Número Identificador

RES2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Parte Recurrida

v.

JOSE L. CAMACHO RAMOS

Parte Recurrente

KLCE202301355

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Mayagüez

Crim. Núm.:

I HO2003G0002

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

El 21 de noviembre de 2023, el señor José L. Camacho Ramos 

(peticionario), quien se encuentra recluido en la institución 

correccional Bayamón 501, presentó por derecho propio y en forma 

pauperis, un recurso de certiorari, recibido por la Secretaria de este 

Tribunal el 29 de noviembre de 2023. En su escrito, cuestiona una 

Resolución emitida el 15 de septiembre de 2023, y notificada el 23 

de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Mayagüez, que dispuso no ha lugar a cierta moción 

presentada por éste. 

El peticionario no acompañó con su recurso la moción que 

presuntamente dio paso al referido pronunciamiento judicial. 

Escuetamente adujo que la institución correccional en la que está 

recluido no cuenta con servicios de fotocopias para los confinados y 

que, a pesar de haberla solicitado, el TPI nunca le envió a vuelta de 

correo copia de la moción. 

Conforme las alegaciones del escrito de certiorari, la 

Resolución en cuestión atendió una moción al amparo de la Ley 
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Núm. 85-2022, en la que el peticionario solicitó la modificación de

su sentencia condenatoria, a los fines de que las penas impuestas 

fueran cumplidas de manera concurrente y no consecutiva, a tenor 

con el principio de favorabilidad y la figura del concurso de delitos. 

El peticionario plantea que el tribunal recurrido resolvió la moción 

sin celebrar una vista evidenciaria y sin expresar los fundamentos 

de la decisión. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

I.

A.

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Por esa razón, lo 

primero que se debe considerar en toda situación jurídica 

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional. 

Cónsono con ello, los tribunales tienen la responsabilidad 

indelegable de examinar, en primera instancia, su propia 

jurisdicción. Esto debido a que el foro judicial está obligado a 

auscultar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales que la 

ley establece, antes de considerar los méritos de una controversia.1 

Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes 

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y 

no poseen discreción para asumirla si no existe. 

Consecuentemente, cuando un tribunal carece de jurisdicción, está 

obligado a desestimar el recurso.2 Por esa razón, la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Regla 

83 (C), nos autoriza a desestimar un recurso a iniciativa propia, 

cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

B.

1 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018). 

2 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 (2016).
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El Tribunal Supremo ha manifestado que las partes tienen la 

responsabilidad de observar rigurosamente las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos apelativos y su cumplimiento no 

puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.3 Ello, ante 

la necesidad de colocar a los tribunales apelativos “en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tiene ante sí”.4

De hecho, el Tribunal Supremo ha expresado que, de no 

observarse las disposiciones reglamentarias al respecto, nuestro 

ordenamiento autoriza la desestimación del recurso.5 Sin embargo, 

ante la severidad de esta sanción, dicho Foro exige que nos 

aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y 

meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.6 Por 

ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los 

documentos necesarios para poner al tribunal en posición de 

resolver, impide su consideración en los méritos”.7

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha puntualizado que 

el hecho de que las partes litigantes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas 

procesales. Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas 

normas que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento 

estricto.8

En lo relativo a la presentación de recursos de certiorari, la 

Regla 34 (E)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que es obligatorio incluir una copia de los siguientes documentos en 

el correspondiente apéndice: (1) la resolución u orden cuya revisión 

3 Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 590 (2019); Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

4 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.

5 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008). 

6 Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 

7 Íd. (Bastardillas en el original).

8 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).
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se solicita y la notificación del archivo en autos de copia de la 

notificación de la decisión; (2) toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes en los que se discuta expresamente 

lo planteado ante el foro de instancia; (3) toda moción o escrito 

de las partes que acredite la interrupción del término para presentar 

la solicitud de certiorari y la notificación de la resolución u orden 

disponiendo de las mismas; y (4) cualquier otro documento que 

forme parte del expediente original ante el Tribunal de Primera 

Instancia y propenda a esclarecer la controversia.9

II.

Según expuesto en la sección anterior, las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación de los recursos 

imponen la obligación de presentar los documentos que nos 

permitan identificar y calibrar el señalamiento que se trae ante 

nuestra consideración. El peticionario no anejó copia de la moción 

presentada ante el foro recurrido en la que discutió el asunto 

planteado en este recurso. La omisión del peticionario constituye un 

impedimento real y meritorio para la consideración del recurso en 

sus méritos.

El peticionario no ha demostrado que tenga un derecho a que 

el tribunal recurrido le provea una copia de la referida moción. A su 

vez, la obligación que le impone la Constitución federal a las 

instituciones penales de Puerto Rico de poner a la disposición de los 

confinados los recursos de índole legal para facilitar la consecución 

de cualquier acción de derechos civiles que pudiera surgir mientras 

cumplen su condena10, derrota la escueta alegación del peticionario 

referente a la supuesta ausencia del servicio de fotocopiadora en la 

institución correccional en la que se encuentra recluido.

9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (1).

10 Véase, Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656 (2022).
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Por último, y también relacionado al aspecto jurisdiccional, 

hay que mencionar que la Ley Núm. 85-2022 busca redefinir los 

términos que deben cumplir los confinados para que puedan 

solicitar el beneficio de libertad a prueba ante la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. Es decir, la mencionada legislación atiende un asunto 

puramente administrativo, comprendido dentro de la jurisdicción y 

competencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación - a la 

que está adscrita la Junta de Libertad Bajo Palabra - y que puede 

ser atendido a través de una solicitud de remedio administrativo. 

Una vez la agencia emita una decisión final, el peticionario podrá 

presentar un recurso de revisión mediante el procedimiento 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Núm. 38-201711. 

En virtud de lo anterior, concluimos que carecemos de 

jurisdicción para atender el reclamo del peticionario.

III.

A la luz de lo antes expuesto, se desestima el recurso por falta 

de jurisdicción.

Notifíquese. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 3 LPRA sec. 9601 et seq.