EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Jaime Rodríguez Orengo

Peticionario

Certiorari

2024 TSPR 38

213 DPR ___

Número del Caso: CC-2022-0468

Fecha: 19 de abril de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Donald R. Milán Guindín

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Marla Inés Canino Rolón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley del registro de personas convictas por delitos sexuales 

y abuso contra menores – No procede la inscripción de una persona 

convicta por el delito de exposiciones obscenas en el Registro de 

ofensores sexuales, cuando de los hechos acontecidos no haya surgido 

el elemento constitutivo de acto o conducta sexual contra la persona 

adulta ofendida según exige la Ley.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico 

Recurrido

 

v.

Jaime Rodríguez Orengo

Peticionario 

CC-2022-0468 Certiorari

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff 

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2024.

Tenemos la oportunidad de evaluar si procede o no 

la inscripción en el Registro de ofensores sexuales de

una persona convicta por el delito de exposiciones 

obscenas, cuando de los hechos acontecidos no haya 

surgido el elemento constitutivo de acto o conducta 

sexual contra la persona adulta ofendida según exige la 

Ley del registro de personas convictas por delitos 

sexuales y abuso contra menores, Ley Núm. 266, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 536 et seq. (Ley Núm. 266).1

1 La controversia ante nuestra consideración está limitada a la comisión 

del delito de exposiciones obscenas en presencia de un adulto, por lo 

tanto la Opinión no considera en su análisis el escenario de si es o 

no automática la inscripción en el Registro de ofensores sexuales de 

una persona convicta por el delito de exposiciones obscenas por haberlo 

ejecutado en presencia de un menor. 
CC-2022-0468 2

Por los fundamentos que expondremos, resolvemos que no 

procede la inscripción automática de una persona convicta del 

delito de exposiciones obscenas al Registro de ofensores 

sexuales cuando el ofendido o perjudicado es mayor de edad. 

Por lo tanto, para que una persona convicta por el delito de 

exposiciones obscenas esté obligada a la inscripción en el 

Registro de ofensores sexuales, se requiere que de los hechos 

surja que, en efecto, durante la comisión del delito en cuestión 

se incurrió en la conducta constitutiva de abuso sexual para 

los Ofensores Sexuales Tipo I según se discute en la Opinión.

I

El 5 de marzo de 2019 el Tribunal de Primera Instancia 

citó al Sr. Jaime Antonio Rodríguez Orengo (peticionario) para 

responder por cinco denuncias sobre hechos acontecidos el 7, 

27 y 28 de febrero de 2019 y 3 de marzo de 2019.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el 

7 de febrero de 2019 se presentaron dos denuncias: una por 

violación al Art. 241(b) de la Ley Núm. 146-2012, conocida como 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5331 (Código Penal 

de 2012) por alteración a la paz y otra por infringir el 

Art. 136 por cometer el delito de exposiciones obscenas. Allí 

se alegó que el peticionario “se presentó al hogar del 

perjudicado, donde este tenía una expectativa razonable de 

intimidad y le manifestó: “[que era un cab[...], mari[...], hijo 

de [...], me [...] en tu madre, no tienes huevos, te voy a partir 

la cara, te voy hacer la vida imposible]”. Respecto al delito 

de exposiciones obscenas se denunció que el peticionario 
CC-2022-0468 3

“[expuso su parte íntima del cuerpo en un lugar donde estaba 

presente el Sr. Carlos Rodríguez Rivera, consistente en que se 

sacó su miembro viril orinando la puerta de garaje del 

perjudicado, sintiéndose este ofendido].” 2

Luego de varios trámites procesales que son innecesarios 

pormenorizar, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable 

al peticionario del delito de exposiciones obscenas y ordenó 

que su información se inscribiera en el Registro de ofensores 

sexuales (o Registro).3

Ante este hecho, el peticionario presentó una Urgente 

moción solicitando corrección de sentencia en la que solicitó 

que se ordenara la eliminación de su información del Registro. 

Adujo que era improcedente la inscripción porque la conducta 

imputada no se relacionaba con una conducta sexual contra 

menores o adultos. 

2 Véase los autos originales concernientes a las denuncias J1CR201900078 y

J1CR201900079. Luego del evento del 7 de febrero de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia expidió una orden de protección contra el peticionario. Sin 

embargo, este la violentó con los hechos acaecidos el 27, 28 de febrero y 3 de 

marzo de 2019 y que, por ello, se presentaron tres denuncias en su contra. Esto 

es, por violación al Art. 4 (b) de la Ley Núm. 286-1999, conocida como la Ley 

Contra Acecho de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013. En esencia, el 27 de febrero 

de 2019 el peticionario “[entró al balcón del Sr. Rodríguez, conectó una 

extensión eléctrica color anaranjada y bien largo, [sic] luego se retira de la 

casa del Sr. Rodríguez y regresa nuevamente a desconectar la extensión 

eléctrica]”. Al día siguiente, el peticionario acudió “[frente a la residencia 

del Sr. Rodríguez, y comienza a tirar unos potes de pintura en el balcón de 

dicha residencia y, luego se retira del lugar]”. Finalmente, el 3 de marzo de 

2019 el peticionario llegó “[frente a la residencia del Sr. Rodríguez, estaba 

frente a las cámaras de seguridad gritando, caminando y manoteando, tirándole 

basura al balcón de dicha residencia y luego se retira del lugar.]” Véanse los 

autos del foro primario concernientes a las denuncias JLE2019G0119 JLE2019G0120 

y JLE2019G0121.

3 Aclaramos que el delito de exposiciones por el cual el peticionario resultó 

convicto corresponde al Art. 136 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como Código 

Penal de Puerto Rico (Código de Penal de 2012), 33 LPRA sec. 5147 y no al 

Art. 147 de la Ley Núm. 149-2004, conocida como Código Penal de Puerto Rico, 

33 LPRA ant. sec. 4775.
CC-2022-0468 4

Por su parte, el Estado se opuso y argumentó que la Ley 

Núm. 266, supra, establecía que toda persona que resultara 

convicta por el delito de exposición obscena o su tentativa o 

conspiración tenía que inscribirse en el Registro. A su juicio, 

no existía argumento en derecho ni error en la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia que justificara la corrección 

solicitada. 

En varias ocasiones, el peticionario insistió en que el 

foro primario dictara una sentencia para corregir la 

inscripción en el Registro.4 No obstante, mediante Resolución, 

el tribunal de instancia determinó que conforme a la Ley 

Núm. 266, supra, la inscripción en el Registro era obligatoria. 

Inconforme, el peticionario acudió ante el Tribunal de 

Apelaciones para señalar que el foro recurrido erró al denegar 

su petitorio, pues la conducta imputada distaba de una conducta 

sexual ejecutada contra menores o adultos tal como lo exige la 

legislación que instauró el Registro. Sin embargo, el foro 

apelativo intermedio notificó una Resolución en virtud de la 

cual denegó la expedición del auto.5

Infructuosamente, el peticionario solicitó la 

reconsideración y, por ello, recurrió ante esta Curia mediante 

la petición de certiorari que nos ocupa. En esencia, el 

4 El 14 de junio de 2021 el peticionario presentó una Moción solicitando se 

dicte sentencia corregida y el 7 de septiembre de 2021 interpuso una Segunda 

moción solicitando se dicte sentencia corregida en la cual reiteró su solicitud 

previa.

5 El Presidente del Panel Especial del Tribunal de Apelaciones, Hon. Roberto 

Rodríguez Casilla emitió un voto disidente mediante el cual, en síntesis, 

expresó los fundamentos por los cuales hubiese expedido el recurso de certiorari

y hubiese revocado la Resolución del foro recurrido.
CC-2022-0468 5

peticionario señaló que el foro apelativo intermedio debió 

expedir el recurso porque la interpretación de la Ley Núm. 266, 

supra, que realizó el foro recurrido constituyó un error craso

en la medida que mantuvo al peticionario inscrito en el 

Registro. 

Contamos con los alegatos de las partes y, luego de una 

evaluación ponderada del derecho aplicable, nos encontramos 

listos para resolver. 

II

A. Registro de ofensores sexuales

Como es sabido, originalmente, en Puerto Rico se creó 

el Registro de personas convictas por delitos sexuales 

violentos y abuso contra menores en el sistema de información 

de justicia criminal mediante la Ley Núm. 28-1997 (Ley 

Núm. 28).6 El propósito de la medida era cumplir con la Ley 

Pública 103-322 “Jacob Wetterling Crimes Against Children and 

Sexually Violent Offender Registration Program” (conocida como 

Megan’s Law) toda vez que estimuló a los estados y territorios,

como Puerto Rico, a que adoptaran legislación para que las 

personas convictas por ciertos delitos de índole sexual y de 

abuso contra menores obligatoriamente quedaran inscritos en el 

Registro de ofensores sexuales.7

La Ley Núm. 28, supra, quedó derogada por la Ley 

Núm. 266-2004, supra.8 En esencia, esta legislación ratificó 

6 4 LPRA sec. 535 ant. et seq. (2003) (Ley Núm. 28-1997).

7 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 667-668 (2012).

8 Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra 

Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq. (2010). 
CC-2022-0468 6

la política pública del estatuto anterior en cuanto a que su 

propósito es cumplir con el deber de proteger a la ciudadanía 

y a las víctimas de delitos sexuales.9 Asimismo, permanecieron 

las obligaciones y responsabilidades que los componentes 

gubernamentales deben ejecutar ante el Registro y las 

consabidas para las personas convictas sujetas a inscripción

que postulaba la Ley Núm. 28, supra.10

A los dos años de vigencia, el Congreso Federal aprobó 

la Ley Pública Núm. 109-248, Adam Walsh Child Protection and 

Safety Act of 2006, también conocida como Sex Offender 

Registration and Notification Act (ley SORNA).11 Con la ley

SORNA, el Congreso procuró hacer más uniforme y efectivo el 

conjunto de Registros de ofensores sexuales en todo Estados 

Unidos para proteger al público de ofensores sexuales y 

ofensores contra menores.12 Además, proporcionó los estándares 

mínimos que los estados y territorios de la nación americana 

debían seguir para la implementación y continuidad del Registro 

de ofensores sexuales en sus respectivas jurisdicciones.13

9 Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 668.

10 Exposición de Motivos y Art. 1 de la Ley Núm. 266-2004, Ley del Registro de 

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, 4 LPRA 

sec. 536. (2010).

11 34 USCA sec. 20901 et seq. (2017) previamente citada como 42 U.S.C. 

sec. 16901 et seq.

12 U.S. v. Hill, 820 F.3d 1003, 1004 (C.A.8 (Ark.), 2016) citando Reynolds v.

United States, 132 S.Ct. 975, 978 (2012). (“Congress enacted the Sex Offender 

Registration and Notification Act (SORNA) ‘to protect the public from sex 

offenders and offenders against children,’ [...], and to make more uniform and 

effective the patchwork of sex-offender registries throughout the United 

States.”)

13 34 USCA sec. 20912(a); Office of the Attorney General; The National Guidelines 

for Sex Offender Registration and Notification, 73 FR 38030-01. (National 

Guidelines).
CC-2022-0468 7

Cónsono con lo anterior, el Departamento de Justicia publicó 

The National Guidelines for Sex Offender Registration and 

Notification (Guías nacionales) en las que se impartieron las 

directrices y regulaciones para interpretar e implementar la 

ley SORNA.14 En las Guías nacionales, el Departamento de 

Justicia dejó claro que la ley SORNA no tiene la intención de 

excluir o limitar la discreción de las jurisdicciones para 

adoptar requisitos de registro y notificación más extensos o 

adicionales para alcanzar el cometido de la legislación

federal.15

En atención a los cambios consabidos en la ley SORNA y, 

en aras de ajustar la legislación estatal, nuestra Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 243-2011 (Ley Núm. 243) con la 

cual enmendó sustancialmente la Ley Núm. 266, supra.

Uno de los cambios medulares es que la ley define que, 

para fines del Registro, un delito sexual incluye:

(i) un delito que tenga como elemento 

constitutivo un acto sexual o conducta 

sexual con otra persona; 

(ii) un delito específico contra un menor de 

edad;16

(iii) [...]

(iv) [...]

(v) [...]

(vi) una tentativa o conspiración para cometer 

cualquier delito descrito en los sub-incisos 

(i) al (v) de este inciso.17

14 34 USCA sec. 20912(b).

15 National Guidelines, supra, pág. 38,046.

16 Véase Art. 2(2) de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(2) que establece 

un listado de características y elementos que incluyen los delitos específicos 

contra un menor de edad cuya consecuencia sería la inscripción en el Registro 

de ofensores de la persona convicta. 

17(Énfasis suplido). Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA 536(3).
CC-2022-0468 8

Lo que procura la definición de delito sexual que dispone 

el Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra, es reafirmar que, para 

propósitos de la inscripción de una persona convicta en el 

Registro, se requiere que el delito cometido contenga hechos 

que configuren un elemento constitutivo de un acto o conducta 

sexual con otra persona. En efecto, los delitos contenidos en 

la Ley Núm. 266, supra, penalizan la conducta sexual y estos 

emergen de varias legislaciones de índole penal.18 Por lo tanto, 

esta acepción de delito sexual cumplió con el requisito mínimo 

exigido por la ley SORNA respecto a que la conducta sexual que 

requerirá que una persona convicta se inscriba en el Registro 

tiene que estar codificada en el ordenamiento jurídico penal 

del estado o territorio que se trate.19

Antes de la enmienda, la Ley Núm. 266, supra, se limitaba

a establecer un listado de delitos sexuales que, 

independientemente de la gravedad o morbosidad del delito 

sexual cometido, de ordinario, el depredador sexual tenía que 

estar inscrito en el Registro por el término uniforme de diez

años.20 No existía clasificación ni gradación del depredador 

sexual, este simplemente estaba clasificado como “la persona 

18 Arts. 2(8),(9) y (10) de la Ley Núm. 266, supra. 4 LPRA secs. 536(8), (9) y 

(10).

19 National Guidelines, supra, pág. 38,051. (“Sexual Act and Sexual Contact 

Offenses [34 USCA sec. 20911(5)(i)]: The first clause in the definition covers 

‘a criminal offense that has an element involving a sexual act or sexual contact 

with another.’ (‘Criminal offense’ in the relevant sense refers to offenses 

under any body of criminal law, including state, local, tribal, foreign, 

military, and other offenses, as provided in [34 USCA sec. 20911(6)].”)(Énfasis 

suplido).

20 Art. 3 y 5 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA ant. sec. 536(a) y (c) (2010).
CC-2022-0468 9

que comete delito sexual contra menores de dieciocho (18) años 

de edad.”21

Ahora bien, con las modificaciones a la Ley Núm. 266, 

supra, se acuñó la figura del ofensor sexual y es “aquel 

individuo que ha sido convicto por un delito sexual o su 

tentativa o conspiración”.22 El estatuto instituyó tres 

clasificaciones que, dependiendo del delito de índole sexual 

cometido, será la categoría y el término que el ofensor sexual 

convicto estará sujeto al Registro.23 Estas son: “Ofensores 

Sexuales Tipo I, los Ofensores Sexuales Tipo II y los Ofensores 

Sexuales Tipo III” y los periodos de inscripción son quince

años, veinticinco años y vitalicio, respectivamente.24 

El legislador procuró que cada nivel de ofensor sexual 

tuviera unos deberes y unas obligaciones dirigidas al 

cumplimiento de la consabida política pública del Registro. El 

Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, contiene un andamiaje que 

incluye la forma y el plazo para que el ofensor sexual y los 

componentes gubernamentales del Registro ejecuten la política 

pública de la legislación.25 Entretanto, el Art. 5 de la Ley

21 Art. 2 de la Ley Núm. 266, 4 LPRA ant. sec. 536 (2010).

22 Art. 2(7) de la Ley Núm. 266, 4 LPRA sec. 536(7).

23 Pueblo v. Hernández, 186 DPR 656, 671 (2012).

24 Íd.(a) Art. 3 de la Ley Núm. 266, según enmendada, supra, 4 LPRA 536a(a). El 

Art. 5 de la Ley Núm. 266, supra, expone el término que un “ofensor sexual 

deberá mantenerse inscrito en el Registro y cumplir con los requisitos 

establecidos en [la] Ley [a saber]: (a) Quince (15) años, si el convicto es un 

Ofensor Sexual Tipo I; (b) Veinticinco (25) años, si el convicto es un Ofensor 

Sexual Tipo II; y (c) De por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual Tipo 

III.” 4 LPRA 536(c). (Énfasis suplido). Así, el término uniforme de diez años 

quedó eliminado con la Ley Núm. 243-2011.

25 Véase Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(b).
CC-2022-0468 10

Núm. 266, supra, dispone las obligaciones que debe cumplir todo 

ofensor sexual y promulga otras responsabilidades que son 

distintas ya que están ceñidas a la clasificación de ofensor 

sexual de la persona convicta.26

Con relación al Ofensor Sexual Tipo I, de ordinario, 

este permanecerá en el Registro por quince años.27 A grandes 

rasgos, este tiene la obligación de proveer toda su información

personal y periférica y anualmente comparecerá en la 

Comandancia de la Policía de su residencia para actualizar o 

verificar la información contenida en el Registro. Gran parte 

de esta información se publica en internet y se comparte en 

todas las agencias del orden público y a las agencias 

gubernamentales, tanto estatales como federales; así como, con 

cualquier persona, compañía u organización que lo solicite.28

Finalmente,”[u]n Ofensor Sexual Tipo I convicto anteriormente 

de un delito sexual y que posteriormente comete otro delito 

sexual o su tentativa o conspiración” contra un menor de edad, 

acarrea las consecuencias del Ofensor Sexual Tipo II.29

Además, “[l]a Policía de Puerto Rico suministrará [...] 

un enlace donde la información sobre el récord de fichaje del 

ofensor sexual conteniendo datos sobre las huellas dactilares 

26 Véase Art. 5 de la Ley Núm. 266, según enmendada, supra, 4 LPRA sec. 536(c).

27 Contrario a las otras clasificaciones, el Art. 5 de la Ley Núm. 266, según 

enmendada, supra, dispone que la información de un Ofensor Sexual Tipo I podrá 

ser eliminada del Registro antes de que transcurra el plazo de quince años si, 

por virtud de una orden o resolución de un tribunal, la persona convicta mantiene 

un récord negativo de antecedentes penales por un término de diez años. 4 LPRA 

sec. 536(c).

28 Arts. 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA secs. 536(d), (e) y (f).

29 Art. 2(9)(vi) de la Ley Núm. 266, supra.
CC-2022-0468 11

y de la palma de la mano, fotos y descripción física del ofensor 

sexual, estará disponible para el Sistema “[de Información de 

Justicia Criminal]”.30 Si la persona convicta incumple con 

cualquiera de las obligaciones impuestas por el Registro comete 

un delito grave y, a discreción del tribunal, está sujeto a 

una pena de reclusión de dos años o a una multa que no excederá 

de $6,000 o ambas.31 

Pero ¿qué constituye un Ofensor Sexual Tipo I? El 

Art. 2(8)(vi) de la Ley Núm. 266, supra, establece que

“Ofensor Sexual Tipo I”. — [son las personas] que 

resulten convictas por los siguientes delitos o su 

tentativa o conspiración, cuando se incurre en

conducta constitutiva de abuso sexual; 

(a) Restricción de la libertad, cuando la víctima 

fuere menor de dieciocho (18) años, según comprendido 

en la sec. 4796(e) del Título 33.

(b) Restricción de libertad agravada, cuando la 

víctima fuere menor de dieciséis (16) años, según 

comprendido en el Artículo 131(e) de la Ley Núm. 115 

de 22 de julio de 1974, según enmendada.

(c) Delito de maltrato a menores, según establecido 

en los Artículos 75 y 76 de la Ley 177-2003, cuando 

se incurre en conducta constitutiva de abuso sexual.

(d) Maltrato agravado conyugal, cuando se cometiere 

y simultáneamente se incurriere en conducta 

constitutiva de abuso sexual, en maltrato de un 

menor, según definido en la Ley 177-2003, según 

comprendido en la sec. 632(g) del Título 8.32

30 Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(b); Art. 2(14) de la Ley 

Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(14). 

31 Art. 10 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536h.

32 El Art. 3.2(g) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Ley Núm. 54 de 8 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 632(g) establece lo 

que constituye el maltrato agravado y una de las circunstancias para que se 

configure es “(g) cuando se cometiere y simultáneamente se incurriere en 

maltrato de un menor según definido en la Ley para el Bienestar y la Protección 

Integral de la Niñez, Ley Núm. 177-2003, 8 LPRA sec. 444-450m.”(Énfasis 

suplido).

Destacamos que el Art. 2(b) de la Ley Núm. 177-2003, Ley para el Bienestar y la 

Protección Integral de la Niñez, 8 LPRA ant. sec. 444(b) (2010) establecía que 
CC-2022-0468 12

(e) Envío, transportación, venta, distribución, 

publicación, exhibición o posesión de material 

obsceno; Espectáculos obscenos; Exposiciones 

deshonestas cuando el acto tuviere lugar en presencia 

de una persona menor de 16 años, según establecido 

en los Artículos 106, 113 y 114 de la Ley Núm. 115 

de 22 de julio de 1974, según enmendada; y en las 

secs. 4783 y 4784 del Título 33.33

(f) Exposicione[s] obscenas; Proposición obscena, 

según tipificados en las secs. 4775 y 4776 del Título 

33. 34

(g) Cualquier delito antecedente o sucesor de los 

mencionados en las cláusulas (a), (b), (c), (d), (e) 

o (f) de este inciso. (Énfasis suplido).

abuso sexual “[s]ignifica incurrir en conducta sexual en presencia de un menor 

y/o que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar 

conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de 

procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes 

delitos: agresión sexual, actos lascivos, exposiciones obscenas, proposición 

obscena, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de 

pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil, envío, 

transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de 

material obsceno y espectáculos obscenos según han sido tipificados en el Código 

Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” La Ley Núm. 177, supra, quedó 

derogada por la Ley 246-2011, infra, y esta, a su vez, quedó derogada por la 

Ley Núm. 57-2023, conocida como Ley para Prevención del Maltrato, Preservación 

de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. 

Sin embargo, esencialmente la definición de abuso sexual no ha variado. 

33 Según el Art. 106 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 4068 (2003),

cometía el delito de exposiciones deshonestas “Toda persona que voluntariamente 

expusiere sus partes pudendas o cualquier otra parte íntima de su cuerpo en 

cualquier sitio en que se hallare presente otra persona, incluyendo agentes del 

orden público, a quien tal exposición pudiera ofender o molestar, será 

sancionada con pena de reclusión que no excederá de tres meses o multa que no 

excederá de doscientos cincuenta dólares. La pena dispuesta en la presente

sección será de reclusión por un término máximo de seis meses o multa máxima de 

quinientos dólares si el acto tuviere lugar en presencia de una persona menor 

de dieciséis años.” 

Este delito quedó derogado con la aprobación del Código Penal de 2004 que, en 

su lugar, estableció el delito de exposiciones obscenas en el Art. 147, 33 LPRA 

ant. sec. 4775 (2011) que, muy similar al actual, postula que “[t]oda persona 

que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio en que esté 

presente otra persona, incluyendo agentes de orden público, a quien tal 

exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito menos grave. Esta 

conducta no incluye el acto de lactancia a un infante.”

34 Las secciones 4775 y 4776 pertenecían al Código Penal de 2004. En específico, 

la sec. 4776 correspondía al Art. 148 que regulaba el delito de proposiciones 

obscenas que establecía que “[t]oda persona que en un lugar público o abierto 

al público haga proposiciones obscenas de una manera ofensiva al pudor público, 

incurrirá en delito menos grave.” A pesar de que este delito se incluyó en el 

Art. 138 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5198, quedó eliminado mediante 

las enmiendas aprobadas con la Ley Núm. 246-2014. 
CC-2022-0468 13

Nótese que, para efectos del Registro, cuando se trata 

de un Ofensor Sexual Tipo I se requiere que la persona convicta 

de los delitos allí señalados haya incurrido además en una 

conducta constitutiva de abuso sexual.35 Es decir, este se 

inscribirá “en el Registro únicamente si su conducta constituyó 

abuso sexual”.36 Ni la Ley Núm. 266, supra, ni las enmiendas 

incorporadas en esta mediante la Ley Núm. 243, supra, 

ofrecieron una definición de abuso sexual concerniente al 

Registro. Igualmente, el Código Penal de 2012, supra, tampoco

extiende una acepción respecto a esta figura jurídica.

Ahora bien, en el inciso (d) del Art. 2(8)(vi) de la Ley 

Núm. 266, supra, se reconoce la definición de abuso sexual de

la legislación que penaliza el maltrato de menores o cuando se 

configura el maltrato conyugal frente a un menor.37 Así, el 

Art. 3(b) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec. 1101 ant. et seq., 

expuso que abuso sexual es:

incurrir en conducta sexual en presencia de un menor 

y/o que se utilice a un menor, voluntaria o 

involuntariamente, para ejecutar conducta sexual 

dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto

que, de procesarse por la vía criminal, configuraría 

cualesquiera de los siguientes delitos: agresión 

sexual, actos lascivos, comercio de personas para 

actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición 

obscena, producción de pornografía infantil, posesión 

y distribución de pornografía infantil, utilización 

35 Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 671.

36 Íd. 

37 Destacamos que el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real 

Academia Española adoptó como uso general y común el concepto de abuso sexual 

y lo define como “delito consistente en la realización de actos atentatorios 

contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación." 

Definición de abuso sexual - Diccionario panhispánico del español jurídico -

RAE (última visita 1 de abril de 2024).
CC-2022-0468 14

de un menor para pornografía infantil; envío, 

transportación, venta, distribución, publicación, 

exhibición o posesión de material obsceno y 

espectáculos obscenos según han sido tipificados en 

el Código Penal de Puerto Rico.38 (Énfasis suplido).

Igualmente, la Ley Núm. 246, supra, carece de una 

definición concreta de conducta sexual, pero el inciso (e) del 

Art. 3(c) de esta precisó la conducta obscena tal como la 

enmarca el Código Penal de 2012.39 En la sección cuarta del 

Capítulo IV del Código Penal de 2012 que atiende la obscenidad, 

se encuentran los Arts. 143(a) y (b), allí se define conducta 

obscena y se expone lo que comprende una conducta sexual.

(a) Conducta obscena. Es cualquier actividad física 

del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo solo o con 

otras personas, incluyendo, pero sin limitarse, a 

cantar, hablar, bailar, actuar, simular, o hacer 

pantomimas, la cual considerada en su totalidad por 

la persona promedio y, según los patrones 

comunitarios contemporáneos: 

(1) apele al interés lascivo, o sea, interés 

morboso en la desnudez, sexualidad o funciones 

fisiológicas; 

(2) represente o describa en una forma 

patentemente ofensiva conducta sexual; y 

(3) carezca de un serio valor literario, 

artístico, religioso, científico o educativo. 

La atracción de la conducta al interés lascivo 

se juzgará [con] relación al adulto promedio, a menos 

que se desprenda de la naturaleza de dicha conducta 

o de las circunstancias de su producción, 

presentación, o exhibición que está diseñada para 

grupos de desviados sexuales, en cuyo caso la 

38 La Ley 246-2011, supra, es la legislación aplicable al caso que nos ocupa 

toda vez que los hechos ocurrieron antes de la aprobación de la Ley 

Núm. 57-2023, supra. Como se mencionó, esta última contiene, en el Art. 3(b), 

8 LPRA sec. 1643, una definición casi exacta de abuso sexual a la que establecía 

el Art. 3(b) la Ley 246-2011, 8 LPRA ant. sec. 1101 (2010).

39 El Art. 3(e) de la Ley Núm. 246, 8 LPRA ant. sec. 1101(e) establecía que 

conducta obscena es “cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea 

llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse a 

cantar, hablar, bailar, actuar, simular o hacer pantomimas, la cual considerada 

en su totalidad por la persona promedio y, según los patrones comunitarios 

contemporáneos, apele al interés lascivo y represente o describe en una forma 

patentemente ofensiva conducta sexual y carece de un serio valor literario, 

artístico, político, religioso, científico o educativo.”
CC-2022-0468 15

atracción predominante de la conducta se juzgará con 

referencia al grupo a quien va dirigido. 

En procesos por violación a las disposiciones 

de esta Sección en donde las circunstancias de 

producción, presentación o exhibición indican que el 

acusado está explotando comercialmente la conducta 

obscena por su atracción lasciva, dichas 

circunstancias constituyen prueba prima facie de que 

la misma carece de un serio valor literario, 

artístico, religioso, científico o educativo. 

Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo 

para o en presencia de menores, será suficiente que 

el material esté dirigido a despertar un interés 

lascivo en el sexo. 

(b) Conducta sexual. Comprende: 

(1) representaciones o descripciones 

patentemente ofensivas de actos sexuales

consumados, normales o pervertidos, actuales o 

simulados, incluyendo relaciones sexuales, 

sodomía y bestialismo, o 

(2) representaciones o descripciones 

patentemente ofensivas de masturbación, 

copulación oral, sadismo sexual, masoquismo 

sexual, exhibición lasciva de los genitales, 

estimular los órganos genitales humanos por 

medio de objetos diseñados para tales fines, o 

funciones escatológicas, así sea tal conducta 

llevada a cabo individualmente o entre miembros 

del mismo sexo o del sexo opuesto, o entre 

humanos y animales.40 (Énfasis suplido).

De una lectura integral de ambas conductas se puede 

colegir que si bien la definición de abuso sexual discutida 

está delimitada a una conducta sexual u obscena ejecutada en 

presencia de menores o en contra de un menor, esta acepción 

incluye cuando la persona perjudicada es mayor de edad, pero 

40 33 LPRA secs. 5204(a) y (b). No podemos pasar por alto que la definición de 

conducta obscena detallada recoge la doctrina de obscenidad que el Tribunal 

Supremo Federal desarrolló en Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). En este,

y en síntesis, el Máximo Foro Federal estableció que será considerado material 

obsceno aquello que: a)una persona promedio utilizando patrones comunitarios 

contemporáneos, encuentre que considerado en su totalidad apela a un interés 

lascivo; b) que representa o describe conducta sexual en una forma patentemente 

ofensiva; c) que el material visto en su totalidad carezca de un serio valor 

literario, artístico, político o educativo.
CC-2022-0468 16

resultó víctima de un delito de índole sexual. Tanto la

conducta sexual como la conducta obscena señalada tienen como 

denominador común que la persona convicta actuó lascivamente. 

Con relación a este término hemos expresado que:

‘Lascivamente,‘ significa de modo disoluto, 

sensual, no casto, impuro, ó lascivo. La palabra 

‘lascivo‘ ha sido definida en el sentido de 

significar tener una tendencia a excitar pensamientos 

lujuriosos, [...]. Al usar el Congreso los términos 

‘obsceno,‘ ‘indecente,‘ ‘lewd’ y ‘lascivo,‘ solamente 

tuvo presente el significado corriente de estas 

palabras [...]. Nuestra legislatura claramente usó las

palabras en el mismo sentido y con intención 

parecida.41 (Énfasis suplido).

Por lo tanto, cuando la persona convicta se clasifica 

como un Ofensor Sexual Tipo I por incurrir en una conducta

constitutiva de abuso sexual específicamente desplegada contra 

un adulto, contrario a un menor, debe incluir la intención y 

voluntariedad de una conducta sexual u obscena según discutida. 

B. Exposiciones obscenas 

Por otro lado, con la Ley Núm. 243, supra, se incorporó 

el delito de exposiciones obscenas en la Ley Núm. 266, supra. 

El Art. 136 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5197, expone 

que incurre en el delito de exposiciones obscenas:

Toda persona que exponga cualquier parte íntima de 

su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una 

o varias personas, incluyendo funcionarios del orden 

público, a quien tal exposición pueda ofender o 

molestar, incurrirá en delito menos grave. 

Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un 

infante. (Énfasis suplido).

Los elementos del delito son: “la exposición intencional 

de una parte íntima del cuerpo del sujeto activo, en cualquier 

41 Pueblo v. Vilar, 17 DPR 1054 (1911).
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lugar donde estuviere presente otra persona que pudiera 

ofenderse o molestarse por tal acto, en la medida que afecta 

las normas colectivas de pudor público.”42

El delito de exposiciones obscenas se encuentra en el 

Capítulo IV del Código Penal, supra, que atiende los delitos 

contra la indemnidad sexual y es el único que se encuentra 

clasificado como un delito contra la moral pública. El 

legislador codificó la exposición obscena como delito para

“proteger la sensibilidad y el pudor del público y a evitar 

conducta que atente contra las normas de pudor y decencia que 

tiene la sociedad.”43 Por lo tanto, “hechos que en sí no son 

ilícitos ni ofensivos, como podría ser la desnudez [...] en la

intimidad[,]” podría serlo si la exposición de la parte íntima 

del cuerpo se realiza en cualquier lugar donde las normas de 

convivencia social y una persona promedio considera que ofende 

el pudor y, por ende, le resulta obsceno.44 Es decir, el 

criterio rector con relación a la comisión del delito en 

cuestión es la circunstancia en que la exposición tuvo lugar

y, si con ella, el o los observadores se sintieron ofendidos o 

molestos por su contenido obsceno e inapropiado. 

III

Es la primera vez que tenemos la oportunidad de analizar 

si, en el contexto de la Ley Núm. 266, supra, el hecho de que 

una persona haya sido convicta por el delito de exposiciones 

42 D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: actualizado y comentado, 4ta 

ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 227.

43 Íd.

44 Íd., págs. 227-228.
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obscenas por haber expuesto sus genitales para orinar, eso de

por sí, es suficiente para la inscripción automática de tal 

persona en el Registro, habiéndose ejecutado el acto ante un 

adulto.

Del expediente surge que el señor Rodríguez Orengo se 

presentó en la residencia del Sr. Carlos Rodríguez Rivera 

(perjudicado) en horas de la mañana del 7 de febrero de 2019. 

Allí, en medio de un acto de alteración a la paz, el 

peticionario sacó su pene y orinó la puerta de garaje del 

perjudicado que, a su vez, es su vecino. Estos hechos 

ocurrieron en presencia del perjudicado y este con ese acto se 

sintió ofendido. Ciertamente, es incuestionable que se 

configuró el delito de exposición obscena del cual el 

peticionario resultó culpable.45

Sin embargo, y como expusimos, la Ley Núm. 266, es una 

ley especial cuya política pública es proteger exclusivamente

a las víctimas de delitos sexuales y a menores víctimas de 

abuso o de delitos de carácter sexual de una persona convicta 

que cometió un delito sexual.46 Idéntico a la ley SORNA, nuestra

legislación exige que uno de los elementos del delito cometido 

contenga un elemento constitutivo de acto o conducta sexual 

con la persona perjudicada. Esto incluye su tentativa o la 

conspiración para la comisión del delito sexual, según definido 

45 Habida cuenta de que los hechos del presente caso ocurrieron en presencia de 

un adulto, en nuestro análisis, no tomaremos en consideración si el delito de 

exposiciones obscenas tal como aconteció se ejecuta en presencia de un menor de 

edad según dispone la Ley Núm. 266, según enmendada, supra. 

46 Véase, el Art. 1 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536.
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por el Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra. El delito de 

exposiciones obscenas contra un adulto se encuentra incluido 

en la clasificación de Ofensor Sexual Tipo I, específicamente 

en el Art. 2(8)(vi) de la Ley Núm. 266, supra. Sin embargo, la 

persona convicta por el delito de exposiciones obscenas debe 

haber desplegado una conducta constitutiva de abuso sexual para 

ser inscrito en el Registro.

De acuerdo con el análisis esbozado de la definición de

abuso sexual y su relación con el delito de exposiciones 

obscenas dentro del marco legal de la Ley Núm. 266, supra, se 

requiere que la persona convicta por el delito de exposiciones 

obscenas haya desplegado en contra del adulto perjudicado una 

conducta sexual u obscena.47

Nótese que los actos del peticionario que, en efecto, 

configuraron el delito de exposiciones obscenas, no reflejaron

una conducta dirigida a satisfacer la lascivia contra el señor 

Rodríguez Rivera o apelar al interés lascivo de este ni realizó

representaciones patentemente ofensivas de actos sexuales o de

exhibición lascivia de sus genitales. Si bien el peticionario 

se sacó el pene en presencia del perjudicado para orinar la

puerta de garaje, no lo hizo para atacarlo sexualmente o de 

alguna forma intimidar o incitar sexualmente la lascivia del 

señor Rodríguez Rivera o la del peticionario. Por lo tanto, 

ante la ausencia del elemento constitutivo de abuso sexual como 

delito de índole sexual para los Ofensores Sexuales Tipo I en 

la conducta del peticionario al cometer el delito, procede y 

47 Pueblo v. Vilar, supra.
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se ordena que se elimine su información del Registro de 

ofensores sexuales.

Por último, debe quedar meridianamente claro que no 

estamos dejando sin efecto el delito de exposiciones obscenas

de la Ley Núm. 266, supra, y bajo ningún concepto se debe 

interpretar que avalamos los actos del peticionario, por lo 

cuales este fue sentenciado penalmente.

Lo que sí debe tenerse presente es que el delito de 

exposiciones obscenas es un acto contra la moral pública que, 

entre adultos, no necesariamente contendrá un elemento 

constitutivo de abuso sexual como delito sexual incluido para 

las personas convictas que por ello obligatoriamente tengan 

que inscribirse en el Registro como Ofensor Sexual Tipo I. En 

estos casos, los foros inferiores deben examinar las 

circunstancias particulares en las que la persona convicta 

cometió el delito de exposiciones obscenas. Es decir, se debe 

determinar si los hechos contienen el elemento constitutivo de

un acto sexual o conducta sexual con otra persona adulta y 

determinar si, considerándola en su totalidad como lo haría 

una persona promedio de acuerdo con los patrones comunitarios 

contemporáneos, estos apelan al interés lascivo y representan 

o describen en una forma patentemente ofensiva una conducta 

sexual.48

48 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Ramos Román, Caso Núm. KLAN201800734, 

resuelto por el Tribunal de Apelaciones el 17 de septiembre de 2019.
CC-2022-0468 21

IV

Por los fundamentos expuestos, se revocan las sentencias 

de los foros a quo y ordenamos la eliminación de la información 

del peticionario del Registro de ofensores sexuales de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

Se dictará Sentencia de conformidad.

 Erick V. Kolthoff Caraballo

 Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico 

Recurrido

 

v.

Jaime Rodríguez Orengo

Peticionario 

CC-2022-0468 Certiorari

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión 

que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la 

presente, se revocan las sentencias de los foros a quo

y ordenamos la eliminación de la información del 

peticionario del Registro de ofensores sexuales de 

conformidad con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica 

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta 

Oronoz Rodríguez no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez 

 Secretario del Tribunal Supremo