Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

GEORGE MUÑOZ 

VÁZQUEZ

Parte Apelante

v.

OFFICE MAX PUERTO 

RICO, INC.; OFFICE 

DEPOT PUERTO 

RICO, LLC.

Parte Apelada

KLAN202300753

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan

Caso Núm.: 

SJ2020CV06910

Sobre: 

Represalias en el empleo

(Ley-115-1991), Despido

Injustificado (Ley-80-

1976), Discrimen en el 

empleo; Discrimen por 

razón de edad (Ley 100-

1959) Procedimiento

Sumario Laboral 

dispuesto en la Ley núm. 2 

del 17 de octubre de 1961

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, George Muñoz 

Vázquez (en adelante, el “señor Muñoz Vázquez” o el “Apelante”) mediante 

recurso de apelación presentado el 25 de agosto de 2023. Nos solicitó la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (en adelante, el “TPI”) el 15 de agosto de 2023, 

notificada y archivada en autos el 17 de agosto de 2023. Mediante el 

referido dictamen, el foro apelado determinó que el despido fue uno 

justificado y desestimó la “Querella” instada por el Apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia apelada. 

I.

El 18 de diciembre de 2020, el señor Muñoz Vázquez presentó 

“Querella” contra Office Depot Puerto Rico LLC. (en adelante, “Office 

Depot” o “Apelado”) por represalias en el empleo, despido injustificado y 

discrimen por razón de edad. Alegó que fue terminado de su empleo sin 

justa causa, por lo que reclamó una compensación de $95,123.00 por 
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concepto de mesada, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

según enmendada, mejor conocida como “Ley sobre Despidos 

Injustificados”, 29 LPRA sec. 185a et seq. Además, arguyó que fue objeto 

de represalias en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 115-1991, 

según enmendada, conocida como la “Ley contra el Despido Injusto o 

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial”, 29 LPRA sec. 194 et seq. A razón de 

lo anterior, solicitó la reinstalación en el empleo con todos sus beneficios, 

compensación por los ingresos dejados de devengar, indemnización por 

concepto de daños estimados en una suma no menor de $50,000.00, más

la doble penalidad, y el pago de honorarios de abogados a razón del 25% 

de todas las sumas concedidas. 

En respuesta, el 31 de diciembre de 2020, Office Depot presentó 

“Contestación a la Querella”. En síntesis, alegó que el despido del 

Apelante fue uno completamente justificado, ya que surgió como

consecuencia de una investigación interna realizada por el Apelado en 

respuesta a quejas e imputaciones de conductas impropias y contrarias a 

las políticas de la empresa. Dicha investigación, alegadamente, reveló que 

el señor Muñoz Vázquez incurrió en falta de integridad y deshonestidad por 

asignar a sus subordinados funciones y responsabilidades que le 

correspondían a él, entre otras cosas contrarias a la misión y visión de la 

compañía. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes, el 24 de junio de 

2021, el TPI emitió Sentencia Parcial en la que dio por desistida, con 

perjuicio, la reclamación de discrimen por razón de edad interpuesta por el 

señor Muñoz Vázquez. Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 el foro 

primario declaró “Ha Lugar” una “Moción de Sentencia Sumaria Parcial”

presentada por Office Depot y desestimó la causa de acción por represalias

presentada por el Apelante. Así, pues, quedó pendiente de adjudicación en 

los méritos de las alegaciones sobre despido injustificado. 

Celebrada la vista en su fondo los días 8 al 10, 12 y 18 de mayo de 

2023, así como el 12 de junio de 2023, el 15 de agosto de 2023 el TPI 

emitió Sentencia en la que determinó que el Apelado mostró con 
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preponderancia de la prueba que el despido del señor Muñoz Vázquez fue 

uno justificado. 

Inconforme con el aludido dictamen, el señor Muñoz Vázquez 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y le imputó al foro primario 

haber cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL DESPIDO FUE 

INJUSTIFICADO, CUANDO LAS DETERMINACIONES DE 

HECHO[S] NO ESTABLECEN QUE EL QUERELLANTE 

HAYA INCURRIDO EN CONDUCTA INCORRECTA. 

ERRÓ EL TPI Y ABUS[Ó] DE SU DISCRECI[Ó]N AL 

CONCLUIR QUE EL DESPIDO FUE JUSTIFICADO. 

A tenor con los errores planteados ante nos, el 28 de agosto de 2023 

el Apelante presentó “Moci[ó]n Informativa sobre Exposición Narrativa 

de la Prueba”. Mediante la misma, informó que interesaba que se 

consideraran los testimonios de Alex Franco Díaz, Aneisha Rogers Scott, 

Alexander Gutiérrez y George Muñoz. Además, indicó que auscultaría con 

la representación legal del Apelado si poseía los testimonios transcritos de 

los aludidos testigos para proveerlos a este Tribunal de Apelaciones. Ante 

ello, solicitó a este Tribunal que le concediera un término de diez (10) días 

para notificar mecanismo de reproducción de la prueba oral que se 

utilizaría. 

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2023, compareció Office 

Depot mediante “Contestación a ‘Moción Informativa sobre Exposición 

Narrativa de la Prueba’ y Solicitud de Orden” en la que, entre otras 

cosas, solicitó la desestimación del recurso debido a que el Apelante no 

anunció su intención de someter una transcripción o una exposición 

narrativa de la prueba testifical dentro del término reglamentario. 

El 14 de septiembre de 2023, este Tribunal emitió Resolución en la 

que le ordenó al Apelante a tramitar, en el plazo de diez (10) días, la 

regrabación de los procedimientos celebrados ante el TPI y le concedió un 

término de treinta (30) días, a partir de la entrega de dicha regrabación, 

para presentar la transcripción de la prueba oral debidamente estipulada. 

Luego de acaecidos varios trámites procesales a nivel apelativo, el 

20 de octubre de 2023, el señor Muñoz Vázquez presentó un escrito 
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intitulado “Proyecto de Exposición Narrativa Oral propuesto por la 

parte querellante-apelante”. El 24 de octubre de 2023 emitimos una 

Resolución en la cual ordenamos el desglose del aludido escrito, por haber 

incumplido nuestra orden para que se presentara la transcripción de la 

prueba oral, debidamente estipulada. En vista de lo anterior, le concedimos 

un plazo de diez (10) días al señor Muñoz Vázquez para que cumpliera con 

lo ordenado y presentara la transcripción de la prueba oral del juicio 

debidamente estipulada. 

Insatisfecho, el Apelante presentó “Solicitud de Reconsideración 

a Resolución del 24 de octubre de 2023” en la cual suplicó se acogiera 

el proyecto de exposición narrativa de la prueba. En desacuerdo, el 26 de 

octubre de 2023, Office Depot presentó “Oposición a ‘Solicitud de 

Reconsideración a Resolución del 24 de octubre de 2023’ y Solicitud 

de Orden”. 

Examinados ambos escritos, dictamos una nueva Resolución

mediante la cual declaramos “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración 

presentada por el señor Muñoz Vázquez y lo apercibimos de que si no 

comparecía dentro del término concedido adjudicaríamos el recurso sin el 

beneficio de la transcripción de la prueba oral. El 31 de octubre de 2023, el 

Apelante presentó “Moción Informativa en relación a Resolución del 30 

de octubre de 2023”. En síntesis, informó que prescindiría de presentar la

transcripción de la prueba desfilada durante el juicio. El 1 de noviembre de 

2023, este Tribunal emitió Resolución en la que se dio por enterado de lo 

informado por el Apelante y le concedió un término de veinte (20) días al 

Apelado para que presentara su alegato en oposición al recurso. 

El 2 de noviembre de 2023, compareció el Apelado mediante

“Segunda Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción e 

Incumplimiento con Orden de este Honorable Tribunal de 

Apelaciones”, en la cual planteó que procedía la desestimación del 

recurso, toda vez que no estaríamos en condiciones de evaluar los 

señalamientos de error presentados por el Apelante ante la falta de una 

transcripción de la prueba oral. Como consecuencia, el 6 de noviembre de 

2023, emitimos Resolución en la que declaramos “No Ha Lugar” la segunda 
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solicitud de desestimación presentada por Office Depot y se le apercibió 

del plazo concedido mediante la Resolución de 1 de noviembre de 2023.

Así las cosas, el 21 de noviembre de 2023, el Apelado presentó su 

alegato en oposición al recurso.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a adjudicar los méritos del recurso ante nos.

II.

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece 

la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos 

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic 

Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 779 (2022). Al respecto, la 

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que: [l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de los testigos. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

Es decir, un tribunal apelativo no tiene facultad para sustituir por sus 

propias apreciaciones las determinaciones del foro de instancia. Serrano v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La razón jurídica detrás de esta 

normativa se fundamenta en la apreciación que hace el adjudicador de los 

hechos de la prueba testifical, porque al ser una tarea llena de elementos 

subjetivos, es él quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de 

Primera Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar el 

testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Basándose en ello, adjudica la 

credibilidad que le merecen los testimonios. Así, la declaración directa de 

un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, es prueba 

suficiente de cualquier hecho. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 

345, 357 (2009). 
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A tenor con lo anterior, se le concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el 

foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e 

inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). No obstante, 

la norma de deferencia judicial tiene límites y no supone una inmunidad 

absoluta frente a la función de los tribunales revisores. El Tribunal Supremo 

aclaró en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, qué constituye que un 

juez adjudique con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación 

sea un error manifiesto. Allí se concluyó que un juzgador incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad si actúa “movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a 

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. 

Íd., pág. 782. 

Por otro lado, se consideran claramente erróneas las conclusiones 

del foro revisado si de un análisis de la totalidad de la evidencia, el foro 

apelativo queda convencido de que “se cometió un error, [...] [porque] las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Íd., pág. 772. En otras 

palabras, incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa 

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). 

Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para sustituir el 

criterio de los tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias 

en las que, a la luz de la prueba admitida, “no exista base suficiente que 

apoye su determinación”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 

783, 794 (2020). Como es conocido, las diferencias de criterio jurídico no 

cumplen con el referido estándar de revisión. Íd.

En lo referente a las apelaciones dirigidas a cuestionar la 

apreciación de la prueba efectuada por el foro primario, la Regla 19 del 

Reglamento de este Tribunal, en lo pertinente, establece lo siguiente:

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, 
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someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. 

(B) La parte apelante deberá acreditar, dentro del término de 

diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el 

método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el 

que propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el 

tribunal determinar el método que alcance esos propósitos. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 19.

Relativo a lo anterior, la Regla 76 de dicho cuerpo reglamentario 

establece que la parte que cuestiona la apreciación de la prueba oral 

notificará al Tribunal de Apelaciones, no más tarde de diez (10) días desde 

que se presentó el escrito de apelación, que se propone transcribir la 

prueba oral, con expresión de las razones por las que considera que la 

transcripción es indispensable y propicia mayor celeridad en el proceso. 32 

LPRA Ap. XXII-B, R 76. Autorizada la transcripción, el proponente podrá 

solicitar al tribunal de instancia la regrabación de los procedimientos. Íd.

III.

En el caso ante nos, el Apelante trae ante nuestra consideración dos

(2) planteamientos de error que cuestionan la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI, así como las determinaciones de hechos a la cuales 

arribó el foro primario en la Sentencia apelada. 

Según discutido anteriormente, el Apelante nos solicita que 

revisemos las determinaciones de hecho realizadas por el TPI, ya que 

según alega, éstas no sustentan la conclusión de que el despido fue uno 

justificado y, por tanto, sostiene que el foro a quo incurrió en un abuso de 

discreción al aquilatar la prueba desfilada. Ante la naturaleza de los 

planteamientos ante nuestra consideración, ordenamos al señor Muñoz 

Vázquez a que solicitara la regrabación de los procedimientos celebrados 

ante el TPI y procediera a presentar la transcripción de la prueba oral del 

juicio, debidamente estipulada. Sin embargo, el Apelante prescindió de así 

hacerlo. Como consecuencia de esto, este Tribunal no se encuentra en 

posición de evaluar los planteamientos esgrimidos por el señor Muñoz 

Vázquez sobre la manera en que el foro primario aquilató y apreció la 

prueba presentada durante la vista en su fondo. Nos explicamos. 

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece 
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la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico 

Operations, Co., supra. Asimismo, es sabido que, en nuestra jurisdicción, 

las partes que recurren ante este Tribunal tienen la ineludible 

responsabilidad de cumplir rigurosamente con las pautas reglamentarias 

aplicables que regulan el proceso de perfeccionamiento de los recursos 

que se presentan ante nuestra consideración. Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, supra. Nuestro Reglamento establece que la parte apelante 

está en la obligación de presentar una transcripción de la prueba, una 

exposición estipulada de la misma o una exposición narrativa de la 

evidencia oral presentada ante el foro de instancia cuando esgrime 

planteamientos de error cuestionando la apreciación errónea de la 

evidencia y las determinaciones de hechos del tribunal de instancia.1

Según se desprende del expediente, tenemos ante nuestra 

consideración planteamientos relativos a la apreciación de la prueba y

tendentes a sugerir que las determinaciones de hechos no están 

sostenidas por la evidencia desfilada. No obstante, el expediente no cuenta 

con una transcripción de la prueba oral que nos permita evaluar la validez 

de los planteamientos traídos ante nuestra consideración, toda vez que el 

Apelante renunció a así hacerlo. Por lo tanto, en ausencia de ello, éste 

Tribunal está obligado a abstenerse de revisar las determinaciones de 

hechos y la apreciación que le dio el foro primario en su ejercicio de 

aquilatar la prueba que tuvo ante su consideración.

En fin, a pesar de que sus argumentos ante nos están centrados en 

que el TPI cometió error al apreciar la evidencia desfilada y que sus 

conclusiones de derecho no se ajustan a la prueba admitida durante el 

juicio, el Apelante entendió que este Tribunal bien podría evaluar los 

méritos del recurso sin el beneficio de la reproducción de la prueba oral.

Sostenemos, en cambio, que dicha herramienta era indispensable para 

ejercer nuestra función revisora. La ausencia de la transcripción prueba oral 

1 Véanse, Reglas 19 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, RR. 19 y 76.
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que justifique nuestra intervención no permite que el Tribunal de 

Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación razonada y 

fundamentada del foro de instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, pág. 289. 

En otras palabras, estamos ante un panorama en el que contamos 

con simples alegaciones que no derrotan la presunción de corrección que 

cobija las determinaciones de hechos y conclusiones basadas en la prueba 

oral, ni la adjudicación de credibilidad que efectuó el foro primario. Por lo 

tanto, huérfano el expediente apelativo de evidencia específica tendente a 

establecer que el TPI actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no estamos en condiciones de variar el dictamen apelado. A la 

luz de ello, este foro apelativo no se encuentra en posición de atender los 

reclamos que allí se le plantean, por lo que resulta forzoso confirmar el 

dictamen apelado.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, confirmamos la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones