Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

JORGE M. QUIÑONES 

LÓPEZ

Recurrente

v.

BREMEN AUTO GROUP, 

INC., POPULAR AUTO, 

LLC

Recurrido

KLRA202400080

Revisión 

procedente del

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Querella núm.: 

CAG-2020-0002205

Sobre: Compra 

Venta de Vehículos 

de Motor

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez 

Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

Luego de una vista en su fondo, el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (“DACo”) declaró sin lugar una querella presentada 

luego de un choque del vehículo de motor del querellante. Según se 

explica en detalle a continuación, procede confirmar la decisión 

recurrida, pues el récord sostiene la conclusión de DACo a los 

efectos de que al querellante se le informó, al comprar el vehículo 

varios años antes del choque a raíz del cual se presenta la querella, 

que el mismo tenía piezas de reemplazo por un accidente anterior a 

la referida compra.

I.

En octubre de 2016, el Sr. Jorge M. Quiñones López (el 

“Querellante”) adquirió de Bremen Auto Group (el “Dealer”) un 

vehículo usado marca Lexus, modelo 1S250 del año 2015 (el 

“Vehículo”). El Querellante financió la compra con Popular Auto 

bajo un contrato de arrendamiento.

Casi cuatro años luego de que el Querellante comprase el 

Vehículo, en julio de 2020, el Querellante, mientras conducía el 
KLRA202400080 2

Vehículo, cayó en un hoyo, lo que provocó que perdiera el control e 

impactara una valla de seguridad (el “Accidente Reciente”). El 

Querellante le reclamó a su aseguradora, pero este no estuvo 

conforme con la oferta de la aseguradora. Al sostenerse en su oferta, 

a través de un correo electrónico de 23 de julio de 2020, la 

aseguradora se refirió a que el Vehículo estuvo involucrado en un 

accidente anterior al Accidente Reciente.

En octubre de 2020, el Querellante presentó la acción de 

referencia (la “Querella”) ante el DACo; alegó que el Dealer incurrió 

en dolo y que, de haber tenido conocimiento que el Vehículo había 

sido previamente impactado, no hubiese adquirido el mismo. 

Sostuvo que su interés era la rescisión del contrato, la devolución 

de lo pagado y una indemnización de $25,000.00 por los daños y 

angustias mentales sufridos.

El DACo inspeccionó el Vehículo el 13 de mayo de 2021. El 

perito que estuvo a cargo de la inspección concluyó en su informe 

que: 1) el bonete fue repintado y mostraba sello de reasignación de 

piezas por DTOP; 2) el parachoques delantero de la goma fue 

repintado; y 3) el guardalodos delantero (lado pasajero) fue repintado 

y mostraba sello de reasignación de piezas de DTOP. Además, 

advirtió que el reemplazo de la pieza dentro del armazón del 

guardalodos delantero reflejaba una reparación de impacto mayor. 

El informe del perito no fue objetado por las partes.1

Luego de la correspondiente vista evidenciaria, mediante una 

Resolución notificada el 27 de diciembre de 2023 (la “Decisión”), el 

DACo declaró sin lugar la Querella. La agencia estimó probado que, 

cuando el Querellante compró el Vehículo, el Dealer le informó al

Querellante que el Vehículo había sido impactado en el área del 

1 Véase, Apéndice IX del recurso, págs. 53-54.
KLRA202400080 3

bumper delantero y que se le habían reemplazado unas piezas junto 

con las etiquetas correspondientes. 

En efecto, el DACo determinó que, cuando el Querellante 

adquirió el Vehículo, el Dealer le indicó a este, a través de una Hoja 

de Trabajo y Acuerdo, que la unidad tenía tres etiquetas reasignadas 

en el bumper delantero porque había sido impactado y reparado (el 

“Accidente Anterior”). Específicamente, en la Resolución, y sobre la 

base del Exhibit 11 (Hoja de Trabajo y Acuerdo) presentado ante el 

DACo, se consignó que el Dealer “le indicó al Querellante por escrito 

mediante una Hoja de Trabajo y Acuerdo que el vehículo tenía 3 

labels reasignados porque el vehículo tuvo un impacto en el bumper 

delantero por lo que se reparó y se le cambiaron esas piezas.” 

Apéndice a las págs. 68-692.

El DACo también razonó que, contrario a la teoría del 

Querellante, la aseguradora no le había comunicado a este que el 

Vehículo hubiese sido declarado como pérdida total como 

consecuencia del Accidente Anterior. El DACo concluyó que “de la 

evidencia presentada por el Querellante no se desprende tal 

información y solo se indica que el vehículo sufrió un ‘impacto mayor 

en la parte delantera’ y una fotografía que muestra el vehículo 

impactado en la parte delantera. Fotografía que el Querellante no 

tomó, no conoce la fecha en que se tomó y no conoce las 

circunstancias previas a la fotografía”. 

El DACo también consignó que el “informe de inspección” de 

la agencia no señaló ningún tipo de problema; que el Querellante 

“pudo utilizar el vehículo sin problemas desde que lo compró en 

2016 hasta el incidente que tuvo en 2020”, que el Vehículo “ha 

servido para el propósito para el cual [se] adquirió” y que, si el 

Vehículo no pasó inspección en 2021, ello se debería a la falta de 

2 El Querellante no cumplió con su obligación de incluir en el Apéndice copia del 

Exhibit 11 considerado por el DACo.
KLRA202400080 4

reparación del Vehículo por el Querellante luego del Accidente 

Reciente.

El 16 de enero, el Querellante solicitó la reconsideración de la 

Decisión, lo cual el DACo denegó mediante un dictamen notificado 

el 17 de enero.

Inconforme, el 16 de febrero, el Querellante presentó el 

recurso que nos ocupa; le imputa al DACo los siguientes errores: 

1. Erró el Departamento de Asuntos al 

Consumidor al determinar que los correos 

electrónicos, fotografías y récord de negocios 

certificado por Mapfre son prueba de 

referencia cuando el propio querellante 

testificó que recibió el documento de su 

aseguradora y que de los propios emails surge 

su correo electrónico.

2. Erró el Departamento de Asuntos del 

Consumidor al archivar la querella.

Prescindiendo de trámites ulteriores, de conformidad con lo 

autorizado por la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos.

II.

En nuestra función revisora, debemos gran consideración y 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas. Vélez 

Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 684, 693 (2006). Ello en atención a la 

experiencia y el conocimiento especializado que tienen los 

organismos administrativos sobre las leyes y reglamentos que 

administran. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

Las decisiones administrativas gozan de una presunción de 

corrección y regularidad que debe ser respetada mientras no se 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 728 (2005). 

La revisión judicial de las decisiones administrativas se limita 

a tres aspectos: (1) si el remedio concedido fue apropiado, (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo, y (3) si las 
KLRA202400080 5

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago v. ASR, 

185 DPR 341, 358 (2012); Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de 

procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

3 LPRA sec. 9675 (“LPAU”). Evidencia sustancial es “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero, 163 DPR a la pág. 

728; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004). 

La parte que impugne las determinaciones de hecho de la 

agencia deberá “demostrar que existe otra prueba en el expediente 

que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto de que no se puede concluir que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. Otero, 163 

DPR a la pág. 728; González Segarra, 188 DPR a la pág. 277.

Así pues, no se exige que la decisión de la agencia sea la única 

conclusión lógica a la que podría llegar un juzgador. Es decir, sobre 

la base de la totalidad de la prueba, es posible que se llegue a dos 

conclusiones distintas. No obstante, el tribunal revisor no deberá 

imponer su criterio por encima de aquel de la agencia si su 

conclusión fue razonable. 

Por último, la deferencia a las decisiones administrativas 

cede: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial, (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal. González Segarra, 188 DPR a las 

págs. 277-278; Otero, 163 DPR a la pág. 729.

Las conclusiones de derecho son revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No 

obstante, esto no significa que tenemos libertad absoluta para 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Otero, 163 DPR a la pág. 729. El tribunal revisor tiene que 

hacer una evaluación a la luz de la totalidad del expediente y, de 
KLRA202400080 6

confrontarse con un resultado distinto al obtenido por la agencia, 

debe determinar si la divergencia es razonable. Íd. La razonabilidad 

puede estar basada en la pericia particular de la agencia, en 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la prueba 

que tuvo ante su consideración. Íd. Por tanto, debemos ser 

deferentes a las interpretaciones y aplicaciones de las leyes y 

reglamentos que están dentro del conocimiento especializado de la 

agencia. Rebollo, 161 DPR a la pág. 78. 

En cuanto al uso de la prueba de referencia en los foros 

administrativos, la Sección 3.3 (e) de la LPAU dispone que “[l]as 

Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, 

pero los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar 

para lograr una solución rápida, justa y económica del 

procedimiento”. 3 LPRA sec. 9653(e). Es decir, el carácter informal 

y flexible, que distingue a los procesos administrativos, permite que 

el juzgador de hechos conozca toda la información pertinente para 

dilucidar la controversia que tiene ante sí, por lo que es posible que 

en estos se introduzca y admita prueba de referencia. Otero, 163 

DPR a la pág. 733. 

III.

Concluimos que nada de lo planteado por el Querellante 

justificaría la revocación de la Decisión. En primer lugar, sobre la 

base de la prueba documental presentada, DACo determinó que el 

Dealer le informó al Querellante, antes de que este comprase el 

Vehículo, que este había sido previamente chocado en el área del 

bumper delantero y que se le reemplazaron unas piezas junto con 

las etiquetas correspondientes. Tampoco el Querellante intenta 

controvertir que, luego de comprarlo, pudo usar el Vehículo por 

varios años sin problema alguno.

Aunque el Querellante asevera haber declarado que el Dealer 

nunca le informó sobre el Accidente Anterior, ante este supuesto 
KLRA202400080 7

conflicto en la prueba, debemos deferencia a la adjudicación de 

DACo al respecto. Más aún, el Querellante tampoco nos colocó en 

posición de pasar juicio al respecto; adviértase que, cuando se 

impugnan determinaciones fácticas formuladas sobre la base de

prueba oral, es imprescindible que se reproduzca la prueba oral. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 92 (2006); Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289-290 (2011); U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Reglas 

76 y 76.1 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

76 y 76.1.

En segundo lugar, aun si concluyéramos (sin resolverlo, por 

resultar innecesario) que el DACo erró al negarse a admitir la prueba 

documental sometida por el Querellante para intentar probar que el 

Vehículo fue declarado pérdida total a raíz del Accidente Anterior, 

de todas maneras procedería la confirmación de la Decisión. 

Aunque técnicamente el DACo determinó excluir esta prueba, en la 

Decisión, el DACo expresamente concluye que, de la misma, no 

surge que la aseguradora hubiese aseverado que el Vehículo en 

momento alguno haya sido pérdida total. 

En efecto, en la Decisión se determinó que, “de la evidencia 

presentada por el Querellante no se desprende tal información y solo 

se indica que el vehículo sufrió un ‘impacto mayor en la parte 

delantera’ y una fotografía que muestra el vehículo impactado en la 

parte delantera”. Surge, de un examen de la prueba ofrecida por el 

Querellante, que es claramente correcta esta apreciación del DACo. 

De todas maneras, no hay controversia sobre el hecho de que el 

Querellante, por varios años y hasta el Accidente Reciente, pudo 

utilizar sin problemas el Vehículo.

En fin, de la prueba documental ante el DACo surge que el 

Querellante fue informado sobre el Accidente Anterior y, además, no 

se demostró, ni aun con la prueba técnicamente excluida, que el 
KLRA202400080 8

Vehículo hubiese sido declarado pérdida total, ni mucho menos que 

el Dealer tuviese conocimiento de ello.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones