Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

GRUPO ATABAYA, LLC 

Recurrente

v.

MUNICIPIO DE UTUADO 

Recurrida

ABEXUS ANALYTICS 

Licitador Agraciado 

KLRA202400028

Revisión Judicial 

procedente de la 

Junta de Subastas del 

Municipio de Utuado 

Propuesta Núm.:

2022-RFP-003

Sobre:

Impugnación de 

Adjudicación de 

Solicitud de 

Propuestas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024. 

Comparece Grupo Atabaya LLC (Atabaya o recurrente) vía 

revisión administrativa para solicitar la revocación del segundo aviso 

de adjudicación de la Junta de Subastas del Municipio de Utuado (Junta 

de Subastas), emitida el 9 de enero de 2024. Mediante dicho aviso, la 

Junta de Subastas adjudicó la buena pro al segundo licitador agraciado, 

Abexus Analytics (Abexus o segundo licitador). Por los fundamentos 

que expresamos a continuación, desestimamos el recurso presentado 

por falta de jurisdicción.

En síntesis, el caso de epígrafe atiende de la adjudicación inicial

de la buena pro al recurrente de la solicitud de propuestas 2022-RFP003 para “Servicios de Firma de Planificadores, Calificada para 

Elaborar el Plan para la Recuperación Municipal de Utuado Basado en 
KLRA202400028 2

un Análisis de las Condiciones Existentes Luego del Paso de los

Huracanes Irma y María y las Áreas de Oportunidad a Desarrollar y 

Atender para un Pueblo Más Resiliente”, notificada el 1 de junio de 

2022. Posterior a dicha adjudicación, el Municipio de Utuado 

(Municipio o recurrente) y Atabaya perfeccionaron un contrato el 20 de 

julio de 2022, en la cual contenía una cláusula que le permitía al 

Municipio cancelar inmediatamente el contrato si Atabaya incumplía 

con una o más de las condiciones del acuerdo. Insatisfecho con la labor 

de Atabaya, cual incluye acusaciones de retrasos significativos y 

problemas de calidad en los entregables, el 1 de diciembre de 2023 el 

Municipio le notificó a Atabaya la cancelación inmediata del contrato. 

Luego de la Junta de Subastas notificarle que se le adjudicaba la 

buena pro a Abexus, a consecuencia de la referida cancelación 

contractual, Atabaya recurrió ante el foro apelativo argumentando que 

la Junta de Subastas erró al: (1) adjudicar la subasta a Abexus a pesar 

de haber adjudicado previamente la subasta a Atabaya y estar en vigor 

un contrato vigente entre Atabaya y el Municipio, y (2) no expresar las 

razones por las cuales no se le adjudicó la subasta a Atabaya dentro de 

un documento completo con firma o, en la alternativa, no comenzar un 

nuevo proceso de subasta para los mismos servicios. En el mismo día, 

Atabaya presentó una Moción solicitando auxilio de jurisdicción, en la 

que pidió que se paralicen los procedimientos de adjudicación y 

perfeccionamiento contractual entre el Municipio y Abexus. 

Oportunamente, el Municipio, sin someterse a la jurisdicción del 

foro apelativo, solicitó la desestimación del recurso de revisión por este 

Tribunal carecer de jurisdicción, argumentando que la controversia gira 

en torno de un alegado incumplimiento contractual, por la cual una 
KLRA202400028 3

revisión administrativa no es el recurso adecuado para evaluar el caso. 

A esos efectos, el Municipio pide, además, que se le imponga a su favor 

honorarios de no menos de mil quinientos dólares ($1,500.00). Por su 

parte, Atabaya presentó una Moción en cumplimiento de resolución y 

en oposición a moción de desestimación. En esta, planteó que posee el 

derecho a instar un recurso de revisión administrativa al ser advertido 

del mismo en el segundo aviso de adjudicación, más vuelve a 

argumentar que la notificación del referido aviso de adjudicación fue 

defectuosa. 

Vale recordar que la Ley de la Judicatura de 2003 delimita la

facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, 

dicha ley establece que se podrá recurrir ante este Foro “[m]ediante 

recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, 

de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas”. Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 

LPRA sec. 24y). Ello resulta igualmente compatible con las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Véase 

Sec. 4.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, Ley 

Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9672); Regla 56 del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). De modo equivalente, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha limitado la 

revisión judicial de decisiones administrativas a aquellas instancias en 

que se trate de órdenes o resoluciones finales, y en las que la parte que 

solicita la revisión haya agotado todos los remedios provistos por la 
KLRA202400028 4

agencia administrativa. Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364 

(2018) (citando a Tosado v. AEE, 165 DPR 377 (2005)).

Por otra parte, la jurisdicción consiste en el “poder que tiene [el 

tribunal] para atender y decidir casos y controversias”. Pérez Rodríguez 

v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163 (2022) (citando a Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011)). En función de ello, los 

tribunales deben constatar su jurisdicción y carecen de discreción para 

asumirla si no la poseen. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 

(2012) (citando a García Ramis v. Serallés, 171 DPR 250, 254 (2007)).

Como consecuencia, cuando un tribunal determina que carece de 

jurisdicción, lo único que puede hacer es declararlo y desestimar el 

caso. Báez Figueroa v. Administración de Corrección, 209 DPR 288 

(2022) (citando a SLG Szendry-Ramos v. F. Castillo Family Properties, 

Inc., 169 DPR 873, 883 (2007)). 

Ahora bien, la jurisprudencia ha dictaminado que el proceso de 

subasta comienza con una convocatoria a los licitadores y culmina con 

la adjudicación del contrato. Cándido Oliveras, Inc. v. Universal 

Insurance Company, 141 DPR 900 (1996). Similarmente, el Tribunal 

Supremo ha dejado claro que la adjudicación de subasta no vincula a 

las partes hasta tanto se haya perfeccionado el contrato, por la cual una 

agencia gubernamental puede revocar una adjudicación antes de 

formalizarse el contrato. Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 170 

DPR 237 (2007) (citando a Justiniano v. ELA, 100 DPR 334 (1971); 

Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR 296 (1973)). Véase, 

también, Alco Corporation v. Municipio de Toa Alta, 183 DPR 530 

(2011) (citando a Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, supra, pág. 
KLRA202400028 5

248); Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular de 

Puerto Rico y el Caribe et al., 172 DPR 139 (2007) (citando a 

Justiniano v. ELA, supra, pág. 340). En palabras simples, el proceso 

administrativo de la agencia o entidad gubernamental culmina con el 

perfeccionamiento del contrato, a partir de lo cual desde entonces inicia

una relación contractual entre la entidad pública y el licitador 

adjudicado. 

De conformidad con los hechos del presente caso, el recurrente 

acudió erróneamente ante este Tribunal mediante revisión 

administrativa. El proceso de adjudicación de subasta culminó el 

momento que el contrato entre el Municipio y Atabaya fue 

perfeccionado el 20 de julio de 2022. Por la referida culminación, no 

existe un proceso administrativo a propósito del cual Atabaya pueda

solicitar revisión judicial. Como bien expresa el recurrido, el caso gira 

en torno a un alegado incumplimiento contractual que debe presentarse 

mediante la vía ordinaria. Por lo tanto, este Tribunal no tiene 

jurisdicción para atender la controversia planteada en sus méritos. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción sin particular determinación de honorarios. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones