Número Identificador

SEN2024 __________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

EL PUEBLO DE

PUERTO RICO

Recurrido

V.

CÉSAR BERRÍOS 

CORNELIUS

Peticionario

KLCE202400337

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

K VP2023-1904

Por:

Art. 192 CP (2012)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2024.

El 21 de marzo de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor César Berríos Cornelius (en adelante, señor 

Berríos Cornelius o parte peticionaria), mediante recurso de

Certiorari. Por medio de este, nos solicita la revisión de una Orden 

emitida el 16 de febrero de 2024 y notificada el 21 de febrero de 

2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. En virtud de tal determinación, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar la solicitud de devolución de la licencia de armas y de las 

armas ocupadas en el caso de la aquí parte peticionaria.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se expide 

el recurso de Certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Se 

devuelve el caso al foro recurrido para que se ordene al Negociado 

de la Policía de Puerto Rico (en adelante, NPPR) la devolución de las 

armas y de la licencia de armas de la parte peticionaria.

I

Los hechos que propiciaron el recurso ante nuestra 

consideración se remontan a una denuncia presentada por el 
KLCE202400337 2

Ministerio Público, en contra del señor Berríos Cornelius por 

violación al Art. 192 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5262. 

Dicha denuncia exponía lo siguiente:

EL REFERIDO IMPUTADO C[É]SAR BERR[Í]OS 

CORNELIUS ACTUANDO EN CONCIERTO Y COM[Ú]N 

ACUERDO con STALIN ANTONIO SEP[Ú]LVEDA 

MORALES y con SANTO AUGUSTO PORTALAT[Í]N allí y 

entonces en fecha y hora arriba mencionados en el 

[Á]REA del ESTACIONAMIENTO conocida como “El 

Último TROLLY” en Ocean Park que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 

Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, a propósito, 

con conocimiento y a sabiendas, COMPRÓ, POSE[Í]A, 

RETEN[Í]A, TRANSPORTABA Y DISPON[Í]A DE 

PROPIEDAD HURTADA (BICICLETA MARCA “NORCO 

FLUID FS3 del año 2019 y # SERIE 9DK0130040 

valorada en $2,170.00) a sabiendas y con el 

conocimiento de que había sido obtenida de forma 

ilícita, privando a su legítimo dueño el SR. WILLIAM 

L[Ó]PEZ CARATINI del libre uso y disfrute de su 

propiedad consistente en que la obtuvieron a un precio 

irrisorio ($300) y luego la ofrecieron a la venta al público 

a través de medios informáticos (P[á]gina de Facebook 

Marketplace) por la cantidad de $2,800.00 , siendo todo 

esto descubierto posteriormente por su legítimo dueño 

y notificado a la Policía quien los arrestó poseyendo y 

disponiendo de dicha propiedad. La referida propiedad 

fue recuperada.1

El 11 de octubre de 2023, se celebró la Vista Preliminar. 

Según se desprende de la Resolución de la vista preliminar con igual 

fecha, el Tribunal de Primera Instancia determinó No Causa 

respecto al delito imputado. No surge del expediente que, el 

Ministerio Público recurriese en alzada. 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2023, la parte 

peticionaria presentó la Moción en Solicitud de Orden. Por medio de 

esta, explicó que, debido a los hechos del caso de epígrafe, el NPPR 

le ocupó su Licencia de Armas número 158044 y dos (2) armas 

registradas a su nombre, con sus municiones y cargadores. A estos 

efectos, solicitó la devolución de lo anterior, al amparo de los 

artículos 2.08 y 2.13 de la Ley de Armas de 2020, Ley Núm. 168-

2019, infra.

1 Entrada núm. 1 de SUMAC. 
KLCE202400337 3

En igual fecha, el señor Berríos Cornelius presentó la Moción 

en Solicitud de [Ó]rdenes, donde solicitó que se le ordenara al NPPR

que las fotos y huellas tomadas como parte de la denuncia en su 

contra, le fuesen devueltas y eliminadas de todos sus archivos, 

incluyendo memorias en computadoras, conforme a la Ley Núm. 

143-2014, al igual que en los sistemas RCI y SIJC. De igual forma,

solicitó que, se le ordenara a la Directoría de Informática de la 

Oficina de Administración de Tribunales que, suprimiese la 

publicidad de la información en el portal electrónico del Poder 

Judicial de Puerto Rico, al amparo del Memorando Núm. 49, año 

fiscal 2014-2015, emitido el 1ro de octubre de 2014.

Así las cosas, mediante Orden emitida el 4 de enero de 2024, 

el foro de primera instancia le ordenó al Ministerio Público que 

expresara su posición en torno a lo solicitado por la parte 

peticionaria en el término de diez (10) días. 

El 15 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó la 

Moción en Solicitud de [Ó]rdenes, mediante la cual reiteró lo 

solicitado previamente. 

En la misma fecha, el Ministerio Público presentó la Moción 

para Exponer la Posición del Ministerio Público sobre la «Moción por 

(sic) en Solicitud de [Ó]rdenes». Por medio de la anterior, expresó 

que, no se oponía a la solicitud de la parte peticionaria y se allanaba 

a que se le devolvieran las huellas y fotos tomadas durante los 

fichajes del caso de epígrafe. Sin embargo, respecto a la entrega de 

la licencia de armas y de las armas a la parte peticionaria, el 

Ministerio Público sostuvo que, era necesario que, antes de que el 

foro a quo emitiera una orden al respecto, el NPPR informara si 

existía una investigación administrativa en contra de esta. 

El 16 de febrero de 2024, el foro primario emitió una Orden

donde declaró Ha Lugar la solicitud de eliminación de huellas y 

fichaje en los archivos de la Policía de Puerto Rico. Además, ordenó 
KLCE202400337 4

la entrega de las fotos y huellas dactilares al señor Berríos 

Cornelius, así como cualquier otro documento que obrara en los 

expedientes de la Policía de Puerto Rico. 

El mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden

cuya revisión nos atiene, donde resolvió lo siguiente:

Atendida la MOCIÓN EN SOLICITUD DE ORDEN 

presentada por la persona imputada a través del Lcdo. 

Javier H. Jiménez Vázquez el 18 de diciembre de 2023 

y transcurrido el término otorgado al Ministerio Público 

para expresarse, este Tribunal resuelve lo siguiente:

Se declara No Ha Lugar la solicitud de la devolución de 

la licencia de armas y de las armas ocupadas en el caso 

del señor César Berríos Cornelius. Debe seguirse 

procedimiento administrativo con la Policía de Puerto 

Rico.

Inconforme con dicho dictamen, el 21 de marzo de 2024, la 

parte peticionaria acudió ante este foro revisor, mediante auto de 

Certiorari e hizo los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable TPI, al declarar No Ha Lugar la

solicitud de devolución de licencia de armas y de las

armas ocupadas, en contravención al Art. 2.08 y 2.13 

de la Ley de Armas de 2020.

Erró el Honorable TPI, al declarar No Ha Lugar la

solicitud de devolución de licencia de armas y de las

armas, disponiendo que debe seguirse un

procedimiento administrativo con el NPPR.

El 10 de abril de 2024, la parte recurrida presentó el Escrito 

en Cumplimiento de Orden. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A. El Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 

2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean 

Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo 
KLCE202400337 5

v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020)2. Ahora bien, tal 

“discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

dispone los criterios que dicho foro deberá considerar, de manera 

que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o 

no las controversias que le son planteadas”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, 

pág. 372; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848. 

La precitada Regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40.

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

2 Véase también Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
KLCE202400337 6

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, según enmendada

La Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, según 

enmendada, también conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico 

de 2020, 25 LPRA secs. 461-467, fue creada con el propósito de 

promover un estatuto que salvaguardara y protegiera los derechos 

de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, y que, a su 

vez, fuera consistente con la Segunda Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos y con las decisiones del Tribunal Supremo 
KLCE202400337 7

federal3. De igual manera, uno de sus propósitos es dejar 

meridianamente claro que, en Puerto Rico el portar y poseer armas 

de fuego es un derecho fundamental, e individual al igual que en el 

resto de la Nación americana4. 

Pertinente a la controversia que nos atiene, a la fecha de 

emitido el dictamen recurrido, el Artículo 2.08 de la precitada ley, 

disponía lo siguiente: 

Luego de una determinación de causa probable para el 

arresto de cualquier persona que posea una licencia de 

armas, por la comisión de uno o más delitos graves o 

sus tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión 

provisional e incautación de la licencia hasta una 

determinación final y firme en el proceso criminal. El 

tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las 

armas de fuego y/o municiones de la persona con 

licencia de armas, las cuales se consignarán para su 

custodia en el Depósito de Armas y Municiones del 

Negociado de la Policía o en una armería. De resultar 

el acusado con una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, el juez vendrá obligado 

ministerialmente por esta Ley a ordenar la 

inmediata devolución de la licencia de armas y de 

todas las armas de fuego y municiones. [.....].

25 LPRA sec. 462g. (Énfasis suplido)

Cabe mencionar que, tan reciente como el pasado 10 de mayo 

de 2024, se aprobó la Ley 75-2024, que enmendó la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2020, supra, y entró en vigor inmediatamente 

después de su aprobación.

5 Entre otros artículos, la Ley 75-2024, 

enmendó el anterior Artículo 2.08 -Acusación por Delito Grave; 

Ocupación de Armas- que, en su parte pertinente, ahora lee de la 

siguiente manera:

Luego de una determinación de causa probable para el 

arresto de cualquier persona que posea una licencia de 

armas por la comisión de uno o más delitos graves o sus 

tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión 

provisional e incautación de la licencia hasta una 

determinación final y firme en el proceso criminal. El 

Tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las 

armas de fuego y/o municiones de la persona con 

licencia de armas, las cuales se consignarán en el 

depósito de armas y municiones del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico. El Negociado de la Policía de 

3 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 168-2019. 

4 Íd. 

5 Véase Ley 75-2024, sección 24.
KLCE202400337 8

Puerto Rico tendrá setenta y dos (72) horas para 

consignar para la custodia todas las armas de fuego y/o 

municiones de la persona con licencia de armas en el 

Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la 

Policía. De resultar el acusado con una 

determinación de no culpabilidad, o no causa, según 

corresponda, en cualquier etapa del proceso 

criminal y el ministerio público ha agotado todos los 

remedios reconocidos en las Reglas de 

Procedimiento Criminal, salvo que exista una orden 

de protección en su contra por violencia de género, 

acecho o maltrato en cualquiera de sus vertientes, 

el juez vendrá obligado ministerialmente por esta 

Ley a ordenar la inmediata devolución de la licencia 

de armas y de todas las armas de fuego y 

municiones. Toda arma de fuego y munición devuelta 

deberá entregarse en la misma condición en que se 

ocuparon. [.....].

(Énfasis nuestro)

Por otro lado, el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 168-2019, supra, 

disponía, específicamente, lo siguiente:

Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, 

arma de fuego y/o municiones, que posea un 

ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese 

motivos fundados para entender que la persona con 

licencia de armas hizo o hará uso ilegal de las armas de 

fuego y municiones para causar daño a otras personas;

por haber proferido amenazas de cometer un delito; por 

haber expresado su intención de suicidarse; cuando 

haya demostrado reiteradamente negligencia o 

descuido en el manejo del arma de fuego; cuando se 

estime que la persona con licencia de armas padece de 

una condición mental, se le considere ebrio habitual o 

sea adicto a sustancias controladas; o en cualquier otra 

situación de grave riesgo o peligro que justifique esta 

ocupación. [.....].

Un agente del orden público estará facultado a ocupar 

el arma de fuego, licencia y municiones, de forma 

temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma 

por la comisión de un delito grave o delito menos grave 

que implique violencia. 

El agente del orden público tendrá que consignar 

inmediatamente las armas de fuego y/o municiones 

ocupadas en un depósito de armas del Negociado de la 

Policía y notificar al Departamento de Justicia. Si el 

Tribunal no encuentra causa por los delitos por los 

cuales fue arrestado la persona con licencia de armas, 

ordenará la devolución inmediata de lo ocupado. Toda 

arma de fuego y municiones que sean devueltas 

deberán entregarse en las mismas condiciones en que 

se ocuparon. Bajo ningún concepto se harán marcas, 

modificaciones o mutilaciones al arma de fuego 

ocupada por los agentes del orden público o por el 

Estado mientras esté bajo su custodia. Esto no 

impedirá que el Negociado de la Policía de Puerto Rico 
KLCE202400337 9

pueda iniciar una investigación administrativa. 25 

LPRA sec. 462l.

El artículo antes reseñado fue enmendado también por la Ley 

75-2024, y en lo atinente a la controversia ante nos, ahora dispone 

lo siguiente:

Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, 

arma de fuego y/o municiones, que posea un 

ciudadano, de forma temporera, cuando tuviese 

motivos fundados para entender que la persona con 

licencia de armas hizo o hará uso ilegal de las armas de 

fuego y municiones para causar daño a otras personas;

por haber proferido amenazas de cometer un delito; por 

haber expresado su intención de suicidarse; cuando 

haya demostrado negligencia o descuido en el manejo 

del arma de fuego; cuando se estime que la persona con 

licencia de armas padece de una condición mental, se 

le considere ebrio habitual o sea adicto a sustancias 

controladas; o en cualquier otra situación de grave 

riesgo o peligro que justifique esta ocupación. [.....].

Un agente del orden público estará facultado a ocupar 

el arma de fuego, licencia y municiones, de forma 

temporera, cuando se arreste al tenedor de la misma 

por la comisión de un delito grave o delito menos grave 

que implique intimidación o violencia. El agente del 

orden público tendrá setenta y dos (72) horas para 

consignar las armas de fuego y/o municiones ocupadas 

en un depósito de armas del Negociado de la Policía y 

notificar al Departamento de Justicia.

[.....]

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a resolver. 

III

Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, en su 

primer señalamiento de error, la parte peticionaria sostiene que, el 

foro primario incidió al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

devolución de licencia de armas y de las armas ocupadas, en 

contravención al Art. 2.08 y 2.13 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

de 2020, supra. 

Por otro lado, la parte peticionaria arguye que, el foro primario 

incidió al declarar No Ha Lugar la solicitud de devolución de licencia 

de armas y de las armas, al disponer que debe seguirse un 

procedimiento administrativo con el NPPR. 
KLCE202400337 10

Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error de forma conjunta. Adelantamos que, le 

asiste la razón a la parte peticionaria. Veamos.

Según reseñáramos, contra del señor Berríos Cornelius se 

presentó una denuncia por violación al Art. 192 del Código Penal de 

2012. Luego de celebrada la vista preliminar, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó no causa por el delito imputado. 

Subsiguientemente, la parte peticionaria presentó una Moción 

en Solicitud de Orden, mediante la cual peticionó que se le ordenara 

al NPPR devolverle su Licencia de Armas número 158044 y dos (2) 

armas registradas a su nombre, junto a sus municiones y 

cargadores, al amparo de los artículos 2.08 y 2.13 de la Ley Núm. 

168-2019, supra. La referida solicitud fue declarada No Ha Lugar 

por el foro a quo mediante Orden, en la que dispuso que debía 

seguirse el procedimiento administrativo con la Policía de Puerto 

Rico. 

Conforme al derecho expuesto, el Art. 2.08 de la Ley Núm. 

168-2019, supra, disponía que: 

Luego de una determinación de causa probable para el 

arresto de cualquier persona que posea una licencia de 

armas, por la comisión de uno o más delitos graves o 

sus tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión 

provisional e incautación de la licencia hasta una 

determinación final y firme en el proceso criminal. El 

tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las 

armas de fuego y/o municiones de la persona con 

licencia de armas, las cuales se consignarán para su 

custodia en el Depósito de Armas y Municiones del 

Negociado de la Policía o en una armería. De resultar 

el acusado con una determinación de no 

culpabilidad, final y firme, el juez vendrá obligado 

ministerialmente por esta Ley a ordenar la 

inmediata devolución de la licencia de armas y de 

todas las armas de fuego y municiones. [.....].

El precitado artículo establecía que, le correspondía al 

Tribunal de Primera Instancia ordenar la devolución de la licencia 

de armas y de todas las armas de fuego y municiones ante una 

determinación de no culpabilidad.
KLCE202400337 11

En el caso que nos ocupa, hubo una determinación de no 

causa en la vista preliminar que le dio fin al proceso criminal. Si 

bien no medió una determinación de no culpabilidad, tal y como 

disponía la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, toda vez que, el 

Ministerio Público no manifestó su intención de proseguir con el 

caso en una vista preliminar en alzada, y habiendo transcurrido el 

término para así hacerlo, el dictamen emitido dio fin al proceso 

criminal. Ante ello, procedía que el Juzgador de Instancia ordenara

la inmediata devolución de la licencia de armas, así como de todas 

las armas de fuego al señor Berríos Cornelius, sin la necesidad de 

un procedimiento administrativo ulterior ante el NPPR. 

Como mencionamos previamente, el artículo 2.08 de la Ley de 

Armas Puerto Rico de 2020, supra, fue enmendado por la Ley 75-

2024, que ahora dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

Luego de una determinación de causa probable para el 

arresto de cualquier persona que posea una licencia de 

armas por la comisión de uno o más delitos graves o sus 

tentativas, el tribunal, ordenará la suspensión 

provisional e incautación de la licencia hasta una 

determinación final y firme en el proceso criminal. El 

Tribunal ordenará la ocupación inmediata de todas las 

armas de fuego y/o municiones de la persona con 

licencia de armas, las cuales se consignarán en el 

depósito de armas y municiones del Negociado de la 

Policía de Puerto Rico. El Negociado de la Policía de 

Puerto Rico tendrá setenta y dos (72) horas para 

consignar para la custodia todas las armas de fuego y/o

municiones de la persona con licencia de armas en el 

Depósito de Armas y Municiones del Negociado de la 

Policía. De resultar el acusado con una 

determinación de no culpabilidad, o no causa, según 

corresponda, en cualquier etapa del proceso 

criminal y el ministerio público ha agotado todos los 

remedios reconocidos en las Reglas de 

Procedimiento Criminal, salvo que exista una orden 

de protección en su contra por violencia de género, 

acecho o maltrato en cualquiera de sus vertientes, 

el juez vendrá obligado ministerialmente por esta 

Ley a ordenar la inmediata devolución de la licencia 

de armas y de todas las armas de fuego y 

municiones. Toda arma de fuego y munición devuelta 

deberá entregarse en la misma condición en que se 

ocuparon. [.....].

(Énfasis nuestro)
KLCE202400337 12

Si bien el estado de derecho al momento en que el foro 

primario atendió la solicitud de la parte peticionaria, era lo 

dispuesto por la Ley 168-2019, supra, no podemos pasar por alto 

que, con la puesta en vigor inmediata de las enmiendas a los

Artículos 2.08 y 2.13 mediante la Ley 75-2024, el Legislador dejó 

meridianamente clara su intención, a los efectos de que: de resultar 

el acusado con una determinación de no culpabilidad, o no 

causa, según corresponda, en cualquier etapa del proceso 

criminal y el ministerio público ha agotado todos los remedios 

reconocidos en las Reglas de Procedimiento Criminal, salvo que 

exista una orden de protección en su contra por violencia de 

género, acecho o maltrato en cualquiera de sus vertientes, el 

juez vendrá obligado ministerialmente por esta Ley a ordenar la 

inmediata devolución de la licencia de armas y de todas las 

armas de fuego y municiones.

Consecuentemente, la Ley 75-2024, aclaró que, en ausencia 

de alguna de las circunstancias por esta dispuesta, ante una 

determinación de no causa en cualquier etapa del proceso criminal, 

habiendo el ministerio público agotado todos los remedios reconocidos 

en las Reglas de Procedimiento Criminal, el juez vendrá obligado 

ministerialmente por esta Ley a ordenar la inmediata devolución 

de la licencia de armas y de todas las armas de fuego y 

municiones. Nótese que, en ese sentido, salvo ciertas excepciones 

expresamente dispuestas, el Legislador no le otorgó discreción al 

juzgador de instancia para encauzar la devolución de las armas a 

través del trámite administrativo del NPPR. 

Por el contrario, estableció diáfanamente que, el foro con 

competencia para ordenar la devolución de un arma y licencia de 

arma ocupada es el Tribunal de Primera Instancia. Como sabemos, 

a los jueces nos está vedado inmiscuirnos en la gestión legislativa. 
KLCE202400337 13

Nuestro deber ministerial es resolver conforme al estado de derecho 

vigente. 

En vista de lo anterior, colegimos que, incidió la primera 

instancia judicial al denegar la petición del señor Berríos Cornelius 

y al determinar que debía seguirse un procedimiento administrativo 

con el NPPR. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al 

foro recurrido para que se ordene al NPPR la devolución de las armas 

y de la licencia de armas de la parte peticionaria. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones