Número Identificador

SEN2024___________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI 

EDWIN ALONSO 

RODRÍGUEZ Y OTROS

Peticionario

v.

MAYAGÜEZ RESORT & 

CASINO, INC.

Recurridos

KLCE202400600

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez

Civil núm.

MZ2023CV01741

Sobre:

Cobro De Dinero; 

Incumplimiento De 

Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

Comparece ante nos, Edwin Alonso Rodríguez (Alonso 

Rodríguez o parte peticionaria) y nos solicita que revisemos y 

revoquemos la Resolución emitida el 9 de mayo de 2024, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez. 

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación de la Reconvención que presentó la parte peticionaria. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable, expedimos el auto de certiorari y, en 

consecuencia, confirmamos la Resolución de la cual se recurre, por 

los fundamentos que expondremos a continuación. 

I.

El 4 de octubre de 2023, la parte peticionaria presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato en 

contra del Mayagüez Resort & Casino, Inc. (MRC o parte recurrida). 

En ajustada síntesis, solicitó el cobro de los cánones de 
KLCE2024000600 2

arrendamiento adeudados.1 Ulteriormente, el 12 de octubre de 

2023, S.A. Properties, Inc. (S.A. Properties) presentó una Demanda

en contra de la parte recurrida en el caso MZ2023CV01772. 

Consecuentemente, el 14 de noviembre de 2023, ambos casos 

fueron consolidados.

Así, el 18 de marzo de 2024, la parte recurrida presentó una

Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención en contra de 

la parte peticionaria. A grandes rasgos, sostuvo que la presentación 

de la demanda para el cobro de los cánones de arrendamiento se 

hizo con la intención de interferir con unas negociaciones para la 

venta de sus acciones. A su vez, adujo que las negociaciones 

culminaron como consecuencia de la presentación de la demanda. 

Indicó, además, que la presentación de la demanda le ha causado 

daños a su reputación y ha sido evidente la baja en la ocupación y 

reservación de habitaciones, así como las visitas a sus instalaciones. 

Ese mismo día, la parte peticionaria presentó una Moción de 

Desestimación de la Reconvención. Acentuó que no existe un remedio 

en ley porque nuestro ordenamiento jurídico, salvo persecución 

maliciosa, no permite una acción en daños y perjuicios como 

consecuencia de la presentación de un pleito civil. 

En respuesta, el 23 de abril de 2024, la parte recurrida 

presentó una Oposición a Moción de Desestimación de Reconvención. 

En esta, arguyó que los casos citados en la solicitud de 

desestimación de la reconvención no tienen inherencia o quedaron 

obsoletos ante la inclusión del Artículo 18 del Código Civil de 2020, 

infra. Asimismo, alegó que como el peticionario es secretario de la 

Junta de Directores del MRC, violentó su deber de fiducia y es 

1 Posteriormente, el 19 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó una 

Demanda Enmendada. El 23 de mayo de 2024, la parte recurrida presentó una 

Enmienda a Contestación a Demanda Enmendada, Reconvención y Demanda 

Contra Terceros Indispensables. 
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responsable por los daños sufridos como consecuencia de la 

presentación de la demanda. 

Tras examinar los argumentos de las partes, el 9 de mayo de 

2024, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación de la Reconvención que presentó 

la parte peticionaria. Así, el foro a quo dispuso que: 

[e]xaminada la solicitud de desestimación de la reconvención 

presentada por la parte demandante y su correspondiente 

oposición, este Tribunal acoge el derecho citado por la parte 

demandada en su moción en oposición y declara No Ha Lugar 

la desestimación presentada en esta etapa de los 

procedimientos. Sin embargo, se concede el término de 

10 días a la parte demandada para presentar la 

Reconvención Enmendada e incluir a cualquier parte 

indispensable y necesaria para resolver la causa de acción 

levantada en la reconvención. De igual forma y luego de 

concluido el descubrimiento de prueba, la parte demandante 

podrá solicitar la desestimación que entienda pertinente.

Inconforme, el 29 de mayo de 2024, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante una Solicitud de Certiorari y alegó la 

comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por las aquí Peticionarias 

cuando, según se desprende de dicha moción 

dispositiva, la Reconvención deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio en ley. 

Examinado el recurso de certiorari, el 7 de junio de 2024, 

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un término

de veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara su 

posición al recurso. El 10 de junio de 2024, la parte recurrida 

presentó una Moción de Desestimación de Recurso. En la misma, 

planteó que el recurso de certiorari advino académico, toda vez que 

enmendó su Reconvención. Manifestó que la Reconvención de la cual 

se recurre no es la que actualmente está ante la consideración del 

TPI. 

Así las cosas, el 12 de junio de 2024, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden mediante la cual 

acreditó la notificación de la presentación del recurso al TPI. El 25 
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de junio de 2024, emitimos una Resolución mediante la cual le 

concedimos un término de quince (15) días a la parte peticionaria 

para que presentara su posición a la Moción de Desestimación de 

Recurso. Luego, el 27 de junio de 2024, la parte recurrida presentó 

una Moción Aclaratoria. 

El 2 de julio de 2024, la parte recurrida presentó un 

Memorando en Oposición a la Expedición del Recurso de Certiorari. 

Posteriormente, el 11 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó 

una Oposición a: Moción de Desestimación. Con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

II.

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su 

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y 

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 212 DPR 194 (2023). 

Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 

(2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). En particular, es 

un recurso mediante el cual se solicita la corrección de un error 

cometido por un foro inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra. Así pues, la determinación de expedir o denegar un recurso 

de certiorari está enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de 

León Corp. v. AIG, supra. Es decir, la característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Banco Popular 

v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 145, 213 DPR ___ (2023). No 

obstante, la discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari

solicitado no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
KLCE202400600 5

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria, 

supra, dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante 

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En 

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo 

siguiente: 
KLCE2024000600 6

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una 

orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de 

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con 

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 

918. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de 

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por 

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Banco 

Popular v. Gómez Alayón y otros, supra. Véase, además, Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).
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B. Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le 

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su 

contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis 

de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La precitada regla dispone lo 

siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 

de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta 

de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, entre las defensas mediante las cuales una parte 

puede solicitar la desestimación de la causa instada en su contra se 

encuentra el “dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 

supra. Véase, además, Costas Elena y otros v. Magic Sport Culinary 

Corp. y otros, 2024 TSPR 13, 213 DPR __ (2024); Bonnelly Sagrado 

v. United Surety, 207 DPR 715 (2021).

Ante una moción de desestimación fundamentada en la 

referida regla, “el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Cobra 

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384 (2022). 

Véase, además, Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428 (2008); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 

497, 505 (1994). Luego, debe determinar si, a base de esos hechos 

que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique la concesión de un remedio. Costas Elena y 

otros v. Magic Sport Culinary Corp. y otros, supra.
KLCE2024000600 8

Asimismo, deberá interpretar las alegaciones de forma 

conjunta, liberal y de la manera más favorable posible en favor del 

demandante. Bonnelly Sagrado v. United Surety, supra; Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010). De hecho, tampoco procede 

la desestimación de la demanda si esta es susceptible de ser 

enmendada. Clemente v. Dept. de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983). 

Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en 

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V), la demanda sólo tiene que contener “una relación 

sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas de que el 

peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la norma 

procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan 

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones en su contra.” Torres v. Torres et al., supra, pág. 

501. Es por esto que una demanda no será desestimada, salvo que 

se demuestre “que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. Consejo de 

Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, pág. 428. Por 

consiguiente, el asunto a considerar es, “si a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 

505. Finalmente, este mecanismo procesal no debe ser utilizado en 

aquellos casos que envuelven un alto interés público, excepto que 

no haya duda de que, de los hechos alegados en la demanda, no es 

posible conceder un remedio adecuado al demandante. Aut. Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, pág. 429.

C. Academicidad 

El principio de justiciabilidad requiere la existencia de un caso 

o controversia real para que los tribunales puedan ejercer 
KLCE202400600 9

válidamente el Poder Judicial. Hernández Montañez v. Parés Alicea, 

208 DPR 727 (2022). El concepto de justiciabilidad “impone el deber 

de examinar si los casos que traban una controversia de índole 

constitucional cumplen con determinados e indispensables 

requisitos previo a una expresión”. Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 420 (1994). Lo anterior, pues, “los tribunales existen 

únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre 

partes opuestas que tienen un interés real en obtener un remedio 

que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 

DPR 552, 558-559 (1958). Por consiguiente, para poder ejercer de 

forma válida nuestra facultad de interpretar la ley, es necesario que 

el caso presente una controversia auténtica, definida y concreta, 

dentro de un contexto adversativo. De lo contrario, procede la 

desestimación del recurso presentado porque, como no existe una 

controversia real entre los litigantes, el tribunal debe abstenerse de 

adjudicarlo. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una 

controversia no es justiciable en las siguientes circunstancias, a 

saber: (1) cuando la cuestión a resolver es una cuestión política; (2) 

cuando el pleito no está maduro; (3) cuando, después de iniciado el 

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; (4) cuando lo 

que se procura obtener es una opinión consultiva; y (5) cuando las 

partes no poseen legitimación activa para incoar la acción 

presentada. Noriega v. Hernández Colón, supra, a la pág. 421.

Así pues, entre los elementos a evaluar para determinar si un 

caso es justiciable se encuentran, si después que ha comenzado el 

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a academicidad recoge la 

situación en que, aun cumplidos todos los criterios de 

justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante 
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el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solución del 

pleito”. UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010). 

Véase, además, Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 (2010). 

Un pleito es académico cuando se trata de obtener un fallo 

sobre una controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto 

el cual, por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR 

Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999).2

La doctrina de la academicidad tiene como fin: “(1) evitar el 

uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la 

adversidad suficiente para que las controversias se presenten y 

defiendan competente y vigorosamente; y (3) evitar precedentes 

innecesarios”. UPR v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280. 

Una vez se determina que un pleito es académico, por 

imperativo constitucional —ausencia de caso o controversia—, o 

autolimitación judicial, los tribunales deben abstenerse de 

considerarlo en sus méritos. Asoc. De Periodistas v. González, 127 

DPR 704, 719 (1991). 

III.

De entrada, debemos auscultar si procede la desestimación 

del recurso de epígrafe. En el caso ante nos, la parte recurrida 

solicitó la desestimación del recurso de certiorari por entender que 

la controversia se tornó académica. Planteó que el lenguaje de la 

Reconvención, sobre la cual el peticionario solicitó que se revoque la 

Resolución mediante la cual el TPI rehusó desestimarla, fue 

enmendada; por lo que, la Reconvención sobre la cual recurre el 

peticionario no es la Reconvención que está actualmente ante la 

consideración del TPI. 

Por su parte, la parte peticionaria adujo que la Reconvención

enmendada se limita a incluir como terceros demandados a Alonso 

2 Véase, además, Hon. Eduardo Bhatia Gautier v. Gobernador et al., 199 DPR 59, 

73 (2017).
KLCE202400600 11

Rodríguez en su capacidad personal, su esposa y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos. Agregó que la Reconvención

enmendada solo modifica la sintaxis de los párrafos 19 y 20 de la 

Reconvención original. Así pues, sostuvo que las modificaciones en 

el lenguaje no añaden nada nuevo a la causa de acción en la 

Reconvención que torne la controversia en académica. 

Luego de un análisis meticuloso de la Reconvención original y 

la enmendada, debemos concluir que en efecto las modificaciones 

que la parte recurrida realizó a la Reconvención no tornan la 

controversia en académica. Esto, pues tal y como expuso la parte 

peticionaria, las modificaciones en el lenguaje no añaden nada 

nuevo a la causa de acción. Es decir, la Reconvención enmendada 

no modifica ni altera la sustancia de la causa de acción en la 

Reconvención original. Así pues, aun cuando la Reconvención fue 

enmendada, la controversia no es inexistente y es susceptible de 

repetirse. En consecuencia, se declara No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación de Recurso que presentó la parte recurrida. 

De otro lado, en su recurso la parte peticionaria alegó que erró 

el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación de la

Reconvención presentada, según se desprende de dicha moción 

dispositiva, la Reconvención deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio en ley. No tiene razón. 

Según el derecho que antecede, una parte puede solicitar la 

desestimación de una causa de acción si esta deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Regla 10.2 

(5) de Procedimiento Civil, supra. Así pues, ante una moción de 

desestimación fundamentada en la referida regla, “el tribunal 

tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas”. Cobra Acquisitions, LLC v. 

Municipio de Yabucoa, supra. Luego, debe determinar si, a base de 
KLCE2024000600 12

esos hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una 

reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio. 

Costas Elena y otros v. Magic Sport Culinary Corp. y otros, supra.

En el caso ante nuestra consideración, el TPI tuvo la 

oportunidad de examinar la Moción de Desestimación de la

Reconvención que presentó la parte peticionaria y su 

correspondiente oposición y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar

la misma en esta etapa de los procedimientos. Asimismo, dejó claro 

que luego de concluido el descubrimiento de prueba, la parte 

peticionaria podría solicitar la desestimación que entienda 

pertinente. Por lo tanto, al así resolver estamos convencidos de que 

el foro a quo interpretó las alegaciones de forma conjunta, liberal y 

de la manera más favorable posible a la parte recurrida. Véase, 

Bonnelly Sagrado v. United Surety, supra. 

Así pues, no debemos perder de perspectiva que una demanda 

solo tiene que contener “una relación sucinta y sencilla de la 

reclamación demostrativas de que el peticionario tiene derecho a un 

remedio”. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto, pues las 

alegaciones solo buscan “notificarle a la parte demandada a grandes 

rasgos, cuáles son las reclamaciones en su contra.” Torres v. Torres 

et al., supra. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y, en consecuencia, confirmamos la Resolución recurrida. 

Además, se declara No Ha Lugar la Moción de Desestimación de 

Recurso que presentó la parte recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones