NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2023______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

ERIC RAMÍREZ CABRERA

Peticionario

v.

JAHZEEL COLÓN MANTILLA

Recurrida

KLCE202301192

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

BY2021RF01242

Sobre:

Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

Comparece el Sr. Eric Ramírez Cabrera (señor Ramírez Cabrera o 

peticionario), a través de recurso de certiorari, solicitando la revocación de

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Bayamón, (TPI), el 28 de septiembre de 2023. Mediante dicho dictamen

el foro primario denegó una solicitud del señor Ramírez Cabrera para que

dejara sin efecto la designación de hogar seguro que existe sobre el 

inmueble que servía de hogar en común cuando estaba casado con la 

señora Jahzeel Colón Mantilla, (la recurrida). 

El peticionario sostiene ante nosotros que el tribunal a quo incidió al 

mantener la designación de hogar seguro sobre la referida propiedad 

inmueble, a pesar de existir una custodia compartida sobre los hijos en 

común, con tiempo igual entre las partes. 

I. Resumen del tracto procesal 

El 9 de julio de 2021, el peticionario presentó una Demanda

solicitando la disolución del matrimonio habido con la recurrida.
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En respuesta, el 22 de julio de 2021, la recurrida presentó una 

Contestación a demanda y reconvención, aceptando las alegaciones, 

aunque añadiendo sendos comentarios, y levantando defensas afirmativas. 

En lo referente a la reconvención presentada, la recurrida solicitó allí: la

disolución del matrimonio; que se le concediese la custodia mono parental 

de las hijas procreadas entre ambos; la designación del inmueble

perteneciente a las partes como hogar seguro de las menores, donde se 

encontraban residiendo en ese momento; la imposición de una pensión

alimentaria para el sustento de dichas menores.

Conforme a la solicitud de divorcio de las partes, el 6 de agosto de 

2021, el foro primario decretó roto y disuelto el matrimonio entre estos. 

Además, decidió otorgar la custodia provisional de las menores a la

recurrida, asignando el hogar anteriormente matrimonial como hogar 

seguro, en beneficio de la recurrida y las menores. Esta última 

determinación se mantendría, hasta que fuera emitida una determinación

final en cuanto a quién correspondería la custodia de estas, pues ya se 

encontraba referido el asunto para investigación de la Unidad de Trabajo 

Social del Tribunal. 

En efecto, concluido el estudio pertinente por la Unidad de Trabajo 

Social del Tribunal, esta recomendó que la custodia de las menores fuera

compartida, relacionándose el peticionario con sus hijas en un 50%,

estableciéndose una estructura de semanas alternas, de lunes a lunes.

Dispuesto lo anterior, el 5 de abril de 2023, el peticionario presentó 

Moción en Solicitud de Modificación de Pensión Alimentaria y Otros 

Particulares. Inició aseverando que las partes habían acordado el pago de 

una pensión alimentaria para las menores, tomando en consideración que 

no ostentaba la custodia compartida de las menores en tiempo igual. Por 

este mismo fundamento, la adjudicación de la custodia compartida de las 

menores a las partes, solicitó que se dejara sin efecto la designación de 

hogar seguro en favor de la recurrida. 
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Luego, el 27 de julio de 2023, el recurrente reiteró mediante moción,

idéntico planteamiento al del párrafo que precede, sobre dejar sin efecto la 

designación del hogar seguro en favor de la recurrida.

Superados varios trámites procesales, el 5 de septiembre de 2023, el 

tribunal a quo emitió la Orden cuya revocación nos solicita el peticionario, 

sosteniéndose en la designación del referido inmueble como hogar seguro 

para las menores, hasta que estas alcancen la mayoría de edad.

Inconforme, el peticionario instó ante el TPI una moción de 

reconsideración, que fue denegada. 

Es así como el peticionario acudió ante nosotros, mediante recurso 

de certiorari, esgrimiendo el siguiente señalamiento error:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, AL MANTENER LA DESIGNACI[Ó]N DE 

HOGAR SEGURO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

HABIDA ENTRE LAS PARTES DE EPIGRAFE, ESTO A PESAR 

DE EXISTIR UNA CUSTODIA COMPARTIDA EN TIEMPO 

IGUAL ENTRE AMBAS PARTES, QUE LA RECURRIDA NO 

OSTENTA LA CUSTODIA MONOPARENTAL DE LAS 

MENORES Y SIN LA CELEBRACI[Ó]N DE UNA VISTA

EVIDENCIARIA, SEGÚN SOLICITADA, EN LA CUAL LAS 

PARTES PUDIERAN PRESENTAR LA EVIDENCIA Y LOS 

ARGUMENTOS EN APOYO DE SUS RESPECTIVAS POSTURAS

Y EN LA CUAL EL TRIBUNAL PUDIESE EVALUAR LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO CIVIL PARA LA 

DESIGNACI[Ó]N DE HOGAR SEGURO .

Por su parte, el 21 de noviembre de 2023, la recurrida presentó

Alegato en Oposición a Certiorari.

Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a exponer 

la normativa jurídica aplicable.

II. Exposición de Derecho

A. Certiorari

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio 

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, 
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en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su 

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El 

concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones.

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción 

judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. (Énfasis provisto).

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el 

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede 
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evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 401 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con 

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra 

jurisdicción. García v. Padró, supra. 

En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las 

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 

supra, pág. 730. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Según intimamos en la exposición de derecho, por virtud de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, estamos facultados para expedir 

un auto de certiorari, cuando se recurre de una resolución que atiende 

casos de relaciones de familia, como la que está ante nuestra 

consideración. Con todo, ello no suprime el carácter discrecional que el 

Legislador le imprimió a nuestra determinación de acoger el recurso 

solicitado. Como ha dicho nuestro Tribunal Supremo, la amplitud del 

recurso moderno de certiorari no significa que sea equivalente a una 

1 A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.

 B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis 

del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia.
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apelación, pues sigue siendo discrecional y los tribunales debemos utilizarlo 

con cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

918 (2009).

Examinada la controversia alzada, y el curso decisorio elegido por el 

foro recurrido, juzgamos que no acontecen las circunstancias de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto que ameriten nuestra 

intervención.

Solemos ejercitar nuestra discreción al decidir expedir un recurso de 

certiorari, al estar frente a una determinación con la cual no coincidimos o 

amerita modificación, ninguna de las cuales observamos en este caso. 

Ello, en tanto no contamos con los elementos suficientes para concluir que 

el foro primario hubiese errado al persistir en su determinación de

mantener la designación de hogar seguro de las menores, hasta que 

alcancen su mayoridad. En este sentido, a todas luces el TPI puso el 

acento en el bien jurídico que vela por el mayor bienestar de dichas 

menores, antes que el del derecho propietario correspondiente al

peticionario. 

En tanto, no variaríamos la determinación recurrida, solo nos queda 

denegar el recurso presentado.

IV. Parte dispositiva

Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones