Número Identificador

SEN2024___________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EDWIN GABRIEL 

ACEVEDO

Recurrido

v. 

YVONNE ELISA AGUIAR 

LUNA Y OTROS

Peticionarios

KLCE202301479

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso núm.:

BY2023CV02746

Sobre: Accidente 

de tránsito, 

acometimiento o 

agresión

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera 

Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Yvonne Elisa 

Aguiar Luna, John Doe, la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (los peticionarios), mediante recurso de Certiorari,

solicitándonos que revoquemos la Resolución emitida el 30 de 

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI), notificada el 1 de diciembre posterior. 

Mediante este dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar al 

petitorio desestimatorio presentado por los peticionarios. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido. 

I.

El 17 de mayo de 2023, el Sr. Edwin Gabriel Morales Acevedo 

(el señor Morales Acevedo o el recurrido) instó demanda sobre daños 

y perjuicios en contra de los peticionarios. En esencia, se alegó que 
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la Sra. Yvonne Elisa Aguiar Luna, en las inmediaciones del Complejo 

Deportivo del Coliseo Rubén Rodríguez, impactó al recurrido con su 

vehículo de manera intencional. Añadió que esta le pasó la goma 

del carro por encima de su pie izquierdo y no se detuvo posterior al 

incidente. Indicó que dicho acto violento le provocó lesiones al pie, 

pierna y parte lateral del cuerpo, y estimó los daños en una suma 

no menor de $100,000 los que podrían aumentar una vez tenga el 

resultado final de las evaluaciones y tratamientos médicos. 

El 10 de noviembre de 2023, la Sra. Yvonne Elisa Aguiar Luna, 

John Doe, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

sin someterse a la jurisdicción, presentó Moción Solicitando 

Desestimación por Insuficiencia en el Diligenciamiento de los 

Emplazamientos.

1 En esta, argumentó que el tribunal no adquirió 

jurisdicción sobre ellos debido a que se incumplió con los requisitos 

de la Regla 4 de las de Procedimiento Civil. El señor Morales 

Acevedo se opuso y solicitó, como alternativa, que el TPI expidiera 

nuevos emplazamientos.2

Ahora bien, ese mismo día, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (CSMPR o la Cooperativa) instó Moción 

Solicitando Desestimación por Prescripción en la cual arguyó que, 

conforme a los hechos de la demanda, el señor Morales Acevedo no 

interrumpió el término prescriptivo contra ninguno de los 

codemandados incluidos en la misma.3 No obstante, en su 

pedimento la CSMPR solicitó solamente la desestimación de la 

demanda instada en su contra por estar prescrita. Esto al haberse 

radicado la demanda en su contra pasados dos (2) años de los 

hechos del caso. Expresó, además, que las conversaciones 

1 Véase entrada núm. 15 del expediente electrónico BY2023CV02746 del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Apéndice del Recurso 

a las págs. 041-044.

2 Íd., entrada núm. 21 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 060-063.

3 Íd., entrada núm. 16 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 051-055.
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transaccionales con la Cooperativa no constituyen un método para 

interrumpir la prescripción. 

El recurrido en su moción de oposición apuntaló que la 

demanda no está prescrita a tenor con la normativa dispuesta por 

el Tribunal Supremo en Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 

120, 213 DPR ___.

4 Al respecto, explicó que se “produjo una 

creencia razonable de que la aseguradora estaría actuando en 

representación del asegurado (demandados) en el curso de las 

negociaciones extrajudiciales. En este sentido, en este caso – al 

igual que en Birriel Colón- cuando el Demandante no se comunicó 

con posterioridad directamente con los demandados conocían que 

la parte recurrida se encontraba en negociaciones con su 

aseguradora para llegar a un posible acuerdo extrajudicial”.

5

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2023 el tribunal primario 

emitió la Resolución recurrida, la cual fue notificada el 1 de 

diciembre posterior. En este, declaró y citamos:6

 A LA SOLICITUD DE DESESTIMACI[Ó]N 

PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA

RESOLVEMOS NO HA LUGAR.

 TENGA LA PARTE DEMANDADA EL T[É]RMINO 

DISPUESTO POR LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL PARA CONTESTAR DEMANDA. [Énfasis nuestro]

 

Por otro lado, el foro a quo dictó Orden, “con relación a la 

oposición [22]”, el 4 de diciembre de 2023, notificada al día 

siguiente, en la que señaló:

7

 V[É]ASE RESOLUCI[Ó]N DICTADA EL 1 DE 

DICIEMBRE DE 2023 (ENTRADA #23 DE SUMAC). 

Inconformes los peticionarios acuden ante esta Curia,

mediante el recurso de epígrafe, imputándole al TPI haber incurrido 

en los siguientes errores:

ERRÓ EL TPI AL PERMITIR UN EMPLAZAMIENTO EN 

BLANCO PARA ADQUIRIR JURISDICCIÓN SOBRE 

YVONNE ELISA AGUIAR LUNA, JOHN DOE Y LA 

4 Íd., entrada núm. 22 de SUMAC. Apéndice del Recurso a las págs. 064-068.

5 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 066. 

6 Íd., a la pág. 069.

7 Íd., a la pág. 070. 
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SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES ENTRE 

YVONNE ELISA AGUIAR LUNA Y JOHN DOE. 

ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR UNA DEMANDA EN 

CONTRA DE UN ASEGURADOR, CUYO TÉRMINO 

PRESCRIPTIVO PARA SER DEMANDADO, NUNCA FUE 

INTERRUMPIDO CONFORME A DERECHO. 

El 2 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó ante este 

foro Moción Informativa sobre Cumplimiento con la Regla 33 de la 

cual nos damos por enterados. 

El 10 de enero siguiente el señor Morales Acevedo instó 

Oposición a Expedición del Auto de Certiorari Solicitado, por lo que 

decretamos perfeccionado el recurso. 

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo,

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

El auto de certiorari

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52, establece las instancias en que el recurso de certiorari será 

expedido y así revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, aun 

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, previo a 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora es menester evaluar 

si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este tribunal 

posee discreción para expedir el auto el certiorari. García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en 

el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 
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llegar a una conclusión justiciera. (citas omitidas)”. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna. 

(citas omitidas)”. Íd. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enmarca los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha 

regla establece lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del 

foro recurrido. Además, es norma trillada que un tribunal apelativo 

no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un 

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este 
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último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). También, los criterios antes 

transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia 

y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

De otra parte, la moción de desestimación al palio de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que 

formula un demandado antes de presentar su contestación a la 

demanda, en la cual solicita que se desestime la demanda 

presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006). La 

referida Regla dispone:

 Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) Falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) Insuficiencia del 

emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) Dejar de acumular una parte 

indispensable." [Énfasis nuestro]

Cuando se considera una moción de desestimación al amparo 

de esta regla, los tribunales tienen que tomar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la forma 

más favorable para la parte demandante. Cobra Acquisitions v. Mun. 

Yabucoa et al, 210 DPR 384 (2022).

La demanda no deberá desestimarse a menos que se 

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429. En fin, se debe considerar, 

si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 
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toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida. Íd.

8

En lo aquí pertinente, “[s]i de las alegaciones de la demanda 

surge que la acción prescribió, un demandado puede presentar una 

moción de desestimación por prescripción al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, es decir, fundada en que la

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. [citas omitidas]”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 

205 DPR 1043 (2020).

Por otro lado, el Alto Foro ha resuelto que los tribunales de 

primera instancia tienen gran discreción sobre cómo proceder 

cuando se plantee la defensa de falta de jurisdicción sobre la 

persona, ya fuese mediante alegación responsiva o en una moción 

de desestimación. En particular, se ha desarrollado un esquema de 

cuatro alternativas para que el foro de instancia seleccione cómo 

proceder cuando un demandado impugna la jurisdicción sobre su 

persona a través de una petición de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. A esos efectos, el tribunal de 

instancia puede: (1) simplemente evaluar la moción tomando en 

consideración sólo las alegaciones de la demanda; (2) si se 

acompañan documentos y declaraciones juradas, analizar éstos 

conjuntamente con las alegaciones y los documentos y 

contradeclaraciones juradas que presente el demandante en su 

oposición; (3) señalar vista preliminar evidenciaria (decisión motu 

proprio o a solicitud de parte); o (4) posponer la cuestión para 

decidirla después de la vista en su fondo al resolver el caso. TransOceanic Life Ins. v. Oracle Corp. 184 DPR 689, 709 (2012); Molina v. 

Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 339 (1987).

8 Véase, además, Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994); 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).
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III.

En esencia, los peticionarios señalaron que el TPI erró al no 

acoger sus respectivas solicitudes desestimatorias. La Regla 52.1 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, nos permite la revisión de 

un dictamen denegatorio de una moción de carácter dispositivo. Por 

otro lado, y luego de analizados los escritos de las partes, el 

expediente electrónico y el derecho aplicable, colegimos que a la luz 

de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

procede expedir el recurso solicitado. 

Como es sabido, este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, 

como foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

770 (2013). Es por ello que nuestra encomienda principal es 

examinar cómo los tribunales inferiores aplican el Derecho a los 

hechos particulares de cada caso. Íd.

En el caso de autos, el foro recurrido tenía ante su 

consideración dos (2) mociones de desestimación presentadas el 

mismo día por cada uno de los codemandados. A pesar de que 

ambos petitorios fueron presentados al palio de la Regla 10.5 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, los fundamentos de cada una 

son distintos. El TPI no especifica en su dictamen cuál de las 

mociones atendió, ni estableció fundamento que nos permitiera 

identificar cuál de las mociones desestimatorias resolvió. Solo con

un escueto no ha lugar atendió “la solicitud de desestimaci[ó]n 

presentada por la parte demandada.” [Énfasis nuestro]. Lo cual, 

reiteramos, no define cuál de las dos (2) mociones resolvió. Incluso,

el TPI solo menciona la oposición presentada por el recurrido en 

cuanto a la solicitud de desestimación de CSMPR (Entrada núm. 22 

de SUMAC) . Por lo que, claramente se obvió la oposición presentada 

sobre la solicitud de desestimación sometida por la Sra. Yvonne 
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Elisa Aguiar Luna, John Doe, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (Entrada núm. 21 de SUMAC). 

De hecho, destacamos que del expediente electrónico surge 

que el foro recurrido emitió dos órdenes separadas al señor Morales 

Acevedo para que expusiera su posición en cuanto a los petitorios 

desestimatorios presentados.9 El recurrido cumplió con lo 

ordenado. Por tanto, ante este atropellado trámite procesal, estamos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora. 

De otra parte, el primer error aquí señalado está basado en el 

pedido desestimatorio por insuficiencia en el diligenciamiento de los 

emplazamientos. Como reseñáramos en el derecho que antecede, 

respecto a una moción de esta naturaleza el TPI tiene, en su 

discreción, cuatro alternativas para disponer de la misma. 

Reiteramos que el dictamen recurrido impide su revisión por esta 

Curia ante la falta de una resolución clara y particularizada. 

Por otro lado, el segundo error va dirigido a la solicitud de 

desestimación que presentara la Cooperativa en la cual, si bien, solo 

requiere examinar si de las alegaciones de la demanda surge que la 

acción prescribió, el presente caso requiere que el foro de primera 

instancia analice y determine si le es aplicable lo resuelto por el Alto 

Foro en Birriel Colón v. Econo y otros, supra, como reclama el 

recurrido en su oposición.10 Según destacó nuestro Tribunal 

Supremo en dicho caso, la determinación sobre si una persona tiene 

un interés real e inmediato en su causa de acción requiere una 

evaluación caso a caso en la que el tribunal deberá evaluar los 

diversos intereses envueltos.11

9 Véase, entradas núms. 15 y 16 de SUMAC. Apéndice del Recurso, a las págs.

058 y 059

10 Destacamos, además, que la referida moción fue acompañada de prueba 

documental. 

11 Véase, además, Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346 (2022), 

donde el Tribunal Supremo analiza la interrupción del término prescriptivo al 

palio de la Ley Núm. 242-2018. Dicha ley enmendó el Artículo 11.190 del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 1119.
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En fin, procede revocar el dictamen aquí recurrido y devolver 

al foro recurrido para que disponga de ambas mociones conforme a 

lo aquí resuelto. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

de certiorari solicitado y revocamos la Resolución recurrida. En su 

consecuencia, devolvemos el caso al foro de primera instancia para 

que, una vez expedido el mandato, actúe conforme a lo aquí resuelto. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones