Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

KEY STAR CAPITAL FUND 

II, L.P.

Demandante Apelada 

v.

CHAMPION DENTAL, P.C.;

DERRICK R. CHAMPION, 

a/k/a DERRICK R. 

CHAMPION, DDS 

Demandados Apelantes 

KLAN202400278

Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Civil Núm.:

BY2020CV04127 

Sala: 504 

Sobre:

Convalidación de 

Sentencia 

“Exequátur”, y 

Ejecución de Hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Candelaria Rosa, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2024. 

Comparecen Champion Dental, P.C. y Derrick R. Champion 

a/k/a Derrick R. Champion, DDS (conjuntamente, “apelantes”) vía 

recurso de apelación y solicitan que revoquemos la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, emitida el 

11 de enero de 2024. Mediante dicho dictamen, se confirió entera fe y 

crédito a la Sentencia dictada el 28 de diciembre de 2016 en la Corte 

Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Westchester. Por los 

fundamentos que expresaremos, confirmamos la Sentencia recurrida. 

En síntesis, el caso de epígrafe trata de la convalidación de una 

sentencia mediante exequátur. Según aparece en el expediente, Bank of 

America, N.A. presentó una demanda contra los apelantes en la Corte 

Suprema de Nueva York, Condado de Westchester, por incumplimiento 
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contractual y cobro de dinero. Luego del diligenciarse los 

emplazamientos, los apelantes solicitaron la desestimación de la 

demanda ya que, entre otras razones, la Corte Suprema de Nueva York 

carecía de jurisdicción sobre la persona del señor Derrick R. Champion 

(señor Champion), quien en el momento residía en Florida. La Corte 

denegó la solicitud y ordenó que las partes se reunieran para una 

conferencia inicial en una determinada fecha y que los apelantes 

respondieran a la demanda dentro de los veinte (20) días después de 

recibir la notificación de la Orden, cual fue diligenciada por Bank of 

America a las últimas direcciones conocidas de los apelantes y en el 

Departamento de Estado de Nueva York. Tal Orden fue también 

archivada en el sistema electrónico de los récords judiciales de Nueva 

York, New York State Courts Electronic Filing System (NYSCEF). 

Por la falta de respuesta oportuna de los apelantes, Bank of 

America solicitó que se dictara sentencia en rebeldía, a la cual la Corte 

Suprema de Nueva York desestimó sin perjuicio por encontrar un error 

en los documentos presentados. Después de emitirse una nueva Orden

con una segunda fecha para la conferencia inicial, y luego de los 

apelantes no responder o comparecer, Bank of America otra vez solicitó 

que se dictara sentencia en rebeldía, a la cual la Corte Suprema resolvió 

ha lugar y ordenó a los apelantes pagar al demandante una deuda de tres 

cientos cuarenta y seis mil, setecientos sesenta dólares y cincuenta y 

nueve centavos ($346,760.59). 

Por lo anterior, los apelantes recurrieron ante la División 

Apelativa, Segundo Departamento Judicial de la Corte Suprema de 

Nueva York y alegaron que la Corte Suprema no había adquirido 

jurisdicción sobre su persona y corporación, ya que el señor Champion
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se mudó a Puerto Rico y la notificación fue diligenciada a direcciones 

donde ya no residía personalmente o se localizaban sus oficinas. No 

obstante, la División Apelativa confirmó a la Corte Suprema y 

determinó que los apelantes no demostraron razón excusable al no 

argumentar contra la efectividad del emplazamiento al amparo de las 

leyes del Estado de Nueva York o alegar que le notificó a Bank of 

America sobre el cambio de dirección. 

Luego que Bank of America cediera los derechos, intereses y 

título sobre la sentencia obtenida a Key Star Capital Fund II, L.P. (Key 

Star o apelado), este último presentó una demanda de exequátur en el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, mediante la cual solicitó 

que se concediera entera fe y crédito a la referida sentencia de Nueva 

York y, en consecuencia, validara la misma. Luego de varios trámites 

judiciales—los cuales incluyeron la presentación de mociones por los 

apelantes que inicialmente indicaban que no se sometían a la 

jurisdicción, pero que luego no lo mencionaban—el foro primario solo 

desestimó la demanda contra la rama puertorriqueña de Champion 

Dental, P.C. por la Sentencia del tribunal de Nueva York haberse 

emitido contra el señor Champion y la rama de Nueva York de su 

corporación. Finalmente, posterior a Key Star solicitar una sentencia 

sumaria, el foro primario emitió Sentencia mediante la cual concedió 

entera fe y crédito a la sentencia de Nueva York y ordenó su ejecución 

en Puerto Rico. Poco después, el Tribunal de Primera Instancia resolvió 

sin lugar a la moción de reconsideración de los apelantes.

Insatisfechos, los apelantes recurren ante este Tribunal y alegan 

que el Tribunal de Primera Instancia erró (1) al hacer efectiva la 

sentencia de Nueva York; (2) al conferirle entera fe y crédito a la 
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referida sentencia; (3) al no declarar nula la sentencia de Nueva York; 

y (4) al determinar que no aplica la doctrina de contactos mínimos en 

los procedimientos de exequátur. En su oposición, Key Star argumenta 

que (1) los tribunales de Puerto Rico no tienen la facultad para declarar 

nula la sentencia de Nueva York; (2) los apelantes fueron debidamente 

emplazados durante el proceso judicial en Nueva York, una 

controversia que fue adjudicada en la Corte Suprema de Nueva York; 

y (3) que los apelantes se sometieron voluntariamente a la jurisdicción 

del foro primario. 

Vale recordar que el mecanismo procesal de la sentencia sumaria 

se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil y tiene como finalidad 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales. Véase Regla 

36 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); González 

Meléndez v. Municipio. Autónomo de San Juan et al., 2023 TSPR 95 

(citando a Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964 (2022)). 

Así, la Regla 36.2 permite que cualquiera de las partes pueda solicitar 

que se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte 

de una reclamación. Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra. Véase, 

también, Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 191 DPR 583 

(2014). A su vez, se ha establecido que el peticionario debe establecer 

su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material, es decir, suficiente para que sea 

necesario dirimirlo en un juicio plenario. Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil, supra; Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671 (2023) 

(citando a Municipio de Añasco v. ASES et al, 188 DPR 307 (2013)). 

Véase también, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 
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En cuanto al estándar de revisión aplicable, el Tribunal de 

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera 

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria, 

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el 

foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Debemos, por tanto, 

examinar de novo el expediente y verificar que tanto la moción de 

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma; luego, revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el derecho. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

Por otro lado, el procedimiento de exequátur es la convalidación 

y reconocimiento judicial de una sentencia de otra jurisdicción por los 

tribunales del foro donde se pretende hacer efectiva. Regla 55.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Colón Vega v. Díaz Lebrón, 211 DPR 548 

(2023) (citando a Gulf Petroleum et al. v. Camioneros, 199 DPR 962 

(2018); Mench Fleck v. Mangual González, 161 DPR 851 (2004)). 

Específicamente, de tratarse de una sentencia emitida por un tribunal 

estatal de Estados Unidos, el Tribunal evaluará si la determinación (1) 

fue dictada por un tribunal con jurisdicción sobre la persona y el asunto 

que sea objeto de la sentencia; (2) demuestra que el tribunal observó el 

debido proceso de ley; y (3) no fue obtenida mediante fraude. Regla 

55.5 de Procedimiento Civil, supra. Al evaluarse una sentencia de otro 

Estado y su base jurisdiccional, el Tribunal puede presumir que 

válidamente existió jurisdicción sobre las partes o materia, a menos que 
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el expediente o evidencia extrínseca demuestre lo contrario. V.L. v. 

E.L., 577 US 404 (2016) (citando a Underwriters Nat. Assurance Co. 

v. North Carolina Life & Accident & Health Ins. Guaranty Assn., 455 

US 691 (1982); Milliken v. Meyer, 311 US 457 (1940)). De cumplirse 

con las exigencias antes esbozadas, los tribunales de Puerto Rico 

tendrán que concederles a las sentencias extranjeras entera fe y crédito

independientemente de la política pública y las disposiciones legales de 

Puerto Rico sobre la materia o asunto de que se trate. Íd. (citando a 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, 2007; Rodríguez Contreras v. ELA et 

al., 183 DPR 505 (2011); Toro Avilés v. PR Telephone Co., 177 DPR 

369 (2009)). 

Ahora bien, el ordenamiento federal reconoce que la Décimo 

Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos limita la 

jurisdicción de los tribunales sobre la persona, particularmente cuando 

involucra un demandado no domiciliado en el Estado donde se presentó 

la demanda. Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court, 582 US 255 

(2017) (citando a World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 US 

286 (1980)). Véase, también, Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, 

Tomo 1. A saber, en casos que involucran la jurisdicción general, los 

tribunales deben evaluar la relación del demandado con el Estado, es 

decir, la localización del domicilio de la persona natural o lugar 

equivalente para una persona jurídica, como lo sería una corporación. 

Íd. (citando a Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, 564 

US 915 (2011)). En casos de jurisdicción específica, los tribunales 

deben analizar los contactos del demandado con el foro que los sujetan 

a las regulaciones del Estado. Íd. (citando a Daimler AG v. Bauman, 
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571 US 117 (2014); Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, 

supra). 

No obstante, la jurisprudencia federal define la jurisdicción sobre 

la persona como un derecho individual renunciable mediante la 

sumisión voluntaria de la comparecencia. Ins. Corp. of Ir. v. Compagnie 

Des Bauxites De Guinee, 456 US 694 (1982). Igualmente, el 

consentimiento expreso o tácito—es decir, por palabras o acciones—

puede demostrar jurisdicción sobre la persona. Íd. De hecho, el 

Tribunal Supremo federal permite que un Estado interprete el uso 

voluntario de procedimientos estatales por una parte como un 

consentimiento constructivo a someterse a la jurisdicción. Íd. (citando 

a Adam v. Saenger, 303 US 59 (1938); Chicago Life Ins. Co. v. Cherry, 

244 US 25 (1917)). Además, de conocer sobre el pleito, el 

demandado—mediante representación legal o por derecho propio—

tiene la obligación de verificar los números de entradas de los récords 

de la Corte, cual pueden incluir órdenes judiciales. Véase Emiabata v. 

Seton Healthcare Family, 2021 US App. LEXIS 28298, 2021 WL 

4256846 (2do Cir. 2021); US ex rel. McAllan v. City of New York, 248 

F.3d 48 (2do Cir. 2001). 

Desde luego, los New York Civil Practice Law & Rules (NYCPLR) disponen que un emplazamiento de una persona natural puede 

diligenciarse mediante (1) entrega personal si el demandado está dentro 

del estado, o (2) por correo postal a la última dirección conocida del 

demandado, entre otros. NY-CPLR sec. 308. En casos que involucran 

personas jurídicas, el estatuto permite el emplazamiento mediante (1) 

entrega personal a un director, agente general, oficial u otro individuo 

autorizado por nombramiento o ley para recibir un emplazamiento; o 
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(2) entrega personal al Secretario de Estado, deputado o cualquier 

individuo autorizado por el Secretario para recibir emplazamientos en 

la oficina de Departamento de Estado, entre otros. NY-CPLR sec. 306. 

De utilizarse el último método, se considerará que se cumplió con el 

emplazamiento. Íd. Incluso, los NY-CPLR disponen que la 

comparecencia del demandado es equivalente al emplazamiento 

personal, al menos que objete a la jurisdicción. NY-CPLR sec. 320(b).

En Puerto Rico, un Tribunal puede adquirir jurisdicción sobre 

una persona cuando el individuo se somete voluntariamente a tal 

jurisdicción y comete algún acto sustancial que lo constituya como 

parte del pleito. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera et al., 192 DPR 854 

(2015) (citando a Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 156 DPR 352 (2002); 

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700 (2001); 

Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762 (1985)). En otras palabras, un 

demandado no domiciliado puede someterse a la jurisdicción del ente 

adjudicador si comparece ante este y no plantea la falta de jurisdicción, 

pero presenta otros tipos de alegaciones. Peña Alcántara v. Warren 

Ovensen, 162 DPR 764 (2004) (citando a Shuler v. Shuler, 157 DPR 

707 (2002)). Por lo tanto, la comparecencia voluntaria, expresa o tácita, 

del demandado suple la omisión del emplazamiento y es suficiente para 

que el tribunal asuma la jurisdicción sobre su persona. Íd. (citando a 

Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, supra; Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 

Hacienda, supra; Franco v. Corte, 71 DPR 686 (1950)). 

De conformidad con los hechos del presente caso, el Tribunal de 

Primera Instancia actuó correctamente al resolver sumariamente la 

controversia, conceder entera fe y crédito a la Sentencia de la Corte 

Suprema de Nueva York y ordenar la ejecución de dicha Sentencia en 
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Puerto Rico. El expediente demuestra que Bank of America emplazó y 

diligenció la notificación de la Orden de la Corte Suprema de Nueva 

York a los apelantes al amparo de la ley de Nueva York y la 

jurisprudencia federal. Igualmente, Key Star emplazó a los apelantes 

correctamente en Puerto Rico; de hecho, aunque inicialmente los 

apelantes comparecieron en el foro primario indicando que no se 

sometían a la jurisdicción, desde cierto punto en el proceso dejaron de 

mencionarlo. Por lo tanto, la Corte Suprema de Nueva York y el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico adquirieron jurisdicción 

sobre los apelantes y, por efecto, el foro primario tiene la facultad para 

dar entera fe y crédito y ejecutar la Sentencia de Nueva York. 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la Sentencia 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones