Número Identifi cad or
S EN 2 0 2 4

_______

_ ____ __ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

YESEIDA CRUZ HERN ÁNDEZ
Apelante

v
. MUNICIPIO DE COROZAL Y OTROS Apelados K L AN 202 30 0 964 A

pelación p rocedente de l Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón
C aso Núm.: CZ 202 2 CV 00 0 0 6
Sobre : Daños y Perjuicios
Panel integrado por su president e , el Jue z River a Colón , el Juez Monge Gómez y e l Juez Campos Pérez 1
Campos Pérez , Juez Ponente

SENTE NCIA

En San J u an, Puerto Rico, a 29 de febrero de 20 2 4

. Comp a re ce la parte apelante, se ñ ora Yeseida Cruz

Hernández (señora Cruz Her nández o apelante), quien nos solicita

la revocación de la Sentencia Parcial emitida el 25 de agosto de 2023, notificada el día 29 siguiente, por el Tribunal de Pr imera Instancia, Sala S uperior de Bayamón (TPI)

. E n el referido

dictamen , el TPI desestimó con perjuicio la reclamación ci vil de la compareciente contra la parte apelada , confor mada por la Autoridad de Carreteras y Transportació n y la ase guradora M apfre

Praico Insurance Co mpany (ACT, M apfre o apelados)

. Anticipamos la revocación d el pronunc iamiento judicial impugnado

. I
. La causa del título se inició el 19 de enero de 2022, ocasión en que la señora Cruz Her nández instó una Demanda 2 con t ra el

M unicipio de Corozal y s u asegurador a , Ó ptima Seguros , el Estado

L ibre Asociado de Puerto Rico ( Estado) , el Departamento de

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Juez Cruz Hiraldo , por virtud de la Orden Administrativa TA

- 2023

- 212, emitida el 6 de diciembre de 2023. 2 Apéndice de la parte apelante, págs. 2

- 5.KL A N 202 3 0 0 964 2 Transportación y Obras Púb licas (DTOP) , así como contra otros
deman dados y compañías de seguros con nombres

desconocidos

. Pre vio a la presentación de la reclamación jud i cial , el 4 de marzo de 2021, la apelante cursó por correo certificado sendas comunicaciones interruptoras al Secretario de Justicia y al Municipio de Coro zal

. 3 En síntesis, la s eñora Cruz Hernández alegó que el 18 de

ene ro de 2021 tuvo un accidente en la c arretera 164 Km 14.7, en
el Barrio Palmarejo, bajo la jurisdicción de l Municipio de Corozal. La apelante narró que bajó de su vehículo y pisó un hueco en
dicho lugar

. Desc r ibi ó que e l suelo estaba desnivelado , deter iorado y sin el mantenimiento adecuado. A pesar de ello, apuntó q ue, e n el lugar del accidente , no ex istía aviso alguno que advirtiera sobre la condición de peligrosidad. Sostuvo que sufrió varias lesiones corporales , por lo que recibió asistencia y un extens o tratamiento
médic o. Por consiguien t e , adujo q ue la parte apelada era responsable

de manera solidaria por sus daños y perjuicios

. En cuanto a l resarcimiento peticionado , en la D emanda Enmendada , 4 la señora
Cruz Hernández solicitó $ 6 0,000 por los daños físicos, $ 5 ,000 por
las angustias menta l es, $5 ,000 por los i ngresos dejados d e
deven gar y $5,000 por los gastos médicos pasados y futuros. En lo que atañe a la controversia de autos , el 4 de abril de
2022, Ó ptima Seguros , en representación de su ase gurado , presentó una Moción de Desestimación

. 5 P lanteó que , de

conformidad con una C ertificación expedida por el Departamento de Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al Municipio de Corozal, el ayuntamiento no tenía jurisdicción sobre la c arretera

3 Apéndice de la apela n t e, págs. 6

- 7; 8

- 9. Véase, Zambrana Maldonado v. E

. L

. A

. , 1 29 DPR 740 , 759

- 760 (1992 ).
4 Apéndice de la apela nte, págs. 44

- 47. El TPI aprob ó la primera enmienda a la reclamación de la apelante en su R esolución de 21 de diciembre de 2023,
no tificada e l d ía 2 3 siguiente ; véase, Ap éndice de la apelante, pág. 48. 5 Ap éndice de la parte apelante, págs. 21

- 2 2

.KL A N 202 3 0 0 964 3
164 Km. 14.7 en el Barrio Palmarejo y, por e n de , no respon día civilmente por los d añ os alegados en la reclamación de la señora
Cruz Hernández

. En particular, se certificó que “ donde ocurrió el accidente, es una carr e tera estatal ”. 6 En respu esta, la apelante

in s tó un escrito para de sistir , voluntar ia m ente y sin perjuicio , la

causa de acc ión incoada contra el M unicipio de Corozal y Óptima
Seguros. 7 A tales efectos, el 18 de abril de 2022, el TPI dictó una
Sentencia P

arcial

. 8 Luego , el pleito del ep íg rafe estuvo paralizado entre el 31 de mayo de 2022 y e l 23 de diciembre de 2022 , cuando el TPI
notific ó una Resolución , mediante la cual dejó sin efecto la paralización decretada

. 9 Reanudados los procedimientos , el Estado y DT O P
presentar on conjuntamente Contestación a Demanda el 27 de
enero de 2023

. 10 En ese n cia, sólo acept aron la notificación interruptora al Secretario de Justic ia por parte de la ape lante y negaron el resto de l os enunciados que requerían alegación responsi va
. Por igual , presen taron varias defensas afirmativas y se

reservaron el derecho de l e vantar otras defensas, una vez

culmi nara el descu brimiento de prueba. Así las cosas, el 30 de enero de 2023, la señora Cruz
Hernández cursó al Estado y a l DTOP un P rimer p liego de

in terrogatorio y requerimiento de documentos , 11 para cuyas
contestaciones és t os solicitaron pr orrogar el t érmino

. 12 El T PI

autori z ó l a extensión por un plazo de treinta días. 13 E l 31 de marzo

de 2023, el Estado y el DT OP juramentaron sus respuestas , pero

6 Énfas is n uestro. Apéndice de la p arte apelante, pág. 23. 7 Ap éndice de la parte apelante, pág . 24. 8 Ap éndice de la parte ape lante, pág . 2 5. 9 Refié r ase al Apéndice de la p arte apelante, págs. 10

- 20; 2 6

- 29; 30

- 36; 37

- 41; 42

- 47 ; 48

. 10 Ap éndice de la parte apelante, págs. 49

- 53.
11 Ap éndi ce de la parte apelante, pág . 5 4

. El Estado y el DTOP cursaron el mismo mecanismo de descubr imiento de prueba a la par t e apelante el 1 0 de febrero de 2023; véase, Apéndice de la parte ape lada, pág. 1. 12 Ap éndice de la parte ape lante, págs. 55

- 56

. 13 Ap éndice de la pa rte apelante, pág . 57

.KL A N 202 3 0 0 964 4 las remitieron a la apelan te el 3 de abril de 2023

. 14 E n los inciso s
número s 4 y 22 consignaron lo siguiente:

. . . . . . . . 4. En el área indicada como el lugar donde ocurrió e l accidente s e había llevado a cabo un proyecto de repavimentación realizado por un contratista independiente

. E l proyecto fue administrado por la Autoridad d e Transportaci ó n y Carreteras

. P ara la fecha de l accidente , el Departamento de Trans portación y Ob ras Públicas no había aceptado el proyecto

.

. . . . . . . . 22. Surge de la investigación , qu e la repavimentación de la carretera en el lugar del alegado acci d ente estaba a cargo de la A utoridad de Carreteras y Transportación (ACT), así que corresponde a dicha Agencia, tomar la acción pertinente

. 15 (Énfasis nu estro).

. . . . . . . . El 3 de abril de 2023, l a señora Cruz Hernández solicit ó
presentar la Segunda D ema n da Enmendada

. 16 Explicó q ue la

enmienda resultó a l adveni r en conocimiento de que e l verdadero propietario o qui e n tenía jurisdicc ió n, control, manejo y deber de

mantenimiento del lugar donde ocurr ió el accidente que dio motivo

a su reclamación era la A CT . A cot ó que , en la D emanda original, se
había n reservado los inciso s corr es pondientes a John Doe p ara la

ACT y el de la Compañía de S eguros X para M apfre. Los emplazamientos de ambas partes fueron expedidos y diligenciados. ACT y Mapfre incoaron un escr i to intitulado Solicitud de

Desestimación y/o Sentencia Sumaria el 17 de julio de 2023

. 17 Arguyeron que por haber transcurrido en exceso el término de un

año , a partir de los hechos alegados, la reclamaci ón en su contra estaba prescrita. Asever aron que la p a r te apelante tenía suficiente

información para conocer que debía investigar su causa de acción

. Imput aron a la señora Cruz Hernández haber se cruzado de brazos

14 Ap éndice de la parte apelante, págs. 58

- 72. 15 Ap éndice de la parte apelant e, pág s
. 59

- 60

. Refiérase, además, al Apéndice del Estad o y del DTOP, pág. 6. 16 Ap éndice de la parte apelante, págs. 73

- 74 , con anejos a las págs. 75

- 80 Segunda Demanda Enmendada ; 8 1

- 82 Emplazamiento de ACT ; 83

- 84 Emplaza miento d e Mapfre

. El Estado y el DT OP con t estaron la reclamación enmendada ; vé a se , Apéndice d el Estado y del DTOP, págs. 17

- 21. 17 Ap éndice de la parte apelante, págs. 85

- 97. El Estado y DT OP también solicitaron la de sestimación de la ca usa en su contra ; l a apelante se opu so ; y e l TPI de clar ó sin l uga r la petición ; así como la reconsideración instada . V éase, Apénd ice del Estado y del DTPO, págs. 1

- 5 , con anejo a la pág. 6 ; 7

- 8 ; 9

- 10 ; 11

- 13; 14

- 16

.KL A N 202 3 0 0 964 5

y no llev ar a ca bo las diligencias pertinen te s para interrumpir el término prescri ptivo contra l a parte apelada. La apelante r ipostó la defensa de prescripción mediante una Oposición interpuesta el 1 de agosto de 2023. 18 Rechazó que el

desconocimiento del verdadero propietario de lugar del ac ci dente

se debiera a su desidia

. Señ al ó que el caso estuv o p aralizado durante varios meses y no fue hasta su reapertura qu e el Estado y

el DT O P presentaron su alegación responsiva y p udo iniciarse el descubrimiento de prueba. E xplic ó que fue durante dicho p ro ceso , en particular el 3 de abril de 2 023, que la apel an t e advino en

conocimiento sobre que la titularidad del lugar en controversia

recaía en la ACT, por lo que , en la misma fecha , enme n dó su

reclamación

. P or consiguiente, al amparo de la teoría cognosc itiva
del daño , invocó que su causa no estaba presc rita.

E l 29 de agosto de 2023, el TPI noti ficó la Sentenc ia Parcial aquí apelada , 19 en la que determinó probados los sigui entes
hechos , a los que hemos suplido énfasis:

1. La parte demandante alega que los he chos descritos en la Demanda y en la Demanda Enmendada o cu r rieron 18 de enero de 202 1.

2. El 19 de enero de 2022 se radicó la Demanda en este
caso.
3. El 21 de enero de 2022 se expidieron emplazamientos dirigidos a John y Jane Doe

. 4. En la [ D

] emanda se incluye ron como demandados al Municipio de Corozal, Estado Libre A s ociado de Puerto Rico, D ep artamento de Transportación y Obras Públicas y Optima Seguros entre otros.

5. N o se incluyeron en la [ D ] emanda original a MAPFRE, ni a la Autoridad de Carreteras y Transpor tación en (adelante ACT)

. 6. Se incluyeron en la [ D ] emanda es p acios para demandados cu yo nom bre no se conoce pero que pudieran surgir durante el descubrimiento de prueba

18 Ap éndice de la parte apelante, págs. 98

- 10 4 , con anejos a las págs. 10 5

- 110 P rimer plie go de interr o gatorio y producción de documentos de la apelant e a la ACT; 111

- 114 Contestaciones del E stado al P rimer pliego de interrogatorio y producción de documentos ; 115 d ocumento fechado el 11 de febrero de 2022 y suscrito por el DTOP ; 116

- 117 fotogra fías d el lug a r del accidente ; 118

- 125 Informe Diario de Trabajo del DTPO

. 19 Ap éndic e de la parte apelante, págs. 126

- 13 0

.KL A N 202 3 0 0 964 6

John Doe , Jane Doe, Richard Roe y Compañas Aseguradoras X , Y y Z

. 7. El 1 de abril de 2022 , el Estado Libre Asociado d e Puerto Rico en representaci ón del Departamento de Transporta ción y Obras Públicas, a través de su representación legal radicó “Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el Requisito de Presentar S olicitud de Gastos Administr ativos ante el Tribunal de T [ í] t ulo III”

. 8. El 31 de mayo de 20 22, se dictó Sentencia mediante la cual se ordenó la paralización y archivo de los procedimientos por falta de jurisdicción.

9. El 21 de diciembre de 2022, se dictó Res olución ordenando la reaper tura y continuación de los pro ce d imientos.

10. El [27] de enero de 2 023 , el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico radicó Contestación a Demanda

. 11. El 3 0 de enero de 2023 la parte Demandante sirvió a la code ma n dada Departamento de Transportac ión y Obras Públicas Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos

. 12. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación del De pa rtamento de Transp ortación y Obras Públicas sometió Con te s taciones a Interrogatorios servi dos por la parte demandante el día 3 de abril de 2023

. 13. En las contestaciones sometidas por el Departamento de Transportación y O bras se anejó un documento que cert if icaba que el lu gar donde ocurrió el accidente que da ba se a la presente demanda estaba baj o la jurisdicción y control de la ACT

. 14. El 3 de abril de 2023 , la parte demandante radicó “Moción Solicitando Que Se Acepte Segunda Demanda Enmendada y se Expidan E mp lazamientos ”

. 15. En la [ S

] egunda [ D

] emanda [ E

] nmendada se a l ega que la demandada ACT es la verdade ra titular de lugar donde ocurrió el accidente que da base a la presente demanda.

16. También se alega que MAPFRE es la asegur adora de ACT.

17. MAPFRE PRAICO INSURA NC E COMPANY fue emplazado personalmente el 4 de mayo de 2 02 3

. 18. La Autoridad de Carreteras y Transp ortación fue emplazada personalmente el 4 de mayo de 2023.
Al tenor de las aseveraciones fácticas citadas, el TPI concluyó

que el expediente del caso adole cí a de gestiones afirmativas de la parte apelante , dirigida s a conocer a quién pertenecía el predio donde tuvo lugar el accidente, así como que la señora CruzKL A N 202 3 0 0 964 7
Hernández in ició el descubrimien to de prueba pasado el pla zo de prescripción

. En consecuen c ia, dese st imó, con perjuicio, la ca usa
de acción contra la ACT y Ma p fre.

Insatisfecha , la apelante solicitó la reconsideración del

dictamen , 20 a la que se opu sieron l a ACT y Mapfre. 21 El 3 de octubre de 2023, el TPI se negó a reconsiderar y declaró sin lugar el pedi mento. 22

Aún inconforme , la señora Cruz Hernández acu dió a n t e esta
curia el 30 de oc tubre de 2023 y esbozó en su Apelación los sigui entes señalamientos de error:

ERR Ó E L HONORABLE TRIBUNAL DE [ PRIMERA ] INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCI ÓN DE RECONS IDERACI ÓN RADICADA POR LA PARTE APELANTE YESEIDA CRUZ HER NÁ N DEZ.

ERR Ó E L HONORABLE TRIBUNAL DE [ PRIMERA ] INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA LAS APELADAS ACT Y MAPFRE ESTABA PRESCRITA.
Tanto la ACT y Mapfre , como el Estado y el DT OP

p res entaron sendos alegatos el 17 y 2 1 de noviembre de 202 3,

resp ectivamente. Con el beneficio de sus comparecencias, procedemos a resolve r
. II
.
A La Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 L PR A Ap. V, R. 10.2 (5) provee para que u na parte pued a presentar como defensa

una moción de desestimación bien fundamenta da cuando la reclamación en su contra no justifica la concesión de un remedio

. Trinidad Hernández et al. v. ELA et al

. , 188 DPR 828, 833 (2013 ) ; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz , 180 DPR 920 , 93 5 (2011). Al disponer de una moción de desestimación baj o e ste fundamento ,

“ el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en

20 Ap éndice de la parte apelante, págs. 131

- 140, con anejos a las págs. 141

- 142 Carta al Secretario de Justici a ; 143

- 144 Carta al Municipio de Cor o zal. 21 Ap é ndice de la parte apelante, págs. 145

- 150. 22 Ap éndice de la parte apelante, pág . 1.KL A N 202 3 0 0 964 8 la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas ”

. Colón v.

Lotería , 167 DPR 625, 649 (2006). Además, ante una m oc i ón de

desestimación , las alegaciones hechas en la demanda tienen que ser interpretadas en conjunto, liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte deman dante. Id

. La demanda no
deberá desestimarse , a menos que se demuestre que el

demand an t e no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar

. Trinidad Hernández et al.

v. ELA et al

. , supra , pág. 834 ; Consejo Titulares v. Gómez Estremera

et al ., 184 DPR 407, 423 (2012). En suma, el tribunal debe
“considerar si a la lu z de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de é ste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R. , 137 DPR 497, 505 (1994).

B La prescripción extintiva es un a i nstitución legal que extingue el derecho a ejercer determinada causa de acció n
. Maldonado Rivera v. Suárez y otros , 195 DPR 182, 192 ( 2016 ). Por igual, la prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse expresa y oportunamente o , de lo contra ri o , se entiende

renunciada

. Id ., pág

. 1 9 3. A través de la prescripción , se promueve que las reclamaciones se insten oportuna y diligente mente

. De esta

manera , se propende a la estabilidad en las relaciones y a la seguridad e n el tráfico jurídico

. Id. , pág

. 1 92. Además, se evita que

una persona es té sujeta indefinida mente a una reclamación y a

una situación de indefensión , como consecuencia del paso del tiempo , la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa y la dificultad para encontrar testigos

. Id ., pág. 19 3 ; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo , 186 DPR 365 , 373 (2012)

. Ahora, l o anterior

no es óbice para la interrupción d el plazo prescriptivo mediante elKL A N 202 3 0 0 964 9 ejercicio del derecho ante los tribunales, una reclamación extrajudici al del acreedor o el reconocimi en t o d el deudor

. Id

. E s norma asentada que l a figura de la prescripción es de naturaleza sustantiva y no procesal, por lo qu e se rige por los principios de l Código Civi l de Puerto Rico

. Dist. Unidos Gas v. Sucn.

Declet Jiménez , 196 DPR 96 , 116 (2016) ; COS SE C et al. v. González López e t al. , 179 D P R 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco Popular, 172 D P R 759, 766 (2007). En torno a l a causa de acción provista en el Art íc ulo 1 536 del Código C ivil, 31 LPRA sec. 10801 ,
para e xigir la reparación de un daño ex t racontractual causado por culpa o negligencia , el Código Civil establece que tiene un término prescriptivo de un año , “ desde que la persona agraviada conoce

la existenc ia d el daño y quién lo causó ”

. (Énfasis nuestro). Art.

1204 (a) del Código Civil, 31 LP R A sec. 9496 (a)

. Cónsono con la

citada disposición estatutaria y a base de la teoría cognoscitiva del

daño , el Tribunal Supremo h a reiterado que “ este término comienza a transcurrir una vez el perjudicado conoció

— o debió

conocer
— que sufrió un daño, qu ié n se lo causó, así como los elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de

acción ”

. Maldonado Rivera v. Suárez y otros , supra , pág. 194, que

cit a a COSSEC et al. v. González López et al. , supra , p ág. 806 y a Colón Prieto v. Géigel , 115 DPR 2 3 2, 247 (1984).
Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro medio el agraviado conoce de la existencia de otro coautor y del resto de los elementos necesarios para reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado cocausante comenzará a t ranscurrir en ese momento

. Esto, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto sea exigir a la parte demandante que presente una causa de acción ant es de tener conocimiento de la existencia de ésta, viola el debido proceso de ley. (Énfasis nuestro). Frag ua d a Bonilla v. Hos

p. Aux. Mutuo , supra , pág. 3 90

. E l alto foro ha expresado que l a prescripción no es una figura rígida, sino que admite ajustes judiciales, según lo requieran

las circuns tancias particulares de los casos y la noción sobre lo que es justo

. V

era v. Dr. Bravo , 161 DPR 308, 328 (200 4 ), que citaKL A N 202 3 0 0 964 10

a Santiago v. Ríos Alonso , 156 D P R 181 (2002). Por tanto, no es hasta que se conocen todos los elementos necesarios para poder ejercitar la acción

— el daño y la identidad de qui e n lo causó

—
que el térm in o prescript ivo comienza a cursar
. Vera v. Dr. Bravo ,
supra

. Claro est á, “ si el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no aplican estas consideraciones liberales sobre la prescripción ”

. Id. , pá g . 329, que cita a Montañez v. Hosp. Metropolitano , 157 D P R 96 (2002) y Padín v. Cía. Fom. Ind. , 150 D P R 403 (2000 )

. Finalmente, en materia de prescripción , en nuestra jurisdicción rige la obligación in solidum de la causa de acción por responsabilidad ci v il extracontractual cuando coincide n dos o más

co causante s
. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo , supra , pág.

389. Por ende, “ en las obligaciones solidarias que provengan de coacusación del daño, cuando el acreedor reclama de uno de los

deudores s ó lo la p a rte que le corresponde, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores ” . Art. 109 5 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9054. Esto signi fica que , si bien el agraviado puede recobrar de cada cocausante el total de la prestación adeud ad a , 23 debe interrumpir la prescripción en

relación con cada u no por separado, dentro del término de u n año establecido por el Art ículo 1 204 del Código Civil, supra , en cas o de

que interes e conservar su causa de acción contra cada uno de los

cocausantes del d a ño

. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo ,
supra , pág. 389

. C La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L P R A Ap. V , R. 15.4, permite la reclamación contra una persona cuyo nombre se

desconoce , al designarl o en la demanda con un nombre ficticio

. A
esos efe ct o s , la norma procesal dispone lo siguiente:

23 Art . 1 0 96 del Código Civil, 31 LPRA s ec. 9055.KL A N 202 3 0 0 964 11 Cuando una parte demandante ignore e l verdadero nombre de una parte demandada, deberá hacer constar este hecho en la demanda exponiendo la reclamación específica que alega tener contra dicha parte demandada . En t a l caso, la parte demandante podrá designar con un nombre ficticio a dicha parte demandada en cualquier alegación o procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación procedimiento.

E st a disposición es aplicable a la situación en que un demandante conoce la identidad, mas no el verdadero nombre de

un demandado. Del mismo modo, es preciso que se haga constar

en la demanda las reclamacion es específicas contra el demandado

de nombre desco no c ido. Padín v. Cía. Fom. Ind. , 150 DPR 403, 41 7 ( 2000 ) ; Núñez González v. Jiménez Miranda , 122 DPR 134, 14 0 (1941)

. E l desconocimiento del verdadero nombre del demandado

debe se r real y legítimo, y no falso o espurio

. Martínez Díaz v.

E

. L

. A

. , 132 DPR 200 , 2 10 (1992); Ortiz v. Gobierno Municipal de

Ponce , 94 D P R 472, 478 (1967) ; Fuentes v. Tribl. de Distrito , 73

D P R 959, 986

- 987 (1952). La parte reclamante puede valerse de los mecanismos de descubrimiento de prueba para “ obtener los nombres verdaderos y la s d irecciones de los demandados designados con nombres ficticios y luego proceder a enmendar la demanda y emplazarlos personalmente ”

. Núñez González v.

Jiménez Miranda , supra , pág. 143. U na vez se descubra y se advenga en conocimiento del verdadero nombre de la parte , l a regla requiere que se present e con prontitud una enmienda a la alegación

. Entonces , se procederá a emplazar a la parte para que pueda comparecer y defenderse. La única forma en que la

decisión del tribunal surt e efecto sobre la persona desi gn a da

mediante un nombre ficticio es incluyendo su nombre correcto en la demanda y brindándole una notificación con tiempo suficiente para que pueda defenderse de la reclamación

. Núñez González v.
Jiménez Miranda , supra , pág. 141

.KL A N 202 3 0 0 964 12

En armonía con la Regla 1 3. 3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3 , las enmiendas para sustituir el nombre del

demandado a hora identificado se retrotraerán al momento en que se presentó la demanda origi nal. La norma reza como sigue:
Siempre que la reclamación o defensa ex pu e sta en la alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la omisión o del evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original. Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se reclam a s e retrotraerá a la fecha de la alegación original si además de cumplirse con el requisito anterior y dentro del término prescriptivo, la parte que se trae mediante enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no res ul t e impedida de defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un error en cuanto a la identidad del (de la) verdadero(a) responsable, la acción se hubiera instituido originalmente en su contra. ( Énfasis nuestro).

. . . . . . . . Según se desprend e d e la precitada nor ma , para que las

enmiendas se retrotraiga n al tie mpo de la presentación de la demanda original , ésta s deben sur gir de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original. Así, si la demanda original se presentó oportu na m ente , las enmiendas también estarán en tiempo

. “ [N]o surgirá, pues, problema alguno de prescripción, no importa cuándo se hayan presentado las

enmiendas ”

. Ortíz Díaz v. R&R Motors Sales Corp ., 131 DPR 829 , 83 7 (1992). E n los casos en que la enmienda aña d e a un nuevo
demandado , e l alto foro ha opinado que el momento que determina el término prescriptivo es cu a ndo se incluye el nuevo demandado por primera vez en la demanda ” , salvo lo dispuesto en la s Regla s
15.4 y 13.3 de Procedimiento Civil, supra
. Véase, A r ce Bucetta v.
Motorola , 173 DPR 516, 538

- 5 39 (2008) ; Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp ., 131 DPR 829, 837

- 8 38 (1992).

III.

En la c ausa presente, la se ñora Cruz Hernández plantea que el TPI incidió al desestimar con perj uicio su reclamación contra l aKL A N 202 3 0 0 964 13 ACT y Mapfre, toda vez que no había razón para llevar un descubrimiento de prueba sobre la identidad del titular del lugar

donde aconteció el accidente. Sos tiene que , de la Certificación emitida p or el Departamento de Planificación y Desarrollo

Económi co , adscrito al Municipio de Corozal , se desprende

claramente que la c arretera 164 Km 14.7, Barrio Palmarejo, en la jurisdicción de Corozal , era estatal ; esto es, bajo la jurisdicción y control del Estado y el DTOP. Enfatiza que no se cruzó de brazos

para re a lizar el descubrimiento de prueba , sino que se vio impedida de gestionar cualquier mecanismo debido a la paralización decretada por el TPI

. Reitera que no fue hasta el 3 de

abr il de 2023, cuando el Estado y el DTOP refirieron sus

contestaciones al in t er ro g atorio , que advino en conocimiento que , para el tiempo en que ocurrió el accidente , en el predio en

cuestión , se llevó a cab o un proyecto de re pavimentación a cargo
de la ACT y que el DTOP tod avía no había aceptado el proyecto. En
idéntica fecha , solici tó enmendar s u reclamación

. Aboga que , al palio de la teoría cognoscitiva del dañ o y quién lo causó , el término prescriptivo comenzó a discurrir ese 3 de abril de 2023

. Le as iste la

razón.

En este caso, la señora Cruz Hernández aleg ó que , el 18 de

ene ro de 2 0 21 , sufrió daños compe nsables por causa de l a presunta negligencia en el mantenimiento adecuado y la ausencia
de advertencias en la c arretera 164 Km 14.7, en el Barrio Palmarejo, bajo la jurisdicción de l Municipio de Corozal. A esos efectos, dio aviso i n t e rruptor el 4 de marzo de 2021 al Secretario de Justicia y al Mun icipio de Corozal e inc oó su Demanda el 19 de
enero de 2022 contra el Estado, el DTOP , el Municipio de Corozal y Óptima Seguros

. En su oportuna reclamación, adem ás, la apelante

reservó las si g ui entes alegaciones para demandados de nombres

desconocidos :KL A N 202 3 0 0 964 14

. . . . . . . . 5. Que John Doe es una corporación o ente jurídico organizado y/o haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con capacidad para demand ar y ser d em a ndada, y cuyo nombre se desconoce , es una corpor ación o ente jurídico con capacidad para demandar y ser demandada y/o haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y es el verdadero propietario del lugar donde ocurr e el accid en t e que da motivo a esta demanda y/o es quien tení a jurisdicción, control, manejo y deber de m antenimiento y/o es quien responde por todo acto u omisión en administración y/o de mantenimiento de los elementos comunes y/o responsable de brindar s eguridad e n e l lugar donde ocurre el accidente que da motivo a esta demanda y/o es por ende principal y directamente responsable de cualquiera los daños que estos hubiesen causado a la part e demandante

.

. . . . . . . . 9. Que la C ompañía de Seguros X es una corporac ió n o ente jurídico organizado y/o haciendo ne gocios bajo las leyes del Estado Libre A sociado de Puerto Rico, con capacidad para de mandar y ser demandada, cuyo nombre se desconoce , y es o son, los o las compañías aseguradoras de uno, algunos y/o todos los aq u í codemandados por ende principal y directa mente responsable de cualesquiera daños que hubiesen causado a la parte demandante

.

. . . . . . . . Un examen de las alegaciones transcritas revela la intención inequívoca de la señora Cruz Hernández de incluir c o mo pa rte s
demandada s a otras personas naturales y jurídicas que
intervinieron con la carretera PR

- 164 , kilómetro 14.7 del Barrio

Palmare jo de Corozal , donde aconteció su caí da

. En ausencia de

evidencia tendente a demostrar la f alta intencional de dilige nc i a , es
forzoso concluir que procede la Segunda Demanda Enmendada

. La

ACT y Mapfre fue ron incluid os con tiempo suficiente para que pudiera n comparecer al pleito y defenderse. Recu érdese, que

nuestr o Tribunal Supremo ha r echazado la rigide z de l a figura de

l a prescripción , según lo exijan las circuns tancias particulares de l

caso y la justicia

. Vera v. Dr. Bravo , supra , pág. 328

. De otro lado, s urge de los autos que el Departamento de Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al ayuntamiento , certificó el 8 de octubre de 2021 que el predio en controversia era

una carretera estatal

. 24 De hecho, co n relación a l caso de autos , el 11 de febrero de 2022, el DTOP afirmó que “ [l]a jurisdicción ,

24 Apéndice de la p arte apelante, pág. 23

.KL A N 202 3 0 0 964 15 control y mantenimiento de la carretera PR

- 164 , kilómetro 14.7

d el Bar r io Palmare

jo de Corozal per tenece al Departamento de Transport a ci ón y Obras Públicas ”

. 25 (Énfasis nuestro). Ante esa
información , la apelante desistió voluntariamente de su

reclamación en contra del Municipio de Corozal y su aseguradora, por lo que s e dict ó Sentencia Parcial ; 26 y continuó el litigio contra el Estado y el DTOP. Luego, s egún r e se ñ amos , al palio de
PROMESA, 27 el pleito estuvo paralizado durante gran parte del año

2022. Inmediata mente que se decretó la reapertura, a petición de

la señora Cr uz Her n ández , el Estado y el DTOP contestaron la

Demanda e ini ciaron el descubrimiento de prueba. El 3 de abril de 2023, ocasión en que el Estado y el DTOP

remiti eron a la apelante las contestaciones del P rimer p liego de

in terrogatorio y requerimiento de docume n tos , in formaron que , al tiempo del accidente, el predio en cuestión fue objeto de un proyecto de repavimentación a cargo de la ACT y que el DTOP no

había recob rado la jurisdicción so bre el mismo. Por cierto, e n el expediente ante nos, o bra una Certi ficaci ó n de 14 de abril de 2023,

en que el DTOP, esta vez, acredita que “ en el lugar de la caída de

la señora C ruz Hernández , había una construcción y para la

fecha del accidente , ésta no había sido entregada al Departamento de Transport a ci ón y Obras Públi cas ”

. 28 De

manera expedita , el 3 de abril de 2023, la señora C ruz Hernández

solicitó sustituir los nombres de l as personas demandadas con
nombres desconocidos reservadas por los de la ACT y su aseguradora M apf

re.
Ciertamente , la inclusión de demandados de nombr e s
desconocidos , mediante alegaciones espec í ficas , tuvo el propósito

25 Apéndice de la p arte apelante, pág. 115. 26 Apéndice de la p art e apel a nte, pág. 25. 27 Ac rónimo de Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act , 48 U S C sec. 2101 et seq

. , aprobada el 30 de junio de 2016

. 28 Apéndice del Estado y el DTOP, pág. 6.KL A N 202 3 0 0 964 16
de que, en la eventualidad, éstos fueran sustituidos una vez se
conociera quiénes eran e incluirlos como partes demandad a s
. Por ello, con relación a la supuesta demora que se mencio na en e l dictamen apelado, somos del criterio que el mismo no es imputable a la apelante. Primero, é sta descansó en las certificaciones oficiales

emitidas por el Municipio de Corozal y e l DTOP ; segundo , esper ó que el litigio se eximiera de la paralización , bajo e l Plan de Ajuste del proceso de quiebra ante el Tribunal Federal para el Distrito de

Puerto Rico , para dar continuidad a la etapa de descubrimiento de prueba

. Precisamente, f ue en dicho proceso extrajudicial , a través de las respuestas 4 y 22, que l a apel a nte advino en conocimiento de quién realmente ostentaba la jurisdicción , control y

mantenimiento de la carretera PR

- 164 , kilómetro 14.7 del Barrio

Palmare jo de Corozal

. Conocido el hallazgo, diligentemente solic i tó
la sustitución de los no mbres Joh n Doe p o r el de la ACT y el de la Compañía de Seguros X por el de Map fre.

Contrario a lo resuelto por el TPI, la causa de acción contra la ACT y Mapfre no estaba prescrita. Al amparo de la teoría cognoscitiva del daño , e l término prescriptivo contra la ACT y Map f re comenzó a cur sar el 3 de abril de 2023

. Ello así, ya que la apelante conoc ió de la existencia de l os co causante s mediante el procedimiento de descubrimiento de prueba , así como el resto de los elementos necesarios para reclamarle s los daños alega dos.

N ó tese que ni siquiera el Estado y el DTOP conocían esa información, la cual surgió luego de su propia investigación

. Por lo
tanto, argüir que era previsible para la apelante que la ACT ten í a el

c ontro l del predio en controversia no es correcto. Exigi r la

p r esentación de l a causa de acción con anterioridad a conocer de

la participación de la ACT y Mapfre transgrede el debido proceso de ley de la apelante

. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo , supra , pág. 3 90

. En resumen , la s alegaciones contra la ACT y Mapfr e ,KL A N 202 3 0 0 964 17
esbozada s en la Segunda Demanda Enmendada presentada el 3 de
abril de 2023 , no está n prescrita s
. Consecuentemente, el TPI

incidió al desestimar con perjuicio la reclamación de la apelante.

IV
.
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

Sen tencia P

arcial dictada el 25 de agosto de 2023 y notificada el 29 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia

. Consecuentemente, restituimos todas l as reclamaciones de la

señora Yeseida Cruz Hernández en co ntra de la Autoridad de

Carreteras y T ranspo r tación y Mapfre Praico Insurance Company.

L o acordó y ma nda el Trib u n al , y lo certifica la Secretaria del

Tribunal d e Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oqu en d o S ol í s Se cr eta ria del T ribunal de Apelaciones