Número Identificador

RES2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL 1

RICHARD MACHADO 

ORTIZ

Peticionario

EX PARTE

KLCE202301385

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Relaciones de Familia 

y Asuntos de Menores 

de Bayamón

Civil núm.: 

BY2020RF01106 

(3006)

Sobre: Declaración 

de Incapacidad y 

Nombramiento de 

Tutor

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Sánchez Ramos y la Jueza Cintrón Cintrón.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

Comparece ante nos el señor Richard Machado Ortiz (en 

adelante, “señor Machado Ortiz” “peticionario”), mediante el auto de 

certiorari para que revisemos las siguientes (3) tres órdenes emitidas

y notificadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (en adelante, “TPI”):

1. Orden de 12 de octubre de 2023, notificada en esa 

misma fecha: “Con lugar esta, por lo que da por 

cumplido lo ofrecido por el CPA”.2

2. Orden de 6 de noviembre de 2023, notificada al día 

siguiente, donde determinó la Moción en cumplimiento 

Orden Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal de la 

Dra. Lissette Berrios Ortiz: “Transcurrido el término de 

la orden se determina esta con lugar, por lo que se 

requiere además de lo ya presentado se establecerá en 

la vista en su fondo con el perito”.

3

3. Orden de 28 de noviembre de 2023, notificada en

esa misma fecha, a Solicitud de Remedios para que se 

Dicten Resoluciones de Conformidad con el Debido 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel. Véase, 

además, la Orden Administrativa OATA-2023-068, mediante la cual se modificó 

la composición del panel que atendió los correspondientes recursos anteriores

(KLCE202200658 – KLCE202300366).

2 Anejo 1 del Apéndice del Certiorari, págs. 1 – 3.

3 Anejo 2 del Apéndice del Certiorari, págs. 356 – 370.
KLCE202301385 2

Proceso de Ley del peticionario: “La orden es clara por 

lo que la reconsideración fue resuelta y el Tribunal 

entendió conforme la Regla 47 que procedió SIN 

LUGAR. En cuanto a tutor provisional como medida 

cautelar la misma no procede. No existe por el momento 

un incapaz para tomar dicha medida. Una vez 

demostrada la alegada incapacidad entonces el 

Tribunal tomará las medidas necesarias. Cumplan las 

partes con lo indicado sobre las fechas coordinen”.

4

Evaluado el recurso presentado, resolvemos denegar el auto 

de certiorari solicitado. 

-IEl 3 de agosto de 2020, el señor Machado Ortiz presentó una 

Petición Exparte de incapacidad y nombramiento de tutor con 

relación a su madre, la señora Norma A. Ortiz Colón (en adelante, 

“señora Ortiz Colón o presunta incapaz”).

5

Tras varios trámites procesales, el TPI dictó Sentencia el 23 

de febrero de 2021,

6 en la que desestimó la causa de acción.

Inconforme, el 12 de abril de 2021 el señor Machado Ortiz 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones (en adelante, “TA”),

7 en el 

caso núm. KLAN202100442. Así, el 17 de junio de 2021 el TA dictó

una Sentencia en la que revocó al TPI y le ordenó a adoptar 

provisionalmente las medidas necesarias para salvaguardar la 

seguridad de la presunta incapaz, señora Ortiz Colón, y de sus 

bienes, hasta que se dictara sentencia.8

En respuesta a la petición incoada, el 10 de mayo de 2022

la presunta incapaz señora Ortiz Colón; su hija, Lcda. Norma 

Machado Ortiz; su hijo, Ricardo Felipe Machado Ortiz; su esposo,

Dr. Richard Machado González; su hija, Dra. Lissette Berrios Ortiz; 

su hijo, Ángel Antonio Berríos Ortiz; y, su hijo, Ángel Manuel Berríos 

Ortiz (en adelante, “recurridos”), presentaron la Contestación a 

4 Anejo 3 del Apéndice del Certiorari, págs. 6 – 7.

5 Anejo 4 del Apéndice del Certiorari, págs. 8 – 30.

6 Notificada al día siguiente. Entrada Núm. 59 del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).

7 Entrada Núm. 69 de SUMAC.

8 Anejo 5 del Apéndice del Certiorari, págs. 31 – 82.
KLCE202301385 3

Petición de Declaración de Incapacidad y Nombramiento de Tutor 

(Contenciosa).

9

Así las cosas, el 23 de mayo de 2022 el TPI emitió una 

Orden,

10 en la que procuró la entrega de los expedientes médicos de 

la señora Ortiz Colón y prohibió la disposición de todo bien y/o 

activo que le perteneciera. Procuró, además, su evaluación con la 

psiquiatra, Dor Marie Arroyo Carrero (en adelante, “Dra. Arroyo 

Carrero”) y el neurólogo, Christian Schenk Aldahondo (en adelante, 

“Dr. Schenk Aldahondo”).

11

Insatisfechos, el 22 de junio de 2022 los recurridos 

acudieron ante el TA, mediante el recurso de certiorari, 

KLCE202200650 el cual, fue denegado.

12

Posteriormente, el TPI emitió una serie de ordenes relativas a 

la rendición del inventario de bienes y avalúo, la designación de los 

candidatos a tutor y la información requerida por los médicos.13 Por 

su parte, el peticionario Machado Ortiz solicitó la designación de un 

tutor provisional.14

El 4 de noviembre de 2022, el TPI dictó una Resolución y

Orden de Manejo del Caso,

15 Allí, reiteró como medida cautelar la 

orden de prohibición de enajenar los bienes de la señora Ortiz Colón 

sin la autorización judicial, mientras no se determinara

expresamente otra cosa.

El 23 de febrero de 2023, el señor Luis A. Martínez Renta, 

contador público autorizado (en adelante, “CPA Martínez”) presentó 

un Informe de Progreso al Honorable Tribunal.

16 Y el 14 de abril de 

9 Anejo 6 del Apéndice del Certiorari, págs. 83 – 137.

10 Notificada al día siguiente.

11 Anejo 7 del Apéndice del Certiorari, págs. 138 – 141.

12 La Resolución fue emitida el 23 de diciembre de 2022.

13 Anejos 8 y 9 del Certiorari, págs. 142 – 160.

14 Anejo 12 del Apéndice del Certiorari, págs. 196 – 198.

15 Notificada el 7 de noviembre de 2022. Anejo 15 del Certiorari, págs. 206 – 218.

16 Anejo 21 del Apéndice del Certiorari, págs. 298 – 305.
KLCE202301385 4

2023, el CPA Martínez presentó el Informe al Honorable Tribunal

Sobre Inventario y Avalúo de Bienes.

17

El 14 de abril de 2023, se celebró una vista de estado de los 

procedimientos,18 por lo que el TPI emitió una Orden a las partes de 

expresaran su posición sobre las directrices impartidas —entre 

otras— sobre la preparación de un informe por el CPA Martínez.

19

En conformidad, el 2 de mayo de 2023, las Procuradoras de 

Asuntos de Familia (en adelante, “PAF” o “Ministerio Público”)

presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden, donde 

expresaron que el CPA Martínez aún no había culminado su 

encomienda y que se le debe conceder un término adicional para 

rendir un informe final.20

El 31 de mayo de 2023, el peticionario presentó una Moción 

Sobre el Informe del CPA Luis Martínez, donde reiteró la posición del 

PAF.21

Luego, el 11 de octubre de 2023, la Lcda. Norma Machado 

Ortiz, hija de la presunta incapaz, presentó —vía representación 

legal— un escrito intitulado: Moción en Cumplimiento (Orden Número 

730). En apretada síntesis, expuso que del informe no surge que el 

inventario esté incompleto.

22 Ese mismo día, el Dr. Richard 

Machado González, esposo de la presunta incapaz, presentó un

escrito: Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a SUMAC 702 

Presentado por el Peticionario sobre Informe de CPA Martínez. En 

resumen, suscribió lo planteado en el escrito de su hija, Lcda. 

Norma Machado Ortiz.

23

17 Anejo 31 del Apéndice del Certiorari, págs. 356 – 370.

18 Anejo 31 del Apéndice del Certiorari, págs. 344 – 355.

19 Notificada el 17 de abril de 2023. Anejo 32 del Apéndice del Certiorari, págs. 

371 – 372.

20 Anejo 35 del Apéndice del Certiorari, págs. 377 – 378.

21 Anejo 39 del Apéndice del Certiorari, págs. 391 – 405.

22 Anejo 49 del Apéndice del Certiorari, págs. 454 – 461.

23 Anejo 50 del Apéndice del Certiorari, págs. 462 – 463.
KLCE202301385 5

Así las cosas, el 12 de octubre de 2023, el TPI dio por 

cumplido lo ofrecido por el CPA Martínez.

24

Inconforme, el 24 de octubre de 2023 la PAF presentó 

Informe Fiscal en Solicitud de Reconsideración.

25 El TPI ordenó a las 

partes a exponer su posición sobre lo informado por el Ministerio 

Público.26 Por lo cual, la Lcda. Norma Machado Ortiz, el Sr. Ricardo 

Felipe Machado Ortiz, el Sr. Ángel Antonio Berríos Ortiz y el Sr. 

Ángel Manuel Berríos Ortiz cumplieron con lo ordenado el mismo 

día.27

Por su parte, el 6 de noviembre de 2023, la Dra. Lissette 

Berrios Ortiz, hija de la presunta incapaz presentó: Moción en 

cumplimiento de Orden Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal, 

alegando que el referido informe estaba completo.28

En respuesta, el mismo día —6 de noviembre de 2023— el 

Sr. Richard Machado Ortiz radicó una Moción en Cumplimiento de 

Orden [758] y Uniéndonos al Informe Fiscal y la Solicitud de 

Reconsideración, en la cual alegó que el CPA Martínez sostuvo que 

no ha completado su encomienda y en el expediente judicial no 

existe un informe final rendido por este.29

El 6 de noviembre de 2023,

30 el TPI emitió una Orden en el 

que determinó Ha Lugar a la Moción en cumplimiento de Orden 

Exponiendo Posición sobre Informe Fiscal de la Dra. Lissette Berrios 

Ortiz, hija de la presunta incapaz, acogiendo la posición de que el 

informe del CPA Martínez estaba completado.

Inconforme, el 10 de noviembre de 2023 la PAF presentó un 

escrito: Informe Fiscal, en el cual sostuvo que no hay una 

24 Anejo 1 del Certiorari, págs. 1 – 2.

25 Anejo 54 del Certiorari, págs. 469 – 473.

26 Anejo 55 del Certiorari, págs. 474 – 475.

27 Anejos 56 y 57 del Certiorari, págs. 476 – 480.

28 Anejo 58 del Certiorari, págs. 481 – 483.

29 Anejo 59 del Certiorari, págs. 484 – 491.

30 Notificada el 7 de noviembre de 2023. Anejo 2 del Certiorari, págs. 4 – 5.
KLCE202301385 6

determinación en cuanto a su solicitud de reconsideración.31 Por su 

parte, ese mismo día el Dr. Richard Machado González presentó:

Muy Breve Réplica a SUMAC 771. En síntesis, se opuso al escrito de 

la PAF y exhortó al TPI a no dilatar los procesos.

32

El 13 de noviembre de 2023, TPI se sostuvo en que el 

informe del CPA Martínez estaba completado y reiteró el calendario 

de la vista en que el CPA Martínez debía comparecer como testigo.

33

El 27 de noviembre de 2023, el peticionario Machado Ortiz

presentó un escrito: Solicitud de Remedios para que se Dicten 

Resoluciones de Conformidad con el Debido Proceso de Ley.

34 En 

resumen, adujo que quedaban pendientes controversias por resolver 

y notificarlas, entre ellas, que se resolviera adecuadamente la 

solicitud de reconsideración de la PAF sobre el informe incompleto 

del CPA Martínez, ello en violación al debido proceso de ley.

El 28 de noviembre de 2023, el TPI aclaró que la 

reconsideración fue resuelta y que no existe por el momento un 

incapaz para tomar la medida cautelar del tutor provisional.35 

Inconforme, el 7 de diciembre de 2023, el Sr. Richard 

Machado Ortiz recurrió ante este foro apelativo. Mediante el auto de 

certiorari señaló los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO RESOLVER CONFORME A 

DERECHO LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, 

VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO DE LEY.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CUMPLIR CON EL MANDATO DE 

ESTE HONORABLE TRIBUNAL EN EL CASO 

KLAN202100242 EN CUANTO A LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. 

TERCER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

31 Anejo 65 del Apéndice del Certiorari, págs. 503 – 505.

32 Anejo 66 del Apéndice del Certiorari, págs. 506 – 508.

33 Anejo 67 del Apéndice del Certiorari, págs. 509 – 510.

34 Anejo 71 del Apéndice del Certiorari, págs. 517 – 527.

35 Anejo 3 del Apéndice del Certiorari, págs. 6 – 7.
KLCE202301385 7

INSTANCIA AL IGNORAR EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO VIGENTE SOBRE LA INCAPACIDAD 

LEGAL, SEGÚN REGULADO EN EL CÓDIGO CIVIL 

DEL 202O Y EMITIR ÓRDENES EN 

CONTRAVENCIÓN CON EL MISMO.

 

-IIEl auto de certiorari es un medio procesal de carácter 

discrecional que faculta a un tribunal de mayor rango a revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior jerarquía.

36 Por lo cual, la 

discreción se entiende como el poder para decidir en una forma u 

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.37

En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,38

delimita las instancias en que atenderemos —vía certiorari— las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a 

saber:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].39

Con el objetivo de que podamos ejercer de manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos del 

asunto esbozado en un certiorari— contamos con la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,40 que establece los 

siguientes criterios:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:

36 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019); 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

37 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

38 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

39 Id.

40 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202301385 8

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.41

Por lo que, al tener discreción judicial, este foro apelativo tiene 

la reserva para expedir o denegar el auto; bajo el siguiente crisol: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó́con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.42

De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le 

corresponde la dirección del proceso.43

-IIIEn síntesis, el señor Machado Ortiz nos señala que el TPI erró

al no resolver conforme a derecho la solicitud de reconsideración 

presentada por el Ministerio Público y al incumplir con el mandato 

de este Tribunal en cuanto a las medidas cautelares. También, 

arguye que el TPI incidió al ignorar el ordenamiento jurídico vigente 

sobre la incapacidad legal.

Conforme el derecho antes expresado, no encontramos razón 

por la que debamos intervenir en el presente caso. No se configura 

ninguna de las instancias contempladas en la citada Regla 52.1 de 

41 Id.

42 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

43 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202301385 9

Procedimiento Civil, ni de los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento de este tribunal.

Las órdenes recurridas constituyen un claro ejercicio de 

discreción que tiene el TPI de manejar sus casos de la manera que 

entienda más adecuada, conforme las normas de derecho aplicable 

y los hechos ante su consideración. 

Razón por la cual, no estamos ante una actuación arbitraria 

o caprichosa en ejercicio del poder discrecional, por lo que no se 

justifica nuestra intervención en este caso.

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones