Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

GABRIEL ROJAS ORTIZ

Apelado

v.

ELIENID BERRÍOS DEL 

HOYO, POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJO MEBDH

Apelantes

KLAN202300358

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Aibonito

Caso número:

AI2022RF00307

Sobre:

Filiación, 

Reconocimiento 

Voluntario 

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez 

Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Elienid Berrios del 

Hoyo, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, el 28

de febrero de 2023, notificada el 6 de marzo del mismo año. En el referido 

dictamen, el foro recurrido ordenó a las partes a realizarse una prueba de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) o de paternidad. Junto a su recurso,

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Por tratarse de un dictamen interlocutorio, acogemos el recurso 

como un certiorari y conservamos el alfanumérico asignado para propósitos 

administrativos.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, declaramos 

No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la 

expedición del auto de certiorari. Veamos.

I

El 27 de septiembre de 2022, Gabriel Rojas Ortiz (Rojas Ortiz o 

recurrido) incoó una Demanda sobre filiación y reconocimiento voluntario

en contra de Elienid Berrios del Hoyo (Berríos del Hoyo o peticionaria) y su 
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hijo menor de edad, MEBH.

1 En síntesis, alegó que, el 18 de septiembre 

de 2021, el menor MEBH nació producto de la relación consensual de 

convivencia que mantuvo con Berríos del Hoyo. Según adujo, el menor 

MEBH fue inscrito en el Registro Demográfico con los apellidos de Berríos 

del Hoyo, sin haber sido reconocido por este, su padre biológico. Sostuvo 

que quería reconocer como su hijo al menor MEBH, ejercer sus facultades 

inherentes de la patria potestad sobre este y relacionarse con él. En virtud 

de lo anterior, solicitó que (1) se le permitiera participar en el proceso de 

escoger el nombre de su hijo, (2) inscribirlo en el Registro Demográfico con 

un nombre escogido entre las partes, incluyendo el apellido de ambos 

progenitores, y (3) que se establecieran las relaciones paternofiliales.

Por su parte, el 8 de diciembre de 2022, Berríos del Hoyo presentó 

su Contestación a Demanda.

2 En esencia, negó las alegaciones vertidas 

en la acción de epígrafe. Planteó que existía una Orden de Protección a su 

favor. A su vez, arguyó que Rojas Ortiz había realizado una alegación de 

culpabilidad por violación a los Artículos 3.1 (maltrato), 3.2(d) (maltrato 

agravado; en la presencia de menores de edad) y 3.4 (maltrato mediante 

restricción de la libertad) de la Ley de Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Violencia Doméstica, 8 LPRA 

secs. 631, 632(d) y 634 (Ley Núm. 54-1989).

Así las cosas, el 23 de febrero de 2023, se celebró una Conferencia 

sobre el Estado de los Procedimientos.3 Según surge de la Minuta, en lo 

pertinente, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a las partes que se 

realizaran las pruebas de ADN y les exhortó a que se reunieran para 

escoger un laboratorio. Ante ello, Berríos del Hoyo indicó que no iba a 

comparecer al laboratorio donde Rojas Ortiz estuviera, toda vez que el foro 

primario conocía la situación de Ley Núm. 54-1989, supra, en este caso. 

Berríos del Hoyo sostuvo que había que tomar las medidas necesarias para 

1 Anejo 4 del recurso.

2 Anejo 5 del recurso.

3 Véase, Caso Civil Núm. AI2022RF00307 en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).
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realizar la referida prueba. Atendido el planteamiento, el foro a quo hizo 

constar que entendía que las partes no iban a comparecer 

simultáneamente. No obstante, Berríos del Hoyo expresó estar en 

desacuerdo con lo ordenado.

De conformidad con lo anterior, el 28 de febrero de 2023, notificada 

el 6 de marzo del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Orden que nos ocupa.4 En específico, ordenó a las partes a realizarse una 

prueba de ADN o de paternidad. Dictaminó que el recurrido, a través de su 

representación legal, debía realizar las gestiones necesarias en un 

laboratorio clínico de referencia o de su predilección para realizarse las 

pruebas de ADN o de paternidad. Asimismo, ordenó a las partes que, una 

vez lo coordinaran, incluyendo el conocer las instrucciones a impartirse por 

el laboratorio, se realizaran las pruebas de ADN. Apercibió a las partes que, 

ante la negatoria de comparecer y practicarse las pruebas, podían ser 

sancionadas económicamente o encontrarse incursas en desacato. Por 

otro lado, particularizó que el costo lo asumirá a razón de un cincuenta por 

ciento (50%) cada parte. Añadió que, luego de conocer los resultados, la 

parte perdidosa tendrá que reembolsar el otro cincuenta por ciento (50%) 

a la parte que prevalezca.

En desacuerdo, el 23 de marzo de 2023, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración en Torno a Prueba 

de ADN.

5 Evaluado el petitorio, el 27 de marzo de 2023, el foro primario 

emitió y notificó una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración.6

Inconforme con dicha determinación, el 26 de abril de 2023, la parte 

peticionaria acude ante nos mediante el recurso de epígrafe y realiza el

siguiente señalamiento de error:

Erró el Tribunal Superior al ordenar realizar pruebas de ADN a 

las partes sin antes celebrar vista evidenciaria donde se 

demuestre con prueba documental o testifical, hechos 

concretos que razonablemente puedan llevar al juzgador a 

creer que el promovente es padre biológico del menor, tomando 

4 Anejo 1 del recurso.

5 Anejo 2 del recurso.

6 Anejo 3 del recurso.
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en consideración el patrón de violencia doméstica ejercido por 

el demandante/apelado hacia la demandada/apelante y el 

derecho constitucional a la intimidad y el debido proceso de ley.

Junto a su recurso, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice sometido por 

la parte peticionaria y optamos por prescindir de los términos, escritos o 

procedimiento ulteriores “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho”. Regla 7(b)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(b)(5). Resolvemos.

II

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un 

tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 

resuelto el 12 de abril de 2023; Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 

207 DPR 994, 1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo 

abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público 

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. (Énfasis nuestro).

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
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peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen 

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 

(2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla dispone 

lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, 

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores 
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esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, 

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante 

nos.

III

La parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al ordenar realizar pruebas de ADN a las partes sin antes celebrar 

vista evidenciaria. En particular, sostiene que, previo a las pruebas, hay 

que demostrar, con prueba documental o testifical, hechos concretos que 

razonablemente puedan llevar al juzgador a creer que el recurrido es padre 

biológico del menor. Además, alega que el foro primario debe tomar en 

consideración el patrón de violencia doméstica ejercido por el recurrido

hacia esta, así como el derecho constitucional a la intimidad y el debido 

proceso de ley.

Luego de examinar con detenimiento la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, no se desprende que el foro primario haya actuado 

con pasión, prejuicio o parcialidad o haya incurrido en craso abuso de 
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discreción o en un error manifiesto o de derecho, al ordenar a las partes a 

realizarse una prueba de ADN o de paternidad.

En ausencia de algún factor o situación que apunte a un error 

manifiesto en derecho o en un fracaso a la justicia, el foro primario, 

específicamente la sala de relaciones de familia, merece deferencia y está 

en mejor posición para entender sobre la controversia que nos ocupa, ello 

en el interés óptimo del menor en este caso. Por consiguiente, y evaluada 

la precitada Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no 

nos encontramos ante ninguno de los escenarios allí establecidos, por lo 

que nos abstenemos de intervenir sobre el dictamen recurrido.

IV

Por los fundamentos que anteceden, declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de 

certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones