Número Identificador

RES2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

ANTONIO CALDERÓN 

PÉREZ

Apelante

V. 

MARISOL VELÁZQUEZ 

RECHANI

Apelado

KLAN202400134

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil. Núm.

BYL2842023-6347

Sobre:

Ley número 284-

1999, Ley Contra el 

Acecho en P.R.

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

El 15 de febrero de 2024, el Sr. Antonio Calderón Pérez (señor 

Calderón o peticionario) compareció ante nos mediante un recurso 

de Apelación1 y solicitó la revisión de una Orden de Protección que 

emitió y notificó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

bayamón (TPI) el 16 de enero de 2024 al amparo de la Ley Núm. 284 

del 21 de agosto de 1999, según enmendada, mejor conocida como 

Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013 et seq. (Ley 

de Acecho). Mediante el aludido dictamen, el TPI expidió una orden 

de acecho en contra del peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe. 

1 Acogemos la Apelación de epígrafe como un Certiorari por ser el recurso 

adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines 

administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de 

este foro le asigno al caso. 
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I.

El 30 de noviembre de 2023, la Sra. Marisol Velázquez 

Rechani (señora Velázquez o recurrida) solicitó una orden de 

protección exparte al amparo de la Ley de Acecho, supra, y ese 

mismo día, el TPI la expidió en contra del peticionario.2 Asimismo, 

ordenó la celebración de una vista para el 18 de diciembre de 2023. 

Sin embargo, el peticionario solicitó que se reseñalara la vista debido 

a que tenía interés en procurar la presencia de un testigo. Así pues, 

el 18 de diciembre de 2023, el TPI extendió la Orden de Protección 

Exparte hasta el 16 de enero de 2024 y ordenó que se celebrara una 

vista en esa misma fecha.

3 Ese día se celebró la vista y en esta 

testificó la señora Velázquez, el señor Calderón y su testigo, el Sr. 

Higinio Santiago Santos, compañero de trabajo de este último.

Luego de escuchar la prueba testifical presentada, el TPI le dio 

entera credibilidad al testimonio de la recurrida y expidió una Orden 

de Protección por el término de seis (6) meses en contra del 

peticionario que tendría vigencia hasta el 16 de julio de 2024.

4 Como 

parte de las determinaciones de hechos realizadas, el TPI expresó lo 

siguiente: 

Las partes son compañeros de trabajo. La peticionaria 

le preguntó sobre unos trabajos que peticionado hace 

en madera, ya que ella quiere hace runa vinera. La 

peticionaria le dio su número y el peticionado comenzó 

a escribirle para invitarla a salir. Además, hacía 

comentarios inapropiados a peticionaria en el trabajo. 

La peticionaria siente temor. 

Consecuentemente, le ordenó al peticionario a abstenerse de 

acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma 

interferir con la señora Velázquez o los miembros de su familia. 

Además, le ordenó al señor Ruiz a abstenerse de penetrar o 

acercarse al hogar de la recurrida, a su lugar de empleo, al hogar de 

2 Véase, págs. 1-6 del apéndice del recuso. 

3 Íd., págs. 8-11. 

4 Íd., págs. 14-19. 
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sus familiares, entre otros. Por último, le indicó al peticionario que 

no podría realizar ninguna comunicación con la recurrida mediante

llamada telefónica, correo electrónico, redes sociales y mucho menos 

causarle daños a esta. 

Inconforme con esta determinación, el 15 de febrero de 2024, 

el señor Calderón presentó el recurso de epígrafe y formuló 

Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Bayamón al incurrir en error manifesto 

al aquilatar la prueba y no cumplir con el estándar 

mínimo de prueba. 

Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Bayamón al emitir una Orden de 

Protección cuando ya existían medidas cautelares 

que atendían el reclamo de la alegada víctima de 

acecho y se encontraba ausente el elemento del 

temor en el ánimo de una persona prudente y 

razonable. 

Además, ese mismo día, a saber, el 15 de febrero de 2024, el 

peticionario presentó una Certificación Enmendada sobre 

Notificación y nos informó que su representación legal junto a un 

emplazador, intentaron entregarle una copia ponchada del escrito 

de apelación a la recurrida a su lugar de trabajo, pero que esta se 

negó a recibirla. Añadió que, en vista de ello, estos últimos 

procuraron contactar al director regional del Departamento de 

Educación para entregarle dicho documento, sin embargo, este se 

encontraba fuera del país. Además, informó que el director interino 

se encontraba atendiendo un asunto en una escuela. Así pues, 

expresó que la notificación del recurso de hizo vía correo certificado 

con acuse de recibo. La parte peticionaria presentó evidencia a tales 

efectos. 

Por otro lado, el señor Calderón nos solicitó presentar la 

transcripción de la prueba oral de la vista que se celebró el 16 de 

enero de 2024. De este modo, le concedimos un término para que la 

presentara y para que las partes la estipularan y, de ser necesario, 

que la parte recurrida presentara un alegato suplementario. De 
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igual forma, le ordenamos a la señora Velázquez a presentar su 

oposición en un término de diez (10) días desde que se presentara 

la transcripción de la prueba oral estipulada. La parte peticionaria 

presentó la transcripción de la prueba oral. Sin embargo, informó 

que la parte recurrida no tenía representación legal y no se habían 

podido comunicar con ella. A pesar de ello, afirmaron que le 

notificación a la recurrida por correo certificado con acuse de recibo 

la transcripción de la vista. Se presentó evidencia a estos efectos. A 

pesar de concederle un término a la parte recurrida para que 

presentara su oposición al recurso, esta nunca compareció ante nos. 

Así pues, declaramos perfeccionado el presente recurso y estando 

en posición de resolver, procedemos a así hacerlo.

II.

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 
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interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) 

una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y 

la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.

En otros términos, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 
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tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).

III.

Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el 

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el 

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso 

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un 

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que 

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos 

escenarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones