Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

EMMANUEL FUENTES 

ENRIQUEZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrida

KLRA202400215

Revisión 

procedente de la 

Administración de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.:

Q-66-24

Sobre:

Remedio 

Administrativo

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2024.

Comparece Emmanuel Fuentes Enriquez (señor Fuentes 

Enriquez o recurrente) mediante un recurso de revisión para 

solicitarnos la revisión de una Respuesta del Área Concernida

emitida el 28 de febrero de 2024 y notificada el 6 de marzo de 2024,

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

DCR).

1 Mediante la determinación recurrida, el DCR denegó una 

Solicitud de Remedio Administrativo presentada por el recurrente. 

Sobre dicha respuesta del área concernida, el recurrente solicitó la 

reconsideración, la cual, al momento en que se presentó el recurso 

ante nos no había sido resuelta, aunque sí, acogida.2 Conforme a la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, este 

Tribunal tiene “la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos 

específicos en cualquier caso ante su consideración, con el propósito 

1 Apéndice de la parte recurrida, a las págs. 8-9.

2 Id., a la pág. 13.
KLRA202400215 2

de lograr su más justo y eficiente despacho [...]”.3 En consideración 

a ello, hemos decidido eximir a la parte recurrida de presentar un 

alegato en oposición. 

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

I

Conforme surge del expediente, el 16 de febrero de 2024, el 

señor Fuentes Enriquez, quien es un confinado bajo la supervisión 

del DCR, solicitó que se le autorizara la entrada de una máquina 

para recortar cabello para uso personal.4 Justificó esta petición bajo 

el pretexto de que este padecía de una condición dermatológica y por 

ello, requirió conservar la máquina bajo su posesión. Una vez 

presentada su solicitud, el 28 de febrero de 2024, notificada el 6 de 

marzo de 2024, el DCR emitió una Respuesta del Área Concernida.

5

La misma fue firmada por el superintendente Jorge Matta Francis y, 

mediante esta, se denegó la petición bajo el fundamento de que la 

institución contaba con un área de barbería.

En desacuerdo, el 25 de marzo de 2024, el recurrente presentó 

una Solicitud de Reconsideración.

6 En esta, sostuvo que la razón que 

motivaba su petición respondía a que a la hora que le correspondía 

realizar sus gestiones de aseo personal, era la misma hora en que 

cerraba la barbería. Así las cosas, el 16 de abril de 2024, el DCR 

emitió una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional.

7 Es menester señalar que, dicha notificación le fue 

entregada al recurrente el 19 de abril de 2024.

8 De dicho 

documento surge que la agencia acogió la petición de 

reconsideración y que tendría treinta (30) días laborables para

3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).

4 Apéndice de la parte recurrida, a las pág. 3.

5 Id., a las págs. 8-9.

6 Id., a la pág. 10

7 Id., a las págs. 12-13.

8 Id., a la pág. 12.
KLRA202400215 3

emitir una Resolución de Reconsideración a partir de la notificación 

del mencionado documento. Igualmente, apercibió al señor Fuentes 

Enriquez que, de no estar de acuerdo con dicha resolución, podría

solicitar una revisión judicial a partir de la notificación la resolución

en cuestión. 

No obstante, el 25 de abril de 2024, sin haberse vencido el 

término del DCR para emitir su resolución, el recurrente compareció 

ante esta Curia mediante una Solicitud de Revisión Judicial. En ella,

nos solicitó la revisión de su denegatoria a su solicitud y formuló el 

siguiente párrafo como señalamiento de error:

La administración de la Institución Penal de Bayamón 

anexo 292 y su superintendente, erró al denegar una 

petición fiel y digna y sustentada con documentación 

fiel y digna más allá de duda razonable, a conciencia, 

Erró.

Erró la fecha del documento Respuesta al Miembro de 

la Población Correccional fechada 3/6/2024. De ser así, 

alegadamente, erró la respuesta del área concernida 

superintendente. Erró al fechar el documento, el 28 de 

febrero de 2024 y el documento anterior a este fechado 

el 3 de junio de 2024.9

Examinado el recurso, el 14 de mayo de 2024, emitimos una 

Resolución en la cual, entre otras cosas, le solicitamos al DCR a que 

suministrara copia certificada del expediente administrativo. En 

cumplimiento con nuestra Resolución, el 21 de mayo de 2024, la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico compareció en 

representación del DCR mediante una Moción en Cumplimento de 

Resolución, en la cual nos suministró la copia del expediente 

administrativo previamente solicitado. De este se desprende que la 

DCR emitió la Resolución de la reconsideración del recurrente, la 

cual confirmó la respuesta que el señor Fuentes Enriquez recibió 

por parte del superintendente Jorge Matta Francis. Cabe destacar 

que dicha Resolución se emitió el 13 de mayo de 2024 y se le notificó 

9 Para una mejor compresión, hemos corregidos ciertos errores tipográficos que 

estaban presentes en el recurso.
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al recurrente el 20 de mayo de 2024, entiéndase, una fecha posterior 

a la radicación del recurso ante nos.10

Por otro lado, mediante la misma Resolución del 14 de mayo 

de 2024, concedimos al recurrente hasta el 24 de mayo de 2024, 

para que sometiera debidamente cumplimentada y firmada, la 

solicitud para litigar en forma pauperis o en su defecto los aranceles 

correspondientes para la presentación del recurso.11 Puntualizamos 

que el término decursó sin que el recurrente cumpliese con lo aquí 

ordenado. 

Tras de haber expuesto el marco procesal, expondremos el 

derecho aplicable. 

II

A. Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su 

consideración.12 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de 

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden 

otorgársela.13 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: 

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.14 Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de los tribunales para atender los recursos ante su 

consideración constituyen materia privilegiada.15 De manera que, 

debido a su naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción 

deben ser resueltas con preferencia, ya sea porque fuera 

10 Apéndice de la parte recurrida, a las págs. 14-16.

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R.78.

12 AAA v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR 638, 

651-52 (2018).

13 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

14 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, Id.

15 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).
KLRA202400215 5

cuestionada o motu proprio, pues, incide directamente sobre el 

poder que tiene para adjudicar las controversias.16

Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción, 

debe declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus 

méritos.17 De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos será 

nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar.18 Es decir, una 

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia 

nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.19

Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha desarrollado el principio de la justiciabilidad, el cual recoge 

una serie de doctrinas de autolimitación basadas en 

consideraciones prudenciales que prohíben al foro judicial emitir 

opiniones consultivas, y fue incorporado jurisprudencialmente a 

nuestro ordenamiento jurídico mediante el caso de ELA v. Aguayo, 

80 DPR 552, 595 (1958).20 La doctrina de justiciabilidad persigue 

evitar emitir decisiones en casos que realmente no existen o dictar 

una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una 

controversia.21 En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: 

(i) se trata de resolver una cuestión política; (ii) una de las partes 

carece de legitimación activa para promover un pleito; (iii) después 

de comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico; 

(iv) las partes pretenden obtener una opinión consultiva; y, (v) 

cuando se pretende promover un pleito que no está maduro.22

En nuestra función revisora, un recurso judicial es prematuro 

cuando el asunto del cual se trata no está listo para adjudicación; 

esto es, cuando la controversia no está debidamente delineada, 

16 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018).

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

18 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

19 Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 (2000).

20 R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las 

leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 1987, pág. 147.

21 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010).

22 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
KLRA202400215 6

definida y concreta.23 Como ha pronunciado reiteradamente el 

Tribunal Supremo, un recurso prematuro adolece del insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.24

Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.25

B. La Revisión Administrativa y la Doctrina de Agotamiento 

de Remedios

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que, el 

derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante 

revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la 

Constitución de Puerto Rico.26 Para cumplir con ese principio, el 

artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa al Tribunal 

de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de las agencias administrativas.27

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina 

sobre el agotamiento de remedios administrativos es una norma de 

autolimitación judicial de carácter fundamentalmente práctico.28

Mediante esta doctrina, los tribunales discrecionalmente se 

abstienen de revisar una actuación de una agencia hasta tanto la 

persona afectada agota todos los remedios administrativos 

disponibles, de forma tal que la decisión administrativa refleje la 

posición final de la entidad estatal.

29 A través de la sección 4.2 de la 

23 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).

24 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., Id., 365.

25 Id., 366.

26 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014); Picorelli López 

v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010).

27 Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c), Art. 4.006. Asoc. 

Condómines v. Meadows Dev., Id.

28 Ofic. Proc. Paciente v. Aseg. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004).

29 Id.
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LPAU30, se expone lo que se conoce como la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos.31

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta 

Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.32

[...]

Esta doctrina tiene como propósito evitar que surja una 

intervención judicial innecesaria e inoportuna que pueda interferir 

con el curso y la culminación normal del procedimiento 

administrativo.33 En otras palabras, “el agotamiento de remedios 

presupone la existencia de un procedimiento administrativo que 

comenzó, o debió haber comenzado, pero que no finalizó porque la 

parte concernida recurrió al foro judicial antes de que se completase 

el referido procedimiento administrativo”.34

III

Como cuestión de umbral, antes de entrar a considerar los 

méritos de un recurso de revisión judicial, debemos atender el 

aspecto jurisdiccional. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que el aspecto jurisdiccional es el primer factor por 

considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro 

adjudicativo.35 Esto se debe a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso 

30 Ley Núm. 38-2017, secc. 4.2, 3 LPRA § 9672.

31 Moreno Ferrer v. Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, 209 DPR 430, 

435 (2022).

32 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, §4.2, 3 LPRA § 9672.

33 Moreno Ferrer v. Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, supra. 

34 Id., 436.

35 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019).
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ante su consideración.36 Si el tribunal no tiene jurisdicción, solo 

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en 

los méritos de la controversia.

37 Es decir, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo según lo dispuesto en las leyes 

y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.38

Es de ver que, conforme a la relación procesal del caso que 

antecede, el recurso instado ante nos fue presentado por el DCR 

previo a emitir su Resolución en reconsideración, para la cual estaba 

en término de así y hacerlo. Este dato pudo ser constatado al 

estudiar el expediente administrativo, presentado por el DCR a 

requerimiento de este Tribunal. Por otro lado, aun cuando este 

Tribunal ordenó al DCR, por conducto de la Oficina del Procurador 

General a expresarse en torno al recurso del título, dada la situación 

antes expuesta y cónsono a la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal, prescindimos del mismo puesto a que se hace innecesario. 

Lo anterior es claro, tras el hallazgo que revela que el recurso ante 

nos fue presentado de forma prematura. Así, un cuidadoso examen 

del recurso de recurso ante nuestra consideración, incluyendo la 

revisión de los documentos provistos por las partes, revela que el 

mismo no cumple con los requisitos exigidos por nuestro para 

atenderlo. Veamos

Surge del expediente que, el 16 de abril de 2024, el DCR acogió 

la solicitud de reconsideración del recurrente y a su vez, apercibió 

de que tendría un término de treinta (30) días laborables para emitir 

su resolución. Nótese, además, que fue el 19 de abril de 2024, la 

fecha en que el recurrente fue notificado de lo anterior. El DCR 

notificó que sería desde el momento de la notificación de esa 

36 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

37 Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).

38 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra.
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resolución que comenzaría a transcurrir el término para entonces 

acudir a esta Curia mediante un recurso de revisión judicial. 

La Resolución de la reconsideración se emitió el 13 de mayo

de 2024, y se le notificó al recurrente el 20 de mayo de 2024.

Nótese que, es a partir de esta fecha, que el señor Fuentes Enriquez 

podía acudir ante esta Curia y no antes. Sin embargo, el recurrente 

presentó su revisión judicial, el 25 de abril de 2024, sin haberse 

agotado todos los remedios administrativos y sin recurrir de una 

resolución final. Por tal motivo, es forzoso concluir que el presente 

recurso fue presentado de forma prematura, por lo cual carecemos 

de jurisdicción para atenderlo. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones