derecho, no procede dicha reclamación por parte del Municipio. El

segundo error no se cometió.

En virtud de lo anterior y dentro del marco jurídico antes 

enunciado, concluimos que el foro primario no incidió al declarar ha 

lugar el petitorio sumario presentado por Freepoint y, en su 

consecuencia, dejar sin efecto la determinación de la Deficiencia

Final en su totalidad.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones