Número Identificador

 RES2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

BERNARD MAISONET 

MARTÍNEZ

Peticionario

V.

SECRETARIO DE 

HACIENDA Y OTROS

Recurridos

KLCE202300198

Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla 

Caso Núm.

07-2022

Sobre:

Mandamus

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Grana Martínez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

El peticionario, señor Bernard Maisonet Martínez presentó 

ante este tribunal recurso de revisión judicial. Aunque fue acogido 

y numerado como recurso de certiorari, se trata de la revisión 

judicial de una determinación administrativa. Conforme a ello, 

aunque conservará su numeración, atenderemos el recurso según 

la normativa relativa a las revisiones judiciales de los foros 

administrativos. Así las cosas, detallamos los hechos esenciales 

para comprender nuestra determinación.

II

El señor Maisonet Martínez, se encuentra confinado en una 

Institución Correccional. En su recurso no presenta ningún 

señalamiento de error. Incumple así con la regla 59 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B. En lo pertinente 

esta regla dispone que todo recurso de revisión contendrá:

...

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte recurrente cometió el organismo, 
KLCE202300198 2

agencia o funcionario recurrido o funcionaria 

recurrida.

...

Aun cuando Maisonet Martínez no presento señalamiento de 

error en su escueto recurso de revisión judicial, solicita ordenemos 

al Secretario de Hacienda entregarle los $3,200 del estímulo 

económico otorgado por el Gobierno Federal durante la Pandemia 

del Covid19. Relata que hizo una petición de Mandamus al Tribunal 

de Aguadilla para que obligara al Secretario de Hacienda a 

desembolsar la ayuda a su nombre. Los documentos que acompañó

como apéndice sugieren que el recurso presentado en el Tribunal de 

Primera Instancia fue desestimado por falta de interés. 

No obstante, del apéndice del escrito surge Respuesta del Área 

Concernida del 10 de enero de 2022, la cual dispone lo siguiente:

En respuesta a la solicitud de remedios del Sr. Bernard 

Maysonet Martínez le informamos lo siguiente: Los 

documentos relacionados con el estímulo económico 

fueron trabajados por las Áreas de Trabajo Social en el 

Departamento de Corrección y enviados al 

Departamento de Hacienda. El Departamento de 

Hacienda está trabajando con la documentación 

recibida y ha comenzado el envío de los cheques de 

estímulo económico. Aun no se ha recibido la totalidad 

de estos.

III

LA JURISDICCIÓN

La jurisdicción es el poder o autoridad de los tribunales para 

considerar y decidir casos y controversias. La falta de jurisdicción 

de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo del 

tribunal para adjudicar una controversia y sus consecuencias son 

las siguientes: (1) no puede subsanarse, (2) las partes no pueden 

conferírsela voluntariamente al tribunal y este tampoco puede 

arrogársela, (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos, 

(4) impone a los tribunales el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción, (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso y (6) puede 
KLCE202300198 3

presentarse en cualquier etapa del procedimiento a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático en que los tribunales tienen que ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y en que no tienen discreción 

para asumirla cuando no la tienen. Por eso, es norma reiterada que 

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiadas y deben ser 

resueltas con preferencia. Cuando un tribunal determina que no 

tiene jurisdicción está obligado a desestimar inmediatamente el 

recurso apelativo, conforme lo ordenado en las leyes y reglamentos 

aplicables al perfeccionamiento de los recursos. Allied Management 

Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386-387 (2020); JMC 

Investment v. ELA et al, 203 DPR 708, 714-715 (2019); Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-501 (2019). 

EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de los 

ciudadanos a solicitar revisión de las decisiones de un organismo 

inferior. Sin embargo, ese derecho está sujeto a las limitaciones 

legales y reglamentarias pertinentes. Una de esas limitaciones, es 

el correcto perfeccionamiento de los recursos. El Tribunal Supremo 

local ha dejado claro que las disposiciones reglamentarias que rigen 

el perfeccionamiento de los recursos tienen que observarse 

rigurosamente. Por esa razón, su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes o de sus abogados. Isleta Marina LLC v. 

Inversiones Isleta Marina Inc., 203 DPR 585, 590 (2019). 

En Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 544, 

549-551 (2017), nuestro más Alto Foro local enfatizó que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos puede 

impedir la revisión judicial. No obstante, las disposiciones 

reglamentarias deben interpretarse de forma que propicien un 

sistema de justicia accesible a la ciudadanía, que las controversias 

se atiendan en los méritos y que se reduzca el número de recursos 
KLCE202300198 4

desestimados por defectos de forma o notificación y que no afecten 

los derechos de las partes. Isleta Marina LLC v. Inversiones Isleta 

Marina Inc., supra; Artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA 24w; Regla 2 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone que el término para apelar una sentencia en un caso de 

revisión administrativa es de treinta días, a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final del organismo o agencia. Este término es 

jurisdiccional. 

IV

El craso incumplimiento del peticionario con las disposiciones 

reglamentarias que gobiernan el perfeccionamiento de los recursos 

nos obliga a ordenar la desestimación por falta de jurisdicción. El 

peticionario no incluyó en su recurso un solo señalamiento de error.

Su única alegación es una súplica para que obliguemos al 

Departamento de Hacienda a entregarle los fondos, porque los 

necesita. La súplica por sí sola es insuficiente en derecho para 

provocar una revisión. Tampoco tenemos ante nosotros un apéndice 

detallado que nos permita acreditar las gestiones que se hicieron 

ante el foro administrativo y de esa manera constatar nuestra propia 

jurisdicción para atender el asunto. 

En fin, el craso incumplimiento de Maisonet Martínez no nos 

permite otro remedio. El único documento relacionado con el 

Departamento es la Respuesta del Área Concernida del 10 de enero 

de 2022, habiéndose presentado el recurso ante nuestra 

consideración el 28 de febrero de 2023, sustancialmente después 

del término de 30 días dispuesto para acudir en revisión judicial. 

Por otro lado, si lo que pretende Maisonet Martínez es que revisemos 

la determinación del foro primario de desestimar su petición de 
KLCE202300198 5

Mandamus por inactividad al incumplir el recurrente con una orden 

del 26 de mayo de 2022 tampoco se nos coloca en posición de así 

hacerlo. Como mencionáramos anteriormente, la ausencia de 

documentos vitales en el apéndice ni siquiera nos permite asumir 

jurisdicción, al desconocer el efecto procesal en la cadena de 

eventos. Por último, la carencia de un señalamiento de error 

detallado, sustentado con una base de hechos y derecho, nos 

imposibilita ejercer nuestra autoridad.

V

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción ante el craso incumplimiento con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones