Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

RIMCO, LLC

Recurrente

v.

JUNTA DE SUBASTAS 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES

Recurrida

RELIABLE EQUIPMENT 

CORP.

Licitador Agraciado

KLRA202400195

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente de la 

Junta de Subastas de 

la Administración de 

Servicios Generales

Subasta Formal 

Núm.

24J-06132

Sobre: 

IMPUGNACIÓN DE 

SUBASTA FORMAL

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2024.

Comparece ante este Tribunal, RIMCO, LLC (en adelante, 

“RIMCO” o “recurrente”), mediante un recurso de Revisión Judicial 

presentado el 15 de abril de 2024. Por medio de este nos solicitó la 

revisión de la Resolución del 6 de febrero de 2024, emitida y 

notificada ese mismo día por la Junta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales (en adelante, “ASG”) sobre la 

Subasta Formal Núm. 24-J06132. El 23 de febrero de 2024, RIMCO

presentó una Moción de Reconsideración ante la Junta Revisora de 

la ASG, la cual fue rechazada de plano. La ASG, por conducto de la 

Oficina del Procurador General (en adelante, OPG), al igual que el 

licitador agraciado, Reliable Equipment (en adelante, Reliable), 

comparecieron ante este Tribunal mediante sus respectivos 

alegatos.
KLRA202400195 2

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

Confirmamos la Resolución recurrida. En adición, dejamos sin efecto 

la paralización de los procedimientos. 

I

A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante 

nuestra consideración.

El 5 de diciembre de 2023, la ASG publicó la invitación a la 

Subasta Formal para adquirir una plataforma de 35 toneladas para 

el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno 

de Puerto Rico.

1 En adición, la ASG hizo disponible el pliego de 

subasta,

2 y el presupuesto de $483,000.00 que se había destinado 

para esta.

3 El 20 de diciembre de 2023, Reliable presentó su oferta, 

la cual ascendía a un total de $489,986.00.4 El 27 de diciembre de 

2023, RIMCO presentó su oferta, la cual ascendía a un total de 

$470,750.00.5

Posteriormente, el 25 de enero de 2024, la ASG emitió una 

evaluación conforme a la cual determinó que RIMCO y Reliable 

cumplieron con las especificaciones de las plataformas objeto de la 

subasta.6 En esa misma fecha, la ASG recomendó que la subasta 

se adjudicase a favor de RIMCO.7 Posteriormente, el 2 de febrero de 

2024, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (en 

adelante, DTOP) emitió una recomendación para que la subasta se 

adjudicase a Reliable.8 El 2 de febrero de 2024, la ASG le indicó al 

DTOP que la carta de recomendación no era correcta, porque la que 

1 Apéndice del recurso, págs. 4-5.

2 Íd., págs. 6-51.

3 Íd., págs. 1-3.

4 Íd., págs. págs. 52-153.

5 Íd., págs. págs. 154-245.

6 Íd., pág. 246.

7 Íd., pág. 248.

8 Íd., pág. 252.
KLRA202400195 3

estaban recomendando era la más costosa. ASG razonó que la oferta 

por RIMCO era la más económica y solicitaron que cambiaran la 

carta emitida a su favor.

9 El mismo 2 de febrero de 2024, el DTOP 

emitió una recomendación “revisada” en la que recomendó que se 

adjudicase la subasta a favor de Reliable, toda vez que “aunque el 

precio es mayor, la adquisición de las piezas y el servicio que ofrece 

la compañía es más accesible”.10

El 6 de febrero de 2024, la Junta de Subastas de la ASG emitió 

Resolución de Adjudicación conforme a la cual acogió la 

recomendación “revisada” del DTOP y adjudicó la subasta a favor de 

Reliable.11 A raíz de la adjudicación a favor de Reliable, la ASG tuvo 

que gestionar un aumento en el presupuesto de la Subasta.12 De la 

Resolución se desprende que “de conformidad con la Ley Núm. 73-

2019 y los términos dispuestos en ella, así como lo dispuesto 

en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, una parte 

adversamente afectada por la adjudicación de la Subasta podrá 

dentro del término de veinte (20) días calendario contados a 

partir del depósito en el correo federal o envío por correo 

electrónico de la notificación de esta adjudicación presentar 

una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la ASG”. Así 

las cosas, el 23 de febrero de 2024, RIMCO presentó un escrito 

intitulado “Moción de Reconsideración” dirigida a la Junta Revisora 

de Subastas de la ASG.

13 La misma, no fue acogida ni resuelta por 

la Junta Revisora de la ASG dentro de los términos dispuestos, por 

lo que se entendió denegada de plano.

Es preciso puntualizar que, durante el proceso de Revisión 

ante la Junta Revisora de la ASG de esta subasta, hubo un cambio 

en el estado de derecho efectivo el 19 de febrero de 2024, propulsado 

9 Íd., pág. 253.

10 Íd., pág. 254.

11 Íd., págs. 256-265.

12 Íd., pág. 255.

13 Íd. pág. 262
KLRA202400195 4

por la Ley Núm. 48-2024, supra, el cual modificó los términos de 

revisión administrativa y judicial. La Ley Núm. 48-2024, supra,

ahora establece un término de diez (10) días para presentar el 

recurso de revisión administrativo bajo la Ley Núm. 38-2017 y 

la Ley Núm. 73-2019, lo cual crea la uniformidad entre ambos 

estatutos.

En este caso, la Resolución se emitió el 6 de febrero de 2024

antes de la entrada en vigor de la Ley Núm. 48-2024, supra, el 19 

de febrero de 2024. Es decir, cuando el recurrente presentó la 

“Moción de reconsideración”, el 23 de febrero de 2024 ante la Junta 

Revisora de Subastas de la ASG, lo hizo previo a las enmiendas que 

fueron promulgadas bajo la Ley Núm. 48-2024, supra, por lo que

no le son de aplicación a RIMCO en los hechos particulares de 

este caso. Es importante recalcar que la notificación de su 

derecho a revisión fue al amparo de la Ley Núm. 73-2019.

A RIMCO le aplican los términos dispuestos bajo esta ley. Es 

decir, contaba con veinte (20) días para la solicitud de revisión ante 

la Junta Revisora de Subastas de la ASG y donde disponía de treinta 

(30) días para acudir en revisión judicial ante este Tribunal, siendo 

esta la ley especial. Por lo tanto, al RIMCO haber presentado su 

recurso de revisión judicial el 23 de febrero de 2024, la Junta 

Revisora de la ASG tenía hasta el 25 de marzo de 2024 para evaluar 

la solicitud de Revisión Administrativa. Ahora bien, al no haber 

tomado determinación en consideración alguna y haber sido 

rechazada de plano, es en ese momento en que comenzó a decursar 

el término de treinta (30) días para que RIMCO acudiera en Revisión 

Judicial, es decir hasta 24 de abril de 2024. RIMCO presentó su 

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones el 15 de 

abril de 2024, es decir dentro del término dispuesto. No obstante, lo 

anterior, “si el legislador no ha tenido la intención de aplicar 

retroactivamente una ley procesal o si resulta prácticamente 
KLRA202400195 5

imposible aplicarla así, tal legislación tendrá efectos 

prospectivos.” Clases A, B y C y otros, 183 DPR 666, 680-681 

(2011). El efecto retroactivo de una ley no puede perjudicar los 

derechos adquiridos al amparo de una ley anterior. 31 LPRA 

5323.

Como dijéramos anteriormente, en el caso de marras la 

notificación a su derecho a revisión judicial fue al amparo de la 

Ley Núm. 73-2019 la cual estaba vigente al momento de su 

“Moción de Reconsideración” la cual acogemos como solicitud 

de revisión administrativa.

Es por ello, que en desacuerdo con la determinación de la 

Junta de Subastas de ASG, el 15 de abril de 2024, RIMCO presentó 

este recurso, acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

En el recurso que nos ocupa le imputó a la Junta de Subastas de la 

ASG la comisión de los siguientes errores:

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

SUBASTA DE LA ASG AL EMITIR LA RESOLUCIÓN A FAVOR 

DE RELIABLE YA QUE SU OFERTA ERA LA MÁS COSTOSA 

Y NO REPRESENTABA EL MEJOR VALOR PARA EL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO.

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ LA JUNTA 

DE SUBASTA DE LA ASG AL NO EMITIR LA RESOLUCIÓN 

A FAVOR DE RIMCO A PESAR DE SER EL POSTOR QUE 

CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA SUBASTA 

AL PRECIO MÁS ECONÓMICO PARA EL ERARIO.

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

SUBASTA DE LA ASG AL DESCARTAR LA 

RECOMENDACIÓN DE LA ASG Y ACOGER LA 

RECOMENDACIÓN “REVISADA” DEL DTOP, AUN CUANDO 

ÉSTA NO ESTABA SUSTENTADA EN EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO.

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ LA JUNTA DE 

SUBASTA DE LA ASG AL NO CEÑIRSE A LOS CRITERIOS 

DE EVLACUACIÓN DE OFERTAS DISPUESTOS EN EL 

REGLAMENTO NÚM. 9230 AL EMITIR LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA.

El 15 de abril de 2024, este Tribunal declaró “Ha Lugar” la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y ordenó la paralización de los 

procedimientos. Además, les concedió a las partes recurridas hasta 

el 22 de abril de 2024 para que presentara su alegato.
KLRA202400195 6

El 9 de mayo de 2024, Reliable presentó su alegato en 

oposición. Respectivamente, la ASG, compareció el 10 de mayo de 

2024. Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y a la 

luz del derecho aplicable, resolvemos.

II

-AEn nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las 

agencias administrativas están investidas de una presunción de 

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento 

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su ley 

habilitadora le confiere jurisdicción. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras, el 

conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan 

sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de 

revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones 

emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. 

Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v. AFI y 

otros, 206 DPR 803, 819 (2021). 

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard 

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. ARPe., 

152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal respetará 

el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base racional que 

fundamente la actuación administrativa. ECP Incorporated v. OCS, 

205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-

135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse a determinar si: 

(1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las 
KLRA202400195 7

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial en el expediente administrativo; 

y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un 

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las 

condiciones que sostienen la deferencia. En el caso de Torres Rivera 

v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó 

lo siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la 

aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo 

administrativo actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una 

base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Íd., a la pág. 628. 

Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe 

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el 

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente, podrá 

entonces modificar la decisión. De lo contrario, se abstendrá a 

ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige que la 

agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a 

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares 

del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una 

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará 

la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

628. 
KLRA202400195 8

Por su parte la sección 4.5 de la LPAU, supra, limita la 

discreción del tribunal revisor sobre las determinaciones de hecho 

que realiza la agencia administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como 

consecuencia, la revisión judicial de los tribunales para determinar 

si un hecho se considera probado o no se limita conforme a la 

siguiente norma: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 

9675. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de 

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131. Además, nuestro máximo Foro ha 

reiterado que: 

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que 

la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 

récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, 

en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa 

del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 

397-398 (1999); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 686 (1953). 

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión 

administrativa quien tiene que producir evidencia de tal magnitud 

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma 

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa, 

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el expediente 

no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de revisión la 
KLRA202400195 9

parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hecho de la agencia deben ser sostenidas por el 

tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra, 

pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 

-BEl 19 de julio de 2019, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

aprobó la Ley Núm. 73-2019, también conocida como la “Ley de la 

Administración de Servicios Generales para la Centralización de las 

Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, 3 LPRA sec. 9831 et. 

seq. En su Exposición de Motivos se establece, como política pública 

del Gobierno de Puerto Rico, la centralización de los procesos de 

compras gubernamentales de bienes, obras y servicios, en aras de 

lograr mayores ahorros fiscales y la transparencia en la gestión 

gubernamental. Cónsono con lo anterior, se “le delega a la ASG la 

responsabilidad de implantar dicha política pública y de coordinar 

y dirigir el proceso de adquisición de bienes y servicios y la 

contratación de servicios del Gobierno de Puerto Rico. PVH Motor, 

LLC v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales, 209 DPR 122, 132 (2022). Es por ello que “[e]ntre sus 

facultades y deberes se encuentra revisar y adjudicar cualquier 

impugnación a las adjudicaciones sobre subastas realizadas por la 

ASG”. Id. pág. 133.

En nuestro estado de derecho, el procedimiento de subasta 

pública es de suma importancia y está revestido del más alto 

interés público. ECA Gen. Contrac. v. Mun. De Mayagüez, 200 DPR 

665, 672 (2018). La buena administración de un gobierno es una 

virtud de la democracia, y parte de una buena administración 

implica llevar a cabo sus funciones como un comprador con 

eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y el 

dinero del pueblo al cual dicho gobierno representa. St. James 

Security Services, LLC v. Autoridad de Energía Eléctrica, 2023 TSPR 
KLRA202400195 10

149, 212 DPR ___(2023); Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 

820 (2021); ECA Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, supra, pág.

672; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 

(2006). 

El propósito de [la subasta] es “promover la buena 

administración del gobierno, proteger el erario, y evitar el 

favoritismo, la corrupción y el descuido en la contratación 

gubernamental”. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 

245 (2007) (énfasis suplido). De ordinario, “el Estado utiliza el 

procedimiento de subasta pública el cual consta de las siguientes 

etapas: (1) la preparación de los pliegos de condiciones y 

especificaciones; (2) la publicación del aviso de subasta; (3) el recibo 

de las propuestas selladas y su posterior apertura pública; (4) la 

evaluación y el estudio de las propuestas por el comité evaluador de 

la agencia; (5) la recomendación del comité respecto a la 

adjudicación de la buena pro; (6) la adjudicación de la subasta, y (7) 

la notificación a los licitadores”. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de 

Mayagüez, supra, pág. 672.

Como consecuencia de lo anterior, los tribunales no 

debemos intervenir con la adjudicación de una subasta o el 

rechazo de una propuesta, salvo que la determinación 

administrativa adolezca de un abuso de discreción, 

arbitrariedad o irracionabilidad. CD Builders v. Mun. Las Piedras,

196 DPR 336, 349 (2016); Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177

DPR 398, 408 (2009); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, 

págs. 783-784. En ausencia de estos elementos, “ningún postor 

tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como la 

más ventajosa. La cuestión debe decidirse a la luz del interés 

público”. (Citas omitidas). St. James Security Services, LLC v. 

Autoridad de Energía Eléctrica, supra; Caribbean Communications v.
KLRA202400195 11

Pol. De PR, 176 DPR 978, 1006 (2009); Torres Prods. v. Junta Mun.

Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007). Cónsono con lo anterior, la 

esencia del “derecho a cuestionar una subasta adjudicada mediante

revisión judicial es parte del debido proceso de ley y, por la misma

razón, resulta indispensable que la notificación sea adecuada a

todas las partes cobijadas por tal derecho”. Puerto Rico Eco Park, Inc.

v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538, (2019).

El artículo 68 de la precitada Ley dispone que “[l]a parte 

adversamente afectada por la determinación de la Junta Revisora 

podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones conforme a lo establecido en Ley 38-2017 [...]” 3 LPRA 

sec. 9838e.

Por otro lado, asimismo, en las definiciones contenidas en el 

artículo cuatro (4), en el inciso (x) de la Ley Núm. 73-2019 se dispone 

que: 

(x) Mejor valor: significará que las ofertas se evaluarán en 

función de los requisitos establecidos en la Invitación a 

Subastas y el pliego correspondiente, que pueden incluir 

criterios para determinar la aceptabilidad tales como: 

inspección, pruebas, calidad, mano de obra, entrega e 

idoneidad para un propósito particular. Los criterios que 

afectarán el precio de la oferta y que se considerarán en la 

evaluación para la adjudicación, serán medibles 

objetivamente, como los descuentos, los costos de transporte 

y los costos totales o de ciclo de vida. La Invitación a 

Subastas y el pliego establecerán los criterios de evaluación 

a utilizar. No se puede utilizar ningún criterio en la 

evaluación de ofertas que no esté establecido en la Invitación 

a Subastas y el pliego. 3 LPRA sec. 9831 c (x)(énfasis 

suplido). 

Además de la precitada Ley Núm. 73-2019, la ASG aprobó el 

Reglamento Núm. 9230, también conocido como “Reglamento 

Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no 

Profesionales de la Administración de Servicios Generales del 

Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, el Reglamento Núm. 9230). 

En su artículo 3.16, el Reglamento Núm. 9230 dispone que una vez 

la Junta de Subastas realiza una adjudicación, procederá la 

notificación de la determinación final mediante Resolución. PVH 
KLRA202400195 12

Motor, LLC v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios 

Generales, supra, pág. 134. 

En contraste con la definición establecida en la Ley Núm. 73-

2019, el Reglamento Núm. 9320, dispone en las definiciones 

contenidas en el Artículo 1.6, inciso 4, se define “mejor valor” 

como:

Será la oferta o propuesta que represente el mayor 

beneficio para el Gobierno de Puerto Rico; la oferta o 

propuesta del licitador o proponente que mejor cumpla con 

los requisitos establecidos en la hoja de cotización o en el 

pliego de la subasta o propuesta y en la cual quede 

establecido que el licitador o proponente ofrece el mejor 

bien o servicio, o que tiene la capacidad de realizar la 

obra de forma eficiente, al considerar todos los criterios, 

como lo son: inspección, pruebas, calidad, entrega, 

idoneidad para un propósito particular, garantías del bien 

o servicio y los términos bajo las cuales serían prestadas 

dichas garantías, ciclo de vida del bien a ser adquirido, 

descuentos, impacto económico en términos de creación de 

empleos e impacto fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico. 

También serán considerados como parte del mejor valor, 

los siguientes elementos: las condiciones y limitaciones 

de las garantías de piezas y servicios del producto o 

servicio ofrecido, así como el tiempo y lugar en que se 

honran y se ejecutan dichas garantías y el impacto fiscal 

sobre el gobierno de Puerto Rico del producto o servicio. 

Los criterios que afectarán el precio de la oferta y que se 

considerarán en la evaluación para la adjudicación, serán 

medibles de manera objetiva, como los descuentos, los costos 

de transporte tanto en su entrega original como para ejecutar 

sus garantías, y el costo de disposición del equipo, una vez 

termine su vida útil o utilización, entre otros criterios. El 

mejor valor no necesariamente será la oferta o propuesta 

que presente el más bajo costo. (énfasis suplido). 

En adición, el Reglamento Núm. 9320 destaca en su sección 

7.3.17 los criterios necesarios de evaluación para las ofertas 

recibidas para una subasta formal. 

[...]

2. Criterios Básicos de Evaluación

Al evaluar las ofertas la Junta de Subastas considerará los 

criterios establecidos en el pliego de la subasta formal junto 

con los siguientes:

a. La exactitud con la cual el licitador ha cumplido 

con las especificaciones, los términos y las condiciones 

del pliego de la subasta formal.

b. [...]

c. Si el precio es competitivo y comparable con el 

prevaleciente en el mercado. [...]

d. [...]

e. [...]

f. El término de entregas más próximo, si este se ha 

hecho constar como una de las condiciones. 
KLRA202400195 13

g. [...]

h. El período específico a los términos aplicables a cada 

garantía, sus limitaciones y condiciones, los pasos 

requeridos para reclamar la garantía, que entidad 

proveerá el servicio de reemplazo, subsanación, 

corrección o reparación del bien o el servicio.

i. [...]

j. Cualquier otro criterio pertinente que represente el 

mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

[...]

3. Rechazo de la Oferta más Baja

La Junta de Subastas podrá rechazar la oferta de precio más 

baja cuando ocurra una o varias de las condiciones 

siguientes: 

[...]

f. cuando la oferta no representa el mejor valor para el 

Gobierno de Puerto Rico. 

Las razones por las cuales se rechace la oferta más baja en 

precio se harán constar detalladamente por escrito y el 

documento formará parte del expediente de la subasta.

(Énfasis suplido).

-CSi bien es cierto que, como regla general, en nuestra 

jurisdicción rige, en nuestra jurisdicción rige el principio de la 

irretroactividad de las leyes, este precepto no es absoluto.

Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 83 (2010); Consejo Titulares 

v. Williams Hospitality, 168 DPR 101, 108 (2006). Así surge del texto 

del Artículo 9 del Código Civil de 2020, donde se establece que “[l]a 

ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando se dispone 

expresamente lo contrario. El efecto retroactivo de una ley no 

puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley 

anterior”. 31 LPRA sec. 5323. (Énfasis suplido) Este principio está 

arraigado en que esta es la única manera en que el legislador puede 

lograr la transformación de ciertas situaciones jurídicas que no se 

adaptan a los tiempos. Lo contrario equivaldría a mantener el 

espectro social atado a una circunstancia particular perpetuamente, 

lo cual impide un desarrollo concertado. J.M. Suárez Collía, El 

principio de irretroactividad de las normas jurídicas, Madrid, Actas, 

2da ed. revsd., 1994, pág. 56.
KLRA202400195 14

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una 

ley puede tener efecto retroactivo si así surge claramente de la 

intención legislativa, de manera expresa o tácita. Asoc. Maestros v. 

Depto. Educación, 171 DPR 640, 648 (2007); Rodríguez v. Retiro, 159 

DPR 467, 476 (2003); Nieves Cruz ex rel. v. Universidad de Puerto 

Rico, 151 DPR 150, 158 (2000). Ahora bien, nuestro máximo foro 

judicial ha resuelto que “aunque en una ley no se haya dispuesto 

expresamente su efecto retroactivo, procede su aplicación 

retroactiva cuando dicha interpretación resulta la más razonable de 

acuerdo con el propósito legislativo”. Junta de Relaciones del Trabajo 

v. Autoridad de Energía Eléctrica, 133 DPR 1, 14 (1993).

Indistintamente de lo anterior, en aquellos casos en que la ley 

disponga su efecto retroactivo o así surja de la intención legislativa, 

ésta no podrá afectar derechos adquiridos por las partes en virtud 

de la legislación anterior. Los derechos adquiridos son la 

“consecuencia de un hecho idóneo, al producirlos en virtud de la ley 

vigente en el tiempo en que el hecho ha sido realizado, y que se han 

incorporado al patrimonio de la persona”. Suárez Collía, op cit., pág. 

55. Ahora bien, no toda circunstancia legal en virtud de la vigencia 

de una ley anterior es un derecho adquirido para propósitos de 

restringir la retroactividad, expresa o tácita, de una ley posterior. 

[P]ara que pueda hablarse de derechos adquiridos 

propiamente tal es necesario que se trate de situaciones 

subjetivas, cuya extensión y alcance son determinados 

por un acto o negocio jurídico, no directamente por 

la ley, que se limita a hacer posible la conclusión de 

ese acto o negocio (un contrato, por ejemplo). Este 

negocio singular e individual no puede ser afectado por 

la norma posterior. En cambio, las situaciones 

jurídicas objetivas (por ejemplo, el régimen de la 

propiedad) pueden ser modificadas por leyes 

posteriores. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho 

Civil, 1era Ed., Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, 

Tomo I, pág. 294 (énfasis suplido).

Así pues, no se puede interpretar que un derecho 

adquirido es aquel conjunto de facultades que la ley anterior 

permitía que los ciudadanos ejerciesen, puesto que ello sería el 
KLRA202400195 15

estado de derecho objetivo que la nueva ley intenta cambiar. En 

cambio, un derecho adquirido en su contexto consumado las partes 

descansaron en el estado de derecho que regía al amparo de la ley 

anterior. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101, 

109 (2006) (énfasis suplido).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que “[d]e 

igual forma, los estatutos que versan sobre la jurisdicción son de 

interés público y no están comprendidos dentro de las disposiciones 

del Artículo [9] (antes, artículo 3) del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5323, por lo que comienzan a regir retroactivamente. JRT v. AEE, 

133 DPR 1, 13 (1993). 

III

El recurrente acude ante este Foro para cuestionar la 

adjudicación de una subasta por parte de la Junta de Subastas de 

la ASG para DTOP. Con el beneficio de la exposición del derecho 

aplicable, procederemos con la discusión de los señalamientos de 

error.

RIMCO sostiene que la Junta de Subastas de la ASG erró al 

emitir una Resolución favorable a Reliable a pesar de que su oferta 

era más costosa. En adición, señala que la Junta de Subastas de la 

ASG incidió al no emitir la Resolución a favor de RIMCO, a pesar de 

que era el mejor postor que cumplió con los requisitos de la subasta. 

También, argumenta que la Junta de Subastas erró al descartar la 

recomendación de la ASG y acoger una recomendación revisada por 

DTOP, a pesar de que no se sustentaba con el expediente 

administrativo. Por último, RIMCO señala que la Junta de Subastas 

erró al no ceñirse a los criterios de evaluación de ofertas dispuestos 

en el Reglamento Núm. 9230. Por estar intrínsecamente atados los 

señalamientos de error, los resolveremos en conjunto. No le asiste 

la razón.
KLRA202400195 16

De entrada, es preciso señalar que según se desprende de la 

Resolución emitida por la Junta de Subastas de la ASG, la oferta 

presentada por Reliable era la única oferta vigente al momento 

en que se emitió la Resolución recurrida.14 RIMCO omite 

mencionar este detalle en su recurso ante nos. Destacamos que, la 

oferta del licitador RIMCO está fechada al 27 de diciembre del 

2023, y que dicha oferta tendría vigencia de 30 días, es decir hasta 

el 27 de enero de 2024. Los licitadores debían entregar sus ofertas 

de forma física en o antes del 28 de diciembre de 2023. Surge de la 

Resolución emitida por la Junta de Subastas de ASG el 6 de febrero 

de 2024 que: 

“[r]ecibidas las ofertas, la Administración Auxiliar de 

Adquisiciones de la ASG y la Unidad de Especificaciones 

de la ASG, así como DTOP, procedieron a evaluarlas e 

hicieron sus recomendaciones a la Junta de Subastas. La 

Agencia Requirente remitió su recomendación junto a la 

nueva certificación de fondos el 2 de febrero de 2024. Por 

último, la Administración de Adquisiciones de la ASG 

sometió a esta Junta su evaluación junto a los expedientes 

para el análisis y adjudicación en el día de ayer 5 de 

febrero de 2024.15

[...]

Por último, el documento antes señalado indica que la 

cotización era válida por treinta (30) días. El Acto de 

Apertura fue celebrado el 28 de diciembre de 2023. 

Tomando esa fecha como la que provoca que comience 

a discurrir el término de los treinta (30), estamos 

forzados a concluir que la oferta expiró el 27 de enero 

de 2024. Es decir, al momento en que DTOP emitió su 

recomendación, así como la certificación de fondos, y la 

Administración Auxiliar de Adquisiciones refirió el caso a 

la Junta para, la oferta de Rimco estaba expirada. De 

ahí que, esta Junta no puede aceptar esa oferta, ya que 

aun si no existieran los demás defectos señalados, esta 

propuesta no se encuentra vigente al momento de 

recibirse el expediente ante este Ente para emitir una 

Resolución.”

16 (Énfasis suplido). 

Ahora bien, de la legislación y la reglamentación aplicable, 

podemos colegir que el mejor valor no será el más económico si ello 

va a conllevar una inversión monetaria eventualmente por defectos 

en el desarrollo, o fallas en el término de entrega. En la 

14 Íd., pág. 260.

15Íd. pág. 257.

16 Íd., pág.262.
KLRA202400195 17

consideración de lo que es la oferta más económica o de mejor valor, 

también se analiza el beneficio que se desprenda de esta, el 

cumplimiento de los términos y condiciones impuestas por la 

agencia. 

Este ejercicio es una evaluación integral de todas las

necesidades que tiene la agencia, en este caso DTOP, para con su 

expertise poder establecer las necesidades y requisitos que ameritan 

la celebración de la subasta. Es por ello que el Reglamento Núm. 

9230 en su artículo 1.6, inciso 4, dispone que “el mejor valor no 

necesariamente será la oferta o propuesta que presente el más 

bajo costo”. 

Aun cuando RIMCO presentó una oferta en precio menor, la 

Junta de Subastas de ASG determinó que este no cumplía con lo 

requerido y no representaba el mejor valor para el Gobierno de 

Puerto Rico. En adición, dicha oferta no estaba vigente para ser 

considerada por la Junta de Subastas. Por otro lado, surge de la 

Resolución recurrida que el término de entrega era incierto y que 

podía ser modificado unilateralmente por RIMCO. Entre las 

especificaciones del Pliego de Subasta, el término de entrega era un 

factor sumamente determinante. A su vez, la entrega de piezas para 

las plataformas no estaba disponibles en Puerto Rico y habría que 

solicitarlas fuera del país. 

Adicionalmente, la Junta de Subastas señaló: “[q]ue RIMCO 

es diligente mientras dure la garantía del equipo, luego de caducar 

la misma es difícil la adquisición de piezas porque la compañía no 

cotiza las piezas hasta que estén en Puerto Rico. Este hecho nos 

obliga a decomisar eventualmente el equipo”.17 Como puede 

observarse, esto es contrario al mejor valor propuesto que presenta 

RIMCO en el costo más bajo. 

17 Íd., pág. 261
KLRA202400195 18

Por otro lado, RIMCO señala que la Junta de Subastas erró al 

descartar la recomendación de la ASG y acoger una recomendación 

revisada por DTOP, a pesar de que no se sustentaba con el 

expediente administrativo.

En la Resolución de la Junta de Subastas de la ASG, se 

desprende que la Junta de Subastas evaluó algunos documentos 

contenidos en el expediente administrativo, tales como: las ofertas, 

las recomendaciones, la certificación de la agencia requirente, los 

expedientes para análisis entre otros documentos exigidos por el 

Pliego de Subastas. La Junta de Subastas destacó que “DTOP 

recomendó este Licitador [Reliable] y expuso que ‘[l]a propuesta de 

la Compañía “Reliable Equipment” aunque el precio es mayor, la 

adquisición de piezas y el servicio que ofrece la compañía es más 

accesible’. ‘[A]l escoger la compañía Reliable Equipment permite que 

el equipo pueda ser reparado en menos tiempo, esto ya que las 

piezas están en Puerto Rico’”.18 El expertise de la agencia, en este 

caso, el DTOP, fue tomada en consideración por la ASG y la Junta 

de Subastas al momento de adjudicar la buena pro. De la misma 

manera, fue integrada en la Resolución recurrida e integrada al 

expediente administrativo. El término y la posible tardanza en la 

entrega y la garantía de las piezas fueron razones de peso sustancial

en la adjudicación y esto fue sopesado por la necesidad de DTOP. 

Por último, RIMCO señala que la Junta de Subastas erró al 

no ceñirse a los criterios de evaluación de ofertas dispuestos en el 

Reglamento Núm. 9230. El recurrente señala que la decisión de la 

Junta de Subastas de la ASG se limitó exclusivamente en el factor 

del término de entrega y que ello, no podía ser el factor decisivo para 

la adjudicación de la subasta. Sin embargo, como previamente 

destacamos, se desprende de la Resolución que la oferta de la 

18 Íd., pág. 260.
KLRA202400195 19

parte recurrente no estaba vigente al momento de la 

adjudicación de la buena pro. La necesidad de DTOP se sostuvo

en más de un factor como lo fue el término de entrega. La Junta de 

Subastas de la ASG expresamente consignó en la Resolución

recurrida que “[l]a recomendación recibida por parte de la 

Administración Auxiliar de Adquisiciones no es cónsono con lo 

determinado por esta Junta, sin embargo, sí acogemos la 

recomendación sometida por el DTOP”.19 Es decir, parte de las 

necesidades y requisitos fueron, los términos, las condiciones de 

entrega y garantía de piezas, los requerimientos especiales, las 

especificaciones y las disposiciones del Pliego de Subastas para la 

Subasta Núm. 24J-06132. 

La Junta de Subastas de la ASG añade que el DTOP sopesó 

además que “aunque el precio es mayor, la adquisición de piezas y 

el servicio es más accesible”,20 al igual que la reparación de las 

piezas. Es por ello que, la Junta de Subastas de ASG culmina 

señalando que Reliable cumplió con todos los requisitos dispuestos 

para ser el licitador agraciado y que representa el mejor valor para 

el Gobierno de Puerto Rico. No se cometieron los errores señalados.

De un examen mesurado del expediente que obra ante nos, y 

dentro de la discreción de la agencia, los tribunales revisores hemos 

de otorgar deferencia a las decisiones administrativas, pues estos 

organismos gubernamentales gozan de experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos ante su consideración, lo cual 

ampara sus dictámenes con una presunción de legalidad y 

corrección. Por lo que confirmamos la Resolución recurrida, toda vez 

que no se cometieron los errores señalados.

19 Íd., pág. 257.

20 Íd., pág. 260.
KLRA202400195 20

IV

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos 

formar parte integral de este dictamen, se confirma la Resolución

emitida por la Junta de Subastas de ASG y en adición dejamos sin 

efecto la paralización de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones