Número Identificador

RES2023_____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

FIRSTBANK PUERTO RICO

Demandante-Recurrido

 Vs.

IBIS GISELA RULLÁN 

RODRÍGUEZ, MARIO 

EMMANUELLI GALARZA Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS

Demandados-Peticionarios

KLCE202201390

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Ponce

Caso Núm.:

PO2019CV01308 

(406)

Sobre:

Cobro de Dinero, 

Ejecución de 

Prenda e 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró

Méndez Miró, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

La Sra. Ibis G. Rullán Rodríguez, el Sr. Mario 

Emmanuelli Galarza y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que componen entre sí (matrimonio 

Rullán-Emmanuelli) solicitan que este Tribunal revise 

una Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), el 5 de octubre 

de 2022. En ésta, el TPI desautorizó las enmiendas a la 

Contestación a la Demanda y la reapertura del 

descubrimiento de prueba.

Se deniega la expedición del certiorari.

I. Tracto procesal

El 18 de abril de 2019, el Banco Santander 

Puerto Rico presentó una Demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de prenda e hipoteca contra el matrimonio 
KLCE202201390 2

Rullán-Emmanuelli.1 El 19 de junio de 2019, el matrimonio 

Rullán-Emmanuelli presentó su Contestación a Demanda.2

Más adelante, el 11 de noviembre de 2019, las partes 

sometieron un Informe sobre Conferencia con Antelación 

al Juicio Enmendado.3 Si bien el TPI señaló el juicio 

para el 24 de febrero de 2020, lo suspendió cuando el 

abogado original del matrimonio Rullán-Emmanuelli 

renunció a su representación legal. El 28 de julio 

de 2020, el Lcdo. Josué E. Castellanos Otero asumió la 

representación legal del matrimonio Rullán-Emmanuelli.

El 22 de septiembre de 2021, el matrimonio 

Rullán-Emmanuelli instó una Moción Solicitando 

Autorización para Enmienda a la Contestación a la 

Demanda, Presentación de Reconvención y Reapertura del 

Descubrimiento de Prueba.4 El 4 de octubre de 2021, 

FirstBank Puerto Rico, sucesor en derecho de Banco 

Santander Puerto Rico (FirstBank), se opuso mediante una 

Oposición a “Moción Solicitando Autorización para [...]”.5

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2021, se 

celebró una vista de estatus.

Tras otros trámites procesales,6 el 4 de mayo 

de 2022, el TPI falló a favor de reabrir el 

descubrimiento de prueba, únicamente para propósitos de 

llevarse a cabo una prueba caligráfica.7 El 17 de mayo 

de 2022, FirstBank sometió una Solicitud de 

Reconsideración. El matrimonio Rullán-Emmanuelli se 

1 Apéndice de Petición para que se Expida Auto de Certiorari, 

págs. 2-5a.

2 Íd., págs. 6-7.

3 Íd., págs. 8-15.

4 Íd., págs. 16-44.

5 Íd., págs. 45-46.

6 Éstos incluyen una denegada petición de certiorari ante nuestra 

Curia (KLCE202101398).

7 Apéndice de Petición para que se Expida Auto de Certiorari, 

págs. 49-50.
KLCE202201390 3

opuso el 1 de junio de 2022 mediante una Moción en 

Oposición a Reconsideración.8

El 5 de octubre de 2022, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual declaró con lugar la 

Solicitud de Reconsideración de FirstBank.9 El 20 de 

octubre de 2022, el matrimonio Rullán-Emmanuelli

presentó una Moción de Reconsideración/Reiteración de 

Solicitud de Enmiendas y Moción de Desestimación por 

Falta de Acumulación de Parte Indispensable y Falta de 

Legitimación Activa.10 El TPI la declaró no ha lugar el 

16 de noviembre de 2022.11

Inconforme, el 19 de diciembre de 2022, el 

matrimonio Rullán-Emmanuelli presentó una Petición para 

que se Expida Auto de Certiorari e indicó:

Erró el [TPI] al emitir una Resolución 

denegatoria a la Moción de 

reconsideración/reiteración de solicitud de 

enmiendas y moción de desestimación por falta 

de acumulación de parte indispensable y falta 

de legitimación activa radicada para revisar 

la Resolución emitida por el [TPI] con fecha 

de 5 de octubre de 2022.

Por su parte, el 12 de enero de 2023, FirstBank 

presentó su Alegato en Oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

y el derecho y la jurisprudencia aplicable, se resuelve.

II. Marco Legal

A. Certiorari

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

8 Íd., págs. 54-56.

9 Íd., págs. 57-73.

10 Íd., págs. 74-113.

11 Íd., pág. 1.
KLCE202201390 4

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.

Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 
KLCE202201390 5

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 
KLCE202201390 6

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd.

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 
KLCE202201390 7

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948).

A la luz de la normativa, se resuelve.

III. Discusión

En suma, el matrimonio Rullán-Emmanuelli sostiene 

que el TPI erró al desautorizar las enmiendas a la 

Contestación a la Demanda y la reapertura del 

descubrimiento de prueba.

Según se indicó en la Sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las 

instancias en las que una determinación interlocutoria 

es susceptible a revisión. Además de las instancias 

específicas que se enumeran en la regla, este Tribunal 

puede revisar cualquier determinación interlocutoria con 

la que sea necesario intervenir para evitar un fracaso 

a la justicia. 

Ahora bien, la expedición del recurso de certiorari

al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

no opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las 

razones de peso que establece la Regla 40 de este 

Tribunal, supra. Este no es el caso.

Examinado el expediente, este Tribunal concluye que 

este caso no presenta alguno de los siete criterios de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, y no identifica una situación por la cual se deba 

expedir el auto que solicita el matrimonio 

Rullán-Emmanuelli. Ausente error, prejuicio o abuso de 

discreción, no procede intervenir con el dictamen del 

TPI.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.
KLCE202201390 8

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones