Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III-ESPECIAL

PR RECOVERY AND 

DEVELOPMENT JV, LLC.

Apelado

v.

THE WOMAN FROM MALLORCA, 

INC., IRON SPHYNX, 

CORP., Y MARÍA S. 

FIGUEROA LUGO T/C/C 

MARÍA SOCORRO FIGUEROA 

LUGO

Apelantes

KLAN202301046

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Civil Núm.:

SJ2019CV03405

Sobre:

Cobro de Dinero, 

Ejecución de 

Hipoteca y 

Ejecución de 

Gravamen 

Mobiliario

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez 

Flores

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2024.

Comparecen The Woman from Mallorca, Inc., Iron 

Sphynx, Corp., y la señora María S. Figueroa Lugo, en 

conjunto las apelantes, quienes nos solicitan que

revoquemos la Resolución emitida el 25 de octubre de 

2023. Mediante la misma, el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, declaró 

no ha lugar la Solicitud de Reconsideración que

presentaron las apelantes, quienes entienden que no 

procedía declarar ha lugar la Demanda sobre cobro de 

dinero, ejecución de hipoteca y ejecución de gravamen 

mobiliario, ni la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentadas por PR Recovery and Development, en

adelante PRRD o la apelada.

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución apelada.
KLAN202301046 2

-ISegún surge del expediente ante nos, PRRD 

presentó una demanda por cobro de dinero, ejecución de 

hipoteca y ejecución de gravamen mobiliario en contra 

de las apelantes.1 En la misma reclamó el pago de las 

cantidades adeudadas bajo el contrato de préstamo 

suscrito entre las partes, o en su defecto, la 

ejecución de la hipoteca y restantes garantías 

constituidas bajo aquel.

Posteriormente, las apelantes presentaron su 

Contestación a Demanda con Reserva de Derechos Bajo la 

R. 6.2(c), en la cual sostuvieron que la apelada no 

ostenta legitimación activa ni buena fe para cobrar la 

acreencia y que el Banco de Desarrollo Económico, en 

adelante BDE, estaba impedido de cederle el préstamo 

objeto del litigio a PRRD.2

Así las cosas, PRRD presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria.3 Adujo que es el acreedor legítimo

de las apelantes y que no existe controversia sobre 

los hechos materiales del caso de autos. Por tal 

razón, solicita que se dicte sentencia sumaria y que 

se obligue a las apelantes a pagar las cantidades 

adeudadas, o en su defecto, se venda el inmueble 

hipotecado en pública subasta y con el producto de la 

venta se pague a la apelada el importe de su 

reclamación.

Por su parte, las apelantes presentaron una 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.4 En esta 

reafirmaron los planteamientos esbozados en su

contestación a la demanda. En esencia, sostuvieron que 

1 Apéndice de las apelantes, págs. 1-75.

2 Id., págs. 76-83.

3 Id., págs. 84-106.

4 Id., págs. 107-195.
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la sentencia sumaria era improcedente porque existe 

controversia sobre la legitimación activa de PRRD para 

cobrar la acreencia reclamada.5 Del mismo modo, 

alegaron que el pleito de epígrafe no está maduro 

hasta tanto no se resuelva el pleito del BDE, en 

virtud del cual se impugna la validez del contrato de 

cesión entre aquel y PRRD.6

En desacuerdo, PRRD presentó una Réplica a 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la que 

arguyó, entre otras alegaciones, que la Ley de 

Transacciones Comerciales lo legitima como tenedor de 

los pagarés, por lo que tiene derecho a exigir el 

cumplimiento de la obligación que reclama y que la 

determinación del pleito sobre la validez del contrato

de transferencia de préstamos comerciales entre el BDE 

y PRRD, no afecta la condición de deudoras de las

apelantes.7

Tras evaluar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, el TPI declaró 

ha lugar la Demanda y la Solicitud de Sentencia 

Sumaria,8 posterior a formular las siguientes 

determinaciones de hechos listadas a continuación:

1. El 7 de febrero de 2013, el BDE, The Woman, 

como deudora, y Figueroa Lugo, como 

garantizadora solidaria, otorgaron un 

Contrato de Préstamo (en adelante, el 

"Contrato de Préstamo"), autenticado por la 

notaria Yadira H. Rosario Rosario bajo el 

afidávit número 845, mediante por el cual

[sic.] se le concedió a The Woman un 

préstamo por la suma $1,493,286.00 divido en 

las siguientes facilidades de crédito:

a. Un préstamo interino y permanente por la 

suma principal de $1,363,286.00 (en 

adelante, el "Préstamo I"), y

5 Id., págs. 118-120.

6 Id. págs. 110-112.

7 Apéndice de la apelada, págs. 205-222.

8 Apéndice de las apelantes, págs. 198-222.
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b. Un préstamo a término por la suma 

principal de $130,000.00 (en adelante, 

el "Préstamo II").

2. El Préstamo I está evidenciado por un pagaré 

operacional emitido por The Woman, como 

deudora, y Figueroa Lugo el 7 de febrero de 

2013 a favor del BDE, o a su orden, 

debidamente endosado a favor de PR Recovery, 

por la suma principal de $1,363,286.00 y 

vencimiento el 5 de febrero de 2039, 

autenticado bajo el afidávit número 846 de 

la notaria Yadira H. Rosario Rosario (en 

adelante el "Pagaré Operacional I").

3. El Préstamo II está evidenciado por un 

pagaré operacional emitido por The Woman, 

como deudora, y Figueroa Lugo el 7 de 

febrero de 2013 a favor del BDE, o a su 

orden, debidamente endosado a favor de PR

Recovery, por la suma principal de 

$130,000.00 y vencimiento el 5 de febrero de 

2018, autenticado bajo el afidávit número 

847 de la notaria Público Yadira H. Rosario 

Rosario (en adelante el "Pagaré Operacional 

II").

4. El Contrato de Préstamo fue enmendado el 14 

de febrero de 2014 mediante una carta 

suscrita por el BDE, The Woman como deudora 

y Figueroa Lugo, como garantizadora 

solidaria (en adelante, la "Enmienda I al 

Contrato de Préstamo").

5. El Contrato de Préstamo fue enmendado el 13 

de junio de 2014 mediante carta suscrita por 

el BDE, The Woman como deudora y Figueroa 

Lugo, como garantizadora solidaria (en 

adelante, la "Enmienda II al Contrato de 

Préstamo").

6. El Contrato de Préstamo fue enmendado el 20 

de enero de 2015 mediante carta suscrita por 

el BDE, The Woman como deudora, Figueroa 

Lugo y Iron, ambas como garantizadoras

solidarias (en adelante, la "Enmienda III al 

Contrato de Préstamo").

7. PR Recovery es el tenedor físico y por 

endoso del Pagaré Operacional I y del Pagaré 

Operacional II.

8. Como colateral para asegurar el pago y 

cumplimiento puntual de sus obligaciones 

bajo el Contrato de Préstamo y toda 

obligación presente y futura de The Woman 

para con el BDE, ahora PR Recovery, ésta

[sic.] entregó a PR Recovery el siguiente 

pagaré hipotecario, el cual está en posesión 

de PR Recovery:

Pagaré hipotecario emitido el 7 de febrero 

de 2013, por The Woman a favor de BDE, o a 

su orden, debidamente endosado a favor de PR 

Recovery por la suma principal de 

$1,493,286.00 (en adelante, el "Pagaré 

Hipotecario").
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a. El Pagaré Hipotecario está garantizado 

por hipoteca constituida mediante la 

Escritura Número 10 de Hipoteca en 

Garantía de Pagaré, otorgada en San 

Juan, Puerto Rico, el 7 de febrero de 

2013, la cual quedó inscrita bajo el 

sistema Karibe sobre la finca número 829 

de San Juan Antiguo, Registro de la 

Propiedad, Primera Sección de San Juan, 

inscripción 21 (en adelante, la 

"Hipoteca").

9. La Hipoteca que garantiza el Pagaré 

Hipotecario grava la siguiente propiedad, 

cuyo titular registral es The Woman:

URBANA: CALLE SAN JUSTO de San Juan Antiguo. 

Solar: 23. Cabida: 254.08 Metros Cuadrados. 

Casa #23 de la Calle San Justo de esta 

Ciudad, terrera de piedra y azotea con un 

solar que mide 12.80 metros de ancho por

18.25 m de fondo y una superficie de 254.08 

M.C. de las cuales hay edificados 237.28 

M.C. y los 16.80 M.C. restantes están 

destinados a patio. Linda por la derecha 

entrando con la Sucesión Carbonell; por la 

izquierda con Felipe Hetch y por su frente 

con José Crespo.

10. El gravamen sobre el Pagaré Hipotecario 

quedó debidamente perfeccionado al haberse 

entregado al acreedor hipotecario la 

posesión del Pagaré Hipotecario, cuyo 

tenedor al presente lo es PR Recovery.

11. Como colateral adicional para asegurar el 

pago y cumplimiento puntual de sus 

obligaciones bajo el Contrato de Préstamo, 

el 7 de febrero de 2013, The Woman suscribió 

un Acuerdo de Gravamen Mobiliario (en 

adelante, el "Gravamen Mobiliario"),

autenticado bajo el afidávit número 850 de 

la Notario Público Yadira H. Rosario 

Rosario, mediante el cual transfirió, cedió, 

otorgó y/o pignoró a favor de BDE, ahora PR 

Recovery, todo derecho, título y/o interés 

sobre todo el equipo y maquinaria, 

inventario y las cuentas por cobrar, 

presentes o futuras, y el producto de 

cualesquiera de ellos, incluyendo sin 

limitarse al equipo a ser adquirido por The 

Woman con los fondos del préstamo.

12. El Gravamen Mobiliario fue perfeccionado 

mediante la radicación de una declaración de 

financiamiento en el Departamento de Estado 

de Puerto Rico (en adelante, la "Declaración 

de Financiamiento").

13. El 7 de febrero de 2013, Figueroa Lugo 

otorgó una Garantía Continua e Ilimitada, 

autenticado [sic.] bajo el afidávit número 

851 de la Notario Público Yadira H. Rosario

Rosario, (en adelante, la "Garantía"), 

mediante la cual garantizó solidariamente el 

pago de todas las obligaciones presentes y 

futuras de The Woman.
KLAN202301046 6

14. The Woman, Iron Sphynx y Figueroa Lugo han 

incumplido con sus obligaciones de pago bajo 

el Contrato de Préstamo, la Garantía y los 

demás documentos de préstamo antes 

señalados. En específico, la Parte Demandada 

incumplió con las obligaciones contraídas 

bajo el préstamo hipotecario descrito al 

dejar de pagar las mensualidades vencidas,

por lo que se [sic.] PR Recovery declaró las 

deudas vencidas en su totalidad y reclama 

las siguientes sumas adeudadas bajo el 

Contrato de Préstamo, la Garantía, el Pagaré 

Hipotecario y los demás documentos de 

préstamo, al 19 de julio de 2019:

The Woman, Iron y Figueroa Lugo, adeudan la 

suma de $2,078,227.59, la cual se compone 

de: (i) $1,426,403.02 por concepto de 

principal; más (ii) $489,117.42 por concepto 

de intereses acumulados y no pagados, 

cantidad que se continúa acumulando hasta su 

total y completo pago a razón de $312.64 

diarios; más (iii) $13,378.55 por concepto 

de cargos por demora; más (iv) $149,328.60 

por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado pactados expresamente por las 

partes, según se desprende del Pagaré 

Hipotecario y otros documentos anteriormente 

descritos. Véase Anejo A esta moción, 

15. Al presente, las obligaciones de pago de las 

demandadas se encuentran vencidas, son 

líquidas e inmediatamente exigibles.

16. Las gestiones de cobro por parte de PR 

Recovery para con las demandadas han 

resultado infructuosas.

17. A pesar de ello y de los requerimientos de 

pago de PR Recovery, al presente las 

demandadas, en incumplimiento de las 

obligaciones asumidas bajo el Contrato de 

Préstamo y los demás documentos de préstamo, 

no han saldado dicha deuda en su totalidad.

18. PR Recovery es tenedor de buena fe del 

Pagaré Operacional I, Pagaré Operacional II

y Pagaré Hipotecario antes descritos, por lo 

que es el actual acreedor de las 

obligaciones que son objeto de la presente 

acción.9

A la luz de las determinaciones de hechos

previamente citadas, el TPI razonó que PRRD demostró 

incontrovertiblemente, mediante prueba documental,

fehaciente y admisible, que es el tenedor actual de 

los pagarés que evidencian el préstamo concedido a las

apelantes y cuyo cobro y ejecución se solicita en este

caso; que la propiedad gravada por la hipoteca consta 

9 Id., págs. 205-208.
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inscrita en el Registro de la Propiedad; el 

incumplimiento de la apelante con sus obligaciones de 

pago; y que la deuda reclamada se encuentra vencida,

líquida y exigible.10

En desacuerdo con dicha determinación, las

apelantes presentaron una moción de reconsideración11 a 

la que PRRD se opuso12, que el TPI declaró No Ha 

Lugar13.

Insatisfechas, las apelantes presentaron una

Apelación en la que invocan la comisión del siguiente

error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DECLARAR SIN LUGAR LA RECONSIDERACIÓN 

SOLICITADA Y SOSTENERSE EN SU DETERMINACIÓN DE 

"HA LUGAR" EN CUANTO A LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA Y LA DEMANDA DE LA PARTE DEMANDANTEAPELADA YA QUE ANTE LA REALIDAD DE QUE LA 

LEGITIMIDAD Y BUENA FE DE LA TENENCIA DEL PAGARÉ 

HIPOTECARIO OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA 

POR PARTE DE LA PARTE DEMANDANTE-APELADA SE

ENCUENTRA SUB JUDICE EN UN PLEITO ACTIVO ANTE LOS 

TRIBUNALES DE PUERTO RICO LO CUAL REPRESENTA UNA 

REAL Y GENUINA CONTROVERSIA DE HECHOS Y DE 

DERECHO QUE AMERITA UNA VISTA EN SUS MERITOS

[SIC.] EN ESTE CASO.

Oportunamente, la apelada presentó su Alegato en 

Oposición a Apelación.

Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.

-IIA.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

10 Id., págs. 218-220.

11 Id., págs. 223-231.

12 Id., págs. 238-250.

13 Id., págs. 263-264.
KLAN202301046 8

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.14 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.15

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil

dispone que un reclamante debe “presentar una moción

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.16

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.17 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o

refuta el hecho.18 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

14 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 

277-279 (2021); Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100,

110-113 (2015); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213 

(2010).

15 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra, págs.

277-279; Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 110-113; 

Ramos Pérez v. Univisión de PR, supra, pág. 214.

16 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

17 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).

18 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).
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sumaria del conflicto.19 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que

lo apoya.20

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para revisar una sentencia 

sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 

v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en el 

sentido de que no puede tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el

Tribunal de Primera Instancia y no puede 

adjudicar los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable 

a favor de la parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor.

Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe

revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 

como su Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera 

v. JF Montalvo, supra.

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir con la

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil

y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del

19 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 432.

20 Id.; Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3(b)(3).
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caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro

primario en su Sentencia.

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el 

foro apelativo intermedio procederá entonces a

revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la

controversia.21

B.

Los contratos constituyen una de las fuentes de

las obligaciones en el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño.22 En el ámbito del derecho contractual 

rige el principio de libertad de contratación, según 

el cual los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público.23

Una vez las partes acuerdan esos pactos, 

cláusulas y condiciones mediante un contrato, están 

obligadas a cumplir con los mismos.24 Esto es así 

porque “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos”.25 Este 

principio conocido como pacta sunt servanda impone a

las partes contratantes la exigencia de cumplir con lo 

pactado pues supone la inalterabilidad de los acuerdos 

contenidos en el contrato.26 De modo, que los contratos 

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las 

21 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int.,

Corp., supra, págs. 118-119. (Énfasis en el original).

22 Debido a que el contrato en controversia se suscribió previo a 

la aprobación del Código Civil de 2020, el presente trámite 

apelativo está regulado por el Código Civil de 1930. Art. 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.

23 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.

24 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943 (2018).

25 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994.

26 Rodríguez García v. UCA, supra.
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consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley.27

C.

El Art. 1631 del Código Civil de 1930 define el 

contrato de préstamo en los siguientes términos:

Por el contrato de préstamo, una de las partes 

entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para 

que use de ella por cierto tiempo y se la 

devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o 

dinero u otra cosa fungible, con condición de 

volver [sic] otro tanto de la misma especie y 

calidad, en cuyo caso conserva simplemente el 

nombre de préstamo.

El comodato es esencialmente gratuito.

El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto 

de pagar interés.28

Por su parte, el TSPR ha definido el contrato de 

préstamo como:

[...] unilateral, por cuanto sólo produce 

obligaciones para una de las partes, que es el 

prestatario; traslativo de dominio, en el sentido 

de que, con la entrega de la posesión, se entrega 

también su título, ya que el prestatario recibe 

la cosa para gastarla, estando este obligado a 

devolver el género y; gratuito u oneroso, según 

se hayan pactado el pago de intereses o no.

Toda vez que el contrato de préstamo es uno 

unilateral, por generar obligaciones a cargo del 

prestatario, éste estará obligado a entregar lo

prestado –con sus intereses si se pactaron- una 

vez el término haya vencido.29

D.

La Ley Núm. 208-1995, conocida como la Ley de 

Transacciones Comerciales, según enmendada30, se adoptó 

con la finalidad de simplificar, clarificar y

modernizar el derecho que rige las transacciones 

comerciales, uniformar el derecho entre las diversas 

27 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.

28 Art. 1631 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4511.

29 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 492 (2010). (Citas 

omitidas).

30 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401 nota et 

seq.).
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jurisdicciones existentes y permitir la continua 

expansión de las prácticas comerciales.31

Ahora bien, un instrumento negociable, según 

definido por el mencionado cuerpo normativo, es “una

promesa incondicional de pagar una suma de dinero, 

pagaderos a la presentación o en fecha determinada,

que no contiene ninguna otra promesa u orden”.32

En cuanto a la persona con derecho a exigir el 

cumplimiento de un instrumento negociable, la Ley de 

Transacciones Comerciales dispone: 

"Persona con derecho a exigir el cumplimiento de 

un instrumento" significa (i) el tenedor del 

instrumento, (ii) una persona que no es tenedor 

pero está en posesión del instrumento y tiene los 

derechos de un tenedor, o (iii) una persona que 

no está en posesión del instrumento pero tiene 

derecho de exigir el cumplimiento del instrumento 

de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2-

309 y de la Sección 2-418(d). Una persona puede 

ser una persona con derecho a exigir el 

cumplimiento del instrumento aunque la persona no 

sea el dueño del instrumento o lo posea 

indebidamente.33

Sobre lo que constituye una cesión de un 

instrumento negociable, el Capítulo 2 de la Ley de

Transacciones Comerciales, supra, establece que esta 

ocurre “cuando se entrega por una persona que no sea

su emisor con el propósito de darle a la persona que 

lo recibe el derecho a exigir el cumplimiento del 

instrumento”.34 “Sea esta una negociación o no, 

confiere al cesionario cualquier derecho del cedente a 

exigir el cumplimiento del instrumento, incluyendo

cualquier derecho que tuviese como tenedor de buena fe 

...”.35

31 Sec. 1-101 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 401); Cruz 

Consulting v. El Legado, et al., 191 DPR 499, 508 (2014); COSSEC 

v. González López, 179 DPR 793, 802 (2010).

32 Sec. 2-102 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 504(a)).

33 Secc. 2-301 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 601).

34 Sec. 2-203 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 553).

35 Id. Véase, además, DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago

Martínez, 202 DPR 950 (2019).
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E.

El Art. 1118 del Código Civil establece lo 

siguiente:

Artículo 1118. — Pago de buena fe al poseedor del 

crédito. (31 LPRA § 3168)

El pago hecho de buena fe al que estuviere en 

posesión del crédito liberará al deudor.36

En lo aquí pertinente, el TSPR resolvió:

[s]erán casos de aplicación del art. 1164 [del 

Código Civil Español, equivalente al art. 1118] y 

consiguiente eficacia del pago: el hecho al 

acreedor primitivo por un deudor que no conozca 

la cesión del crédito ni la incapacidad 

sobrevenida aquél; el que se verifique en favor 

de un cesionario, reconocido como tal, aunque 

después se declare la rescisión o nulidad de la 

transmisión, y el que se haga a los que, como

herederos, posean la del acreedor. En estos 

casos, ni puede perjudicar al deudor que aquéllos

a quienes pague sean luego vencidos en juicio, ni 

a los que en éste triunfen quedará otro medio que 

reclamar al que cobró indebidamente. (citas 

internas omitidas).37

Así pues, el deudor de buena fe que paga a quien 

aparenta ser el acreedor, queda liberado de la 

obligación sin perjuicio de que el verdadero acreedor

pueda ejercitar una acción de enriquecimiento sin 

causa contra el acreedor aparente.38

Finalmente, conviene destacar que la validez y 

los efectos del pago de una obligación representada

por un instrumento negociable se rige por la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra.39 En lo aquí 

pertinente, la Sección 2-602(a) de dicho cuerpo 

normativo establece que el pago será efectivo y 

extinguirá la obligación cuando lo hace la persona 

obligada a pagar el instrumento y se hace a la 

persona con derecho a exigir su cumplimiento.40 Ello, 

36 Art. 1118 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3168.

37 Rodríguez v. Banco Popular de Puerto Rico 66 DPR 781, 784-85 

(1946).

38 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, Tomo I, Vol. II, 

Bosch, Barcelona, 4 ta. Ed., 1988, págs. 259-260.

39 Art. 1125 de la Ley Núm. 55-2020 (31 LPRA sec. 9163).

40 Sec. 2-602 de la Ley Núm. 208-1995 (19 LPRA sec. 752).
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aun cuando el deudor haya hecho el pago con 

conocimiento de la existencia de una reclamación 

contra el instrumento por parte de un tercero.41

F.

En nuestro ordenamiento jurídico, la hipoteca se 

concibe como un derecho real, de naturaleza accesoria 

e indivisible y de constitución registral.42 La 

garantía hipotecaria "sujeta directa e inmediatamente

los bienes y derechos sobre los cuales se impone, 

cualquiera que sea su poseedor o titular, al 

cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue 

constituida".43

Del mismo modo, el contrato de hipoteca garantiza 

siempre el cumplimiento de una obligación principal.44

En armonía con los preceptos anteriores, se ha 

definido la hipoteca como:

[u]n derecho real que [...] sujeta o vincula lo 

hipotecado, cualquiera que sea su titular, al 

poder de exigir eventualmente la realización de 

su valor, así como la adopción de medidas 

dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o 

garantía de la efectividad de alguna obligación 

dineraria, y cuyo derecho es de carácter 

accesorio, indivisible, de construcción 

registral, y grava bienes inmuebles enajenables, 

que permanecen en posesión de su propietario o 

titular.45

Además, el gravamen hipotecario se presume

válidamente constituido si está convenido en escritura

pública y tal escritura pública consta inscrita en el 

Registro de la Propiedad.46 "La inscripción es, pues, 

el acto constitutivo mediante el cual la garantía 

41 M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario Instrumentos Negociables, 

San Juan, Bibliográficas, 2009, pág. 433.

42 Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 784 (2008).

43 Art. 54 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 6081).

44 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 

5001.

45 L. R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 2da ed., Jurídica Editores 2002, pág. 481.

46 Art. 57 de la Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 6084).
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produce efectos reales y adviene eficaz erga omnes al 

ámbito de los derechos reales".47

Cuando vence la obligación principal garantizada 

mediante hipoteca, procede la ejecución del crédito 

hipotecario mediante una acción civil ordinaria en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca, que no es otra 

cosa que la venta en pública subasta del inmueble 

gravado.48

-IIIEn síntesis, las apelantes impugnan la capacidad

de PRRD para cobrar las cantidades reclamadas por 

varias razones. Entienden que el Loan Sale Agreement

es nulo porque fue el resultado de una transacción 

fraudulenta, que se está impugnando ante el TPI. En 

consecuencia, consideran que la Sentencia apelada es

prematura hasta que se resuelva esta controversia. 

Sostienen, además, que la apelada no es la legítima

tenedora por endoso del pagaré debido a que la 

adquisición de las acreencias se hizo sin notificación

a las apelantes, por lo que quedaron exoneradas de las 

obligaciones alegadas en la Demanda.

Por su parte, la apelada arguye que es la actual 

y legítima acreedora del crédito en controversia. Esto 

obedece a que los pagarés que representan la deuda 

fueron debidamente cedidos y endosados a su favor. A

su entender, BDE no estaba impedido de ceder el 

préstamo a su favor. De todos modos, una restricción a 

la cesión sería contraria a la Ley de Transacciones

Comerciales, supra, y a la ley orgánica del BDE.

Además, la nulidad del contrato de cesión de crédito

47 Rosario Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 493-494 (1984).

Véase, además, Crespo Rodríguez v. González González, 208 DPR 

557, 574 (2022).

48 Regla 51.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 51.3).
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no afecta la condición de deudoras de las apelantes. 

En todo caso, el pago que realice extingue la

obligación para cualquier acreedor.

Luego de revisar cuidadosamente los documentos 

que obran en autos, determinamos que PRRD cumplió 

cabalmente con los requisitos de forma de la Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra. Así, pues, 

presentó documentos y una declaración jurada en apoyo 

de sus alegaciones.49 En cambio, la apelada incumplió 

crasamente con sus obligaciones bajo la Regla 

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.50 Esto es 

así, porque no citó específicamente los párrafos según 

enumerados en la moción de sentencia sumaria que 

considera que están en controversia. Menos aún,

especificó la página o sección de la prueba que 

establece una controversia real sobre los hechos 

materiales pertinentes para adjudicar la reclamación.

Por el contrario, su oposición consistió en una 

extensa argumentación de derecho sobre la nulidad del

contrato de cesión de activos entre BDE y PRRD, y los 

documentos que acompañó con su escrito solo pretenden

apoyar dicha contención jurídica. En ningún momento 

controvirtió los hechos y documentos presentados por 

la apelada.

Ante dicho escenario, corresponde determinar si 

el TPI aplicó correctamente el derecho y adelantamos 

que a nuestro entender sí lo hizo. Veamos.

Surge de los documentos que obran en autos que 

las partes suscribieron un contrato de préstamo51 que 

49 Apéndice de las apelantes, págs. 9-75 y 103-104.

50 Id., págs. 107-195.

51 Id., págs. 9-29.
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está representado por dos pagarés52. Que dicho contrato 

se enmendó53 y la nueva obligación está reconocida por 

un pagaré54. Además, ambos pagarés se endosaron a favor

de PRRD.55 A esto hay que añadir que la obligación

suscrita por las apelantes está garantizada por un 

bien inmueble de su propiedad.56 Como si lo anterior 

fuera poco, las partes suscribieron un gravamen 

mobiliario sobre determinados bienes57 y las apelantes

garantizaron, solidariamente, el pago de sus 

obligaciones presentes y futuras mediante la 

suscripción de una garantía continua e ilimitada58.

Finalmente, las apelantes incumplieron con las 

obligaciones contraídas y las gestiones de cobro 

realizadas resultaron infructuosas.59 En consecuencia,

las apelantes adeudan las cantidades reconocidas en la

sentencia, que son a su vez líquidas y exigibles.

Reiteramos que nada de lo anterior fue controvertido 

por las apelantes.

Por otro lado, el ataque a la transacción de 

cesión de créditos entre BDE y PRRD es inconsecuente 

con relación al pleito ante nuestra consideración. De 

un examen cuidadoso del expediente se desprende que

las apelantes son parte de una obligación crediticia 

válida, garantizada hipotecariamente, que no han

cumplido. Esta obligación es vinculante ante el 

poseedor del crédito, en este caso PRRD. De modo que 

de cumplir la misma quedarán liberadas respecto a 

cualquier acreedor potencial. Si posteriormente 

52 Id., págs. 30-33.

53 Id., págs. 36-37.

54 Id., págs. 40-55.

55 Id., págs. 103-104.

56 Id., págs. 42-55 y 105-106.

57 Id., págs. 57-68.

58 Id., págs. 71-73.

59 Id, págs. 74-75 y 103-104.
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resulta que BDE vence en el pleito, tal evento no 

afectará la posición jurídica de las apelantes. Así 

pues, aquel tendrá que reclamar su acreencia de quien 

resultó vencido, es decir, PRRD.

Para terminar, somos de la opinión de que las 

apelantes carecen de apoyo para sustentar sus 

argumentos. Veamos.

En primer lugar, la ingenua invocación

talismánica del Caso Núm. SJ2019CV11697, sub judice y 

paralizado porque “las partes entienden que hay buenas 

posibilidades de transigir el pleito”, no constituye

un fundamento jurídico válido para impugnar una 

obligación de pago firmemente anclada en nuestro 

ordenamiento cambiario. Por ende, mientras no 

prevalezca el BDE mediante sentencia firme, la apelada 

es la dueña del crédito reclamado y en consecuencia,

tiene derecho a exigir su cobro. Como bien señaló el 

foro apelado, el litigio en cuestión “no equivale a 

detallar la evidencia admisible que sostiene la 

impugnación de un hecho material”.60

En segundo lugar, ninguna sentencia del Tribunal 

de Apelaciones es vinculante.61 Por el contrario, se 

consideran persuasivas. Menos aún, una opinión 

disidente de una sentencia de este tribunal,

persuasiva, basada esencialmente, en otra sentencia de 

este mismo tribunal intermedio, igualmente persuasiva.

Finalmente, Rodríguez v. Corte, 53 DPR 758 (1938) 

es completamente distinguible del caso de autos. Ello 

obedece a tres poderosas razones, a saber: (1) dicha 

opinión es anterior a la vigencia de la Ley del 

60 Id., pág. 217.

61 Art. 4.005 de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24x).
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Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 6001 et seq., y 

de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, que 

regulan la ejecución de la hipoteca de bien inmueble y

la cesión y el cobro del instrumento negociable ante 

nuestra consideración; (2) el ordenamiento hipotecario 

vigente derogó el procedimiento ejecutivo sumario, en

cuyo contexto se resolvió Rodríguez v. Corte, supra; y 

(3) entre el procedimiento sumario hipotecario, 

reiteramos ya derogado, y el mecanismo de la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, que reguló el 

procedimiento mediante el cual se estableció la 

legitimidad de la deuda cuyo cobro se solicita, solo 

media una semejanza, a todas luces, superflua e 

insignificante: el adjetivo sumario. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma

la Sentencia Sumaria apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

La jueza Grana Martínez disiente sin opinión 

escrita.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones