Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

RUBEN MARTINEZ 

RIVERA

Recurrente

v.

CONSEJO DE 

TITULARES COND

OCEAN POINT, 

representado por 

MARIA PADILLA

MAYRA ZAMORA

Recurridos

KLRA202300532

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

Procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Caso Núm.: C-SAN2022010588

Sobre: Condominios

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Aldebol Mora y la Jueza Prats Palerm. 

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

Comparece el recurrente, Rubén Martínez Rivera (“recurrente”

o “señor Martínez”) mediante recurso de revisión administrativa y 

nos solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 10 de 

agosto de 2023 por el Departamento de Asuntos del Consumidor

(“recurridos” o “DACo”), con relación a la querella número C-SAN20220010588. Mediante esta, el DACo ordenó la desestimación de 

la querella de epígrafe, por academicidad. 

I.

Conforme surge del expediente de autos, el señor Martínez es 

el titular del apartamento 3902 del Condominio Ocean Point, el cual 

está sometido al régimen de Propiedad Horizontal. 

El 23 de noviembre de 2021, el señor Martínez presentó una

Querella ante el DACo en la que solicitó como remedio una orden de 

Cese y Desista contra el Consejo de Titulares del Condominio Ocean 

Point (“Consejo de Titulares”) para que se abstengan de ordenar la 

demolición de una estructura en construcción que mantiene en la 
KLRA202300532 2

terraza de su apartamento. Alegó, además, que el Consejo de 

Titulares obvió la evidencia de que otros titulares habían realizado 

construcciones similares. De otro lado, el señor Martínez solicitó

autorización para que su empleado continuara sus labores de 

construcción y, a su vez, solicitó la convocación de una Asamblea 

con la finalidad de dilucidar el tipo de construcción permitida. 

El 10 de junio de 2022, el Consejo de Titulares presentó su 

Contestación a Querella mediante la cual negó que existieran otras 

construcciones simulares en el Condominio Ocean Point.

El 3 de julio de 2022, el Presidente de la Junta de Directores, 

el señor Neftalí Soto, circuló una comunicación dirigida a toda la 

comunidad del Condominio Ocean Point en la cual informó que se 

estaba gestionando la celebración de una Asamblea Ordinaria y, 

además, puntualizó que allí se discutiría si el señor Martínez podría 

continuar con la realización de una obra sin permiso y fuera del

reglamento. De igual forma, en la comunicación se argumenta que 

el señor Martínez entorpece y obstaculiza las decisiones tomadas 

por las Asambleas Extraordinarias previas. 

Así las cosas, el 11 de agosto de 2022, la Junta de Directores 

convocó la Asamblea del Consejo de Titulares a celebrarse el 27 de 

agosto de 2022 y en la agenda se señaló en el inciso número siete

(7) el asunto sobre “Aprobación cambio de fachada y ampliación 

terraza apto. 3903- Sr. Rubén Martínez”. Véase, anejo 2 del Apéndice 

del Recurso de Revisión. 

Finalmente, el 27 de agosto de 2022, el Consejo de Titulares 

se reunió en Asamblea Ordinaria, a la cual asistió el señor Martínez. 

Consta en la Minuta de la referida Asamblea que se discutió el 

asunto del señor Martínez y se decidió, mediante 35 votos a favor y 

9 en contra, que tiene que modificar su estructura de acuerdo con 

el plano aprobado. 
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Por otro lado, el 11 de noviembre de 2022, el Consejo de 

Titulares radicó una Moción de Desestimación ante el DACo alegando 

academicidad debido a que el señor Martínez no impugnó la 

determinación de la Asamblea ni durante su celebración ni 

posteriormente mediante enmienda a la Querella. 

En desacuerdo, el 29 de noviembre de 2022, el señor Martínez

presentó su Réplica a Moción de Desestimación y Solicitud de 

Inspección Ocular donde argumentó que la asamblea ordinaria no 

atendió los asuntos impuestos en la querella. 

Así, el 30 de enero de 2023, el señor Martínez presentó una 

Moción sometiendo Prueba Documental donde anejó varias 

fotografías de construcciones existentes en el Condominio Ocean 

Point. 

El 1 de febrero de 2023, el DACo celebró la vista 

administrativa por videoconferencia. Durante la vista, el señor 

Martínez testificó e identificó las referidas fotografías. Por su parte, 

el Consejo de Titulares, sin contrainterrogar al señor Martínez, 

levantó un planteamiento de derecho en el cual reiteró sus 

argumentos a través de la Moción de Desestimación presentada 

previamente. Luego de varias argumentaciones de ambas partes, el 

DACo ordenó la desestimación de la querella de epígrafe, por 

academicidad.

Oficialmente, el 10 de agosto de 2023, el DACo emitió y 

notificó, en la misma fecha, la Resolución declarando Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Consejo de Titulares. 

Inconforme, el 30 de agosto de 2023, el señor Martínez

presentó una Moción de Reconsideración la cual, sin respuesta de 

DACo, se entiende que fue rechazada de plano. 

Aun inconforme, el 16 de octubre de 2023, el señor Martínez

acede ante nosotros mediante Recurso de Revisión Judicial. 

Mediante este, adujo que el DACo cometió los siguientes errores:
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1. Erró el Honorable Departamento De Asuntos del 

Consumidor al concluir la vista administrativa con 

solamente el testimonio del querellante, limitándole 

su derecho a contrainterrogar a los testigos de la 

parte querellada, en violación al debido proceso de 

ley. 

2. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al concluir que la reclamación hecha 

por el querellante ante la agencia resultaba 

académica al no impugnar una asamblea celebrada 

por el Consejo de Titulares con posterioridad a la 

reclamación. 

3. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor al no conformar las determinaciones de 

hecho con la evidencia presentada ante su 

consideración. 

Así las cosas, el 16 de octubre de 2023, el recurrente presentó 

Moción sobre Prueba Testifical. 

A esos efectos, el 19 de octubre de 2023, emitimos una 

Resolución concediendo términos a las partes para presentar sus 

correspondientes Alegatos Suplementarios. 

En cumplimiento, el 9 de noviembre de 2023, el recurrente 

presentó la Transcripción Literal de Vista Virtual Celebrada el 1 de 

febrero de 2023. 

En consecuencia, el 11 diciembre de 2023, el recurrente 

presentó su Alegato Suplementario. 

De igual forma, el 3 de enero de 2024, los recurridos

presentaron su Alegato en Oposición a la petición y al Alegato 

Suplementario. Mediante el cual alegaron que la asamblea ordinaria 

atendió todas las solicitudes de remedio que presentó el señor 

Martínez ante el DACo y, por ende, de querer impugnar los acuerdos 

y las determinaciones del Consejo de Titulares, le aplicaba el articulo 

65(b) de la Ley Núm. 129-2020, conocida como la Ley de 

Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 et seq., (“Ley de 

Condominios”). 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes 

y la transcripción de la prueba testifical, damos estos por 

perfeccionados y procedemos a resolver. 
KLRA202300532 5

II.

A. La revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden 

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano 

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero 

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de 

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le 

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el 

conocimiento especializado que estos poseen. Íd. 

Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, 

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de 

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma 

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal 

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super 

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019). 

Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales 
KLRA202300532 6

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior 

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020). 

Por consiguiente, dada la presunción de corrección y 

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas 

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al 

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe 

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque 

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández 

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen 

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la 

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera 

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia 

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los 

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de 

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. 

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo 

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de 

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente 

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 
KLRA202300532 7

De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por 

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 

98, 118 (2003).

B. Debido proceso de ley en procedimiento administrativo

El debido proceso de ley es un derecho fundamental 

reconocido tanto en nuestra Constitución como en la Constitución 

Federal. Artículo II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. V y 

XIV, Const. EE.UU. Dicha garantía opera en dos dimensiones 

distintas, a saber, la sustantiva y la procesal. ELA et al. v. Molina 

Figueroa, 186 DPR 461 (2012). El debido proceso de ley sustantivo 

pretende proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las 

personas al requerirle al Estado justificación al intervenir con los 

mismos. Por otro lado, en su vertiente procesal el debido proceso de 

ley busca garantizar que la interferencia con los intereses de libertad 

o propiedad de las personas se lleve a cabo a través de un 

procedimiento que sea imparcial y justo. 

Nuestra jurisprudencia ha establecido varios requisitos que 

todo procedimiento adversativo debe cumplir para satisfacer las 

exigencias mínimas del debido proceso de ley, a saber: que las partes 

sean notificadas adecuadamente del proceso; que las partes tengan 

la oportunidad de ser oídos; que el proceso se lleve a cabo ante un 

juzgador imparcial; que las partes tengan derecho a 

contrainterrogar a los testigos y a examinar la evidencia presentada 

en su contra; que la decisión se base en evidencia presentada y 

admitida en juicio y que las partes tengan derecho a tener asistencia 

de abogado. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005); Rivera 

Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993). 
KLRA202300532 8

En el ámbito administrativo, el procedimiento exigido, además

de satisfacer las exigencias mínimas del debido proceso de ley,

requiere una decisión administrativa informada, con conocimiento 

y comprensión de la evidencia, basada en el expediente y sustentada 

con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Calderón 

v. CFSE, 181 DPR 386, 399 (2011); Domínguez Castro et al. v. ELA I, 

178 DPR 1, 47 (2010). Lo vital es que el proceso respete la dignidad 

de los ciudadanos afectados contra la arbitrariedad administrativa, 

de manera que la persona afectada pueda cuestionar las razones y 

la legalidad de la acción. Picorelli v. Departamento de Hacienda, 179 

DPR 720, 736 (2010). 

Además, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, en su sección 3.1, 3 LPRA sec. 9641 (en 

adelante LPAU), dispone que en un procedimiento adjudicativo 

formal ante una agencia las personas tienen garantizados los 

siguientes derechos: (1) ser notificado oportunamente de los cargos 

o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) presentar 

evidencia; (3) una adjudicación imparcial; y (4) que la decisión sea 

basada en el expediente. Cónsono con lo anterior, la sección 3.13 

(b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653(b) establece que: 

“El funcionario que presida la vista dentro de un marzo de 

relativa informalidad ofrecerá a todas las partes la extensión 

necesaria para una divulgación completa de todos los hechos 

y cuestiones en discusión, la oportunidad de responder, 

presentar evidencia y argumentar, conducir 

contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación, 

excepto según haya sido restringida o limitada por las 

estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista.” 

Asimismo, la Sección 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9658, 

reitera que la base exclusiva para la acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo y en la revisión judicial es el expediente 

administrativo.

C. Principio de justiciabilidad: Academicidad 
KLRA202300532 9

El principio de la justiciabilidad recoge una serie de doctrinas 

de autolimitación basadas en consideraciones prudenciales que 

prohíben emitir decisiones en casos que realmente no existen o 

dictar una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una 

controversia. Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010); Com. 

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 108 DPR 715, 720 (1980); ELA v. 

Aguayo, 89 DPR 552, 595 (1958). A tales efectos, el poder de revisión 

judicial únicamente puede ejercerse en un asunto que presente un 

caso o controversia, y no en aquellas circunstancias en que se 

presente una disputa abstracta, cuya solución no tendrá 

consecuencias para las partes. ELA v. Aguayo, supra, págs. 558-59. 

En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando (i) se trata 

de resolver una cuestión política; (ii) una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito; (iii) después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico; (iv) 

las partes pretenden obtener una opinión consultiva o, (v) cuando 

se pretende promover un pleito que no está maduro. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011); Crespo 

v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003); ELA v. Aguayo, supra, pág.

584. 

Como se observa, una instancia en la que un caso no es 

justiciable se suscita cuando la controversia se torna académica. Íd.

En esencia, se sostiene que un caso es académico cuando se intenta 

obtener: (1) un fallo sobre una controversia disfrazada, que en 

realidad no existe, (2) una determinación de un derecho, antes de 

que haya sido reclamado y (3) una sentencia sobre un asunto que al 

dictarse no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia 

existente. Íd, San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652 

(2008). Es decir, que una controversia puede convertirse en 

académica cuando “su condición viva cesa por el transcurso del 

tiempo. UPR v. Laborde Torres, 180 DPR 253, 280 (2010). 
KLRA202300532 10

No obstante, nuestro más Alto Foro a reconocido excepciones 

a la doctrina de academicidad, a saber: (1) una cuestión recurrente 

o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos 

ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de 

permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que 

tienen vigencia y actualidad. Íd, pág. 281. 

Conforme a lo anterior, cuando un Tribunal atiende un 

planteamiento de academicidad, nuestro ordenamiento le impone la 

obligación de desestimar el recurso si de los hechos o del derecho 

aplicable surge que las circunstancias han variado de tal forma, que 

no existe una controversia vigente entre partes adversas que amerite 

su intervención. Moreno Orama v. UPR, supra, pág. 973. 

D. Ley de Condominios de Puerto Rico 

La Ley de Condominios, supra, tiene el propósito de viabilizar 

la propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte de 

un edificio o inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. 

En virtud del Artículo 65 de la Ley de Condominios, supra, los 

titulares pueden impugnar ante el DACO acuerdos, omisiones, o 

actuaciones de la junta de directores, del administrador interino, del 

presidente y del secretario, concernientes a la administración del 

inmueble, cuando estos le sean perjudiciales al titular. 31 LPRA sec. 

1923j. Además, el mencionado Artículo 65 dispone lo siguiente: 

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del 

Administrador Interino, del Agente Administrador así como 

los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser 

impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

(a) Cuando sean contrarios a este capítulo, la 

escritura matriz y reglamento del condominio;

(b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los 

intereses de la comunidad o a un titular;

(c) cuando resulten gravemente perjudiciales para 

algún titular que no tenga obligación jurídica para 

soportarlo y no haya sido previsible al momento de la 

compra.
KLRA202300532 11

En el caso de los titulares sean dueños de apartamentos en 

condominios con al menos un apartamento de uso 

residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, así como 

cualquier reclamación presentada en contra del agente 

administrador.

Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30) 

días contados a partir de la fecha en que se tomó dicho 

acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 

que recibe la notificación del acuerdo, si el titular 

afectado no estuvo presente en el momento en que se 

llegó a tal acuerdo o determinación.

En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, 

acciones u omisiones de la Junta de Directores, del 

Administrador Interino, del Agente Administrador o del 

Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las 

disposiciones de este capítulo, de la escritura matriz o del 

reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años. El 

término se computará a partir de la fecha en que se tomó la 

acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia del titular o 

a partir de la notificación de este si no fue en su presencia. 

El acuerdo tiene que haberse notificado conforme a las 

disposiciones de este capítulo.

Artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, 31 LPRA sec. 1923j. 

(Énfasis nuestro).

En Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407 

(2012), nuestro Tribunal Supremo manifestó que el término para 

impugnar una determinación al amparo del ahora Artículo 65 de la 

Ley de Condominios dependerá de dos factores. El primero de dichos 

factores es contra quién se dirige la acción y, el segundo, el 

fundamento de la impugnación. Íd., pág. 422. En este sentido, si se 

impugnan los acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de 

Directores o el Consejo de Titulares alegándose que estos han 

violado la Ley de Condominios, el Reglamento de la comunidad o la 

escritura matriz, el término será de dos años, según dispone el ahora 

Articulo 65(a). Íd., pág. 422. En cambio, si lo que se impugna son 

los acuerdos y determinaciones del Consejo Titular porque a juicio 

del titular estas son gravemente perjudiciales para él, el término 

será de 30 días, según dispone el ahora Articulo 65(b). Íd., pág. 422.

E. Reglamento de Procedimientos Adjudicativo del DACo 
KLRA202300532 12

La Ley Núm. 38-2017 conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 9642 (en adelante LPAU), dispone en su 

sección 3.2 que “[t]oda agencia deberá adoptar un reglamento para 

regular sus procedimientos de adjudicación. 

A esos efectos, el Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 

2011, rige lo concerniente a los procedimientos adjudicativos que 

sean traídos ante la consideración del DACo al amparo de las leyes 

y reglamentos que administra. Dicha reglamentación establece en 

su Regla 26 que: 

26.1

La resolución de la querella en sus méritos contendrá una 

relación de la determinación de hechos probados, la cual se 

ajustará y tendrá apoyo en el expediente del procedimiento, 

conclusiones de derecho, y dispondrá lo que en Derecho 

proceda para su ejecución mediante una orden e incluirá los 

apercibimientos para solicitar revisión judicial.” 

26.2 

El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la 

vista podrá conceder a las partes un término no mayor de 

siete (7) días laborables después de concluir la misma, para 

la presentación de propuestas sobre determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho por escrito. Cuando las 

partes tengan los recursos disponibles podrán solicitar 

presentarlas por correo electrónico o digitalizado en el 

sistema operativo compatible con el utilizado por el 

Departamento. 

III.

En el caso de autos, el recurrente imputó al DACo tres 

señalamientos de error. Por no estar relacionados, los atenderemos 

de manera individual. En síntesis, el recurrente en su primer 

señalamiento de error argumenta que se le violó su debido proceso 

de ley al no permitirle contrainterrogar a los testigos de los 

recurridos. No tiene razón. Veamos. 

Es pertinente mencionar que en la vista administrativa 

celebrada el 1 de febrero de 2023 por el DACo únicamente se desfiló 

prueba por parte del recurrente. Específicamente, se presentó al 
KLRA202300532 13

señor Martínez como único testigo, quien declaró a su favor e 

identificó todas las fotografías del expediente administrativo. 

Durante la referida vista, los recurridos no presentaron prueba en 

contra del señor Martínez, sino que optaron por levantar un 

planteamiento de derecho. Tal planteamiento de derecho fue 

atendido por el Juez Administrador del procedimiento, el cual 

provocó la desestimación de la querella. 

Por lo tanto, el recurrente no se le privó de contrainterrogar ni 

examinar la evidencia presentada en su contra, toda vez que esta no 

fue presentada. 

Tras examinar la totalidad del expediente de autos y la 

transcripción de la prueba testifical, resulta evidente que el DACo 

salvaguardó el debido proceso de ley del recurrente. Puesto que este 

recibió notificación adecuada del proceso, tuvo oportunidad de ser 

oído y tener asistencia de abogado, a presentar prueba a su favor y 

a recibir una decisión basada en el expediente. Ante esto, es forzoso 

concluir que el DACo no incurrió en una violación al debido proceso 

de ley contra el recurrente. 

Con relación al segundo señalamiento de error, el recurrente 

argumenta, en síntesis, que erró el DACo al desestimar la querella 

por alegada acadecimidad. No tiene razón. Veamos. 

Surge del expediente que el 23 de noviembre de 2021, el señor 

Martínez presentó una querella ante el DACo solicitando, en lo aquí 

pertinente, la convocación de una asamblea con la finalidad de 

dilucidar el tipo de construcción permitida en el Condominio Ocean 

Point. Por ello, el 27 de agosto de 2022, el Consejo de Titulares 

celebró una Asamblea Ordinaria, a la cual asistió el señor Martínez. 

Además, consta en la Minuta de la referida Asamblea que se discutió 

y se decidió, mediante 35 votos a favor y 9 en contra, que el 

recurrente debía modificar su estructura por no cumplir con el plano 

del mencionado condominio. 
KLRA202300532 14

En consecuencia, los recurridos presentaron una Moción de 

Desestimación alegando academicidad debido a que el remedio 

solicitado en la Querella por el señor Martínez fue atendido en la 

Asamblea Ordinaria y, este no fue impugnado en ningún momento. 

Estamos de acuerdo con el planteamiento de los recurridos. 

Según mencionamos en el derecho aplicable, el titular de un 

apartamiento bajo el régimen de propiedad horizontal que esté

inconforme con algún acuerdo o determinaciones del Consejo de 

Titulares, porque a su juicio son perjudiciales para él, tiene el 

término de 30 días para impugnarlo. 31 LPRA sec. 1923j. 

Ante tal escenario, el recurrente tenía la opción de objetar o

impugnar el proceso de la Asamblea, en el cual tuvo el beneficio de 

estar presente personalmente, o de presentar una enmienda a la 

Querella, vigente en aquel momento, ante el DACo dentro de 30 días. 

Sin embargo, en el expediente de autos no surge que el recurrente 

haya impugnado los asuntos atendidos durante la celebración de la 

referida Asamblea Ordinaria de ninguna manera. 

A tales efectos, concluimos que quedó resuelto el remedio 

solicitado del recurrente. No existiendo alguna de las excepciones 

contempladas en el derecho antes expuesto, el caso ante nos se 

tornó académico. 

Por último, atendemos el tercer señalamiento de error. En 

síntesis, el recurrente argumenta que la Resolución emitida por el 

DACo no contiene una determinación de hechos detallada. No tiene 

razón. Veamos. 

Tal cual expresamos en el ápice II, el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo requiere que las 

resoluciones contengan: (1) determinaciones de hechos probados y 

apoyados por el expediente, (2) conclusiones de derecho y (3) 

apercibimiento para solicitar revisión judicial. Nos resulta 

importante hacer hincapié en que el mencionado reglamento no 
KLRA202300532 15

exige que las determinaciones de hechos sean detalladas, sino que 

contengan todo aquello que en base al expediente fue probado 

durante el procedimiento administrativo. 

Además, recordemos que, en el ejercicio de nuestra 

jurisdicción revisora, le damos deferencia a las determinaciones de 

hechos que formulan los foros administrativos, siempre que 

encuentran apoyo en el expediente administrativo, y satisfagan el 

estándar de prueba aplicable, es decir, el de evidencia sustancial. 

Igualmente, en materia de apreciación de la prueba, debemos 

deferencia a las determinaciones que realizan dichos organismos. 

Ello, pues gozan de una presunción de legalidad y corrección, que 

se basa en la experiencia y pericia que se presume dichos 

organismos poseen. Dicha presunción, de ordinario, prevalecerá, a 

menos que la parte recurrente demuestre evidencia suficiente que 

rebata dicha presunción.

Así que, luego de evaluar la referida Resolución y consonó con 

lo anterior, concluimos que esta contiene siete determinaciones de 

hechos, conclusiones de derecho y el apercibimiento sobre los 

remedios judiciales disponibles. En cuanto a las determinaciones de 

hechos redactados por el DACo, entendemos que fueron probados 

tanto por el testimonio del recurrente y el expediente. Por lo tanto, 

no se cometió el tercer señalamiento de error.

IV.

Por todo lo anterior, se confirma la Resolución recurrida

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones