Número Identificador

SEN2022 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CARMEN A. RÍOS LÓPEZ

Apelada

V.

CARIBBEAN MEDICAL & 

REHABILITATION CORP.

Apelante

KLAN202300558

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Superior 

de Ponce

Caso Núm.: 

PO2021CV02795

Sobre: 

Despido 

Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023. 

Comparece ante nos Caribbean Medical and Rehabilitation 

Corporation (en adelante, Caribbean Medical o apelante) y solicita

que revoquemos la Sentencia emitida y notificada el 12 de junio de 

2023, por el Tribunal de Primera de Instancia, Sala Superior de 

Ponce (en adelante TPI).1 En esta, el TPI declaró Ha Lugar una 

querella sobre despido injustificado y condenó a la apelante a pagar 

a la querellante una mesada por $39,473.50 más gastos, costas y 

honorarios por 15% de la indemnización otorgada.

2 

Sorprendentemente, la apelante también solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el foro primario el 7 de febrero de 2022, 

notificada al día siguiente. Observamos que previamente un panel 

hermano de este foro apelativo abordó la revisión de la referida 

determinación del TPI y resolvió esa controversia en el caso 

KLCE202200190 en una Sentencia emitida el 3 de mayo de 2022, 

1 Dictada por el Hon. Juez Hamed Santaella Carlo. Apéndice de recurso de 

Apelación (en adelante, Apéndice), págs. 1–13.

2 Apéndice, pág. 13.
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la cual advino en final y firme luego de que el Tribunal Supremo 

rechazara la solicitud de certiorari instada por la parte afectada.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos por falta de jurisdicción.

-IEl 30 de noviembre de 2023, la señora Carmen A. Ríos López

(en adelante, la señora Ríos López o recurrida) presentó una

Demanda contra la parte apelante por despido injustificado, al 

amparo de la Ley sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA secs. 185a–185n (en 

adelante Ley 80) y acogiéndose al trámite dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 3118–

3132 (en adelante Ley 2-1961).

3 La señora Ríos López alegó haber 

prestado servicios para Caribbean Medical en la posición de 

Asistente Administrativa desde diciembre de 1995, mediante un 

contrato de empleo sin tiempo determinado.4 Que nunca recibió una 

amonestación por su desempeño, que nunca fue suspendida de su 

empleo y que nunca fue sometida a un plan de mejoramiento. En 

resumen, indicó que solicitó condiciones flexibles de trabajo debido 

a la crisis provocada por la pandemia del CoViD19 y su situación 

como madre con custodia única de hijos menores de edad durante 

el periodo en que las escuelas no habían retornado a su modalidad 

presencial, a la altura de agosto de 2020. Adujo que Caribbean 

Medical denegó su petición y dio por terminada la relación de empleo 

entre las partes mediante una carta suscrita el 21 de septiembre de 

2020. Informó que presentó una querella ante el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante DTRH) por despido 

3 Apéndice, pág. 15–17.

4 Apéndice, pág. 16.
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injustificado y que el DTRH le dio la razón y emitió una carta el 22 

de febrero de 2021 informando a Caribbean Medical la cantidad 

adeudada como indemnización.5 Expresó que debido a que la 

apelante se negó a pagar la indemnización, el DTRH cerró el caso 

administrativamente el 25 de marzo de 2021. Sostuvo que su 

terminación de empleo fue injustificada porque nunca demostró un 

patrón de conducta impropia o desordenada, siempre rindió su 

trabajo en forma eficiente y nunca cometió una violación de las 

reglas o reglamentos por la apelante.6 Solicitó el sueldo 

correspondiente a seis (6) meses por concepto de indemnización o 

un total de $10, 161.50.

7 También la indemnización de tres semanas 

de sueldo por cada año de servicio prestado a la apelante, para un 

total de $29,312.00.8

Los emplazamientos para la Caribbean Medical se expidieron 

el 6 de diciembre de 2021.

9

El término para contestar la querella transcurrió sin que se 

presentara una alegación responsiva. En consecuencia, el 10 de 

enero de 2022 el TPI emitió una Resolución de Anotación en 

Rebeldía.

10 Expresó que la anotación de rebeldía tendría el efecto de 

que se dieran por admitidas todas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas conforme a la Regla 45 de las de 

Procedimiento Civil.

El 18 de enero de 2022, Caribbean Medical presentó una 

moción titulada Comparecencia Especial, Moción de Desestimación 

5 Apéndice, págs. 16, 19. Ante el DTRH, Caso Carmen Ana Ríos López v. Caribbean 

Medical and Rehabilitation Corp., núm. A4-D1-DP-0022-20. Íd., págs. 19–20. El 

DTRH notificó una deuda de $35,272.80. Íd., pág. 41.

6 Apéndice, pág. 17.

7 Ello basado en que la compensación más alta que recibió fue aquella 

correspondiente al año 2019 por $20,323.22. Apéndice, pág. 16.

8 $20,323 / 52 semanas = $390.83 semanal

$390.83 * 3 semanas = $1,172.48 por año de servicio prestado.

2020-1995 =25 años de servicio

$1,172.48 * 25 años = $29,312.02

9 Apéndice, pág. 52.

10 Apéndice, pág. 52. Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en 

adelante, SUMAC), Entrada # 7.
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por Falta de Jurisdicción y/o Nulidad de Emplazamientos y/o No 

Mediar un Despido Injustificado según la Ley y/o Reconsideración.

11

La apelante expresó comparecer sin someterse a la jurisdicción del 

TPI. Alegó que en la Querella ante el TPI se reclama una cantidad 

superior a la calculada como adeudada por el DTRH.

12 A saber, se 

reclaman $39,473.50 en la Querella, mientras la carta de la DTRH 

a la apelante indica $35,272.80.

13 Así, alega que hay una diferencia 

de $4,200.70 que no se explica.14 Arguyó que esta diferencia o error 

significa que los hechos de la querella no están correctamente 

alegados, lo cual impide que se estimen aceptadas en el contexto de 

una Anotación de Rebeldía y Sentencia en Rebeldía. 

En la alternativa, solicitó se determinara que no hubo despido 

injustificado. Arguyó que la evidencia presentada estaba 

incompleta, no despidió a la señora Ríos López, y que si se interpreta 

que medió un despido, que este era justificado, ya que esta había 

abandonado el empleo. Alegó que también había presentado estas 

defensas ante el DTRH mediante cartas vía la representación legal 

de la apelante.15 Alegó que existió una reunión con el DTRH en la

cual la señora Ríos rechazó una oferta de regresar a su posición de 

empleo.16 Adujo, en general, que el DTRH archivó el caso 

definitivamente debido a que la recurrida rechazó una oferta de 

regresar al empleo.

17

También en la alternativa, argumentó que procedía la 

desestimación con perjuicio al amparo de las Reglas 4.3 y 4.4 de las 

de Procedimiento Civil. Alegó que el documento sometido como 

emplazamiento diligenciado no cumplía con la ley para probar el 

11 Apéndice, págs. 19–40.

12 Apéndice, págs. 19–20.

13 Íd., págs. 20. Véanse, Querella, Carta de notificación de querella ante DTRH de 

27 de octubre de 2020, Cómputos de Reclamación de 27 de octubre de 2020 y 

Carta de notificación de deuda de 22 de febrero de 2021. Íd., págs. 41–43.

14 Íd., pág. 20.

15 Íd., pág. 22. Véanse cartas suscritas por el Lcdo. Edgardo Santiago Lloréns de 

15 de marzo y 22 de marzo de 2022, respectivamente. Íd., págs. 44, 46.

16 Íd., pág. 22.

17 Íd., pág. 22.
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diligenciamiento, por lo cual, era nulo. En particular, arguyó que 

este no cumplió con la regla por no estar firmado ni especificar a 

quién se le entregó. 

En la alternativa, pidió se reconsiderara la anotación en 

rebeldía, dejándola sin efecto. 

Así las cosas, el 12 de junio de 2022, el TPI emitió la Sentencia

apelada, la cual, como se ha indicado, fue dictada en rebeldía. En 

la misma se condenó a la apelante al pago de $39,473.50 por 

despido injustificado, más el pago de gastos, costas y una partida 

de honorarios de abogado equivalente al 15% de la cuantía 

concedida.

Inconforme, el 22 de junio de 2023, la apelante acude ante 

nos alegando que el TPI cometió los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia y no 

atender la solicitud de celebración de vista.

Segundo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sobre 

despido injustificado sin una vista.

Tercer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia con 

alegaciones insuficientes.

Cuarto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin prueba 

y automáticamente.

Quinto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin 

corroborar la veracidad y suficiencia de las alegaciones 

contenidas en la Querella, las cuales son vagas, 

conclusorias, incompletas, inconsistentes, conflictivas, 

contradictorias, especulativas, falsas, entre otras.

Sexto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia 

determinando que medió un despido injustificado.

Séptimo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia con un 

cálculo de mesada incorrecto, sin prueba, prueba en 

contrario y/o conflictiva.

Octavo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia sin haber 

realizado una determinación de activación de 

presunción.

Noveno Error: Erró el TPI al no desestimar la querella.

Décimo Error: Erró el TPI al no declarar que los 

emplazamientos fueron válidos, declararse con 

jurisdicción sobre la querellada, anotar la rebeldía y 

mantener la rebeldía.
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.

-II-

-ALa Ley Núm. 2-1961, conocida como la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq., 

provee un procedimiento sumario de reclamaciones laborales para 

la rápida consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos que estén relacionadas a salarios, 

beneficios y derechos laborales. Ley Núm. 2, supra, sec. 3118; 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008). Dichas 

reclamaciones ameritan ser resueltas a la brevedad posible para así 

lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar 

los despidos injustificados y proveerle al obrero despedido medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo 

empleo. Íd. 

La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en 

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de 

proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463 (2011). Con el fin de 

adelantar su propósito, la ley estableció:

(1) términos cortos para la contestación de la querella 

presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la 

concesión de una sola prórroga para contestar la querella; 

(3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono 

querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y 

objeciones; (5) criterios para la aplicación de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una 

prohibición específica de demandas o reconvenciones contra 

el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal 

para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono 

querellado no cumpla con los términos provistos para 

contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión 

y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Patiño 

Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016)

(énfasis nuestro).
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En cuanto al término para que el querellado presente su 

alegación responsiva, la Ley Núm. 2, supra, dispone:

El secretario del tribunal notificará a la parte 

querellada con copia de la querella, apercibiéndole que 

deberá radicar su contestación por escrito, con constancia 

de haber servido copia de la misma al abogado de la parte 

querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho 

propio, dentro de diez (10) días después de la notificación,

si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la 

acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos, y 

apercibiéndole, además, que si así no lo hiciere, se 

dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio 

solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de 

la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de 

la parte querellante o a ésta si compareciere por derecho 

propio, en que se expongan bajo juramento los motivos que 

para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la 

faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el 

término para contestar. En ningún otro caso tendrá 

jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. (Énfasis 

suplido) [...] Sec. 3 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 

3120.

A tenor con lo anterior, la referida Ley dispone que si el 

querellado no radica su contestación a una querella instada en su 

contra dentro del término de 15 días, el juez, a instancia del 

querellante, estará facultado para dictar sentencia en rebeldía 

contra el querellado, concediendo el remedio solicitado. Sec. 4 de la 

Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3121. Esta última disposición 

establece:

Si el querellado radicara su contestación a la querella en la 

forma y en el término dispuestos en la Sección 3 de esta Ley, 

el juicio se celebrará sin sujeción a calendario a instancias del 

querellante, previa notificación al querellado.

Si el querellado no radicara su contestación a la querella en 

la forma y en el término dispuestos en la Sección 3 de esta 

Ley, el juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias 

del querellante, concediendo el remedio solicitado. La 

sentencia a esos efectos será final y de la misma no podrá 

apelarse.

Si ninguna de las partes compareciere al acto del juicio, el 

tribunal pospondrá la vista del caso; si compareciere sólo el

querellado, a instancias de éste, el tribunal desestimará la 

reclamación, pero si sólo compareciere el querellante, el 

tribunal a instancias del querellante dictará sentencia contra 

el querellado concediendo el remedio solicitado. En uno u otro 

caso, la sentencia será final y de la misma no podrá apelarse.

Se dispone, no obstante, que la parte afectada por la sentencia 

dictada en los casos mencionados en esta sección podrá 

acudir mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones, 

en el término jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la 
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notificación de la sentencia para que se revisen los 

procedimientos exclusivamente.

La determinación dictada por el Tribunal de Apelaciones 

podrá ser revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

mediante auto de certiorari, en el término jurisdiccional de 

veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la 

sentencia o resolución. (Énfasis suplido)

-BLa rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con 

su deber procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). El mecanismo de la rebeldía tiene como propósito 

principal desalentar el uso de la dilación de los procedimientos como 

una estrategia de litigación. Id. La Regla 45.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.1, contiene las 

disposiciones relacionadas con la anotación de rebeldía. La citada 

Regla provee lo siguiente: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone 

en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una 

declaración jurada o de otro modo, el secretario anotará su 

rebeldía. 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá 

anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3 

(b)(3). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas 

las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2 (b). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 

sentencia dictada en rebeldía.

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1, supra, la anotación de rebeldía es un mecanismo útil para los 

tribunales en varias instancias. La más común de ellas se suscita 

cuando una parte no comparece al proceso luego de haber sido 

emplazada de manera adecuada. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 

DPR 172 (2015). Si bien es cierto que un demandado tiene el derecho 

de actuar de esta manera, el mecanismo de la anotación en rebeldía 
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permite que el ejercicio de su prerrogativa no dilate el litigio en su 

contra y constituye una renuncia a la realización de ciertos actos 

procesales, en perjuicio de sus propios intereses. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra. 

Además, procede la anotación de rebeldía cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar la 

demanda u ofrecer una defensa a su favor, por lo que este no 

presenta alegación alguna contra las alegaciones hechas por el 

demandante o contra el remedio solicitado por este. Íd. Entonces, 

tanto el demandante, mediando solicitud, como el TPI, motu proprio, 

puede declarar a la parte en rebeldía. Bco. Popular v. Andino Solís, 

supra. Básicamente, una anotación en rebeldía tiene la 

consecuencia de que se dan por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la demanda. Además, tiene el efecto de autorizar al 

TPI para que dicte sentencia, si es eso lo procedente como cuestión 

de derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. 

Por otra parte, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 45.2, establece los casos en los que podrá dictarse sentencia 

en rebeldía.18 Dispone la Regla 45.2(a), supra, que el tribunal podrá 

así actuar cuando la reclamación del demandante contra el

demandado sea por una suma líquida o por una suma que pueda 

liquidarse mediante cómputo, siempre y cuando no se trate de un 

menor o de una persona incapacitada. Lo anterior, a menos que 

estos estén representados por el padre, madre, tutor o defensor 

judicial u otro representante que haya comparecido en el pleito. 

Ahora bien, si para que se dicte la sentencia en rebeldía se hace 

necesario fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de 

los daños, o comprobar la veracidad de cualquier aseveración 

18 A esto hay que añadir las leyes especiales donde se autorice la anotación de la 

rebeldía a una parte, como la antes discutida sec. 4 de la Ley Núm. 2-1961, supra, 

que nos ocupa. 
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mediante prueba o hacer una investigación de cualquier otro 

asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas o encomendar el asunto a un comisionado o 

comisionada. Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Es menester recalcar que la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 45, no tiene como propósito otorgarle una ventaja 

a los demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que se 

celebre una vista en los méritos, sino que, como hemos mencionado, 

es una norma procesal que, como remedio coercitivo, pretende evitar 

las dilaciones innecesarias en el curso de los procesos judiciales. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002).

Finalmente, la anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía 

contra una parte como sanción por su incumplimiento con una 

orden del tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo que es 

justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). 

 -CEn nuestro ordenamiento se ha definido la jurisdicción como 

“la autoridad que por una ley o la Constitución se le ha concedido 

al foro para considerar y decidir casos o controversias”. Yumac Home 

v. Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los 

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo 

caso si poseen jurisdicción para atender las controversias 

presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 
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Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 

127 (1998). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. 

QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); 

Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home 

v. Empresas Massó, supra. 

-IIICMR señala diez errores de diversa naturaleza en una 

Sentencia dictada en rebeldía, entre estos que se dictara sentencia

sin celebrar una vista, sin prueba, de manera alegadamente 

automática, basada en alegaciones insuficientes, y sin corroborar la 

veracidad o suficiencia de las alegaciones. Finalmente, alega que el 

TPI cometió error al declararse con jurisdicción sobre la apelante, al 

declarar que los emplazamientos fueron válidos, y anotarle rebeldía 

a la apelante y sostener dicha anotación. 

En primer lugar, descartamos de plano considerar el último 

señalamiento de error. Ello, porque un panel hermano abordó ese 

señalamiento y lo resolvió en el caso KLCE202200190 una Sentencia

emitida el 3 de mayo de 2022.

19 Como se indicó previamente, dicha 

19 El panel apelativo que resolvió la controversia de si se emplazó de manera que 

se adquirió jurisdicción sobre la parte aquí apelante, allí recurrente, expresó:

En el presente caso, el emplazamiento fue expedido a nombre 

de Caribbean Medical y fue entregado personalmente el señor 

Javier Lugo, contador de Caribbean Medical en sus oficinas. 

Analizados estos hechos, los requisitos para una notificación 

adecuada a Caribbean Medical, en cuanto a lugar y persona, se 
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determinación advino en final y firme, por lo que no es posible que 

sea considerado nuevamente por este Tribunal.

Ahora bien, tal y como se expresara en la discusión de 

Derecho que antecede, al amparo de la Ley Núm. 2, si el querellado 

no presenta contestación en la forma y manera que se dispone en la 

Sec. 3 de la ley, 32 L.P.R.A sec. 3118, el tribunal dictará sentencia 

en su contra sin más citarle ni oírle. También, la Sec. 4 de la misma 

Ley expresamente establece que si el querellado no presenta su 

contestación a la querella en el término dispuesto para ello el 

tribunal dictará sentencia concediendo el remedio solicitado, la cual 

será final y de la misma no podrá apelarse. No obstante, dicha 

sección establece el derecho de recurrir en alzada solamente si es 

"para que se revisen los procedimientos", lo que significa, conforme 

ha dispuesto nuestro Tribunal Supremo, que dicha revisión es una 

limitada a cuestiones exclusivamente procesales. Santiago v. Palmas 

del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997).

Así las cosas, tenemos que el presente asunto, la apelante ya 

ejerció su derecho a cuestionar la jurisdicción del Tribunal, siendo 

dicho asunto ya definitivamente adjudicado. Sobre el aspecto 

procesal, debemos añadir que tribunal de instancia no podrá, 

automáticamente, dictar sentencia en rebeldía cuando de las 

alegaciones no surja que el querellante tiene derecho al remedio 

solicitado. Sin embargo, en este caso la parte querellante alegó

correctamente los hechos específicos los cuales, de su faz, eran

demostrativos de que, de ser probados, la convertirían en acreedora

del remedio solicitado. En consideración al mandato de la Sec. 4 de 

cumplieron. Lo cierto es que Caribbean Medical supo mediante el 

emplazamiento y copia de la querella entregada a su contador que 

había sido demandado por despido injustificado.

En cuanto al emplazamiento, “lo realmente esencial y 

determinante es que el demandado conozca del pleito en su 

contra”.

Apéndice, págs. 49–66; Ríos López v. Caribbean Medical & Rehabilitation 

Corporation, KLCE202200190, en la pág. 12 (3 de mayo de 2022), citando en parte 

a Nazario Morales v. AEE, 172 DPR 649, 657 (2007) [Sentencia].
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la Ley 2, supra, el resto de los asuntos determinados de forma 

sustantiva no es revisable toda vez que la sentencia se dictó en 

rebeldía y carecemos de jurisdicción para atenderlos.

No debemos perder de perspectiva que los tribunales tienen 

que aplicar rigurosamente los términos taxativos de la Ley Núm. 2,

supra, a fin de garantizar la sencillez y celeridad de los 

procedimientos pretendida por el legislador en los casos de 

reclamaciones laborales. Peña Lacern v. Martínez Hernández y Otros, 

210 DPR __ (2022), 2022 TSPR 105. Por tales razones, corresponde 

que desestimemos la apelación presentada.

-IVPor los fundamentos que se desestima el recurso presentado, 

por falta de jurisdicción de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones