Número Identificador

 SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

PEDRO ERNESTO 

VALENTÍN SOBRINO

Apelante

V.

SANDRA T. CAMUÑAS 

CÓRDOVA

Apelada

KLAN202300202

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan 

Caso Núm.

K AC2014-0034 

(505)

Sobre:

Liquidación de 

Sociedad Legal de 

Gananciales

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

El señor Pedro E. Valentín Sobrino recurre ante este tribunal 

mediante recurso de apelación. En su recurso cuestiona una 

Orden emitida por la Comisionada Especial, licenciada Heydee 

Pagani Padró. Por los fundamentos que explicamos a 

continuación, adelantamos que no tenemos jurisdicción para 

atender el reclamo, explicamos.

I

JURISDICCIÓN

La jurisdicción es la autoridad o el poder inherente conforme 

al cual los tribunales y funcionarios judiciales consideran y 

resuelven los pleitos. Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y 

Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

2023 TSPR 6; Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce 

Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021); Gearhart v. 

Haskell Burress, 87 DPR 57, 61 (1963); I. Rivera García, 

Diccionario de Términos Jurídicos, 2nda edición, New Hampshire, 
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Equity, pág. 147. Para adjudicar un pleito los tribunales deben 

asegurarse de poseer tanto jurisdicción sobre la materia como 

sobre las partes litigiosas. Fideicomiso de Conservación de 

Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, supra; Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. de Yabucoa, 

2022 TSPR 104. Este análisis por parte del foro judicial es 

imperativo, de primer orden. Es decir, la primera disyuntiva a 

considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro 

adjudicativo es el aspecto jurisdiccional. Tanto su propia 

jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso ante 

su consideración. Torres Alvarado v. Maderas Atiles, 202 DPR 495, 

500 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 

(2018); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007). Y es que, en expresiones del fenecido Juez Scalia: 

“[n]othing is accomplished by trying to persuade 

someone who lacks the authority to do what you ́re 

asking-whether its a hotel clerk with no discretion to 

adjust your Bill or a receptionist who cannot bind the 

company to the contract you propose. Persuasion 

directed to an inappropiate audicence is ineffective.” A. 

Scalia y otros, Making your case, The Art of 

Persuading Judges, US, Thomson/West, pág. 3.

Y esa inefectividad que acarrea la falta de jurisdicción tiene 

consecuencias graves en cualquier pleito, pues: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Cobra 

Acquisitions, LLC v. Mun. de Yabucoa, supra; Fuentes Bonilla v. ELA 

et al., 200 DPR 364, 372-373 (2018). 
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La Ley de la Judicatura1 le confiere jurisdicción al Tribunal 

de Apelaciones para atender, entre otros, los siguientes asuntos: 

(a) mediante recurso de apelación de toda sentencia final dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia; (b) mediante auto de 

Certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. ... 4 LPRA 24y. 

El Tribunal Supremo aprobó las reglas internas que rigen los 

procedimientos y la organización del Tribunal de Apelaciones, las 

cuales tienen como propósito principal proveer un acceso fácil, 

económico y efectivo a dicho Tribunal. ... 4 LPRA 24w. Los 

recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones para revisar 

sentencias deberán presentarse dentro del término jurisdiccional 

de 30 días contados desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. En 

cuanto al recurso de Certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

del Tribunal de Primera Instancia, deberán presentarse dentro del 

término de cumplimiento estricto de 30 días contados desde la 

fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. 32 LPRA 

52.2 (a) y (b); 4 LPRA Ap. XXII-B, Reg. 13 (a) y Reg. 32 (d).

II

Es norma reiterada que la evaluación jurisdiccional es el 

paso inicial que ha de dirigir los actos de cualquier tribunal. 

Sabiendo las consecuencias de una determinación emitida sin 

jurisdicción, según detalláramos anteriormente, 

independientemente de los méritos de la controversia planteada, 

en ausencia de jurisdicción solo procede la desestimación.

La controversia que presenta el señor Valentín Sobrino se 

circunscribe a cuestionar la Orden que emitiera la licenciada 

Heydee Pagani Padró. Esta fue nombrada Comisionada Especial 

1 Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada.
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por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) para asistirle en un 

pleito de Liquidación de Sociedad Legal de Gananciales. La extinta 

sociedad legal de gananciales la componía el señor Valentín 

Sobrino y su exesposa, Sandra Camuñas Córdova. En síntesis, la 

Orden de la Comisionada denegaba la petición de un adelanto que 

hiciera el señor Valentín Sobrino con cargo a la comunidad de 

bienes. Según el señor Valentín Sobrino, el caudal cuenta con 

bienes más que suficientes para permitir el adelanto y, se le han 

permitido numerosos adelantos a la señora Camuñas Córdova del 

caudal. También sostiene que existen múltiples mociones ante la 

consideración del juez que preside los procesos que no se han 

atendido, específicamente; Mociones en Oposición al “Informe Final 

Enmendado” de la Comisionada Especial, Moción de Impugnación 

y Relevo contra la Comisionada Especial y el Rechazo e 

Impugnación del Informe Final Enmendado.

Como anticipáramos, estamos obligados a desestimar el 

recurso presentado por varias razones. Primeramente, el Tribunal 

de Apelaciones es un foro estatuario cuya jurisdicción es 

delimitada por la Ley de la Judicatura, supra. Esta concede 

jurisdicción a este tribunal para atender mediante recurso de 

apelación de toda sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia y mediante auto de Certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. ... 4 LPRA 24y. La Orden de la Comisionada 

Especial no es un asunto revisable ante este tribunal conforme la 

Ley de la Judicatura hasta que el juez que preside el proceso 

evalué y determiné sobre la misma una vez cuestionada. El 

señor Valentín Sobrino recurrió ante este tribunal de la Orden sin 

esperar que el juez que preside el proceso evaluara sobre la misma. 

Los argumentos que presenta posteriormente mediante 

Moción en Cumplimiento de Orden no nos confunden, el récord 
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está claro. El recurso fue presentado el 6 de marzo de 20232, 

antes de la orden emitida el 8 de marzo de 2023 y notificada al 

siguiente día. A la fecha de presentación del recurso, la 

determinación de la Comisionada Especial no se había acogido por 

el juzgador por lo que no era un asunto para el cual este tribunal 

tenía jurisdicción.

Segundo y, por los motivos jurisdiccionales antes 

expresados, no contamos con jurisdicción para revisar mociones o 

asuntos pendientes de evaluación ante el foro primario, asuntos 

que no han sido determinados aún.

En fin, el recurso presentado padece del insubsanable 

defecto de una presentación prematura privándonos de 

jurisdicción para atender el mismo. 

III

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima por falta 

de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

2 La deficiencia de los aranceles requeridos para la presentación del recurso fue 

corregida el 9 de marzo de 2023 a la 1:17 pm, luego de múltiples llamadas de la 

secretaria del Tribunal de Apelaciones para que se corrigiera la deficiencia. La 

notificación del TPI acogiendo la Orden de la Comisionada Especial fue 

notificada el 9 de marzo a las 4:41 pm. Los jueces y las juezas de este tribunal 

escudriñamos los expedientes ante nuestra consideración con rigor. No es una 

práctica aconsejable, todo lo contrario, es altamente antiético tratar de inducir a 

error a un juzgador.