Número Identificador

RES2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

CORPORACIÓN PARA LA 

SUPERVISIÓN Y SEGURO 

DE COOPERATIVAS DE 

PUERTO RICO, EN SU 

CAPACIDAD DE SINDICO 

ADMINISTRADOR DE LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

SABANEÑA

Peticionarios

v.

MARTÍN MARTINEZ 

PÉREZ Y OTROS

Recurrido

KLCE202400282

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

MAYAGÜEZ

Civil Núm.:

ISCI2012-01674

Sobre: 

Solicitud de 

Sentencia Sumaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

la Jueza Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2024.

Comparece ante este foro, la Corporación para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 

(COSSEC o “parte peticionaria”), en su capacidad de 

Síndico Administrador de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sabaneña (Sabana Coop.) y nos solicita que 

revisemos una resolución, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, la cual 

fue notificada el 3 de enero de 2024. Mediante esta, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria instada por COSSEC.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el recurso de certiorari de epígrafe.

I.

El 29 de noviembre de 2012, la parte peticionaria 

instó una Demanda sobre daños y perjuicios y violación 

al deber fiduciario, en contra de quince (15) 
KLCE202400282 2

funcionarios y directores de Sabana Coop. y, en contra 

de la Cooperativa de Seguros Múltiples (Seguros 

Múltiples o “parte recurrida”) por ser la cooperativa 

que expedía las pólizas de seguros y/o fianzas a Sabana 

Coop.1 Mediante esta, alegó que funcionarios y 

directores de Sabana Coop. fueron negligentes en las 

evaluaciones y/o concesiones de financiamientos, 

provocando la pérdida de $16,344,319.83 de fondos. Por 

lo tanto, sostuvieron que actuaron en contra del deber 

fiduciario hacia Sabana Coop.

El 7 de febrero de 2013, la parte recurrida presentó 

su Contestación a Demanda.2 En esencia, esbozó que a 

pesar de tener expedida una póliza de seguros y/o fianza 

a favor de Sabana Coop., negó que dichas pólizas de 

seguros y/o fianzas cubrieran las pérdidas sufridas por 

éstos. 

Luego de varias incidencias procesales, COSSEC 

desistió con perjuicio de su causa de acción contra los 

funcionarios y directores de Sabana Coop., y solamente 

mantuvo su reclamo contra Seguros Múltiples.3

Posteriormente, el 22 de septiembre de 2023, la 

parte peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria.4 En síntesis, adujo que no había controversia 

de hechos esenciales, puesto que, las acciones u 

omisiones de los directores y oficiales de Sabana Coop. 

estaban cubiertos por la “Fianza de Fidelidad” emitida 

por Seguros Múltiples. Añadieron que, pudieron 

evidenciar que los empleados, aprobaron préstamos sin 

1 Demanda, anejo IV, págs. 20-32 del apéndice del recurso.

2 Contestación a Demanda, anejo V, págs. 33-36 del apéndice del 

recurso.

3 Sentencia Parcial de Archivo por Estipulación, anejo VI, págs. 

37-44 del apéndice del recurso.

4 Solicitud de Sentencia Sumaria, anejo VIII, págs. 45-400 del 

apéndice del recurso.
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seguir los protocolos, ocultándolos de la Junta de 

Directores y del propio regulador, puesto que, no 

obtuvieron los permisos. Consecuentemente, esbozaron 

que la fianza de fidelidad expedida por la parte 

recurrida cubre las incidencias del caso.

Por su parte, el 30 de octubre de 2023, Seguros 

Múltiples se opuso a la Solicitud de Sentencia Sumaria

instada por COSSEC.5 En específico, adujo que la moción 

dispositiva instada por COSSEC debía ser declarada no ha 

lugar. A su vez, alegó en primer lugar que, la moción 

presentada por la parte peticionaria incumplió con la 

Regla 36.3(A)(5) de Procedimiento Civil. En segundo 

lugar, que hay hechos materiales en controversia, en 

específico sobre la exclusión de la Fianza de Fidelidad.

Evaluados los respectivos argumentos de las partes, 

el 22 de diciembre de 2023, siendo notificada el 3 de 

enero de 2024, el foro primario emitió la Resolución que 

nos ocupa, y en la cual declaró No Ha Lugar a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por COSSEC. 

Mediante la misma, consignó los siguientes hechos 

incontrovertidos:

1. Que la Corporación para la Supervisión y 

Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 

(COSSEC), es una corporación pública creada 

en virtud de la Ley Núm. 114 del 17 de 

agosto de 2001.

2. Que COSSEC tiene capacidad para demandar 

y ser demandada.

3. COSSEC es encargada de regular, 

fiscalizar y supervisar de forma 

comprensiva y consolidada a las 

cooperativas de ahorro y crédito que operen 

y/o hagan negocios en Puerto Rico, velando 

por el fiel cumplimiento por parte de las 

cooperativas de todas las leyes presentes y 

futuras relativas a sus operaciones, 

negocios, productos y/o servicios. Además, 

5 Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada [...] por 

COSSEC, anejo IX, págs. 401-748 del apéndice del recurso.
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de velar por la solvencia económica de 

dichas cooperativas. 

4. Que COSSEC es responsable de proveer a 

todas las cooperativas de ahorro y crédito 

un seguro de acciones y de depósitos.

5. COSSEC puede ejercer todo poder, 

privilegio e inmunidades que se requiera, 

incluyendo el actuar como síndico 

administrador o liquidador de cualquier 

cooperativa asegurada sujeta a un 

procedimiento de sindicatura o liquidación.

6. El 16 de julio de 2009, COSSEC emitió 

una orden provisional de administración en 

contra de Sabana Coop la cual 

posteriormente pasó a ser permanente el 16 

de octubre de 2009.

7. Mediante la referida orden, COSSEC 

nombró al síndico, el Sr. Wallace Ocasio 

Jiménez que, a su vez ocupa el puesto de 

Asistente de Vicepresidente de área de 

apoyo técnico.

8. La Cooperativa de Seguros Múltiples 

expidió Fianza general de Fidelidad a favor 

de Sabana Coop.

9. Mediante dicha fianza, Sabana Coop 

obtuvo un beneficio por pérdida directa de 

cualquier propiedad como resultado de actos 

fraudulentos o falta de honestidad de 

cualquier empleado o director elegible como 

principal, cometido en cualquier sitio, 

actuando solo o en acuerdo o conspiración 

con otras personas. 

10. Que la sección 2.1J de la fianza general 

de fidelidad establece cubierta a toda 

pérdida causada por negligencia en el 

cumplimiento del deber, según definido en 

la misma póliza.

11. Que la sección 1.10 define lo que 

clasifica como conducta negligente a los 

fines de cubierta por la póliza.

12. A su vez, la fianza de fidelidad 

contiene ciertas exclusiones en la sección 

4.3 titulada “Relacionados con los 

servicios y las operaciones del asegurado” 

particularmente sus incisos 4.3.1 que 

alberga el incumplimiento en pago de 

préstamos; inciso 4.3.9 las pérdidas 

operacionales; e inciso 4.1.8 contempla las 

decisiones gerenciales.

13. El 14 de septiembre de 2009, el Sr. 

Ocasio Jiménez envió una carta al Sr. Ramón 

Vargas Rodríguez, Gerente de Seguros 

Múltiples mediante la cual informó que 
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habían colocado a Sabana Coop bajo la 

administración provisional de COSSEC e 

informaron que, habiendo comenzado un 

proceso de investigación, posiblemente 

conllevaría la reclamación contra dicha 

fianza.

14. Sr. Luis Oliveri, ajustador de campo de 

Seguros Múltiples, acusó recibo de la carta 

recibida con fecha del 14 de septiembre de 

2009, y solicitó que se proveyera toda la 

evidencia para evaluar la reclamación. 

15. El 11 de marzo de 2010 el Sr. Oliveri 

dio seguimiento al asunto.

16. El 13 de abril de 2010 el Sr. Ocasio se 

reunió con el personal de Seguros 

Múltiples.

17. Luego de celebrada la reunión, la Sra. 

Lisa López cursó una carta fechada 10 de 

mayo de 2010 al Sr. Ocasio.

18. El 13 de septiembre de 2010 el Sr. 

Ocasio envió una carta dirigida al Sr. 

Oliveri en la cual solicitó cubierta bajo 

“Cobertura J Negligencia en el cumplimiento 

del deber”.

19. El 31 de enero de 2011 el Sr. Oliveri 

denegó la cubierta bajo la exclusión 4.3 de 

la póliza mediante carta dirigida al Sr. 

Ocasio.

20. El 25 de enero de 2012 el Sr. Wilfredo 

Torres Pinto, solicitó nuevamente la 

cubierta bajo “Cobertura J Negligencia en 

el Cumplimiento del Deber” e incluyó como 

anejo un informe forense preparado por una 

oficina de contabilidad contratada por el 

demandante.

21. El 7 de septiembre de 2012 Seguros 

Múltiples envió una carta a COSSEC.

Finalmente, concluyó que existía controversia sobre

los siguientes hechos:

1. Si las acciones u omisiones por parte de 

los funcionarios y directores están 

cubiertas por la Fianza de Fidelidad.

2. Si la pérdida resultante por dichas 

actuaciones está cubierta por dicha póliza 

o si en consecuencia están excluidas bajo 

las excepciones de esta.

3. Los hallazgos en el informe forense 

realizado por la firma de contabilidad 

contratada por el demandante. 
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Por lo tanto, tras identificar la existencia de los 

hechos medulares antes citados en controversia, ordenó 

la continuación de los procedimientos.

En desacuerdo, el 18 de enero de 2024, COSSEC 

solicitó reconsideración.6 Sin embargo, el foro primario 

la declaró No Ha Lugar, mediante una Resolución

notificada el 5 de febrero de 2024.7

Aún inconforme, el 6 de marzo de 2024, COSSEC

presentó el recurso que nos ocupa. En virtud de este, 

adujo que el foro primario cometió el siguiente error:

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA TODA VEZ QUE LO ÚNICO QUE 

SE DEBE HACER ES LEER LA PÓLIZA (PRUEBA 

DOCUMENTAL DE AMBAS PARTES) Y APLICARLA A 

LOS HECHOS PARTICULARES DE ESTE CASO.

Luego de una evaluación preliminar del expediente, 

el 13 de marzo de 2024, emitimos una Resolución, mediante 

la cual concedimos a la parte recurrida un término de 

quince (15) días, para que nos presentara su postura 

respecto a los méritos de este recurso. 

El 20 de marzo de 2024, la parte recurrida solicitó 

una prórroga para presentar su escrito en oposición. 

Por lo que, el 2 de abril de 2024, emitimos una 

Resolución concediéndoles hasta el 5 de abril de 2024.

El 4 de abril de 2024, COSSEC presentó una Solicitud 

de Auxilio de Jurisdicción. Sin embargo, el mismo día, 

emitimos y notificamos una Resolución declarando No Ha 

Lugar dicha moción. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2024, en 

cumplimiento con nuestra orden, Seguros Múltiples 

presentó su alegato. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos.

6 Moción de Reconsideración, anejo II, págs. 9-17 del apéndice del 

recurso.

7 Resolución, anejo III, págs. 18-19 del apéndice del recurso.
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II.

-ALa Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional 

y a manera de excepción, en las siguientes instancias: 

[C]uando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así también, 

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del foro primario. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 
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propicia para su consideración. Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-BLa Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, dispone que una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada.” Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. 

Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita, por lo que 

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que 

cumplir la parte proponente. Además, su solicitud 

deberá contener una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos. 
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También, debe contener la indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

estos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal. Véase, Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA V, R. 36.3; Meléndez González v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 136 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414, 432 (2013). 

Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas en la precitada Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que se dicte 

sentencia sumaria solamente si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y pertinente 

y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 430-

434. 

Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, págs. 116-117, nuestro Tribunal Supremo amplió el 

estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria. En esencia, estableció que nos 

encontramos en la misma posición que el foro primario 

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. 

Además, quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su 

jurisprudencia interpretativa, al así concluir, resolvió 

que: 
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[...]

Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos en

SLG Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal 

de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el foro primario en su Sentencia. 

Cuarto, y[,] por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, págs. 118-119.

III.

En virtud del único señalamiento de error 

formulado, COSSEC alega que erró el foro primario al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria, puesto que, 

lo que debió realizar era leer e interpretar el contrato 

de seguro. No obstante, y según fue detallado en el 

derecho antes expuesto, nuestro ámbito jurisdiccional 

respecto a la revisión de asuntos interlocutorios en 

casos civiles está delimitado, en primera instancia, por 

lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Si bien es cierto que la mencionada disposición 

provee expresamente para revisar determinaciones 

discrecionales del foro primario, nuestro Alto Foro 
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también ha expresado en múltiples ocasiones que no 

debemos intervenir, salvo que medie pasión, prejuicio, 

o parcialidad, o error manifiesto al aplicar el derecho, 

somos del criterio que no nos encontramos ante un 

supuesto que satisfaga dichos criterios. Asimismo, 

estamos llamados a intervenir si, de cualquier modo, 

surge que el foro primario incurrió en abuso de sus 

prerrogativas discrecionales. Por consiguiente, tomando 

en consideración también los criterios de nuestra Regla 

40, supra, rechazamos expedir el auto discrecional 

solicitado. 

Así, tras un análisis de las alegaciones formuladas

por las partes, y a la luz de la totalidad de las 

circunstancias, consideramos que el foro primario no 

incurrió en abuso de discreción, ni tampoco en error 

manifiesto al así resolver. Por lo tanto, brindamos 

deferencia al dictamen recurrido y rechazamos intervenir 

en los méritos para variar el dictamen recurrido.

IV.

Por los fundamentos antes expuesto, se DENIEGA el 

auto discrecional solicitado.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones