Número Identificador

RES2024 ________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

ROSA MILAGROS ACOSTA 

PADILLA

RECURRIDA

V.

COOPERATIVA DE 

SEGUROS MULTIPLES; Y 

OTROS 

PETICIONARIA

KLCE202301454

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez 

Civil Núm.:

MZ2022CV01931

Sala:307

Sobre: 

ENRIQUECIMIENTO 

INJUSTO, DAÑOS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

Comparece la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (en 

adelante, Cooperativa o parte peticionaria) mediante una Petición de 

Certiorari. En su recurso nos solicita que revoquemos una Orden y 

Resolución emitida el 21 de junio de 2023 y notificada el 22 de junio de 

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante, el foro primario). Mediante la referida determinación, el foro 

primario declaró No Ha Lugar a una Moción de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por la parte peticionaria. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, denegamos su 

expedición. 

I.

El 21 de diciembre de 2022, la señora Rosa M. Acosta Padilla instó 

una Demanda de daños y perjuicios en contra de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal Insurance Company, y el señor 

Javier J. Barreto (señor Barreto) por sí y en representación de la sociedad 
KLCE202301454 2

legal de gananciales.

1 En esencia, alegó que solicitó el servicio de viaje

garantizado en su póliza de seguro a los fines de recargar la batería de su 

vehículo de motor. En respuesta, la Cooperativa envió el señor Barreto, 

dueño de Economic Key Solution, al lugar del incidente. Tras inspeccionar

el automóvil, indicó que el problema no era la batería, sino una dificultad 

vinculada con la reprogramación del beeper. Adujo que éste le expresó que 

reprogramaría el beeper y que solo tendría que costear el gasto por dicho 

servicio. Sin embargo, arguyó que el proceso de reparación resultó 

infructuoso, pues el vehículo no encendió desde entonces. Ante tales 

alegaciones, peticionó $24,366.67 en concepto de angustias mentales, 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

Así las cosas, el 31 de marzo de 2023, la Cooperativa sometió una 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial acompañada de una documentación 

intitulada Póliza de Múltiple Asistencia en Viaje y Carta de Derechos del 

Consumidor de Seguros.

2 En ésta, solicitó la desestimación de la causa 

de acción instada en su contra. Alegó que la póliza no incluye una cobertura 

para reparación de beeper. En respuesta, el 2 de mayo de 2023, la 

recurrida presentó su Oposición a la Sentencia Sumaria.3 Argumentó que 

en el caso presente existe una controversia en torno a si el señor Barreto

atendió la situación en representación de la Cooperativa. Por consiguiente, 

advirtió que no procedía la desestimación de la reclamación instada en 

contra de la aseguradora. Luego, el 3 de mayo de 2023, la Cooperativa 

presentó una Réplica a Oposición a Sentencia Sumaria Parcial.

4 Puntualizó 

que el señor Barreto no es un representante de la entidad aseguradora. 

Según la peticionaria, éste actuó en calidad de contratista independiente 

de conformidad al marco normativo de Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del 

Carmen, 182 DPR 937 (2011). En tal escenario, adujo no es responsable 

de la actuación del señor Barreto. 

1 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 1-3.

2 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 4-20.

3 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 22-23.

4 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 28-29.
KLCE202301454 3

Tras evaluar los planteamientos esbozados, el 21 de junio de 2023, 

el foro primario emitió una Resolución y Orden, notificada el 22 de junio de 

2022, declarando No Ha Lugar a dicha petición.

5 En esencia, determinó 

que la solicitud no exhibe los requisitos contenidos en la Regla 36(a) de 

Procedimiento Civil. En vista de ello, ordenó a la Cooperativa a presentar 

su alegación responsiva. 

Oportunamente, el 6 de julio de 2023, la parte peticionaria presentó 

una Moción de Reconsideración.

6 Argumentó que el formato utilizado para 

la presentación de la moción en cuestión fue empleado en un caso previo.

Adujo que, en aquella ocasión, el tribunal recurrido atendió dicha solicitud 

y no expuso los señalamientos presentes. Por tanto, reiteró que cumple 

con los requisitos establecidos en la Regla 36(a) del Tribunal de 

Apelaciones. Evaluada su petición, el 13 de noviembre de 2023, el foro 

primario emitió Resolución, notificada el 30 de noviembre de 2023, 

declarando No Ha Lugar a la reconsideración solicitada.

Inconforme con tal determinación, la Cooperativa acudió ante nos 

mediante una Petición de Certiorari. En su recurso, plantea los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

Moción de Sentencia Sumaria parcial indicando que la misma 

no cumple con los requisitos bajo la Regla 36.3(a) de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, cuando dicha 

moción cumple cabalmente con la citada regla. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

Moción de Sentencia Sumaria parcial cuando la oposición a 

la misma presentada por la Recurrida no cumple con la Regla 

36.3(b) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

por lo que procedía conceder lo solicitado según dispone la 

Regla 36.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

Moción de Sentencia Sumaria parcial cuando la misma 

procede como cuestión de derecho toda vez que la póliza 

expedida por la parte Peticionaria no ofrece cubierta para la 

reclamación de la parte recurrida. 

5 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 35-36. 

6 Apéndice de aseguradora peticionaria, págs. 37-48.
KLCE202301454 4

II.

A. Recurso de certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario que permite que un tribunal 

de jerarquía superior revise a su discreción una determinación de un 

tribunal inferior. Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 

207 DPR 994 (2021). Véase, también, el Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como la Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La característica distintiva de este 

remedio “se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. Rivera Gómez v. Arcos 

Dorados Puerto Rico, 2023 TSPR 65; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). 

Ahora bien, el ejercicio de esta discreción no es absoluto. A esos 

fines, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, nos 

concede la facultad para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias. La 

precitada regla dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 

nuestro).

De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de certiorari. En 

estos casos, el cuerpo reglamentario establece que el tribunal tendrá en 

cuenta las siguientes consideraciones:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202301454 5

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra.

Tales criterios orientan la función del tribunal apelativo intermedio para 

ejercer sabiamente su facultad discrecional. Rivera Gómez v. Arcos 

Dorados Puerto Rico, supra. A su vez, la aludida regla permite que el 

análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el vacío ni se aparte 

de otros parámetros al momento de considerar los asuntos planteados. 

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra; 800 Ponce de León v. 

American International, 205 DPR 163 (2020). 

A la luz de estos parámetros, los foros revisores no debemos 

intervenir en las determinaciones de hechos del tribunal de instancia, “salvo 

que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió en 

craso abuso de discreción o en error manifiesto”. Citibank v. ACBI, 200 

DPR 724, 736 (2018); Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013). Esta normativa permite que el foro primario 

actúe conforme a su discreción judicial, que es la facultad que tiene “para 

resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios cursos de acción”. 

Id. pág. 735; Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 

132 (2019); Citibank v. ACBI, supra, pág. 735.
KLCE202301454 6

B. Moción de sentencia sumaria

Como es sabido, la moción de sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal que permite la ágil disposición de casos sin la celebración de un 

juicio, siempre que no existan controversias genuinas de hechos 

materiales. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120; 

Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 979 

(2022). El propósito de esta moción es que los pleitos civiles sean 

solucionados de forma justa, rápida y económica. Acevedo Arocho v. 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 2023 TSPR 80; SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 335 (2021). Solo 

procede la concesión de este remedio “cuando surge claramente que, ante 

los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer 

ante el derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para resolver la controversia” Oriental Bank v. Caballero 

García, 2023 TSPR 103; Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).

A esos fines, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.36.1, permite que una parte presente una solicitud de sentencia sumaria 

respaldada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). En esa 

dirección, “un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Íd., pág. 213 

(citando a Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609). De hecho, nuestro ordenamiento jurídico 

admite dictámenes de sentencia sumaria parcial en aras de resolver 

cualquier controversia que sea separable de las controversias restantes.

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). 

En lo concerniente, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

preceptúa los requisitos de forma para la moción que se inste y su 

respectiva oposición. Universal Insurance Company v. Estado Libre 
KLCE202301454 7

Asociado de Puerto Rico, 211 DPR 455, 472 (2023). El precitado cuerpo 

reglamentario establece las formalidades que debe exhibir una moción de 

tal naturaleza: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 

del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser 

concedido. (Énfasis nuestro). Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(a).

En tales escenarios, la parte opositora de la sentencia sumaria “tiene 

que cumplir con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil”. 

Oriental Bank v. Caballero García, supra. No debe adoptar “una actitud 

pasiva y descansar en las aseveraciones o negaciones que consigne en su 

alegación”. Íd. Por tanto, enumerará los hechos materiales de buena fe 

controvertidos y aquellos sobre los que no media controversia. Íd. También, 

indicará los párrafos o páginas de la prueba documental que establezcan 

o impugnen cada hecho. Íd. Además, identificará “los argumentos del 

derecho aplicable por los cuales no se debe dictar la sentencia”. Fernández 

Martínez v. RAD-MAN San Juan, supra, pág. 336. Ahora bien, cualquier 

duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. 

Oriental Bank v. Caballero García, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213 (2010). Debe tratarse de una incertidumbre que permita concluir 

que existe una controversia real sobre hechos relevantes y pertinentes.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.
KLCE202301454 8

Conviene señalar que la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.4, regula el procedimiento que debe acoger el tribunal ante 

una denegatoria de una moción de sentencia sumaria:

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de 

esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se deniega la misma, y 

es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u 

otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, incluso 

una vista evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. (Énfasis suplido). 

La precitada disposición “establece que la presentación de una moción de 

sentencia sumaria tendrá unos efectos importantes en el litigio, 

independientemente de cómo esta se adjudique”. Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 113 (2015). Aun cuando el tribunal deniegue 

parcial o totalmente una moción de sentencia sumaria, le corresponde 

determinar “los hechos que han quedado incontrovertidos y aquellos 

que aún están en controversia”. (Énfasis nuestro). Íd. Esta regla enfatiza 

“en el carácter mandatorio de la determinación de los hechos materiales 

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos materiales que 

están realmente y de buena fe controvertidos”. Íd. Este proceder procura

una revisión adecuada por los foros apelativos. Íd. (citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. III, págs. 1074-1075). 

Por otro lado, no es recomendable emplear este mecanismo en 

aquellos casos en los cuales median elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial para dilucidar la controversia. Segarra Rivera v. International 

Shipping Agency, Inc., supra pág. 980; Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

DPR 294, 301 (1994). Solo amerita su concesión “si el juzgador queda 

claramente convencido de que tiene ante sí, de forma no controvertida, 

todos los hechos materiales pertinentes y que una vista en los méritos es 
KLCE202301454 9

innecesaria”. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra; SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 337. En resumen, el 

tribunal debe abstenerse a otorgar este remedio cuando: (1) existan hechos 

materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en 

la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos 

que se acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho, no proceda. Acevedo 

Arocho v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, supra; FernándezBernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 335-336. 

C. Estándar de revisión de moción de sentencia sumaria ante 

tribunales revisores

Los tribunales revisores se encuentran en la misma posición que el 

foro primario para determinar si procede una sentencia sumaria. Birriel 

Colón v. Supermercado Los Colobos, supra. En estas instancias, 

ostentamos el deber de “examinar el expediente de novo y verificar que las 

partes cumplieron con las exigencias de la Regla 36.3” Fernández Martínez 

v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 338; Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020). De resolver que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, entonces procede “revisar si 

el foro primario aplicó correctamente el derecho”. Oriental Bank v. 

Caballero García, supra. Véase, también, Fernández Martínez v. RADMAN San Juan III-D, LLC, supra. Cabe destacar que, el foro apelativo solo 

puede determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 114. No tenemos facultad 

para adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, pues esa tarea 

corresponde al foro primario. Íd., pág. 115.

III.

En el caso presente, la Cooperativa alega que incidió el tribunal 

recurrido al denegar la solicitud de sentencia sumaria bajo el fundamento 

de incumplimiento de las formalidades contenidas en la Regla 36.3 (a) de 
KLCE202301454 10

Procedimiento Civil, supra. Según la aseguradora, procedía la concesión 

del remedio sumario, toda vez que su póliza no ofrece una cubierta para la 

reclamación de la parte recurrida. Por tanto, señala que erró el foro primario 

al no desestimar la causa de acción instada en su contra. 

Tras examinar sosegadamente el expediente ante nuestra 

consideración y el dictamen recurrido (independiente de sus fundamentos), 

determinamos que no se han producido las circunstancias que exijan la 

intervención de este Tribunal. A pesar de que la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, nos faculta a revisar las determinaciones 

denegatorias de mociones de naturaleza dispositiva, en esta etapa no 

contemplamos los fundamentos para ejercer nuestras facultades revisoras. 

En particular, no encontramos los elementos requeridos para dictaminar 

que el foro primario actuó de forma arbitraria, caprichosa, incurrió en craso 

abuso de discreción, o en aplicación errónea de la ley. Tampoco 

identificamos los criterios que nos motiven a expedir el auto de certiorari de 

conformidad a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Al ordenar la continuación de los procedimientos, oportunamente el 

TPI aquilatará las alegaciones relacionadas con el rol del señor Barreto en 

la prestación de sus servicios para la recurrida. 

IV.

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto de certiorari y devolvemos el asunto al Tribunal de Primera 

Instancia.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones