Número Identificador

SEN2023 __________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN

PANEL XI

VÍCTOR MIRANDA 

SANTANA

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202200666

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.:

B-1359-22

B-1034-22

B-1360-22

B-1275-22

B-1134-22

B-1362-22

B-1358-22

Sobre:

Entrega de 

Alimentos y 

Meriendas

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves. Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

El 16 de diciembre de 2022, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones el señor Víctor Miranda Santiago, miembro de la 

población correccional (en adelante, parte recurrente o señor 

Miranda Santiago), mediante escrito de revisión administrativa 

intitulado Demanda. Por medio de este, nos solicita que revisemos 

varias decisiones administrativas emitidas el 14 de septiembre de 

20221, el 26 de octubre de 20222, el 16 de noviembre de 20223, y el 

23 de noviembre de 20224 emitidas por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

1 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1034-22.

2 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1134-22.

3 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1275-22.

4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional B-1358-22 y Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional B-1362-22.
KLRA202200666 2

(en adelante, parte recurrida o División de Remedios 

Administrativos). 

Por los fundamentos que adelante se esbozan se confirma la 

determinación recurrida. 

I

Conforme surge del expediente, el señor Miranda Santana se 

encuentra recluido en la institución carcelaria Bayamón 501, 

módulo 1D. El 1ro de septiembre de 2022, la parte peticionaria 

presentó la Solicitud de Remedio Administrativo. En esta, arguyó 

que los alimentos que le proveía la institución llegaban fríos y que 

como consecuencia, no podía ingerirlos. Añadió que, como merienda 

le daban una caja de cereal y que esta no era apropiada. El 14 de 

septiembre de 2022, la División de Remedios Administrativos emitió 

la Respuesta al Miembro de la Población Correccional con número de 

referencia B-1034-22. Mediante la misma, desestimó la solicitud de 

la parte recurrente por falta de información. 

Posteriormente, el 6 de octubre de 2022, la parte peticionaria 

presentó otra Solicitud de Remedio Administrativo con los mismos 

argumentos presentados en la primera solicitud. El 16 de 

noviembre de 2022, la parte recurrida emitió la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional con número de referencia B1275-22. En esta indicó que, el 6 de octubre de 2022 hubo un 

cambio de menú debido al paso del huracán Fiona. 

Asimismo, el 31 de octubre de 2022, el señor Miranda 

Santana presentó la Solicitud de Remedio Administrativo donde 

arguyó que no se le estaban proveyendo alimentos conforme a su 

“dieta”. Por otro lado, el 1ro de noviembre de 2022, nuevamente 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo. En la anterior 

solicitud, acotó que, los alimentos que se le suministraban en la 

institución se encontraban fríos y que no le estaban proveyendo 

unas meriendas que habían sido solicitadas por este. 
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Así las cosas, el 16 de noviembre de 2022, la parte peticionaria

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo, en la que reiteró

que recibía los alimentos fríos, y que no le estaban proveyendo jugos 

ni pan integral. Añadió que, tal solicitud era un “último aviso” que 

si no se cumplía su petición iba a presentar un recurso ante un 

tribunal y a demandar al proveedor de alimentos. El 23 de 

noviembre de 2022, la aludida solicitud fue desestimada por la parte 

recurrida por medio de Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional con número de referencia B-1358-22, bajo el 

argumento de que los miembros de la población correccional tenían 

la responsabilidad de presentar las solicitudes de remedios de buena 

fe conforme a su mejor conocimiento y que debían utilizar un 

lenguaje adecuado. 

El 21 de noviembre de 2022, el señor Miranda Santana volvió 

a presentar otra Solicitud de Remedio Administrativo donde esbozó 

los mismos argumentos que en las solicitudes anteriores. El 23 de 

noviembre de 2022, mediante la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional con número de referencia B-1362-22, la parte 

recurrida desestimó tal solicitud por ser repetitiva. 

El 16 de diciembre de 2022, la parte recurrente acudió ante 

este foro revisor mediante recurso de revisión de decisión 

administrativa intitulado Demanda. En este, aunque la parte 

recurrente no esboza ningún señalamiento de error, arguye que, 

había agotado todo tipo de remedios administrativos respecto a los 

alimentos y dietas. Sostiene que, la parte recurrida incumplió con 

el debido proceso de ley y que no procedía que esta última 

desestimara las solicitudes de remedio presentadas por el señor 

Miranda Santana. Nos solicita, además, que ordenemos la 

asignación de un monitor federal con el propósito de que este 

supervise las dietas, la temperatura y condición de los alimentos que 

provee la parte recurrida. Finalmente, arguye que ha sufrido daños 
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mentales y emocionales por las acciones de la parte recurrida, y 

expresa que mediante el escrito pretende demandar a una compañía 

que llama “Carolina Keitering” por un total de doscientos cincuenta 

mil dólares ($250,000). 

El 14 de febrero de 2023, la parte recurrida presentó la 

Solicitud de Término Adicional. El 15 de febrero de 2023, mediante 

Resolución le concedimos a la parte recurrida hasta el lunes 6 de 

marzo de 2023, para presentar su alegato en oposición. 

El 1 de marzo de 2023, nuevamente la parte recurrida solicitó 

un término adicional mediante Solicitud de Término Final. Mediante 

Resolución emitida el 6 de marzo de 2023, le concedimos a la parte 

recurrida el término final e improrrogable hasta el lunes 13 de marzo 

de 2023. 

El 10 de marzo de 2023 compareció la parte recurrida 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de 

Desestimación.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A. Revisión Determinaciones Administrativas

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 2022 TSPR 

93, 210 DPR ___ (2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 

656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 

(2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 

(2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26,35 (2018);

Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por ello, 
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que, tales determinaciones suponen una presunción de legalidad y 

corrección, que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras 

la parte que las impugne no presente prueba suficiente para 

derrotarlas. Íd.; OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma 

no es absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado 

que no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en 

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. (Énfasis suplido).5

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. 

Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 

820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita 

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria 

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y 

5 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
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otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez 

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 9675. Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta 

intervención “debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se 

fundamente en evidencia sustancial o cuando la agencia se 

equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. Siendo así, aquellas determinaciones de hechos 

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse cuando 

estén basadas en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Íd; OEG v. Martínez 

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por 

otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas en 

su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 

9675. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 
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págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. El 

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los 

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre 

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede 

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra. 

Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que, conforme lo 

anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer en aquellas 

instancias donde la interpretación estatutaria realizada por una 

agencia provoque un resultado incompatible o contrario al propósito 

para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que 

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, 

concedido cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder 

ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que 

conduzcan a la comisión de una injusticia”. Íd. 

B. Reglamento Núm. 8583

Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y acorde 

con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 

el cual establece las facultades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de 

2015 (Reglamento Núm. 8583). Además, este fue promulgado al 

amparo de la ley federal conocida como Civil Rights of 

Institutionalized Person Act, con el fin de canalizar de forma efectiva 

los reclamos de la población correccional. Pérez López v. Depto. 

Corrección, supra, pág. 670. 

El objetivo principal del referido esquema legal es que, toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 
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presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Asimismo, este tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación 

de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del 

Reglamento Núm. 8583, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, 

supra, pág. 670. En específico, la Regla VI del Reglamento 

Núm. 8583, dispone que la División de Remedios Administrativos, 

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio 

presentada por los miembros de la población correccional, 

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que 

afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional, entre otras. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 670. La División de Remedios Administrativos cuenta con un 

procedimiento para atender las solicitudes de remedios instadas por 

la población correccional. En las Reglas XII-XV se establecen los 

estándares y procedimientos para la radicación y contestación de 

solicitudes de remedio. Reglamento Núm. 8583, supra.

Por otro lado, la Regla XIII, Sección 5, del Reglamento 8583, 

supra, dispone que el Evaluador tiene la facultad para desestimar 

las solicitudes de los miembros de la población correccional cuando 

se dan una serie de circunstancias, como haber radicado la solicitud 

de remedio más de una vez sobre el mismo asunto. 

Finalmente, el Reglamento 8583, supra, dispone que, el 

Tribunal de Apelaciones podrá realizar la revisión judicial de las 

solicitudes de remedios administrativos instadas por los miembros 

de la población correccional. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 671. En lo pertinente, dispone lo siguiente: 

1. El miembro de la población correccional podrá 

solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro del término de (30) días calendarios, contados 
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a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 

de la Notificación de la Resolución de 

Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos o noventa (90) días a 

partir de la radicación de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa 

conforme a la misma.

2. [...]6

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a aplicarla a los hechos. 

III

Según reseñáramos, la parte recurrente acudió ante este foro 

con el fin de que revisemos varias decisiones administrativas 

emitidas por la División de Remedios Administrativos. En esencia, 

arguye que, la institución correccional en la que se encuentra 

recluido le está proveyendo los alimentos fríos y que ello le ha 

causado daños emocionales. Añade que, la parte recurrida 

desestimó sus reclamaciones de manera frívola. 

Respecto a la controversia que nos ocupa, la parte recurrente 

no presentó evidencia suficiente que derrotara la presunción de 

legalidad y corrección7 que suponen las determinaciones 

administrativas. Cónsono con lo anterior, la parte recurrente no nos 

colocó en posición de variar la decisión del ente administrativo. 

Asimismo, es menester recordar que, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que el Departamento de Corrección “merece deferencia 

en la adopción y puesta en vigor de sus reglamentos, pues es la 

entidad con la encomienda de preservar el orden en las instituciones 

carcelarias”.8 

Ante la ausencia de una actuación arbitraria, ilegal, 

irrazonable o que constituya un abuso de discreción por parte de la 

6 Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra. 

7 Véase Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 626.

8 Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 674.
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agencia administrativa, razonamos que resulta innecesario que 

intervengamos con su determinación. 

Finalmente, la parte recurrente sostiene en su escrito que, 

mediante este pretende demandar por daños y perjuicios a la 

compañía que provee alimentos en la institución correccional. Nos 

compete aclararle al señor Miranda Santana que, este no es el foro 

con competencia para instar tal reclamación, así como tampoco lo 

es la agencia administrativa. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación recurrida. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El juez Adames Soto hace constar las 

siguientes expresiones explicando su conformidad:

“El reclamo del recurrente no se reduce a que recibe 

“alimentos fríos” y esto le causa daños emocionales. 

Muy por el contrario, la queja principal del recurrente 

es que, vistos sus padecimientos médicos, diabetes e 

hipertensión, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación no le está proveyendo la alimentación 

adecuada. Ante el hecho de que la pérdida de la libertad 

de un confinado no supone la privación de alimentos 

que se ajusten a las condiciones médicas que presente, 

juzgo atinado el proceso iniciado por este ante dicha 

agencia pública para reclamarlos. No obstante, la 

sucesión de peticiones del recurrente muestra gran 

cercanía la una de la otra, a pesar de que, en la mayoría 
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de las respuestas el DCR se ha dado explicación sobre 

la atención que está dando al tema. Voto conforme 

porque, aunque el DCR no ha resuelto el asunto 

principal sobre la dieta del recurrente, aparenta haber 

reconocido el asunto y dirigirse a resolverlo. En 

cualquier caso, sepa el recurrente que, del DCR no 

asumir la responsabilidad que tiene, de proveerle la 

dieta adecuada, puede acudir nuevamente al proceso 

administrativo que podría desembocar en otra revisión 

por este foro intermedio. Es decir, que el juez que 

suscribe este voto particular se mantendrá atento a las 

incidencias del caso.”

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones