Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

GISELLE MORALES ROSA

Apelada

v.

GABRIEL RIVERA 

NARVÁEZ

Apelante

KLAN202400362

Apelación

procedente del 

Tribunal Superior de 

Bayamón, Salas de 

Relaciones de 

Familia y Asuntos de 

Menores

Caso Núm.:

BY2023CV03197

Sobre:

Hogar Seguro

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2024.

Comparece Gabriel Rivera Narváez (en adelante, señor Rivera 

Narváez o apelante) mediante un recurso de apelación para 

solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida el 8 de marzo de 2024 

y notificada el 11 de marzo de 2024, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior Bayamón (en adelante, TPI o foro 

primario).1 Mediante la Sentencia apelada, el foro primario declaró 

Ha Lugar una petición sobre hogar seguro a favor de GGRM, quien 

es el hijo menor de edad de las partes (en adelante, menor o GGRM). 

Asimismo, dispuso que sobre dicho decreto quedarían beneficiados: 

(i) la madre del menor, Giselle Morales Rosa (en adelante, señora 

Morales Rosa o apelada); (ii) Félix Adorno (en adelante, señor 

Adorno), quien es la pareja consensual de la apelada; y (iii) una hija 

procreada entre la apelada y el señor Adorno, quien es hermana por 

vínculo sencillo del menor. Lo anterior, hasta tanto GGRM advenga 

a la mayoridad. 

1 Apéndice del Recurso, a las págs. 65-82. 
KLAN202400362 2

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el 

recurso instado por falta de jurisdicción.

I

El presente caso comenzó el 9 de junio de 2023, tras la 

presentación de una Demanda sobre hogar seguro en contra del 

señor Rivera Narváez. En dicha Demanda, la apelada adujo haber 

tenido una relación sentimental con el apelante y, aunque nunca 

contrajeron matrimonio, procrearon a un menor, que nació el 9 de 

febrero de 2010. Además, alegó que, en el año 2011, adquirió una 

vivienda con el apelante, mediante Escritura Pública. Sostuvo que 

dicha vivienda estaba ubicada en el municipio de Toa Alta, fue la 

vivienda familiar y el hogar que el menor reconocía como suyo. 

La apelada expuso que, en el año 2019, decidió terminar la 

relación de pareja con el apelante y, se retiró de la vivienda junto al 

menor, toda vez que era insostenible la convivencia. Enfatizó, que se 

trasladó a la casa de su señora madre. 

Tras la ruptura de la relación con el apelante, expresó haber 

interpuesto una petición de alimentos mediante el alfanumérico 

BY2019RF01197, y que la pensión alimentaria fue establecida. 

Posteriormente, adujo que presentó una solicitud para que se le 

concediera la vivienda como hogar seguro. No obstante, el foro 

primario determinó que la referida solicitud no podía ser atendida 

en dicho expediente judicial. 

La apelada alegó que, a la fecha de la presentación de la 

Demanda, se encontraba residiendo en la casa del padre del señor 

Adorno, y que allí residían otros integrantes de la familia, pero que 

su interés era poder brindar un hogar propio al menor. Esbozó,

además, que el apelante no estaba residiendo la vivienda, sino que 

estaba arrendada y, que, al momento de la presentación de la 

Demanda, dicha vivienda estaba desocupada. 
KLAN202400362 3

Por todo lo anterior, razonó que, aunque no contrajo

matrimonio con el apelante, convivió con este por un tiempo 

significativo. Es decir, desde que nació el menor hasta que 

decidieron terminar la relación, por lo que ostentaba la custodia de 

facto del menor. A su vez, solicitó al foro primario que se emitiera 

un decreto de hogar seguro a favor del menor mientras subsistiera 

su minoridad.

En respuesta, el 14 de septiembre de 2023, el apelante 

presentó su Contestación a Demanda.

2 En esencia, indicó que 

cuando adquirió la vivienda, en conjunto con la apelada, residió en 

la misma con el menor hasta que terminó la relación. Enfatizó que, 

cuando se separó de la señora Morales Rosa, esta abandonó la 

vivienda, por lo que permaneció residiendo en ella y realizando los 

pagos de la vivienda. Alegó que existía un plan de relaciones 

paternofiliales y que las mismas se llevaban a cabo en la vivienda. 

Esbozó que “el menor continúa residiendo en el inmueble cuando le 

corresponde relacionarse” y que visitaba la vivienda 

constantemente.

3 Además, arguyó que se encontraba ocupando la 

vivienda de forma ininterrumpida, siendo su única residencia. 

Adujo que, la apelada no tenía ningún interés de permanecer en la 

vivienda y por eso la abandonó. Añadió que la apelada comenzó una 

nueva relación consensual y residió en varios lugares con esta 

pareja. 

El apelante aclaró que no era responsable de brindar un lugar 

de residencia a la apelada con su nueva pareja y que le había 

provisto un hogar seguro al menor para cuando le correspondieran 

las relaciones paternofiliales. Negó, además, que la vivienda hubiese 

estado arrendada y mucho menos desocupada. Esbozó que la 

apelada no tenía derecho a hogar seguro y que la figura jurídica 

2 Apéndice del recurso, a las págs. 12-42. 

3 Apéndice del recurso, la pág. 13.
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aplicable era la comunidad de bienes. Por último, solicitó que la 

Demanda fuese declarada No Ha Lugar y que se concedieran costas, 

gastos y honorarios de abogado a su favor, tras razonar que la acción 

instada fue una temeraria.

Así las cosas, el 18 de enero de 2024, cada parte presentó un 

la Memorando de Derecho.

4 De ahí, el foro primario celebró una vista 

el 31 de enero de 2024.5 En dicha vista, luego de escuchar las 

argumentaciones de las partes, determinó celebrar una vista para 

recibir la prueba. 

El 8 de marzo de 2024, se celebró la vista en su fondo. Allí, el 

TPI recibió prueba testifical y documental. La prueba documental 

consistió en dos (2) documentos.

6 En la misma fecha, notificada el 

11 de marzo de 2024, el tribunal a quo emitió la Sentencia apelada.7 

En la Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar una petición sobre hogar 

seguro a favor del menor y dispuso que sobre dicho decreto 

quedaban beneficiados: (i) la apelada; (ii) el señor Adorno; y (iii) la 

hija procreada entre la apelada y el señor Adorno, quien era

hermana por vínculo sencillo del menor. Además, el foro primario 

determinó que dicho decreto operaría, hasta tanto el menor 

adviniera a la mayoridad.8 

Además, la primera instancia judicial concedió al apelante un 

plazo de quince (15) días para hacer los arreglos necesarios para 

cumplir con lo sentenciado y refirió a ambas partes al Departamento

de Agricultura de los Estados Unidos, Desarrollo Rural, Servicio de 

Vivienda Rural para la investigación correspondiente, toda vez que 

4 Apéndice del recurso, a las págs. 49-62 y 43-48.

5 Apéndice del recurso, a las págs. 63-64.

6 Documento de renovación de subsidio federal ante el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos -Desarrollo Rural- Servicio de Vivienda Ruralcon fecha de ponche del año 2020 y Documento de renovación de subsidio federal 

ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -Desarrollo RuralServicio de Vivienda Rural- con fecha de ponche del año 2022. Apéndice del 

recurso a la pág. 75.

7 Apéndice del recurso, a las págs. 65-82.

8 Apéndice del recurso, a las págs. 80-81.
KLAN202400362 5

tomó conocimiento de irregularidades cometidas por ambas partes 

en la solicitud de subsidio para la vivienda en cuestión.

9

En la Sentencia apelada, el foro primario concluyó que: (i) las 

partes pactaron que la vivienda estaba ocupada por la apelada y por 

el menor, según los documentos remitidos al Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, Desarrollo Rural, Servicio de 

Vivienda Rural, aunque no lo estaba; (ii) la apelada tenía la custodia 

de facto del menor; (iii) la vivienda era la única que podía cumplir 

razonablemente con el propósito y que la misma pertenecía ambas 

partes como comuneros; y que (iv) no era un impedimento para 

tomar la decisión del caso, cuál de las partes era la que pagaba la 

hipoteca de la vivienda, su mantenimiento y otros gastos 

relacionados.10

En desacuerdo con el foro primario, el 11 de abril de 2024, 

compareció el apelante mediante un recurso de Apelación en el cual 

esgrimió la comisión de los siguientes tres errores:

PRIMER ERROR

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS 

HECHOS PROBADOS PUES EN EL PRESENTE CASO 

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

POR LOS ART[Í]CULOS 476 AL 478 DEL CÓDIGO CIVIL 

DE PUERTO RICO, 31 [LPRA] SEC. 6841, ET SEC. Y LA 

JURISPRUDENCIA APLICABLE PARA CONCEDER EL 

HOGAR SEGURO SOLICITADO.

SEGUNDO ERROR

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL EMITIR 

DETERMINACIONES DE HECHO QUE NO 

CONCUERDAN CON EL TESTIMONIO QUE DESFILÓ 

DURANTE LA VISTA EVIDENCIARIA.

TERCER ERROR

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

BRINDARLE ESPEC[Í]FICAMENTE EL DERECHO DE 

HOGAR SEGURO A LA PAREJA CONSENSUAL DE LA 

9 Apéndice del recurso, a la pág. 81.

10 Apéndice del recurso, a la pág. 80.
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DEMANDANTE, A LA HIJA DE LA DEMANDANTE Y SU 

NUEVA PAREJA, PUES SE TRATA DE TERCEROS QUE 

NO SON PARTE EN EL CASO Y MUCHO MENOS 

SOLICITARON SE LES CONCEDIERA HOGAR SEGURO 

EN LA PROPIEDAD OBJETO DE LA CONTROVERSIA, 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SE 

E[X]CEDI[Ó] EN SU DISCRECI[Ó]N AL OTORGAR EL 

DERECHO DE HOGAR SEGURO ESPECÍFICAMENTE A 

PERSONAS QUE LEGALMENTE NO TIENEN DERECHO 

AL MISMO.

Junto al recurso, el apelante presentó una Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción. Mediante Resolución emitida el 11 de abril de 2024, 

denegamos la solicitud en auxilio de jurisdicción. Además, 

concedimos a la parte apelante hasta el 18 de abril de 2024, para 

mostrar causa por la cual el recurso no debía ser desestimado por 

falta de jurisdicción, tomando en consideración que la Sentencia fue 

notificada el 11 de marzo de 2024, y el recurso fue presentado el 11 

de abril de 2024. Además, le ordenamos a que en ese mismo término 

acreditara el cumplimiento con la Regla 13(B) y 14(B) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones.11 

Habiendo decursado el término sin que el apelante cumpliese 

con lo aquí ordenado, emitimos una segunda Resolución el 19 de 

abril de 2024. En la misma concedimos al apelante hasta el 24 de 

abril de 2024, para que mostrara causa por la cual no había 

cumplido con nuestra Resolución del 11 de abril de 2024, así como 

para que cumpliese con la misma. Se apercibió al apelante que, de 

incumplir, se podría estar desestimando el presente recurso sin más 

oírle al respecto. 

De ahí, el 24 de abril de 2024, el apelante presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden. De la misma se desprende que no mostró 

causa por su incumplimiento con lo ordenado, pero acreditó haber 

notificado a la parte apelada, no así al foro apelado. Con relación al

requerimiento de este Tribunal para que mostrara causa por la cual 

el recurso no debía ser desestimado por falta de jurisdicción guardó 

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R.13(B) y R. 14(B).
KLAN202400362 7

silencio. Siendo así, procederemos a exponer el derecho aplicable al 

recurso ante nos.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil12, 

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.13 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.14 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte

en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 

presentando un escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de sesenta días, contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. 15

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.16 En tal 

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo 

12 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

13 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

14 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

16 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la 

moción.17 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha 

Lugar.

B. Falta de Jurisdicción Debido a Recurso Tardío

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su 

consideración.18 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de 

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden 

otorgársela.19 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: 

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.20 Es reconocido que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.21 De manera que, debido a su 

naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia, ya sea porque fuera cuestionada o motu 

proprio, pues, por su naturaleza, incide directamente sobre el poder 

que tiene para adjudicar las controversias.22

La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede 

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación 

del escrito a las partes apeladas.23 Por tal motivo, cuando un 

tribunal carece de jurisdicción, debe declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en sus méritos.24 De lo contrario, cualquier 

17 Id.

18 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89,101 (2020); Torres Alvarado v Madera Atiles, 

202 DPR 495, 499-500 (2019); AAA v. UIA, 199 DPR 638, 651-52 (2018).

19 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

20 Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, 500; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra.

21 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002).

22 Allied Management Group, Inc. v Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020); Torres 

Alvarado v Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 

268 (2018); Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018). 

23 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019). 

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 

DPR 96, 107 (2015); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009).
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dictamen en los méritos será nulo y, por ser ultra vires, no se puede 

ejecutar.25 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardíamente. Lo 

anterior, debido a que, un recurso tardío adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.26 Su presentación 

carece de eficacia y como consecuencia no produce ningún efecto 

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.27 Un recurso 

de revisión tardío es aquel que se presenta fuera del término 

disponible para ello, y que, consecuentemente, manifiesta la 

ausencia de jurisdicción.28 Desestimar un recurso por ser tardío 

priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, ante ese 

mismo foro, o ante cualquier otro.29

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones30, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar cuando este foro 

carece de jurisdicción. 

III

Como cuestión de umbral precisa que examinemos 

primeramente si tenemos jurisdicción para atender el recurso de 

apelación ante nuestra consideración. 

Junto al recurso instado, el apelante incluyó en el apéndice 

del mismo la Sentencia apelada y el volante de notificación, sobre la 

cual solicita revisión. En lo pertinente, el expediente refleja que la 

Sentencia se emitió el 8 de marzo de 2024, y se notificó el 11 de 

marzo de 2024. A esos efectos, el apelante tenía hasta el 

miércoles, 10 de abril de 2024, para presentar su recurso de 

25 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

26 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.

27 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

28 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001).

29 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.

30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
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apelación ante esta Curia, es decir, en treinta (30) días. No obstante, 

el recurso fue presentado el día número treinta y uno (31), 

quiérase decir que fue presentado fuera del término jurisdiccional 

provisto. En este punto, precisa mencionar que este Tribunal 

concedió dos (2) oportunidades para que el apelante mostrara causa 

por la cual el recurso no debía ser desestimado por falta de 

jurisdicción. Empero, el apelante no se expresó en torno a dicho 

particular.

Según el precitado derecho, entiéndase la Regla 52.2 (a) de las 

Reglas de Procedimiento Civil31, así como la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal disponen que los recursos de apelación 

tienen que presentarse dentro de un término jurisdiccional de 

treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la notificación 

de la sentencia. Debemos recordar que, un término jurisdiccional es 

fatal, por lo que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.32 Cónsono con lo anterior, los 

treinta (30) días para presentar el recurso de apelación se debían 

computar desde el 11 de marzo de 2024, fecha en que se notificó la 

Sentencia apelada a las partes del título. No obstante, el recurso 

ante nos se presentó el 11 de abril de 2024, este fue presentado 

tardíamente. 

A la luz de lo anterior, la ausencia de jurisdicción no puede 

ser subsanada por las partes. Por lo tanto, esta Curia está 

imposibilitada de atender recursos tardíos. Debido a que carecemos 

de jurisdicción, debemos desestimar la reclamación sin entrar en 

sus méritos. Así, las cosas, procede la desestimación del recurso 

administrativo por falta de jurisdicción conforme la Regla 52.2 (a) 

de las Reglas de Procedimiento Civil33 y la Regla 13(A) del 

31 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

32 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

33 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
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Reglamento de este Tribunal. Puntualizamos que, al desestimar un 

recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo 

nuevamente ante ese mismo foro o ante cualquier otro.34

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

instado por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

34 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra.