Número Identificador

SEN2024 _______________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL (IV)1

OMAR SAFAR HALABI

Parte Recurrida

v.

ASOCIACIÓN DE 

TITULARES MADEIRA ROW 

HOUSES, INC. Y OTROS

Parte Peticionaria 

KLCE202400390 

Consolidado con 

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm. 

SJ2020CV03944

Por:

Incumplimiento de 

contrato

OMAR SAFAR HALABI

Parte Recurrida

v.

ASOCIACIÓN DE 

TITULARES MADEIRA ROW 

HOUSES, INC. Y OTROS

Parte Recurrida

CARLOS N. BERRÍOS 

CASILLAS Y RUBÉN SERGIO 

SOLANOT 

Parte Peticionaria

KLCE202400396

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm. 

SJ2020CV03944

Por:

Incumplimiento de 

contrato

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez 

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2024.

Comparece la Asociación de Titulares de Madeira Row Houses, 

Inc. (en adelante, la Asociación) mediante un recurso de Certiorari

en el caso KLCE202400390 y nos solicita la revisión de la Orden

emitida el 26 de enero de 2024 y notificada el 29 de enero de 2024,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en 

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró que “procede 

la moción del [recurrido Omar Safar Halabi] para dictar un embargo 

en ejecución de la sentencia”.2

1 Asignado de conformidad a la OAJP-2021-086 de 4 de noviembre de 2021.

2 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, págs. 143-144.
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

2

A su vez, comparecen el Sr. Carlos Noel Berríos Casillas y el 

Sr. Rubén Sergio Solanot Quironga mediante un recurso de 

Certiorari en el caso KLCE202400396 y nos solicitan la revisión de 

la Orden emitida y notificada el 6 de marzo de 2024. Mediante este 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración

presentada el 13 de febrero de 2024 por los Sres. Berríos Casillas y 

Solanot Quironga3 y, en consecuencia, se sostuvo en la Orden del 

26 de enero de 2024.4

Por los fundamentos que expondremos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida. 

I.

El 28 de julio de 2020, el Sr. Omar Safar Halabi (en adelante, 

el Sr. Safar Halabi o parte recurrida) presentó una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato y condiciones restrictivas en contra de 

la Asociación y los miembros de la Junta de Directores de dicha 

asociación en su carácter personal: el Sr. Rubén Sergio Solanot

Quironga, el Sr. Roberto J. Alfonso Rivera y el Sr. Noel Berríos 

Casillas.5 En la demanda, el Sr. Safar Halabi alegó que era titular 

de un apartamento del proyecto residencial Medeira Row Houses 

ubicado en el sub-barrio Ocean Park del barrio Santurce del 

municipio de San Juan, el cual estaba sujeto a las condiciones 

restrictivas establecidas en la Escritura Núm. 26 sobre Constitución 

de Condiciones Restrictivas otorgada el 12 de septiembre de 2005 

(en adelante, Escritura Núm. 26). Según alegó, en la Asamblea 

Anual de Titulares celebrada el 21 de septiembre de 2018, se 

presentó la propuesta del presupuesto anual de 2018-2019, en la 

cual se establecía un aumento de $1,200.00 a $1,490.00 a la cuota 

de mantenimiento anual de la urbanización. Dicho aumento fue 

3 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, págs. 155-163.

4 Véase nota al calce 2.

5 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 1-4 (ambos).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 3

aprobado por cuatro (4) de los (5) titulares del proyecto residencial,

con la objeción del Sr. Safar Halabi.6 El Sr. Safar Halabi impugnó la 

aprobación del aumento a la cuota de mantenimiento anual bajo el 

fundamento de que se requería el consentimiento unánime de los 

titulares para aumentar la cuota de mantenimiento anual en más 

de un diez por ciento (10%), conforme al Artículo VI (b) de la 

Escritura Núm. 26.7

El Sr. Safar Halabi solicitó como remedio en la demanda que 

se dejara sin efecto el aumento aprobado en la Asamblea Anual de 

Titulares; y se ordenara el reembolso de lo pagado en exceso por 

dicho concepto.8

Luego de varios trámites procesales, entre estos la 

presentación por los peticionarios de sus respectivas alegaciones 

responsivas, el 23 de junio de 2022, las partes presentaron 

conjuntamente Moción Conjunta Solicitando se Emita Sentencia, en 

la cual estipularon los hechos del caso, alegaron que la controversia 

era una de derecho, expusieron sus respectivas posiciones y 

solicitaron que se dictara sentencia.9

El 14 de noviembre de 2022, notificada el 15 de noviembre de 

2022, el TPI dictó Sentencia, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Demanda presentada por el Sr. Safar Halabi y, en consecuencia, se 

declaró nula y se dejó sin efecto la aprobación del aumento a la 

cuota de mantenimiento anual.10 En su dictamen, el TPI acogió las 

estipulaciones de hechos de las partes y, luego de un análisis de las 

cláusulas de la Escritura Núm. 26 en cuestión, concluyó y resolvió 

lo siguiente:

Después de un análisis detenido del Art. VI de la 

Escritura Núm. 26 de Constitución de Condiciones 

6 Id.

7

Id.

8

Id.

9 Apéndice, Certiorari KLCE202400396, págs. 123-125.

10 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 13-19; 129-135 

(respectivamente).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

4

Restrictivas, resolvemos que al demandante le asiste la 

razón. El inciso (b) del Art. VI dispone lo siguiente: 

[...]

Esto quiere decir que la Asociación de Titulares de 

Madeira Row Houses tiene el poder de fijar al principio 

de cada año calendario o fiscal una cuota de 

mantenimiento para tal año. La Asociación de Titulares 

tiene el poder de aumentar o disminuir tal cuota dentro 

de cualquier momento del año o al siguiente año fiscal. 

No obstante, si la Asociación de Titulares estima 

necesario disminuir o aumentar la cuota de 

mantenimiento anual, y este aumento o disminución 

excede el 10% de la cuota de mantenimiento anual para 

tal año, se necesitará el consentimiento unánime de los 

titulares. [...] El inciso (m) confirma que la cuota de 

mantenimiento anual no será obligatoriamente fija, si

no que la Junta de Directores puede convocar una 

asamblea de manera extraordinaria para proponer un 

aumento a la cuota de mantenimiento, si lo estima 

apropiado. Véase que el lenguaje utilizado es “proponer 

un aumento”. Esto quiere decir que el aumento 

propuesto deberá llevarse a cabo bajo las disposiciones 

del inciso (b), es decir, con el consentimiento unánime 

de los titulares, si el aumento propuesto excede el 10% 

de la cuota de mantenimiento establecida para tal 

año.

11

Inconforme con dicha determinación, la Asociación acudió 

ante nos el 14 de diciembre de 2022 mediante el recurso de 

Apelación KLAN202201015. El 7 de febrero de 2023, el Tribunal 

de Apelaciones dictó Sentencia confirmando la determinación del 

foro apelado.12 De este dictamen se acudió ante el Tribunal 

Supremo mediante el caso CC-2023-0154, en el cual, el más Alto 

Foro, el 14 de abril de 2023 declaró No Ha Lugar la solicitud de 

certiorari presentada por la parte peticionaria.

13

Así las cosas, la parte aquí recurrida presentó el 4 de enero de 

2024 Moción para Informar Incumplimiento y Solicitud de Orden para 

Continuar Proceso de Ejecución Contra Codemandados.

14 Entre 

otros extremos, el Sr. Safar Halabi solicitó la ejecución de 

11 Íd.

12 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 20-29; 161-172 

(respectivamente).

13 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, pág. 30; 158-160

(respectivamente). El mandato en este caso por el Tribunal Supremo fue remitido 

el 25 de mayo de 2023 al foro primario.

14 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 31-34; 173-176 

(respectivamente).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 5

$24,880.00, más $1,692.72 por concepto del interés legal 

acumulado desde que se emitió Sentencia a su favor el 15 de 

noviembre de 2022 hasta el 3 de enero de 2024, más los gastos que 

se incurran en la ejecución de la sentencia, mediante el embargo de 

cualesquiera cuentas bancarias de Sr. Solanot Quironga, Sr. Berríos 

Casillas y Sr. Alfonso Rivera.

El 11 de enero de 2024, la Asociación presentó Oposición a 

Moción para Informar Incumplimiento y Solicitud de Orden para 

Continuar Proceso de Ejecución Contra Codemandados15 y el 19 de 

enero de 2024 los Sres. Berríos Casillas y Solanot Quironga se 

opusieron mediante Oposición Conjunta a Moción para Informar 

Incumplimiento [...].

16 

En su escrito la Asociación expuso que no procedía lo 

solicitado por el Sr. Safar Halabi en cuanto a la ejecución de la 

sentencia dictaminada por el TPI el 15 de noviembre de 2022, debido 

a que para el 30 de abril de 2023 la Asociación había acreditado a 

la parte recurrida los $24,880.00 a su cuenta por concepto de 

reembolso de lo pagado en exceso por la cuota de mantenimiento. 

La Asociación acompañó su moción con una Declaración Jurada 

suscrita por la Sra. María Marcos Ocasio, funcionaria de la 

compañía MMG Puerto Rico, LLC, contadora de la Asociación, 

explicando que la suma de los $24,880.00 se componía de las 

siguientes partidas: 

Entre el 1 de octubre de 2018 y el 1 de diciembre de 

2020 se hicieron 27 cargos correspondientes a la cuota 

de mantenimiento por la suma de $1,490 mensuales, o 

sea $290 en exceso de $1,200, para un total de $7,830 

cobrado[s] en exceso. 

Entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de junio de 2022 se 

hicieron 18 cargos correspondientes a la cuota de 

mantenimiento por la suma de $1,550 mensuales, o sea 

$350 en exceso de $1,200, para un total de $6,300

cobrados en exceso. 

15 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 35-40; 183-185 

(respectivamente).

16 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 41-46; 177-182 

(respectivamente).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

6

Entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de abril de 2023, se 

hicieron 10 cargos correspondientes a la cuota de 

mantenimiento por la suma de $2,275 mensuales, o sea 

$1,075 en exceso de $1,200, para un total de $10,750

cobrados en exceso.

Además, la Asociación expuso que los demás asuntos sobre 

cobro de dinero contra el Sr. Safar Halabi se debían ventilar en el 

caso SJ2022CV11094 instado sobre dicho asunto y que no 

procedían los intereses legales, ni gastos solicitados para la 

ejecución de la sentencia por haber sido satisfecha a las dos (2) 

semanas de la denegatoria del Tribunal Supremo. 

Por su parte, los Sres. Berríos Casillas y Solanot Quironga

fundamentaron su escrito en oposición en que la sentencia del TPI 

ya había sido satisfecha por la Asociación y que ellos no respondían

en su carácter personal al Sr. Safar Halabi por el reembolso de lo 

pagado en exceso a la Asociación, entre otros asuntos.

Luego de que el TPI le concediera término para replicar en 

conjunto, el 26 de enero de 2024, el Sr. Safar Halabi presentó 

Réplica en Cumplimiento de Órdenes, mediante la cual alegó que la 

Asociación no podía satisfacer la Sentencia mediante la aplicación 

de un crédito para el pago de otras deudas que según alega no eran 

líquidas ni exigibles y que eran objeto de impugnación en otro caso 

(lo relacionado al crédito concedido a los demás titulares y las 

derramas decretadas).

17

El 26 de enero de 2024, notificada el 29 de enero de 2024, el 

TPI dictó Orden en la cual dispuso de lo siguiente que “[analizadas 

las comparecencias de las partes, resolvemos que procede la 

ejecución de la sentencia por parte del demandante. [...] Vemos de 

la comparecencia de la Asociación de Titulares de Madeira Row 

Houses, Inc. que el reembolso no ha se ha verificado, por ello, 

17 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 110-115; 189-

194 (respectivamente).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 7

resolvemos que procede la moción del demandante para dictar 

un embargo en ejecución de la sentencia”.

18

Inconforme, el 30 de enero de 2024, la Asociación presentó 

Moción de Reconsideración19 en la cual reiteró que la Sentencia había 

sido satisfecha el 30 de abril de 2023, fecha en la cual se habían

acreditado los $24,880.00 en la cuenta del Sr. Safar Halabi. La 

Asociación acompañó una segunda declaración jurada, suscrita por 

la Sra. María Marcos Ocasio, funcionaria de MMG Puerto Rico LLC., 

declarando que había acreditado los $24,880.00 al Sr. Safar Halabi 

y, a su vez, acompañó copia del estado de cuenta que así lo 

acreditaba. Además, la Asociación reiteró que las controversias 

planteadas por el Sr. Safar Halabi debían ventilarse en el caso 

SJ2022CV11094. Así las cosas, ese mismo día, el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por la 

Asociación.20

Por su parte, el 13 de febrero de 2024, los Sres. Berríos

Casillas y Solanot Quironga, presentaron en tiempo Moción de 

Reconsideración sobre la orden de ejecución de sentencia.21 A esos 

fines, argumentaron que la sentencia de la cual solicitaban 

ejecución ya había sido satisfecha y que para el mes de febrero de 

2023 el propio Sr. Safar Halabi había solicitado un ajuste en su 

estado de cuentas mediante correo electrónico remitido a MMG 

Puerto Rico LLC, compañía que ofrece los servicios de 

administración a la Asociación. Por último, argumentaron que el 

Sr. Safar Halabi estaba impedido de ir en contra de sus propios actos 

debido a que solicitó que el reembolso se hiciera mediante un crédito 

a su estado de cuenta. Ese mismo día, el Sr. Alfonso Rivera también 

18 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 143-145; 222-

224 (respectivamente).

19 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 146-153; 225-

232 (respectivamente).

20 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, pág. 154.

21 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 155-191; 233-

240 (respectivamente).
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

8

solicitó la reconsideración de la orden de ejecución mediante la cual 

argumentó que no procedía la ejecución de los bienes de los 

directores en su capacidad personal; que al momento en el cual se 

dictó Sentencia el Sr. Safar Halabi, a su vez, le debía a la Asociación 

$22,867.00 y que se le acreditó dicha cantidad a la deuda y que los 

$2,013.00 restantes fueron acreditados a la cuenta para cubrir los 

próximos cargos de mantenimiento y que la sentencia fue satisfecha 

por medio de compensación.22

El 5 de marzo de 2024, el Sr. Safar Halabi presentó Réplica a 

Solicitudes de Reconsideración [...] mediante la cual reiteró sus 

planteamientos.23 Al día siguiente, el TPI emitió Orden denegando 

todas las reconsideraciones pendientes.24

El 12 de marzo de 2024, el Sr. Safar Halabi presentó Solicitud 

de Orden y Moción Informativa Sobre la Necesidad de Incurrir en 

Gastos de Ejecución para Descubrir Bienes.

25 En síntesis, solicitó 

que se ordenara a los señores Berríos Casillas, Solanot Quironga y 

Alfonso Rivera proveer información sobre sus seguros sociales para 

incluirlo en el señalamiento de bienes a ser embargados o, en la 

alternativa, tomarles deposiciones con el propósito de identificar 

bienes para hacer efectiva la Sentencia. A los dos días después, la 

Asociación presentó una Urgente Moción Aclaratoria Sobre el 

Cumplimiento de la Sentencia y en Respuesta a Réplica a Solicitudes

de Reconsideración y Solicitud de Vista Oral.26 En su moción, la 

Asociación le aclaró al foro primario que en ánimo de cumplir con la 

Sentencia, el 30 de abril de 2023 le acreditó a la cuenta del Sr. Safar 

Halabi los $24,880.00 de los meses que había cobrado en exceso 

22 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, págs. 192-197.

23 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 198-204; 243-

249 (respectivamente).

24 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, pág. 205; 242 

(respectivamente).

25 Apéndice, Certiorari KLCE202400390 y KLCE202400396, págs. 207-209; 250-

252 (respectivamente).

26 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, págs. 212-221.
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 9

debido a que no cuentan con efectivo suficiente para hacer un 

reembolso en efectivo y que debido a que el Sr. Safar Halabi no había 

realizado pago alguno desde el 31 de octubre de 2023 el crédito se 

había consumido. 

Así las cosas, el 19 de marzo de 2024 el TPI mediante Orden

señaló el asunto post sentencia para vista por videoconferencia para 

el 21 de mayo de 2024, a las 10:30 am.27

Inconforme con dicha determinación, la Asociación acudió 

ante nos el 4 de abril de 2024 mediante el recurso 

KLCE202400390, en el cual señala el siguiente error:

Erró el TPI al ordenar la ejecución de una 

sentencia que ya fue satisfecha mediante un crédito en 

la cuenta del señor Halabi, según él mismo lo solicitó. 

A. La sentencia fue satisfecha mediante un 

crédito que realizó la Asociación en la cuenta 

del señor Halabi verificado el 30 de abril de 

2023.

B. La sentencia fue satisfecha de acuerdo al 

método que solicitó el señor Halabi en su 

correo [electrónico] del 14 de febrero de 2023, 

es decir, un ajuste en su estado de cuenta. 

C. Cualquier disputa sobre el cobro de dinero por 

la Asociación contra el señor Halabi debe 

ventilarse en el caso independiente sobre 

cobro de dinero, es decir, el caso 

SJ2022CV11094.

D. Ordenar la ejecución de la Sentencia con 

stituiría un grave fracaso a la justicia. 

Por otra parte, los Sres. Berríos Casillas y Solanot Quironga

comparecen ante este foro mediante el recurso KLCE202400396,

en el cual plantean el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la 

ejecución de una sentencia que ya fue satisfecha.

El 9 de abril de 2024, emitimos una Resolución mediante la 

cual ordenamos la consolidación de ambos recursos y le concedimos 

término para que las partes recurridas presentaran su oposición.

27 Apéndice, Certiorari KLCE202400390, a la pág. 236.
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

10

El 29 de abril de 2024, la parte aquí recurrida presentó 

Alegato de la Parte Recurrida. Así contando con la comparecencia de 

todas las partes procedemos a resolver.

-IIA.

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el 

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 

Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 11

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

La precitada regla mandata que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es 

de aplicación a la petición de certiorari. De alguna estar presente, 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

12

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, 

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, 

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en 

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera 

Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un 

abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio 

sustancial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un 

tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la 

determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de 

justicia. Íd., págs. 434-435.

B. 

El mecanismo de ejecución de sentencia le imprime 

continuidad a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. 

Mun. De San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247-248 (2007). 

Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de una sentencia cuando 

la parte obligada incumple con los términos de la sentencia. Id. A 

esos efectos, la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

51.1, dispone lo siguiente: 

“La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta 

Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) 

años de ésta ser firme. Expirado dicho término, la 

sentencia podrá ejecutarse mediante autorización del 

tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas 

las partes. Si después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o sentencia del 

tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual 

ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del 

cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá 

expedirse el mandamiento de ejecución.”
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 13

Por su parte, la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 51.3, dispone en casos de sentencias para realizar actos 

específicos lo siguiente: 

(a) Cuando una sentencia ordene a una parte 

transferir el dominio de terrenos y otorgar escrituras y 

otros documentos, o realizar cualquier otro acto 

específico, y dicha parte no cumpla tal orden dentro del 

término especificado, el tribunal podrá ordenar que otra 

persona por él designada realice el acto a expensas de 

la parte que incumple. Cuando el acto haya sido 

realizado de este modo, tendrá el mismo efecto que si la 

parte lo hubiese ejecutado.

Si es necesario, a solicitud de la parte con derecho 

al cumplimiento y previa orden del tribunal, el 

Secretario o Secretaria expedirá, además, un 

mandamiento de embargo contra los bienes de la parte 

que incumpla para obligarla al cumplimiento de la 

sentencia. 

El tribunal podrá, en casos apropiados, procesar a 

dicha parte por desacato. Asimismo, en lugar de 

ordenar el traspaso de los bienes, podrá dictar 

sentencia despojando del título a una parte y 

transfiriéndolo a otra, y dicha sentencia tendrá el efecto 

de un traspaso de dominio ejecutado de acuerdo con la 

ley. 

Cuando una orden o una sentencia disponga el 

traspaso de la posesión, la parte a cuyo favor se registre 

tendrá derecho a un mandamiento de ejecución previa 

solicitud al Secretario o Secretaria. 

En todos los casos en que el tribunal ordene una 

venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha 

orden tendrá la fuerza y efecto de un auto que dispone 

la entrega física de la posesión, debiendo consignarse 

así en el fallo u orden para que el(la) alguacil(a), u otro(a)

funcionario(a) proceda a poner al(a la) comprador(a) en 

posesión de la propiedad vendida dentro del plazo de 

veinte (20) días desde la venta o la subasta, sin perjuicio 

de los derechos de terceros que no hayan intervenido en 

el procedimiento. 

[...]

Por otro lado, la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 51.4, establece lo relacionado con los procedimientos 

suplementarios y en lo pertinente le reconoce al foro primario la 

facultad de dictar cualquier orden que considere justa y necesaria 

para la ejecución de una sentencia y para salvaguardar los derechos 

del acreedor, del deudor y del tercero en el proceso. En específico 

dispone lo siguiente: 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

14

El(La) acreedor(a) declarado(a) por sentencia, o su 

cesionario, podrá en auxilio de la sentencia o de su 

ejecución, interrogar a cualquier persona, incluso al(a 

la) deudor(a) declarado(a) por sentencia, de acuerdo con 

lo dispuesto en estas reglas para la toma de 

deposiciones. Si la deposición se realiza mediante 

preguntas escritas, la citación para la toma de la 

deposición podrá disponer que no es necesaria la 

comparecencia personal del(de la) deudor(a) o 

deponente en virtud de la citación, siempre que con 

anterioridad a la fecha fijada para la toma de la 

deposición éste o ésta haga entrega al(a la) acreedor(a)

por sentencia, o a su abogado o abogada de sus 

contestaciones juradas a las preguntas escritas que se 

le hayan notificado. El tribunal podrá dictar cualquier 

orden que considere justa y necesaria para la 

ejecución de una sentencia y para salvaguardar los 

derechos del(de la) acreedor(a), del(de la) deudor(a) y 

de terceros en el proceso.

A su vez, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

R. 56.1, regula los procedimientos al alcance de las partes para 

asegurar la efectividad de la sentencia que haya obtenido a su favor. 

Dicho estatuto le confiere discreción al tribunal para conceder o 

denegar tal remedio o medida cautelar. En lo pertinente establece: 

En todo pleito antes o después de sentencia, por 

moción del reclamante, el tribunal podrá dictar 

cualquier orden provisional que sea necesaria para 

asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal 

podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en 

posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la 

reclamación y entrega de bienes muebles, la 

sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer 

cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar 

cualquier otra medida que estime apropiada, según las 

circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite 

un remedio provisional, el tribunal considerará los 

intereses de todas las partes y dispondrá según requiera 

la justicia sustancial. (Énfasis suplido)

El propósito de la anotación de embargo es proteger la 

efectividad de los dictámenes judiciales y mantener el estatus quo 

existente al momento de iniciarse el pleito. Vargas v. González, 149 

DPR 859, 865 (1999). En virtud de la Regla 56.1, supra, se pretende 

asegurar la sentencia que, en su día, pudiera recaer a favor del 

demandante. El embargo tiene como fin preservar los bienes del 

deudor, e impedir su traspaso y ocultación, para que, de este modo, 

quien reclame un derecho contra este, pueda ejecutar 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 15

satisfactoriamente un mandato judicial. García v. The 

Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 387 (1987); Vda. de Galindo 

v. Cano, 108 DPR 277, 280-281 (1979). 

Con relación al embargo, en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, etc., 133 DPR 881, 894 (1993), se indicó que su objetivo es 

el de proteger la efectividad de los dictámenes judiciales y mantener 

el estatus quo existente al momento de iniciarse el pleito. Id. El 

embargo puede efectuarse tanto en cuanto a bienes inmuebles como 

a bienes muebles, estén éstos en posesión del demandado o de un 

tercero, siempre que pertenezcan al demandado. Lic. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, 

Michie de Puerto Rico, Inc., 1997, pág. 127.

Sobre este tema, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

el embargo preventivo “es una interdicción jurídica en el patrimonio 

del deudor, decretada a petición ex parte del acreedor reclamante. 

Uno de sus efectos procesales es el de sujetar o adscribir los bienes 

embargados al cumplimiento de la obligación o reclamación en el 

proceso principal, es decir, asegurar la efectividad de la sentencia 

que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada. 

Como medida cautelar o asegurativa, su vida o eficacia depende de 

la acción entablada”. Alum Torres v. Campos del Toro, 89 DPR 305, 

321 (1963). Su propósito es preservar los bienes del deudor e 

impedir su traspaso y ocultación de manera que quien reclame un 

derecho contra éste, pueda ejecutar satisfactoriamente un mandato 

judicial. García v. The Commonwealth Ins. Co., supra; Vda. de 

Galindo v. Cano, supra.

Los criterios que tendrán que tomar en consideración los 

tribunales al momento de conceder o denegar una orden en 

aseguramiento de sentencia son: (1) que sea provisional; (2) que 

tenga el propósito de asegurar la efectividad de la sentencia que en 

su día se pueda dictar; y, (3) que se tomen en consideración los 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

16

intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia 

sustancial. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Publicaciones JTS, Tomo II, 2000, pág. 934; Freeman v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). 

Por su parte, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.2, añade que “[n]o se concederá, modificará o 

anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un remedio 

provisional, sin notificar a la parte adversa y sin celebrar una 

vista, excepto según se dispone en las Reglas 56.4”. De esta forma, 

como regla general, en todo caso en el cual se solicite algún remedio 

provisional se deberá notificar a la parte adversa y celebrar una vista 

previa. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 896. 

De igual modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sentó la norma 

de que siempre que se ordene un embargo u otra medida provisional 

es necesario celebrar una vista previa, a menos que la parte 

interesada en tales remedios demuestre: (1) tener un interés 

propietario previo sobre la cosa embargada; (2) la existencia de 

circunstancias extraordinarias; y (3) la probabilidad de prevalecer, 

todo ello acreditado por prueba fehaciente de la que se desprenda 

que la deuda es líquida, está vencida y es exigible. Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, etc., supra.

La Regla 56.4, 32 LPRA Ap. V, R. 56.4, sobre el embargo o 

prohibición de enajenar dispone lo siguiente: 

Si se cumple con los requisitos de la Regla 56.3, el 

tribunal deberá expedir, a moción de la parte 

reclamante, una orden de embargo o de prohibición de 

enajenar.

No se podrá expedir una orden de embargo o 

prohibición de enajenar sin previa notificación y vista, 

excepto que la parte reclamante demuestre tener un 

previo interés propietario sobre la cosa embargada, la 

existencia de circunstancias extraordinarias o la 

probabilidad de prevalecer mediante prueba 

documental fehaciente que demuestre que la deuda es 

líquida, vencida y exigible.

Cualquier parte afectada por cualquier orden 

dictada sin notificación y vista, podrá presentar en 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 17

cualquier tiempo una moción para que modifique o 

anule la orden, y dicha moción se señalará para vista 

en la fecha más próxima posible y tendrá precedencia 

sobre todos los demás asuntos. A los propósitos de 

dicha vista, una notificación de dos días a la parte que 

obtuvo la orden, o la notificación más corta que el 

tribunal prescriba, será suficiente. 

En el caso de bienes inmuebles, tanto el embargo 

como la prohibición de enajenar se efectuarán 

anotándolos en el registro de la propiedad y 

notificándolos a la parte demandada. En el caso de 

bienes muebles, la orden se efectuará depositando los 

bienes de que se trate con el tribunal o con la persona 

designada por el tribunal bajo la responsabilidad de la 

parte reclamante. El tribunal podrá ordenar, a petición 

de cualquiera de las partes, la venta en pública subasta 

de los bienes fungibles cuyo embargo o prohibición de 

enajenar se haya decretado, consignándose el producto 

de su venta en la forma dispuesta por el tribunal. 

La parte que solicite la designación de una persona 

como depositario(a) de los bienes a embargarse deberá 

acreditar su dirección y teléfono, si lo tiene, tanto 

residencial como de empleo o negocio. El(La) 

depositario(a) designado(a) deberá notificar 

inmediatamente al tribunal, bajo el epígrafe del caso, 

cualquier cambio de dirección o número de teléfono, de 

sitio o condición de los bienes.

III.

La Asociación acudió ante nos mediante el recurso 

KLCE202400390, en el cual señala que erró el TPI al ordenar la 

ejecución de una sentencia que ya fue satisfecha mediante un 

crédito en la cuenta del Sr. Safar Halabi según había sido solicitado

por este y que el ordenar la ejecución de la sentencia constituiría un 

grave fracaso a la justicia. Por otra parte, los Sres. Berríos Casillas 

y Solanot Quironga en el recurso KLCE202400396, plantean que

erró el foro primario al ordenar la ejecución de la sentencia que ya 

fue satisfecha. Les asiste la razón. Veamos. 

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de 

error en ambos recursos de certiorari los procederemos a discutir en 

conjunto. 

Según surge del trámite procesal, en el caso de marras, el 14 

de noviembre de 2022, notificada el 15 de noviembre de 2022, el TPI 

dictó Sentencia, mediante la cual declaró Ha Lugar la Demanda
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

18

presentada por el Sr. Safar Halabi por incumplimiento de contrato 

y condiciones restrictivas en contra de la Asociación y los miembros 

de la Junta de Directores de dicha asociación en su carácter 

personal y, en consecuencia, se declaró nula y se dejó sin efecto la 

aprobación del aumento a la cuota de mantenimiento anual. 

Luego de los correspondientes trámites apelativos y de que la 

Sentencia del caso adviniera final y firme el Sr. Safar Halabi solicitó 

mediante moción un embargo en ejecución de sentencia. A esta 

solicitud de embargo en ejecución de sentencia se opusieron las 

partes peticionarias y el foro primario, sin trámites ulteriores,

mediante la Orden emitida el 26 de enero de 2024 y notificada el 29 

de enero de 2024, dictaminó que procedía dictar un embargo en 

ejecución de la sentencia a favor del Sr. Safar Halabi. Respecto a 

dicha determinación, todas las solicitudes de reconsideración que 

fueron presentadas el foro primario las declaró No Ha Lugar. 

Por tratarse los errores señalados de una orden de embargo al 

amparo de los remedios dispuestos en la Regla 56 de Procedimiento 

Civil, supra, es una de las instancias en las cuales en virtud de Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, podemos intervenir. De la 

evaluación de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, adelantamos que la determinación del TPI fue una contraria 

a derecho y violatoria del debido proceso de ley. 

De conformidad a lo dispuesto en la Regla 56.2 de 

Procedimiento Civil, supra, se dispone que “[n]o se concederá, 

modificará o anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un 

remedio provisional, sin notificar a la parte adversa y sin 

celebrar una vista”. De esta forma, como regla general, en todo 

caso en el cual se solicite algún remedio provisional se deberá 

notificar a la parte adversa y celebrar una vista previa. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 896. De igual modo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico sentó la norma de que siempre 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396 19

que se ordene un embargo u otra medida provisional es necesario 

celebrar una vista previa, a menos que la parte interesada en tales 

remedios demuestre: (1) tener un interés propietario previo sobre la 

cosa embargada; (2) la existencia de circunstancias extraordinarias; 

y (3) la probabilidad de prevalecer, todo ello acreditado por prueba 

fehaciente de la que se desprenda que la deuda es líquida, está 

vencida y es exigible. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 

supra.

Del análisis del caso es forzoso concluir que el foro primario 

incumplió con el requisito de la celebración de una vista previa antes 

del ordenar un embargo en aseguramiento de sentencia como 

ocurrió en el caso de marras. El TPI debió antes de emitir su orden 

de 26 de enero de 2024 celebrar la vista requerida por la Regla 56.4 

de Procedimiento Civil, supra, en la cual las partes hubieran tenido 

la oportunidad de presentar prueba y esgrimir sus planteamientos 

respecto a si procedía el remedio de embargo en aseguramiento de 

sentencia o si, por el contrario, la sentencia había sido cumplida. 

Es importante puntualizar que, luego que todas las solicitudes de 

reconsideración respecto a la orden recurrida fueron declaradas No 

Ha Lugar, el foro primario dictó Orden señalando vista sobre el 

asunto post sentencia para el 21 de mayo de 2024, a las 10:30 am; 

sin embargo, no dejó sin efecto la orden recurrida. 

Por tanto, procede la revocación de la Orden recurrida que 

dictaminó que en el caso de autos procedía dictar un embargo en 

ejecución de la sentencia a favor del Sr. Safar Halabi, sin haberse 

celebrado una vista previa donde cada una de las partes puedan 

presentar la prueba respecto a cada una de sus posturas. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el 

auto de certiorari; se revoca la Orden revisada, se ordena la 

celebración de una vista sobre la solicitud de embargo en 
KLCE202400390 CONS. KLCE202400396

20

aseguramiento de sentencia y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos cónsono con lo aquí dispuesto. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento, el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad con 

lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.

28

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

28 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá 

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los 

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de 

Apelaciones disponga lo contrario”. 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.