Número Identificador

RES2023 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

IRIS M. RODRÍGUEZ 

NÚÑEZ, ET ALS.

Peticionaria

v.

SERVICIOS MÉDICOS 

UNIVERSITARIOS, 

INC. H/N/C LA CASA 

DEL VETERANO; ET 

ALS

Recurrida

KLCE202301110

Certiorari

Procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de PONCE

Caso Núm.:

J DP2012-0518

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

El 10 de octubre de 2023, Iris Rodríguez Núñez, Julio A. Rivera 

Rodríguez y Ricardo Rivera Rodríguez (en adelante, la parte peticionaria)

presentaron ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari. En 

este, nos piden que revisemos la Resolución dictada y notificada el 30 de

agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce

(en adelante, TPI o foro primario). Mediante el aludido dictamen, el TPI 

autorizó a la Dra. Johanna Santiago Torres y SIMED a utilizar a la Dra. 

Anabelle Altieri Ramírez como perito adicional. 

Luego de un estudio minucioso del legajo apelativo, resolvemos no 

expedir el auto solicitado. Explicamos.

I.

La causa de epígrafe trata sobre una Demanda de daños y perjuicios

instada el 5 de diciembre de 2012, por la parte peticionaria en contra de 

Servicios Médicos Universitarios, en la que reclaman compensación por los 

daños ocasionados por la muerte de Julio Rivera Rivera, esposo y padre de 
KLCE202301110 2

los peticionarios, causada por su negligencia.1 La reclamación fue 

posteriormente enmendada para incluir como parte demandada al Hospital 

San Cristóbal, la Dra. Johanna Santiago Torres, SIMED y a la Dra. Carmen 

Campos.2 

El descubrimiento de prueba en el caso fue celebrado. En cuanto a la 

controversia que hoy atendemos, es importante conocer que durante el 

trámite del pleito la Dra. Johanna Santiago Torres y SIMED (en adelante, 

Santiago Torres y SIMED) anunciaron al Dr. Luis Catoni Zeppenfeldt (en 

adelante, doctor Catoni) como perito, produciéndose un informe pericial 

con fecha del 2 de mayo de 2017. El Hospital San Cristóbal, por su parte, 

anunció a la Dra. Anibelle Altieri Ramírez (en adelante, doctora Altieri) 

como perito, notificándose el correspondiente informe pericial el 5 de julio 

de 2017. Igualmente, es necesario saber que, durante el descubrimiento de 

prueba, se tomó deposición al doctor Catoni, más no así a la doctora Altieri.

El 31 de marzo de 2022, se celebró en el caso una vista sobre el estado 

procesal, calendarizándose el comienzo del juicio para el 3 de mayo de 2022. 

No obstante, el inicio de la vista en su fondo fue suspendido. Así las cosas, 

durante una audiencia de estatus celebrada el 4 de mayo de 2022, se 

informó al foro primario que la parte peticionaria y el Hospital San 

Cristóbal habían alcanzado un acuerdo transaccional. En dicha ocasión, 

Santiago Torres y SIMED informaron que estaba considerándose añadir a 

la doctora Altieri como perito. Ante ello, la parte peticionaria argumentó 

que el descubrimiento de prueba había concluido.3

Posteriormente, durante la videoconferencia sobre el estado de los 

procedimientos del 30 de mayo de 2023, se discutió la añadidura de la 

doctora Altieri como perita adicional de Santiago Torres y SIMED. En ese 

momento, el foro primario señaló que cualquier planteamiento con relación 

1 Exhibit I, Apéndice pág. 1.

2 Exhibits II, III y IV, Ap. Págs. 12, 20 y 24.

3 Véase, pág. 67 del recurso.
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a la prueba pericial adicional anunciada debía quedar claro en el expediente 

y las controversias debidamente planteadas para resolverse a la mayor 

brevedad. A tales efectos, y sobre los demás asuntos entonces discutidos, el 

TPI estableció el 12 de junio de 2023 como fecha límite para someter 

cualquier planteamiento por escrito.4

El 1ro. de junio de 2023, los peticionarios radicaron una moción para 

que no se permita la perita por haber sido prueba pericial anunciada por 

otro codemandado.5 La parte recurrida se opuso a dicho escrito. Tras 

evaluar estos escritos, el 28 de agosto de 2023, el TPI emitió Resolución en la 

que indicó no haber encontrado razón para no permitir que Santiago Torres 

y SIMED utilizaran como perito a la doctora Altieri, por lo que les autorizó

adicionarla a su prueba pericial.6 Notificada la Resolución el 30 de agosto de 

2023, el 8 de septiembre de 2023 los peticionarios presentaron una Moción 

de Reconsideración que fue denegada.

7

El 27 de septiembre 2023 los peticionarios retiraron su solicitud de 

reconsideración. No obstante, el TPI la evaluó el 28 de septiembre de 2023 

y la declaró "No ha lugar". Ante tal denegatoria, los peticionarios 

presentaron el recurso de Certiorari KLCE202301082. Este, fue desestimado 

por prematuro, determinándose que el plazo para presentarse ante el TA 

aún no había iniciado. 

Posteriormente, el 10 de octubre de 2023 la parte peticionaria

presentó la petición de certiorari de epígrafe en la que aducen el siguiente 

error: 

“Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir, a tan solo 

un día del comienzo del juicio en sus méritos, que la parte 

demandada recurrida sumara a Altieri Ramírez como perita 

adicional, sin exigir o demostrársele una justa causa para la 

tardanza en el anuncio ni determinar que fuese una testigo 

4 Véase Minuta de vista del 30 de mayo de 2023, transcrita el 2 de junio de 2023; págs. 33-

35.

5 Exhibit VII, Ap. 37.

6 Véase, Resolución; págs. 65-69.

7 Exhibit XII, p. 81.
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pericial esencial para su defensa, causando a los peticionarios 

con ello un perjuicio sustancial.”

Atendido el recurso, el 12 de octubre de este año, emitimos 

Resolución concediéndole a los recurridos a presentar su posición en un 

término de diez (10) días. El 27 de octubre de 2023, estos sometieron Alegato 

en oposición. El 9 de noviembre de este año, SMU sometió un escrito titulado 

Oposición a Moción en auxilio de jurisdicción. El 13 de noviembre de 2023, los 

peticionarios sometieron es escrito al que alude tal moción. Evaluada esta 

última, resolvemos No Ha Lugar.

II.

-AEl vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar 

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica 

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.” Íd.

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un 

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 
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remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v. 

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando:

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, 

 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, 

 

(3) en casos de anotaciones de rebeldía, 

 

(4) en casos de relaciones de familia, 

(5) en casos revestidos de interés público o 

 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” 

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra. 

 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40 

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari. 

Estos son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.

-BLa Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 37.4, exige 

que los abogados o las abogadas de las partes en los casos señalados para 

conferencia con antelación al juicio se reúnan para confeccionar el Informe 

preliminar entre abogados. Conforme la citada regla, este informe 

contendrá: 

(a) Nombres, direcciones, teléfonos, fax y correo electrónico de los 

abogados y las abogadas que intervendrán en representación de las 

partes en la vista en su fondo del caso. 

(b) Una breve relación de los hechos pertinentes a las reclamaciones 

o defensas de las partes. Si se reclaman daños, un desglose 

detallado de éstos. 

(c) Estipulaciones sobre los hechos, documentos y asuntos sobre los 

cuales no exista controversia y que eviten la presentación de 

evidencia innecesaria. 

(d) Una exposición breve de la posición de las partes con respecto 

a los hechos, documentos y asuntos sobre los cuales exista 

controversia y la base legal que apoye tal posición. 

(e) Un resumen del derecho aplicable a los hechos específicos del 

caso, un resumen de las cuestiones de derecho que las partes 

anticipen que se plantearán o que ya se hayan planteado, señalando 

aquellos en que exista desacuerdo y sus opiniones, y la 

jurisprudencia específica aplicable. 

(f) Una relación detallada de la prueba documental debidamente 

identificada, incluso las deposiciones u otra prueba que se ofrecerá 

y respecto a cuya admisión en evidencia no exista controversia. 

(g) Una relación de la prueba documental que ofrecerá cada parte 

y respecto a cuya admisión en evidencia exista controversia, incluso 

una sucinta exposición de los fundamentos en que se base la 

objeción. 

(h) Una lista de cada parte con los nombres y las direcciones de las 

personas testigos, incluso los peritos y las peritas de ocurrencia, que 
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testificarán en el juicio (excepto los testigos de impugnación o de 

refutación), incluso un resumen de su testimonio. 

(i) Una lista de cada parte con los nombres de las personas peritos 

que testificarán en el juicio, incluyendo un resumen de su 

testimonio. 

(j) Las reclamaciones o defensas que cada parte alegue que se han 

desistido o renunciado. 

(k) Una lista de todas las mociones presentadas y aquellas que 

consideren someter, sujeto a la discreción del tribunal, para 

permitirlas en esta etapa del procedimiento. 

(l) Las enmiendas a las alegaciones y los fundamentos por los cuales 

éstas no se presentaron con anterioridad. 

(m) Un estimado del número de días y horas requeridas para la 

presentación de la prueba de cada una de las partes en el juicio en 

su fondo. 

(n) La posibilidad de una transacción. 

(o) Considerar cualesquiera otras medidas que puedan facilitar la 

más pronta terminación del pleito. (Énfasis suplido).

Además de lo antes consignado, la Regla 37.4, supra, permite que 

estos asuntos sean discutidos entre los abogados por teléfono, 

teleconferencia y otros métodos. Igualmente, establece que el informe 

deberá someterse diez (10) días antes del señalamiento para la conferencia 

con antelación al juicio. Por último, esta regla señala que, a menos que se 

demuestre justa causa, no se permitirá presentar prueba que no haya sido 

previamente identificado en el informe a prepararse.

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración. In 

re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los asuntos 

judiciales. Id.

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que como regla general 

este Tribunal no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del 

TPI. Ello así, salvo que hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de 
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discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho 

sustantivo y que nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio 

sustancial. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000) a la pág. 155.

El principio general aludido reconoce que los tribunales de instancia 

son quienes están en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor 

manejo del caso ante su consideración. Como corolario de lo anterior, los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los 

tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el ejercicio de la 

discreción que se les ha concedido para encaminar procesalmente los 

asuntos que tienen pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, 

tales actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas de 

un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación errónea que 

a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López 

v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). Si su actuación se funda en una base 

razonable que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 

(1959) a la pág. 572.

III.

Dado que la determinación interlocutoria cuya revocación persiguen 

los peticionarios permite a la Dra. Anibelle Altieri como parte de la prueba 

pericial que Santiago Torres y SIMED podrá utilizar durante el juicio, 

podemos ver que la controversia ante nuestra consideración trata sobre la 

admisibilidad de un perito. Como sabemos, este es uno de aquellos asuntos 

sobre los que, a modo de excepción, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, podremos expedir el auto de certiorari.

Así reconocido, procedemos a atender el único señalamiento de 

error de los peticionarios mediante el cual reclama que el TPI incidió al 

permitir que la parte demandante presentara como parte de su prueba 

pericial el testimonio de la Dra. Anibelle Altieri. Más aún, clasifica esta 
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acción como un abuso de discreción por parte del foro primario y reclama 

que permitir la prueba sorpresa anunciada a solo 1 día del comienzo del 

juicio le causa un perjuicio sustancial.

Estudiado el legajo apelativo, no encontramos razón por la cual 

debamos intervenir con la discreción que según arriba discutimos tienen los 

tribunales sobre el manejo de sus casos. Aunque, tal como apuntamos, las 

determinaciones discrecionales del TPI pueden ser objeto de revisión si son

arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, o basadas en una 

determinación errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una 

de los partes, no encontramos que los argumentos levantados por los 

peticionarios ante el foro primario, así como ante este Tribunal de 

Apelaciones demuestren el perjuicio sustancial que alega le causaría, ni 

evidencia el abuso de discreción reclamado.

8

IV.

Por lo antes consignado, denegamos la expedición del auto de 

certiorari peticionado por la parte peticionaria.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

8 El expediente refleja que el informe pericial que la doctora Altieri preparó en el caso fue 

producido a los peticionarios desde al menos el año 2018. El mismo, también fue incluido 

como parte de la prueba a utilizarse durante el juicio por el Hospital San Cristóbal en ese 

año. Por ello, y considerando que Santiago Torres y SIMED han indicado que el testimonio 

de la perito será sobre el reporte que en su momento preparó para el caso, no hallamos el 

elemento de sorpresa que le atribuye a dicha prueba.