Núm ero I den tificado r SEN 2 0 2 4

_____ _ __________

E STADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III

- ESPECIAL

PR RECOVERY AND DEVELOPMENT JV, LLC.
Apela do

v.

T HE WOMAN FROM M ALLORCA, INC., IRON SPHYNX, CORP., Y MARÍA S. FIGUEROA LUGO T/C/ C MARÍA SOCORRO FIGUEROA

L UG O
Apel a nte s KLA N20 230 1046 A pelación procedente del Tribunal de Primera Ins tancia, Sala Superior de San Juan

Civ i l Núm.: SJ 20 19 CV03 405

Sobre: Cobro de Dinero, Ejecución de Hipoteca y Ejecución de Gravamen Mobi liario
Panel integrado por su presidente, el J u e z Figuero a Cabán, la Juez a G r ana M artínez y el Juez Rodríguez Flor es Figueroa Cabán, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puer to Rico a 27 d e marz o de 202 4

.

C ompar ece n The Woman f rom Mallorca , Inc., Iron
Sphynx, Corp., y l a señora María S. Fig ueroa Lug o , en
conju nto las apelantes, quien es nos soli cita n que

re v oquemos la R esolución emiti da el 2 5 de o ctubre de

2023

. M ediante la misma , el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan , en a dela nte TPI, declaró

no ha lugar la Solicitud de Reconsideración q ue
presenta ron las apelantes , quienes entienden qu e no
proced ía declarar ha lugar la D emanda sobre cobro de
dinero, ejecuc ión de hipoteca y ejecución de gravamen

mobilia r io , ni la Solicitud de S entencia Sumaria
presentada s por PR R ecovery and D evelopment , en

a d elant e PRRD o la apel a da

. Por los fundamentos que expondremos a
continuación, se c onfirm a la Resoluci ón apelada.KLAN 20 230 1046 2

- I
S egún surge del expediente ante nos, PR R D
presentó una d emanda por c obro de dinero, ejecu ción de
hipoteca y ejecución de gravamen mob i liario en contra

de la s apelantes

. 1 E n l a misma reclamó el pago de las
cantidades adeudadas bajo el contrato de préstamo
suscrito entre las partes, o en s u defecto , la
ejecución de la hipoteca y restantes garant ías
constituidas bajo aque l.

Posteriormente , l a s apelantes present aron su

Contestació n a Dem anda con Reserva de Derechos Bajo la

R. 6. 2 (c) , en la cual sostuv ieron qu e la apela da no

o sten ta legitimación ac t iva ni buena fe para cobrar la

acreencia y que el B a n co de Desarrollo Económico, en

adelante B D E , estaba impedido de cede rl e el préstamo
objeto del litigio a PRRD

. 2

Así las cosas , PRRD presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria

. 3 A d ujo que es el acreedor legí timo

de la s apelante s y que no existe controver s ia sobre

los hec hos materiales del cas o de a utos

. P or tal
razón, solicita que se dic te sentencia sumaria y que

se obli gue a las apelantes a pagar las cantidades

adeudadas, o en su defecto, se venda el inmueble
hipotecado en pública subasta y con el producto de la

venta se pague a la apelada el imp o r te de su

reclamación.

P or su parte , la s apelante s present aron una
Oposición a Sol icitud d e Sentencia Sumaria

. 4 En est a

reafirm aro n lo s pla nteam ien tos es b ozados en su

c ontestació n a la d em anda

. E n esencia, sostuv ieron que

1 A péndice de la s a pela ntes , pá g s
. 1

- 75

. 2 Id

. , pág s
. 76

- 83

. 3 Id

. , pág s
. 84

- 1 0 6

. 4 Id

. , pág s
. 1 0 7

- 1 95

.KLAN 20 230 1046 3

l a sentencia sumaria era improced e n te porque exist e
controversia sobre la legitimación activa de PRRD par a

cobr ar la acreencia reclamada

. 5 Del mismo modo,
aleg aron qu e el pleito de epígra f e no está mad uro

hast a tanto no se res uelva el p leito del BDE , en

virtud del cual se impugna la valid e z del contrato de
cesión entre aquel y PRRD

. 6

En desacuerdo, PRRD present ó u na R é plica a

O p osición a Moción de Sentencia Sumaria en la que
arguyó, entre otras alegaciones, que l a Ley de

Transacciones Come r cia les lo l e g i ti ma c omo tenedor de
los pagarés , p o r lo que tiene derecho a exigir el
cumplimiento de la obligación que reclama y que la

determinación de l pleito sobr e la validez d el contrato

de transferencia de pré s tamos come r ciale s e n tre el BDE

y PRR D , no afecta la condi ción de deudora s de la s
apelante s
. 7

Tras evaluar los escritos de las partes y los
documentos que obran en el e xpediente , el TPI declaró

h a l ugar la D emanda y la Solicitud d e Sentencia

Sumari a , 8 posterior a f ormu la r l a s siguientes

determinaciones de hechos listad a s a continuaci ón:

1. El 7 de f ebrero de 2013, el BDE, The Woman, como deudora, y Figueroa Lugo, como garantizadora solidaria, otorgaron un Co ntrato de Préstamo (en adelante, el "Contrato de Préstamo"), a utenticad o por la notaria Yadira H. Rosario Rosario bajo el afidávit número 845, m e diante por el cual [ sic .] se le concedió a The Woman un préstamo por la suma $ 1,493,286.00 divido en las s iguie ntes f acilidades de crédito:

a. Un préstamo interino y permanent e por la

s uma principal de $1,363,286.00 (en adelante, el "Préstamo I"), y

5 Id

. , pág s
. 1 1 8

- 120

. 6 I d. p ág s
. 110

- 112.
7 A péndice de la apela da, págs. 205

- 222.
8 A péndice de las apelantes , pág s
. 19 8

- 222

.KLAN 20 230 1046 4

b. Un pré s t amo a término por la suma principal de $130,000.00 (en adelante, el "Prés tamo I I").

2. El Préstamo I está ev iden c iado por un pagaré operacional emitido por The Woman, como deu dora, y F i gueroa Lugo el 7 de febrero de 2013 a favor del BDE, o a su orden, debi d a mente endosado a favor de PR Recovery, por la suma principal de $1,36 3,286.00 y vencimiento el 5 de febrer o de 2039, autenticado bajo el afidávit número 846 de la notaria Ya dira H. R o sario Rosario (en adelante el "Pagaré Operacional I").

3. El Préstamo II e s tá evidenciado por un pagaré operacional emitido por The Woman,

c omo deudora, y Figueroa Lugo el 7 de febr ero d e 2013 a favor del BDE, o a su orden, debidamente endosado a f avor de P R Recovery, por la suma principal de $130,000.00 y vencimiento el 5 de f e b rero de 2018, autenticado bajo el afidávit número 847 de la notar ia Público Yadira H. Rosario Rosario (en adel a nte el "Pagaré Operacional II").

4. El Contrato de Préstamo fue enmendado el 14 de febrero de 2014 mediante una carta suscrita por el BDE, The Wo m a n como deudora y Figueroa Lugo, como garantizadora solidaria (en adelante, la "Enmienda I al Contrato de P rést a mo").

5. El Contrato de Préstamo fue enmendado el 13 de junio de 2014 med i ante carta suscrita por el BDE, The Woman como deudora y Figueroa Lu go, c omo garantizadora solidaria (en adelante, la "Enmienda II al Contrato de Préstamo").

6. El Contrato de Prést amo f ue enmendado el 20 de enero de 2015 mediante carta suscrita po r el BDE, The Woman como deudora, Figueroa Lugo y Iron, ambas como garanti zadoras

s olidarias (en adelante, la "Enmienda III al Contrato de Préstamo").

7. PR Recovery es el tenedor físico y po r
en d oso del Pagaré Operacional I y del Pagaré Operacional II

.
8. Com o colater a l para asegurar el pago y cumplimiento puntual de sus ob ligaciones bajo e l Contrato de Préstamo y toda obligación presente y futura de The Woman para con el BDE, ahora PR Recovery , és t a [ sic .] entregó a PR Recovery el siguiente pagaré hipotecario , el cual está en posesión de PR Recovery:
Pagaré hipotecario emitido el 7 de fe b r ero de 2013, por The Woman a favor de BDE, o a su orden, debidamente endosado a favor de PR Recovery por la sum a prin cipal de $1,493,286.00 (en adelante, el "Pagaré Hipoteca rio").KLAN 20 230 1046 5

a. El Pagaré Hipotecario está garantizado por hipoteca constituida mediante l a Escritura Número 10 de Hipoteca en Garantía de Pagaré, otorga da en San Juan, Puerto Rico, el 7 de febrero de 2013, la cual quedó ins c rita bajo el sistema Karibe sobre la finca número 829 de San Juan Antiguo, Registro de la Propiedad, Primera Sección de S an Juan, inscripción 21 (en adelante, la "Hipoteca").

9. La Hipot ec a qu e garantiza el Pagaré Hipotecario grava la siguiente pro piedad,

c u yo titular registral es The Woman:

URBANA: CALLE SAN JUSTO de San Juan Antiguo. Solar: 23. Cabida: 254.08 Metros Cuad ra d os. Casa #23 de la Calle San Justo de esta Ciudad, terrera de p ie dra y azotea con un solar que mide 12.80 metros de ancho por 18.25 m d e fondo y una superficie de 254.08 M.C. de las cuales hay edificados 237.28 M.C. y los 16.80 M.C. restantes están dest in a dos a patio. Linda por la derecha entrando con la Sucesión Carb on ell; p or la izquierda con Felipe Hetch y por su frente con J osé Cresp o
.
10. El gravamen sobre el Pagaré Hipotecario quedó debidamente perfeccionado al haberse entregado al acreedor hipotecari o l a posesión del Pagaré Hipotecario, cuyo tenedor al presente lo es PR Re covery
.
11. Como colateral adicional para asegurar el pag o y cumpl i miento puntual de sus obligaciones bajo el Contrato de Préstamo, el 7 de febrero de 2013, The Woman suscribió un Acuer do de Gravamen Mobi l iario (en adelante, el "Gravamen Mobiliario"),

a u ten ticado bajo el afidávit número 850 de la Notario Público Yadira H

. Rosario Rosario, mediante el cual transfirió, cedió, otorgó y/o pignoró a favor de BDE, ahora PR Recovery, todo derec ho , título y/o interés sobre todo el equipo y maquinaria, inventar io y l as cuentas por cobrar, presentes o futuras, y el product o de cual e squiera de ellos, incluyendo sin limitarse al equipo a ser adquirido por The Woman con los fondos del préstamo.

12. El Gr av a men Mobi l iario fue perfeccionado mediante la radicación de un a de clar ación de financiamiento en el Departamento de Estado de Puerto Ri c o (en adelante, la "Declaración de Financiamiento").

13. El 7 de febrero de 2013, Figueroa Lugo otorgó una Garantía Conti nu a e Ilimitada, autenticado [ sic .] bajo el afidávit número 851 de la Not ar io P úblico Yadira H. Rosario Rosario, (en adelante, la "Gara ntía"),

m e diante la cual garantizó solidariamente el pago de todas las obligaciones presentes y futuras de The Woman

.KLAN 20 230 1046 6

14. Th e W oman , Iron Sphynx y Figueroa Lugo han incumplido con sus obligaciones de p ago bajo el Contr ato de Préstamo, la Garantía y los demás documento s de préstamo antes señalados. En específico, la Parte Demandada incumplió con las obligaciones contraídas bajo el préstamo hipotecario descrito al dejar de pagar las mensualidades venc idas , por lo que se [ sic

. ] PR Recovery declaró las deudas venc idas en s u totalidad y reclama las siguientes sumas adeudadas ba jo el Contrato de Préstamo, la Garantía, el Pagaré Hipote ca r io y los demás documentos de préstamo, al 19 de julio de 2019:

The Wo man, Iron y Figueroa Lugo, adeudan la suma de $2,078,227.59, l a cual se compone de: (i) $1,426,403.02 por concepto de principal; más (ii) $489,117.42 por concepto de intereses acumul ado s y no pagados, cantidad que se continúa acumulan do hasta su total y co mpleto pago a razón de $312.64 diarios; más (iii) $13,378.55 p or concep t o de cargos por demora; más (iv) $149,328.60 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado pactados e xpr e samente por las partes, según se desprende del P agaré Hipotecario y ot ros documentos anteriormente descritos. Véase Anejo A esta moc ión,

15. Al presente, las obligaciones de pago de l as demandadas se encuentran vencidas, son l í quidas e inmediatamente ex i gib les.

16. Las gestiones de cobro por parte de PR Recovery para con las d emandadas han resultado infructuosas.

17. A pesar de ello y de lo s requerimientos de pago de PR Recovery, al present e las demandadas, en incumplimiento de las obligaciones asumidas bajo e l Co ntrato de Préstamo y los demás documentos de préstamo,

no han salda d o dicha deuda en su totalidad.

18. PR Recovery es tenedor de buena fe del Pagaré Operacional I, Pagaré Operacional I I y Pagaré Hipotecario antes descritos, por lo que es el actual acreedo r de las obligaciones que son objeto de la presente acción. 9

A la luz d e las d eterminaciones de he c ho s

prev iam en te ci tadas, el TPI razonó que PRRD demostró

incontrovertiblemente, media n te prueba docu me nta l,

fehaci ente y admisible, que es el te nedor actual de
los pagarés que evidencian el préstamo concedido a la s

ape lante s y c uy o cobro y ejecución se soli c it a en e ste

c aso ; que la p ropiedad gravada por la h ipoteca consta

9 I d. , p ágs . 20 5

- 208.KLAN 20 230 1046 7

inscrita en el Re g istro de la Prop ie dad ; el
incumplimiento de la ape l ante con sus obliga c ion es de

pago ; y que la deud a r eclamada se encuentra ve nc ida,
líquida y exigible. 10

En de sacuerdo con dicha determinación , la s

ape lante s present aron una moción de reconsideración 11 a

la q ue PRRD se opuso 12 , que el TPI declaró No Ha

Lugar 13

.
Insatisfecha s , la s ape lantes prese nt aron un a
Apelación en la que i n v oc a n la comi sión de l s iguiente

e rror :
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA RECONSIDERACIÓN SOLICIT A DA Y SOSTENERSE EN SU DETERMINACIÓN DE "HA LUGAR" EN CUAN TO A LA SOLIC I TUD DE SENTENCIA SUMARIA Y LA DEMANDA DE LA PARTE DEMANDANTE

APELADA Y A QUE ANTE LA REAL IDAD DE QUE LA LEGITIMIDAD Y BUENA FE DE LA TENENCIA DEL PAGARÉ HIPOTECARIO OBJETO DE LA PRESENT E CONTROVERSIA POR PARTE DE LA PARTE DEMANDANTE

- APELADA SE ENCUENTRA SU

B JU DICE EN UN PLEITO ACTIVO ANTE LOS TRIBUNALES DE PUERTO RIC O LO CUAL REPRESENTA UNA RE AL Y GENUINA CONTROVERSIA DE HECHOS Y DE DERECHO QUE AMERITA UNA VISTA EN SUS MERITOS [ SIC

. ] EN E STE CASO.

O po rt unamente, la a pelada p re sent ó su Alegato en
Oposición a Ap elación

. Luego de revisar los escrito s de las partes y los

d ocument o s que obr a n en au to s, estamos en posición de

resolver.

- II
A.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal

ex t raord inari o y discrecional, que tiene el propósito

de facilitar la sol u ció n justa y rápida de los
litigios y ca sos civiles que n o pr e s enten

c o nt rov ersi a s g enui na s de hechos materiales y que, por

10 Id ., pá g s
. 218

- 2 20

. 11 Id ., p ág s
. 223

- 231

. 12 Id ., pág s
. 238

- 250

. 13 Id ., pág s
. 263

- 2 6 4

.KLAN 20 230 1046 8

lo tanto, no ameritan la celebración d e una vista en

su fond o
. 14 Se trat a de un mecanismo para aligerar la
tramitación de un caso, c u and o de los documentos que
acompañan la solicitud surge q ue n o existe d is put a

so b re algú n hecho material y lo que procede es l a
aplicación del derecho. 15

Al respe cto, la Regla 36.1 de P r oced imien to Civil
dispone que u n reclamante debe “presentar una moción

fun dada en declaraciones juradas o en aq uella

evidenci a que d e muestre l a in exis t enci a de una

controversia sustancial de hech os esenciales y
pertinentes, para que el tribunal dicte sent e ncia

suma riamente a su favor so bre la totalidad o cualquier
parte de l a re clamación solicitada”. 16

El Tribunal S upremo de Puer to Rico , en adel a n te

TSPR , ha decl a rado enfáticamente que quien se opone a

una solicitud de sentencia sumar ia tiene que ceñirse a

c iert as ex igencias en lo atinent e a los hechos. 17 Esto

es, recae sobre e l op onente la obligación de citar
específ icamente los p ár rafos , según e n u mer ados en e l

es c rito de sentencia sumaria, que entiende están en
controversia, y para ca da uno, detallar la evi d enci a

adm isible que fundamenta su alegación, y especificar
la página o sec ción de la evidencia qu e contradice o

refuta el hec ho

. 18 Ad e más, el o p one nte p uede som e ter
hechos materiales adicionales que alegadamente no

están en controver sia y que impiden la so l ució n

14 Ap on t e Valentín v. Pfi zer Pharm aceuticals, LL C , 208 DP R 263, 277

- 279 (2021); Melén de z Gonz ález v. M. Cuebas , 193 DPR 100, 110

- 1 13 (2015); Reyes Sánchez v. Eato n Electrical , 189 DPR 586 , 59 4 (2 013) ; Ramos Pérez v. Univ isió n d e P R , 17 8 DPR 2 00, 213 (2010).
15 A po n te Valentín v. Pfizer Phar maceuticals, L LC , supra , págs. 277

- 279; Meléndez Go nz ález v . M. Cue bas , supra , págs. 110

- 1 1 3 ; Ra mos Pérez v. Univisión de P R , supra , pág. 214.
16 Regla 3 6 .1 d e Pr oced imiento Civil , 32 LPR A Ap

. V, R. 3 6.1.
17 SLG Zapata

- R iv era v. J F Mont alvo , 189 DPR 414, 432 (2013).
18 I d .; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).KLAN 20 230 1046 9

sum aria del conflicto. 19 D e así hacerlo, tiene la
responsabilidad de, al igual que el prop onente,

enumerar los hechos en p árraf o s separa d o s e ind i car la

p i eza de evidencia que sostiene el hecho, con
referencia específica a la p arte de la evidencia qu e

lo apoya
. 20

Final mente, en M eléndez González, et als. v. M

. Cuebas, In c
. y Bo h í o Int. , C o rp , su p ra , el TSP R

estableció el estánd ar es pecífico que debe util izar el
Tribunal de Apelaciones para revisar una sentencia
sumaria dictada por el Tribunal de Pr imer a Instancia:

Pri mero , reafi rmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. B r av o , s u pra, a sa b er : el Trib un al d e Apelaciones se encue ntra en la misma posición d el Tribu nal de Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sent i do, está re gido p or la Regla 36 de Procedimiento Civil , su pra , y aplic a r á los m ismos cri t er ios q ue e sa reg la y la jurisprudencia le

e xigen al foro primario . Obviam ente, el foro apelativo intermedio estará limitado en el sentido de que no puede tomar e n co n sideración eviden cia que las partes no presentaron ante el Tribunal de P ri mer a Instancia y no p u ede ad judi car los hechos materia les e n controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Trib unal de Apelacio nes es una de nov o y debe examinar el expedient e de la mane r a m ás f a vorable

a fa vor d e la p arte que se opuso a la Moc ión d e Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.
Segundo , por e star en la misma posic ión que el foro primario, el Tribunal de Apelaciones d e be

re v i sar que t a nt o la Moci ón de Sentencia Sumaria

como su O posición cumplan con l os requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil , supra , y discuti dos en SLG Zapata

- Rive ra
v. JF Montalvo , supra.

Tercero , en el caso de revisión d e u na S e ntencia d i ct ada s umar ia ment e, el Tribunal de Apel acion es debe revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro apelativo interme dio ti ene q ue cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimie nto Civil y d e be ex

p o ner concr e ta ment e cuá le s he chos materiales encont ró qu e están en controversi a y cuáles están incontrovertidos

. Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que di sponga del

19 SLG Zapata

- Riv era v. J F Montalvo , s u pra , pág. 432.
20 Id. ; Regla 36.3 (b )(3) de Procedimiento Civil , 32 LPR A Ap. V, R. 3 6.3 (b )( 3).KLAN 20 230 1046 10

caso y pued e hace r referenci a al listado numerado de hecho s incontrove r t id os q u e emitió e l foro prim ar io e n su Sentencia.

Cuart o , y por último, de encontr ar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedi o proc eder á entonces a revis ar de novo si el Tribunal de Primera Inst ancia aplicó c or rec t a mente el D er echo a la
c ontr oversia. 21

B.
Los contratos constituyen una de las fuentes de
las obligaciones en el ordenamiento jurídico
puertorriqueño. 22 En el ámbito del de recho contractual
rige el pri nc ipio de libertad de contratación, según

el cua l l os co ntratante s pueden establece r los pactos,

c láusulas y condiciones que tengan por convenien tes,
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la

moral, n i al orden público. 23

Una v ez las partes acu erdan es os pactos,
cláusulas y condiciones mediante un co ntrat o, están

o bligadas a cumpli r con l o s mism o s. 24 Esto es así

porque “ [l]as obligaciones que nacen de los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y

deben cump l irse al tenor de los mi sm os ”. 25 Este
principio con ocido como pacta sunt ser vanda impone a
las partes contra tantes la exigencia de cumplir con lo
pactado pues supone la inalterabili dad de los acuerdos

contenidos en el contrato

. 26 De modo , que los contrat os

s e perfecc ionan por el me ro consentimiento, y desde
entonces obligan, no sól o al cumplimie n to de lo

expresam ente pactado, sino también a todas las

21 Mel é nde z González, et als. v. M. Cuebas, I nc. y Bohío Int. , Corp. , sup r a , pág s. 118

- 119. (Énfasis en el o r ig inal).
22 De bido a q ue el contrato en controversia se suscribi ó previo a la aprob ac i ón del C ódigo Civil de 2020 , el present e trámit e ap elativo está regulado por el Códi go Civil de 1930. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.
23 Art. 12 07 del Código Civil, 3 1 LP RA sec. 3372.
24 Rodríguez García v. UCA , 200 DPR 929, 943 (2018).
25 A rt

. 1044 de l Código Civil, 31 LPRA Sec. 29 94.
26 Ro dríg uez García v. UCA, su pra.KLAN 20 230 1046 11

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a
la buena fe, al uso y a la ley. 27

C

.

El Art. 1631 del C ó digo Civil de 1930 define el
contrato de préstamo en los s iguientes tér min os:

Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de e lla por ci erto t iempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama com oda t o, o dinero u otra cosa fungible, con condición de volver [sic] otr o ta nto de la mism a especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo.

El comodato es esencial men te grat uito

. El simple préstamo pued e ser gratuito o con pact o d e pagar interés. 28
Por su parte, el TSPR ha definido el con trato de

p rés tam o como:

[...] unilateral, por cuanto sólo produce obligaciones para una de las pa rtes, que es el prestatario; trasl ati vo de d omin io , en el sentido de que , con la entrega d e la pose sió n , se entrega también su título, ya que el prestatario reci be la cos a pa ra gastarla, e stando e ste obligado a devolver el género y; gratuito u oneroso, seg ún se hayan pactado el pago de int ere ses o n o.

To da vez que el contrato d e préstamo es un o unilate ral , por generar obligaciones a cargo del prestatario, é ste es tará obli g ado a entregar lo prestado

– con sus intereses si se pactaron

- una vez el término haya vencido. 29

D

. La Ley N úm. 2 08

- 199 5, conocid a co mo la Ley de

Transacciones Comerciales , según enmen dad a 30 , se adoptó
con la finalidad de simplificar , clarificar y

moderniz a r e l d ere cho que rige las transacciones

comerciales , unifo r mar el derecho entre l as d iversas

27 Art. 1210 del Có digo Civ il, 31 LPRA sec. 3375.
28 Art. 1631 del Código Civil , 3 1 LPRA sec. 4511.
29 Torres, Torres v. T or res et al , 179 DPR 481, 492 (2010). (Citas omitidas).
30 S e c. 1

- 1 01 de la Ley Núm. 208

- 1995 ( 19 L P R A sec. 40 1 no ta e t seq .).KLAN 20 230 1046 12

jurisdicciones exist entes y p ermitir la co ntinua
expansión de las prácticas comerciales. 31

Aho r a bien, u n instrumento negociable, según
definido por el m encionad o cue rpo normativo , es “una
promesa incondicional de pagar u na suma de dinero,
pagader os a la presentación o en fecha de t er min ada,

que n o contiene n inguna otra promesa u orden”. 32

En cuanto a la persona con derecho a exigir el
cumplimiento de un instrumento nego cia ble , la Ley de

Transacciones Comerciales dispone:

"Persona con derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento" significa (i) el tenedor del instrumento, (ii) una persona que n o es tenedor pero está en posesión del instrumento y tiene los derechos d e u n tenedor, o (iii) una persona que no está en posesión del instrumento pero tiene derecho de exigir el cumplimiento del instrumento de acuerdo co n las disposiciones de la Sección 2

- 309 y de la Sección 2

- 418(d). Una persona puede ser una persona con dere cho a exigir el cumplimiento del instrumento aunque la persona no sea el dueño del instrumento o lo posea indebidamente. 33

Sobre lo que constituye una cesión de un
instrumento negocia b le, e l Capítulo 2 de la Ley de

Tra nsac ciones Comerciales , supra , est able ce q ue e sta

ocu rre “cuando se entrega por una persona que no sea

su em isor con e l propósito de darle a l a persona que

lo recibe e l derecho a exigir el cumplimiento del

instrumento”. 34 “ Sea e st a una neg o cia ción o no,

con fier e al cesionario cualquier dere cho del cedente a

e xigir el cumpli miento d el instrumento, incluyendo

cu alq uier der ec ho que tuvie se como tene dor de buena fe

...”. 35

31 S e c. 1

- 1 01 de l a L ey Núm. 208

- 1995 ( 19 L P R A sec. 401 ); Cruz Consulting v

. El L egado , et al., 191 DP R 499, 508 (2014) ; COSSEC

v. Go nzález Ló pez , 179 DPR 793, 802 ( 2010).
32 Sec. 2

- 102 de l a L ey N úm . 208

- 1995 ( 19 L P R A sec. 504(a) ).
33 S ec c. 2

- 30 1 de l a L ey N úm. 2 08

- 1995 ( 19 L P R A sec. 601 ).
34 Sec. 2

- 2 0 3 de la Ley Núm

. 20 8

- 1995 ( 19 L P R A sec. 5 53 ).
35 Id. Véase, además, DL J Mortgage Capital, I nc. v. Santia go Mart ínez , 202 DPR 950 (2019).KLAN 20 230 1046 13

E

.

El A rt

. 1 1 18 de l C ódigo C ivil establece lo
sigui ente:

Artículo 111 8.

— Pago de buena fe al po seedor del créd ito. (3 1 LPRA § 3 16 8)
El pago hecho de buena fe al que estuviere en po sesi ón de l crédito liber ará al deudor. 36

En lo aquí pertinent e , el TSPR resolvió :

[ s ] erán casos de aplicación del ar t . 1164 [del Código Civil Español, e quivalente a l art. 1118] y consiguiente eficacia de l pa go: el hech o al acreedor primit ivo por u n deudor que no conozc a la ce sión del crédito ni la incapacidad sobrevenida aquél; el que se v erifique en f avor de un cesionario, reconocido como tal, aunque de s pués se de clare l a rescisión o nulidad de la tran sm isi ón, y el que se haga a los que, como he re deros, posean l a del a creedo r. En estos casos, ni p uede perjudicar al deudor que aquéllos a q u ienes pague s ean luego vencidos en juicio, ni a los que e n éste tr i unfen qued ará otr o medio que reclamar al que cobr ó ind ebidamente. (citas internas omit idas ). 37

Así pues, el deudor de buena fe que paga a quien

aparenta ser el acreedor , que da l ibera do d e la
obligación sin perjuicio de que el verdadero acreedor
pueda ej e rcitar una acción de enriquecimiento sin

causa co nt ra el acreedor aparente. 38

F ina l mente, conviene destacar que la validez y
los efectos del pago de una obligación repr e sentada

por un inst r umento negociable se rige por la Ley de

Tra nsacciones Comerciales , supra
. 39 En lo aquí
pertinente , la Sección 2

- 602( a) de dicho cuerpo

normativo estable ce que el pag o será efectivo y
extinguirá la obligación cuando lo ha ce la persona
obligada a pagar el in strumento y se hace a la

per sona con derecho a exigir su c umplimiento

. 40 E llo ,

36 Art. 11 1 8 del Cód igo Civil , 31 LP R A s ec. 3168

. 37 Rod r ígue z v . B anco P opular de P uerto R ico 66 DPR 781 , 784

- 85 (1 946)

. 38 J. Puig Brutau, Fundamentos de Der echo civil, Tomo I, Vol. II, Bosch, Barcelona, 4 ta. Ed., 1988, págs. 259

- 260.
39 Ar t. 112 5 de la Le y Núm. 55

- 2020 ( 31 L P R A sec. 9163 ).
40 S ec. 2

- 6 02 de la Ley N úm. 208

- 1995 ( 19 L P R A sec. 752)

.KLAN 20 230 1046 14

aun cuando el de udor haya hecho el pag o con

conocimiento de la existencia de una reclamación

contra el instrumento por parte de u n tercero. 41

F.

E n nuestro ordena miento jurídico , la hipoteca se

concibe como un derecho real, de natura leza accesoria

e indivisible y de constitución registral. 42 L a
garantía h ipotecaria "sujeta directa e inmediatamente
los bienes y derechos sobre los cuales se impone,
cualquiera que sea su poseedor o titular, al
cumplimiento de la obligación para cuya segur idad fue

constituida". 43

Del mis mo modo, el contrato de hipot ec a garanti z a
siempre el cumplimiento de una obligación principal. 44

En armonía con los preceptos anteriores, se ha

definido l a hipoteca como:

[u]n derecho real que [ ...] sujeta o vincula lo hipote cado , cualquiera que sea su titular, al poder de exigir even tu almente l a realización de su valor, así como la adopción de medi das dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantí a de la efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo derecho es d e ca rácter accesorio, indivisible, de construcción registral , y grava b i enes inmuebles enajenables, que perm anecen en posesión de su propietario o titular. 45

A d em ás , e l gravamen hipot ecario se presume

válidamente constituido si est á conveni do en escritura
pú blica y tal escritura pública const a inscrita en el
Regi st r o de la P r opiedad. 46 "La inscripción es, pues,
el acto constitutivo mediante el cual la garantía

41 M

. R. Garay Aubán, D e recho Cambiario Instrumentos Negociables , S an Juan , Bibliográficas , 2009, pág . 433.
42 Westernbank v . Registradora , 174 DP R 779, 784 (2008)

. 43 Art

. 54 de la Ley Núm. 210

- 2015 (30 LPRA sec. 6081)

. 44 Ar t

. 1756 de l C ódigo Ci vil de Puerto Rico , 31 LPRA ant. sec. 5001

. 45 L

. R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño , 2da ed ., Jurídica Editores 2002, pág. 481.
46 Art. 57 de la Ley Núm. 210

- 201 5 ( 30 LPR A sec. 6084).KLAN 20 230 1046 15

produce efect os reales y a dviene eficaz erga o m nes al

ámbito de los derechos reales "

. 47

Cuan do v enc e la obligación principal garantizada
mediante hipoteca , p r ocede la e jecución del crédito
hipotecario mediante una acción civil ordinaria en
cobro de dinero y ejecución de hipoteca , que no es otra

cosa que la venta en pública subasta del inmueble

gravad o
. 48

- III
En síntesis, la s apelant e s impugna n la ca pacida d

d e PRR D par a cobrar la s canti dades rec lamad as por

varias razones. Entiende n que el Loan S ale Agre e men t

es nulo porque fue el resultado de una transacción

fraudulenta , que se está impugnando ante e l T PI. En

consecuencia , consi dera n que la Sentencia apelada e s

pr em atur a h asta que se resue lva esta con trovers ia

.

S ostiene n , ade más, que la apelad a no es la leg í tim a

tenedor a por end o so de l pagaré debido a que la
adquisición de las acreencias se hizo sin not ificación

a las apelan tes, por l o que quedaron exonerada s d e las

obl i gaciones alegadas en la Demanda

.

P or su parte, la apelada arguye que es la actu al
y legítim a acreedor a del cr é d ito en controver sia

. E sto
obedece a que los pagarés que representan l a d eu d a

fueron debida m en te cedido s y e ndosados a su favor. A

su entende r , BDE no estaba i mpedido de ceder el

pr éstamo a su fav or. D e tod os modos , una res t r icción a

la cesión sería contra ria a la L ey de Transacciones

Comer ciales , supr a , y a la l ey o rgánica de l B DE.
Además, la nulidad del co nt rato de cesi ó n de cr édi to

47 Rosario P érez v . Regi strador , 115 DPR 491, 493

- 4 94 (1984). V éase , además, Crespo Rodríguez v. Gonzá lez González , 208 DPR 557, 57 4 (2 022 ).
48 Regla 51.3 de Procedim iento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 51.3)

.KLAN 20 230 1046 16

n o afecta l a con d i ción d e deudora s de la s apelante s
.

E n tod o caso , el pa go que re a lice extingu e la
obligación p ara cualq uier acree d o r.

L uego de revisar cuidadosa mente los do cumentos
que obran en a ut os , de termi namos que PRRD cumplió

cabalmen te con los req ui s itos de f o r m a de la Reg l a

36 .1 de Procedimiento Civil, supra
. A sí, pues , presentó documentos y una de claración jurada en a po yo
de sus alega ciones. 49 E n cambio , l a apelada i ncumplió

crasamente con su s obligacio nes bajo la Regla

36

. 3 ( b ) (2 ) de P rocedimiento C i vil, supr a
. 50 E sto es

a sí , po rque n o cit ó específicamente los p árrafos según

enumerados e n la m oción de s entencia s um aria q ue

considera que están en c ont roversia. M en os aún , especi fic ó la página o s ecci ón de la prueba que

estable ce una controversia real so b re los hech o s

materiales pertin entes pa r a adjud icar la reclamación.

P or el contrario, su opos ición consistió en una

extens a a rgume n tación de de recho sobre la nulidad del

c ontrato de cesión de acti v os e ntre BD E y PRRD , y los
documentos que a compañó con s u esc rito solo p retenden

ap o yar di cha contención j urídica

. E n nin g ú n momento

controvirtió los he chos y documentos pr esentados po r
la apela da

.

A nte dicho escenario , co rresp on de determinar s i

el TPI a p lic ó correct a mente el de recho y adelantamos

que a nuestr o ent ender sí l o hizo. Veam o s
.

S urge de lo s docum entos que obran en aut os que
las partes susc ribieron un contrato d e prést amo 51 que

49 Ap éndice de la s apela ntes , págs. 9

- 7 5 y 10 3

- 104

. 50 I d

. , pág s
. 1 0 7

- 1 95

. 51 I d

. , p ág s
. 9

- 29

.KLAN 20 230 1046 17

est á representado por dos pagar é s 52

. Q ue di cho contrato

se enmend ó 53 y l a nueva o b ligación est á recono cid a po r
un pagaré 54

. A de más , ambos p a gar és se endo sa r on a favor

de PRRD

. 55 A esto hay que añadir qu e la obligación

suscri ta por la s apelante s est á g arantizad a por un

bien inm ueble de su propiedad. 56 C o mo si lo anterior

fuer a poco, l as par t es suscribieron un gravamen

mobiliario so br e d eterminad o s bienes 57 y la s a p elante s
garantiz aron , solid ariamente, el pago de sus
obligaciones p resentes y futuras median t e la

suscri p ci ón de una garantía continua e i limitada 58

.

F inalmente, la s a p elante s incum pl i eron con l as
obligaciones contraídas y l as ge stiones d e co bro

realizadas resultaron infructuosas. 59 E n c ons ecuencia ,

la s apelante s adeuda n la s cantidad es reconocidas en la

sente ncia, que s on a su vez líquid as y exigibles.
Reiteramos que nada de lo anterior fue controvertido
por las apel antes.

Por o tro lado, el ataque a la trans ac ció n de

cesión d e crédito s entre BDE y PRRD es incon s ecuente

co n relac ión al pleito ante nu estra con sideración

. De

un examen cuidadoso del expediente se desprende que

la s apelant e s s on parte de una obligación crediticia

vá li da, g ar antiza da hipotecariamente, que no ha n
cumplido . Esta ob l igación es v inculante ante el
poseedor d el crédito, e n este caso PRRD. De modo que
de cumplir la misma queda rá n liber ada s respecto a

cu alquier acree dor potencial . Si posteriormente

52 I d ., págs

. 30

- 3 3

. 53 Id

. , págs. 36

- 37

. 54 Id

. , pág s
. 40

- 55

. 55 Id

. , págs. 10 3

- 104

. 56 I d. , pág s
. 4 2

- 5 5 y 105

- 106

. 57 I d. , pág s
. 57

- 68

. 58 I d. , págs

. 71

- 73

. 59 Id , págs. 74

- 75 y 103

- 104

.KLAN 20 230 1046 18

resulta qu e BDE venc e en el pleito, tal evento no

afe ctará la posic ión juríd i ca de l as apelant es
. Así

pues, aquel ten drá que reclamar s u acreencia de qu ien
resultó vencido, es decir , PR RD.
Para terminar, somos de la opinión de que las
apelantes carecen de apoyo para s ustentar sus

argumentos

. Veamos.
En primer lugar, la ingenua invocación

t alismánica del C aso Núm. SJ2019CV1 1 697 , sub judice y
paralizado porque “ l as partes entienden que hay buenas
posibilidades de transigir el pleito ” , no constituye
un fundamento jurídi co válido para imp ugnar una

obli gación de pago firmemente anclada en nuestro

ordenamiento cambiario. P or ende, mientras no
prevalezca e l BDE mediant e sentencia firme, la apelada

e s la dueña de l crédito reclamado y en consecuencia ,
tiene derecho a exigir su c o bro . Como bien señaló el
foro apelado, el litigio en cuestión “ n o equivale a
detallar la evidencia admisible que sostiene la
impugnación de un hecho material ”

. 60
En segundo lugar, ninguna sentencia del T ribunal
de Apelaciones es vinculante

. 61 Por el cont ra rio, se
consideran persu a sivas . M enos aún , una opinión

di s idente de una sen tencia de este tribunal,

persu asiva, bas ada esencialmente, en otra sent e ncia de

este mism o tribunal intermedio , igualmente p er su a siva

. Finalmente, Rodríguez v. Corte , 53 DPR 758 ( 1 938)
es completamente d istinguible de l caso de aut os. Ello
obedece a tres poderosas razones, a saber : (1) dicha
opinión es anterior a la vigencia de l a Ley del

60 Id

. , pág. 217.
61 Art. 4.005 de la Le y Núm. 201

- 2003 ( 4 L P R A sec. 24x ).KLAN 20 230 1046 19

R egistro de la P ropied ad Inmobiliaria del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico , 30 LPRA sec. 6 0 01 et seq

. , y

de la Le y de Transacciones Comerciales , supra , que
regulan la ejecuc ión de la hipoteca de bien inmueble y
la cesión y el cobro de l instrumento negociab le ante

nuestra consi deración ; (2 ) el ordenamiento hipotecario
vigente der o gó el procedimi e nto ej ecutivo sumario, e n
cuyo conte xto se resolvió Rodríguez v. Corte , supra ; y
(3) entre el procedimiento sumario hipote cario,
reiteramos ya derogado, y el mecanismo de la Reg la 36
de Procedimiento Civil de 2009, que reguló el
procedimiento mediante el c ual se estableció la
legi timidad de la d euda cuy o cobro se solicita , solo

media una s e mejan za, a todas luces, sup erflua e
insignifica nte: el adjetivo sumario.

- IV
P or los fundamen to s antes expu estos , se conf ir ma

la Sent encia Sumaria a pelada.

L o a cordó y mand a e l Tri b u nal y lo certi f ica la

Secret aria del Tribunal de Apelaciones.
La jueza Grana Mar t ínez disiente sin opinión

es crita

.

Lcda. Lil ia M . Oqu endo Sol ís S e c r e t ar i a del Trib unal de Apelaci one s