Número Identificador

RES2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

RICARDO J. SUÁREZ 

MARTÍNEZ

Parte Recurrida

v.

ESTHER L. GAUTIER 

TORRES; GERARDO E. 

OLIVERA HERNÁNDEZ Y 

OTROS

Parte Peticionaria

KLCE202300614

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de 

Carolina 

Civil núm.: 

CA2021CV00662

Sobre: 

Partición Judicial de 

Herencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

La parte peticionaria, Esther Lydia Gautier Torres y Gerardo 

Enrique Olivera Hernández, solicita que revoquemos la Sentencia1

emitida el 1 de marzo de 2023, notificada el 7 de marzo de 2023, por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el 

referido dictamen, el TPI atendió las mociones de sentencia sumaria

presentadas por las partes y declaró nula una escritura de donación 

hecha por el causante Rafael Suárez Alicea a favor de Gerardo 

Enrique Olivera Hernández, nieto de la viuda Esther Lydia Gautier 

Torres, por ser contraria a la prohibición de donaciones por razón 

de matrimonio. 

El recurrido, Ricardo José Suárez Martínez, compareció 

mediante Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari. 

Perfeccionado el recurso y evaluados los escritos de las partes, 

concluimos que no procede la expedición del auto de certiorari.

1 El dictamen es uno interlocutorio que no adjudica de forma final la causa de 

acción.
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I.

El 8 de julio de 2019, don Rafael Suárez Alicea (don Rafael o 

causante) falleció intestado estando casado con doña Esther Lydia 

Gautier Torres (doña Esther). A raíz de su deceso, se instó la 

correspondiente declaratoria de herederos. Mediante Resolución 

dictada el 25 de noviembre de 2020, el TPI determinó que los únicos 

y universales herederos de don Rafael son sus cuatro hijos, de 

nombres Ricardo José Suárez Martínez, Miriam Ileana Suárez 

Martínez, Angie Magali Suárez O’Neill, Orlando Rafael Suárez 

O’Neill, y su viuda doña Esther Lydia Gautier Torres en la cuota 

viudal usufructuaria.2

Así las cosas, el 17 de marzo de 2021, Ricardo José Suárez 

Martínez presentó demanda solicitando la partición de la herencia 

de Don Rafael.3 Alegó que, desde el fallecimiento de Don Rafael, doña 

Esther ha residido en una residencia localizada en la Urb. Quintas 

de Country Club sin el consentimiento de los herederos. El 

demandante adujo que interesa vivir la vivienda y que doña Esther 

lo ha privado a él y a sus hermanos de todo disfrute de la propiedad,

mueble e inmueble, perteneciente al caudal hereditario de su padre. 

Por tanto, solicitó los siguientes remedios:(1) la partición judicial de 

la herencia, (2) que se ordenara a doña Esther desalojar 

inmediatamente al arrendatario que habita en el segundo piso de la 

propiedad o, en su defecto, que ésta entregara a los herederos el 

producto de los cánones del arrendamiento, (3) que se concediera

un crédito a los herederos por el tiempo que doña Esther ha ocupado

y alquilado la propiedad desde el fallecimiento del causante y (4) la 

imposición de honorarios de abogados y costas por temeridad.

2 Ricardo José Suárez Martínez, Ex parte, civil número CA2020CV02472. 

3 El 27 de abril de 2021, en respuesta a la solicitud de Ricardo José Suárez 

Martínez, el TPI notificó una Sentencia Parcial en la que dio por desistida la causa 

de acción en cuanto a Miriam Ileana Suárez Martínez, por ésta haber otorgado 

una escritura de repudiación de la herencia de don Rafael. 
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Posteriormente, el 9 de mayo de 2021, doña Esther, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó Contestación a 

Demanda. En ella, aceptó algunos hechos, negó otros y planteó

varias defensas afirmativas. Entre éstas, aseguró que el demandante 

carecía de una causa de acción en su contra, porque la vivienda no 

pertenecía al causante al momento del fallecimiento. Explicó que, 

mediante la Escritura Número Diez (10) de Donación y Aceptación 

otorgada el 3 de agosto de 2012, ante el notario público Jorge Luis 

Martín Cintrón Pabón, el causante había donado la referida 

propiedad a Gerardo Enrique Olivera Hernández, nieto de doña 

Esther por su anterior matrimonio.

Ante ello, durante la vista celebrada el 8 de septiembre de 

2021, el tribunal manifestó que había que incluir, como parte 

indispensable, al donatario Gerardo Enrique Olivera Hernández. 

Así pues, el 13 de septiembre de 2021, Ricardo José Suárez 

Martínez presentó Demanda Enmendada. En ésta, incluyó como 

codemandado a Gerardo Enrique Olivera Hernández y alegó que la 

escritura número 10 de donación, antes mencionada, era nula al 

amparo del Artículo 1287 del Código Civil de Puerto Rico del 19304. 

Además, señaló que el codemandado Gerardo Enrique Olivera 

Hernández, no residía en la propiedad. Tampoco había presentado 

la planilla de donación en la Oficina de Herencia y Donaciones del 

Departamento de Hacienda (por lo que la donación no cuenta con el 

correspondiente relevo), ni la escritura de Donación y Aceptación en 

el Registro de la Propiedad. Por último, arguyó que, para todos los 

efectos, doña Esther es la dueña de la propiedad, burlando así la 

prohibición de donación entre cónyuges.

4 31 LPRA sec.3589 (derogado). El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue 

derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley 

Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. 

Para fines de la presente controversia, se hace referencia únicamente al Código 

Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra 

consideración.
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Doña Esther, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, 

contestó la demanda enmendada el 5 de noviembre de 2021. En lo 

pertinente, como defensas afirmativas sostuvo, entre otras, que: (1) 

el causante le profesaba una gran estima, respeto y, para todo 

efecto, fue la figura paternal de su nieto, el donatario; (2) para la 

fecha de la donación, el donatario mantenía su residencia en la 

propiedad con el causante mientras cursaba estudios en seminarios 

conducentes a su ordenación sacerdotal; (3) ni la inscripción en el 

Registro de la Propiedad ni el relevo del Departamento de Hacienda 

son requisitos constitutivos del derecho de donación; y (4) ella reside 

allí con el consentimiento y autorización expresa de su titular.

Por su parte, el codemandado Gerardo Enrique Olivera 

Hernández presentó su Contestación a la Demanda Enmendada el 

10 de enero de 2022. 

El 23 de agosto de 2022, las partes presentaron Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. En el mismo, estipularon trece 

(13) hechos como no controvertidos. El 30 de agosto de 2022, se 

celebró la Vista de Conferencia con Antelación al Juicio, durante la 

cual las partes añadieron una (1) estipulación adicional de hecho y

también cierta prueba documental.

Posteriormente, el 11 de octubre de 2022, doña Esther y 

Gerardo Enrique Olivera Hernández conjuntamente presentaron 

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial. En la misma, 

solicitaron que se dictara sentencia parcial a su favor por no existir 

controversia sobre la validez de la antes mencionada Escritura 

Número Diez (10) de Donación y Aceptación de Donación. 

Sostuvieron que el inmueble objeto de esta acción pertenecía en 

carácter privativo al causante, habiéndolo adquirido con 

anterioridad a su matrimonio con doña Esther y teniendo la libre 

disposición de éste. Además, que el causante cedió en calidad de 

donación a Gerardo Enrique Olivera Hernández el inmueble, y que 
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entre éste y el causante no existen vínculos de consanguinidad ni 

de afinidad. Añadieron que el donatario no era heredero presunto 

del causante-donante al momento de la donación. Por último, 

adujeron que siendo el donatario Gerardo Enrique Olivera 

Hernández titular legal del antes referido inmueble, éste no formaba 

parte del caudal hereditario de don Rafael, por lo cual, no estaba

sujeto a partición.

El 14 de noviembre de 2022, Ricardo José Suárez Martínez

presentó Oposición a “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial” 

y para que se dicte Sentencia Sumaria Parcial a Favor del

Demandante. En síntesis, sostuvo que la donación del causante a 

favor del nieto de su viuda era nula porque se hizo en violación al 

Artículo 1287 del Código Civil, supra, que prohíbe a un cónyuge 

realizar donaciones a los hijos del otro cónyuge de diverso 

matrimonio y a aquellas personas de quienes el cónyuge no donante 

sea heredero presunto al momento de la donación, y/o se utilizó 

como subterfugio para burlar la prohibición de donarse entre 

cónyuges. Por lo cual, el demandante sostiene que, al ser nula ab 

initio, la donación debe ser devuelta al caudal hereditario de don 

Rafael. En vista de ello, solicitó que se declarara no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por doña Esther y 

Gerardo Enrique Olivera Hernández. Por ello, igualmente, pidió que 

se dictara sentencia sumaria a su favor declarando nula la donación 

y ordenando llevar a cabo la partición de herencia del causante.

Doña Esther y Gerardo Enrique Olivera Hernández 

presentaron Réplica a Oposición a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial y a Solicitud de Sentencia Sumaria el 5 de diciembre 

de 2022. En síntesis, alegaron que no existía controversia en cuanto 

a la existencia, otorgamiento y contenido de la Escritura de 

Donación, por tratarse de un documento auténtico notarial. 

Expresaron que como el donatario Gerardo Enrique Olivera 
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Hernández no es heredero del causante, no se daba la figura de la 

colación. También, aseveraron que tampoco se había presentado 

evidencia alguna a los efectos que el donante-causante no reservara 

lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus 

circunstancias y que hubiera dejado de vivir de esa manera luego de 

la donación. Añadieron que Gerardo Enrique Olivera Hernández no 

era ni es hijo del cónyuge del causante-donante, ni heredero 

presunto del causante-donante, al momento de la donación. De otro 

lado, arguyeron que cuando una donación se realiza intervivos, y a 

un tercero que no es heredero forzoso, el bien en cuestión sale y deja 

de formar parte del patrimonio del donante desde el momento mismo 

de la donación, por lo que ya no forma parte de su acervo ni formará 

por tanto parte de su caudal. En fin, razonaron que el bien inmueble 

objeto de la acción de epígrafe no forma parte del caudal hereditario 

del causante y, por lo tanto, no puede ser objeto de partición de 

herencia. Así que, solicitaron se declarara no ha lugar la oposición 

y solicitud de sentencia sumaria la parte demandante, y se dictara 

sentencia sumaria parcial declarando la validez de la escritura de 

donación.

El 13 de febrero de 2023, el demandante presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Réplica a “Réplica a Oposición a Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y a Solicitud de Sentencia 

Sumaria”. En la misma, reiteró sus previos argumentos para refutar 

la solicitud de sentencia sumaria de los codemandados. Además, 

arguyó que procede dictar sentencia sumaria a su favor declarando 

nula la escritura de donación, ordenando la partición judicial y 

declarando titular en partes iguales a los herederos del causante del 

único bien que poseía: la propiedad objeto de este pleito.

Luego de examinar la totalidad del expediente, el 1 de marzo 

de 2023, el TPI emitió la Sentencia objeto del presente recurso. En 
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ella, consignó las siguientes determinaciones de hechos, según 

estipulados por las partes:

1. El causante falleció intestado el día 8 de julio de 

2019. 

2. El demandante Ricardo José Suárez Martínez, y los 

codemandados Angie Magali Suarez O’Neill y Orlando 

Rafael Suárez O’Neill son los herederos de su padre 

Rafael Suárez Alicea. 

3. Esther Lydia Gautier Torres es soltera por viudez de 

Rafael Suárez Alicea y como tal tiene derecho a la cuota 

viudal usufructuaria del caudal de Rafael Suárez Alicea 

que determina la Ley. 

4. Rafael Suárez Alicea era el titular registral de la 

propiedad sita en la Urbanización Quintas de Country 

Club, solar 1 del Bloque A, Finca número 36,706 de 

Carolina Norte, a la fecha de su muerte. 

5. Miriam Ileana Suárez Martínez repudió la herencia 

de su padre Rafael Suárez Alicea. 

6. Esther Lydia Gautier Torres reside en la antes 

descrita propiedad. 

7. Las contribuciones sobre propiedad inmueble de la 

propiedad antes descrita no han sido pagadas. 

8. Gerardo Enrique Olivera Hernández es nieto de 

Esther Lydia Gautier Torres. 

9. El codemandado donatario, Gerardo Enrique Olivera 

Hernández, es hijo de Mizraim Hernández Gautier, 

quien a su vez es hija de la viuda codemandada Lydia 

Esther Gautier Torres y por consecuencia el primero es 

nieto de esta última. 

10. Que, bajo la fe notarial del notario oficiante, dicho 

donatario codemandado compareció en la escritura 

representado por su madre Mizraim Hernández Gautier 

por ser menor de edad. 

11. Gerardo Enrique Olivera Hernández, no reside en la 

propiedad antes descrita. 

12. La escritura de Donación y Aceptación número 10 

del 3 de agosto de 2012 ante el notario Jorge Luis 

Martín Cintrón Pabón no consta presentada en el 

Registro de la Propiedad. 

13. La escritura de Donación y Aceptación número 10 

del 3 de agosto de 2012, ante el notario Jorge Luis 

Martín Cintrón Pabón no cuenta con certificado de 

cancelación de gravamen tributario expedido por el 

Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 
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14. Mizraim Hernández Gautier es hija de la 

codemandada Lydia Esther Gautier y es madre del joven 

donatario, Gerardo Enrique Olivera Hernández. 

A continuación, el TPI concluyó que el Artículo 1287 Código 

Civil de 1930 (derogado), supra, aplicable al presente caso, 

expresamente prohibía a un cónyuge donar durante el matrimonio 

a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, o a las 

personas de quienes sea heredero presunto. Conforme a la 

interpretación doctrinal del tratadista José Ramón Vélez Torres, el 

TPI coligió que el antes mencionado artículo del Código Civil de 1930 

se refería a donaciones hechas a los descendientes del otro cónyuge, 

sean hijos o nietos. Por consiguiente, resolvió que es nula la 

donación del inmueble hecha por don Rafael a favor del nieto de 

doña Esther, Gerardo Enrique Olivera Hernández, por contravenir

la prohibición contenida en el artículo 1287 del Código Civil, supra.

De tal forma, dictó sentencia declarando nula la Escritura Número 

10 de Donación y Aceptación otorgada el 3 de agosto de 2012 ante 

el notario público Jorge Luis Martín Cintrón Pabón. Al así actuar, 

implícitamente, declaró con lugar la moción de sentencia sumaria 

parcial presentada por Ricardo José Suárez Martínez y denegó la 

moción de sentencia sumaria de los codemandados doña Esther y 

Gerardo Enrique Olivera Hernández.

En virtud de lo anterior, el TPI ordenó que la residencia 

localizada en la Urb. Quintas de Country Club fuera devuelta al 

caudal hereditario de don Rafael. También ordenó la partición de la 

herencia de dicho causante entre sus únicos y universales 

herederos, Ricardo José Suárez Martínez, Angie Magali Suárez 

O’Neill, Orlando Rafael Suárez O’Neill, y doña Esther en la cuota 

viudal usufructuaria. El TPI excluyó a Miriam Ileana Suárez 

Martínez, por ésta haber repudiado la herencia. 

El 20 de marzo de 2023, doña Esther y Gerardo Enrique 

Olivera Hernández presentaron una Moción Solicitando 
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Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de Derecho y 

Reconsideración de Sentencia. Mediante Resolución emitida el 1 de 

mayo de 2023, y notificada el 2 de mayo de 2023, el TPI denegó la 

referida solicitud.

Inconforme, el 31 de mayo de 2023, los mencionados 

codemandados incoaron el presente recurso y apuntaron los 

siguientes señalamientos de error:

A. Erró el TPI en su interpretación de las claras 

disposiciones del Código Civil y como consecuencia 

de dicho error declarar nula la Escritura Número 10 

de Donación y Aceptación otorgada el 3 de agosto de 

2012 ante el Notario Público Jorge Luis Martín 

Cintrón Pabón y determinar que la propiedad objeto 

del litigio debe ser devuelta al caudal hereditario de 

don Rafael Suárez Alicea.

B. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no 

establece una prohibición a las donaciones a los 

nietos del cónyuge cuando no media relación de 

afinidad ni consanguinidad entre el donante y el 

donatario.

C. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no 

establece una prohibición a las donaciones a los 

nietos del cónyuge producto de un diverso 

matrimonio.

D. Erró el TPI al no determinar que el Código Civil no 

establece una prohibición a las donaciones a las 

personas de quienes no sea heredero presunto al 

tiempo de la donación.

E. Erro el TPI al denegar la Moción Solicitando 

Determinaciones Adicionales de Hechos y 

Conclusiones de Derecho y Reconsideración 

radicada por los demandados-recurrentes.

Por su parte, en su Memorando en Oposición a la Expedición 

del Auto de Certiorari, Ricardo José Suárez Martínez expone las 

razones por las cuales entiende que este Tribunal no debe intervenir 

con el dictamen impugnado.

II.

-AEl auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 
KLCE202300614 10

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal.5

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil6, nos faculta a revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, cuando se recurre de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, como lo es la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria.

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento7, se justifica nuestra 

intervención. A tenor con ésta, este foro apelativo no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal 

[hubiera actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [hubiera 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”.

8 Lo anterior le impone a este 

Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del foro primario.9 Por tanto, de no 

estar presente ninguno de los criterios esbozados, procede 

abstenernos de expedir el auto solicitado.

-BLa donación es un acto de liberalidad por el cual una persona 

dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta.10

No obstante, el Artículo 1287 del Código Civil de 1930, supra, 

5 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce 

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). 

6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

8 Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).

9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

10 Art. 558 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1981 (derogado).
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aplicable a los hechos de este caso, dispone que “[s]erá nula toda 

donación hecha durante el matrimonio por uno de los cónyuges a 

los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio, o a las 

personas de quienes sea heredero presunto al tiempo de la 

donación”. 

III.

Al evaluar la petición de certiorari, concluimos que, aun 

cuando el asunto está contemplado en los supuestos sujetos a 

revisión de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la 

solicitud de la parte peticionaria no cumple con ninguno de los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

En síntesis, Doña Esther y Gerardo Enrique Olivera 

Hernández aducen que el TPI interpretó de manera errónea el 

Artículo 1287 del derogado Código Civil de 1930. Sin embargo, no 

presentaron argumentos que demuestren que, al emitir su 

determinación, el TPI actuara de forma arbitraria o caprichosa, o en 

abuso de su discreción o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho. Ante dicho 

escenario, nos abstenemos de intervenir con el dictamen recurrido.

IV.

A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones