Número Identificador

SEN2023________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

LUMA ENERGY 

SERVCO, LLC

Apelante

v.

LUIS ALBERTO 

RIVERA RIVERA, ET 

ALS

Apelados

KLAN202300090

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.:

SJ2022CV06844 

(907)

Sobre: Procedimiento 

Especial al Amparo 

del Artículo 14.1 de la 

Ley núm. 161-2009

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 

Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

Comparece ante este tribunal apelativo Luma Energy Servco, 

LLC (LUMA o la parte apelante) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (el TPI) el 

5 de diciembre del 2022, archivada en autos ese mismo día. 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar a la 

solicitud de injunction estatutario en virtud del Artículo 14.1 de la 

Ley núm. 161-2009. En consecuencia, desestimó la demanda 

instada por la parte apelante. 

Por las razones que expondremos a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada.

I.

El 1 de agosto de 2022 la parte apelante presentó una 

demanda de injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la 

Ley núm. 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico”. En esencia, alegó que el Sr. 
KLAN202300090 2

Luis Alberto Rivera Rivera y su esposa, la Sra. Dalline Candelario 

Ruiz (el matrimonio Rivera-Candelario) obtuvieron, de manera 

“incorrecta”, un permiso de construcción expedido por el Municipio 

de San Juan (el Municipio). Argumentaron que la construcción que 

se está realizando invade la servidumbre constituida a favor de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que procede su 

demolición. 

El matrimonio Rivera-Candelario contestó la demanda e 

indicó, entre sus defensas afirmativas, que la actuación de Luma es 

una “selectiva, discriminatoria o de persecución.” Asimismo, se 

expuso que cuentan con un permiso de construcción vigente 

expedido por la Oficina de Permisos del Municipio (núm. 2019-

277191-PCOC-021128. Se arguyó que cuando adquirieron la 

propiedad en el 2019 ya existía la estructura por la que se reclama 

alguna violación. Más aún, expresaron que “Ni el paso ni el acceso 

han sido ni les serán prohibidos y [e]stos tendrán acceso según fuere 

necesario.”1

Luego de varios trámites procesales, que se hacen 

innecesarios consignar, el 9 de noviembre de 2022 se celebró la vista 

de injunction en la cual, luego de una extensa argumentación, el 

tribunal apercibió a las partes que se estipuló el permiso de 

construcción; así como la servidumbre. A su vez, les advirtió que, a 

su entender, lo que está ante su consideración es una controversia 

de derecho y aún más, expresó que el Artículo 14.1 de la Ley núm. 

161-2009 “no es el indicado para hacer valer una servidumbre.”2 Así 

las cosas, el foro apelado concedió a ambas partes un término para 

someter por escrito sus respectivas argumentaciones. 

Cumplida la orden, y analizados los escritos, el TPI emitió el 

dictamen apelado en el cual consignó veinte (20) determinaciones de 

1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 52. 

2

Íd., a la pág. 63.
KLAN202300090 3

hechos y concluyó que el recurso especial dispuesto en la Ley núm. 

161-2009 no es el mecanismo apropiado para impugnar la obra de 

construcción y solicitar su demolición. Además, el foro a quo aclaró 

el alcance de la Sentencia dictada y expresó lo siguiente:3

 Por último, aclaramos que el alcance de esta 

Sentencia se limita a determinar la improcedencia del 

recurso de injunction estatutario en virtud de la Ley 

Núm. 161-2009. Por imperativo jurisdiccional, el 

Tribunal no determinó ni entró en los méritos en cuanto 

a los planteamientos de la parte demandante respecto 

al derecho de servidumbre- ya sea una de naturaleza 

legal o privada- y su presunta invasión por la parte 

demandada. Similarmente, lo aquí resuelto tampoco 

tiene el efecto de proscribir cualquier acción civil en el 

trámite ordinario correspondiente, como pudieran ser 

la acción confesoria de servidumbre, sentencia

declaratoria, ni la solicitud de un remedio provisional 

de sentencia bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, 

supra, que pudiera ventilarse en tal procedimiento 

ordinario o cualquier otro mecanismo que fuera 

procedente.” [notas al calce omitidas]

Inconforme, LUMA solicitó la reconsideración de dicho 

dictamen. El 3 de enero de 2023 el TPI declaró No Ha Lugar el 

petitorio. 

Aún insatisfecha, la parte apelante acude ante este foro 

apelativo imputándole al foro de primera instancia la comisión del 

siguiente error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE LA PARTE DEMANDANTE NO LOGRÓ 

DEMOSTRAR QUE PROCEDE LA CONCESIÓN DEL 

INJUNCTION ESTATUTARIO PARA REVOCAR EL 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN EN ATENCIÓN A LOS 

CRITERIOS PUNTUALES ESTABLECIDOS EN EL ART. 

14.1 DE LA LEY NÚM. 161-2009. 

El 2 de febrero de 2023 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte apelada el término de treinta (30) días para expresarse. 

El 23 de febrero de 2023 se presentó el alegato en oposición 

intitulado Moción en Cumplimiento de Orden. Así, nos damos por 

cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.

Analizados los escritos y el expediente apelativo; así como 

estudiado el estudiado aplicable, procedemos a resolver. 

3 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 25-26.
KLAN202300090 4

II.

La Ley núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA 

sec. 9011et seq., se aprobó con el fin de establecer el marco legal y 

administrativo que regiría en la solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos de construcción que inciden en el desarrollo 

económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Posteriormente, esta fue enmendada por la Ley núm. 151-2013 con 

el propósito, entre otros, de reestructurar la OGPe y así cumplir con 

la meta de agilizar los procedimientos en el trámite de concesión y 

denegación de permisos, pero en particular, garantizar y propiciar 

la participación ciudadana y el acceso a los foros adjudicativos. Por 

ello, se eliminó la Junta Revisora (foro adjudicativo adicional como 

paso previo a solicitar revisión ante los tribunales) y se restituyó la 

aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes. 

Exposición de Motivos de la Ley núm. 151-2013. 

En lo aquí pertinente, el Artículo 9.10 de la Ley núm. 161-

2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone: 

Se presume la corrección y la legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos 

por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por 

los profesionales autorizados. No obstante, cuando 

medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la 

comisión de algún otro delito en el otorgamiento o 

denegación de la determinación final o del permiso, o 

en aquellos casos en que la estructura represente un 

riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones 

ambientales o arqueológicas, la determinación final 

emitida y el permiso otorgado por la Oficina de 

Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o por el profesional autorizado, 

deberá ser revocado. La estructura se podrá 

modificar, conservar o demoler, solo después de que 

un tribunal competente así lo determine y siguiendo 

con el procedimiento judicial establecido en las 

secs. 9024 a 9024e de este título, además de cumplir 

con el debido proceso de ley. [...] (Énfasis nuestro)

A su vez, el Artículo 14.1 del estatuto, 23 LPRA sec. 9024, al 

que hace referencia el precepto anterior dispone: 

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
KLAN202300090 5

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona

privada, natural o jurídica, que tenga un interés 

propietario o personal que podría verse 

adversamente afectado, podrá presentar una acción 

de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o 

cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la 

revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud 

se haya hecho utilizando información incorrecta o 

falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin 

contar con las autorizaciones y permisos 

correspondientes, o incumpliendo con las 

disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 

(3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la 

demolición de obras construidas, que al momento de la 

presentación del recurso y al momento de adjudicar el 

mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea 

porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido 

revocado.

 Indistintamente de haberse presentado una 

querella administrativa ante la Junta de 

Planificación, entidad gubernamental concernida, 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o 

cualquier otra dependencia o instrumentalidad del 

Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, 

una parte adversamente afectada podrá presentar 

un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera 

Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso 

extraordinario al amparo de esta sección, la agencia 

administrativa perderá jurisdicción 

automáticamente sobre la querella y cualquier 

actuación que llevare a cabo con respecto a la 

misma será considerada ultra vires.

 El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar 

vista dentro de un término no mayor de diez (10) días 

naturales desde la presentación del recurso y deberá 

dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) 

días naturales desde la celebración de la vista.

[...] (Énfasis nuestro)

Debido a su naturaleza, el injunction estatutario es 

independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, 

generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Next 

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Ello, porque 

los requisitos del injunction tradicional son, de ordinario, más 

rigurosos que los exigidos para el injunction estatutario. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc., 179 DPR 391, 409 (2010). El injunction tradicional tiene su 

origen en la equidad y va dirigido esencialmente a atender 

situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para 

atender los perjuicios que enfrenta una persona, mientras que el 

interdicto estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. 
KLAN202300090 6

Es por ello, que la concesión de un injunction estatutario requiere 

un tratamiento especial, enmarcado dentro de un examen o 

escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon, 

supra, a la pág. 497.

El procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1 de la 

Ley núm. 161-2009, al igual que otros interdictos estatutarios, es 

un mecanismo establecido por un estatuto, independiente, sumario 

y limitado. ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); ARPe v. 

Rodríguez, 127 DPR 793 (1991).4 Una vez se solicita 

correctamente el procedimiento especial, el tribunal expedirá 

una orden de paralización provisional hasta que se ventile 

judicialmente el derecho de la parte que lo invocó. Nótese, sin 

embargo, que su concesión ha de evaluarse a la luz de la letra de 

este artículo y su jurisprudencia interpretativa. Íd.

 Por último, es norma trillada que, en ausencia de error, 

prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, 

ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que 

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). 

4 La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley núm. 76 de 24 de 

junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley núm. 161-

2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de la 

Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora 

del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos 

objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa.
KLAN202300090 7

III.

En esencia, la parte apelante argumentó que el TPI erró al

concluir que el remedio establecido en el Artículo 14.1 de la Ley 

núm. 161-2009 no es el adecuado para atender los hechos del 

presente caso. Alegó que la construcción que se está llevando a cabo 

ocupa parte de la servidumbre a favor de la AEE, por lo cual se 

requería un endoso de dicha agencia para realizar dicha 

construcción.

5 Así pues, LUMA entiende que la certificación 

sometida al Municipio es “incorrecta o falsa”, ya que en esta se 

indicó que el proyecto cumple con los requisitos de ley. 

Como indicamos, la Solicitud de Injunction fue instada al 

amparo del Artículo 14.1 de la Ley núm.161-2009, supra, el cual 

dispone, en lo aquí pertinente, que podrá ser presentada por una 

persona jurídica que tenga un interés propietario que podría 

verse adversamente afectado con el fin de obtener la revocación

de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando

información incorrecta o falsa. De igual manera, expusimos en el 

derecho precedente que al ser este injunction un mecanismo 

establecido por un estatuto de carácter independiente, sumario y 

limitado, su concesión requiere un tratamiento especial

enmarcado dentro de un escrutinio judicial más limitado. En 

consecuencia, para su expedición la parte apelante tenía que 

demostrar específicamente cuál fue la información incorrecta o falsa

suministrada por el matrimonio Rivera-Candelario y que el permiso 

fue expedido utilizando la misma. Lo cual, como más adelante 

explicaremos, evidentemente no ocurrió en el presente caso. 

Recordemos que el TPI, en el dictamen impugnado, reconoció 

que en el propio permiso de construcción se hizo la advertencia de 

5 El Artículo 1 de la Ley núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada, 

mejor conocida como la “Ley de Servidumbres Legales”, en lo aquí pertinente, 

establece que tienen carácter de servidumbres legales, continuas y aparentes las 

servidumbres de servicio público de paso de energía eléctrica.
KLAN202300090 8

que la adjudicación del mismo no tenía el propósito ni el alcance de 

validar o anular cualquier restricción privada, incluyendo 

servidumbres en equidad o prohibiciones que resulten 

inconsistentes con el mismo.6 Al analizar dicha condición, el foro 

primario razonó que el Municipio admitió que el permiso pudiera 

contravenir los derechos de alguna parte respecto a las 

servidumbres, “... pero ello no implica por sí solo que el permiso que 

así lo haga sea nulo o deba ser revocado, ni mucho menos que se 

indujo a error a la entidad gubernamental al emitirlo al proveer 

información “falsa o incorrecta”.”7 Añadió el foro apelado que “... del 

propio permiso expedido se orienta y advierte que cualquier parte 

afectada pudiera ir en contra de la parte que recibió el permiso para 

vindicar su derecho por medio de la acción correspondiente. Es 

decir, surge del propio permiso de construcción que la entidad 

gubernamental reconoció la posibilidad de que exista alguna 

servidumbre que grave la propiedad, pero que ello se trata de un 

asunto que se encuentra fuera del alcance de su revisión a los 

fines de expedir el permiso.”8 

En este sentido, cualquier irregularidad en el análisis de los 

documentos o algún supuesto error del ente gubernamental al 

otorgar el permiso de construcción, no son fundamentos adecuados 

para la expedición de este recurso. Resultaba necesario que LUMA 

cumpliera con los requisitos impuestos en la disposición estatutaria 

invocada en su solicitud de injunction, lo que no hizo. En este 

asunto, recalcamos que la parte apelante fundamentó su acción 

solo en el Artículo 14.1 de la Ley núm. 161-2009. Advertimos, 

además, que en la Vista de Interdicto Preliminar, se falló en pasar

6 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 23. 

7 Íd.

8 Íd. Énfasis en el original y nuestro. Cita omitida. 
KLAN202300090 9

prueba sobre elementos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico 

para poder concederle otro remedio. 

Asimismo, precisa enfatizar que el Artículo 9.1 de la Ley 

núm.161-2009 establece una presunción iuris tantum a favor de la 

acción del Municipio, a saber, se presume la corrección y la legalidad

de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 

Oficina de Permisos del Municipio. Presunción que a todas luces no 

fue rebatida por LUMA debido a que reiteramos que esta tenía que 

demostrar con prueba fehaciente la información falsa incluida en la 

solicitud del permiso de construcción según requiere el Artículo 

14.1, supra. Al respecto, en el recurso LUMA incluyó el Permiso de 

Construcción, pero no así la solicitud presentada por el matrimonio 

Rivera-Candelario ante el Municipio. De este documento no surge 

que el proponente tenga que especificar si la propiedad está gravada 

por alguna servidumbre o si la construcción propuesta afecta la 

misma, de esta existir. Por lo cual, como explicamos, para atender 

este asunto, el documento contiene la advertencia que previamente 

reseñamos. 

En virtud de todo lo antedicho, no erró el foro apelado al 

concluir que la parte apelante utilizó incorrectamente el mencionado 

procedimiento especial para impugnar el permiso otorgado. Se hace 

menester destacar que el Reglamento Núm. 7282 intitulado 

Reglamento de Servidumbres para la Autoridad de Energía Eléctrica

del 25 de enero de 2007 dispone en la Sección VI intitulada Uso y 

disfrute de las servidumbres, su Artículo D, como sigue: 

1. La Ley Núm. 143, del 20 de julio de 1979, según 

enmendada, dispone que cualquier persona que 

construya, instale o ubique cualquier estructura en las 

servidumbres sin el previo consentimiento escrito de la 

Autoridad, incurre en un delito menos grave y puede 

ser sancionada con pena de reclusión que no excederá 

de seis meses o multa de $500 ó ambas penas a 

discreción del Tribunal.

2. Las servidumbres se tienen que mantener libres de 

estructuras o edificaciones, tanto sobre o bajo el 

terreno. No se pueden construir estructuras o 
KLAN202300090 10

edificaciones sobre las servidumbres, ya que esto es 

una violación a los derechos de servidumbre de la 

Autoridad.

3. La Autoridad, mediante notificación escrita al 

propietario, concede treinta días para que éste remueva 

la estructura o edificación que se encuentra en la 

servidumbre.

4. Luego de la Autoridad haber requerido al propietario 

que remueva la estructura o edificación ubicada sobre 

o bajo el terreno que forma parte de la servidumbre, 

mediante una notificación escrita, concediéndole el 

término de 30 días a partir del recibo de dicha 

notificación, y que el propietario no las haya removido, 

la Autoridad, de entenderlo necesario, puede, a través 

del supervisor de área correspondiente, utilizar el 

procedimiento judicial provisto en la Ley Núm. 140 del 

23 de julio de 1974, según enmendada, Ley sobre 

Controversias y Estados Provisionales de Derecho.

5. En caso de que la Autoridad le haya requerido al 

propietario la remoción de la estructura o edificación 

que invade la servidumbre, por medio de la 

notificación y el procedimiento bajo la Ley Núm. 

140, ante, y el propietario no haya realizado la acción 

requerida, la Autoridad puede ejercer las acciones 

judiciales correspondientes dirigidas a que se cumpla 

con lo establecido en este Reglamento.

6. Previa autorización del tribunal, la Autoridad está 

autorizada a derribar o demoler cualquier estructura o 

edificación que se construya, instale o ubique en 

violación a los términos de este Reglamento. En caso de 

emergencia o peligro inminente a la vida o propiedad, 

la Autoridad puede derribar o demoler estructuras o 

edificaciones sin la autorización del Tribunal. Además, 

se le puede imponer el costo de remoción al propietario, 

si éste no remueve la estructura o edificación dentro del 

término concedido. (Énfasis nuestro)

En conclusión, no procede aplicar a la situación de autos el 

mecanismo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley núm. 161-2009. 

Como bien indicara el foro apelado, lo aquí resuelto no tiene el efecto 

de proscribir cualquier acción civil en el trámite ordinario 

correspondiente, según dispone el Reglamento antes citado, para 

hacer valer la servidumbre a favor de la parte apelante. En ausencia 

de error, prejuicio o parcialidad, procede confirmar el dictamen 

apelado. 

En fin, el error señalado no fue cometido por el TPI. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.
KLAN202300090 11

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

El Juez Sánchez Ramos disiente porque, dando por ciertas las 

alegaciones fácticas de la acción de referencia, como es nuestra 

obligación al evaluar una moción de desestimación por las 

alegaciones, claramente surge que estamos ante una causa de 

acción viable, ya sea bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 o bajo 

otras disposiciones de nuestro ordenamiento que protegen y 

reglamentan lo relacionado con las servidumbres de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. Por tanto, el TPI no debió haber desestimado la 

demanda y, en vez, debió analizar si procedería algún remedio de 

probarse los hechos alegados. La contestación es en la afirmativa, 

pues la demandante tiene un interés adecuado en el asunto objeto 

de la demanda (pues está encargada de operar la red de distribución 

de la Autoridad) y se alegó que la construcción objeto de la demanda, 

independientemente de que cuente con un permiso, es ilegal por 

infringir una servidumbre diseñada para asegurar la capacidad de 

las entidades pertinentes para mantener adecuadamente nuestra 

infraestructura eléctrica.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones