Número Identificador

RES/SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

EMMANUEL FUENTES 

ENRÍQUEZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrida

KLRA202300590

Revisión Judicial 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Sobre: 

Solicitud de 

Incentivo Federal

Caso Número:

GMA1000-226-23

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

El recurrente, el señor Emanuel Fuentes Enríquez, comparece 

ante nos para que dejemos sin efecto la determinación notificada por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento), el 

6 de octubre de 2023. Mediante la misma, el referido organismo le 

informó al recurrente que no tenía acceso a ninguna información 

sobre el incentivo económico federal por el COVID-19 por él 

solicitado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión judicial.

I

Surge del relato del recurrente que, el 14 de septiembre de 

2021, mientras se encontraba recluido en la institución Guayama 

1,000, llenó una solicitud para recibir el incentivo federal por el 

COVID-19. Alegadamente, ante la dilación de recibir el incentivo 
KLRA202300590 2

federal, presentó una solicitud administrativa en la referida 

institución en la cual inquirió sobre el mismo.1 

Según expone, el 14 de septiembre de 2023, luego de ocurrir 

un incidente en la institución, fue trasladado a Bayamón 292. 

Consta del escrito que, el 6 de octubre de 2023, el 

Superintendente del área concernida respondió al reclamo que el 

recurrente, presuntamente, instó en la institución de Guayama. 

Mediante el referido dictamen, le explicó al señor Fuentes Enríquez 

que en la institución de Guayama no tenían acceso a ninguna 

información respecto a su solicitud de incentivo federal, y que el 

Departamento de Hacienda tampoco se las podía proveer. A su vez, 

le indicó al recurrente que debía acudir a cualquier recurso que 

tuviese disponible para reclamar sus beneficios.2

Inconforme, el 31 de octubre de 2023, el recurrente suscribió 

el recurso de revisión administrativa que hoy nos ocupa.3 En el 

mismo, planteó que era inconstitucional que a un convicto bajo la 

tutela del Estado Libre Asociado no se le haya otorgado el incentivo 

federal reclamado. 

En respuesta, el 3 enero de 2024, el Departamento presentó 

su posición al recurso. En el escrito, nos solicitó la desestimación 

del mismo. En esencia, planteó que no se observaron con rigor las 

disposiciones reglamentarias que regulan el perfeccionamiento de 

los recursos. Particularmente, indicó que el apéndice del presente 

caso estaba incompleto, puesto que no se incluyó la solicitud de 

remedio presentada ante la agencia, entre otras cosas. 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y contando 

con la postura del Departamento, procedemos a expresarnos.

1 El señor Fuentes Enríquez no incluyó en su escrito la fecha en la que 

alegadamente presentó el referido reclamo.

2 Véase, Respuesta del Área Concernida/Superintendente. 

3 Precisa señalar que, el 17 de julio de 2023, el recurrente acudió ante esta Curia 

con similar reclamo (KLRA202300409), el cual fue desestimado por falta de 

jurisdicción.
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II

A

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en 

alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso 

conforme a los preceptos legales y reglamentarios que le sean 

aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras 

funciones de revisión. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

90 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 568-569 

(2000). Lo anterior encuentra arraigo en la premisa que establece 

que “[l]a marcha ordenada de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico,” por lo que las normas 

que rigen el trámite apelativo de las causas judiciales deben ser 

observadas con fidelidad. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 

90. 

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones 

puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su 

auxilio. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005). El 

incumplimiento de los requisitos exigidos para su contenido 

imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad. Lo anterior 

redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad para atender 

el asunto que se le plantea, puesto que dicha comparecencia se 

reputa como un breve y lacónico anuncio de una intención de 

apelar. Íd., pág. 366. Nuestro estado de derecho, en aras de 

garantizar a las partes su día en corte, exige el cumplimiento cabal 

de los trámites contemplados por ley y reglamento respecto al 

perfeccionamiento de los recursos en alzada. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 

(1975). Únicamente así los tribunales apelativos estarán en 

posición tal que les permita emitir un pronunciamiento justo y 

correcto, a la luz de un expediente completo y claro. Por tanto, la 
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inobservancia de los mismos da a lugar a la falta de jurisdicción del 

foro intermedio. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., supra. De igual forma, a tenor con ello, 

el ordenamiento jurídico reconoce que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003). 

En lo pertinente, la revisión judicial constituye el remedio 

exclusivo para auscultar los méritos de una determinación 

administrativa. Sección 4.2, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 

9672. En atención a dicho trámite, la Regla 59 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59, establece los 

requisitos que validan la suficiencia del contenido de un recurso de 

revisión judicial: 

Regla 59- Contenido del recurso de revisión

[...]

(C) Cuerpo

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el 

orden aquí dispuesto, las partes siguientes:

(a) En la comparecencia, el nombre de los 

recurrentes.

(b) Las citas de las disposiciones legales que 

establecen la jurisdicción y la competencia 

del Tribunal.

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 

providencia administrativa objeto del recurso 

de revisión, la cual incluirá el nombre y el 

número del caso administrativo, el 

organismo o la agencia o funcionario o 

funcionaria que la dictó, la Región Judicial

correspondiente, la fecha en que fue dictada 

y la fecha en que se archivó en autos copia de 

su notificación a las partes. También, una 

referencia a cualquier moción, resolución u 

orden mediante las cuales se haya 

interrumpido y reanudado el término para 

presentar el recurso de revisión. Además, se 

especificará cualquier otro recurso sobre el 

mismo caso o asunto que esté pendiente ante 
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el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal 

Supremo a la fecha de presentación.

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso.

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte recurrente 

cometió el organismo, agencia o funcionario 

recurrido o funcionaria recurrida.

(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables.

(g) La súplica.

[...]

(E) Apéndice

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 

contendrá una copia literal de:

(a) Las alegaciones de las partes ante la

agencia, a saber, la solicitud original, la 

querella o la apelación y las contestaciones a 

las anteriores hechas por las demás partes.

(b) En el caso de la impugnación de una regla 

o reglamento, si no hubiere un trámite previo 

ante el foro administrativo, dicha regla o 

reglamento constituirá la primera parte del 

Apéndice.

(c) La orden, resolución o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión 

que se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho en que esté 

fundada, cuando procedieren.

(d) Toda moción, resolución u orden 

necesaria para acreditar la interrupción y 

reanudación del término para presentar el 

recurso de revisión.

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualquiera de las partes que forme 

parte del expediente original administrativo, 

en los cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en el recurso de 

revisión o que sean relevantes a ésta.

(f) Cualquier otro documento que forme parte 

del expediente original en la Agencia y que 

pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones en 

la resolución de la controversia.

[...].
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B

Por su parte, conforme dicta nuestro estado de derecho, los 

tribunales de justicia deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados a considerar tal asunto aún en 

defecto de señalamiento del mismo. Oficina de Ética Gubernamental 

v. Santini Padilla, 209 DPR 332, 339 (2022); Mun. De San Sebastián 

v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Moreno González v. Coop. 

Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 859 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 203 DPR 708, 714 (2019); Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 

196 DPR 289, 297 (2016). La falta de jurisdicción no es susceptible 

de ser subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los 

tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. MCS 

Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023); 

Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág. 660. 

C

Finalmente, precisa señalar que en virtud de las disposiciones 

contenidas en la LPAUG, supra, la autoridad conferida al 

Administrador de Corrección por la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq, conocida como 

la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, y conforme al 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, se 

adoptó el Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015. 

El objetivo principal del Reglamento Núm. 8583, supra, es 

que toda persona recluida en una institución correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 
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pueda presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia. La solicitud de remedio se define como un 

recurso que presenta un miembro de la población correccional por 

escrito, de una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionado a su confinamiento. Regla IV (24) del 

Reglamento Núm. 8583, supra. La División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

tendrá jurisdicción, entre otras cosas, para atender toda solicitud 

de remedio radicada por los miembros de la población correccional 

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que 

afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o plan 

institucional. Regla VI (1) del Reglamento Núm. 8583, supra. 

Así, el Evaluador de la solicitud de remedio tiene la facultad 

de desestimar aquellas solicitudes que no conlleven remediar la 

situación de confinamiento de la persona sumariada. Íd., Regla XIII 

(5) (g) y (5) (j). 

III

Al examinar el expediente de autos, no podemos sino resolver 

que el mismo incumple con los criterios reglamentarios dispuestos 

para su cabal perfeccionamiento. Su contenido se limita a una 

exposición de los hechos acontecidos y a los trámites, alegadamente, 

efectuados ante el organismo, todo sin prueba documental que 

acredite los mismos. Peor aún, el recurso de autos no contiene una 

copia del reclamo original que se hizo ante el organismo recurrido. 

Además, el recurrente no señaló los errores que, a su juicio, cometió 

la agencia recurrida, ni los discutió, incluyendo las disposiciones de 

ley y la jurisprudencia aplicable. 
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Las faltas reglamentarias antes advertidas inciden sobre el 

efectivo ejercicio de nuestras funciones de revisión. Las mismas nos 

impiden, no solo conocer los pormenores del reclamo que se nos 

plantea, sino, también, el alcance del ejercicio adjudicativo 

desplegado por el organismo y los términos de nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto. Siendo así, dado a que no contamos 

con un recurso de revisión judicial debidamente perfeccionado, 

estamos impedidos de asumir jurisdicción sobre sus méritos.

Por otra parte, conforme expusimos anteriormente, las 

solicitudes de remedios que se pueden presentar ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación son aquellas relacionadas al confinamiento. El 

reclamo del recurrente sobre el incentivo económico federal por el 

COVID-19 no se relaciona a su bienestar físico, mental, seguridad 

personal o plan institucional.

Así, pues, concluimos que no ostentamos jurisdicción para 

entender sobre el escrito presentado.

Sin embargo, sugerimos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a proveerle al señor Fuentes Enríquez la 

documentación necesaria para que le sea posible llevar su reclamo 

al Departamento de Hacienda, quien es el organismo competente.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal.

La Juez Grana Martínez disiente sin opinión escrita. 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones