Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE CAGUAS

Recurridos

v.

IRENE RODRÍGUEZ 

AGUAYO

HOUSING INVESTMENT 

CORP., CENTRO DE 

RECAUDACIONES, 

INGRESOS 

MUNICIPALES

Peticionarios

KLCE202301446

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de

Caguas

Caso número:

CG2022CV00635

Sobre:

EXPROPIACIÓN 

FORZOSA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

S E NTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparecen el Lcdo. Christian J. Francis Martínez (Lcdo. 

Francis Martínez o el peticionario) y el Bufete Francis & Gueits Law 

Offices P.S.C. y solicitan la revocación de la Orden emitida el 16 de 

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (TPI o foro primario), notificada el 22 de 

noviembre del mismo año. Mediante la referida Orden, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud del Lcdo. Christian J. 

Francis Martínez, para obtener la regrabación de la vista celebrada 

el 8 de noviembre de 2023 ante el TPI, en el pleito de expropiación 

forzosa instado ante dicho foro por el Municipio Autónomo de 

Caguas (Municipio de Caguas o parte recurrida), en contra de Irene 

Rodríguez Aguayo (señora Rodríguez Aguayo), Housing Investment 

Corp., (Housing Investment), y el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM), (en conjunto, los peticionarios). Concluyó el 

foro primario que el Lcdo. Francis Martínez ya no es abogado en el 
KLCE202301446 2

caso de expropiación forzosa, con designación alfanumérica 

CG2022CV00635, luego de que el Municipio de Caguas le solicitara 

la renuncia públicamente e instruyó a la Secretaría del TPI a 

remover al Lcdo. Francis Martínez de las notificaciones del caso de 

epígrafe.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de certiorari.

I.

El 3 de marzo de 2022, el Municipio de Caguas, representado 

en esa fecha por el Lcdo. Francis Martínez, presentó ante el TPI una

Petición de expropiación forzosa de un inmueble que se encuentra 

en su demarcación municipal, y que fue declarado estorbo público 

por la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas, en el caso REP2018-01141. La propiedad consiste en un solar de 336 metros 

cuadrados de terreno en el que enclava una estructura construida 

en hormigón en desuso ubicado en la Urbanización Villa del Rey II, 

Calle Carlo Magno 2D-11, Caguas PR 00725.1 En síntesis, alegó el 

Municipio de Caguas que la propiedad lleva muchos años en estado 

de abandono y atenta contra la seguridad y salubridad de vecinos.

Tras varios incidentes procesales, el 11 de octubre de 2023, el 

foro primario emitió Orden en la que aceptó la nueva representación 

legal anunciada por Municipio de Caguas.

2

En lo pertinente, el 8 de noviembre de 2023, se celebró una 

vista ante el foro primario a la que compareció el Lcdo. Francis 

Martínez. En esa fecha, el peticionario presentó Moción de 

Regrabación de Vista en la que solicitó al TPI la regrabación de la 

vista celebrada el 8 de noviembre de 2023.3 

1 Véase Anejo 2 de la Petición de Certiorari, páginas 2-5 del Apéndice.

2 Véase Entrada Núm. 41 de SUMAC

3 Véase Anejo 9 de la Petición de Certiorari, páginas 49-50 del Apéndice.
KLCE202301446 3

Mediante Orden emitida el 16 de noviembre de 2023, 

notificada el 22 de noviembre de 2023, el foro primario declaró No 

Ha Lugar la Moción de Regrabación de Vista presentada por el Lcdo. 

Francis Martínez. El TPI fundamentó su denegatoria en que el Lcdo. 

Francis Martínez ya no es abogado en el caso de expropiación 

forzosa luego de que el Municipio de Caguas le solicitara la renuncia 

públicamente. Así las cosas, en la aludida Orden, el foro primario

instruyó a la Secretaría del TPI a remover al Lcdo. Francis Martínez

de las notificaciones del caso.4

Inconforme, el 27 de noviembre de 2023, el Lcdo. Francis 

Martínez solicitó reconsideración al foro primario.5 También, el 29 

de noviembre de 2023, el Lcdo. Francis Martínez presentó Moción 

Dirigida a la Jueza Administradora en Solicitud de Regrabación y en 

igual fecha el TPI emitió Orden en la que dispuso que ya el asunto 

había sido resuelto por el Juez Elías Rivera Fernández.

6

En desacuerdo, el Lcdo. Francis Martínez recurre ante nos 

mediante el recurso de epígrafe presentado el 21 de diciembre de 

2023 y como único señalamiento de error sostiene lo siguiente:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA SOLICITUD DEL BUFETE FRANCIS & 

GUEITS LAW OFFICES P.S.C. DE QUE SE LE PROVEA 

COPIA DE LA REGRABACIÓN DE LA VISTA 

CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE.

El 2 de febrero de 2024, el Municipio de Caguas compareció 

ante nosotros mediante Contestación a Recurso de Certiorari. En 

síntesis, la parte recurrida sostiene que toda vez que el Lcdo. Francis 

Martínez no representa al Municipio de Caguas desde el 11 de 

octubre de 2023, éste carece de legitimación para solicitar la 

regrabación de la vista celebrada en el pleito de epígrafe, a la cual 

no tenía derecho a comparecer por no ser parte ni representante 

4 Véase Anejo 1 de la Petición de Certiorari, página 1 del Apéndice.

5 Véase Anejo 10 de la Petición de Certiorari, páginas 51-59 del Apéndice.

6 Véase Anejo 11 y anejo 12 de la Petición de Certiorari, páginas 60-65 del 

Apéndice.
KLCE202301446 4

legal de ninguna de las partes en esa fecha. Razona el Municipio de 

Caguas que, por ello, el Lcdo. Francis Martínez debe hacer su 

reclamo en un pleito independiente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 9 de la Ley Núm. 141-2019, conocida como 

Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 

Información Pública.

II.

A.

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. Y otros, 2023 TSPR 65, 212 

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. V. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la 

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir 

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 

judicial. 800 Ponce de León Corp. V. AIG, supra. No obstante, la 

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado 

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:
KLCE202301446 5

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 
KLCE202301446 6

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).

III.

Es la contención principal del Lcdo. Francis Martínez en el 

caso de epígrafe, que la regrabación de la vista solicitada al foro 

primario constituye información pública y que, además, figuró como 

abogado de récord en la vista cuya regrabación es objeto de su 

solicitud. Sin embargo, contrastada su postura con la valoración del 

foro recurrido en cuanto a que con su renuncia ya no existe la base 
KLCE202301446 7

que cimentó su comparecencia, resulta claro que el Tribunal de 

Primera Instancia no excedió el marco razonable de su discreción.

Al examinar el trámite procesal del caso, específicamente, la 

Moción de Regrabación de Vista que presentó el Lcdo. Francis 

Martínez y la Orden que emitió el TPI el 16 de noviembre de 2023, 

no encontramos indicio de que el TPI haya actuado de forma 

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; 

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase, además, TransOceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012). 

En el caso que nos ocupa, el foro primario evaluó la Moción de 

Regrabación de Vista y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar la 

solicitud del Lcdo. Francis Martínez. Con tal proceder, el foro 

primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho. Así, 

no debemos perder de perspectiva que, el Tribunal tiene amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración 

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). 

En conclusión, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar 

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos 

que nos motiven a expedir el mismo. La Orden que se pretende 

revisar fue dictada por un tribunal con jurisdicción y no amerita 

nuestra revisión inmediata. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos el 

recurso de certiorari que presentó el Lcdo. Francis Martínez. 
KLCE202301446 8

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones