Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

ÁNGEL CRUZ CABRERA

Recurrente 

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202300604

Revisión 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso núm.: 

PP-866-23

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el 

Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

El recurso de referencia, presentado por derecho propio por 

un integrante de la población correccional, infringe de forma 

sustancial con los requisitos de nuestro Reglamento, cuyo 

cumplimiento era necesario para su consideración. Véase, por 

ejemplo, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55 y 59. Por tal razón, se desestima 

el mismo.

Mediante el recurso de referencia, suscrito el 15 de noviembre

de 2023, el Sr. Ángel Cruz Cabrera (el “Recurrente”) solicita la 

intervención de este Tribunal a raíz de su inconformidad con su 

“Hoja sobre Control de Liquidación de Sentencia”. Expuso que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) le había 

notificado que, por el Recurrente haberse fugado, “el tiempo de 

evasión no se incluye en el tiempo de confinamiento”; es decir, “el 

tiempo de confinamiento es el tiempo ingresado en el penal”. Según 

asevera el Recurrente, Corrección le notificó que su “mínimo” se 

cumplirá en enero de 2028, pues el Recurrente se fugó el 28 de junio 

de 2011 y no reingresó hasta el 12 de noviembre de 2020.
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El Recurrente arguye que “no se desprende del expediente ... 

denuncia, acusación, sentencia, informe y/o querella administrativa 

alguna que evidencie que se haya realizado algún procedimiento 

criminal” relacionado con alguna evasión. Además, el Recurrente 

alude a la Ley 85-2022 y plantea que estuvo recluido desde el 1995 

hasta junio de 2011.

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

La Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq. (“Ley 201”), 

establece que el Tribunal de Apelaciones será un tribunal intermedio 

y estará a cargo de revisar, “como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de 

forma discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. Art. 4.002 de la Ley 201, 4 LPRA 

sec. 24(u). 

En cuanto a la competencia del Tribunal de Apelaciones, el 

Art. 4.006 de la Ley 201 (4 LPRA sec. 24y) dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: 

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia 

final dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

 

(b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, 

de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 
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(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. En estos casos, la mera presentación 

del recurso no paralizará el trámite en el organismo o 

agencia administrativa ni será obligatoria la 

comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro 

apelativo a menos que así lo determine el tribunal. El 

procedimiento a seguir será de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la "Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico". 

(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 

expedir autos de hábeas corpus y de mandamus. 

Asimismo, cada uno de los jueces de dicho Tribunal 

podrá conocer en primera instancia de los recursos de 

hábeas corpus y mandamus, pero su resolución en tales 

casos estará sujeta a revisión por el Tribunal de 

Apelaciones, en cuyo caso, siempre que ello fuera 

solicitado por parte interesada dentro de los diez (10) 

días después que le fuera notificada, el Juez Presidente 

del Tribunal Supremo nombrará un panel especial no 

menor de tres (3) jueces ni mayor de cinco (5) jueces que 

revisará la resolución del Juez en cualesquiera de tales 

casos y dictará la sentencia que a su juicio proceda. 

 

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley especial.

 

Nuestra jurisdicción para atender un recurso de revisión 

judicial se limita, como norma general, a la revisión de una “orden 

o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan “agotado 

todos los remedios provistos por la agencia”. 3 LPRA sec. 9672. 

Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201), dispone en su Artículo 

4.006 (c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de revisión 

judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos 

o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. Esta orden o 

resolución final debe “incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho ... [y] conclusiones de derecho ...”. 3 

LPRA sec. 9654; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 

(2006); véase, además, Bennett v. Spear, 520 US 154 (1997).

Así pues, la disposición final de la decisión de la agencia es 

requisito básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer su 

función revisora. Para que una orden o resolución se considere 

final, la misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria de 
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la agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante el 

organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v. 

A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et 

al., 144 DPR 483 (1997).

El escrito presentado por el Recurrente incumple de forma 

sustancial con los requisitos de la Regla 34 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, cuyo cumplimiento es necesario para su 

perfeccionamiento. La parte que acude ante este Tribunal tiene la 

obligación de colocarnos en posición de poder determinar si tenemos 

jurisdicción para entender en el asunto y para revisar la 

determinación de la cual se recurre. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366-367 (2005); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-1 

(2013). Para ello, se requiere un señalamiento de los errores 

alegadamente cometidos por el ente recurrido y una discusión 

fundamentada de éstos, haciendo referencia a los hechos y al 

derecho que sustentan los planteamientos de la parte. Íd. De lo 

contrario, el recurso no se habrá perfeccionado y no tendremos 

autoridad para atenderlo. Íd.

El “hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, 

por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Por lo 

tanto, el Recurrente venía obligado al fiel cumplimiento del trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables al recurso instado 

ante nosotros. Soto Pino, supra. El hecho de que el Recurrente esté 

confinado no le concede un privilegio sobre otros litigantes en 

cuanto al trámite del recurso. 

En este caso, el Recurrente incumplió con su obligación de 

acreditar que este Tribunal tenga jurisdicción para entender sobre 

el recurso. No demostró que Corrección hubiese emitido una 

decisión revisable por nosotros, sobre el asunto que plantea, ni que 

se haya presentado el recurso de forma oportuna, de existir tal 
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decisión. Así pues, no se nos colocó en posición de acreditar nuestra 

jurisdicción. Adviértase que el término jurisdiccional para 

presentar un recurso de revisión ante este Tribunal es de 30 días. 

Véase Regla 57 del Reglamento de este Tribunal. 4 LPRA Ap. XXIIB, R.57. 

Más aún, el recurso presentado no identifica con precisión la 

solicitud formulada; tampoco se exponen adecuadamente los 

hechos o el derecho que podrían apoyar dicha solicitud. Tampoco 

se acompañó anejo alguno. Así pues, se incumplió con el requisito 

de incluir una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 

materiales del caso y una referencia adecuada al derecho que podría 

sustentar el planteamiento del Recurrente. 

Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de 

referencia por craso incumplimiento con nuestro 

Reglamento. Véase, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones