Número Identificador

SEN 2023____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

JOE ANTHONY SILVA

Apelante 

v.

BURLINGTON COAT 

FACTORY OF PUERTO 

RICO, LLC; BURLINGTON 

COAT FACTORY 

WAREHOUSE 

CORPORATION; 

ASEGURADORA XYZ; 

ASEGURADORA ABC; 

JOHN DOE

Apelados

KLAN202300020

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce 

Caso Civil Núm.:

PO2022CV00721

(Salón 602)

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

Comparece el Sr. Joe Anthony Silva (en adelante, Sr. Silva o 

apelante) mediante recurso de Apelación y nos solicita la revisión de 

la Sentencia emitida y notificada el 14 de diciembre de 2022, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, 

TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI desestimó la demanda 

presentada por el Sr. Silva por entender que estaba prescrita al 

momento de radicar la causa de acción. 

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

Sentencia apelada.

I

El 12 de junio de 2019, el Sr. Silva visitó la tienda Burlington 

localizada en el Centro Comercial Centro del Sur en Ponce. Estando 
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dentro de las facilidades de la tienda, solicitó a un empleado una 

silla de ruedas. Al entregarle la silla, el Sr. Silva cayó al suelo. 

El 23 de marzo de 2022, por los hechos ocurridos, el Sr. Silva 

presentó demanda de daños y perjuicios en contra de Burlington 

Coat Factory of Puerto Rico, LLC, Burlington Coat Factory 

Warehouse Corporation, (en adelante, Burlington), y sus respectivas 

aseguradoras de nombres desconocidos.1 En la demanda, el Sr. 

Silva alegó que el 12 de junio de 2019 visitó la tienda Burlington 

localizada en el centro comercial Centro del Sur en la ciudad de 

Ponce, que solicitó a un empleado una silla de ruedas y al 

entregársela cayó al piso. Además, alegó que ese día de los hechos 

estaba operado de una enfermedad de los discos lumbares y sintió 

un golpe en el área operada. Además, alegó que mientras los 

empleados de la tienda le llenaban los documentos sobre el 

accidente se percató que el empleado que le entregó la silla de 

ruedas no le puso el seguro antes de entregársela. Arguyó que a 

consecuencia del accidente fue llevado al Hospital Metropolitano Dr. 

Pila ubicado en la ciudad de Ponce, recibió tratamiento médico y a 

consecuencia de la caída lo tuvieron que volver a operar. En su 

demanda solicitó $7,500.00 por los gastos incurridos para su cuido; 

$10,000.00 por los pagos atrasados de sus deudas; $50,000.00 por 

los daños causados a su crédito; $150,000.00 por los daños físicos 

y $40,000.00 por los daños y angustias mentales. 

El 25 de abril de 2022, Burlington presentó Moción de 

Desestimación por Prescripción donde alegó que la caída ocurrió el

12 de junio de 2019; que el demandante no había presentado 

ninguna reclamación previa en los tribunales, y que el 6 de mayo de 

2020, a través de una carta por correo certificado, fue la única 

comunicación por la cual interrumpieron el término prescriptivo, el 

1 Apéndice I de la Apelación, a las págs. 1-5. 
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cual estaba ya prescrito al momento de presentar la segunda carta 

intentando interrumpir nuevamente el término.2 Además, alegaron 

que las comunicaciones que habían sostenido las partes de ninguna 

forma tuvieron el efecto de interrumpir el término prescriptivo. El 17 

de mayo de 2022, el Sr. Silva presentó Oposición a Moción de 

Desestimación donde alegó, entre otras cosas, que las llamadas 

telefónicas y los correos electrónicos entre ambas partes tuvieron el 

efecto de interrumpir el término por ser igualmente un medio 

interruptor válido.

3

El 19 de mayo de 2022, el TPI dictó Resolución, mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por 

Burlington.4

Inconforme, el 27 de mayo de 2022, Burlington presentó 

Moción en Solicitud de Reconsideración aduciendo que entendían que 

los argumentos de desestimación por prescripción levantados por 

las partes demandadas en su Moción de Desestimación por 

Prescripción están debidamente fundamentados y reiteraban que el 

único motivo de la carta por correo electrónico del 29 de agosto de 

2020, emitida por el Sr. Silva, era realizar meramente un trámite y 

no interrumpir el término prescriptivo, a diferencia de las 

comunicaciones extrajudiciales del 6 de mayo de 2020 y del 17 de 

mayo de 2021.5

A esto, el 6 de junio de 2022, el Sr. Silva presentó Moción en 

Oposición a Solicitud de Reconsideración mediante la cual 

expresaron que la Moción en Solicitud de Reconsideración de los 

demandados dejaban de exponer con suficiente particularidad y 

especificidad, los hechos y el derecho que la parte promovente 

2 Apéndice II de la Apelación, a las págs. 6-24.

3Apéndice III de la Apelación, a las págs. 25-29.

4 Apéndice IV de la Apelación, a la pág. 30.

5 Apéndice V de la Apelación, a las págs. 31-38.
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estimaba que debían reconsiderarse.6 Burlington, el 9 de junio de 

2022, presentó Réplica a Oposición a Solicitud de Reconsideración.

7

El 14 de diciembre de 2022, el TPI reconsideró su dictamen y 

dictó la Sentencia apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración presentada por Burlington y desestimó 

la causa de acción de daños y perjuicios por prescripción y falta de 

jurisdicción. 

Inconforme con dicha determinación, el 9 de enero de 2023, 

el Sr. Silva acudió ante nos mediante el presente recurso de 

Apelación, en el cual señala los siguientes errores:

Primer error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al considerar una moción de reconsideración 

que no cumplía con las Reglas de Procedimiento Civil y 

otra moción subsiguiente que fue instada fuera del 

término de 15 días a partir de la notificación de la

Resolución. Siendo presentada dicha petición de 

Reconsideración a destiempo, la sentencia emitida 

como producto de la misma es inoficiosa. 

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia en su aplicación del estándar de evaluación 

de una Moción de Desestimación. Falló, además, al 

entender que el único método de interrupción del 

periodo de prescripción es [a través] de una carta. 

Debido a lo anterior, el TPI descartó las comunicaciones 

habidas entre el ajustador de nombre Gonsalves y el Sr. 

Silva. También dejó de considerar que dicho ajustador 

no respondía a una compañía de seguros 

independiente[,] sino que, por el contrario, maneja este 

tipo de asuntos directamente con las tiendas 

Burlington. Claramente se colige que el Sr. Gonsalves 

no es un “tercero”. Lo que nos representa y permite 

afirmar que las reclamaciones llevadas al Sr. Gonsalves 

equivale a haber reclamado a Burlington. Siendo así, la 

parte demandada actuó de mala fe y abusó del derecho 

al negar conocimiento de la reclamación extrajudicial en 

su contra. 

Concedimos un término de treinta (30) días a la parte apelada

para que presentara su escrito en oposición. El 8 de febrero de 2023, 

Burlington presentó Alegato en Oposición a Apelación. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

6 Apéndice VI de la Apelación, a las págs. 39-41.

7 Apéndice VII de la Apelación, a las págs. 42-45.
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-IIA. Responsabilidad Civil por Daños

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico los actos y 

omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia 

son fuentes de obligaciones que generan responsabilidad civil 

extracontractual. Pérez Hernández v. Lares Med. Ctr., Inc, 207 DPR 

965, 976 (2021). Al respecto, el Artículo 1042 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2992, dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”8 

Específicamente, respecto a las obligaciones que se derivan de actos 

culposos o negligentes son de particular aplicación los Artículos 

1802 y subsiguientes del Código Civil. Íd.

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

preceptúa de forma general que “[e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado.” Para reclamar bajo dicho Artículo el 

resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, un demandante debe 

establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre 

el daño y la acción u omisión del demandado; y (3) el acto u omisión 

cual tiene que ser culposo o negligente. Pérez Hernández v. Lares 

Med. Ctr., Inc, supra, pág. 976; López y otros v. Porrata Doria y otros, 

169 DPR 135, 150 (2006).

Al examinar estos requisitos, el Tribunal Supremo ha 

señalado que el concepto de la culpa “es tan infinitamente amplio 

como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de 

una persona que produce un mal o daño”. López y otros v. Porrata 

Doria y otros, supra, pág. 150, citando a Colón v. Romero Barceló, 

8 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por 

la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto 

Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la 

presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por 

lo cual esta es la ley que aplica al caso. 
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112 DPR 573, 579 (1982). Es decir, incluye todo tipo de 

transgresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral. 

Íd., pág. 150; Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 313 (1970). 

Por lo tanto, “el actuar que da lugar a la responsabilidad civil ha de 

ser ilícito, contrario a la ley, orden público o buenas costumbres”. 

(cita omitida) Íd., pág. 150.

En Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 

(1976), el Tribunal Supremo explicó que se actúa de manera culposa 

cuando no se obra como una persona de diligencia normal u 

ordinaria, un buen padre de familia, conforme a las circunstancias 

del caso. Lo determinante es cómo se hubiese desenvuelto en una 

situación parecida una persona “de prudencia común u ordinaria”. 

Íd. La culpa “es la falta del debido cuidado, que a la vez consiste en 

no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de 

la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever 

en las mismas circunstancias”. Pérez Hernández v. Lares Med. Ctr., 

Inc, supra, págs. 976-977, citando a López y otros v. Porrata Doria y 

otros, supra, pág. 151, citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 

473 (1997). Es también “la omisión de la diligencia exigible, 

mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso”. 

López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151, citando a Toro 

Aponte v. E.L.A., supra, pág. 473, citando a C. Rogel Vide, La 

Responsabilidad Civil Extracontractual, Ed. Civitas, 1976, pág. 90.

Otro requisito esencial de la causa de acción bajo el Artículo 

1802 del Código Civil, supra, es la existencia de un daño. Este se ha 

definido como “todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual 

haya de responder otra”. (cita omitida) López y otros v. Porrata Doria 

y otros, supra, pág. 151. Sin daño o perjuicio no existe obligación de 

indemnizar. Íd. 
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Por último, el deber de indemnizar “presupone nexo causal 

entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho 

que obliga a la indemnización”. López y otros v. Porrata Doria y otros, 

supra, pág. 151, citando a Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 

DPR 852, 856 (1980). En nuestro ordenamiento jurídico, rige la 

doctrina de causalidad adecuada, la cual establece que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general.” 

Pérez Hernández v. Lares Med. Ctr., Inc, supra, págs. 976-977, 

citando a López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151, 

citando a Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 

(1974). Este concepto de la causa postula, además, que la 

ocurrencia del daño que da base a la reclamación era previsible 

dentro del curso normal de los acontecimientos. López y otros v. 

Porrata Doria y otros, supra, pág. 152. Es decir, causa es la 

condición que ordinariamente produce el daño, según la experiencia 

general, y este nexo causal puede romperse ante la ocurrencia de 

un acto extraño. Íd.; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310 (1990).

La prescripción extintiva es materia de naturaleza sustantiva, 

no procesal, que se rige por los principios del Código Civil. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). A través de 

ésta se extingue el derecho a ejercer una causa de acción. 

El fundamento de la prescripción es promover que las 

personas que ejerciten su causa de acción la insten de forma 

oportuna y diligente. Maldonado Rivera v. Suarez, 195 DPR 182, 192 

(2016). El propósito de esta norma es castigar la inercia que pudiera 

generar un estado de indefensión producto del transcurso del 

tiempo, que, a su vez, conlleva consecuencias inevitables, como la 

pérdida de evidencia. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143-

144 (2001). 
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El efecto neto es que, una vez se agota el término prescriptivo, 

se extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la 

correspondiente exoneración para la persona hasta entonces sujeta 

a responder. Maldonado Rivera v. Suarez, supra, pág. 193. 

La reclamación para exigir responsabilidad extracontractual 

prescribe por el transcurso de un (1) año, contado desde que la 

persona agraviada conoce la existencia del daño y quien lo causó. 

Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9496; Ojeda Ojeda v. El 

Vocero, 137 DPR 315 (1994); Meléndez Vega v. El Vocero, 144 DPR 

389 (1997); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984). 

No obstante, dicho término está sujeto a interrupción 

mediante: la correspondiente acción judicial; la reclamación 

extrajudicial; y el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5303. Una vez se 

efectúe alguna interrupción de modo eficaz, el término prescriptivo 

comienza a transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA et al., 

190 DPR 799, 815 (2014). 

La interrupción extrajudicial de la prescripción se refiere a la 

“manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de 

un derecho, expresa su voluntad de no perderlo.” Cooperativa de 

Seguros Múltiples de P.R. v. Carlo Marrero, 182 DPR 411, 428 (2011), 

citando a Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966); Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559 (2001).

Para interrumpir el término prescriptivo de la acción en daños 

mediante reclamación extrajudicial, es necesario que dentro de ese 

término el acreedor del derecho informe o manifieste su voluntad de 

reclamar por los perjuicios que le ha causado la actuación u omisión 

del deudor. Íd., supra, págs. 428-429; Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 

582, 588 (1990).

La eficacia de la interrupción dependerá de: la oportunidad

(que se realice antes de la consumación del plazo); la legitimación
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(que la realice el titular del derecho); la identidad (que se trate del 

derecho afectado); y la idoneidad del medio utilizado. Íd., pág. 816. 

La reclamación extrajudicial puede plasmarse mediante distintos 

actos, mas todos ellos tienen que cumplir con los requisitos de 

oportunidad, identidad, legitimación e idoneidad. Galib Frangie v. El

Vocero de P.R., 138 DPR 560, 567 (1995).

El elemento de identidad se cumple cuando “la acción 

ejercitada [corresponde] exactamente al derecho que está afectado 

por la prescripción”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. Es 

necesario que el acreedor realice el acto extrajudicial que interrumpe 

el plazo, de forma clara e inequívoca; que no deje dudas acerca de 

su intención. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. “Ante todo es 

menester tomar en consideración que lo que la ley considera un acto 

interruptivo de la prescripción es el ejercicio de la misma acción que 

está prescribiendo. Debe existir identidad entre la acción ejercitada 

y la acción en prescripción.” Cintrón v. E.L.A., supra.

Además, se ha expresado que se debe “realizar un verdadero 

acto de reclamación de la deuda, en el cual se refleje perfectamente 

el animus conservandi”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, 

pág. 567. Dicho de otro modo, en dicha reclamación extrajudicial 

debe quedar patente la voluntad del acreedor, no debe dejar dudas 

acerca de su intención, sin que la ley exija forma especial alguna. 

Íd. La interrupción extrajudicial de la prescripción hace que el plazo 

prescriptivo comience a decursar de nuevo. Díaz de Diana v. A.J.A.S. 

Ins. Co., 110 DPR 471, 474 (1980).

-IIIEn su recurso de Apelación, el Sr. Silva señala como primer 

error, que erró el TPI al considerar una moción de reconsideración 

que no cumplía con las Reglas de Procedimiento Civil, y otra moción 

subsiguiente que fue instada fuera del término de quince (15) días 
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contados a partir de la notificación de la Resolución. No le asiste la 

razón. Veamos. 

La Resolución que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por la parte apelada fue emitida por el TPI 

el 19 de mayo de 2022. El término de quince (15) días para presentar 

la reconsideración culminaba el 3 de junio de 2022. Burlington 

presentó su Moción en Solicitud de Reconsideración el 27 de mayo de 

2022. Por lo tanto, la moción en solicitud de reconsideración fue 

presentada dentro del plazo establecido en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, y no fue presentado de 

forma tardía como alega el Sr. Silva. 

En su segundo señalamiento de error, el Sr. Silva alega que el 

TPI erró en su aplicación del estándar de evaluación de una Moción 

de Desestimación y, además, falló al entender que el único método 

de interrupción del periodo de prescripción era a través de una 

carta. Veamos. 

El incidente del cual surge la causa de acción del Sr. Silva en 

la tienda Burlington dio lugar el 12 de junio de 2019. Para instar 

demanda por los daños y perjuicios alegadamente sufridos por el

incidente, el término de un año para este tipo de causa de acción se 

extendía hasta el 11 de junio de 2020 (año bisiesto). Sin embargo, 

el 6 de mayo de 2020, el Sr. Silva remitió una misiva a Burlington 

la cual titulaba como “Acción de Interrupción de Periodo 

Prescriptivo”.

9 El propósito de la carta era interrumpir el término 

prescriptivo extrajudicialmente sobre la causa de acción del Sr. Silva 

contra Burlington. La carta leía de la siguiente manera:

“Antes de la consumación del plazo de prescripción, le 

informamos sobre la presente acción de interrupción de la 

acción de daños y perjuicios contra usted y a favor del 

remitente de esta misiva, el Sr. Joe Anthony Silva Rivera. 

Los hechos que dan lugar al derecho de recobrar los daños 

sufridos son los que se describen a continuación:

9 Véase nota al calce 2, págs.14-16.
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a. El Sr. Joe Anthony Silva padecía de una enfermedad del 

disco lumbar y fue operado como resultado de este 

padecimiento. 

b. El 12 de junio de 2019 el Sr. Joe Anthony Silva estaba 

disfrutando en calidad de cliente una visita dentro de la 

tienda Burlington localizada en el centro comercial Centro 

del Sur localizado en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. 

c. Ese mismo día, el Sr. Joe Anthony Silva le solicitó a uno de 

los empleados de Burlington una silla de ruedas. 

d. El empleado accedió a su petición, pero cuando el Sr. Joe 

Anthony Silva se proponía a sentarse en la silla de ruedas 

se cayó al piso. 

e. La caída se debió a que el empleado de la tienda 

Burlington no puso el seguro de la silla de ruedas, lo que 

provocó la estr[e]pitosa caída. 

f. El Sr. Joe Anthony Silva fue llevado el 12 de junio de 2019 

al Hospital Metropolitano Dr. Pila ubicado en la ciudad de 

Ponce, Puerto Rico, porque sentía un fuerte dolor en el 

cuello y la espalda baja. 

g. El médico que le brindó atención al Sr. Joe Anthony Silva 

en el Hospital Dr. Pila reportó los siguientes hallazgos: 

“Postsurgical changes with the presence of Harrington 

rods identified from the L2 down to the L5-S1 level. 

Laminectomy identified at the L4 and L5 level. 

Straightened normal lumbar lordosis. Lumbar paraspinal 

spasm. Constipation. 

Que lo anterior constituye una breve exposición de las 

acciones y omisiones incurridas por BURLINGTON COAT 

FACTORY OF PUERTO RICO, LLC BURLINGTON COAT 

FACTORY WAREHOUSE CORPORATION, sus empleados, 

contratistas, agentes, Aseguradora XXY y John Doe, y que 

han resultado en daños a la salud física, mental y emocional 

del Sr. Joe Anthony Silva Rivera. 

En Ponce, PR a 6 de mayo de 2020.

 LIC. MARIELI GARCIA MORENO 

 LIC. ELAINE GUZMÁN CORTÉS

De la evaluación de la carta surge que la misiva cumplió con 

los requisitos para interrumpir el término prescriptivo de la causa 

de acción. Al Sr. Silva interrumpir el término prescriptivo de un año 

mediante la carta del 6 de mayo de 2020, esto tuvo el efecto de que 

comenzara a decursar el término prescriptivo nuevamente. Por 

tanto, el nuevo término para el Sr. Silva presentar su demanda, al 

amparo de la causa de acción por daños y perjuicios, prescribía el 6 

de mayo de 2021. 
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Posteriormente, entre las partes hubo algún tipo de 

comunicación conducente a solicitar información e investigar la 

reclamación realizada por el Sr. Silva. En específico la parte apelante 

alega que su comunicación electrónica del 29 de agosto de 2020,

dirigida al Sr. Gabriel Gonsalves (en adelante, Sr. Gonsalves o 

ajustador) tuvo el efecto de interrumpir nuevamente el término

prescriptivo.

10 Dicha comunicación se llevó a cabo entre la 

representación legal del Sr. Silva y el Sr. Gonsalves. El correo 

electrónico contenía la siguiente información:

Estimado señor Gonsalves:

Reciba un cordial saludo. 

Acuso recibo de su petición del 19 de agosto y 

mediante el cual solicita evidencia de los daños sufridos 

por el Sr. Anthony Joe Silva. La misma le será enviada,

pero quisiera conocer la fecha límite para responder a su 

requerimiento.

Aprovecho para indicarle que toda comunicación 

sobre esta notificación extrajudicial deberá ser enviada 

a la siguiente dirección:

LIC. ELAINE GUZMAN CORTES

D: Estancias del Golf Club 178, Ponce PR 00730

T: 787-249-0890

C: lic.elaineguzman@gmail.com

Descarte, por favor, la información de contacto 

anterior. 

Sin otro particular al cual referirme, quedo

Atentamente

f/Elaine Guzmán Cortés

Como establecimos anteriormente, el término prescriptivo se 

puede interrumpir de tres maneras: (1) mediante la presentación de 

la demanda judicial o de la reclamación administrativa o arbitral por 

el acreedor contra el deudor, en resguardo del derecho que le 

pertenece; y en el caso de acciones disciplinarias, por la 

presentación de la queja; (2) por una reclamación extrajudicial 

hecha por el acreedor, dirigida al deudor; o (3) por el 

10 Véase nota alcalce 2, pág. 24. 
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reconocimiento de la obligación por el deudor. Si se interrumpe por 

alguna de las anteriores, entonces comienza nuevamente a 

transcurrir el cómputo del plazo prescriptivo. 

De la evaluación y análisis de la comunicación electrónica del 

29 de agosto de 2020, podemos colegir que la referida comunicación 

por correo electrónico no cumple con los requisitos que ha 

establecido el Tribunal Supremo para que se considere una manera 

de manifestar de forma inequívoca una reclamación de su acreencia 

con el fin de no perder su derecho. Cooperativa de Seguros Múltiples 

de P.R. v. Carlo Marrero, supra. El Tribunal Supremo ha indicado 

que para que una reclamación extrajudicial interrumpa el término 

prescriptivo, debe cumplirse con los siguientes requisitos: 1) la 

reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes 

de la consumación del plazo; 2) es necesaria la legitimación del 

reclamante, es decir, que la reclamación se haga por el titular del 

derecho o acción; 3) se requiere la idoneidad del medio utilizado para 

realizar la reclamación; y 4) debe existir identidad entre el derecho 

reclamado y aquél afectado por la prescripción. Galib Frangie v. El 

Vocero, supra. 

Según surge del expediente, en este caso, el 6 de mayo de 

2020, el Sr. Silva remitió una misiva a la parte apelada, Burlington,

en donde clara y expresamente interrumpía el término prescriptivo. 

Posteriormente, el 17 de mayo de 2021, cursaron otra carta con el 

mismo propósito de interrumpir nuevamente el término 

prescriptivo.11 Esta segunda carta fue enviada once (11) días 

posteriores a la fecha del vencimiento del término prescriptivo del 6 

de mayo de 2021. Por lo tanto, aunque la reclamación fue hecha por 

el titular del derecho o acción, el medio utilizado fue el idóneo y 

existía identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

11 Véase nota alcalce 2, págs. 19-23.
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prescripción no fue oportuna pues fue presentada fuera del término 

prescriptivo de un año contado a partir del 6 de mayo de 2020, y no 

tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo. 

Sin embargo, como concluimos anteriormente, la 

comunicación por correo electrónico cursada por parte del Sr. Silva 

a Burlington el 29 de agosto de 2020, no tuvo el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo, pues el mero hecho de que las 

partes sostuvieran comunicaciones durante el proceso de 

investigación no implica una interrupción a dicho término. Tampoco

surge del expediente que la parte apelada, Burlington, haya 

realizado un reconocimiento espontáneo que tuviese el objetivo de 

reconocer alguna deuda o responsabilidad. 

De conformidad al análisis anteriormente esbozado, 

concluimos que, al Sr. Silva no interrumpir el término prescriptivo 

oportunamente dentro de las fechas del 6 de mayo de 2020 al 6 de 

mayo de 2021, la demanda fue presentada fuera del término 

prescriptivo que tenía el apelante para reclamar los alegados daños 

producto del accidente ocurrido el 12 de junio de 2019. En el caso 

de marras, la parte apelante presentó su demanda el 23 de marzo 

de 2022, diez (10) meses y diecisiete (17) días más tarde, estando la 

causa de acción prescrita.

-IVPor los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones