Número Identificador

SEN2024 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Gabriel J. Sicardó 

Ocasio

Recurrente

 vs.

Partido Nuevo 

Progresista; Recurrido

Desconocido; 

Aseguradoras “X”, “Y”, 

“Z”

Recurridos

Comisión Estatal de 

Elecciones

Parte Con Interés

KLRA202400002

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Civil Núm.:

CT2023CV00172

Sobre: Acción Civil 

Revisión 

Judicial/Código 

Electoral, Injunction, 

Libelo Calumnia o 

Difamación, 

Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

Comparece ante nos, el señor Gabriel J. Sicardó Ocasio (Sr. 

Sicardó Ocasio o recurrente), quien presenta recurso de revisión 

administrativa en el que solicita la revocación de la “Sentencia” 

emitida el 22 de diciembre de 2023,

1 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante dicho dictamen, el 

foro primario declaró Ha Lugar la “Moción de Desestimación”

presentada por el Partido Nuevo Progresista (PNP o recurrido), y 

desestimó el recurso presentado por el recurrente.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

1 Notificada en igual fecha.
KLRA202400002 2

I.

El 14 de diciembre de 2023, el Sr. Sicardó Ocasio presentó 

un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando la 

revisión de la determinación emitida el 4 de diciembre de 2023,

2

por el Directorio del PNP. En esencia, el Directorio del PNP dejó 

sin efecto la certificación emitida por el Comité de Evaluación de 

Candidatos del PNP (en adelante, Comité), y descalificó al Sr. 

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía 

del Municipio de Cataño. En su escrito, el recurrente alegó que, el 

Directorio del PNP actuó de forma ultra vires, arbitraria y 

caprichosa. Asimismo, arguyó que, se le violentó su debido 

proceso de ley, toda vez que no se le notificó el escrito de apelación

presentado ante Directorio del PNP, y tampoco se le otorgó la 

oportunidad de ser oído.

Así las cosas, el 19 de diciembre de 2023, el PNP presentó 

una “Moción de Desestimación”, y afirmó que la descalificación del 

Sr. Sicardó Ocasio se hizo conforme a derecho y la ley aplicable. 

Argumentó que, el procedimiento efectuado ante el Directorio del 

PNP no fue uno ultra vires, sino que se hizo de conformidad con la 

reglamentación aplicable. Sobre este particular, esgrimió que: (1)

el Comité hizo su recomendación, (2) el Directorio del PNP pasó 

juicio sobre dicha recomendación y tomó una determinación, (3) 

esta determinación fue notificada al recurrente, y (4) se le advirtió

sobre su derecho a revisión judicial. Además, sostuvo que, la 

determinación del Directorio del PNP no se basó en meras 

especulaciones o conjeturas, sino que, para determinar la 

viabilidad e idoneidad del candidato, se consideraron distintos 

factores, entre ellos, las circunstancias detrás de su nombramiento 

y confirmación como Vice-Alcalde del municipio de Cataño en la 

víspera de la renuncia del anterior alcalde. Finalmente, destacó 

2 Notificada el 7 de diciembre de 2023.
KLRA202400002 3

que se cumplieron las exigencias de un debido proceso, en vista de 

que el proceso efectuado es una evaluación de candidatura, a la 

cual el Sr. Sicardó Ocasio no posee un derecho absoluto.

Ese mismo día, entiéndase, el 19 de diciembre de 2023, el

foro a quo celebró vista, y ambas partes argumentaron sus 

respectivas posiciones con relación a la “Moción de Desestimación”

presentada por el PNP. Durante la audiencia, la parte recurrida

indicó que, el tribunal carecía de jurisdicción para atender el 

asunto. Ante dicho planteamiento, se les concedió a ambas partes 

oportunidad para presentar sus argumentos por escrito.

A tenor con esto, el PNP presentó una “Moción de 

Desestimación Suplementaria”, y solicitó la desestimación por falta 

de jurisdicción porque, a pesar de que el recurso se presentó en

fecha hábil, no se le notificó dentro del término dispuesto para ello.

Mediante escrito titulado “Oposición a Desestimación”, el Sr. 

Sicardó Ocasio manifestó que, el tribunal posee jurisdicción para 

atender el asunto, ya que el recurso de revisión judicial fue 

presentado y notificado en término.

Atendidas las posiciones de ambas partes, el 22 de diciembre

de 2023,

3 el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia”

mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción de Desestimación”

presentada por el PNP, y desestimó el recurso presentado por el 

recurrente. Fundamentó su determinación en la ausencia de 

reglamentación que exija la notificación de un escrito de apelación 

presentado ante el Directorio del PNP. A su vez, razonó que 

tampoco existe reglamentación alguna que requiera la celebración 

de una vista ante el Directorio del PNP. Adicionalmente, consideró 

el hecho de que los argumentos esbozados en el escrito de 

apelación fueron los mismos vertidos en la querella original, sobre

la cual el Sr. Sicardó Ocasio tuvo la oportunidad de expresarse y 

3 Notificada en igual fecha.
KLRA202400002 4

defenderse. Por último, consideró que, aunque el Comité hace una 

recomendación, es el Directorio del PNP quien efectúa la 

determinación final sobre la cualificación del aspirante. En ese 

contexto, concluyó que no se violentó el debido proceso de ley del 

recurrente.

En su “Sentencia”, el foro primario hizo las siguientes 

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte de 

nuestro dictamen:

1. El recurrente Gabriel J. Sicardó Ocasio es mayor de 

edad, soltero, abogado, elector debidamente inscrito, 

afiliado al Partido Nuevo Progresista y vecino de 

Cataño, Puerto Rico.

2. El Partido Nuevo Progresista es un partido político 

principal, según lo determina el Código Electoral de 

Puerto Rico de 2020. Su sede se encuentra en Avenida 

Kennedy, San Juan, Puerto Rico.

3. A las 10:20 a.m. del 20 de octubre de 2023, y dentro 

del término dispuesto para la radicación de 

candidaturas a puestos electivos para las Elecciones

Generales de 2024, el recurrente presentó ante el PNP 

su candidatura agrupada para alcalde del Municipio de 

Cataño, junto a sus once (11) legisladores municipales.

4. A menos de tres (3) horas del recurrente haber 

presentado sus documentos en la Oficina del 

Comisionado Electoral, el Sr. Luis Omar Aponte 

Rodríguez, quien ocupa un puesto de confianza en la 

alcaldía del Municipio de Cataño, presentó una querella 

ante el Comité Evaluador de Candidaturas del PNP

impugnando la candidatura del recurrente.

5. En apretada síntesis, los argumentos presentados 

por el Sr. Luis Omar Aponte Rodríguez para impugnar la 

candidatura del recurrente fueron los siguientes:

a. Sus finanzas para los años 2014 al 2016 

reflejaban ingresos bajos y dispares cuando se 

comparaban con sus ingresos en otros años y 

que, pese a sus respuestas, la diferencia entre

sus ingresos para esos años creó 

cuestionamientos que no fueron atendidos 

satisfactoriamente para el Directorio.

b. Como Director de Asuntos Legales del 

Municipio, recomendó la contratación de JR 

Asphalt y recomendó las cláusulas 

contractuales. Para el Directorio resultó en gran

consternación que un contrato objeto de un

procedimiento criminal en el foro federal haya 

sido recomendado por el señor Sicardó.
KLRA202400002 5

c. Cuando se desempeñaba como Director de la 

División Legal y Asuntos Públicos, el Municipio 

suscribió un contrato con Bou Maintenance 

Service Corp., Inc., a través del cual el exalcalde 

Delgado Montalvo recibía servicios de

transportación en un carro de lujo marca 

Cadillac por $4,500.00 al mes. El Directorio 

consideró que lo anterior representó un gasto 

excesivo e innecesario que no adelantaba el 

bienestar del Municipio. Sin embargo, el señor 

Sicardó certificó que dicho contrato cumplía con

todos los requerimientos de ley y la 

reglamentación aplicable. A su vez, el señor 

Sicardó intentó defender dicho contrato en los

medios. Para el Directorio, sus acciones no 

reflejaron la sana administración pública a la 

que el PNP aspira para los candidatos que 

representan nuestra insignia en una papeleta.

d. Para el Directorio generó gran reparo la forma 

en la que fue designado y confirmado como 

vicealcalde del Municipio con el objetivo 

específico de que se convirtiera en el sucesor

inmediato del entonces alcalde. El exalcalde 

Delgado Montalvo presentó su renuncia luego de 

que la Legislatura confirmara su designación 

como vicealcalde. Aunque la posición de 

vicealcalde no estaba vacante, la persona que la

ocupaba fue sustituida el día anterior de la 

renuncia del exalcalde, cuando había acordado 

declararse culpable y conocía la necesidad de 

renunciar para que el señor Sicardó pudiera ser 

designado al puesto. Luego de declararse

culpable, y mientras se disculpó públicamente 

con el Municipio por sus acciones, el exalcalde 

expresó en su carta de renuncia su “inequívoco 

deseo e interés que sea el propio licenciado 

Gabriel J. Sicardó Ocasio quien dirija el futuro 

de nuestra administración municipal como 

Alcalde de Cataño en propiedad”. La carta fue 

leída y discutida en la reunión del Directorio, 

quienes determinaron que la forma en que se 

llevó a cabo el proceso de designación del señor

Sicardó, del que él mismo fue partícipe, tampoco 

reflejó la sana administración pública al que el 

PNP aspira para sus aspirantes.

6. Así las cosas, y siendo el único candidato, el 19 

de diciembre de 2021, Julio Alicea Vasallo 

juramentó como alcalde del Municipio.

7. Sobre lo anterior, hubo incluso un procedimiento 

judicial a través del cual el señor Sicardó intentó 

impugnar la determinación del Directorio del PNP. 

En el mismo procedimiento, el señor Sicardó

solicitó al Tribunal que se impusiera un desacato 

al PNP, así como que se declarara nula la 

determinación del Directorio. Dicha Solicitud fue 

declarada No Ha Lugar por el Honorable Tribunal.

Véase, procedimiento civil número 

SJ2021CV08188.
KLRA202400002 6

8. El 20 de octubre de 2023 el señor Sicardó 

presentó su candidatura a la alcaldía de Cataño 

para la contienda electoral del 2024. No obstante, 

ninguno de los hechos aludidos anteriormente se 

han modificado, por lo que este Comité debe 

someter una recomendación negativa sobre el 

señor Sicardó como candidato.

6. El 24 de octubre de 2023, mediante correo 

electrónico, la Lcda. Luisa M. Colón, le notificó al 

recurrente la Resolución del Comité Evaluador sobre la

existencia de una querella en su contra y le concedió el 

término de tres (3) días laborables para contestar dicha 

querella.

7. En cumplimiento con el término concedido, el 27 de 

octubre de 2023, por correo electrónico, el recurrente 

presentó su contestación a la querella, debidamente 

juramentada, junto a varios documentos en apoyo a su 

escrito.

8. En apretada síntesis, el recurrente presentó sus 

argumentos para cada uno de los fundamentos 

presentados por el querellante y alegó que la querella 

no contenía aseveraciones que requirieran la concesión 

de remedio alguno, sobre todo si se tomaba en cuenta 

que el escrito presentado estaba basado en meras 

especulaciones y conjeturas, lo cual estaba prohibido en 

los reglamentos del PNP.

9. Cuatro (4) días más tarde, el 31 de octubre de 2023, 

el recurrente recibió un correo electrónico de la 

Secretaría del Partido Nuevo Progresista confirmando

escuetamente el recibo de la contestación a la querella 

con un “Recibido. gracias”.

10. Luego de una evaluación de los documentos 

presentados por el recurrente, en conjunto con la 

querella presentada en su contra, el 3 de noviembre de

2023, el Comité Evaluador, por mayoría, no encontró 

mérito en la mencionada querella. Señaló, además, que 

la Lcda. Ana Quintero se había inhibido del proceso.

11. Cerca del mediodía del 3 de noviembre de 2023, la 

parte recurrente recibió una llamada telefónica de la 

Sra. Rosa Vellón Márquez, Ayudante

Ejecutiva/Directora de Radicaciones de la Oficina del 

Comisionado Electoral del PNP, para solicitarle una 

certificación actualizada de los estados de cuenta del 

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a 

nombre de la aspirante a legisladora municipal, 

Damaris Ivette Miranda Maisonave.

12. El 6 de noviembre de 2023, el recurrente le envió a 

la Sra. Rosa Vellón Márquez, a través de su correo 

electrónico, los estados de cuentas solicitados. Este 

mensaje fue respondido por la Sra. Vellón en esa misma

fecha.
KLRA202400002 7

13. El 7 de noviembre de 2023, de conformidad con la 

Ley Núm. 58-2020, conocida como “El Código Electoral 

de Puerto Rico de 2020” (en adelante, el Código 

Electoral de 2020) y el Reglamento del PNP aprobado el

20 de marzo de 2022, el Lcdo. Hiram J. Torres 

Montalvo, Secretario del PNP emitió una certificación 

determinando que el recurrente Gabriel J. Sicardó 

Ocasio, había cumplido con todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento para la Radicación de 

Candidaturas y los Procesos de Primarias 2024 y el

Reglamento de Evaluación de Aspirantes a Cargos 

Públicos por Elección, para aspirar como candidato a 

alcalde del Municipio de Cataño para el proceso 

primarista por el PNP a celebrarse en el mes de junio de 

2024.

14. No conforme con la determinación del Comité 

Evaluador, el 13 de noviembre de 2023, el Sr. Luis 

Omar Aponte Rodríguez, presentó ante el Directorio del 

PNP el documento intitulado “Apelación Querella”, en 

las oficinas del PNP.

15. El recurrente advino en conocimiento de la 

existencia de la apelación a través de los medios de 

comunicación.

16. No obstante, y a pesar de no haber sido notificado 

de la existencia del documento “Apelación Querella”, el 

27 de noviembre de 2023, el recurrente, mediante carta 

notificada por correo electrónico, le solicitó al Presidente 

del PNP, Lcdo. Pedro R. Pierluisi Urrutia y al Directorio 

del PNP, la oportunidad de ser escuchado, de ser 

interrogado y de presentar las defensas

correspondientes. La solicitud del recurrente nunca fue 

contestada como recibida por funcionario alguno del 

partido.

17. El lunes 4 de diciembre de 2023 el pleno del 

Directorio, en reunión celebrada en esa misma fecha, 

determinó revocar la determinación del Comité 

Evaluador que había certificado la candidatura 

agrupada del recurrente, descalificándolo como 

aspirante a alcalde por el Municipio de Cataño bajo la 

insignia del PNP junto a sus once (11) aspirantes a

legisladores municipales. Pese a haber solicitado la 

oportunidad de ser escuchado y presentar evidencia a 

su favor, el recurrido no fue invitado a participar de la 

mencionada reunión del Directorio.

18. En esa misma fecha, al filo de las 8:48 p.m., el 

recurrente se enteró por la prensa sobre la 

determinación del PNP de no cualificarlo como aspirante 

a alcalde del Municipio de Cataño.

19. El 7 de diciembre de 2023, el PNP le notificó al 

recurrente, por correo electrónico, la carta de 

descalificación como candidato a alcalde del Municipio 

de Cataño. Con esta determinación se completaron los 

remedios disponibles al recurrente dentro del PNP.
KLRA202400002 8

Inconforme, el 22 de diciembre de 2023, el Sr. Sicardó 

Ocasio presentó “Urgente Reconsideración”, y reiteró sus 

argumentos en cuanto a que el Directorio del PNP actuó ultra vires

y le violentó su debido proceso de ley.

Evaluada su petición, el 25 de diciembre de 2023,4 el foro 

recurrido emitió “Resolución”, y declaró No Ha Lugar la “Urgente 

Reconsideración” presentada por el recurrente.

Aún insatisfecho, el Sr. Sicardó Ocasio recurre ante este foro 

apelativo intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores, 

a saber:

A. Erró y abusó de su discreción el Foro de Instancia al 

concluir en su Sentencia que a la parte recurrente no se 

le violó su debido proceso de Ley al no habérselo 

notificado el documento titulado “Apelación-Querella” ni 

habérsele dado la oportunidad de ser oído en cuanto a 

dicho documento y refutarlo.

B. Erró y abusó de su discreción el Foro de Instancia al 

desestimar la demanda del caso de epígrafe pese a que 

los hechos de la misma dan cuenta que el directorio del 

PNP actuó de forma ultra vires, arbitraria y 

caprichosamente al descalificar a la parte recurrente 

como candidato a Alcalde de Cataño pese a que cumple 

con todos los requisitos para fungir como candidato y no 

hay investigación ni procedimiento civil, penal ni 

administrativo contra la parte recurrente.

II.

-ALa Constitución de Puerto Rico establece que ninguna 

persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido 

proceso de ley. Véase, Art. II, Sec. 7 Const. ELA, LPRA, Tomo 1;

Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Esa protección 

constitucional se manifiesta en dos vertientes distintas, a saber: (1) 

vertiente sustantiva, y (2) vertiente procesal. Meléndez de León et 

al. v. Keleher et al., 200 DPR 740, 759 (2018). En lo pertinente, 

esta última “impone al Estado la obligación de garantizar que la 

4 Notificada el 26 de diciembre de 2023.
KLRA202400002 9

interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo 

se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 

(1993).

Por lo que, cuando el Estado atenta contra el interés 

libertario o propietario de una persona, deberá resguardar las 

garantías siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2) 

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que 

la decisión se base en el expediente. Vázquez González v. Mun. de 

San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010).

De esta forma, el Estado cumple con garantizar el debido 

proceso de ley en su modalidad procesal, y a su vez, asegura que 

sus actuaciones sean justas e imparciales. Díaz Carrasquillo v. 

García Padilla, 191 DPR 97, 111 (2014). Por lo anterior, nuestro 

Alto Foro ha sido enfático en que, para poder privar a un individuo 

de su libertad o propiedad, es necesario que se le otorgue la 

oportunidad de ser oído antes de que se adjudique el derecho 

involucrado, pues, de lo contrario, se laceraría el debido proceso.

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, a la pág. 889.

-BLa Constitución de Puerto Rico reconoce varios derechos

fundamentales, entre éstos, los derechos a la libertad de 

asociación y el derecho al voto. Véase, Art. II, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1, ed. 1999, pág. 279. Ambos preceptos constitucionales

viabilizan el derecho de las personas a asociarse y organizarse, con 

el propósito de formar y afiliarse a agrupaciones políticas, y 

proponer candidatos en el proceso electoral. P.N.P. v. De Castro 

Font II, 172 DPR 883, 893 (2007).
KLRA202400002 10

No obstante su carácter fundamental, ninguno de estos 

derechos es absoluto. Íd. a las págs. 893-894. La propia 

Constitución delega en la Asamblea Legislativa la facultad para 

legislar en asuntos de materia electoral, con el propósito de 

aprobar aquella reglamentación que garantice un proceso electoral 

justo, honesto y democrático. McClintock v. Rivera Schatz, 171 

DPR 584, 24 (2007).

Por otro lado, y en armonía con el derecho a la libertad de 

asociación, la ley permite exigir, como requisito para la afiliación a

un partido político, que los afiliados acepten y cumplan con los 

reglamentos y el programa de gobierno. P.N.P. v. De Castro Font II, 

supra, a la pág. 897. A tales efectos, la Ley Electoral permite al 

partido establecer los límites que estime convenientes, con el 

propósito de cualificar y decidir respecto a la idoneidad de un

aspirante. Véase, Art. Art. 7.2 del Código Electoral de 2020, infra.

En ese sentido, un partido puede denegar una solicitud de 

un aspirante a primarias cuando el solicitante haya incurrido

en manifestaciones o conductas incompatibles con los dogmas 

de la agrupación política. P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la 

pág. 899. En estos casos, la intervención judicial solo se dará en 

situaciones excepcionales. Íd. Por ejemplo, se activa la autoridad 

de los tribunales para intervenir cuando se haya quebrantado el 

principio constitucional de no discriminación o de igual protección

de las leyes. Íd., a la pág. 900.

-CEl Art. 7.2 de la Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec. 4612, 

mejor conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 

(en lo sucesivo, Código Electoral de 2020), enumera aquellos 

requisitos legales con los cuales un aspirante debe cumplir para 

ser calificado como candidato a un cargo público electivo. A su vez

dispone que “[l]os Partidos Políticos podrán reglamentar los 
KLRA202400002 11

requisitos internos para que sus afiliados puedan aspirar a un 

cargo en su reorganización interna o aspirar en primarias a la 

candidatura de un cargo público electivo”. Íd. (Énfasis nuestro).

Por consiguiente, toda persona que desee aspirar a una 

candidatura para un cargo público electivo por un Partido 

Político deberá, no tan solo cumplir con los requisitos en ley,

sino también “cumplir con los requisitos que establezca su 

Partido Político”. Íd. (Énfasis suplido).

Por otro lado, el Art. 7.6 del Código Electoral de 2020, 16 

LPRA sec. 4616, reconoce la posibilidad de que un partido político 

rechace la intención de aspiración primarista de una persona o su 

candidatura a cargo público. En términos literales, el precitado

artículo establece lo siguiente:

(1) Un Partido Político podrá rechazar la intención de 

aspiración primarista de una persona o su candidatura 

a cargo público por las siguientes razones:

(a) Que la persona no ha cumplido con los 

requisitos establecidos en esta Ley y/o los 

reglamentos de primarias aprobados por la 

Comisión o por el Partido Político 

concernido.

(b) Que la persona ha violado cualquiera de las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley 222- 2011, 

según enmendada, conocida como “Ley para la 

Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico”, o de algún 

reglamento promulgado conforme a estas 

leyes o del Partido Político concernido, con 

especificación de la sección incumplida.

(c) Que la persona no cumple con alguna 

disposición constitucional.

No obstante, las mencionadas razones, ningún Partido 

Político podrá incorporar una disposición ex post facto a 

sus reglamentos para considerarla como la causal de 

este tipo de descalificación.

(Énfasis provisto).

-DFinalmente, en virtud de la facultad extendida por la Ley 

Electoral, respecto a la autoridad de los partidos políticos para 
KLRA202400002 12

enumerar los criterios pertinentes a los fines de que determinado 

aspirante pueda cualificar para un cargo electivo bajo su insignia, 

el PNP promulgó el Reglamento del Partido Nuevo Progresista (en 

adelante, Reglamento del PNP). En lo pertinente, el Art. 69 del 

referido cuerpo reglamentario dispone que el Comité de Evaluación 

de Candidatos es el organismo encargado de evaluar los méritos y 

requisitos de los aspirantes a cargos públicos por elección.

Este Comité posee “la facultad para evaluar y pasar juicio 

sobre la idoneidad de cualquier aspirante o candidato en términos 

de su conducta, historial y circunstancias. De tal modo que se 

asegure que ninguna aspiración o candidatura resulte lesiva a 

los mejores intereses del Partido y de Puerto Rico”. Íd. (Énfasis 

nuestro). Ahora bien, la evaluación que hace el Comité 

constituye una recomendación, por lo que el Directorio

siempre tomará la determinación final. Íd.

III.

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de error de manera conjunta.

En su escrito, el Sr. Sicardó Ocasio alega que se le violentó 

su debido proceso de ley, toda vez que no se le otorgó oportunidad 

de ser oído o presentar evidencia a su favor. Su contención es que,

los reglamentos aplicables “nada dispone[n] sobre las garantías 

que el Partido debe proveerle al querellado cuando se presentan 

quejas o querellas en su contra, luego de haber sido calificado por 

el Comité Evaluador”.

5 Por lo que, “ante la inexistencia de un 

procedimiento en los reglamentos internos del PNP... lo mínimo 

que debió garantizarle a la parte recurrente es la oportunidad de 

ser escuchado y presentar sus defensas, argumentos y evidencia a 

su favor”.

6

5 Véase, apéndice pág. 10.

6 Íd.
KLRA202400002 13

En otras palabras, la postura del recurrente es que el 

proceso ante el Directorio del PNP fue ultra vires, debido a que: (1) 

no se le notificó el escrito de apelación presentado ante dicho 

cuerpo, y (2) se le tenía que conceder derecho a ser oído y 

defenderse. A su entender, la determinación del Directorio del PNP

fue una arbitraria y caprichosa, basada en meras especulaciones y 

conjeturas. No le asiste la razón.

De entrada, debemos hacer hincapié en que, conforme el 

derecho discutido en el acápite anterior, el Estado tiene que 

garantizar el debido proceso de ley en su modalidad procesal

cuando atenta contra algún interés libertario o propietario. Según 

el recurrente, este posee, como elector bona fide y miembro del 

PNP, un derecho a ser considerado como aspirante a cualquier 

cargo electivo. Sin embargo, tal y como ha expresado nuestro 

Máximo Foro, “[n]o es absoluto ni existe [un] alegado derecho 

fundamental a ser candidato a un puesto electivo”. García v. 

Luciano, 115 DPR 628, 630 (1984). (Énfasis suplido).

Esto es evidente cuando el propio Código Electoral dispone 

que, para poder aspirar a un cargo público electivo, resulta 

necesario que el aspirante esté calificado y, como tal, deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en ley y los reglamentos, 

incluyendo los reglamentos del partido. Véase, Art. 7.6 del Código 

Electoral de 2020, supra. La ley concede al elector un derecho 

estatutario a que se le considere, no a que se le nomine como 

aspirante. Véase, Art. 7.10 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4620; P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la pág. 896.

En el caso de autos, el recurrente fue considerado y 

evaluado por el Comité, el cual certificó su candidatura agrupada. 

Posteriormente, el pleno del Directorio determinó revocar la 

determinación del Comité, descalificándolo como aspirante a 

alcalde por el Municipio de Cataño bajo la insignia del PNP. Este 
KLRA202400002 14

trámite demuestra que al Sr. Sicardó Ocasio no se le coartó su 

derecho estatutario, pues, aunque no fue nominado al cargo 

público al cual aspiró, sí fue considerado para el mismo.

Un partido político está obligado a realizar primarias, 

siempre y cuando haya más de un aspirante calificado. Véase, Art. 

7.10 del Código Electoral de 2020, supra. O sea, cuando haya más 

de “un elector afiliado que figure en el registro de miembros 

afiliados al partido, que preste juramento en el que acepte ser 

postulado como candidato y acatar el reglamento de su partido, 

y que cumpla tanto con los requisitos constitucionales 

aplicables al cargo como con los otros requisitos formales.”

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la pág. 896. (Énfasis provisto).

En el presente caso, el Directorio del PNP descalificó al Sr. 

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía 

del Municipio de Cataño. Los fundamentos para tal proceder 

fueron los siguientes:

a. Sus finanzas para los años 2014 al 2016 

reflejaban ingresos bajos y dispares cuando se 

comparaban con sus ingresos en otros años y que, 

pese a sus respuestas, la diferencia entre sus 

ingresos para esos años creó cuestionamientos 

que no fueron atendidos satisfactoriamente 

para el Directorio.

b. Como Director de Asuntos Legales del Municipio,

recomendó la contratación de JR Asphalt y 

recomendó las cláusulas contractuales. Para el 

Directorio resultó en gran consternación que 

un contrato objeto de un procedimiento 

criminal en el foro federal haya sido

recomendado por el señor Sicardó.

c. Cuando se desempeñaba como Director de la 

División Legal y Asuntos Públicos, el Municipio 

suscribió un contrato con Bou Maintenance Service 

Corp., Inc., a través del cual el exalcalde Delgado 

Montalvo recibía servicios de transportación en un 

carro de lujo marca Cadillac por $4,500.00 al mes.

El Directorio consideró que lo anterior representó un 

gasto excesivo e innecesario que no adelantaba el 

bienestar del Municipio. Sin embargo, el señor 

Sicardó certificó que dicho contrato cumplía 

con todos los requerimientos de ley y la 

reglamentación aplicable. A su vez, el señor 

Sicardó intentó defender dicho contrato en los 
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medios. Para el Directorio, sus acciones no 

reflejaron la sana administración pública a la 

que el PNP aspira para los candidatos que 

representan nuestra insignia en una papeleta.

d. Para el Directorio generó gran reparo la 

forma en la que fue designado y confirmado 

como vicealcalde del Municipio con el objetivo 

específico de que se convirtiera en el sucesor

inmediato del entonces alcalde. El exalcalde 

Delgado Montalvo presentó su renuncia luego de 

que la Legislatura confirmara su designación como 

vicealcalde. Aunque la posición de vicealcalde no 

estaba vacante, la persona que la ocupaba fue 

sustituida el día anterior de la renuncia del

exalcalde, cuando había acordado declararse 

culpable y conocía la necesidad de renunciar para 

que el señor Sicardó pudiera ser designado al 

puesto. Luego de declararse culpable, y mientras se 

disculpó públicamente con el Municipio por sus 

acciones, el exalcalde expresó en su carta de 

renuncia su “inequívoco deseo e interés que sea el 

propio licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio quien 

dirija el futuro de nuestra administración municipal 

como Alcalde de Cataño en propiedad”. La carta 

fue leída y discutida en la reunión del 

Directorio, quienes determinaron que la forma 

en que se llevó a cabo el proceso de 

designación del señor Sicardó, del que él 

mismo fue partícipe, tampoco reflejó la sana 

administración pública al que el PNP aspira 

para sus aspirantes.

7

(Énfasis nuestro).

Como ya discutimos, los Partidos Políticos pueden 

reglamentar los requisitos internos, para que sus afiliados puedan 

aspirar a un cargo público electivo. Esto implica que, toda persona 

que desee aspirar a una candidatura para un cargo público 

electivo por un Partido Político tiene que cumplir, no tan solo con 

los requisitos establecidos en la Ley Electoral, sino también con 

los criterios que establezca su Partido Político a través de su 

reglamento. Si el aspirante no cumple con los requisitos 

establecidos en el Código Electoral y/o los reglamentos aprobados 

por el Partido Político concernido, el Partido Político está facultado 

en ley para rechazar su intención de aspiración primarista. El 

7 Según aclaró el foro recurrido en su “Sentencia”, éstos fueron los argumentos 

presentados por el Sr. Luis Omar Aponte Rodríguez para impugnar la 

candidatura del Sr. Sicardó Ocasio. Dichos argumentos fueron los mismos 

fundamentos adoptados por el Directorio del PNP. Véase, determinación de 

hecho número 5; nota al calce número 3.
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Reglamento del PNP claramente dispone la necesidad de evaluar y 

pasar juicio sobre la idoneidad de cualquier aspirante, con el 

propósito principal de asegurar “que ninguna aspiración o 

candidatura resulte lesiva a los mejores intereses del Partido y 

de Puerto Rico”. Véase, Art. 69 del Reglamento del PNP. (Énfasis 

suplido).

En el caso de marras, el Directorio del PNP descalificó al Sr.

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía 

del Municipio de Cataño, por entender que sus acciones no 

reflejaron la sana administración pública a la que el PNP aspira. 

En otras palabras, el Directorio del PNP determinó que, el 

historial administrativo del recurrente y las circunstancias 

que rodearon su confirmación como vicealcalde del Municipio

tienen un impacto negativo sobre el mensaje que el PNP 

intenta transmitir como institución, lesionando los mejores 

intereses del Partido.

Es el Directorio quien tiene la función de actuar como el 

“principal custodio y responsable de la disciplina en el Partido, 

incluyendo la evaluación y la adjudicación de la lealtad, 

compromiso y respeto de todos los miembros hacia la 

Declaración de Propósitos, los Reglamentos, Resoluciones, 

Acuerdos y compromisos programáticos que se hayan 

adoptado”. Véase, Art. 33 del Reglamento del PNP. (Énfasis 

provisto).

De lo anterior, resulta evidente que el Directorio del PNP 

estaba facultado en ley para rechazar la intención de aspiración 

primarista del Sr. Sicardó Ocasio, toda vez que este último 

incumplió con uno de criterios establecidos en el Reglamento del

PNP: que ninguna aspiración resulte lesiva a los mejores intereses 

del Partido y de Puerto Rico.
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Por otro lado, debemos resaltar que, a pesar de que el 

Comité posee la facultad para evaluar y pasar juicio sobre la 

idoneidad de cualquier aspirante o candidato, este proceso de 

evaluación solo constituye una recomendación. Una vez 

concluida la evaluación del aspirante, la recomendación del Comité 

será sometida al Directorio, organismo que tomará la 

determinación final de cualificación. En otras palabras, el 

Directorio no está obligado a acoger la recomendación del 

Comité al momento de emitir su determinación final.

Por tanto, aun cuando el Comité Evaluador no encontró 

mérito en la querella presentada contra el recurrente, y el 

Secretario del PNP emitió una certificación determinando que el 

recurrente había cumplido con todos los requisitos para aspirar 

como candidato a alcalde del Municipio de Cataño, el Directorio

del PNP no estaba impedido de descalificar al Sr. Sicardó 

Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía del 

Municipio de Cataño.

Esto, de por sí, no violenta ningún derecho fundamental del 

recurrente. Este último fue descalificado por incumplir con el 

reglamento del partido concerniente, según lo permite el Art. 7.6

del Código Electoral de 2020, supra. Por ende, no podemos 

catalogar la determinación del Directorio del PNP como una

arbitraria, caprichosa o desproporcionada. Ante este cuadro, no 

existe situación excepcional alguna que exija nuestra intervención 

judicial con la sanción impuesta. Después de todo,

Los partidos políticos son asociaciones de personas que 

creen en ciertos principios de gobierno, con el propósito 

de promover sus ideas políticas mediante la nominación 

de candidatos a puestos públicos; de controlar las 

estructuras gubernamentales con el propósito de 

formular y poner en vigor la política pública, según sus 

ideas y principios. Una de sus funciones básicas es 

escoger los candidatos comprometidos con esas ideas y 

principios que van a representar a los ciudadanos que 

las avalan con su voto. P.N.P. v. De Castro Font II, 

supra, a la pág. 946.
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Aunque los partidos políticos están investidos de poderes 

cuasigubernamentales, no es menos cierto que éstos ostentan

amplia discreción para formular e interpretar su reglamentación 

interna y resolver sus disputas al amparo de la misma. La libertad 

de asociarse necesariamente presupone la libertad de un Partido 

para identificar, en base a sus ideas políticas, aquellas personas 

que constituyen esa asociación. Limitar esto sería desvalorizar la 

garantía constitucional a la libertad de asociación.

Finalmente, debemos mencionar que el Sr. Sicardó Ocasio

está impedido de reclamar derecho propietario alguno sobre el 

puesto electivo al cual aspira. Los cargos públicos son elegidos 

por votación, y su tenencia no implica la propiedad del mismo.

Como si fuera poco, el Reglamento del PNP no provee para la 

presentación de una “apelación” ante el Directorio del PNP, pues, 

como ya indicamos, el Comité solo emite una recomendación. Es 

el Directorio quien finalmente determina si certifica o no al 

aspirante.

Asimismo, coincidimos con el foro primario en que, a pesar 

de que al recurrente no se le concedió oportunidad para ser oído 

ante el Directorio del PNP, dicho cuerpo tuvo ante sí la “Querella”

presentada ante el Comité, y la contestación provista por el Sr. 

Sicardó Ocasio. Tomando en cuenta que la “Apelación Querella”

contiene esencialmente los mismos argumentos vertidos en la 

“Querella”, y que el recurrente tuvo la oportunidad de expresarse

en cuanto a esta, no encontramos violación alguna a su debido 

proceso de ley. El procedimiento interno se efectuó según los

reglamentos que lo regulan, se le otorgó oportunidad para

impugnar la determinación, y se le apercibió sobre su derecho de 

recurrir en revisión judicial. Véase, Art. 7.11 del Código Electoral 

de 2020, 16 LPRA sec. 4621.
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Siendo esto así, el Sr. Sicardó Ocasio no posee un reclamo 

sustentado en hechos que justifiquen la concesión de un remedio 

y, consecuentemente, estamos compelidos a confirmar la 

“Sentencia” recurrida.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de este dictamen, se confirma la “Sentencia”

recurrida, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones