Número Identificador

SEN2024____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

KIMBERLY MILLÁN 

FLORES Y OTROS

Recurridas

v.

TRANSPORTE LEÓN, LLC

Y OTROS

Peticionarias

KLCE202400263

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.:

SJ2020CV06038

consolidado con

SJ2020CV06113

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la juez Barresi Ramos, la jueza

Santiago Calderón y el juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Comparece la parte demandada y peticionaria, Super Asphalt 

Pavement Corp. y Asphalt Solutions Toa Alta, LLC (en conjunto,

Asphalt), mediante un recurso de certiorari. Solicita que revoquemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 18 de enero de 2024, notificada al día siguiente.

En el asunto que nos atañe, a través del referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar una solicitud consolidada de sentencia sumaria 

presentada por Asphalt. En consecuencia, el TPI se negó a 

desestimar las causas de acción instadas por la parte demandante

y recurrida, conformada por Cynthia Y. Esterás Nieves, Manuel 

Ruiz, Josué Esterás Nieves, Alicia Nieves y José Esterás (en 

conjunto, Esterás-Nieves) y Manuel Neris Adorno y Virginia Ríos 

Rivera (en conjunto, Neris-Ríos).

Anticipamos que, por los fundamentos que expondremos, 

acordamos expedir el recurso discrecional del título y revocar la 

decisión judicial impugnada.
KLCE202400263 2

I.

El presente recurso tiene su génesis en dos reclamaciones 

civiles sobre daños y perjuicios, en los casos SJ2020CV060381 y 

SJ2020CV06113,

2 contra Transporte León LLC, su aseguradora 

Mapfre Praico Insurance Company y el señor Rafael E. Cotto 

Martínez (señor Cotto Martínez), entre otros demandados. A petición 

de Mapfre, el 11 de diciembre de 2020, ambas causas de acción 

fueron consolidadas.3 Los hechos se relacionan con un accidente

ocurrido el 6 de noviembre de 2020, en el que se vieron involucrados 

varios vehículos de motor. En síntesis, los reclamantes alegaron que 

sus autos fueron impactados por un camión Mack cargado, 

propiedad de Transporte León y conducido por el señor Cotto 

Martínez.

Transcurridos varios incidentes procesales, el 21 de diciembre

de 2020, Mapfre presentó su Contestación a demanda enmendada, 

reconvención y demanda contra terceros de interpleader bajo la Regla 

19 de las de Procedimiento Civil.

4 En esencia, solicitó el 

procedimiento provisto por la referida norma procesal,

5 ya que era

objeto de múltiples reclamaciones por el mismo accidente y éstas

excedían el monto de la cubierta.

1 Apéndice del recurso, págs. 1-6.

2 Apéndice del recurso, págs. 7-11; además, Demanda enmendada 12-16; 

Segunda demanda enmendada 78-85.

3 Véase, Apéndice de recurso, págs. 17-21; 22-23.

4 Apéndice del recurso, págs. 24-37, anejos a las págs. 38-59.

5 La Regla 19 de Procedimiento Civil, Procedimientos para obligar a reclamantes 

adversos a litigar entre sí, 32 LPRA Ap. V, R. 19, dispone, en parte, como sigue:

Todas aquellas personas que tengan reclamaciones justiciables contra la 

parte demandante podrán ser unidas como partes demandadas y 

requerírseles para que litiguen entre sí dichas reclamaciones, cuando sean 

éstas de tal naturaleza que la parte demandante estaría o podría estar 

expuesta a una doble o múltiple responsabilidad. No será motivo para 

objetar a la acumulación el que las reclamaciones de los distintos 

reclamantes a los títulos en los cuales descansan sus reclamaciones no 

tengan un origen común o no sean idénticos sino adversos e 

independientes entre sí, o que la parte demandante asevere que no es 

responsable en todo o en parte de lo solicitado por cualquiera de las partes 

reclamantes. Una parte demandada expuesta a una responsabilidad 

similar puede obtener el mismo remedio a través de una reclamación 

contra coparte, contra tercero o una reconvención. (...)
KLCE202400263 3

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2021, los demandantes 

contra coparte y demandados contra terceros Esterás-Nieves 

presentaron una Demanda enmendada contra coparte.

6 En ésta, 

adujeron que Asphalt respondía por los daños causados, ya que era 

el dueño de la carga que trasportaba el camión Mack. Explicaron 

que Asphalt compró más de 44 toneladas de arena procesada y 

contrataron a Transporte León para su acarreo desde Oriental Sand 

& Gravel en Yabucoa, vendedora del material, hasta las 

instalaciones de la parte peticionaria en Toa Alta. Así, pues, 

arguyeron lo que sigue:

. . . . . . . .

Cuando Asphalt Solution y/o Super Asphalt, 

contrataron a Transporte León para que transportara la 

carga éstos sabían, o debieron de haber sabido, que, 

Transporte León habría de designar a Cotto Martínez 

para conducir el Camión Mack y el Furgón donde se 

habría de transportar la carga, y que: a) Cotto Martínez 

padece de alguna condición física y limitación que le 

imposibilita el uso de su brazo y mano derecha para 

conducir el Camión; b) esta limitación, requería que 

mientras Cotto Martínez conducía el Camión, él tenía 

que soltar el guía cada vez que iba a tirar un cambio 

con su mano izquierda; c) esta limitación dificultaba el 

manejo y control del Camión por Cotto Martínez, sobre 

todo cuando lo conducía a alta velocidad con una sola 

mano, que le requería soltar el guía cada vez que iba a 

tirar un cambio; d) Cotto Martínez acostumbraba 

conducir el Camión a alta velocidad; e) era una 

actividad irrazonablemente peligrosa que Cotto 

Martínez condujera el Camión bajo las circunstancias 

antes relatadas; y, f) bajo las circunstancias antes 

relatadas era previsible que Cotto Martínez perdiera el 

control mientras manejaba el Camión, y que causara 

graves daños a la propiedad, seguridad corporal y la 

vida de otras personas.7 (Énfasis nuestro).

. . . . . . . .

Por su parte, bajo los mismos supuestos, el 6 de octubre de 

2021, los demandantes Neris-Ríos enmendaron su reclamación para 

incluir a Asphalt como demandado.8 Plantearon que, al ocurrir la 

colisión vehicular múltiple, la parte peticionaria era el dueño de la 

6 Apéndice del recurso, págs. 91-113, anejos a las págs. 114-117. Además, véase, 

Apéndice del recurso, págs. 118-119; 120-123.

7 Apéndice del recurso, pág. 101, acápite 46.

8 Apéndice del recurso, págs. 126-138.
KLCE202400263 4

carga que el señor Cotto Martínez transportaba en el camión, en 

dirección a las instalaciones de Asphalt. 

El 30 de noviembre de 2021, la parte peticionaria presentó su 

Contestación a tercera demanda enmendada.

9 En dicho escrito, 

Asphalt negó los hechos según expuestos en las reclamaciones. 

Alegó que el señor Cotto Martínez, quien realizaba servicios de 

transportista en beneficio de Transporte León, poseía una licencia 

de conducir válida y vigente para manejar el camión que estuvo 

involucrado en la colisión múltiple. Como defensa afirmativa, entre 

otras, sostuvo que el accidente fue causado por la negligencia 

exclusiva de terceras personas por las cuales no respondía.

Luego de un acuerdo transaccional entre Mapfre y varios 

demandantes,10 los Esterás-Nieves presentaron una Moción de 

sentencia sumaria parcial el 31 de julio de 2023.11 Unieron al escrito 

varios documentos, a saber: la licencia del camión Mack y del 

furgón, el informe de la Policía de Puerto Rico, las denuncias en 

contra del señor Cotto Martínez y la sentencia condenatoria, 

conduces de Oriental Sand & Gravel, la factura por servicios 

prestados de Transporte León a Asphalt, copia del Reglamento de 

Transporte Comercial, infra, así como fragmentos de las 

deposiciones tomadas al conductor y representantes de Transporte 

León, Asphalt y Oriental Sand & Grave.12

En suma, adujeron que el Reglamento de Transporte 

Comercial, infra, imponía los deberes mínimos con los que Asphalt 

debió cumplir, como comprador de la carga. Añadieron: 

Para evitar estos riesgos peculiares, tanto Transporte 

León, como Sand & Gravel, y Asphalt, tenían el deber 

indelegable de no permitir a Cotto Martínez manejar 

9 Apéndice del recurso, págs. 139-147.

10 Apéndice del recurso, págs. 148-150.

11 Apéndice del recurso, págs. 225-245, con anejos a las págs. 246-392.

12 Cabe señalar que, el 1 de noviembre de 2023, el TPI dictó Sentencia Parcial en 

la que desestimó con perjuicio las causas de acción incoadas en contra del 

demandado Oriental Sand & Gravel, quien se limitó a vender y cargar la arena 

que transportó el furgón del camión siniestrado. Apéndice del recurso, págs. 433-

440. Refiérase a la Sentencia confirmatoria, emitida el 18 de marzo de 2024 por 

este tribunal intermedio, en el caso KLAN202301010.
KLCE202400263 5

el Camión Mack para acarrear el Furgón objeto de 

este pleito, a menos que él estuviere debidamente 

calificado para ello. Todos ellos son cocausantes de la 

colisión objeto de este pleito porque de ellos haber 

cumplido con su deber indelegable de velar que el 

conductor del Camión Mack estuviera calificado para 

operarlo, ellos hubieran sabido que Cotto Martínez no 

estaba calificado, por lo que no podían permitirle que lo 

operara, y la colisión no habría ocurrido.13 (Énfasis 

nuestro).

Entretanto, se celebró la conferencia con antelación a juicio.14

En el referido Informe,

15 en lo que es pertinente al caso que nos 

ocupa, los litigantes originales e interpelados estipularon los 

siguientes hechos, a los que suplimos énfasis:16

. . . . . . . .

5. Al ocurrir la colisión vehicular múltiple, Asphalt 

Solution era el dueño de la carga que Cotto Martínez 

transportaba en el Furgón.

. . . . . . . .

8. Al ocurrir la colisión vehicular múltiple, Cotto 

Martínez fue contratado por Transporte León para 

manejar el camión Mack que él conducía, o para 

transportar/acarrear el arrastre que transportaba, al 

ocurrir la colisión vehicular múltiple.

9. En o alrededor del día 6 de noviembre de 2020, 

Asphalt Solution compró alrededor de 44.203 

toneladas de arena procesada [a] Sand & Gravel.

10. El día 6 de noviembre de 2020, Transporte León 

recogió esta arena procesada para transportarla de 

desde la planta de Sand & Gravel, en Yabucoa, a la 

planta de Asphalt Solution en Toa Alta, según el 

acuerdo entre Transporte León y Asphalt Solution.

11. En o alrededor del día 6 de noviembre de 2020, por 

instrucciones y a requerimiento de Transporte León, 

Cotto Martínez condujo el Camión Mack, arrastrando 

el furgón, y fue a recoger esta arena procesada en la 

planta de Sand & Gravel en Yabucoa, para 

transportarla hasta la planta de Asphalt Solution en 

Toa Alta.

12. De la investigación realizada por la Policía de PR 

surge que, el día 6 de noviembre de 2020, a eso de las 

10:05 a.m., mientras el vehículo (#1) “Camión Mack”, 

con arrastre, era conducido por Cotto Martínez en 

dirección de sur a norte por la carretera 52 y por el carril 

central, al llegar al km 2.5 jurisdicción de San Juan, y 

a una velocidad no segura y adecuada en una 

carretera que está bajo construcción y debidamente 

13 Apéndice del recurso, pág. 226.

14 Apéndice del recurso, págs. 541-545.

15 Apéndice del recurso, págs. 445-540.

16 Apéndice del recurso, págs. 471-474.
KLCE202400263 6

rotulada a 45mph (35 mph vehículos pesados según 

la Ley 22 Art. 5.02 (F)).

13. De la investigación realizada por la Policía de PR 

surge que, mediando negligencia al conducir, por la 

cual Cotto Martínez perdió el control de su vehículo

desviándose a la derecha al percatarse que el tránsito 

estaba detenido debido a la congestión vehicular, 

intentando rebasar por el paseo, [...]17

. . . . . . . .

23. El “Camión Mack” que era manejado por Cotto 

Martínez es uno de transmisión manual con múltiples 

cambios.

24. Cotto Martínez padece de alguna condición física 

que le imposibilita el uso de su brazo y mano 

izquierda para conducir un camión. Esta limitación, 

requiere que mientras Cotto Martínez conducía el 

“Camión Mack”, él tenía que soltar el guía cada vez que 

iba a tirar un cambio. 

Además, los contendientes estipularon los siguientes 

documentos, entre otros: la licencia de conducir del señor Cotto 

Martínez y su credencial federal (TWIC),18 la licencia del camión 

Mack y la del furgón, el informe de la Policía de Puerto Rico, así como 

la autenticidad de las facturas, órdenes de compra y conduces 

producidos por Transporte León, Asphalt y Oriental Sand & Gravel.

Asphalt19 incoó el 12 de diciembre de 2023 la Oposición a 

Moción de sentencia sumaria parcial de los demandantes Ester[á]sNieves y Moción consolidada de sentencia sumaria en cuanto a los 

demandantes Neris-Ríos y Esterás-Nieves.

20 Acompañaron su 

petición con el informe de la Policía de Puerto Rico, copia de la Ley 

109, infra, fragmentos de las deposiciones tomadas a los 

representantes de Asphalt y Transporte León, la licencia del camión 

Mack, las licencias estatal y federal del señor Cotto Martínez, así 

17 Los enunciados del 13 al 22, inclusive, describen la colisión múltiple, según la 

investigación de la Policía de Puerto Rico. 

18 Siglas de Transportation Worker Identification Credential, que expide el 

gobierno federal.

19 Previo a presentar su postura, Asphalt intentó infructuosamente que se tuviera 

por no puesta la petición de los Esterás-Nieves por éstos no haberlos emplazado. 

No obstante, el TPI resolvió que Asphalt había comparecido voluntariamente y 

había realizado actos sustanciales que implicaron la renuncia del emplazamiento. 

Véase, Apéndice del recurso, págs. 393-404; 416-424; 425-432; 441-444.

20 Apéndice del recurso, págs. 550-605, con anejos a las págs. 606-723.
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como las denuncias emitidas y la sentencia dictada en contra de 

éste.

Primero, la parte peticionaria controvirtió los hechos 

propuestos por los Esterás-Nieves, en los que se argüía la aplicación 

del Reglamento de Transporte Comercial, infra, a Asphalt. En 

particular, la parte peticionaria explicó:

. . . . . . . .

a. (...) El [Reglamento de Transporte Comercial], 

reglamento citado por la parte demandante para 

sustentar este hecho, en particular la Sección 1.04 no 

define qué es un embarcador. Además, dicho 

reglamento, va dirigido a reglamentar y fiscalizar las 

empresas del servicio público según definidas por el Art. 

2 de la [Ley 109], incluyendo a las empresas que se 

dedican a la transportación de carga mediante paga, 

funciones a las cuales Asphalt no se dedica.

b. Incluso, estos hechos son una mera argumentación 

para llegar a una conclusión equivocada en derecho 

sobre quien debe ser considerado como “embarcador” 

sin tener alguna fuente jurídica que lo sostenga. Por 

tanto, la conclusión realizada por la parte demandante 

en estos hechos es improcedente pues no sólo es 

incorrecto que Asphalt es un embarcador de acuerdo 

con la propia letra del [Reglamento de Transporte 

Comercial] y la [Ley 109], sino que, según las 

disposiciones de estos, el [Reglamento de Transporte 

Comercial] no le es aplicable a Asphalt. Además, en la 

introducción de este reglamento se deja claro que su 

propósito es uniformar y recopilar en un mismo

documento los requisitos de seguridad en el transporte 

y aquellas penalidades administrativas que enfrentaría 

una persona natural o jurídica al incumplir con estas.21

(Énfasis en el original).

. . . . . . . .

Segundo, Asphalt solicitó la desestimación de las causas de 

acción en su contra, toda vez que no existían las circunstancias que 

permitían la imposición de responsabilidad. Esto es, conforme con 

los hechos del caso, Asphalt planteó que no respondía por los actos 

torticeros del empleado o contratista independiente, el señor Cotto 

Martínez, contratado, a su vez, por el contratista a quien Asphalt 

encomendó el transporte de la arena, es decir, Transporte León. 

Mientras que los recurridos Neris-Ríos no presentaron 

postura alguna, el 2 de enero de 2024, los Esterás-Nieves instaron

21 Apéndice del recurso, págs. 559-560.
KLCE202400263 8

en conjunto su Oposición de Esterás et al. a Moción de sentencia 

sumaria de Asphalt; y Réplica a oposición de Asphalt a Moción de 

sentencia sumaria de Esterás et al.22 En dicho escrito, reiteraron 

argumentos similares a los de su solicitud e insistieron en que 

Asphalt era un embarcador. Para ello, citaron el Reglamento de 

Mercado Núm. 14, Reglamento 2156 de 30 de septiembre de 1976, 

del Departamento de Agricultura, dirigido a regular los embarques 

del café en Puerto Rico. En la aludida reglamentación, se define 

embarcador como “toda persona que embarque o envíe café desde 

Puerto Rico al exterior bien sea productor, elaborador, comprador, 

vendedor, agente o porteador”. Art. I (h) del Reglamento 2156. Los 

Esterás-Nieves citaron también el Reglamento 7437 de 14 de 

diciembre de 2007, promulgado por el Departamento de Hacienda. 

En éste, se define embarcador como “la persona que envía el 

embarque al consignatario”. A su vez, consignatario es definido como 

la “persona a la que se dirigen los artículos o mercancía para que la 

recoja personalmente o por medio de un barco, agente embarcador 

o cualquier otro intermediario”. Art. 2001-1 (a) (4) (8) del Reglamento

7437.

Justipreciados los escritos dispositivos, el 19 de enero de 

2024, el TPI notificó la Resolución aquí impugnada.23 En ésta, 

consignó los siguientes hechos no controvertidos, a los que hemos 

impartido énfasis:

1. Transporte León era el dueño registral del 

“Camión Mack”, que era utilizado para arrastre y del 

transportador del furgón que éste arrastraba con 

carga y que ocasionaron la colisión vehicular múltiple 

de esta acción. Transporte León era además el patrono 

del Sr. Cotto y el acarreador comercial de la carga que 

transportaba el Camión Mack.

2. Asphalt Solutions Toa Alta, LLC. se dedica a la 

mezcla y manufactura de asfalto utilizado para la 

pavimentación de carreteras.

22 Apéndice del recurso, págs. 724-771, con anejos a las págs. 772-921.

23 Apéndice del recurso, págs. 922-939.
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3. Asphalt tenía una relación de negocios y/o contrató 

a Transporte León para que tuviera camiones 

disponibles para transportar el material que compraba 

de Oriental Sand & Gravel Inc. (Sand & Gravel).

4. Cuando Asphalt contrató a Transporte León para 

el transporte de carga, Asphalt no le requirió que los 

choferes que Transporte León [ ] estuvieran en 

cumplimiento con las leyes y reglamentos de Puerto 

Rico, y cualificados para prestar esos servicios.

5. Al ocurrir la colisión vehicular múltiple Rafael E. 

Cotto Martínez manejaba el “Camión Mack” que 

transportaba el Furgón.

6. Al ocurrir la colisión vehicular múltiple, el Sr. 

Cotto era empleado o trabajaba para, o fue 

contratado por, Transporte León, para manejar el 

camión Mack que él conducía, y para 

transportar/acarrear el arrastre que transportaba.

7. En o alrededor del día 6 de noviembre de 2020, 

Asphalt compró a Sand & Gravel alrededor de 44.203 

toneladas de arena procesada.

8. En o alrededor del día 6 de noviembre de 2020, 

Asphalt contrató a Transporte León para que 

transportara esta arena procesada desde la planta de 

Sand & Gravel, en Yabucoa, a la planta de éstas en 

Toa Alta.

9. Al ocurrir la colisión vehicular múltiple, Asphalt era 

el dueño de la carga que compró a Sand & Gravel y que 

Cotto Martínez transportaba en el Furgón del Camión 

Mack.

10. En o alrededor del día 6 de noviembre de 2020, Sand 

& Gravel vendió a Asphalt, despachó en el camión y/o 

entregó al Sr. Cotto la carga que él transportaba por 

medio del Camión Mack.

11. El día 6 de noviembre de 2020, por instrucciones 

y a requerimiento de Transporte León, Cotto 

Martínez condujo el Camión Mack, arrastrando el 

Furgón, y fue a recoger esta arena procesada en la 

planta de Sand & Gravel en Yabucoa, para 

transportarla hasta la planta de Asphalt en Toa Alta.

12. El Sr. Cotto, se declaró culpable de conducir el 6 

de noviembre de 2020, el Camión Mack con arrastre, 

en dirección de sur a norte por la carretera 52 a una 

velocidad que no le permitió mantener el debido 

control y dominio; de forma ilegal, imprudente y en 

menosprecio a la seguridad.

13. El Camión Mack, que era manejado por Cotto 

Martínez es uno de transmisión manual con diez 

cambios.

14. El Sr. Cotto no puede manipular o agarrar el guía, 

ni tirar cambios con su mano izquierda.
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15. Cuando Cotto Martínez conducía el “Camión Mack”, 

su impedimento físico causaba que cada vez que él iba 

a tirar un cambio, él tenía que soltar el guía que 

aguantaba con su mano derecha, usar la mano derecha 

para manipular la palanca de cambios, soltar la palanca 

con la que agarraba la palanca [sic] para agarrar y 

maniobrar el guía con esa mano.

16. Cuando Cotto Martínez soltaba el guía con su mano 

derecha, él procedía a tratar de aguantar el guía con su 

muslo izquierdo subiendo su pierna hacia el guía, 

mientras usaba su mano derecha para manipular los 

cambios.24

. . . . . . . .

20. Cuando tomó el examen para obtener su licencia de 

conductor, Cotto Martínez no tomó ni tuvo que 

aprobar una prueba de manejo conduciendo un 

camión de cambios, tal como el Camión Mack.

21. Transporte León no le requirió a Cotto Martínez 

que produjera un certificado médico o una dispensa 

que certificara que él estaba físicamente cualificado 

para conducir el Camión Mack.

22. La única información que Sand & Gravel le 

solicitaba a Cotto Martínez que le proveyera previo a la 

entrega de la carga era el número de tablilla del Camión 

Mack.

23. Previo a entregarle la carga el día de la colisión, 

Sand & Gravel no le requirió a Cotto Martínez que 

produjera un certificado médico o una dispensa que 

certificara que él estaba físicamente cualificado para 

recibir la carga y manejar el Camión.

24. Previo al día de la colisión, Cotto Martínez había 

transportado carga comprada por Asphalt a Sand & 

Gravel, embarcada por Sand & Gravel, y entregada a 

Asphalt para desembarque en, por lo menos, los días: 

13, 19, 21 y 23 de octubre de 2020.

25. Cuando Cotto Martínez entregaba la carga, la única 

documentación que Asphalt le solicitaba que le 

proveyera era el conduce para la firma, y Asphalt se 

quedaba con una copia.

26. Super Asphalt Pavement Corp., y Asphalt Solutions 

Toa Alta LLC., son corporaciones organizadas bajo las 

leyes de Puerto Rico que se dedican, entre otros 

negocios, a la mezcla, manufactura y colocación de 

asfalto para la pavimentación de carreteras.

27. Super Asphalt Pavement Corp. y Asphalt Solutions 

Toa Alta LLC., no se dedican al transporte terrestre 

de agregados o mercancía, ni de pasajeros.

28. Asphalt no es patrono, empleado, conductor, 

acarreador público o privado, embarcador, ni posee 

vehículos de motor comercial que transporten 

24 Los enunciados del 17 al 19, inclusive, se refieren a citas del Reglamento para 

el Transporte Comercial.
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bienes o pasajeros en el comercio interestatal o 

intraestatal.

29. Transporte León, LLC., es una corporación 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico que se dedica 

al transporte terrestre de agregado o mercancía por 

toda la isla, que lleva aproximadamente 40 años de 

experiencia en este tipo de negocio.

30. Para el 6 de noviembre de 2020, Asphalt tenía una 

relación de negocios con Transporte León LLC., 

desde el 2017, la cual consistía únicamente en el 

recogido y transporte de la mercancía adquirida por 

Asphalt.

31. Según alegado en la Tercera Demanda Enmendada, 

el accidente ocurrió el 6 de noviembre de 2020 en la 

autopista Luis A. Ferrer, también conocido como el 

expreso 52, en dirección hacia el Municipio de Caguas. 

El demandante Neris alega que se encontraba a fuera 

de su vehículo de motor en el área del paseo de la 

referida autopista, cuando recibió un impacto por su 

auto provocado por el camión marca Mack 600, 

modelo RD600 del año 1999.

32. Según alegado en la Demanda Enmendada contra 

Coparte, la demandante Cynthia Ester[á]s Nieves se 

encontraba detenida en su vehículo de motor en el 

carril derecho en el expreso 52, cuando fue 

impactada por un camión Mack 600 RD600 del año 

1999, propiedad de Transporte León, el cual era 

conducido por el codemandado Cotto Martínez, 

empleado de Transporte.

33. Para el 6 de noviembre de 2020, el codemandado 

Cotto Martínez, no era empleado de Asphalt, ni 

tenía relación contractual con Asphalt.

34. Para el 6 de noviembre de 2020, el camión marca 

Mack 600, modelo RD600 del año 1999, incluyendo su 

furgón, era propiedad de Transporte León, LLC.

35. Para el 6 de noviembre de 2020, el camión marca 

Mack 600, modelo RD600 del año 1999, incluyendo su 

furgón, no era propiedad de Asphalt.

36. Para el 6 de noviembre de 2020, el camión marca 

Mack 600, modelo RD600 del año 1999, era conducido 

por el Sr. Rafael Cotto Martínez, contratado por 

Transporte León.

37. Asphalt no tenía conocimiento sobre la forma y 

manera en que Rafael Cotto Martínez conducía los 

camiones de Transporte León LLC., para transportar 

la mercancía comprada por Asphalt, incluyendo si 

éste lo hacía a exceso de velocidad.

38. El Sr. Francisco Arias Rodríguez, vicepresidente 

y representante de Asphalt, desconoce quién es el 

Sr. Rafael Cotto Martínez y los impedimentos físicos 

que este pudiese adolecer.
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39. Para el 6 de noviembre de 2020, el Sr. Rafael Cotto 

Martínez contaba con su licencia de conducir 

vigente, número 7007371, tipo 9 “Vehículo Heavy”, 

expedida por el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas de Puerto Rico.

40. Para el 6 de noviembre de 2020, el Sr. Rafael Cotto 

Martínez contaba con una licencia del 

Departamento de Transportación Federal conocida 

como Transportation Worker Identification Credential

(“TWIC”), con fecha de expiración del 12 de abril de 

2023.

41. Rafael E. Cotto Martínez fue acusado y sentenciado 

por el delito de Ley 22 Art. 5.07 (b) menos grave, por el 

cual se declaró culpable de haber conducido el camión 

MACK a una velocidad tal que no le permitió ejercer el 

debido control y dominio del volante, sin hacer mención 

alguna sobre su condición física en el brazo izquierdo.

42. La Policía de Puerto Rico investigó la escena del 

accidente y en el Narrativo del Accidente se anotó que 

el Sr. Cotto conducía el camión “a una velocidad no 

segura y adecuada en una carretera que esta (sic) bajo 

construcción y debidamente rotulada...”

43. Para el 6 de noviembre de 2020, Asphalt compró a 

Oriental Sand & Gravel una carga consistente en 

44.203 toneladas de arena procesada para ser 

transportada a la planta de Toa Alta.

44. La Policía de Puerto Rico investigó y examinó el 

camión Mack 600 RD600 y su furgón, y determinó que

la carga transportada no era una peligrosa.

45. La Policía de Puerto Rico investigó y examinó el 

camión Mack 600 RD600 y su furgón, y determinó que 

este no tenía ningún defecto mecánico.

En cuanto a las controversias pendientes de resolución, que 

a juicio del TPI justificaban la celebración de una vista en sus 

méritos, se esbozó:

...no existe una determinación de hechos o estipulación 

que establezca cuál fue la causa única del accidente y/o 

si existieron causas adicionales que contribuyeron o no 

al mismo. Por otro lado, lo cierto es que, de las 

alegaciones de las demandas también se le imputa 

responsabilidad por tener conocimiento de que el 

conductor tenía limitaciones físicas que dificultaban el 

control del vehículo y la forma de manejarlo, y no exigió 

que su contratista tomara medidas de seguridad para 

evitar que transportara su carga.

. . . . . . . .

...podemos señalar que está en controversia si a la luz 

de las entregas previas del Sr. Cotto a Asphalt, estos 

conocían la existencia de las limitaciones físicas del 

chofer que alegadamente [sic] le impedían conducir 

adecuadamente. Además, si sabían que no podía 

utilizar su mano; quiénes en representación de Asphalt 
KLCE202400263 13

lo vieron, si alguien; qué posición ocupaban en la 

empresa las personas que lo vieron o podían haberlo 

visto; si alguna de esas personas tenía el deber de 

notificarlo o lo notificaron a la gerencia para que tomara 

medidas; si a pesar de conocer que el chofer tenía un 

impedimento que no le permitía el uso de su brazo y 

mano izquierda para conducir y por tanto tenía que 

soltar el guía cada vez que iba a tirar un cambio, 

pidieron a su contratista que tomara medidas o no 

utilizara ese chofer para sus entregas; qué medidas de 

previsión tomo Asphalt para asegurarse que Transporte 

León tuviera choferes capacitados para el transporte; 

etc.

. . . . . . . .

...si Asphalt incurrió en omisiones ante un deber 

jurídico de actuar lo que causó un daño.

. . . . . . . .

A tenor de lo anterior, el TPI declaró No Ha Lugar ambas 

peticiones de sentencia sumaria incoadas por los Esterás-Nieves y 

Asphalt. No conteste, el 5 de febrero de 2024, Asphalt presentó 

Moción de reconsideración y en Solicitud de enmienda a 

determinaciones de hechos.

25 No obstante, el 6 de febrero de 2024, 

el TPI notificó una Orden, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud 

para reconsiderar su determinación.

26 Aún inconforme, el 4 de 

marzo de 2024, Asphalt acudió oportunamente ante este tribunal 

intermedio, mediante el recurso discrecional de autos, y señaló la 

comisión de los siguientes errores:

Primer Error: Erró el TPI al no enmendar las 

determinaciones de hecho señaladas a pesar de que las 

propuestas por Asphalt se sostenían en prueba 

fehaciente sin ser realmente controvertidas y las de 

Esterás-Nieves son interpretaciones erróneas de hechos 

y derecho.

Segundo Error: Erró el TPI y abusó de su discreción al 

no desestimar sumariamente las causas de acción 

contra Asphalt cuando la aplicación del derecho vigente 

a las determinaciones de hecho establece que los 

peticionarios no responden por la negligencia incurrida 

por el contratista de su contratista independiente.

Por su parte, el 13 de marzo de 2024, los recurridos EsterásNieves presentaron su alegato. En cuanto a la parte recurrida NerisRíos, pendiente el caso que nos ocupa, el 12 de abril de 2024, éstos 

25 Apéndice del recurso, págs. 940-953.

26 Apéndice del recurso, págs. 954-955.
KLCE202400263 14

desistieron de su reclamación contra Asphalt. En consecuencia, el

16 de abril de 2024, el TPI notificó una Sentencia de desistimiento y 

ordenó la desconsolidación del caso SJ2020CV06038.27

De igual modo, el 23 de abril de 2024, Asphalt interpuso una 

Moción en auxilio de jurisdicción, toda vez que el juicio en su fondo 

está pautado para el 6 al 17 de mayo de 2024.

Así, pues, evaluados el expediente ante nos y las posturas de 

los comparecientes, resolvemos.

II.

A.

El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones judiciales 

de un foro inferior y corregir algún error cometido por éste. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al., v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). A diferencia de la apelación, el foro revisor tiene la 

facultad para expedir o denegar el recurso de certiorari de manera 

discrecional. García v. Padró, supra. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha definido discreción como el “poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. 

Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Por ende, la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera...” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con 

aprobación en García v. Padró, supra, págs. 334-335.

No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer 

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría, 

en sí mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que 

realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni 

27 Véase, Moción Informativa de 23 de abril de 2024 y los documentos anejados.
KLCE202400263 15

en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra, 

pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega 

Santiago, supra. 

Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro 

intermedio tiene autoridad para atender los recursos de certiorari. 

En su parte pertinente, la norma dispone como sigue:

. . . . . . . .

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

(...) (Énfasis nuestro).

La regla procesal fija taxativamente los asuntos aptos para la 

revisión interlocutoria mediante el recurso de certiorari, así como 

aquellas materias que, por excepción, ameritan nuestra 

intervención adelantada, ya fuese por su naturaleza o por el efecto 

producido a las partes. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer sabia 

y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar si 

expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos guiamos por 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Criterios 

para la expedición del auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202400263 16

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).

Claro está, es norma asentada que este tribunal intermedio 

no interviene con las determinaciones emitidas por el foro primario 

ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el 

ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. (Cursivas 

en el original). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018), 

que cita con aprobación a Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 

121 (2006); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000); Meléndez Vega v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013).

B.

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

gobierna el mecanismo de la sentencia dictada sumariamente. Esta 

herramienta procesal sirve al propósito de aligerar la conclusión de 

los pleitos, sin la celebración de un juicio en sus méritos, siempre y 

cuando no exista una legítima controversia de hechos medulares, de 

modo que lo restante sea aplicar el derecho. Véase, Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); Roldán Flores v. M. Cuebas et 

al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 109 (2015). Así se propende a la solución justa, rápida 

y económica de los litigios de naturaleza civil en los cuales no exista 

una controversia genuina de hechos materiales. Pérez Vargas v. 
KLCE202400263 17

Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2021). En este sentido, un hecho 

material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por ello, “[l]a controversia debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que 

un juez la dirima a través de un juicio plenario”. (Énfasis 

nuestro). Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

La Regla 36.2 del mismo ordenamiento procesal, establece 

que la parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá 

presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. Por su 

lado, conforme la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su 

contestación, la parte promovida “no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se 

dictará la sentencia sumaria en su contra si procede”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (c). Asimismo, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

establece unos requisitos de forma a ser cumplidos por la parte 

promovente y la parte promovida. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase, 

Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 698. Por consiguiente, el 

incumplimiento del promovente de estas formalidades acarrea que 

el tribunal no esté obligado a considerar su pedimento. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. En caso de que el 

promovido sea quien incumple dichos requisitos “el tribunal puede 

dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede 

en derecho”. Id.
KLCE202400263 18

Ahora bien, la sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos 

claros. Por tanto, cuando no existe una certeza prístina sobre todos 

los hechos materiales que motivaron el pleito, no procede que se 

dicte sentencia sumaria. Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 

699 y los casos allí citados. Por ser éste un remedio de carácter 

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su 

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un 

litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proceso 

de ley”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 

(2000). Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia 

sumaria “cuando surge de manera clara que, ante los hechos 

materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer 

ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. (Énfasis nuestro). Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 109-110, que cita a Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012). De haber alguna duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y 

sustanciales del caso deberá resolverse contra la parte que solicita 

la moción, haciendo necesaria la celebración de un juicio. Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992). 

En cuanto a la revisión de un dictamen sumario o la 

denegación de la resolución abreviada, este tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al 

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al 

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de 

dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo podemos 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Esto es, no estamos compelidos a adjudicar los hechos 
KLCE202400263 19

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308,

334-335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales y 

esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de Primera 

Instancia y no al foro intermedio. 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo 

pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición 

que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id. Por lo 

cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de 

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta el cumplimiento de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles hechos 

materiales están controvertidos y cuáles están incontrovertidos. Por 

el contrario, de resultar que los hechos materiales y esenciales 

realmente están incontrovertidos, entonces nos corresponde 

revisar de novo si el foro impugnado aplicó correctamente el 

derecho a los hechos incontrovertidos. Id., pág. 119. Al dictar 

una sentencia sumaria, este tribunal deberá realizar un análisis 

dual que consiste en: (1) analizar los documentos que acompañan 

la solicitud de sentencia sumaria y en la oposición, así como 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si 

el oponente de la moción controvirtió algún hecho material y 
KLCE202400263 20

esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

refutadas en forma alguna por los documentos. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 333. Una vez realizado este análisis el tribunal no 

dictará sentencia sumaria si: (1) existen hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho esencial; o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Id., págs. 333-334.

C.

Como cuestión de umbral, el Artículo 1815 del Código Civil de 

2020, 31 LPRA sec. 11720, dispone, en parte, que “[l]a 

responsabilidad extracontractual, tanto en su extensión como su 

naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en que 

ocurrió el acto u omisión que da lugar a dicha responsabilidad. [...]”.

Por tanto, visto que los hechos del caso acontecieron el 6 de 

noviembre de 2020, nos referiremos al hoy derogado Artículo 1802 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141. La aludida 

disposición establecía que todo aquél que por acción u omisión 

cause un daño a otro vendrá obligado a repararlo, si ha mediado 

culpa o negligencia. Para poder reclamar daños y perjuicios bajo este

articulado, el Tribunal Supremo ha expresado que el demandante 

debe establecer la existencia de estos tres requisitos: (1) la existencia 

de un daño real; (2) el nexo causal entre daño sufrido y la acción u 

omisión del demandado; y (3) que el acto u omisión es culposo o 

negligente. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 976 

(2021); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). 

Respecto al concepto de culpa y negligencia, nuestro más alto 

foro ha opinado que consiste en la: 

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151;

Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997).
KLCE202400263 21

Por otro lado, la omisión genera responsabilidad civil 

extracontractual siempre y cuando dicha omisión constituya 

una conducta antijurídica imputable. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006); Arroyo López v. E.L.A., 126 

DPR 682, 686 (1990). Para determinar si se incurrió o no en 

responsabilidad civil por omisión, el Tribunal Supremo ha 

establecido que deben considerarse los siguientes factores: (i) la 

existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte 

del alegado causante del daño; y (ii) si de haberse realizado el acto 

omitido se hubiera evitado el daño. Hernández Vélez v. Televicentro, 

supra; Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 106 

(1986).

Nuestro ordenamiento legal ha consignado que el deber de 

indemnizar presupone la existencia de un nexo causal. Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). La relación causal 

entre el acto negligente y los daños producidos debe ser 

suficiente en Derecho. López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119, 

133 (2004). La teoría de la causalidad adecuada postula que no es 

causa adecuada toda condición sin la cual no se hubiese producido 

el resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general. Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra, en 

la pág. 977; López v. Porrata Doria; en la pág. 151-152. En otras 

palabras, la cuestión se limita a determinar si la ocurrencia del daño 

era de esperarse en el curso normal de un suceso o si, por el 

contrario, éste queda fuera del cálculo. Rivera Jiménez v. Garrido & 

Co. Inc., 134 DPR 840, 852 (1993).

En lo que respecta a la causa del epígrafe, la norma jurídica 

dispone que un contratista independiente es aquél que se 

compromete con otro a realizar un trabajo o prestar un servicio de 

acuerdo con sus métodos y maneras, libre de ser controlado o 

dirigido por el principal, en cuanto a la forma en que se realiza la 
KLCE202400263 22

encomienda; siendo el contratista controlado o dirigido solamente

en cuanto al resultado final. Véase, V. Schwartz, K. Kelly, D. Partlett; 

Prosser, Wade and Schwartz’s Torts, 11th ed., Foundation Press, 

2005, pág. 668. El alto foro ha explicado la figura del contratista 

independiente como sigue:

[c]uando la persona que emplea a otra puede 

prescribir lo que se ha de hacer, pero no cómo ha de 

hacerse ni quién lo hará, la persona que se obligue a 

hacer el trabajo es un ‘contratista’ (contractor) y no un 

‘empleado’ (servant), aunque el trabajo haya de 

realizarse bajo la dirección y a satisfacción de personas 

que representan al que emplea. (Énfasis nuestro). 

Atiles, Admor. v. Comision Industrial, 68 DPR 115, 120 

(1948).

De ordinario, “[l]a responsabilidad impuesta a un 

empleador por los daños ocasionados por un contratista 

independiente constituye una excepción a la norma a los efectos 

de que la obligación de reparar daños generalmente emana de un 

hecho propio. Nuestro ordenamiento únicamente impone 

responsabilidad por hechos ajenos de manera excepcional”. (Énfasis 

nuestro). Pons v. Engebreston, 160 DPR 347, 356 (2003); véase Art. 

1803 del Cód. Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5142. El empleador 

o principal, que contrata a un contratista independiente, será 

responsable solidariamente del daño que éste cause por su propia 

negligencia en la ejecución del trabajo si dicho daño fuera un riesgo 

previsible para el empleador o principal y éste omitió tomar las 

precauciones especiales que se requerían, en vista de los riesgos 

particulares de una obra. López v. Gobierno Mun. de Cataño, 131 

DPR 694, 706 (1992); Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 

515 (1979). 

Así, pues, el empleador del contratista no responde por la 

negligencia corriente de éste, que resulte en daños a terceros, ni por 

la inobservancia de precauciones de rutina, que un contratista 

cuidadoso debe usualmente tomar. La responsabilidad del 

empleador gira en torno a riesgos peculiares al trabajo que deba 
KLCE202400263 23

realizarse y que surgen de su naturaleza, contra los cuales una

persona razonable reconocería la necesidad de tomar 

precauciones especiales. Martínez v. Chase Manhattan Bank, 

supra, págs. 522-523. A modo de ejemplos sobre los riesgos 

especiales que requieren un alto grado de cuidado, el Tribunal 

Supremo se ha referido a las labores relacionadas con la energía 

eléctrica y con el manejo de sustancias inflamables. Pacheco v. 

A.F.F., 112 DPR 296 (1982); Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 

DPR 714 (1971), citados en Pons v. Engebreston, supra, pág. 358.

Tampoco responde el principal o empleador por la 

negligencia del contratista independiente “cuando ejerza la debida 

diligencia para asegurarse que la persona contratada cuenta con 

las destrezas y experiencia suficientes para llevar a cabo el 

trabajo, por lo que es de esperar que tomará las medidas de 

precaución necesarias para evitar los riesgos que pueda ocasionar 

la obra. En tales circunstancias, se entenderá que el empleador 

ha actuado como un hombre prudente y razonable al delegar las 

labores en una persona capacitada para llevar a cabo el trabajo”. 

(Énfasis nuestro). Pons v. Engebreston, supra, págs. 358-359. 

Por consiguiente, al determinar si un empleador responde o 

no por los actos torticeros de su contratista independiente, habrá de 

observarse si el trabajo o servicio pactado podía o no crear un riesgo 

peculiar de daños a terceros; si, al momento de contratar al 

contratista independiente, el empleador previó dicho riesgo y adoptó 

precauciones especiales o procuró contratar a un contratista 

independiente perito, quien tomaría las medidas de precaución 

necesarias para prevenir los riesgos inherentes a la obra o servicio.

D.

La Comisión del Servicio Público de Puerto Rico está facultada 

por la Ley 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, mejor 

conocida como Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 LPRA sec. 
KLCE202400263 24

1001 et seq. (Ley 109), para reglamentar y fiscalizar, entre otras, a 

las empresas “de vehículos privados dedicados al comercio, 

incluyendo todos los vehículos de motor comercial”. Art. 14 de la Ley 

109, 27 LPRA sec. 1101. En lo que concierne, el Artículo 2 del 

estatuto establece que el término empresa de acarreo de carga en 

vehículos de motor “[i]ncluye toda persona, que en su carácter de 

porteador público fuere dueña, controlare, explotare o administrare 

cualquier vehículo de motor que se utilice para el acarreo de 

carga por cualquier vía pública terrestre, independientemente de 

que tal acarreo se efectúe o no entre terminales fijos, o a través de 

rutas regulares o irregulares”. (Énfasis nuestro). 27 LPRA sec. 1002 

(l).

A base del poder delegado por la Ley 109 y con la intención de 

adoptar varias partes del Título 49 del Código de Reglamentos 

Federales, la Comisión promulgó el Reglamento para el Transporte 

Comercial, Reglamento 7470 de 4 de marzo de 2008 (Reglamento 

7470). En la Sección 1.04 del Reglamento 7470 se establece a qué 

grupo de personas le será de aplicación esta normativa. Al respecto, 

dispone que la reglamentación aplicará a todo “patrono, empleado,

conductor, acarreador público o privado, embarcador y vehículo 

de motor comercial, que transporte bienes o pasajeros por el 

comercio interestatal o intraestatal”. (Énfasis nuestro). Por igual, 

la reglamentación define la figura del acarreador como: 

...una empresa pública o privada, dedicada a la 

transportación. El término acarreador incluye los 

agentes, oficiales y representantes del acarreador así 

como a empleados responsables de reclutar, 

supervisar, adiestrar o despacho de conductores, 

esto incluye también a los empleados responsables de 

la instalación, inspección y mantenimiento del equipo 

y/o accesorios de un vehículo de motor para propósitos 

de este Reglamento, la definición de acarreador incluye 

el término patrono. (Énfasis nuestro). Sec. 390.5 (1) del 

Reglamento 7470.

Asimismo, la Parte 390 del Reglamento 7470, que versa acerca 

de las Disposiciones reglamentarias sobre seguridad en el transporte, 
KLCE202400263 25

dispone en la Sección 390.3 sobre la aplicación general de la 

reglamentación. Ésta dice en el inciso (a) que “son aplicables a todos 

los patronos, empleados y vehículos de motor comerciales que 

transporten propiedad o pasajeros en el comercio interestatal e 

intraestatal. (Énfasis nuestro). Por igual, la Parte 392 del 

Reglamento 7470, sobre Manejo de Vehículos de Motor, establece en 

la Sección 392.1 que el alcance de las reglas de dicha parte aplica a 

“[t]odo acarreador, sus oficiales, agentes, representantes, y 

empleados responsables de la administración, mantenimiento, 

operación, o manejo de los vehículos de motor, o la contratación, 

supervisión, entrenamiento, asignación, o despacho de los

conductores deberán ser instruidos en y cumplir con las reglas 

de esta parte”. (Énfasis nuestro).

Es meritorio señalar que la Sección 391.1 del Reglamento 

7470 impone un deber mínimo a los acarreadores sobre la 

cualificación de sus conductores. Esto incluye cerciorarse que sus 

conductores estén físicamente aptos según los requerimientos 

estatuidos en la Sección 391.41. Del mismo modo, la 

reglamentación citada define accidente como un suceso en el que 

está involucrado un vehículo de motor comercial en una vía pública 

que resulta en: (i) una muerte; (ii) una lesión corporal a una persona 

que requiera inmediatamente tratamiento médico fuera de la escena 

del accidente; o (iii) uno o más vehículos de motor que sufren daños 

inhabilitadores como resultado del accidente, requiriendo que el 

vehículo sea transportado fuera de la escena por una grúa. Sec. 

390.5 (6) del Reglamento 7470.

III.

En la causa del título, en esencia, Asphalt alega que el TPI 

erró al no desestimar sumariamente las causas de acción en su 

contra. Para ello, por ejemplo, sostiene que el TPI debió suprimir el 

lenguaje de la determinación de hecho 24, pues el uso de las 
KLCE202400263 26

palabras embarcada y desembarque inducen a una interpretación 

errónea del Derecho, ya que no le son aplicables las normas del

Reglamento 7470. Afirma también que, a base de la aplicación del

Derecho vigente a las determinaciones de hecho, no responde por la 

negligencia incurrida por el contratista de su contratista 

independiente.

Por su parte, los recurridos Esterás-Nieves arguyen que 

Asphalt responde por sus daños, ya que actuó como embarcador. 

Aseveran que el Reglamento 7470 le aplica al peticionario y arguyen 

que Asphalt, para evitar riesgos peculiares, tenía el deber 

indelegable de no permitir al señor Cotto Martínez manejar el 

camión Mack para acarrear la carga de su propiedad.

Por su relación intrínseca, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de error planteados por la parte peticionaria.

Examinados de novo las peticiones sumarias, sus oposiciones

y los documentos anejados por los litigantes —quienes cumplieron 

sustancialmente con los rigores de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra— así como el dictamen recurrido, determinamos acoger

las siguientes determinaciones fácticas que competen al asunto que 

atendemos. 

Los hechos probados establecen que Asphalt era el dueño de 

la carga, consistente en poco más de 44 toneladas de arena 

procesada. El TPI consignó que esta carga no era una peligrosa, 

según resultó de la investigación cursada por la Policía de Puerto 

Rico, quien examinó el camión Mack y su furgón. 

Para transportar la arena entre Oriental Sand & Gravel y las

instalaciones de Asphalt sitas en Toa Alta, el peticionario contrató 

a Transporte León, dueño registral del camión Mack, quien 

contaba con una experiencia de aproximadamente 40 años, en el 

transporte terrestre de mercancía. El señor Carmelo León Colón 

indicó en la deposición sobre él y su hijo:
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P. ¿Qué, qué puesto, si alguno, usted ocupa en, en 

la compañía?

R. Bueno, básicamente, que tenemos camiones en, 

en común y nos dedicamos al transporte de 

agregado a toda la isla y a diferentes compañías 

por, por espacio de bastantes años ya de 

experiencia, y como le indiqué, que es un negocio 

familiar.

P. Ah. ¿Cuando usted dice “familiar”, usted y su 

hijo?

R. Sí.

P ¿Cuántos años me dice que tiene de 

experiencia, cuántos años llevan ustedes 

haciendo este tipo de negocio?

R. Bueno, por, por mi parte llevo alrededor de 

cuarenta años.

P ¿Y por su hijo?

R. Bueno, mi hijo, pues, ya básicamente, siendo un 

poco... siendo más joven, alrededor de diez o doce 

años, digamos.28 (énfasis nuestro).

El señor León Colón explicó que usualmente las compañías y 

clientes solicitaban los servicios de Transporte León por teléfono

e indicaban dónde recoger el material y a dónde se destinaba. 

Los camiones y arrastres solían estar en las instalaciones de 

Transporte León.29 Se determinó probado también que, por 

instrucciones y a requerimiento de Transporte León, el señor 

Cotto Martínez condujo el camión Mack para trasladar la carga 

perteneciente a Asphalt de un punto a otro. El señor León Colón 

atestiguó en la deposición que, previo al accidente, el señor Cotto 

Martínez había prestado servicios a su compañía durante tres 

semanas;

30 y acotó que lo conoció en un taller de mecánica de 

camiones. El señor Cotto Martínez le mostró su licencia,

31 sin 

restricciones; y ante una necesidad de conductores lo contrató, 

pues lo había observado manejando camiones de otras empresas.32

El señor Cotto Martínez contaba con licencias para la 

conducción de camiones como el siniestrado, a saber, tenía una 

licencia de conducir vigente, número 7007371, tipo 9 “Vehículo 

28 Apéndice del recurso, pág. 612 líneas 2-19.

29 Apéndice del recurso, pág. 615 líneas 2-20.

30 Apéndice del recurso, pág. 617 líneas 2-5.

31 Apéndice del recurso, págs. 619-620. 

32 Apéndice del recurso, págs. 617 líneas 13-25; 618 líneas 1-14.
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Heavy”, expedida por el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico y la TWIC con fecha de expiración el 12 de 

abril de 2023. Ahora, surge de los autos que el señor Cotto Martínez

presentaba una condición física limitante en su brazo y mano 

izquierdos. En este caso, de la investigación policiaca y los propios 

dichos del chofer se desprendió que el señor Cotto Martínez 

condujo el camión Mack con arrastre a una velocidad insegura 

e inadecuada en una carretera bajo construcción y debidamente

rotulada. Debido a esta negligencia al conducir a exceso de 

velocidad, el señor Cotto Martínez perdió el control de su vehículo e 

inició el choque en cadena.33 De hecho, el señor Cotto Martínez se 

declaró culpable de conducir de forma negligente y a una velocidad 

que no le permitió mantener el debido control y dominio del 

camión.34

Por otra parte, quedó demostrado que Asphalt se dedica a la 

mezcla y manufactura de asfalto para la pavimentación de 

carreteras. Es meridianamente claro, según consignó el TPI, que

Asphalt no se dedica al transporte terrestre de agregados o 

mercancía. Tampoco es un embarcador, conforme apostilló el TPI. 

El señor Francisco Arias Rodríguez, vicepresidente de Asphalt,35

declaró en la deposición que, a su solicitud, al igual que con otras 

empresas similares,36 Transporte León tenía los camiones 

disponibles para carga y, dependiendo de la necesidad, ellos 

cargaban la arena y la llevan a las plantas.

37 Además, testimonió: 

P. ¿Tuvo intervención usted con alguno de los 

choferes de Transporte León?

R. No, con los choferes yo no intervengo.

. . . . . . . .

P. (...) Según entiendo, dijo, ¿se le hace una llamada 

al transportista, el transportista se encarga de 

33 Apéndice del recurso, pág. 380.

34 Apéndice del recurso, págs. 670-671. Véase, Artículo 5.07 de la Ley 22 de 7 de 

enero de 2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 5127.

35 Apéndice del recurso, pág. 356 líneas 12-16.

36 Apéndice del recurso, pág. 607 líneas 12-18.

37 Apéndice del recurso, pág. 358 líneas 7-14.
KLCE202400263 29

recoger la carga y el transportista envía un chofer 

que la lleva a sus facilidades [sic]?

R. Eso es correcto.

P. ¿Y una vez llega a sus facilidades [sic], qué 

gestión, si alguna, realiza ese camionero que 

viene con esa carga a sus facilidades [sic]?

R. Pasa por la romana [sic] que tiene la evidencia del 

conduce y se entrega el conduce en la planta 

como evidencia de que dio el servicio.38 (Énfasis 

nuestro).

Por ende, aun cuando el señor Cotto Martínez aseveró que 

había ido a la planta de Asphalt en varias ocasiones, éste sólo se 

bajaba a entregar la libreta de conduce y esperaba su turno para 

descargar.39 Por ello, el representante de Asphalt no conocía ni tenía 

que conocer quién era el señor Cotto Martínez y los alegados

impedimentos físicos. El TPI también encontró probado en la 

determinación 37 que “Asphalt no tenía conocimiento sobre la forma 

y manera en que Rafael Cotto Martínez conducía los camiones de 

Transporte León, para transportar la mercancía comprada por 

Asphalt, incluyendo si éste lo hacía a exceso de velocidad”.

Según reseñamos, el TPI consignó de manera general ciertas 

controversias del pleito que impedían su dictamen abreviado. Indicó, 

por ejemplo, que debía auscultar acerca de causas adicionales del 

accidente, del imputado conocimiento de Asphalt con relación a las 

limitaciones físicas del señor Cotto Martínez y si el peticionario

solicitó a Transporte León el uso de choferes capacitados. A nuestro 

juicio, todas estas cuestiones fácticas fueron contestadas con el 

resumen de hechos antes plasmado y el ordenamiento jurídico 

atinente. El TPI esgrimió otras cuestiones relacionadas con quiénes,

en representación de Asphalt, vieron al señor Cotto Martínez, los 

puestos ocupados en la empresa y si tenían el deber de notificar algo 

a la gerencia para tomar medidas. Empero, lo cierto es que del 

Informe sobre conferencia con antelación al juicio no surge que la

38 Apéndice del recurso, págs. 358 líneas 21-23; 359 líneas 7-17.

39 Apéndice del recurso, págs. 373 líneas 1-6; 378-379.
KLCE202400263 30

parte recurrida haya anunciado evidencia testifical o documental 

suficiente para que el TPI pueda justipreciar las escuetas 

controversias que supuestamente le impidieron resolver por la vía 

de apremio sobre la imputada negligencia por omisión a la parte 

peticionaria. De hecho, aun cuando surja alguna evidencia, es 

incuestionable que el señor Cotto Martínez contaba con las 

credenciales necesarias para ejercer el oficio de conductor de 

camiones como el accidentado. Recuérdese que, de conformidad con 

nuestro ordenamiento probatorio, corresponde a la parte 

demandante la carga de probar la negligencia y no basta con 

alegarla. Regla 110 (A)-(B) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI. Es decir, en un caso de daños y perjuicios, en el que se alegue 

haber sufrido daños como consecuencia de la negligencia por 

omisión, el peso de la prueba respecto a la existencia de un deber 

jurídico de actuar le corresponde a la parte actora. Ello así, porque 

“[e]n materia de responsabilidad civil extracontractual, el hecho 

productor del daño nunca se presume”. Colón y otros v. K-mart y 

otros, 154 DPR 510, 521 (2001) y los casos allí citados.

A tales efectos, colegimos que, a base de los hechos probados, 

el TPI debió resolver sumariamente las reclamaciones en contra de 

Asphalt, pues sólo le restaba aplicar el Derecho atinente a la 

controversia a dirimir, la cual se suscribe a si Asphalt, como 

empleador o principal, tenía o no un deber jurídico de actuar, cuya 

omisión fue la causa adecuada del daño. Respondemos en la 

negativa.

De entrada, de los hechos resumidos, debemos coincidir con 

el TPI al establecer que Asphalt no es patrono, empleado, conductor, 

acarreador público o privado, embarcador, ni posee vehículos de 

motor comercial que transporten bienes o pasajeros en el comercio 

interestatal o intraestatal. A esos efectos, no le es de aplicación el 

Reglamento 7470. Por ende, Asphalt no estaba compelido con 
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algún deber jurídico de actuar al palio de dicha reglamentación, 

cuya omisión constituya la causa adecuada de los daños sufridos 

por los recurridos Esterás-Nieves. Decididamente, el intento forzado 

de los recurridos de citar disposiciones reglamentarias exógenas

resulta improcedente. Dicho esto, y a la luz de la normativa jurídica 

esbozada sobre los supuestos en que el empleador o principal 

incurre en negligencia, resolvemos que, en el caso de autos, Asphalt 

está eximido de responder. Veamos.

De conformidad con lo esbozado, el empleador del 

contratista no responde por la negligencia corriente de éste, al no

observar precauciones rutinarias, que un contratista prudente y 

razonable tomaría; a menos que existan riesgos peculiares a la 

obra o servicio a realizar, que conlleven la adopción de 

precauciones especiales. De otro lado, se exime de responsabilidad 

al empleador o principal por la negligencia del contratista 

independiente cuando éste se asegura que el contratista cuenta 

con la experiencia suficiente para llevar a cabo el trabajo o 

prestar el servicio. Ello así, porque se espera que tiene el 

conocimiento y pericia para tomar las medidas de precaución 

necesarias con el fin de evitar los riesgos inherentes a la obra o 

servicio. Reiteramos las diáfanas expresiones del Tribunal Supremo 

de que “se entenderá que el empleador ha actuado como un 

hombre prudente y razonable al delegar las labores en una 

persona capacitada para llevar a cabo el trabajo”. (Énfasis 

nuestro). Pons v. Engebreston, supra, págs. 358-359. 

En este caso, el servicio de transportación intraestatal de un 

camión con una carga de arena procesada no crea un riesgo especial 

de daños a terceros, como lo podría ser la carga de material 

inflamable o peligroso. Precisamente, para compensar cualquier 

riesgo de una actividad rutinaria como la de transportar arena, el 

Estado regula la industria puntillosamente. Por ende, Asphalt no 
KLCE202400263 32

tenía que tomar ni solicitar a Transporte León la adopción de

precauciones particulares al solicitar el transporte de la arena 

procesada entre Oriental Sand & Gravel y la planta de Toa Alta, más 

allá de esperar que se utilizaran conductores licenciados. Claro está, 

si bien Asphalt no interviene ni tiene que intervenir sobre cómo 

Transporte León presta el servicio de transportación de mercancía, 

el peticionario sí procuró establecer relaciones comerciales con una 

empresa familiar con décadas de experiencia, de quien se esperaba 

que tomaría las medidas de precaución necesarias para prevenir los 

riesgos inherentes al servicio solicitado. A su vez, ni la naturaleza de 

la carga ni la forma y manera de cargar el camión establecieron 

peligros especiales extraordinarios. Por ello, precisamente Oriental 

Sand & Gravel fue eximido de responsabilidad.

En fin, no albergamos duda de que los recurridos EsterásNieves sufrieron daños provocados por el accidente múltiple, en el 

que estuvo involucrado un camión Mack, cargado con arena 

propiedad de Asphalt y conducido por el señor Cotto Martínez. Sin 

embargo, con respecto al peticionario, somos del criterio que no 

existe nexo causal entre el daño aducido y la supuesta negligencia 

por omisión imputada a Asphalt, toda vez que el peticionario no 

tenía un deber jurídico de actuar con relación a la contratación de 

choferes por parte de Transporte León. Como se sabe, los elementos 

de la acción de responsabilidad civil extracontractual deben 

concurrir para poder prevalecer en un pleito de daños y perjuicios. 

Opinamos que, en este caso, no sólo hay inexistencia de evidencia 

para demostrar por preponderancia de la prueba la alegada

negligencia por omisión de Asphalt, sino que además la decisión del 

TPI está divorciada del Derecho vigente que exime a Asphalt, como 

empleador y principal, de responder por los daños aducidos.

Concluimos, en este caso, que los daños sufridos no se 

debieron a riesgos o peligros especiales, contra los cuales el 
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peticionario dejó de tomar precauciones adecuadas. Ciertamente, la 

causa adecuada de los daños sufridos por los recurridos EsterásNieves no está vinculada a omisión alguna del peticionario ni un 

deber de éste, en cuanto a la reconocida negligencia del señor Cotto 

Martínez al conducir el camión Mack. El chofer aceptó que no 

observó las precauciones de rutina, como lo es el conducir a una

velocidad permitida. Una medida básica que todo conductor

licenciado usualmente debe tomar al manejar un camión con 

arrastre. Precisamente, éste es el tipo de negligencia por la cual no 

responde el empleador o principal del contratista independiente.

Nótese que Asphalt contrató a Transporte León el cual, sin la 

intervención de Asphalt, contrató al señor Cotto Martínez, quien 

ostentaba las licencias que el Estado exige para esa labor. 

Tal como se infiere razonablemente de las determinaciones del 

TPI, la contratación para el acarreo de arena a nivel intraestatal no 

constituía una actividad que exigiera que Asphalt adoptara medidas

especiales, pues dicha labor no representaba un peligro o riesgo 

peculiar previsible, capaz de ocasionar daños a terceros. Aun 

cuando pueda determinarse lo contrario, que sí tiene algún riesgo, 

lo cierto es que Asphalt fue diligente al contratar a un transportista 

experimentado para efectuar dicha labor. Por lo tanto, no era 

previsible para Asphalt que el conductor infringiría las leyes de 

tránsito ni, como empleador o principal, estaba compelido a verificar 

los atributos físicos de los choferes contratados por su contratista

independiente, Transporte León. 

En suma, no existe una fuente legal que obligue a Asphalt ni 

a su personal a cerciorarse, por encima de la pericia de las agencias 

gubernamentales, quienes le concedieron las licencias autorizadas

correspondientes al señor Cotto Martínez, si éste se encontraba o no 

capacitado para conducir camiones. Al respecto, nuestro más alto 

foro ha expresado que, de acuerdo con nuestro esquema procesal 
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civil, es impermisible que “los tribunales aseveren lacónicamente 

que es inevitable verter la prueba en un juicio plenario cuando a 

todas luces la parte demandante no pudo establecer, como mínimo, 

los elementos de su causa de acción. Ir a juicio en esas 

circunstancias sería un ejercicio fútil”. Rodríguez Méndez et al. v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 790-791 (2016).

Al tenor, colegimos que, según lo resuelto en Pons v. 

Engebreston, supra, y la jurisprudencia precedente, en ausencia de 

responsabilidad del empleador o principal por los daños causados 

por el contratista de su contratista, cuando no median riesgos 

especiales, apreciamos que el TPI cometió los errores imputados, al 

no declarar con lugar la petición sumaria presentada por Asphalt e 

incidió en su discreción al aplicar erróneamente el Derecho a las 

determinaciones fácticas probadas.

Consiguientemente, opinamos que, bajo ningún supuesto, 

puede imponerse responsabilidad a Asphalt por el accidente, toda 

vez que contrató con Transporte León, que cuenta con las destrezas 

y experiencias suficientes para prestar el servicio pactado. Asphalt 

no responde por los daños sufridos por los recurridos EsterásNieves. Cónsono con lo anterior, por ser ésta una etapa idónea para 

expedir el auto discrecional, toda vez que la determinación 

dispositiva recurrida es contraria a Derecho, con la salvedad de las 

palabras “embarcada” y “desembarque” de la determinación de 

hecho 24, procede acoger las aseveraciones fácticas enunciadas por 

el TPI, expedir el recurso de certiorari y revocar la Resolución 

impugnada.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, expedimos el recurso de certiorari y

revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, decretamos la 

desestimación, con perjuicio, de la Demanda enmendada contra 
KLCE202400263 35

coparte de los recurridos Esterás-Nieves, en contra de Super Asphalt

Pavement Corp. y Asphalt Solutions Toa Alta, LLC.

Al palio del dictamen pronunciado, declaramos sin lugar la 

Moción en auxilio de jurisdicción por tornarse académica.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones