Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ÁLVARO SANTAELLA 

JIMÉNEZ, MARÍA SANTE Y 

OTROS

Parte Apelada

v.

EL RYDER MEMORIAL 

HOSPITAL, INC., EDUARDO 

RIVERA SANTIAGO Y OTROS

Parte Apelante

KLAN202400192

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Humacao

Civil Núm.:

HU2019CV01991

Sobre:

Injunction 

(Entredicho 

Provisional, 

Injunction 

Preliminar y 

Permanente)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2024.

Comparece el Hospital Ryder Memorial, Inc., el Reverendo 

Eduardo Rivera Santiago, el Lcdo. José Feliciano Sepúlveda y la 

Lcda. Carmen Colón Meléndez (apelantes u Hospital Ryder), 

mediante recurso de Apelación, y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (TPI o foro primario), el 12 de enero de 2024.

1

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por el Dr. Álvaro Santaella 

Jiménez, la Sra. María Santé Pérez y la corporación Grupo Neonatal, 

CSP (Dr. Santaella o apelados). Por consiguiente, ordenó al Hospital 

Ryder remunerar el tiempo restante que le quedaba de vigencia al 

1 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 16 de enero de 2024.
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contrato y, además, determinó que procedía el pago de costas y 

honorarios de abogado. 

A su vez, el Hospital Ryder solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el TPI el 12 de enero de 2024.

2 En esta, el 

foro primario declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los apelantes, por entender que no procede la 

aplicación de la doctrina rebus sic stantibus y que hubo 

incumplimiento de contrato.

Evaluados los escritos presentados por las partes, así como 

los documentos que obran en el expediente, resolvemos.

I.

El 24 de diciembre de 2019, el Dr. Álvaro Santaella Jiménez, 

la Sra. María Santé Pérez y la corporación Grupo Neonatal, CSP 

(apelados o Dr. Santaella) incoaron una Demanda sobre entredicho 

provisional, injunction preliminar, injunction permanente, 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios, en contra del 

Hospital Ryder y otros. En la demanda, alegaron que desde el año 

1996, comenzaron a ofrecer en el Hospital Ryder servicios en la sala 

de intensivos neonatales y en la sala de partos. No obstante, en 

determinado momento advinieron en conocimiento de que el 

Hospital Ryder había contratado a Pediatrix Medical Group, SP 

(Pediatrix), para ofrecer los servicios de neonatología y partos. Ante 

ello, le solicitaron al TPI una orden provisional para que el Hospital 

Ryder cumpliera con el contrato de exclusividad habido entre ambos

y le permitiera al Grupo Neonatal, CSP continuar ofreciendo sus 

servicios.3

En respuesta a ello, el 16 de enero de 2020, el Hospital Ryder

presentó su Contestación a la Demanda. En síntesis, los apelantes 

arguyeron que el Dr. Santaella ofreció ciertos servicios en el Hospital 

2 La Resolución fue archivada y notificada en autos el 16 de enero de 2024.

3 Apéndice del recurso, págs.1-13. 
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Ryder. Sin embargo, el paso del huracán María ocasionó daños 

severos en la infraestructura del Hospital Ryder lo que provocó que 

el área de neonatología y la sala de parto se volvieran inoperantes,

al extremo de que no hubo nacimientos en el hospital por los 

siguientes dos años. En vista de ello, los apelantes invocaron la 

doctrina de rebus sic stantibus porque el paso del huracán María 

impidió que el Hospital Ryder pudiera continuar brindando esos 

servicios y por ende, cumplir con el contrato. Por otro lado, alegaron 

que el Hospital Ryder ofrecería nuevos servicios, entre ellos, la 

apertura de una sala de emergencias pediátricas que sería operada 

por Pedriatrix. Además, puntualizaron que dicho servicio no era 

realizado por los apelados y, por ende, le solicitaron al TPI la 

desestimación de la demanda.

4

Así las cosas, después de haber celebrado una vista, el TPI

declaró No Ha Lugar el recurso de injunction y convirtió el caso en 

un pleito ordinario de incumplimiento contractual y daños y 

perjuicios. Luego de varios trámites procesales, el 15 de junio de 

2023, el Dr. Santaella presentó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial, en la cual propuso 42 hechos que no estaban en 

controversia.

5 Además, para sostener su postura, anejó copia del 

contrato de exclusividad, interrogatorios, cartas y publicaciones, 

entre otros documentos.6 En esencia, los apelados expusieron que 

el Hospital Ryder incumplió con las cláusulas del contrato, que el 

contrato no fue extinguido por el paso del huracán María y que las 

relaciones contractuales no quedaron interrumpidas porque ambas 

partes se mantuvieron en negociaciones. Además, que la propuesta 

4 Apéndice del recurso, págs. 31-43.

5 Apéndice del recurso, págs. 151-190.

6 Apéndice del recurso, págs. 191-276; 1) Contrato de exclusividad; 2) 

Requerimiento de Admisiones; 3) Carta al Lcdo. Feliciano Rodríguez del 10 de 

febrero de 2014; 4) Carta al Dr. Álvaro Santaella del 17 de junio de 2014; 5) 

Interrogatorio y sus contestaciones; 6) Contrato de Premier Nuclear Medicine CSP; 

7) Publicación de Facebook; 8) Publicación de Facebook; 9) Publicación del primer 

nacimiento; 10) Carta del hospital del 18 de enero de 2020; 11) Contrato de 

Pediatrix; 12) Declaración jurada del Dr. Álvaro Santaella; 13) Declaración jurada 

del Dr. Adel Vargas. 
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hecha por el Dr. Santaella hacia el Hospital Ryder no demuestra la 

inexistencia de una relación contractual. 

En reacción, el 10 de julio de 2023, el Hospital Ryder instó su

Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de 

Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandada. En esta, expuso 

que existían 19 hechos pertinentes en controversia y aceptó 23 

hechos que no estaban en controversia según propuestos por el Dr. 

Santaella.

7 En específico, plantearon que el Hospital Ryder estuvo 

inoperante luego del paso del huracán María, que Pediatrix no ofrece 

los mismos servicios que el Grupo Neonatal, que no hubo 

incumplimiento de contrato por parte del Hospital Ryder y que 

aplica la doctrina de imposibilidad subjetiva. De igual forma, 

expusieron que, mediante una carta, le notificaron a los apelados su 

intención de terminar con el contrato y por ende, no renovar el 

mismo.8

Por su parte, el Hospital Ryder propuso 17 hechos que no 

estaban en controversia y para sostener sus planteamientos anejó

copia de las cartas, deposiciones y publicaciones, entre otros.9 En 

resumen, argumentó que no hubo incumplimiento de contrato y que 

además, los daños ocasionados al Hospital Ryder por el paso del 

huracán María constituyen una imposibilidad sobrevenida que deja 

sin efecto el contrato.

Así las cosas, el 31 de julio de 2024, los apelados presentaron 

una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de Parte Demandada 

y Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de Parte 

Demandante, en la cual reiteraron, los mismos argumentos que ya 

7 Apéndice del recurso, págs. 291-323.

8 Íd. 

9 Apéndice del recurso págs. 324-566; 1) Contestación Enmendada a 

Interrogatorio; 2) Carta CMS; 3) Carta RHH-CMS; 4) Carta Depto. Neonatología; 

5) Carta sobre deberes al Dr. Adel Vargas; 6) Carta Depto. Pediatría; 7) Carta 

Renuncia de Pediatría; 8) Deposición Parcial del Dr. Vargas; 9) Deposición Parcial 

del Dr. Vargas; 10) Corp. Ryder Memorial Hospital, Inc.; 11) Deposición Parcial 

del Dr. Santaella; 12) Publicaciones; 13) Informe de FEMA. 
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habían sido presentados.

10 En reacción a ello, el Hospital Ryder

presentó una Dúplica y Solicitud de Remedios. En esta, le solicitaron 

al TPI que tomara conocimiento judicial sobre ciertos documentos, 

reglamentos y leyes, que aportaban a su teoría sobre la 

inoperatividad del Hospital Ryder.

11

El 12 de enero de 2024, notificada el 16 de enero de 2024, el 

foro primario emitió la Resolución recurrida. En esta, declaró no ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Hospital 

Ryder y expuso los fundamentos de su determinación.

En igual fecha, el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada, en la 

que consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1) La parte demandante suscribió un contrato de 

exclusividad llamado “contrato de servicios 

profesionales exclusivos de neonatología, nursery y 

asistencia de partos” con la codemandada Ryder 

Memorial Hospital el 1 de marzo de 2012 con vigencia 

de dos años. 

2) Las partes acordaron que el contrato consistía en 

prórrogas automáticas por términos de 2 años. 

3) El contrato dispone en su clausula 1(a) lo siguiente 

sobre los servicios contratados: “El doctor ofrecerá

todos los servicios de Neonatología para el Hospital, 

incluyendo, pero sin limitarse a su Sala de Intensivo 

Neonatal, Nursery y Sala de Partos. Todos los recién 

nacidos sanos que nazcan en el hospital estarán al 

servicio del Grupo Neonatal.”

4) El contrato dispone en su cláusula 1(g) lo siguiente 

sobre los servicios contratados: “El doctor ofrecerá estos 

servicios para el Hospital 24 horas al día, siete días a la 

semana, los 365 días del año, incluyendo los años 

bisiestos, garantizando particularmente los servicios de 

al menos dos Neonatólogos o Pediatras desde las 7:00 

a.m. hasta las 3:00 p.m. de lunes a viernes o hasta que 

dure el programa o “schedule” de cesáreas o partos 

vaginales para cada día conocido o denominado de día 

a día como laborable en el Hospital.”

5) El contrato dispone en su clausula 1(i) lo siguiente 

sobre los servicios contratados: “El doctor, además, se 

compromete a participar y a realizar los programas o 

actividades educativas que sean necesarios(as) para 

capacitar a su personal y para mantener el “good 

standing” o acreditación del Hospital, lo que sea 

aplicable. El Hospital respaldará estos programas y 

10 Apéndice del recurso, págs. 567- 624.

11 Apéndice del recurso, págs. 704-717.
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actividades siempre que los(as) mismos(as) cumplan 

con las políticas, normas y reglamentos del Hospital, 

que el doctor conoce.” 

6) El contrato dispone en su cláusula 7(d) lo siguiente 

sobre la responsabilidad profesional y manejo de riesgos 

y seguros: “El doctor cooperará con las actividades de 

manejo de riesgos del Hospital.”

7) Por medio del contrato, se le confirió a la demandante 

el derecho exclusivo para la práctica de la Neonatología. 

Según se establece en la cláusula 8 sobre los servicios 

exclusivos: “En consideración a la necesidad de salud 

de la comunidad servida por el Hospital, que en todo 

momento y a las dificultades harto documentadas y 

diseminadas por los medios de comunicación social en 

el reclutamiento de profesionales competentes en la 

rama de la Neonatología y Pediatría, el Hospital le 

confiere al doctor el derecho de exclusividad para la 

práctica de la Neonatología en el mismo.” 

8) El contrato dispone en su cláusula 16(e) lo siguiente 

sobre su terminación: “En cualquier otra situación, 

cualquiera de las partes podrá dar por terminado este 

contrato por cualquier razón o sin ella en cualquier 

momento mediante notificación escrita por correo 

certificado a la otra parte, con acuse de recibo, con no 

menos de sesenta (60) días de notificación previa a la 

fecha de terminación.” 

9) El contrato dispone en su cláusula 17(b) lo siguiente 

sobre la vigencia de cualquier cambio al mismo: 

“Cualquier cambio a lo aquí pactado tendrá vigencia en 

la medida en que conste por escrito con fecha cierta y 

firmada por ambas partes. No hay otro pacto que no sea 

el que aparece mediante el contrato presente.”

10) El contrato dispone en su cláusula 18(a) lo siguiente 

sobre su renovación: “Tendrá renovación automática, 

con todas sus cláusulas, por periodos iguales, a menos 

que una parte le notifique a otra, con por lo menos 

sesenta (60) días de anticipación a la fecha de 

renovación, por escrito y con fecha cierta, de su 

intención de no renovar el contrato o de renegociar sus 

cláusulas.”

11) El huracán categoría 5 se presentó en Puerto Rico el 20 

de septiembre de 2017. 

12) A causa del huracán el Hospital sufrió daños en los 

pisos 2, 3, 4 y 5, los cuales quedaron inoperantes.

13) El Hospital abrió las facilidades limitadamente, según 

se cumplía con las debidas regulaciones del estado, 

tanto a nivel estatal como a nivel federal. 

14) El Hospital le notificó a la demandante la intención de 

terminar el contrato por escrito el 15 de enero de 2020. 
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15) En la carta de terminación del contrato que emitió el 

Hospital el 15 de enero de 2020, no se hace referencia 

a la intención de no renovar el contrato. 

16) El Hospital realizó la reapertura de la sala de partos, 

unidad neonatal y sala de intensivo neonatal el 17 de 

marzo de 2020 y ese mismo día ocurrió el primer parto. 

Este suceso ocurrió exactamente 62 días luego de la 

emisión de la carta de terminación. 

17) El Hospital terminó el contrato con la demandante luego 

de haberse diligenciado su emplazamiento de la 

demanda de epígrafe. 

18) En la reunión con el Dr. Santaella en el Hospital el 7 de 

mayo de 2019, se le mostró al Dr. Santaella un monitor 

que se planificaba utilizar en el área de neonatología 

una vez abriera la misma y en dicha reunión no se le 

notificó a este último que el contrato estaba cancelado. 

19) La demandante sometió 2 propuestas de contrato en el 

2019 cuando aún no estaba en operación el área de la 

sala de partos, nursery e intensivo neonatal.

20) El contrato inicial no quedó sin efecto en las 

negociaciones de ajuste de salario entre la demandante 

y el Hospital, según se lee en la carta con fecha de 17 

de junio de 2014.

21) El 25 de noviembre de 2019 el Hospital firmó el contrato 

con Pediatrix para que brindara servicios de 

neonatología y acordaron lo siguiente en la cláusula I 

sobre los derechos exclusivos: “Hospital grants Group 

the exclusive right to provide Pediatric Hospitalist 

Services, Pediatric Emergency Room Services, PICU 

Services (collectively, the  ̈Pediatric Services ̈) 

Additionally, Group shall have the exclusive right to 

provide NICU Services, NBN Services and shall attend 

all C∕S and High-Risk Pregnancy Deliveries (collectively, 

the  ̈Neonatology Services ̈).” 

22) Según el contrato de Pediatrix, además de brindar 

servicios de pediatría, también consiste en ofrecer 

servicios de neonatología y acordaron lo siguiente en la 

cláusula III (b) sobre las obligaciones: “Beginning on the 

date that the Hospital ́s NICU becomes operational, 

Group shall provide Neonatology Services, as defined in 

Section I of this Agreement, to Hospital and its patients. 

Upon this date, coverage of the Pediatric Services and 

Neonatology Services shall be provided on a twenty-four 

(24) hour, seven (7) days per week basis by one (1) in 

house Physician. In addition, Group shall provide one 

(1) on-call Pediatric Intensivist or Neonatologist to be 

available as needed.”12

12 Íd. 
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En virtud de lo anterior, el TPI declaró ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Dr. Santaella y ordenó al 

Hospital Ryder a remunerar el tiempo restante del contrato.13

Inconforme, el 31 de enero de 2024, el Hospital Ryder, 

presentó una Moción de Reconsideración de Resolución (Doc 331) y

Sentencia Parcial (332). En síntesis, los apelantes adujeron que el 

TPI había errado al imputarle incumplimiento de contrato y a su vez, 

no aplicar la imposibilidad sobrevenida contemplada en el Código 

Civil de 1930.14 El 14 de febrero de 2024, el TPI emitió una 

Resolución en la cual declaró no ha lugar la reconsideración 

presentada.

15

Insatisfecho con el dictamen, el Hospital Ryder interpuso el 

recurso de apelación ante nos, en el que formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Primer Error: Erró el honorable TPI al dictar sentencia 

parcial (SUMAC 332) sumariamente adjudicando 

incumplimiento de contrato aun habiendo 

controversias sobre hechos medulares en inobservancia 

de lo que dispone la Regla 36.3 (E) de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Segundo Error: Erró el honorable TPI al dictar sentencia 

parcial (SUMAC 332) sumariamente prejuzgando, 

contrario establece el Artículo 1060 del Código Civil de 

1930. 31 LPRA sec. 3024, que procede el pago de una 

remuneración aun sin haberse escuchado prueba de los 

alegados daños los cuales no se presumen. 

Tercer Error: Erró el honorable TPI al dictar sentencia 

parcial (SUMAC 332) sumariamente imponiendo el pago 

de honorarios de abogado sin mediar una 

determinación de temeridad en contravención a lo 

dispuesto en la Regla 44.1 (D) de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Cuarto Error: Erró el honorable TPI al dictar sentencia 

parcial (SUMAC 332) sumariamente imponiendo el pago 

de costas aun cuando el caso no ha concluido y, por 

tanto, no hay una parte victoriosa conforme dispone la 

Regla 44.1 (A) de las Reglas de Procedimiento Civil. 

Quinto Error: Erró el honorable TPI al emitir la 

Resolución (SUMAC 331) y no identificar correctamente 

13 Apéndice del recurso, págs. 1249-1260.

14 Apéndice del recurso, págs. 1263-1282.

15 Apéndice del recurso, pág. 1295.
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la controversia medular indicando que en “este caso es 

si el paso del huracán dejó sin efecto el contrato de la 

demandante o si hay incumplimiento” obviando que lo 

impredecible, fortuito e inevitable fue la destrucción de 

las facilidades en el hospital cuyos pisos 2, 3, 4 y 5, [...] 

quedaron inoperantes y por tanto no aplicar 

correctamente el derecho en los casos de imposibilidad 

sobrevenida liberatoria conforme dispone el Artículo 

1138, Código Civil de 1930, 31 LPRA § 3193.

Sexto Error: Erró el honorable TPI al dictar Resolución 

(SUMAC 331) denegando nuestra solicitud de sentencia 

sumaria aun cuando concluyó en la sentencia parcial 

(SUMAC 332) que “a causa del huracán [María] el 

hospital sufrió daños en los pisos 2, 3, 4 y 5, los cuales 

quedaron inoperantes”, asunto que hace manifiesta la 

imposibilidad de que se pudiera continuar con el 

cumplimiento de las obligaciones bilaterales asumidas 

por las partes siendo el tercer piso donde hasta 

entonces Grupo Neonatal, CSP daba sus servicios. 

Séptimo Error: Erró el honorable TPI al dictar 

Resolución (SUMAC 331) incumpliendo con la 

rigurosidad de la Regla 36.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil que exige: “será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 

de buena fe controvertidos”. Tal determinación de los 

hechos fue omitida. 

Octavo Error: Erró el honorable TPI al concluir tanto en 

la sentencia parcial como en la resolución -

desacertadamente- que la carta de cancelación del

contrato de 15 de enero de 2020 cumplió con la 

cláusula 16 (E) de cancelación, pero no con la cláusula 

18 (A) de no renovación cuando ambas clausulas 

conducen a la terminación del contrato con 

independencia una de la otra. 

Noveno Error: Erró el honorable TPI al dictar la 

sentencia parcial y la resolución y no adjudicar 

correctamente nuestra duplica y solicitud de remedios 

(SUMAC. 277, 7 de agosto de 2023) en que se solicitó se 

tomara conocimiento judicial bajo las Reglas de 

Evidencia, 201-202. 

Décimo Error: Erró el honorable TPI al denegar nuestra 

oportuna solicitud de reconsideración aun cuando 

nuestro Tribunal Supremo ha establecido que: “el 

objetivo principal de una moción de reconsideración es 

dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o 

resolución cuya reconsideración se pida, para que 

pueda enmendar o corregir los errores en que hubiese 

incurrido al dictarla”. Lagares Pérez v. Estado Libre 

Asociado de P.R., Res. El 23 de diciembre de 1997, 144 

DPR__ (1997) citando Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 

503 (1936). 

(Mayúsculas y negrillas suprimidas).
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Así las cosas, el 12 de marzo de 2024 emitimos una Resolución

para que la parte apelada presentara su correspondiente alegato. En 

cumplimiento con ello, el 1 de abril de 2024 comparecieron y

presentaron su Alegato en Oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes procedemos a resolver.

II.

A.

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.16 Además, permite a los tribunales 

disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en aquellas 

situaciones en las cuales no existe controversia real y que requiera 

ventilarse en un juicio plenario, por lo cual solo resta aplicar el 

derecho.17

En lo pertinente, procede dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada, si 

alguna, demuestran la inexistencia de controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho procede hacerlo.18 De manera que, en aras de prevalecer en 

una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción.19

16Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671 (2023); Rosado Reyes v. Global 

Healthcare, 205 DPR 796 (2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 109 (2015).

17 Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023;

Oriental Bank v. Caballero García, supra.

18 Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); González 

Meléndez v. Mun. San Juan et. al, 212 DPR 601 (2023); Rosado Reyes v. Global 

Healthcare, supra, págs. 808 y 809. 

19 Íd.
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El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar que 

no existe controversia real sustancial de ningún hecho material.20 

Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”.21 Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria si 

existe una “duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.22 Énfasis

en el original, subrayado nuestro.

Nuestro ordenamiento civil establece unos requisitos de forma 

con los cuales se debe cumplir al momento de presentar una 

solicitud de sentencia sumaria. Estos son: (1) una exposición breve 

de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales 

se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) 

el remedio que debe ser concedido.23

Toda inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos 

debe efectuarse de la forma más favorable a la parte que se opone a 

la sentencia sumaria.24 Nuestro más alto foro ha expresado, que, 

“[e]l hecho de que la otra parte no presente prueba que controvierta 

20 Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a); Birriel Colón v. 

Econo y otros, supra; Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, pág. 808.

21 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012). 

22 Íd. pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012). 

23 Oriental Bank v. Caballero García, supra; Regla 36.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.

24 Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et 

al., supra, a la pág. 756. 
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la evidencia presentada por la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, no implica necesariamente que dicha moción 

procederá automáticamente si verdaderamente existe una 

controversia sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.25

Por otro lado, debemos resaltar, que;

[...]no se dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 

hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que 

se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como 

cuestión de derecho no procede.”

26 (Énfasis nuestro). 

De manera similar, el Tribunal Supremo ha recalcado que 

“[n]o es aconsejable usar el mecanismo de sentencia sumaria en 

casos donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial para dilucidar la controversia del alegado discriminen.”

27

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha reiterado

que, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en igual posición que 

los tribunales de primera instancia al revisar solicitudes de 

sentencia sumaria.28 Es por lo que, el Tribunal de Apelaciones “está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario”.29 El Tribunal de Apelaciones no podrá considerar 

documentos que no fueron presentados ante el TPI, ni adjudicar 

hechos materiales y esenciales en controversia.30 Los criterios a 

seguir por este tribunal apelativo intermedio, al atender la revisión 

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario, han sido 

25 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 337 (2021). 

26 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 757. Citando a SLG Szendrey-Ramos 

v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 

27 Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964, 980 (2022). Citando a Soto 

v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). 

28 Birriel Colón v. Econo y otros, supra; Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, 

pág. 809.

29 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

30 Íd. págs. 114 y 115.
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enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo.31 A tenor 

con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones debe: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios 

que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario; 

2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y 

4) de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo 

si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente 

el Derecho a la controversia.32 

Por ello, nuestra revisión es una de novo, y nuestro análisis 

debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.33 De esta manera, si 

entendemos que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho.34

B.

El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 193035, según 

enmendado, enumera las fuentes de las obligaciones reconocidas 

por nuestro ordenamiento jurídico.36 Así, el referido artículo dispone 

que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

31 Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 199 DPR 664, 679 (2018).

32 Íd.

33 González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

34 Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 212 DPR 335 

(2023).

35 El Código Civil de Puerto Rico de 1930, fue derogado por el Código Civil de 

Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, 

según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Para fines de la presente

controversia, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la 

ley vigente al momento que sucedieron los hechos que dieron lugar a la 

controversia.

36 31 LPRA sec. 2992.
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intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.37 En particular, 

sobre las obligaciones de naturaleza contractual, el Art. 1206 

establece que un “contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio”.38 El principio de la autonomía contractual 

que rige en nuestra jurisdicción “[p]ermite que las partes 

contratantes establezcan los pactos, las cláusulas y las condiciones 

que entiendan convenientes”.39 Esa autonomía estará limitada 

únicamente, y el contrato será nulo e inexistente, si este último 

resulta contrario a las leyes, a la moral o al orden público.40

Ahora bien, para que un contrato sea fuente de obligaciones 

es necesario que concurran los siguientes requisitos: (1) 

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia 

del contrato, y (3) causa de la obligación que se establezca.41 De 

manera que, al concurrir los referidos elementos nace una 

obligación; desde el punto de vista del acreedor, existe un derecho a 

exigir su cumplimiento y, desde la perspectiva del deudor, existe el 

deber de cumplirla.

De otra parte, el Art. 1054 del Código Civil derogado, provee 

un remedio para daños derivados del incumplimiento de contrato, 

al disponer: “[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 

modo contravinieran al tenor de aquellas”.42 En síntesis, las 

acciones ex contractu se refieren a actos u omisiones voluntarios 

que conllevan la inobservancia de obligaciones previamente 

37 Íd.

38 31 LPRA sec. 3371.

39 Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455-456 (2014); Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.

40 31 LPRA ant. sec. 3372; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., supra, pág. 456.

41 Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 3451; Díaz Ayala et 

al. v. ELA, 153 DPR 675, 690-691 (2001).

42 31 LPRA sec. 3018.
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pactadas.43 Cónsono con lo anterior, el Art. 1060 del Código Civil 

derogado44, dispone que un deudor de buena fe responde de los 

daños previstos o que se hayan podido prever al momento de 

constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su 

falta de cumplimiento.45

Al igual que en una acción extracontractual, en la ex contractu

la parte promovente debe probar la existencia de los daños alegados 

y del incumplimiento culposo o doloso de la obligación contractual.46

De igual manera, debe existir una relación de causa a efecto entre 

el incumplimiento y los daños.47

Es menester resaltar, que en el ámbito de los contratos, es 

doctrina fundamental que éstos deben ser interpretados de tal modo 

que prevalezca la intención de las partes contratantes. En vista de 

ello, las cláusulas del contrato deben leerse de forma integrada, 

resolviendo cualquier ambigüedad de modo que todas sus partes 

surtan efecto.48 Por lo cual, prevalecen como regla general sobre las 

tendencias interpretativas que los tribunales han de dar a uno u 

otro tipo de contrato.49

C.

A primera vista, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

que, 

La obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de 

suma importancia para la estabilidad de las 

negociaciones y las relaciones económicas. Sin 

embargo, cuando ocurren circunstancias que alteran 

la base sobre la cual las partes confiaron al obligarse, 

hay justificaciones mayores que surgen de los 

principios generales del derecho para permitir la 

modificación o extinción del contrato. (Énfasis 

nuestro).

50

43 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 909 (2012).

44 31 LPRA sec. 3024. 

45 Íd. 

46 Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 819 (2008).

47 Íd.

48 Estas normas, emanaban del Código Civil derogado, 31 LPRA secs. 3471 a 

3479.

49 González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449, 457-458 (2004); Caguas Plumbing v. 

Continental Const., Corp., 155 DPR 744, 753 (2001).

50 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 696 (2008).
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Ahora bien, la cláusula rebus sic stantibus es la fórmula de 

mayor aceptación entre las variadas teorías sobre la revisión de 

contratos por alteración de las circunstancias.

51 Conforme al 

principio de equidad, la cláusula rebus sic stantibus atempera la 

inflexibilidad y severidad del principio contractual de pact sunt 

servanda y le permite al tribunal intervenir en aquellos contratos en 

los que se laceraría la buena fe o se causaría una injusticia al obligar 

a su cumplimiento específico.

52

Según lo resuelto por nuestro Máximo Foro en el caso de 

Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 856, para que proceda la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, es necesario que 

concurran los siguientes requisitos, a saber:

1) La fundamental de la imprevisibilidad que implica 

una cuestión de hecho dependiente de las condiciones 

que concurran en cada caso.

2) Que se produzca una dificultad extraordinaria, una 

agravación de las condiciones de la prestación, de 

manera que resulte mucho más onerosa para el deudor, 

sin llegar al grado extraordinario en que se confundiría 

con la imposibilidad de la prestación, y que es también 

una cuestión de hecho sobre la que es difícil dar reglas 

de carácter general.

3) Que el riesgo no haya sido el motivo determinante 

del contrato, como sucedería en el caso de contrato 

aleatorio.

4) Que no exista acción dolosa en ninguna de las 

partes, ya que los efectos de los supuestos delitos y 

cuasi delitos están especialmente predeterminados en 

la ley.

5) Que el contrato sea de tracto sucesivo o esté 

referido a un momento futuro, de modo que tenga cierta 

duración, pues para los contratos de ejecución 

instantánea o aquellos que han sido ya ejecutados no 

existe el problema.

6) Que la alteración de las circunstancias sea 

posterior a la celebración del contrato (ya que así lo 

exige la misma naturaleza de acontecimiento 

imprevisible) y presente carácter de cierta 

permanencia (elemento que viene exigido también por 

el carácter extraordinario que se exige a la alteración).

51 Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850, 854 (1979).

52 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 17 (2014). Citando BPPR v. Sucn. 

Talavera, supra, pág. 695.
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7) Que exista petición de parte interesada.

(Énfasis nuestro).

Una vez concurran los requisitos antes mencionados, el 

ámbito remedial del tribunal es amplísimo y flexible; por lo tanto, se 

impone el remedio justo y equitativo, a tono con las circunstancias 

peculiares del caso, e inclusive sin limitación, la suspensión 

temporal de los efectos del contrato, su resolución o rescisión, 

revisión de precios, suspensión o moratoria y otros.53

No empecé a lo anterior, el Artículo 1138 del Código Civil de 

1930,54 dispone que: “[t]ambién quedará liberado el deudor en las 

obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o 

físicamente imposible”. (Énfasis nuestro). Sobre el particular, 

expone el profesor José Ramón Vélez Torres que la frustración del 

cumplimiento del contrato por la llamada imposibilidad 

sobrevenida, codificada en el Art. 1138 Código Civil derogado, supra,

ocurre cuando; 

Una parte obligada no cumple la obligación principal o 

recíproca, porque un hecho inesperado, fuera de la 

voluntad del obligado, convierte dicho 

cumplimiento en uno imposible. En tal caso, el 

obligado no cumple por causas que no le son 

imputables y, como consecuencia de ello, queda 

liberado.

55 (Énfasis nuestro).

Finalmente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que en 

ocasiones un contrato puede ser revisado por los tribunales 

mediante la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, a pesar de 

que no concurran los siete (7) requisitos mencionados. Nuestro 

Máximo Foro ha expresado que;

[c]uando la justicia requiere la intervención de los 

tribunales conforme a la equidad y la buena fe porque 

desaparece la base del negocio y falla la causa del 

contrato, la posibilidad de moderar el contrato 

rebasa el campo de lo subjetivo y los tribunales no 

están limitados por los criterios elaborados 

53 Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 857.

54 31 LPRA sec. 3193.

55 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, 2da ed., San 

Juan, Puerto Rico, Programa de Educación Jurídica Continua, Facultad de 

Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, p. 69.
KLAN202400192 18

en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, para la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

56 Énfasis 

nuestro. 

Pese a lo anterior, en todo caso en donde se contemple la 

aplicación de la norma excepcional, es un requisito sine qua non

para su procedencia el que la circunstancia que altera el negocio sea 

realmente imprevisible.57

III.

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados por el Hospital Ryder en el recurso ante 

nuestra consideración. Como cuestión de umbral, adelantamos que

los discutiremos en conjunto por estar estrechamente relacionados

a la adjudicación sumaria de las controversias.

Por mandato reglamentario y jurisprudencial, revisamos de 

novo el expediente de la manera más favorable hacia la parte que se 

opuso a la determinación, entiéndase, los apelantes. De este modo, 

cotejamos si existen hechos materiales en controversia y si el TPI 

aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

Luego de una minuciosa revisión, entendemos que lo que 

procede es revocar la Sentencia Parcial y, en cuanto a la Resolución, 

se confirma únicamente la denegatoria del dictamen sumario 

solicitado por el Hospital Ryder, no sus fundamentos. Veamos. 

Los errores planteados contra los dos dictámenes versan, en 

apretada síntesis, sobre el alegado incumplimiento del Hospital 

Ryder con sus obligaciones contractuales y la no aplicación de la 

doctrina de rebus sic stantibus. 

En cuanto a la sentencia parcial apelada, colegimos en que la

mayoría de las determinaciones de hechos formuladas en el 

dictamen emitido por el foro de instancia encuentran apoyo en la 

56 BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 715.

57 Oriental Bank v. Perapi et al., supra, pág. 9. 
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prueba que obra en el expediente58. Por consiguiente, acogemos

parte de ellas59 por referencia y las hacemos formar parte de nuestro 

dictamen. No obstante, entendemos que existe controversia en las 

determinaciones número 12 y 15. En la duodécima existe 

controversia del alcance y los efectos de los daños que dejaron 

inoperantes los pisos 2, 3, 4 y 5 por causa del huracán. Resulta 

necesaria la especificidad de cómo dichos daños o inoperancia 

impidieron el cumplimento de las contraprestaciones entre las 

partes. Por su parte, en la decimoquinta, entendemos se encuentra 

en controversia la interpretación e intención de las partes 

contratantes sobre las cláusulas 16 (E) y la 18 (A) del contrato, en 

cuanto a las formas de renovación y culminación del contrato. En 

cuanto a la determinación de hecho número 20, aprovechamos para 

aclarar que la carta allí mencionada (del 14 de junio de 2014) no 

menciona o se relaciona a ningún “ajuste de salario”, sino a un 

estipendio para ayudar a subvencionar gastos60. Así aclarada, la 

adoptamos.

De una evaluación de los autos en apelación, entendemos que 

el TPI erró al determinar en la sentencia parcial apelada, que no 

existían controversias de hecho sustanciales, que impidieran la 

resolución del caso vía sumaria. 

A continuación, enumeramos los hechos esenciales, 

materiales y pertinentes que concluimos se encuentran en 

controversia y que deben dilucidarse en un juicio en su fondo:

61

1) Determinar si los daños e inoperancia de los pisos 2,

3, 4 y 5 a consecuencia del paso del huracán María, 

le impidieron al Hospital Ryder y al Dr. Santaella 

cumplir con sus obligaciones recíprocas.

58 Véase Índice del Apéndice páginas 1251 a la 1253. Sentencia Parcial

59 Determinaciones de hechos adoptadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 21 y 22. Véase Índice del Apéndice de la Apelación, página 1251 

a la 1253.

60 Véase Índice del Apéndice de la Apelación, página 220.

61 Este análisis se hace a base de los documentos que fueron sometidos junto con 

la apelación y el alegato en oposición. 
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2) Determinar si el paso del huracán María interrumpió 

o suspendió el contrato de exclusividad habido entre

las partes. 

3) Determinar si desde el 20 de septiembre de 2017 

hasta el 17 de marzo de 2020, se realizaron partos 

en el Hospital y si se atendieron pacientes 

neonatales.

4) Si ante las circunstancias particulares del presente 

caso y una vez presentada la prueba en juicio, es de 

aplicación la doctrina de imposibilidad física

sobrevenida o el rebus sic stantibus. 

5) Determinar si el Grupo Neonatal, CSP y los apelados, 

podían continuar cumpliendo con sus obligaciones 

contractuales, luego del huracán María.

6) Si los servicios que ofrece Pediatrix en el Hospital 

Ryder, son los mismos que realizaban los apelados. 

7) La interpretación e intención de las partes sobre las 

clausulas16 (E) y la 18 (A) del contrato, en cuanto a 

las formas de culminación y renovación. 

8) Determinar si la renovación automática establecida 

en la cláusula 18 del contrato de exclusividad opera,

aunque el Hospital Ryder haya solicitado la 

cancelación del mismo mediante una carta. 

9) Si el curso de las reuniones y comunicaciones entre 

las partes demuestra la existencia o no de un 

contrato. Igualmente determinar si se solicitaron 

nuevas propuestas al Grupo Neonatal, por conducto 

del Dr. Álvaro Santaella.

10) Si el Hospital Ryder estaba obligado a notificarle la 

apertura de las nuevas facilidades al Dr. Santaella. 

11) Determinar si la carta de cancelación emitida el 15 

de julio de 2020, por el Hospital Ryder, tenía que 

incluir la intensión de no renovación del contrato. 

12) Si la carta de cancelación emitida el 15 de julio de 

2020, tenía que incluir una fecha prospectiva para 

poder dar por terminado el contrato. 

Forzosamente los hechos en controversia antes mencionados, 

requieren un desfile de prueba, donde los elementos subjetivos sean 

adjudicados con la prueba que se presente. En nuestro caso resulta 

importante determinar credibilidad, intención y circunstancias 

fácticas. Entiéndase por esto último, los aspectos físicos y 

situaciones reales que pudieran o no extinguir las obligaciones 

recíprocas.
KLAN202400192 21

Por otra parte, debemos puntualizar que el TPI incidió al 

determinar que procede la remuneración por incumplimiento de 

contrato. Según expuesto en este recurso, existen hechos materiales 

en controversia y hasta que no sean dilucidados por el TPI, no puede 

adjudicarse responsabilidad alguna. En particular, existe 

controversia sobre la aplicabilidad de la imposibilidad sobrevenida 

o rebus sic stantibus. Obsérvese, que la aplicación de la referida 

doctrina implicaría que el contrato de exclusividad quedó sin efecto

ante el aparente estado de inoperancia de ciertas áreas del hospital, 

por el paso del huracán María.

En cuanto a los errores que cuestionan la Resolución que 

declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria del Hospital 

Ryder, estos carecen de méritos. Reiteramos que ante la existencia 

de controversias de hecho medulares que impiden la resolución del 

caso vía sumaria, el TPI actuó acertadamente al declararla no ha 

lugar. No obstante lo anterior, colegimos que el foro primario incidió 

en emitir la resolución en incumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Tal y como apuntan los apelantes, el foro 

primario no incluyó en su resolución determinaciones de hecho 

esenciales, los hechos en controversia o los incontrovertidos. Sin 

embargo, aunque el TPI haya incumplido con la referida regla – en 

nuestra encomienda de revisar de novo las solicitudes de sentencias 

sumarias y, ante la existencia de controversias de hecho medulares 

– concluimos que no incidió al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Hospital Ryder.

Por último, y en lo que respecta a los errores sobre la 

imposición de costas y honorarios de abogado, el conocimiento 

judicial y la reconsideración denegada por el TPI, subrayamos que,

al este Tribunal resolver que existen controversias de hechos 

medulares que impiden la adjudicación del caso vía sumaria, dichos 

señalamientos se vuelven inmeritorios.
KLAN202400192 22

Ante lo planteado, entendemos que el TPI tenía el deber de 

continuar con el juicio calendarizado y no disponer de la 

controversia por el método sumario, de manera que pudiera evaluar 

las circunstancias particulares en este caso, pues de las mismas 

alegaciones de las partes, surgen hechos materiales y esenciales en 

controversia. En específico, los criterios y requisitos a considerar en 

cuanto a la doctrina de rebus sic stantibus, las cláusulas del 

contrato de exclusividad y la imposibilidad sobrevenida que libera al 

deudor. Es parte de la función judicial procurar que se logre un 

resultado equitativo y justo en una situación que no ha sido prevista 

en el contrato y ante un planteamiento como el que nos ocupa. Para 

poder lograr ese resultado, se le debe proveer la oportunidad a las 

partes de presentar su prueba.

Por lo tanto, concluimos que incidió el foro primario, en el 

ejercicio de su discreción, al dictar la Sentencia Parcial. Aunque la 

sentencia sumaria es un mecanismo útil para la solución de casos, 

en el que nos ocupa existen controversias muy particulares y 

sustanciales en cuanto a los hechos medulares. Por tanto, lo 

adecuado es proceder con un juicio plenario62. 

IV.

Por los fundamentos expuestos y ante los doce (12) hechos 

materiales en controversia aquí consignados, 

se revoca la Sentencia Parcial del 12 de enero de 2024. En cuanto 

a la Resolución del 12 de enero de 2024, expedimos el auto de 

certiorari63 y ante la existencia de hechos materiales en controversia 

se confirma únicamente la denegatoria del dictamen sumario 

solicitado por el Hospital Ryder, no sus fundamentos.

Se devuelve el caso al foro primario para que atienda las

controversias cónsono con esta determinación.

62 González v. Multiventas, 165 DPR 873 (2005)

63 Regla 40, del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40
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Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones