Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

DINORAH ROMÁN 

CINTRÓN

Apelante

V.

IKON INSURANCE, INC.

Apelada 

KLAN202400231

Apelación

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de San Juan

Caso Número:

SJ2018CV08146

Sobre: 

Reclamación de 

Salarios a través de la 

Ley de Procedimiento 

Sumario Laboral, Ley 

Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según 

enmendada

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 7 de mayo de 2024.

Comparece la parte querellante apelante, Dinorah Román Cintrón 

(en adelante, “señora Román Cintrón” o “Apelante”) mediante recurso de 

Apelación y solicita que revisemos la Sentencia dictada el 7 de febrero de 

2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante, 

“TPI”). Mediante el referido dictamen, el TPI convirtió el procedimiento a 

uno ordinario por entender que los agentes viajeros están exentos de la 

aplicación de la Ley Núm. 180-1998 y que, están impedidos de presentar 

una reclamación bajo la Ley Núm. 2-1961. Además, declaró Ha Lugar la 

Querella y ordenó a la parte querellada apelada, IKON Insurance, Inc. (en 

adelante, “IKON” o “Apelado”), el pago de $4,658.09 por concepto de 

comisiones, más intereses legales hasta su pago final a razón de 9.5% 

anual. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se Confirma 

la Sentencia apelada.
KLAN202400231 2

I.

La señora Román Cintrón comenzó a laborar en IKON como “Client 

Manager” o agente de seguros en el 2014. Como parte de sus funciones, 

tenía la responsabilidad de buscar clientes que se acogieran a los 

beneficios de las pólizas de seguro ofrecidas por IKON.

El 25 de septiembre de 2018, la señora Román Cintrón presentó 

una Querella ante el TPI en contra de IKON sobre reclamación de salarios 

al amparo del procedimiento sumario que concede la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, (en adelante, “Ley 

Núm. 2-1961”), 32 LPRA sec. 3118 et seq. La apelante alegó que, a partir 

del 2016, IKON dejó de pagar comisiones, según lo presuntamente 

pactado, y reclamó la cantidad de $109,272.56 por concepto de 

comisiones no pagadas, más una cantidad igual por concepto de 

compensación adicional y el pago de costas, gastos y honorarios de 

abogado.

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en su fondo 

los días 27 y 28 de febrero de 2023; 1, 8, 9, 13 y 14 de marzo de 2023; 11 

de abril de 2023 y 12 de junio de 2023. Durante el juicio, la parte apelante 

presentó el testimonio de la señora Román Cintrón. Por su parte, la parte 

apelada presentó el testimonio del señor Andrés Rodríguez Bergollo, 

supervisor inmediato de la apelante; del señor Félix García Barreto, 

presidente de IKON, y; del señor Pío Rechani Infanzón, director de 

finanzas de IKON. Las partes estipularon un total de 68 documentos como 

prueba documental.

Concluido el desfile de prueba, se ordenó a las partes la 

presentación de memorandos de derecho sobre los cómputos de las 

comisiones y el balance adeudado, si alguno. La señora Román Cintrón 

presentó su Memorando de Derecho el 11 de julio de 2023, mientras que 

IKON presentó el suyo el 2 de agosto de 2023.
KLAN202400231 3

El 7 de febrero de 2024, el TPI emitió una Sentencia en la que 

declaró Ha Lugar la Querella y ordenó a IKON el pago de la suma de 

$4,658.09 por concepto de comisiones, más intereses legales hasta su 

pago final a razón del 9.5% anual. Además, convirtió el procedimiento en 

uno ordinario por entender que no era de aplicación la Ley Núm. 180 de 

27 de julio de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Vacaciones 

y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” (en adelante, “Ley Núm. 180-

1998”), 32 LPRA sec. 250 et. seq., y, por ende, tampoco la Ley Núm. 2-

1961, supra. El foro apelado realizó un total de 60 determinaciones de 

hechos. En lo aquí pertinente, realizó las siguientes:

[...]

5. Dinorah Román es vendedora de pólizas de seguro. 

[...]

10. Entre las negociaciones la señora Román, solicitó 

flexibilidad en cuanto a la asistencia a la oficina porque ella 

vivía lejos, prefería trabajar independiente sin tener que ir a 

la oficina. 

[...]

15. El puesto de Dinorah Román, en IKON es uno único y se 

estableció con el propósito de que esta trajera negocio nuevo 

a la empresa. 

16. Dinorah Román, es la única empleada en IKON que cobra 

comisión por renovación de segundo y tercer año.

17. Dinorah Román, negoció y acordó con IKON un acuerdo 

de paga variable con términos y condiciones que son distintos 

al resto de los empleados de IKON debido a los objetivos de su 

puesto. 

[...]

21. Su función primordial es realizar ventas.

22. Dinorah Román, realiza su trabajo habitual y 

regularmente fuera del lugar de negocio de IKON.

23. Dinorah Román, no poncha en su horario de entrada y 

salida.

24. Dinorah Román, no tiene horario fijo de trabajo.

25. Dinorah Román, no tiene horario específico para la toma 

de alimentos.
KLAN202400231 4

26. Debido a que Dinorah Román, realiza sus funciones como 

vendedora habitual y regularmente fuera del negocio de IKON, 

esta recibe el beneficio de un pago de “car allowance” por la 

suma de $500.00 mensuales, se le pagan $100 mensuales por 

celular y se le proveyó una laptop. [...]

En lo aquí pertinente, el foro apelado concluyó que la forma en que 

la señora Román Cintrón realizaba sus funciones concordaba con la 

definición de “Agentes Viajeros” y “Vendedores Ambulantes” establecida 

en el Reglamento Núm. 13 del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, Reglamento 7082 de 18 de enero de 2006 (en adelante,

“Reglamento 7082”). Así, pues, determinó que la señora Román Cintrón

estaba excluida de la aplicación de la Ley Núm. 180-1998, supra. Por 

tanto, dictaminó que no le aplicaban las disposiciones de la referida Ley 

ni las disposiciones de la Ley Núm. 2-1961, supra.

El 13 de febrero de 2024, la señora Román Cintrón presentó un 

Memorando de Costas y solicitó una suma por la cantidad de $1,208.09.

En respuesta, el 14 de febrero de 2024, IKON presentó una Impugnación 

de partidas reclamadas por la querellante/demandante en el Memorando 

de Costas e impugnó la cuantía reclamada por la apelante bajo el 

fundamento de que los gastos reclamados deben haber sido necesarios 

para la tramitación del pleito, conforme surge de la Regla 44.1 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 44.1 (a). Así las cosas, el 15 de 

febrero de 2024, el TPI emitió una Resolución y le ordenó al apelado el 

pago total de $50.00 por concepto de costas, $45.00 por el 

diligenciamiento de los emplazamientos y $5.00 por el costo de la 

juramentación del emplazamiento.

Inconforme, el 8 de marzo de 2024, la señora Román Cintrón 

presentó un recurso de Apelación y solicitó la revisión de la Sentencia del 

7 de febrero de 2024. La apelante realizó los siguientes señalamientos de 

error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 

Demandante, como agente de ventas, no tiene derecho a 

las protecciones que establece la Ley Núm. 180-1998.
KLAN202400231 5

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 

Demandante no tiene derecho a la doble penalidad que 

establece el Artículo 11 de la Ley Núm. 180-1998.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 

Demandante no tiene derecho al pago de honorarios de 

abogado.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no encontrar 

incurso en temeridad a la parte querellada y no imponer 

el pago de honorarios por temeridad.

La parte apelada presentó su oposición al recurso el 8 de abril de 

2024. Además, IKON solicitó la desestimación del recurso de Apelación

porque los procedimientos fueron celebrados al amparo del 

procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 2-1961, y, por ende, el 

recurso fue presentado fuera del término de diez (10) días que concede 

la Sección 4 de la Ley, 32 LPRA sec. 3121.

Perfeccionado el recurso y examinados los documentos que obran 

en autos, estamos en posición de resolver.

II.

-ALa Ley Núm. 2-1961, supra, provee un procedimiento sumario para 

la tramitación y adjudicación de pleitos laborales. La esencia del trámite

sumario creado por la Ley Núm. 2-1961, supra, es proveer un mecanismo

judicial para que se consideren y adjudiquen querellas de obreros o

empleados de manera rápida, principalmente en casos de reclamaciones

salariales y beneficios. Bacardí Corporation v. Torres Arroyo, 202 DPR

1014, 1019 (2019) Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág.

732. Con su adopción, el legislador pretendió brindarle a los obreros y 

empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas que éstos presenten contra 

sus patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). 

La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en su 

tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de proteger 

al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas Santos v. Family 
KLAN202400231 6

Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin de adelantar su 

propósito, la ley estableció:

[...] (1) términos cortos para la contestación de la querella 

presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la 

concesión de una sola prórroga para contestar la querella; (3) 

un mecanismo para el emplazamiento del patrono 

querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y 

objeciones; (5) criterios para la aplicación de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una 

prohibición específica de demandas o reconvenciones contra 

el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal 

para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono 

querellado no cumpla con los términos provistos para 

contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión y 

ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-924. Patiño 

Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016).

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que [l]a 

esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones de 

salarios consagrado en la Ley Núm. 2 [...] constituye el procesamiento 

sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta característica, resulta 

un procedimiento ordinario más [...]. (Citas omitidas). Rodríguez et al. v. 

Rivera et al., 155 DPR 838, 856 (2001). Es por ello que, la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales introdujo a nuestro 

ordenamiento jurídico un trámite especial y expedito para atender las 

querellas relacionadas con disputas laborales presentadas por empleados 

o empleadas, u obreros u obreras en contra de sus patronos. En estos 

casos se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que 

no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o con 

el carácter sumario del procedimiento establecido por esta ley. Díaz 

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 207 DPR 339, 

(2021). (Escolios omitidos).

Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado por la Ley 

Núm. 2-1961, supra, es uno abarcador que al hacer un balance de los 

intereses envueltos impone la carga procesal más onerosa al patrono, sin 

que esto signifique que éste queda privado de defender sus derechos.

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 924. En vista de su 
KLAN202400231 7

carácter reparador, esta ley debe ser interpretada liberalmente a favor del 

empleado. (Cita omitida). Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 

(1998).

Por último, y atinente a la controversia ante nos, la Sección 15 del 

estatuto, 32 LPRA sec. 3132, prescribe que [e]n todos los casos en que se 

dictare sentencia en favor de la parte querellante, si ésta compareciere 

representada por abogado particular, se condenará al querellado al pago 

de honorarios de abogado.

-BLa Ley Núm. 180-1998, supra, fue aprobada con el fin de crear una 

nueva Ley de Salario Mínimo y así establecer un mecanismo más ágil, a 

tono con el desarrollo en el área laboral, tanto a nivel estatal como federal.

Véase, la Exposición de Motivos. 29 LPRA sec. 250 et seq. 

El Artículo 9 de la Ley Núm. 180-1998, 29 LPRA 250i, establece el 

derecho de todo obrero o empleado a cobrar, mediante acción civil, el 

importe total de lo adeudado por el patrono, más una cantidad adicional. 

Específicamente, el inciso (a) del precipitado Artículo dispone lo siguiente:

Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba 

compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un 

convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo 

tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia 

adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación 

que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, 

licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una 

cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por 

concepto de compensación adicional, además de los costos, 

gastos, intereses y honorarios de abogados del 

procedimiento, sin que para nada de ello obste pacto en 

contrario. Íd. (Énfasis suplido).

Sin embargo, el Artículo 8 de la Ley Núm. 180-1998, 29 LPRA sec. 

250f, provee una serie de excepciones a la aplicabilidad del estatuto, de 

manera que, las personas allí enumeradas no están cobijadas por sus 

disposiciones. Dicho Artículo establece que:

(a) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a: 

(1) personas empleadas por el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, por el Gobierno de Puerto Rico, con 

excepción de aquellas agencias o instrumentalidades de 

este que operen como negocios o empresas privadas, y; 
KLAN202400231 8

(2) personas empleadas por los Gobiernos Municipales.

(b) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a 

los(as) “Administradores(as)”, “Ejecutivos(as)” y 

“Profesionales”, según dichos términos son definidos 

mediante el Reglamento Número 13 de la Junta de Salario 

Mínimo. 

(c) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a 

empleados cubiertos por un convenio colectivo suscrito por 

una organización obrera y un patrono, siempre que su salario 

sea igual o mayor al establecido al amparo de las 

disposiciones de esta Ley. Íd. (Énfasis suplido).

A tenor con los poderes delegados, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos promulgó el Reglamento 7082, supra. El reglamento 

aludido se creó para definir aquellas clasificaciones ocupacionales 

exentas de las normas de salario mínimo y las referentes al pago de 

licencias por vacaciones y enfermedad. Art. III del Reglamento 7082, 

supra.

El Artículo V del Reglamento 7082, define “Administrador”, en lo 

aquí pertinente, como todo empleado:

2. cuya función primordial sea el realizar trabajo de 

oficina o que no sea de naturaleza manual, directamente 

relacionado con la dirección o las operaciones generales del 

negocio del patrono o de los clientes del patrono; y 

3. cuya función primordial incluya el ejercicio de 

discreción y juicio independiente con relación a asuntos de 

importancia. [...]

Por su parte, el Artículo VI del Reglamento, supra, define 

“Ejecutivo” como todo empleado cuya función primordial sea la dirección 

de la empresa en que trabaja o de un departamento o de una subdivisión 

comúnmente reconocida de la empresa y que, usual y regularmente dirija 

el trabajo de, por lo menos, dos o más empleados de tiempo completo o su 

equivalente.

La definición de “Profesional” queda comprendida en el Artículo VII

del Reglamento, supra, como todo empleado que requiera conocimientos 

avanzados, predominantemente intelectuales, y que incluya el constante 

ejercicio de discreción y juicio independiente.

Por otro lado, Artículo VIII (C) del Reglamento, supra, define 

“Agentes Viajeros” y “Vendedores Ambulantes” como:
KLAN202400231 9

Los Agentes Viajeros y Vendedores Ambulantes son aquellos 

empleados cuya función primordial es realizar ventas según 

definido por la FLSA y/o por la Ley Núm. 379, o aquellos 

empleados cuyo deber primordial sea obtener órdenes o 

contratos de servicios o para el uso de facilidades por lo cual 

el cliente o comprador pagará una consideración o 

remuneración; y que el empleado esté habitual y regularmente 

ocupado lejos del lugar de negocio de su patrono mientras 

realiza dichas funciones. Este empleado generalmente realiza 

sus ventas en el lugar de negocios o residencia de los clientes. 

Esta excepción no incluye ventas por teléfono, por correo o 

por el Internet, a menos de que las mismas sean resultado de 

una gestión personal de ventas. El requisito de una 

compensación mínima salarial (Artículo IX de este 

Reglamento) no es de aplicación para los empleados que sean 

considerados agentes viajeros o vendedores ambulantes bajo 

esta disposición.

Finalmente, para conocer el alcance de las excepciones bajo las 

disposiciones de la Ley Núm. 180-1998, el Artículo IV del Reglamento 

7082, dispone que el nombre o título del empleado no es suficiente para 

establecer su estatus como empleado exento. Por tanto, el estatus del 

empleado deberá determinase a base de su salario y funciones, según 

establecidas en el Reglamento. 

-CLa Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d),

regula los honorarios de abogado, estableciendo lo siguiente:

En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. [...] (Énfasis suplido).

Nuestra más alta Curia ha definido la temeridad como una actitud 

que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y administración de la justicia. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 

118 DPR 713, 718 (1987). 

Se entiende que un litigante actúa con temeridad cuando por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).
KLAN202400231 10

La imposición de honorarios de abogado por temeridad busca 

establecer una penalidad al litigante perdidoso que instó un pleito frívolo 

y debido a ello fuerza a la otra parte a incurrir en gastos y trabajo 

innecesarios, o a la parte que extendió excesivamente un pleito ya 

incoado. Por consiguiente, ésta busca disuadir la litigación 

innecesaria. ELA v. Ojo de Agua Development, Inc., 205 DPR 502 (2020).

El requisito de la existencia de una actuación temeraria hace que la Regla 

44.1 de las de Procedimiento Civil, supra, tenga el propósito de penalizar 

o sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha 

regla. Íd. No obstante, el Tribunal Supremo ha relevado del pago de 

honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito donde hubo 

controversias fácticas reales que requerían el examen de la prueba 

testifical y documental. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 

351, 357-358 (1989).

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre la 

discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella 

en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G. Flores–

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales apelativos 

no deben intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que el foro recurrido 

actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando 

la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 

(2005).

III.

En el presente caso, la parte apelante solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 7 de febrero de 2024, mediante la cual el TPI: (1)

determinó que la señora Román Cintrón era una agente viajera, según 

definido bajo el Reglamento 7082; (2) convirtió el procedimiento a 

ordinario por no ser de aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 180-

1998, y; (3) ordenó a IKON el pago de $4,658.09 por concepto de 
KLAN202400231 11

comisiones, más intereses legales hasta su pago final a razón de 9.5% 

anual. El Tribunal determinó que las funciones de la señora Román 

Cintrón eran compatibles con la definición de “Agente Viajero” y 

“Vendedor Ambulante” contenida en el Reglamento 7082, supra. A su 

vez, concluyó que los agentes viajeros eran una categoría exenta de la 

aplicación de la Ley Núm. 180-1998. Por tal razón, convirtió el

procedimiento a ordinario, por no ser de aplicación la Ley Núm. 2-1961, 

supra.

La parte apelante señala un total de cuatro (4) señalamientos de 

error. En síntesis, sostiene que erró el TPI al determinar que no le eran

de aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 180-1998 por caer bajo la 

categoría de “Agentes Viajeros y Vendedores Ambulantes”. Sobre esto, 

señala que el Artículo 8 del estatuto no excluye a los empleados que se 

desempeñan como vendedores.

Asimismo, señala que erró el TPI al no imponerle a la parte apelada 

el pago de honorarios de abogado. Arguye que procedía la imposición de 

honorarios de abogado al amparo de la Sección 15 de la Ley Núm. 2-1961 

y del Artículo 11 de la Ley Núm. 180-1998, o en la alternativa, por la 

alegada temeridad en la que incurrió el apelado. La señora Román Cintrón 

argumenta que IKON fue temerario al haber negado en su Contestación a 

Querella que no se le adeudaban comisiones a la apelante y que, según 

una investigación realizada por estos, la apelante tenía un crédito por 

comisiones pagadas en exceso.

Por su parte, IKON sostiene que procede la desestimación del 

recurso por falta de jurisdicción, ya que el procedimiento fue celebrado 

como uno sumario y, por ende, la apelante tenía un término de diez (10) 

días para presentar su Apelación. Además, arguye que los “Agentes 

Viajeros” o “Vendedores Ambulantes” no están cobijados por las 

disposiciones de la Ley Núm. 180-1998, supra. Además, señala que no 

incurrió en temeridad alguna y que la controversia ante el TPI era sobre 
KLAN202400231 12

una confusión respecto a la fórmula adecuada para el cálculo de las 

comisiones de la señora Román Cintrón. 

Como Tribunal Apelativo, en primer lugar, estamos obligados a 

examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso presentado.

Ciertamente, los procedimientos fueron celebrados al amparo del 

procedimiento sumario que concede la Ley Núm. 2-1961, supra. No 

obstante, el foro apelado convirtió el procedimiento a ordinario mediante 

Sentencia. Convertido el procedimiento a ordinario por el TPI, la señora 

Román Cintrón tenía un término de treinta (30) días para acudir 

mediante apelación ante esta Curia, conforme dispone la Regla 13 de 

nuestro Reglamento. Por todo lo cual, el recurso fue presentado dentro 

de término. No procede la desestimación por falta de jurisdicción 

solicitada por la parte apelada.

Ahora bien, sobre la aplicación de la Ley Núm. 180-1998, debemos 

destacar que el Artículo 8 del estatuto, supra, expresamente excluye de 

su aplicación a los “Administradores”, “Ejecutivos” y “Profesionales”. No 

obstante, el Reglamento 7082, atinente a la controversia, añadió las 

categorías de “Agentes Viajeros” o “Vendedores Ambulantes”.

Como ya discutimos, el Reglamento 7082 fue creado con la 

intención de definir las categorías exentas de las normas de salario 

mínimo y las referentes al pago de licencias por vacaciones y enfermedad

de las leyes laborales.

Ahora bien, debemos determinar si, de acuerdo con sus funciones, 

la señora Román Cintrón se encuentra bajo la categoría exenta de 

“Vendedores Ambulantes”. Al examinar las funciones realizadas por la 

señora Román Cintrón, es evidente que las mismas son compatibles con 

la definición de “Agente Viajero” y “Vendedor Ambulante”. 

Particularmente, de las determinaciones realizadas por el foro apelado, 

surge que:

Del testimonio de la Querellante, Dinorah Román Cintrón, 

surge que es una agente de seguros, que coordina las 

presentaciones y acude a las facilidades u oficinas de los 
KLAN202400231 13

clientes potenciales para realizar sus ventas. La señora 

Román realiza las ventas fuera de las oficinas de su patrono, 

IKON. Tampoco registra su asistencia diariamente o acudía a 

diario a las oficinas de IKON, o estaba obligada a asistir y tenía 

total control de como dividía su tiempo y las horas que 

dedicaba a trabajar diariamente. La querellante es una 

empleada exenta de IKON.

Por lo tanto, no erró el foro primario al concluir, que, según las 

funciones de la apelante, el puesto de “Client Manager” o agente de 

seguros se encontraba bajo la categoría ocupacional de vendedores 

ambulantes o agentes viajeros.

Por otro lado, en cuanto a la imposición de honorarios de abogado,

es menester señalar que, resuelta la inaplicabilidad de la Ley Núm. 2-

1961 y Ley Núm. 180-1998, no procede la concesión de honorarios bajo 

las disposiciones de los referidos estatutos.

Sin embargo, la parte apelante también sostiene que la parte 

apelada incurrió en temeridad, por lo que procedía la imposición de 

honorarios de abogado, a tenor con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Nuestro más alto foro ha expresado que una parte incurre en 

temeridad cuando por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia 

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias 

de un pleito. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.

A su vez, el Tribunal Supremo ha relevado del pago de honorarios 

de abogado a litigantes que pierden un pleito donde hubo controversias 

fácticas reales que requerían el examen de la prueba testifical y 

documental. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., supra.

Examinados los autos originales, no surge que IKON haya incurrido 

en temeridad durante los procedimientos. El hecho de haber expuesto en 

la Contestación a Querella que, luego de haber calculado las comisiones 

presuntamente adeudadas a la señora Román Cintrón, a esta le había 

sido otorgada un crédito en exceso no es suficiente para imponer 

honorarios por temeridad. Surge del expediente que existía una 
KLAN202400231 14

controversia fáctica sobre la fórmula acordada por las partes para el 

cálculo de dichas comisiones. No incurrió en error el TPI al no imponerle 

a IKON el pago de honorarios de abogado al amparo de la Ley Núm. 180-

1998 y Ley Núm. 2-1961 o al amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la Sentencia 

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones