Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

WINDMAR RENEWABLE 

ENERGY, INC., PV

PROPERTIES, INC. Y COTO 

LAUREL SOLAR FARM

APELANTES

v.

NEGOCIADO DE ENERGÍA 

DE PUERTO RICO

APELADO

KLAN202400589

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Caso Núm. 

SJ2023CV07387

Sobre: 

Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente.

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2024.

I.

El 13 de junio de 2024, Windmar Renewable Energy, Inc.

(Windmar), PV Properties, Inc. (PV Properties) y Coto Laurel Solar 

Farm, Inc. (Coto Laurel) (en conjunto, parte apelante) presentaron 

un Recurso de Apelación por el cual solicitaron que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI o foro primario) el 6 de mayo de 2024, 

notificada y archivada digitalmente en autos el mismo día.

1 En el

dictamen, el TPI dictaminó que, a tenor con el Artículo 6.4 de la Ley 

de Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57 del 27 de mayo 

de 2014 (Ley Núm. 57-2014), según enmendada, 22 LPRA sec. 

1054c, el Negociado de Energía de Puerto Rico (Negociado o parte 

apelada) posee jurisdicción primaria exclusiva para atender los 

asuntos sobre el incumplimiento con la política pública energética y 

1 Apéndice del recurso de apelación, Anejo 20, págs. 130-138.
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las alegaciones respecto a los incumplimientos con la Ley Núm. 57-

2014, supra, secs. 1051 et seq., y la Ley de Política Pública 

Energética de Puerto Rico, Ley Núm. 17 del 11 de abril de 2019 (Ley 

Núm. 17-2019), según enmendada, 22 LPRA secs. 1141 et seq. En 

vista de ello, declaró ha lugar la Solicitud de Desestimación2 de la 

parte apelada y desestimó la Demanda3 del caso de marras por 

carecer de jurisdicción sobre la materia. 

El 14 de junio de 2024, emitimos una Resolución donde le 

concedimos a la parte apelada hasta el 15 de julio de 2024 para 

presentar su alegato en oposición.

El 10 de julio de 2024, el Negociado presentó una Solicitud de 

Breve Término mediante la que solicitó un breve término adicional 

de diez (10) días laborables para presentar su alegación responsiva

al auto de apelación. 

Ante ello, el 11 de julio de 2024, emitimos una Resolución 

donde le concedimos un término final hasta el 29 de julio de 2024

para dicha presentación. 

El 18 de julio de 2024, la parte apelante radicó una Moción 

Informativa por la que arguyó que la controversia desestimada por 

el foro primario era propensa a seguir ocurriendo. A esos efectos, 

peticionó que tomáramos conocimiento de una Resolución emitida el 

16 de julio de 2024 por parte del Negociado intitulada In re: Cálculo 

de Cargo Regulatorio para Compañías de Servicio Eléctrico en un caso 

administrativo bajo el alfanúmero NEPR-MI-2020-0007 donde 

alegadamente se utilizó nuevamente el cálculo impugnado en el caso 

de marras.

También solicitó que tomáramos conocimiento del caso Centro 

Unido Detallistas v. Com. Serv. Pub., 174 DPR 174 (2008), donde, 

alegó la parte apelante que, el máximo foro dispuso que las 

2 Íd., Anejo 14, págs. 93-113.

3 Íd., Anejo 11, págs. 75-86.
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sentencias declaratorias son el vehículo para impugnar la aplicación 

de un reglamento administrativo, tal como el reglamento 

impugnado; a saber, el Reglamento sobre la Enmienda al 

Reglamento Núm. 8618, sobre Certificaciones, Cargos Anuales y 

Planes Operacionales de Compañías de Servicio Eléctrico en Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 8701, 17 de febrero de 2016, según 

enmendado por el Reglamento Núm. 9182, 24 de junio de 2020. 

Sostuvo además que obligarla a instar una querella ante el 

Negociado era un remedio inadecuado e infructífero. Por todo lo 

anterior, reiteró que no existía razón para que el foro primario no 

asumiera jurisdicción del pleito de epígrafe. 

Por su parte, el 22 de julio de 2024, el Negociado presentó un 

Alegato en Oposición a Apelación y Solicitud de Desestimación. En 

síntesis, arguyó que la sentencia declaratoria y el interdicto no son 

los únicos remedios para revisar la validez de reglas administrativas, 

y que en ningún momento el Tribunal Supremo expresó que dicha 

validez podía revisarse exclusivamente ante el foro primario. Por el 

contrario, el Negociado expuso que la Ley Núm. 57-2014, supra, le 

concedió jurisdicción primaria exclusiva sobre los asuntos 

relacionados al incumplimiento con dicha ley y la política pública 

energética.

Argumentó además, que le advirtió a la parte apelante, 

mediante una Resolución emitida el 21 de junio de 2023, que 

cualquier reclamación en cuanto al cargo regulatorio tenía que 

realizarse de conformidad a los procedimientos adjudicativos 

establecidos en el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, 

Avisos de Incumplimiento, Revisión de Tarifas e Investigaciones, 

Reglamento Núm. 8543, 18 de diciembre de 2014.4 Sin embargo, 

arguyó el Negociado que, la parte apelante optó por no valerse de 

4 Íd., Anejo 9, págs. 67-70.
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dichos procedimientos disponibles para obtener un remedio, sino 

que acudió directamente al TPI, en preterición del remedio 

administrativo exclusivo a su disposición. Ante lo anterior, sostuvo 

que el foro a quo actuó correctamente al desestimar el pleito de

autos. Por último, expuso la parte apelada que la controversia 

reclamada en el caso de epígrafe debió de haberse presentado en 

contra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o LUMA como la 

entidad encargada de cobrar el cargo regulatorio y no contra el

Negociado. 

El 23 de julio de 2024, emitimos una Resolución donde le 

concedimos a la parte apelada un término final hasta el 9 de agosto 

de 2024 para presentar su posición sobre los méritos del recurso, 

en atención a la alegación sobre la impugnación de la aplicación del

reglamento en controversia. 

El mismo 23 de julio de 2024, la parte apelante presentó una 

Réplica a Alegato del NEPR mediante la cual sostuvo que la 

controversia ante este foro versa sobre la interpretación de un 

estatuto y por ende, se trata de un asunto de inherencia exclusiva 

de la rama judicial, a tenor con Loper Bright Enterprises v. 

Raimondo, 603 U.S. __ (2024) (donde el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos determinó que, a tenor con el Administrative 

Procedure Act (APA), los tribunales no pueden otorgarle deferencia a 

la interpretación realizada por una agencia administrativa respecto 

a una ley solo porque dicho estatuto es ambiguo). Arguyó la parte 

apelante que, conforme a lo anterior, el tribunal no tiene razón para 

renunciar a su deber constitucional de adjudicar controversias. 

También alegó que no tiene obligación alguna de reclamarle a la AEE 

o LUMA, quien meramente desempeña un rol ministerial bajo la 

instrucción del Negociado.

Continuó exponiendo la parte apelante que el Negociado no 

ostenta jurisdicción primaria exclusiva sobre el caso de epígrafe, 
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pues la controversia no trata sobre un asunto de política pública 

energética ni requiere pericia del ente administrativo. Arguyó

también que el Artículo 6.4 (c) de la Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 

1054c, no es claro en cuanto a la naturaleza de la jurisdicción del 

Negociado, pues, aunque el inciso (a) de dicho artículo le concede a 

la parte recurrida jurisdicción exclusiva, el inciso (b) le concede 

jurisdicción general a la misma y, por ende, el ente administrativo 

ostenta jurisdicción concurrente con el TPI. Por último, expuso que 

el Artículo 6.4, supra, sec. 1054c, tampoco prevé para querellas de 

los regulados en contra del Negociado. 

El 24 de julio de 2024, el Negociado radicó una Moción en Torno 

a “Réplica a Alegato del NEPR” por la que solicitó que denegáramos 

la réplica de la parte apelante, alegando que dicha parte no podía 

presentar escritos posteriores a la apelación con fundamentos y 

argumentos que no fueron incluidos en dicho recurso, conforme a 

la Regla 16 (C)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (C)(2). Apoyó su posición además en la Regla 

47 del Reglamento de este tribunal, supra, R. 47, alegando que la 

presentación de las réplicas requiere autorización previa del 

tribunal. En la alternativa, solicitó la concesión de un término para 

presentar su posición en torno a la réplica. 

El 5 de agosto de 2024, emitimos una Resolución mediante la 

cual advertimos que no permitiremos la radicación de escritos 

adicionales, excepto lo ordenado en la Resolución emitida el 23 de 

julio de 2024. 

El 9 de agosto de 2024, el Negociado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. En síntesis, la agencia administrativa 

solicitó que reconsideráramos la orden que requiere que se exprese

sobre los méritos del recurso. En cambio, peticionó que este tribunal 

determine primero si el foro primario cometió un error al desestimar 

la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia y de ser así, 
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devolvamos el caso al foro a quo para continuar los procedimientos

del caso de epígrafe. Por lo que no cumplió con lo ordenado.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

judicial apelativo, damos por perfeccionado el recurso. En adelante, 

pormenorizaremos los hechos procesales atientes al caso de autos. 

II.

El caso de marras tiene su génesis el 2 de agosto de 2023

cuando la parte apelante presentó una Demanda sobre sentencia 

declaratoria en contra del Negociado.

5

La parte apelante sostuvo que, el 29 de diciembre de 2022, el 

Negociado emitió una Resolución en el caso Núm. NEPR-MI-2020-

0007, In re: Cálculo de Cargo Regulatorio para Compañías de 

Servicio Eléctrico, por la cual estableció el cargo regulatorio 

aplicable a todas las compañías de servicio eléctrico para sustentar 

su presupuesto operacional estatutario para el Año Fiscal 2023-

2024.6 Ante ello, arguyó que, el 10 de marzo de 2023, PV Properties, 

Coto Laurel y Windmar comparecieron separadamente ante el 

Negociado y expusieron que, conforme al límite estatutario del

0.25% de los ingresos brutos dispuesto en el Artículo 6.16 (c) de la 

Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 1054o, el pago máximo 

correspondiente era: $10,072.79 de PV Properties; $2,313.74 de 

Windmar; y $8,833.76 de Coto Laurel.7

La parte apelante alegó que, el 20 de marzo de 2023, el 

Negociado emitió otra Resolución donde reiteró su dictamen, y 

expresó que el máximo estatutario alegado por la parte apelante fue 

derogado tácitamente por la Ley Núm. 17-2019, supra, al añadirle

el inciso (e) al Artículo 6.16 de la Ley 57-2014, supra, sec. 1054o, el 

5 Íd., Anejo 11, págs. 75-86. 

6 Íd., Anejo 1, págs. 1-4.

7 Íd., Anejo 2, págs. 5-7; Íd., Anejo 3, págs. 8-10; Íd., Anejo 4, págs. 11-13. 
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cual dispone que el presupuesto anual del Negociado será 

$20,000,000.00.

8

Sostuvo la parte apelante que el Negociado emitió una 

Resolución el 21 de junio de 2023, mediante la cual expuso que los 

mecanismos de reconsideración y de revisión judicial ante este 

tribunal no estaban disponibles para la parte apelante, pues el 

procedimiento realizado fue meramente un cálculo y no uno 

adjudicativo.9

Por todo lo anterior, la parte apelante solicitó del foro primario 

que declarara que (1) el Negociado erró al concluir que el inciso (d) 

del Artículo 6.16, supra, sec. 1054o, quedó derogado por el inciso (e)

de la Ley Núm. 17-2019, supra; (2) la imposición de un cargo 

regulatorio mayor al 0.25% de los ingresos brutos es contrario a 

derecho; y (3) que ordenara al Negociado a restituirle a la parte 

apelante el exceso impuesto en contravención al texto estatutario; a 

saber, $7,236.43 para PV Properties; $2,126.93 para Windmar; y 

$5,101.97 para Coto Laurel. 

Posteriormente, el 6 de octubre de 2023, el Negociado 

presentó una Solicitud de Desestimación en la cual solicitó la 

desestimación de la demanda del caso de autos por falta de 

jurisdicción sobre la materia.

10 Arguyó ostentar jurisdicción 

primaria exclusiva, a tenor con el Artículo 6.4 de la Ley Núm. 57-

2014, supra, sec. 1054c, para atender las controversias planteadas 

por la parte apelante por tratarse de alegaciones sobre

incumplimientos con la Ley 17-2019, supra, y la Ley Núm. 57-2014, 

supra. Sostuvo también que la parte apelante acudió al Negociado, 

luego de transcurridos 71 días desde la notificación de la Resolución

emitida el 29 de diciembre de 2023, sin haber entablado un proceso 

8 Íd., Anejo 5, págs. 14-18.

9 Íd., Anejo 9, págs. 67-70.

10 Íd., Anejo 14, págs. 93-113.
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adjudicativo previo ante el Negociado, a tenor con los requerimientos 

del Reglamento Núm. 8543-2014, supra. Lo anterior, aunque, según 

expuso, esta agencia administrativa ya le había apercibido a la parte 

apelante sobre la disponibilidad de dichos procedimientos mediante 

la Resolución emitida el 21 de junio de 2023. 

El 30 de octubre de 2023, la parte apelante presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación por la que solicitó la 

denegatoria de la solicitud de desestimación y que se resolviera el 

caso en los méritos.11 Sostuvo además que la interpretación 

realizada por la parte apelada respecto al Artículo 6.4 de la Ley Núm. 

57-2014, supra, sec. 1054c, adoleció de parcialidad. Expuso que en 

el caso de marras solo se requería determinar si la incorporación del 

inciso (e) al Artículo 6.16 de la Ley Núm. 17-2019, supra, sec. 1054o, 

derogó tácitamente el límite estatutario del cargo regulatorio de 

0.25% establecido en el inciso (c). Por lo tanto, alegó que, al tratarse 

de una controversia de derecho, no se requería el expertise de la 

agencia, y consecuentemente, el tribunal ostenta jurisdicción para 

atender la controversia. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de mayo de 2024, el 

TPI emitió una Sentencia, notificada y archivada en autos el mismo 

día, mediante la cual declaró ha lugar la solicitud de desestimación 

presentada por el Negociado y desestimó la demanda del pleito de 

epígrafe por carecer de jurisdicción sobre la materia.

12 El foro 

primario dictaminó que el Negociado posee jurisdicción primaria 

exclusiva para atender asuntos sobre el incumplimiento de la 

política pública energética y las alegaciones sobre incumplimientos 

con la Ley 17-2019, supra, y la Ley 57-2014, supra.

Insatisfecho con el dictamen, el 16 de mayo de 2024, la parte 

apelante presentó una Solicitud de Reconsideración donde alegó que 

11 Íd., Anejo 15, págs. 114-122.

12 Íd., Anejo 20, págs. 130-138.
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el Negociado no tiene jurisdicción primaria exclusiva para atender 

reclamaciones que impugnen la aplicación de sus reglamentos, si no 

que la misma recae sobre los tribunales.13 Sostuvo que, aunque la

solicitud de desestimación fue apoyada por el Artículo 6.4 de la Ley 

57-2014, supra, sec. 1054c, y el foro primario dictaminó mediante 

la Sentencia recurrida que el Negociado ostenta la autoridad 

exclusiva para atender el incumplimiento con la política pública, la 

controversia no tuvo que ver con el cumplimiento o la 

implementación de la política pública energética. Por el contrario, 

alegó que las controversias sobre las cuales el Negociado tiene 

jurisdicción con prelación al tribunal son sobre los cobros realizados 

por las entidades reguladas. Reiteró que la causa de acción de la 

parte apelante versaba sobre un asunto de estricto derecho; dígase, 

si hubo una derogación tácita de la fórmula a utilizarse en el cálculo 

en controversia. Por último, sostuvo que no tenía sentido que un 

regulado tuviese que incoar una acción ante el Negociado para que 

la agencia misma determinase si había incumplido con la política 

pública energética. Ante ello, solicitó la reconsideración de la 

Sentencia recurrida.

El 21 de mayo de 2024, el TPI emitió una Resolución, notificada 

y archivada en autos el 22 de mayo de 2024, por la cual denegó la 

petición de reconsideración presentada por la parte demandante.14

Inconforme, el 13 de junio de 2024, la parte apelante presentó

un recurso de apelación en contra del Negociado por el cual le 

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la solicitud de sentencia 

declaratoria a pesar de ser el mecanismo 

jurisprudencial establecido por el TSPR para la 

impugnación de reglamentos en su aplicación.

13 Íd., Anejo 21, págs. 139-145.

14 Íd., Anejo 22, pág. 146.
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SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al desestimar la causa 

de acción a base de la doctrina de jurisdicción 

primaria exclusiva.

En cuanto al primer error, la parte apelante arguyó que el TPI 

debió tomar en cuenta que la sentencia declaratoria es el mecanismo 

reconocido para solicitar la nulidad de un reglamento cuando existe 

cualquier incumplimiento sustancial con las normas de aprobación 

de reglamentos instruidas por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA secs. 

9601 et seq., conforme a Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. 

Púb., supra. Sostuvo además que el Negociado no podía revocar el 

Reglamento Núm. 8701-2016, supra, sin cumplir con los siguientes 

requisitos: “(1) notificar al público la reglamentación que se 

aprobará; (2) proveer oportunidad para la participación ciudadana, 

que incluya vistas públicas cuando sea necesario u obligatorio; (3) 

presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado para 

la aprobación correspondiente; y (4) publicar la reglamentación 

aprobada”. Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 

606 (2019) (citando a LPAU, supra, secs. 9611–9613, 9618 y 9621).

En cuanto al segundo error señalado, alegó la parte apelante, 

en lo pertinente, que la controversia del pleito de marras no versa 

sobre un asunto de política pública que requiera pericia, y que la 

interpretación sobre el inciso (a) (3) del Artículo 6.4 de la Ley Núm. 

57-2014, supra, sec. 1054c, fue una amplia. 

Por su parte, el 22 de julio de 2024, el Negociado presentó un 

Alegato en Oposición a Apelación y Solicitud de Desestimación. En 

síntesis y en lo pertinente, arguyó que la Ley Núm. 57-2014, supra, 

le concedió al Negociado jurisdicción primaria exclusiva para 

atender los asuntos sobre el incumplimiento con la política pública 

energética y las alegaciones sobre los incumplimientos con la Ley 

Núm. 57-2014, supra, y la Ley Núm. 17-2019, supra. 
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Consiguientemente, sostuvo que el foro a quo actuó correctamente 

al desestimar el pleito de autos. 

El 23 de julio de 2024, la parte apelante presentó una Réplica 

a Alegato del NEPR donde sostuvo, en lo pertinente que, la pregunta 

presentada ante este foro versa sobre la interpretación de un 

estatuto y, por lo tanto, se trata de un asunto de inherencia 

exclusiva de la rama judicial, a tenor con Loper Bright Enterprises 

v. Raimondo, supra. Además, expuso la parte apelante que la 

agencia no ostenta jurisdicción primaria exclusiva sobre el caso de 

epígrafe, pues la controversia no trata sobre un asunto de política 

pública energética ni requiere pericia del Negociado.

El 9 de agosto de 2024, el Negociado presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. En síntesis, la agencia administrativa 

solicitó que reconsideráramos la orden que requiere que se exprese 

sobre los méritos del recurso. En cambio, peticionó que este tribunal 

determine primero si el foro primario cometió un error al desestimar 

la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia y de ser así, 

devolvamos el caso al foro a quo para continuar los procedimientos 

del caso de epígrafe. 

A continuación, pormenorizaremos el marco jurídico doctrinal 

para resolver el recurso ante nos. 

III.

A.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado solicite del tribunal la desestimación de 

la demanda presentada en su contra, antes de contestar o por medio 

de la misma contestación a la demanda, bajo los siguientes 

fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre la materia o la 

persona; (2) insuficiencia del emplazamiento o de su 

diligenciamiento; (3) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (4) dejar de acumular una 
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parte indispensable. Colón Rivera, et al., v. ELA, 189 DPR 1033, 

1049 (2013); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). No obstante, “siempre que surja, por indicación de 

las partes o de algún otro modo, que el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el pleito”. Regla 10.8 

(c) de Procedimiento Civil, supra, R. 10.8 (c); González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 855. Según lo anterior, se puede 

desestimar una reclamación por tratarse de la jurisdicción de una 

agencia administrativa o de la esfera federal, y, por lo tanto, bajo la 

Regla 10.8 (c) de Procedimiento Civil, supra, se les ordena a los 

tribunales estatales a desestimar la reclamación cuando surge 

ausencia de jurisdicción sobre la materia ante el foro aludido. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855.

B.

La jurisdicción se ha definido como el poder o la autoridad que 

tienen los tribunales para considerar y resolver casos o controversias. 

MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 211 DPR 135, 144 (2023); 

Administración de Terrenos de Puerto Rico v. Ponce Bayland 

Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Beltrán 

Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 204 DPR 89, 101 

(2020). Los tribunales de Puerto Rico poseen jurisdicción general, por 

lo cual “están facultados para atender cualquier reclamación que 

presente una controversia propia de adjudicación, siempre que tengan 

jurisdicción sobre la materia”. Consejo de Titulares de 76 Kings 

Court Condominium v. MAPFRE PRAICO Insurance Company, 208 

DPR 1018, 1026 (2022). 

La jurisdicción sobre la materia es aquella capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia respecto a un 

aspecto legal. Íd. (citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014)). Esta capacidad solo puede ser limitada por el 
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Estado y mediante la aprobación de leyes. Beltrán Cintrón v. Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 101; Consejo de 

Titulares de 76 Kings Court Condominium v. MAPFRE PRAICO 

Insurance Company, supra, pág. 1026.

Es harto conocido que “la falta de jurisdicción sobre la materia 

no puede ser subsanada”. Consejo de Titulares de 76 Kings Court 

Condominium v. MAPFRE PRAICO Insurance Company, supra, pág. 

1027. Otras consecuencias que conllevan la ausencia de jurisdicción 

sobre la materia son que (i) las partes no pueden conferírsela 

voluntariamente a un tribunal como tampoco puede este otorgársela; 

(ii) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (iii) impone a los 

tribunales el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción; (iv) 

impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción 

del foro de donde proviene el recurso; y (v) puede presentarse en 

cualquier etapa de los procedimientos, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, supra, págs. 101-102. Es por ello que los asuntos 

relacionados a la jurisdicción son privilegiados y se deben atender 

primero. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra, 

pág. 386. En otras palabras, cuando un tribunal determina que no 

ostenta jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la 

inmediata desestimación del recurso. Allied Management Group, 

Inc. v. Oriental Bank, supra, págs. 386-387.

C.

En esa misma línea, en nuestro ordenamiento jurídico existen

unas normas de autolimitación judicial incluyendo la jurisdicción 

primaria y la de agotamiento de remedios administrativos. Beltrán 

Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 102; 

Colón Rivera, et al., v. ELA, supra. Estas doctrinas “cumplen el 

objetivo de mantener un adecuado balance y distribución de poder 

y tareas entre las agencias administrativas y el poder judicial”. 
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Colón Rivera, et al., v. ELA, supra (citando a Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 DPR 716, 722 (1982)). 

En lo pertinente, la jurisdicción primaria no tiene que ver con 

el momento de la revisión judicial respecto a la acción 

administrativa, sino sobre el foro que atenderá el caso en primera 

instancia. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, supra, pág. 102 (citando a D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3a

ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 562). Esto es, si le 

corresponde a la agencia administrativa o al tribunal intervenir 

primero en la controversia. Colón Rivera, et al., v. ELA, supra. 

Para que la norma de jurisdicción primaria sea de aplicación, 

“deberá ser categóricamente concedida en la ley”. J. A. Echevarría 

Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5a ed. rev., San Juan, 

Ed. Situm, 2023, pág. 81. De ese modo, “cuando una ley expresamente 

le confiere la jurisdicción a una agencia administrativa, o ello surge del 

mismo por implicación necesaria, los tribunales no tendrán autoridad 

para dilucidar la controversia en primera instancia”. Íd.; SLG Semidey

Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677 (2009); Clases A, B y C v. 

PRTC, 183 DPR 666, 686 (2011); Junta de Dir. Cond. Montebello v. 

Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994). Sin embargo, nunca se le podrá 

privar a los tribunales de jurisdicción original en aquellos casos donde 

se planteen derechos constitucionales y se demuestre que existen 

posibilidades reales de prevalecer. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 82; 

First Fed. Savs. v. Asoc. de Condomines, 114 DPR 426 (1983).

Esta norma sobre jurisdicción primaria consiste en dos (2) 

vertientes; a saber, la jurisdicción primaria concurrente y la 

jurisdicción primaria exclusiva. Beltrán Cintrón v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 102. 

La jurisdicción primaria concurrente presupone que tanto el 

foro judicial como el administrativo ostentan jurisdicción para 
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entender la controversia. Íd., pág. 103 (citando a Fernández 

Quiñones, op. cit., pág. 574). En dichos casos, la facultad 

jurisdiccional será compartida entre el ente administrativo y los 

tribunales, y será el promovente quien tomará la decisión sobre el 

foro al cual acudirá. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 85. Como norma 

general, los tribunales deben aplicar la norma de abstención en 

casos en los cuales el peritaje de la agencia administrativa sea 

indispensable para resolver la controversia, pues “tribunales [son] 

de justicia y no centros académicos para dirimir sutilezas técnicas”. 

Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231, 240 (2010) (citando a Ortiz 

v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 244 (2001)). Por el contrario, si las 

controversias ante el foro judicial no requieren del peritaje o el 

conocimiento especializado de la agencia, el tribunal no tiene razón 

para abstenerse de ejercer su autoridad para atender el asunto ante 

su consideración. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 240.

Además, existen instancias en las que “se puede litigar el expertise en 

la agencia y simultáneamente presentar una reclamación en 

compensación por daños ante el tribunal. En esas ocasiones de 

fragmentación de las causas de acción, el procedimiento en el tribunal 

se paralizará hasta que el foro administrativo resuelva la controversia”. 

Echevarría Vargas, op. cit., pág. 85.

No obstante, cuando el estatuto del ente administrativo le 

confiere expresamente la jurisdicción a la agencia, entonces ya se 

trata de una jurisdicción primaria exclusiva o estatutaria. Íd.; 

Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, 

pág. 102. (Énfasis suplido). La jurisdicción primaria exclusiva 

conferida al organismo “no admite ningún otro medio de solución, 

ajuste o prevención”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, 

pág. 709. Lo anterior pues, la asamblea legislativa expresamente le 

confirió al ente administrativo la jurisdicción exclusiva, y bajo esa 

circunstancia, estamos ante un mandato legislativo y no frente a una 
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doctrina de índole jurisprudencial. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, 

pág. 240. Por lo tanto, “los tribunales quedan excluidos de intervenir 

en primera instancia en las materias o los asuntos sobre los cuales se 

le ha conferido la jurisdicción exclusiva a una agencia”. Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 709. 

De igual modo, nuestro más alto foro expresó que “[l]a 

aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria exige que los 

tribunales emprendan la tarea de examinar los alcances de la ley 

habilitadora de una agencia y determinar si el asunto cae 

estrictamente dentro de su ámbito”. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera, 184 DPR 407, 430 (2012). Además, es menester 

analizar los poderes otorgados expresamente a la agencia 

administrativa mediante su ley habilitadora, al igual que los poderes 

indispensables para llevar a cabo las facultades y funciones 

conferidas. Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 212 DPR 714, 727 (2023); Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera, supra, pág. 430.

Consiguientemente, la norma de jurisdicción primaria no es 

una camisa de fuerza y ante ciertas situaciones se ha reconocido su 

inaplicabilidad. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, supra, 

pág. 430; Ortiz v. Panel F.E.I., supra, pág. 246. Específicamente 

no aplica cuando “[l]a naturaleza de la causa de acción presentada 

y el remedio solicitado destacan que no se presentan cuestiones de 

derecho que exijan el ejercicio de discreción y de peritaje 

administrativo, es decir, cuando la cuestión que se plantea sea 

puramente judicial”. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 

supra, pág. 430-431 (citando a D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2a

ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, págs. 443-444). 

Una agencia administrativa “solo puede determinar ‘los 

derechos privados y las obligaciones de aquellos que están sujetos a 
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su ámbito jurisdiccional’”. Muñoz Barrientos v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 727 (citando a Fernández 

Quiñones, op. cit., 3a ed. rev., pág. 35). Por lo tanto, el ente está 

vedado de asumir jurisdicción sobre ningún tipo de actividad para 

lo que no esté claramente autorizada por ley. Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico v. Academia de Medicina de la 

Familia, 201 DPR 362, 372 (2018); Ayala Hernández v. Consejo 

Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014). Asimismo, el estatuto no 

puede ser sustituido por la necesidad, ni la utilidad ni la 

conveniencia respecto a la fuente de poder de una agencia 

administrativa. Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, supra, pág. 727; Pérez López y Otros v. CFSE, 189 

DPR 877, 883-884 (2013). Cualquier duda sobre la existencia de ese 

poder, debe resolverse en contra de ese ejercicio. Torres Pagán v. 

Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 604 (2014); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate Home Team, 173 DPR 363, 371-372 (2008)

(citando a Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 225 (2004)). 

D.

Adviértase que, se estableció la Ley Núm. 57-2014, supra, para

“fomentar la operación y administración de un sistema eficiente y de 

costos justos y razonables”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

57-2014, supra. Para lograr dicho propósito, el Negociado posee 

varios poderes y deberes incluyendo el de “[f]iscalizar y asegurar la 

cabal ejecución e implementación de la política pública sobre el 

servicio eléctrico en Puerto Rico”. Íd., sec. 1054b. En esa misma 

línea, el Negociado impondrá y cobrará cargos conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 6.16 de la Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 

1054o, con el fin de producir ingreso suficiente para cubrir gastos 

operacionales y administrativos del Negociado. 

Asimismo, el inciso (b) del Artículo 6.16 de la Ley Núm. 57-

2014, supra, sec. 1054o, y la Sección 4.03 del Reglamento Núm. 
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9182-2020, supra, disponen el procedimiento a seguir para 

determinar el cargo regulatorio. Según el inciso (b), el Negociado 

fijará proporcionalmente el cargo anual conforme a los ingresos 

brutos producidos por las personas bajo su jurisdicción 

provenientes de la prestación de servicios eléctricos o de transporte, 

según determinado por el Negociado. Además, “[e]stos cargos serán 

pagados al Negociado de Energía sobre bases trimestrales, de 

conformidad con el reglamento que esta promulgue. El Negociado de 

Energía revisará anualmente el cargo que, a tenor con este inciso, 

se impondrá a las personas bajo su jurisdicción”. Ley Núm. 57-

2014, supra, sec. 1054o. (Énfasis suplido). A esos efectos, la Sección 

4.03 del Reglamento Núm. 9182-2020, supra, dispone el 

procedimiento a seguir para calcular el cargo regulatorio:

A) El Negociado de Energía calculará un cargo 

regulatorio para toda Compañía de Servicio 

Eléctrico, basado en los Ingresos Brutos que haya 

generado durante cada Año Natural.

1) Se calculará un factor de prorrata para cada 

Compañía de Servicio Eléctrico, incluyendo la 

AEE, dividiendo el ingreso para cada Año Natural 

de cada Compañía de Servicio Eléctrico, 

incluyendo la AEE entre la suma de los Ingresos 

Brutos Anuales de todas las Compañías de 

Servicio Eléctrico, incluyendo la AEE.

2) El cargo regulatorio para cada Compañía de 

Servicio Eléctrico será el producto de la cantidad 

presupuestada anualmente para el Negociado de 

Energía- veinte millones de dólares 

($20,000,000.00)- y el factor de prorrata 

establecido por el Negociado de Energía en el 

párrafo (1) anterior.

B) Dentro del término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha en que las compañías presenten 

su informe de Ingresos Brutos Anuales, el 

Negociado de Energía determinará el cargo 

regulatorio que la AEE tendrá derecho a 

facturarle- en dos partidas semi anuales- y 

cobrarle a cada una de las Compañías de Servicio 

Eléctrico. El Negociado de Energía notificará a las 

Compañías de Servicio Eléctrico respecto al cargo 

regulatorio correspondiente mediante una 

Resolución emitida a tales fines. 

C) Dentro del término de treinta (30) días, contados a 

partir de la notificación de la Resolución descrita 
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en el párrafo (B) anterior, las Compañías de

Servicio Eléctrico remitirán a la AEE las 

cantidades correspondientes al cargo regulatorio, 

según el procedimiento establecido por la AEE. 

. . . .

La asamblea legislativa también determinó expresamente, en el 

Art. 6.4 de la Ley Núm. 57-2014, supra, la jurisdicción exclusiva que 

ostenta el Negociado para atender casos y controversias sobre el 

incumplimiento con la política pública energética:

(a) El Negociado de Energía tendrá jurisdicción 

primaria exclusiva sobre los siguientes asuntos:

(1) La aprobación de las tarifas y cargos que cobren 

las compañías de energía o un productor 

independiente de energía en relación con cualquier 

servicio eléctrico, al amparo de lo dispuesto en el 

Artículo 6.25 de esta Ley, así como los casos y 

controversias relacionadas con las tarifas que cobren 

las compañías de energía a sus clientes 

residenciales, comerciales o industriales, y sobre los 

casos y controversias relacionadas con las tarifas y 

cargos de cualquier productor independiente de 

energía .

(2) Los casos y controversias relacionadas con la 

revisión de facturación de las compañías de energía 

a sus clientes por los servicios de energía eléctrica.

(3) Los casos y controversias en las que se plantee 

el incumplimiento con la política pública 

energética del Gobierno de Puerto Rico según 

expresada en la “Ley de Política Pública 

Energética de Puerto Rico” y el derecho vigente.

(4) Los casos y controversias en las que se plantee el 

incumplimiento con cualquiera de los mandatos 

establecidos en la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 

1941, según enmendada, conocida como la “Ley de 

la Autoridad de Energía Eléctrica” y con cualquiera 

de los mandatos establecidos en la “Ley de Política 

Pública Energética de Puerto Rico”, en relación con 

el servicio eléctrico o en relación con asuntos 

energéticos.

(5) Los casos y controversias sobre trasbordo de 

energía eléctrica o interconexión con la red de 

transmisión y distribución, y toda persona que esté, 

o interese estar, conectada a la red de energía 

eléctrica en Puerto Rico o toda persona con un 

interés directo o indirecto en esos servicios de 

energía eléctrica. 

(6) Los casos y controversias que surjan en relación 

con contratos entre la Autoridad, su sucesora, o el 

Contratante de la red de transmisión y distribución, 

los productores independientes de energía y las 

compañías de energía, así como sobre los casos y 

controversias entre productores independientes de 

energía. Esto incluirá, pero no se limitará, a los 

contratos de compraventa de energía mediante los 

cuales un productor independiente de energía se 
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disponga a proveer energía a una compañía de 

energía para ser distribuida, y a los casos en que se 

cuestione la razonabilidad de las tarifas de 

interconexión, o la razonabilidad de los términos y 

condiciones de un contrato de compra de energía.

. . . .

Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 1054c. (Énfasis y 

subrayado nuestro). 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 6.18 de la Ley Núm. 57-

2014, supra, sec. 1054q, atiende el proceso a seguir para comenzar 

un caso ante el Negociado:

El Negociado de Energía de Puerto Rico establecerá 

un sistema de radicación electrónica a través del 

cual las personas puedan acceder a un portal de 

Internet para presentar los documentos 

correspondientes para iniciar un caso ante el NEPR, 

las partes puedan presentar todos los escritos y 

documentos relacionados con el trámite procesal de 

sus casos, y el NEPR pueda notificar a las partes sus 

órdenes y resoluciones. Con el objetivo de facilitar el 

acceso al sistema de radicación electrónica a las 

personas que no tengan los medios o las destrezas para 

poder radicar documentos a través del portal de 

Internet, el NEPR, otorgará acuerdos interagenciales 

con cualquier instrumentalidad pública del Gobierno de 

Puerto Rico o con organizaciones sin fines de lucro, para 

que dichas entidades asistan al público que acuda a sus 

oficinas centrales o regionales en el manejo del portal 

de Internet y en el proceso para radicar documentos a 

través del sistema de radicación electrónica, y permitan 

al público el uso de una o más computadoras para llevar 

a cabo la radicación electrónica. (Énfasis suplido). 

IV.

En el caso de marras, el TPI emitió una Sentencia en la cual 

declaró ha lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

parte recurrida, y consecuentemente, desestimó la demanda. Apoyó 

dicho dictamen en que, conforme al Artículo 6.4 de Ley Núm. 57-

2014, supra, sec. 1054c, el Negociado ostenta jurisdicción primaria 

exclusiva para atender los asuntos sobre el incumplimiento con la 

política pública y las alegaciones sobre incumplimientos con la Ley 

Núm. 17-2019, supra, y la Ley Núm. 57-2014, supra. 

Inconforme, la parte apelante planteó que el foro primario erró 

al desestimar la causa de acción del caso de marras a base de la 
KLAN202400589 21

doctrina de jurisdicción primaria exclusiva, a pesar de que la 

solicitud de sentencia declaratoria es el mecanismo jurisprudencial 

establecido por nuestro máximo foro para la impugnación de 

reglamentos. 

Tras un análisis objetivo y cuidadoso de la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, en correcta práctica jurídica 

apelativa, resolvemos que el TPI no incurrió en error, perjuicio, 

parcialidad ni abusó de su discreción al desestimar la demanda del 

caso de marras. Por el contrario, la determinación apelada es 

correcta en derecho. 

Como pormenorizamos en la sección anterior, la jurisdicción

primaria exclusiva conferida al organismo implica que “los tribunales 

quedan excluidos de intervenir en primera instancia en las materias o 

los asuntos sobre los cuales se le ha conferido la jurisdicción exclusiva 

a una agencia”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 

709.De igual modo, esta norma “no admite ningún otro medio de 

solución, ajuste o prevención”. Íd. Lo anterior pues, la asamblea 

legislativa expresamente le confirió al ente administrativo la 

jurisdicción exclusiva, y bajo esa circunstancia, estamos ante un 

mandato legislativo y no frente a una doctrina de índole 

jurisprudencial. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 240. 

Por lo tanto, “[l]a aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria 

exige que los tribunales emprendan la tarea de examinar los alcances 

de la ley habilitadora de una agencia y determinar si el asunto cae 

estrictamente dentro de su ámbito”. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera, supra, pág. 430. Además, es menester analizar los 

poderes otorgados expresamente a la agencia administrativa mediante 

su ley habilitadora, al igual que los poderes indispensables para llevar 

a cabo las facultades y funciones conferidas. Muñoz Barrientos v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 727; Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 430.
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En el presente caso, luego de examinar cuidadosamente la 

intención legislativa, es innegable que el Negociado debe atender con 

exclusividad y en primera instancia la controversia sobre el cómputo 

del cargo regulatorio impuesto a las compañías del sistema eléctrico. 

Por un lado, surge del Artículo 6.16 de la Ley Núm. 57-2014, supra, 

sec. 1054o, que el Negociado impondrá y cobrará cargos conforme a 

dicho artículo. Por el otro lado, la asamblea legislativa determinó 

expresamente que el Negociado tendrá jurisdicción primaria 

exclusiva sobre “(3) [l]os casos y controversias en las que se plantee 

el incumplimiento con la política pública energética del Gobierno de 

Puerto Rico según expresada en la ‘Ley de Política Pública 

Energética de Puerto Rico’ y el derecho vigente”. Ley Núm. 57-2014, 

supra, sec. 1054c. Nótese que el concepto de política pública es 

amplio y puede abarcar la imposición y el cobro de los cargos 

regulatorios que le corresponden pagar a las compañías reguladas 

del servicio eléctrico. Adviértase además que el Artículo 6.18 de la 

Ley Núm. 57-2014, supra, sec. 1054q, expresamente dispone que se 

utilizará un sistema de radicación electrónica para que las personas 

puedan acceder a un portal de internet con el propósito de presentar 

“los documentos correspondientes para iniciar un caso ante el 

NEPR, las partes puedan presentar todos los escritos y documentos 

relacionados con el trámite procesal de sus casos, y el NEPR pueda 

notificar a las partes sus órdenes y resoluciones”. 

En el presente caso, el foro a quo actuó correctamente al 

resolver que el Negociado ostenta jurisdicción primaria exclusiva 

sobre la controversia ante nos, por lo cual la parte apelante deberá 

presentar en primera instancia un caso ante dicho ente 

administrativo para su determinación. Una vez se cumpla con la 

formalidad del trámite administrativo, de no estar conforme con el 

resultado, tendrá la oportunidad de presentar su reclamo al foro 

judicial. 
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Ante ausencia de error, pasión error, perjuicio, parcialidad y

abusó de discreción en el presente caso, procede concederle 

deferencia al hermano foro primario, y, consecuentemente, 

confirmar la Sentencia apelada. 

V.

Por todo lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones