Número Identificador

SEN2023____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

COSME COLÓN, YADIRA 

REGUEIRA ÁLVAREZ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Apelantes

v.

MÁXIMO SOLAR 

INDUSTRIES, INC. Y SUS 

ASEGURADORAS 

(A, B, C), DEMANDADO 

DESCONOCIDO Y SUS

ASEGURADORAS (D, E, F)

Apelados

KLAN202300738

Apelación

Procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Aguadilla

Caso Civil Núm.:

AG2020CV00169

(Sala 601)

Sobre:

Fraude, Dolo, 

Incumplimiento de 

Contrato, Daños y 

Perjuicios 

Contractuales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortíz Flores, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2023.

Comparecen los apelantes, el Sr. Cosme Colón, la Sra.

Regueira Álvarez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en adelante, los esposos Cosme Regueira o parte apelante),

y nos solicitan la revisión de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, TPI), el 

18 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de 2023. Mediante 

dicho dictamen, el TPI ordenó la resolución del contrato suscrito 

entre las partes, y ordenó la devolución de la totalidad de lo pagado 

por la parte apelante en un término no mayor de noventa (90) días. 

Además, el foro primario ordenó a Máximo Solar Industries, Inc. (en 

adelante, Máximo Solar o parte apelada) a remover todos los equipos 

instalados en la residencia, sin costo alguno, en el término 

anteriormente dispuesto. Por último, impuso la cantidad de 

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogados por temeridad. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

-IEl 9 de febrero de 2020, los esposos Cosme Regueira 

presentaron Demanda de fraude, dolo, incumplimiento de contrato, 

y daños y perjuicios contractuales en contra de Máximo Solar, sus 

Aseguradoras Desconocidas, así como contra demandados 

desconocidos y sus aseguradoras.1 En síntesis, la parte apelante 

alego en su demanda que suscribió un contrato de obra y servicios 

con la parte apelada y que esta última se comprometió a instalarle 

un sistema de placas solares sobre el techo de su residencia para la 

adquisición de energía renovable y que como parte del contrato 

emitió un primer pago de $18,000.00 y un segundo pago de 

$19,426.00.2 Además, arguyó la parte apelante en su demanda que 

Máximo Solar, incumplió sus obligaciones contractuales toda vez 

que el sistema de placas solares que éste instaló en su residencia 

nunca cumplió con los parámetros de capacidad de producción y 

almacenaje de energía establecidos en el contrato, causándoles 

daños especiales que consistieron en $6,318.25 por concepto de 

compra de alimentos y equipos electrónicos del hogar dañados; 

$8,000.00 por concepto de reparaciones a la piscina y terraza; 

$25,000.00 por concepto de perdida de venta del inmueble como 

resultado del problema de las placas solares no se había resuelto; y 

$60,000.00 en concepto de daños por depresión, insomnio, 

desesperanza, falta de apetito, irritación continua e inseguridad.3

El 15 de julio de 2020, Máximo Solar presentó su Contestación

a la demanda en la cual negaron las causas de acción entabladas 

en su contra y presentaron sus defensas afirmativas.4

1 Apéndice 1 de Apelación Civil, págs. 1-5. 

2

Id. 

3

Id.

4 Apéndice 2 de Apelación Civil, págs. 6-18.
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Luego de varios trámites procesales, el 6 de septiembre de 

2022, las partes presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento 

de Orden a la cual se unió la prueba documental estipulada por 

ambas partes para el juicio.

5 Ese mismo día, las partes presentaron 

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio en el cual también 

hicieron constar la prueba documental estipulada.6

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 3 de abril de 

2023.7 El TPI dictó Sentencia, el 18 de julio de 2023, notificada y 

archivada en autos el 20 de julio de 2023.8 En su dictamen el foro 

primario realizó las determinaciones de hechos siguientes: 

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. El 15 de mayo de 2017 las partes del epígrafe 

otorgaron un contrato de obras y servicios.

2. La parte demandante emitió un primer pago de 

$18,000.00 y posteriormente, un segundo pago de 

$19,426.00.

3. En el contrato suscrito por las partes, la parte 

demandada se comprometía a instalar un sistema 

de placas solares sobre el techo de la residencia del 

demandante para la adquisición de energía 

renovable. El contrato fue estipulado por las partes.

4. El sistema fue adquirido con el propósito de 

conectar tres aires acondicionados y un horno para 

realizar trabajos de artesanía. 

5. La instalación del sistema fue realizada varios días 

antes del paso del Huracán Irma por Puerto Rico.

5 Apéndice 3 de Apelación Civil, págs. 19-42. Esta orden surge de la Minuta 

Enmendada de la vista de 19 de agosto de 2022. Entrada Núm. 87 del expediente 

digital del Caso Núm. AG2020CV00169 en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (en adelante, SUMAC). Los documentos estipulados 

fueron los siguientes: (1) tabla de gastos; (2) recibo de Sam ́s Club; (3) recibo de 

Costco Wholesale;(4) Factura de A la Orden Discount; (5) Contrato de Randy ́s 

Service; (6) recibo de Villa Appliance Services; (7) Contrato de Máximo Solar 

Industries; (8) Curriculum Vitae de Juan F. Charles (perito). 

6 Apéndice 4 de Apelación Civil, págs. 43-51. 

7 Apéndice 5 de Apelación Civil, págs. 52-59. Según consta en la minuta del juicio 

en su fondo celebrado el 3 de abril de 2023, la prueba documental estipulada por 

las partes quedo marcada de la siguiente manera: Exhibit I, Tabla de gastos 

Incurridos del 3 de febrero de 2020; Exhibit II, Recibo de Sam ́s Club del 7 de 

diciembre de 2017; Exhibit III, Recibo de Costco del 30 de noviembre de 2018;

Exhibit IV, Recibo de A la Orden Discount del 4 de junio de 2019; Exhibit V, 

Contrato-Recibo de Randy ́s Pool Service del 25 de octubre de 2018; Exhibit VI, 

Recibo de Villa Appliance Services del 27 de noviembre de 2017; Exhibit VII, 

Contrato Máximo Solar suscrito por las partes; Exhibit VIII, Curriculum Vitae del 

Dr. Juan F. Charles y Exhibit IX, Informe pericial del Dr. Juan F. Charles. 

8 Véase: nota al calce 1.
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6. Durante el Huracán Irma el sistema solamente 

brindó 4 horas de energía.

7. Luego del Huracán María, el sistema no estuvo en 

función, y la parte demandada, aun cuando se 

comprometió a evaluar el sistema, este no fue 

corregido. 

8. El sistema, conforme al contrato suscrito por las 

partes, debía generar 16.24 kilowatts, lo que no 

sucedió, provocando que los equipos de la 

residencia no pudieran ser utilizados.

9. Aun cuando los técnicos Máximo Solar Industries, 

Inc., visitaron la residencia para reiniciar las 

baterías, éstas no funcionaron a la capacidad 

correcta. 

10. Los aires acondicionados están en funcionamiento, 

pero no se pueden encender todos a la misma vez. 

11. El perito de la parte demandada, Ing. Gerald 

Quintero, realizó una visita a la residencia de la 

parte demandante, para evaluar las baterías y los 

micro inversores de monitores. 

12. Como parte de la inspección, surge que una batería 

no funcionaba y el área del [monitoreo] de los micro 

inversores estaba desconectado. 

13. Los problemas técnicos del equipo eran 

responsabilidad de la parte demandada, pero ésta 

no brindó el servicio requerido, lo que provocó que 

los demandantes no tuvieran el servicio disponible. 

El TPI en su dictamen ordenó la resolución del contrato 

suscrito entre las partes, y la devolución de la totalidad de lo pagado 

por la parte apelante en un término no mayor de noventa (90) días. 

El foro primario, además, ordenó a Máximo Solar remover todos los 

equipos instalados en la residencia, sin costo alguno, en el término 

anteriormente dispuesto. Por último, el TPI impuso la cantidad de 

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogados por temeridad. 

Inconforme, la parte aquí apelante, presentó ante el TPI 

Moción al Amparo de la Regla 43 de Procedimiento Civil.

9 En su 

moción de determinaciones de hechos adicionales solicitó que el TPI 

incluyera en su sentencia determinaciones de hechos adjudicando 

9 Apéndice 7 de Apelación Civil, págs. 66-68. 
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los gastos incurridos y daños sufridos por la cantidad de $14,318.25 

de conformidad a la prueba documental estipulada y la prueba 

testifical desfilada.10 El 4 de agosto de 2023, el TPI declaró No Ha 

Lugar la moción en solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales.11

Aún inconformes, el 21 de agosto de 2023, los esposos Cosme

Regueira Álvarez acudieron ante nos mediante el recurso que nos 

ocupa. Señalaron la comisión de los siguientes errores:

Primer Error: El Honorable Tribunal de Primera 

Instancia cometió el error de derecho al no otorgar a 

la apelante la cantidad de $14,318.25 en 

resarcimiento por los daños sufridos y probados 

mediante la prueba documental estipulada y la 

prueba testifical desfilada en corte abierta y nunca 

controvertida por la parte apelada.

Segundo Error: El Honorable Tribunal de Primera 

Instancia erró y abusó de su discreción al no 

considerar conforme a derecho la prueba documental 

estipulada y la prueba testifical desfilada en corte 

abierta y nunca controvertida por la parte apelada.

Luego de varios trámites procesales apelativos, el 26 de 

septiembre de 2023, la parte apelante presentó su Alegato en 

Oposición a Recurso de Apelación. El 16 de octubre de 2023, 

mediante Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden ambas 

partes comparecieron y certificaron que la transcripción del juicio 

en su fondo celebrado el 3 de abril de 2023 era una copia fiel a la 

regrabación de los procesos; por lo cual quedó estipulada por las 

partes la reproducción de la prueba oral. Así las cosas, se dictó 

Resolución concediéndole a las partes un término de cinco (5) días 

para que informaran si iban estar sometiendo alegatos 

suplementarios y que de no cumplir con el término ordenado se 

estaría dando por perfeccionado el recurso. Cumplido el término 

10 Íd. 

11 Apéndice 8 de Apelación Civil, pág. 69.
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dispuesto sin que las partes informaran que estarían presentado 

escritos suplementarios procedemos a resolver. 

-II-

-AEs norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, 

“ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o 

pasión, no se favorece la intervención de los tribunales apelativos 

para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el 

Tribunal de Primera Instancia”. Ortiz Ortiz v. Medtronic., 209 DPR 

759, 778 (2022), citando a Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 

DPR 194, 219 (2021). Ello implica que un tribunal apelativo debe 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que realizó el foro primario, evitando 

descartarlas, modificarlas o sustituirlas por su criterio, aun cuando 

en su evaluación particular hubiera emitido un juicio distinto. 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). El fundamento de esta norma, 

en cuanto a la prueba testifical, yace en que es el foro primario quien

de ordinario se encuentra en mejor posición para aquilatarla, ya que 

es quien ve y oye a los testigos, pudiendo apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, 

formar en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la 

verdad. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-

68 (2009). En contraste, los foros apelativos solo contamos con 

récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001). Esta norma, sin embargo, no es absoluta, pudiendo un 

apelante presentar prueba que demuestre que la apreciación 

realizada por el foro sentenciador no fue correcta o no está 

refrendada por la prueba presentada y admitida. Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por todo lo cual, se ha establecido la 
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regla fundamental en nuestro ordenamiento de que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos que 

realiza el Tribunal de Primera Instancia, a menos que se demuestre 

que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 753 (2013). Véase la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

En cuanto a la prueba testifical, procede nuestra intervención 

con la apreciación de la prueba o la adjudicación de credibilidad de 

los testigos en aquellos casos en que, luego de un análisis integral 

de la prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que conmueva nuestro sentido básico de justicia. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Por tanto, quien 

impugne una sentencia o resolución bajo estos parámetros deberá 

presentar evidencia sustancial que derrote la presunción de 

corrección que cobija la decisión del foro primario. Esto es, evidencia 

que en una mente razonable pueda aceptarse como adecuada para 

sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 

DPR 1, 25 (2007).

No obstante, esta norma de deferencia no alcanza la 

apreciación de la prueba documental o pericial realizada por el foro 

de primera instancia. En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha sido consistente en que los foros revisores nos 

encontramos en igualdad de condiciones con el foro sentenciador 

para evaluar y apreciar la prueba documental admitida en evidencia. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Díaz García 

v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13-14 (1989).

Dentro de los diferentes tipos de estipulaciones que pueden 
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llegar las partes se encuentran las de materias procesales.12 Por 

tanto, uno de los métodos de admisibilidad de la prueba puede ser 

por estipulación de las partes. P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 

103 DPR 223, 230 (1975). La Regla 901 B (8) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 901 B (8), permite la autenticación de evidencia mediante 

admisión. Esta norma expresamente dispone que: “[u]n escrito, u 

otro material, puede ser autenticado mediante evidencia de que la 

parte contra quien se ofrece admitió su autenticidad en cualquier 

momento, o mediante evidencia de que ha sido aceptado como 

auténtico por la parte contra la cual se ofrece.” 

En cuanto a la prueba suficiente para prevalecer en una 

acción, la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, establece 

algunos parámetros que rigen el proceso de apreciación de la 

prueba. En los pleitos civiles, el quantum requerido es el de 

preponderancia de la prueba, a base de criterios de probabilidad. 

Regla 110(F) de Evidencia, supra. La obligación de presentar 

evidencia recae primeramente sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en el asunto en controversia. El juzgador de los hechos 

no tiene la obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones de 

cualquier cantidad de testigos que no le convenzan contra un 

número menor u otra evidencia que le resulte más convincente. 

Reglas 110(B) y (E) de Evidencia, supra. En cuanto al grado de 

prueba requerido, la Regla 110(C) de Evidencia, supra, dispone que, 

para establecer un hecho, no se exige un grado de prueba que, 

excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza. 

Además, la evidencia directa de un único testigo que merezca entero 

crédito al juzgador es prueba suficiente para establecer cualquier 

12 En nuestro estado de derecho se han reconocido tres clases de estipulaciones: 

(1) las que constituyen admisiones de hechos y dispensan del requisito de 

probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudicación; 

(3) las que proponen determinado curso de acción, es decir, que se celebre una 

conferencia con antelación al juicio, que se someta una cuestión a un comisionado 

especial, o para que se admitan determinadas pruebas. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra.
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hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. Regla 110(D) de 

Evidencia, supra. Es por ello, por lo que la normativa de derecho 

probatorio no reconoce exigencia alguna de corroboración de cierto 

tipo de testimonio. Esto es así, aunque no se trate de un testimonio 

“perfecto” o libre de contradicciones. Pueblo v. Santiago et al., 176 

DPR 133, 147 (2009). En ese caso, corresponderá al juzgador

aquilatar su valor probatorio y credibilidad. 

-BEn nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la 

libertad de contratación o autonomía de la voluntad, según el cual 

las partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que las mismas 

no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público. 

Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ante sec. 3372;

13

Feliciano v. Luxury Hotels Int'l, 210 DPR 712 (2022); Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); Irizarry López v. García Cámara, 155 

DPR 713 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001.

A partir del perfeccionamiento de un contrato, las partes 

quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a 

las consecuencias que se deriven del mismo, ello conforme a la 

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA

ante sec. 3375; Trinidad v. Chade, supra. De esta manera, cuando 

un contrato es legal, válido y carente de vicios del consentimiento, 

el mismo constituye la ley entre las partes y debe cumplirse a tenor 

de este. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA ante sec. 2994;

Feliciano v. Luxury Hotels Int'l of P.R. Inc., supra; Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López; 129 DPR 579, 593 (1991); Cervecería 

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984). Es por ello, 

13 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por 

la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto 

Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos que originan la presente 

controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por lo cual 

esta es la ley aplicable. 
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que el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA ante sec. 3018, 

sujeta a aquellos que de alguna manera contravengan sus 

obligaciones a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados. Bajo dicho supuesto, todo incumplimiento contractual 

dará lugar a un resarcimiento. Álvarez v. Rivera, supra, pág. 18.

Las acciones ex contractu se basan en el quebrantamiento de 

un deber que surge de un contrato expreso o implícito, y tienen por 

objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las partes 

otorgaron su consentimiento. Íd.; Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., 

Inc., 130 DPR 712 (1992); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 

125 DPR 410 (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 DPR 711, 

(1987). Por tanto, para que proceda esta acción tiene que haber 

habido un acuerdo de voluntades que genere una obligación, 

situación o estado de derecho resultante de un convenio y que haya 

creado unas expectativas a base de las cuales actuaron las partes. 

Álvarez v. Rivera, supra, pág. 18; Trinidad v. Chade, ante.

En el caso de las obligaciones recíprocas, el Artículo 1077 del 

Código Civil, 31 LPRA ante sec. 3052, dispone lo siguiente:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende 

implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de 

los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con 

el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 

después de haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible.” (Énfasis suplido.)

De la referida disposición estatutaria surge que, ante un 

incumplimiento de una obligación bilateral, el perjudicado puede 

optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o su resolución, 

y en ambos casos, si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en 

su patrimonio de forma desfavorable, puede reclamar el 

resarcimiento por los daños ocasionados. Álvarez v. Rivera, supra, 

pág. 19.
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Por tanto, únicamente si el cumplimiento parcial o defectuoso 

implica la frustración de la finalidad contractual para la parte 

perjudicada, procederá entonces, la resolución del contrato. Íd., 

págs. 19-20. En los demás casos, en que la prestación se ha 

efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir 

el cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos en que 

proceda, una reducción proporcional del precio. Íd. 

Por otra parte, el Artículo 1077 del Código Civil, supra, 

reconoce que, ante el incumplimiento de una obligación recíproca, 

la parte perjudicada puede exigir su cumplimiento. En decir, si el 

que incurre en incumplimiento exige la satisfacción de la prestación 

debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato 

incumplido. Álvarez v. Rivera, supra, pág. 20; Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). Este principio general en materia 

de contratos recíprocos es conocido en la doctrina civilista como la 

excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti 

contractus). Íd. Esta excepción de contrato no cumplido se 

fundamenta en la regla de la ejecución simultánea de las 

obligaciones recíprocas. Artículo 1053 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3017; Íd., citando a Puig Brutau, op. cit., pág. 115. 

Existe una modalidad de la excepción de contrato no 

cumplido, que la jurisprudencia y la doctrina civilista ha reconocido 

como la “excepción de contrato no cumplido adecuadamente” o 

“excepción de falta de cumplimiento regular”, denominada en latín 

como la exceptio non rite adimpleti contractus. Íd., págs. 20-21. Esta 

excepción aplica en el caso que una de las partes haya cumplido la 

prestación parcial o defectuosamente sin ajustarse debidamente a 

lo que exige el vínculo obligatorio. Íd.

-CEl Artículo 1434 regula los contratos de obras y servicios, en 

el cual una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar 
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a la otra un servicio por precio cierto. 31 LPRA sec. 4013. El 

contrato de arrendamiento de obra se define “como esencialmente 

uno de trabajo, mediante el cual una de las partes se encarga de 

hacer una cosa para la otra, mediante un precio convenido entre 

ello.” Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623-624 

(2000). Sin embargo, no existe duda de que el contrato de obra es 

uno de carácter consensual, bilateral y oneroso, cuyos elementos 

característicos son la obra por realizarse y el precio. Id.; Constructora 

Bauzá, Inc. v. García López, supra, pág. 592. 

El dueño de la obra tiene la obligación fundamental de pagar 

el precio de ésta en la forma, en la cuantía y en el tiempo convenido. 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra. (citando a M. 

Albaladejo).14 “El contratista viene obligado a ejecutar la obra 

conforme a lo convenido en el contrato, a las reglas del arte de la 

construcción y a los usos o reglas profesionales.” Id. Si el contratista 

incumple con su deber, el dueño tiene derecho a pedir la resolución 

del contrato, aun hecha la obra, si resulta ser tan imperfecta que el 

dueño se ve impedido de usarla para el fin perseguido. Id. 

Una vez perfeccionado un contrato de arrendamiento de obra 

-como en todo tipo de contrato- las partes están obligadas por lo 

expresamente pactado y, de incurrir en dolo, negligencia o 

morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, responde por los 

daños y perjuicios causados. Id.; Artículos 1210 y 1054 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375 y 3018.

-DEl Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, dispone 

que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado [...]”.

En estos casos, para probar una causa de acción por daños y 

14 M. Albaladejo, Derecho Civil, 8 va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, pág. 49.
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perjuicios, el promovente deberá demostrar, mediante 

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por 

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un 

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño 

sufrido. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 976 (2021); 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); García v. 

E.L.A., 163 D.P.R. 800, 809 (2005). Así pues, el que un demandante 

ostente el derecho a recibir indemnización por un alegado daño 

presupone la existencia de un nexo causal entre el daño y el factor 

que lo origina. Es decir, sólo corresponde indemnizar los daños que 

son consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. Rivera 

Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 134 DPR 840, 851-852 (1993).

Se ha establecido que la culpa o negligencia consiste en “la 

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias”. Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra; López v. 

Porrata Doria, supra. Cuando se alegue haber sufrido daños como 

consecuencia de la negligencia de la parte demandada, el peso de la 

prueba respecto a la alegada negligencia le corresponde a la parte 

demandante. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 521 

(2001); Matos v. Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567, 569 

(1987). 

En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada para 

determinar el nexo causal necesario para adjudicar responsabilidad 

civil. La causa adecuada es la que, según la experiencia general, 

ordinariamente produce los daños imputados. No es otra cosa que 

el evento o acto que con mayor probabilidad causó el daño por el 

que se reclama indemnización. Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700, 707 

(1994); Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570, 575 (1984). Así 

pues, un daño parece ser el resultado natural y probable de un acto 
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negligente si después del suceso, y mirándolo retroactivamente el 

acto que se alega ser negligente, tal daño aparece como la 

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Montalvo v. Cruz, 144 

DPR 748, 756-757 (1998), citando a Torres Trumbull v. Pesquera, 97 

DPR 338, 343-344 (1969).

En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por el 

Art. 1802 del Código Civil, supra. Dicho artículo establece que “[e]l 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Por 

consiguiente, para que exista responsabilidad por los daños al 

amparo del referido estatuto legal, es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: 1) que haya un daño sufrido; 2) nexo causal 

entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) que la 

acción u omisión sea culposa o negligente. Id. 

-IIILa parte apelante alega en síntesis en sus dos (2) 

señalamientos de errores que erró el TPI en derecho y abusó de su 

discreción al no otorgarle la cantidad de $14,318.25 en 

resarcimiento por los daños sufridos y probados al no considerar

la prueba documental estipulada y la prueba testifical desfilada 

en corte abierta y nunca controvertida por la parte apelada. Por 

estar íntimamente relacionados los errores señalados 

procederemos a discutirlos en conjunto. Veamos. 

En específico, la parte aquí apelante arguye que la prueba 

documental que estableció los daños causados por la parte 

apelada se estipuló por ambas partes, y que no hubo controversia 

o prueba conflictiva en cuanto a éstos. Además, alega la parte 

apelante que la prueba testifical en el juicio en su fondo versó 

sobre la prueba documental estipulada y en específico sobre la 
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tabla de gastos incurridos de la cual surgen los gastos reclamados

ascendentes a $14,318.25. 

Además, la parte apelante alega que en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 1077 del Código Civil de 1930, supra, el 

cual dispone que, ante el incumplimiento de una obligación 

bilateral como en el caso del contrato de obra objeto de 

controversia, el perjudicado puede optar entre exigir el 

cumplimiento de la obligación o su resolución, y en ambos casos, 

si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en su patrimonio 

de forma desfavorable, puede reclamar el resarcimiento por los 

daños ocasionados. 

Por su parte, Máximo Solar arguye que en el caso de autos 

la parte aquí apelante no estableció mediante prueba testimonial 

que los gastos ascendentes a $14,318.25 fueron a causa de sus 

actuaciones, ni resultado de su acción o negligencia. Además, 

esgrimió que la parte apelante no demostró y testificó sobre el 

nexo causal entre el incumplimiento de contrato y los alegados 

daños causados. Respecto a la estipulación de la prueba 

documental que se hizo constar en el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio, sobre los gastos que en el juicio fue marcado 

como Exhibit I, argumenta la parte apelada que esto se limitó al 

proceso de autenticación. Por último, arguye la parte apelada 

que lo estipulado en el Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio no implica una estipulación de hechos entre el nexo causal 

de lo estipulado, ni una la admisión de hecho de que la prueba 

documental era cierta y que los gastos habían sido incurridos

como consecuencia de los daños directos, si no, la existencia del 

documento en el trámite procesal a los fines de simplicidad. 
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Conforme a lo alegado por la parte apelada es importante 

puntualizar que la prueba documental estipulada y marcada como 

Exhibit I sobre los gastos incurridos por la parte apelante tuvo el 

efecto de relevar a la parte apelante del proceso de autenticación 

requerido en virtud de la Regla 901 de Evidencia, supra. Sin 

embrago, el que una parte estipule la autenticidad de prueba 

documental no se puede confundir con la estipulación de hechos 

probados. La primera releva del proceso de autenticación de 

evidencia como condición previa a su admisibilidad, la segunda 

releva a la parte de probar un hecho. En el caso de autos las partes 

claramente establecieron en el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio las estipulaciones de la prueba documental y 

estipulaciones de hechos que ninguna versa sobre los gastos y 

daños reclamados.

15 La estipulación de la prueba documental por 

la parte apelada solo tuvo el efecto de procesalmente estipular antes 

del juicio la autenticación de los documentos más no tuvo el efecto 

de probar su veracidad y conexión causal para la reclamación de las 

cuantías. 

De la evaluación de la transcripción de la prueba oral del 

Juicio en su Fondo celebrado el 3 de abril de 2023, en específico el 

testimonio de la Sra. Regueira Álvarez, no surge que haya declarado 

una vez su representante legal le pregunta sobre el Exhibit I

estipulado por las partes, sobre los alegados gastos y daños sufridos 

y su nexo causal con relación a las acciones u omisiones de Máximo 

Solar respecto al contrato de obra y servicio objeto de la 

15 Véase nota al calce 6. En el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio los 

hechos estipulados fueron los siguientes: 

III. Estipulación de Hechos por ambas Partes

1. El pasado 15 de mayo de 2017 las partes de epígrafe celebraron un 

contrato de obras y servicios. 

2. La parte demandante emitió un primer pago de $18,000.00 y 

posteriormente un segundo pago de $19,426.00. 

3. Las dos baterías de reemplazo no han sido instaladas aún según la 

recomendación de Tesla. 
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controversia.16 Como es conocido, para probar una causa de acción 

por daños y perjuicios, el promovente deberá demostrar, mediante 

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por 

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un 

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño sufrido.

Artículo 1802 del Código Civil, supra. En el caso de referencia, esto 

no ocurrió en el juicio en su fondo, la prueba presenta sobre este 

aspecto por la parte apelante solamente se limitó a preguntar que 

representaba la tabla presentada en evidencia por estipulación de 

las partes a lo cual la Sra. Regueira Álvarez contestó “alguno de los 

daños más grandes que tuvimos cuando ... por los problemas de, de

la electricidad.”17 Además, declaró sobre un tope de la estufa que se 

dañó y tuvieron que cambiarlo.18 Por último, la Sra. Regueira 

Álvarez declaró sobre una alegada venta de la casa que perdió por 

que “las placas solares no estaban funcionando. Y eso era como una 

... un highlight para vender la casa.”19 La parte apelante alega que 

estos daños ocurrieron, así como los desglosados en el Exhibit I sin 

que se pormenorizar las razones y nexo causal por el 

incumplimiento de Máximo Solar con el contrato de obra y servicio 

suscrito entre las partes. 

A la parte apelada le correspondía probar el nexo causal entre 

cada uno de los daños del acto culposo o negligente alegado. Como 

correctamente alega Máximo Solar la parte apelante falló en explicar 

respecto a los Exhibits II, III, IV, V, VI y VII en el juicio en su fondo 

en qué consistían los alegados daños con relación la acción de culpa 

o negligencia de Máximo Solar. En ausencia de error manifiesto, 

perjuicio, parcialidad o pasión, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba y las determinaciones de hechos 

16 Trascripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), a las págs.129-133, 155-158. 

17 TPO, a la pág. 129.

18 TPO, a la pág. 129-130. 

19 TPO, a la pág. 133.
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formuladas por el foro primario. Por tanto, los alegados errores no 

fueron cometidos y no corresponde en derecho conceder los daños 

alegados.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones