Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

YESEIDA CRUZ 

HERNÁNDEZ

Apelante

v.

MUNICIPIO DE 

COROZAL Y OTROS

Apelados

KLAN202300964

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

de Bayamón

Caso Núm.:

CZ2022CV00006

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Monge Gómez y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece la parte apelante, señora Yeseida Cruz 

Hernández (señora Cruz Hernández o apelante), quien nos solicita 

la revocación de la Sentencia Parcial emitida el 25 de agosto de 

2023, notificada el día 29 siguiente, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En el referido 

dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación civil de la 

compareciente contra la parte apelada, conformada por la 

Autoridad de Carreteras y Transportación y la aseguradora Mapfre 

Praico Insurance Company (ACT, Mapfre o apelados).

Anticipamos la revocación del pronunciamiento judicial 

impugnado.

I.

La causa del título se inició el 19 de enero de 2022, ocasión

en que la señora Cruz Hernández instó una Demanda2 contra el 

Municipio de Corozal y su aseguradora, Óptima Seguros, el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), el Departamento de 

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Juez Cruz Hiraldo, por virtud de la 

Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de 2023.

2 Apéndice de la parte apelante, págs. 2-5.
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Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como contra otros 

demandados y compañías de seguros con nombres 

desconocidos. Previo a la presentación de la reclamación judicial, 

el 4 de marzo de 2021, la apelante cursó por correo certificado

sendas comunicaciones interruptoras al Secretario de Justicia y al 

Municipio de Corozal.

3

En síntesis, la señora Cruz Hernández alegó que el 18 de 

enero de 2021 tuvo un accidente en la carretera 164 Km 14.7, en 

el Barrio Palmarejo, bajo la jurisdicción del Municipio de Corozal.

La apelante narró que bajó de su vehículo y pisó un hueco en 

dicho lugar. Describió que el suelo estaba desnivelado, deteriorado

y sin el mantenimiento adecuado. A pesar de ello, apuntó que, en 

el lugar del accidente, no existía aviso alguno que advirtiera sobre 

la condición de peligrosidad. Sostuvo que sufrió varias lesiones 

corporales, por lo que recibió asistencia y un extenso tratamiento 

médico.

Por consiguiente, adujo que la parte apelada era responsable 

de manera solidaria por sus daños y perjuicios. En cuanto al 

resarcimiento peticionado, en la Demanda Enmendada,

4 la señora 

Cruz Hernández solicitó $60,000 por los daños físicos, $5,000 por

las angustias mentales, $5,000 por los ingresos dejados de 

devengar y $5,000 por los gastos médicos pasados y futuros.

En lo que atañe a la controversia de autos, el 4 de abril de 

2022, Óptima Seguros, en representación de su asegurado, 

presentó una Moción de Desestimación.

5 Planteó que, de 

conformidad con una Certificación expedida por el Departamento 

de Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al Municipio de 

Corozal, el ayuntamiento no tenía jurisdicción sobre la carretera 

3 Apéndice de la apelante, págs. 6-7; 8-9. Véase, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 

129 DPR 740, 759-760 (1992).

4 Apéndice de la apelante, págs. 44-47. El TPI aprobó la primera enmienda a la 

reclamación de la apelante en su Resolución de 21 de diciembre de 2023, 

notificada el día 23 siguiente; véase, Apéndice de la apelante, pág. 48.

5 Apéndice de la parte apelante, págs. 21-22.
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164 Km. 14.7 en el Barrio Palmarejo y, por ende, no respondía 

civilmente por los daños alegados en la reclamación de la señora 

Cruz Hernández. En particular, se certificó que “donde ocurrió el 

accidente, es una carretera estatal”.6 En respuesta, la apelante 

instó un escrito para desistir, voluntariamente y sin perjuicio, la 

causa de acción incoada contra el Municipio de Corozal y Óptima

Seguros.7 A tales efectos, el 18 de abril de 2022, el TPI dictó una

Sentencia Parcial.

8

Luego, el pleito del epígrafe estuvo paralizado entre el 31 

de mayo de 2022 y el 23 de diciembre de 2022, cuando el TPI 

notificó una Resolución, mediante la cual dejó sin efecto la 

paralización decretada.

9

Reanudados los procedimientos, el Estado y DTOP

presentaron conjuntamente Contestación a Demanda el 27 de 

enero de 2023.

10 En esencia, sólo aceptaron la notificación

interruptora al Secretario de Justicia por parte de la apelante y 

negaron el resto de los enunciados que requerían alegación

responsiva. Por igual, presentaron varias defensas afirmativas y se 

reservaron el derecho de levantar otras defensas, una vez 

culminara el descubrimiento de prueba.

Así las cosas, el 30 de enero de 2023, la señora Cruz 

Hernández cursó al Estado y al DTOP un Primer pliego de

interrogatorio y requerimiento de documentos,

11 para cuyas 

contestaciones éstos solicitaron prorrogar el término.

12 El TPI 

autorizó la extensión por un plazo de treinta días.13 El 31 de marzo 

de 2023, el Estado y el DTOP juramentaron sus respuestas, pero 

6 Énfasis nuestro. Apéndice de la parte apelante, pág. 23.

7 Apéndice de la parte apelante, pág. 24.

8 Apéndice de la parte apelante, pág. 25.

9 Refiérase al Apéndice de la parte apelante, págs. 10-20; 26-29; 30-36; 37-41; 

42-47; 48.

10 Apéndice de la parte apelante, págs. 49-53.

11 Apéndice de la parte apelante, pág. 54. El Estado y el DTOP cursaron el 

mismo mecanismo de descubrimiento de prueba a la parte apelante el 10 de 

febrero de 2023; véase, Apéndice de la parte apelada, pág. 1.

12 Apéndice de la parte apelante, págs. 55-56.

13 Apéndice de la parte apelante, pág. 57.
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las remitieron a la apelante el 3 de abril de 2023.

14 En los incisos

números 4 y 22 consignaron lo siguiente:

. . . . . . . .

4. En el área indicada como el lugar donde ocurrió el 

accidente se había llevado a cabo un proyecto de 

repavimentación realizado por un contratista 

independiente. El proyecto fue administrado por la 

Autoridad de Transportación y Carreteras. Para la fecha 

del accidente, el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas no había aceptado el proyecto.

. . . . . . . .

22. Surge de la investigación, que la repavimentación de 

la carretera en el lugar del alegado accidente estaba a 

cargo de la Autoridad de Carreteras y Transportación

(ACT), así que corresponde a dicha Agencia, tomar la acción

pertinente.

15 (Énfasis nuestro).

. . . . . . . .

El 3 de abril de 2023, la señora Cruz Hernández solicitó 

presentar la Segunda Demanda Enmendada.

16 Explicó que la 

enmienda resultó al advenir en conocimiento de que el verdadero 

propietario o quien tenía jurisdicción, control, manejo y deber de 

mantenimiento del lugar donde ocurrió el accidente que dio motivo 

a su reclamación era la ACT. Acotó que, en la Demanda original, se 

habían reservado los incisos correspondientes a John Doe para la 

ACT y el de la Compañía de Seguros X para Mapfre. Los 

emplazamientos de ambas partes fueron expedidos y diligenciados.

ACT y Mapfre incoaron un escrito intitulado Solicitud de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria el 17 de julio de 2023.

17

Arguyeron que por haber transcurrido en exceso el término de un 

año, a partir de los hechos alegados, la reclamación en su contra 

estaba prescrita. Aseveraron que la parte apelante tenía suficiente 

información para conocer que debía investigar su causa de acción. 

Imputaron a la señora Cruz Hernández haberse cruzado de brazos 

14 Apéndice de la parte apelante, págs. 58-72.

15 Apéndice de la parte apelante, págs. 59-60. Refiérase, además, al Apéndice del 

Estado y del DTOP, pág. 6.

16 Apéndice de la parte apelante, págs. 73-74, con anejos a las págs. 75-80

Segunda Demanda Enmendada; 81-82 Emplazamiento de ACT; 83-84

Emplazamiento de Mapfre. El Estado y el DTOP contestaron la reclamación

enmendada; véase, Apéndice del Estado y del DTOP, págs. 17-21.

17 Apéndice de la parte apelante, págs. 85-97. El Estado y DTOP también 

solicitaron la desestimación de la causa en su contra; la apelante se opuso; y el 

TPI declaró sin lugar la petición; así como la reconsideración instada. Véase, 

Apéndice del Estado y del DTPO, págs. 1-5, con anejo a la pág. 6; 7-8; 9-10; 11-

13; 14-16.
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y no llevar a cabo las diligencias pertinentes para interrumpir el 

término prescriptivo contra la parte apelada.

La apelante ripostó la defensa de prescripción mediante una

Oposición interpuesta el 1 de agosto de 2023.18 Rechazó que el 

desconocimiento del verdadero propietario de lugar del accidente 

se debiera a su desidia. Señaló que el caso estuvo paralizado 

durante varios meses y no fue hasta su reapertura que el Estado y 

el DTOP presentaron su alegación responsiva y pudo iniciarse el 

descubrimiento de prueba. Explicó que fue durante dicho proceso, 

en particular el 3 de abril de 2023, que la apelante advino en 

conocimiento sobre que la titularidad del lugar en controversia 

recaía en la ACT, por lo que, en la misma fecha, enmendó su 

reclamación. Por consiguiente, al amparo de la teoría cognoscitiva 

del daño, invocó que su causa no estaba prescrita.

El 29 de agosto de 2023, el TPI notificó la Sentencia Parcial

aquí apelada,

19 en la que determinó probados los siguientes 

hechos, a los que hemos suplido énfasis:

1. La parte demandante alega que los hechos descritos en 

la Demanda y en la Demanda Enmendada ocurrieron 18 

de enero de 2021.

2. El 19 de enero de 2022 se radicó la Demanda en este 

caso.

3. El 21 de enero de 2022 se expidieron emplazamientos 

dirigidos a John y Jane Doe.

4. En la [D]emanda se incluyeron como demandados al 

Municipio de Corozal, Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Departamento de Transportación y Obras Públicas 

y Optima Seguros entre otros.

5. No se incluyeron en la [D]emanda original a MAPFRE, ni 

a la Autoridad de Carreteras y Transportación en 

(adelante ACT).

6. Se incluyeron en la [D]emanda espacios para

demandados cuyo nombre no se conoce pero que 

pudieran surgir durante el descubrimiento de prueba 

18 Apéndice de la parte apelante, págs. 98-104, con anejos a las págs. 105-110

Primer pliego de interrogatorio y producción de documentos de la apelante a la 

ACT; 111-114 Contestaciones del Estado al Primer pliego de interrogatorio y 

producción de documentos; 115 documento fechado el 11 de febrero de 2022 y 

suscrito por el DTOP; 116-117 fotografías del lugar del accidente; 118-125

Informe Diario de Trabajo del DTPO.

19 Apéndice de la parte apelante, págs. 126-130.
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John Doe, Jane Doe, Richard Roe y Compañas 

Aseguradoras X, Y y Z.

7. El 1 de abril de 2022, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en representación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, a través de su 

representación legal radicó “Aviso de Injunction 

Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el 

Requisito de Presentar Solicitud de Gastos 

Administrativos ante el Tribunal de T[í]tulo III”.

8. El 31 de mayo de 2022, se dictó Sentencia mediante la 

cual se ordenó la paralización y archivo de los 

procedimientos por falta de jurisdicción.

9. El 21 de diciembre de 2022, se dictó Resolución

ordenando la reapertura y continuación de los 

procedimientos.

10. El [27] de enero de 2023, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en representación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico radicó 

Contestación a Demanda.

11. El 30 de enero de 2023 la parte Demandante sirvió a la 

codemandada Departamento de Transportación y Obras 

Públicas Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento 

de Producción de Documentos.

12. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

representación del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas sometió Contestaciones a 

Interrogatorios servidos por la parte demandante el 

día 3 de abril de 2023.

13. En las contestaciones sometidas por el 

Departamento de Transportación y Obras se anejó un 

documento que certificaba que el lugar donde ocurrió 

el accidente que da base a la presente demanda 

estaba bajo la jurisdicción y control de la ACT.

14. El 3 de abril de 2023, la parte demandante radicó 

“Moción Solicitando Que Se Acepte Segunda Demanda 

Enmendada y se Expidan Emplazamientos”.

15. En la [S]egunda [D]emanda [E]nmendada se alega que la 

demandada ACT es la verdadera titular de lugar donde 

ocurrió el accidente que da base a la presente demanda.

16. También se alega que MAPFRE es la aseguradora de 

ACT.

17. MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY fue emplazado 

personalmente el 4 de mayo de 2023.

18. La Autoridad de Carreteras y Transportación fue 

emplazada personalmente el 4 de mayo de 2023.

Al tenor de las aseveraciones fácticas citadas, el TPI concluyó 

que el expediente del caso adolecía de gestiones afirmativas de la 

parte apelante, dirigidas a conocer a quién pertenecía el predio 

donde tuvo lugar el accidente, así como que la señora Cruz 
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Hernández inició el descubrimiento de prueba pasado el plazo de 

prescripción. En consecuencia, desestimó, con perjuicio, la causa 

de acción contra la ACT y Mapfre.

Insatisfecha, la apelante solicitó la reconsideración del 

dictamen,

20 a la que se opusieron la ACT y Mapfre.21 El 3 de 

octubre de 2023, el TPI se negó a reconsiderar y declaró sin lugar 

el pedimento.22

Aún inconforme, la señora Cruz Hernández acudió ante esta 

curia el 30 de octubre de 2023 y esbozó en su Apelación los 

siguientes señalamientos de error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA]

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR A LA MOCIÓN 

DE RECONSIDERACIÓN RADICADA POR LA PARTE 

APELANTE YESEIDA CRUZ HERNÁNDEZ.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE [PRIMERA]

INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA DEMANDA 

PRESENTADA CONTRA LAS APELADAS ACT Y MAPFRE 

ESTABA PRESCRITA.

Tanto la ACT y Mapfre, como el Estado y el DTOP 

presentaron sendos alegatos el 17 y 21 de noviembre de 2023,

respectivamente. Con el beneficio de sus comparecencias, 

procedemos a resolver.

II.

A

La Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2 (5) provee para que una parte pueda presentar como defensa 

una moción de desestimación bien fundamentada cuando la 

reclamación en su contra no justifica la concesión de un remedio.

Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828, 833 (2013);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). Al

disponer de una moción de desestimación bajo este fundamento,

“el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en 

20 Apéndice de la parte apelante, págs. 131-140, con anejos a las págs. 141-142 

Carta al Secretario de Justicia; 143-144 Carta al Municipio de Corozal.

21 Apéndice de la parte apelante, págs. 145-150.

22 Apéndice de la parte apelante, pág. 1.
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la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Además, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda tienen que 

ser interpretadas en conjunto, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. Id. La demanda no 

deberá desestimarse, a menos que se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Trinidad Hernández et al. 

v. ELA et al., supra, pág. 834; Consejo Titulares v. Gómez Estremera 

et al., 184 DPR 407, 423 (2012). En suma, el tribunal debe 

“considerar si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

B

La prescripción extintiva es una institución legal que

extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016). Por 

igual, la prescripción es una defensa afirmativa que debe 

plantearse expresa y oportunamente o, de lo contrario, se entiende 

renunciada. Id., pág. 193. A través de la prescripción, se promueve 

que las reclamaciones se insten oportuna y diligentemente. De esta 

manera, se propende a la estabilidad en las relaciones y a la 

seguridad en el tráfico jurídico. Id., pág. 192. Además, se evita que 

una persona esté sujeta indefinidamente a una reclamación y a 

una situación de indefensión, como consecuencia del paso del 

tiempo, la pérdida de evidencia, la memoria imprecisa y la 

dificultad para encontrar testigos. Id., pág. 193; Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012). Ahora, lo anterior 

no es óbice para la interrupción del plazo prescriptivo mediante el
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ejercicio del derecho ante los tribunales, una reclamación 

extrajudicial del acreedor o el reconocimiento del deudor. Id.

Es norma asentada que la figura de la prescripción es de 

naturaleza sustantiva y no procesal, por lo que se rige por los 

principios del Código Civil de Puerto Rico. Dist. Unidos Gas v. Sucn. 

Declet Jiménez, 196 DPR 96, 116 (2016); COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 DPR 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). En torno a la causa de acción 

provista en el Artículo 1536 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10801, 

para exigir la reparación de un daño extracontractual causado por 

culpa o negligencia, el Código Civil establece que tiene un término 

prescriptivo de un año, “desde que la persona agraviada conoce 

la existencia del daño y quién lo causó”. (Énfasis nuestro). Art. 

1204 (a) del Código Civil, 31 LPRA sec. 9496 (a). Cónsono con la 

citada disposición estatutaria y a base de la teoría cognoscitiva del 

daño, el Tribunal Supremo ha reiterado que “este término 

comienza a transcurrir una vez el perjudicado conoció —o debió 

conocer— que sufrió un daño, quién se lo causó, así como los 

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de 

acción”. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 194, que 

cita a COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 806 y a

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).

Por ello, si mediante el descubrimiento de prueba u otro 

medio el agraviado conoce de la existencia de otro 

coautor y del resto de los elementos necesarios para 

reclamarle, el término prescriptivo contra ese alegado 

cocausante comenzará a transcurrir en ese momento. 

Esto, pues un estatuto de prescripción cuyo efecto sea 

exigir a la parte demandante que presente una causa de 

acción antes de tener conocimiento de la existencia de ésta, 

viola el debido proceso de ley. (Énfasis nuestro). Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 390.

El alto foro ha expresado que la prescripción no es una 

figura rígida, sino que admite ajustes judiciales, según lo requieran 

las circunstancias particulares de los casos y la noción sobre lo 

que es justo. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004), que cita 
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a Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002). Por tanto, no es 

hasta que se conocen todos los elementos necesarios para poder 

ejercitar la acción —el daño y la identidad de quien lo causó—

que el término prescriptivo comienza a cursar. Vera v. Dr. Bravo,

supra. Claro está, “si el desconocimiento que impide ejercer la 

acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no 

aplican estas consideraciones liberales sobre la prescripción”. Id., 

pág. 329, que cita a Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 

(2002) y Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000).

Finalmente, en materia de prescripción, en nuestra 

jurisdicción rige la obligación in solidum de la causa de acción por 

responsabilidad civil extracontractual cuando coinciden dos o más

cocausantes. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 

389. Por ende, “en las obligaciones solidarias que provengan de 

coacusación del daño, cuando el acreedor reclama de uno de los 

deudores sólo la parte que le corresponde, no se interrumpe por 

ello la prescripción respecto a los otros codeudores”. Art. 1095 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 9054. Esto significa que, si bien el 

agraviado puede recobrar de cada cocausante el total de la 

prestación adeudada,

23 debe interrumpir la prescripción en 

relación con cada uno por separado, dentro del término de un año 

establecido por el Artículo 1204 del Código Civil, supra, en caso de 

que interese conservar su causa de acción contra cada uno de los 

cocausantes del daño. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra, pág. 389.

C

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

15.4, permite la reclamación contra una persona cuyo nombre se 

desconoce, al designarlo en la demanda con un nombre ficticio. A 

esos efectos, la norma procesal dispone lo siguiente:

23 Art. 1096 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9055.
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Cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre 

de una parte demandada, deberá hacer constar este hecho 

en la demanda exponiendo la reclamación específica que 

alega tener contra dicha parte demandada. En tal caso, 

la parte demandante podrá designar con un nombre ficticio 

a dicha parte demandada en cualquier alegación o 

procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, hará 

con toda prontitud la enmienda correspondiente en la 

alegación procedimiento.

Esta disposición es aplicable a la situación en que un 

demandante conoce la identidad, mas no el verdadero nombre de 

un demandado. Del mismo modo, es preciso que se haga constar 

en la demanda las reclamaciones específicas contra el demandado 

de nombre desconocido. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 417

(2000); Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 140

(1941). El desconocimiento del verdadero nombre del demandado 

debe ser real y legítimo, y no falso o espurio. Martínez Díaz v. 

E.L.A., 132 DPR 200, 210 (1992); Ortiz v. Gobierno Municipal de 

Ponce, 94 DPR 472, 478 (1967); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 

DPR 959, 986-987 (1952). La parte reclamante puede valerse de

los mecanismos de descubrimiento de prueba para “obtener los 

nombres verdaderos y las direcciones de los demandados 

designados con nombres ficticios y luego proceder a enmendar la 

demanda y emplazarlos personalmente”. Núñez González v. 

Jiménez Miranda, supra, pág. 143. Una vez se descubra y se 

advenga en conocimiento del verdadero nombre de la parte, la 

regla requiere que se presente con prontitud una enmienda a 

la alegación. Entonces, se procederá a emplazar a la parte para 

que pueda comparecer y defenderse. La única forma en que la 

decisión del tribunal surte efecto sobre la persona designada 

mediante un nombre ficticio es incluyendo su nombre correcto en 

la demanda y brindándole una notificación con tiempo suficiente 

para que pueda defenderse de la reclamación. Núñez González v. 

Jiménez Miranda, supra, pág. 141.
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En armonía con la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 13.3, las enmiendas para sustituir el nombre del 

demandado ahora identificado se retrotraerán al momento en que 

se presentó la demanda original. La norma reza como sigue:

Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la 

alegación enmendada surja de la conducta, del acto, de la 

omisión o del evento expuesto en la alegación original, las

enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación 

original.

Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se 

reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original

si además de cumplirse con el requisito anterior y dentro 

del término prescriptivo, la parte que se trae mediante 

enmienda: (1) tuvo conocimiento de la causa de acción 

pendiente, de tal suerte que no resulte impedida de 

defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un 

error en cuanto a la identidad del (de la) verdadero(a) 

responsable, la acción se hubiera instituido originalmente 

en su contra. (Énfasis nuestro).

. . . . . . . .

Según se desprende de la precitada norma, para que las 

enmiendas se retrotraigan al tiempo de la presentación de la 

demanda original, éstas deben surgir de la conducta, acto, omisión 

o evento expuesto en la alegación original. Así, si la demanda 

original se presentó oportunamente, las enmiendas también 

estarán en tiempo. “[N]o surgirá, pues, problema alguno de 

prescripción, no importa cuándo se hayan presentado las 

enmiendas”. Ortíz Díaz v. R&R Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 

837 (1992). En los casos en que la enmienda añade a un nuevo 

demandado, el alto foro ha opinado que el momento que determina 

el término prescriptivo es cuando se incluye el nuevo demandado

por primera vez en la demanda”, salvo lo dispuesto en las Reglas

15.4 y 13.3 de Procedimiento Civil, supra. Véase, Arce Bucetta v. 

Motorola, 173 DPR 516, 538-539 (2008); Ortiz Díaz v. R. & R. 

Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837-838 (1992).

III.

En la causa presente, la señora Cruz Hernández plantea que 

el TPI incidió al desestimar con perjuicio su reclamación contra la
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ACT y Mapfre, toda vez que no había razón para llevar un 

descubrimiento de prueba sobre la identidad del titular del lugar 

donde aconteció el accidente. Sostiene que, de la Certificación 

emitida por el Departamento de Planificación y Desarrollo 

Económico, adscrito al Municipio de Corozal, se desprende 

claramente que la carretera 164 Km 14.7, Barrio Palmarejo, en la 

jurisdicción de Corozal, era estatal; esto es, bajo la jurisdicción y 

control del Estado y el DTOP. Enfatiza que no se cruzó de brazos 

para realizar el descubrimiento de prueba, sino que se vio 

impedida de gestionar cualquier mecanismo debido a la 

paralización decretada por el TPI. Reitera que no fue hasta el 3 de 

abril de 2023, cuando el Estado y el DTOP refirieron sus 

contestaciones al interrogatorio, que advino en conocimiento que,

para el tiempo en que ocurrió el accidente, en el predio en 

cuestión, se llevó a cabo un proyecto de repavimentación a cargo 

de la ACT y que el DTOP todavía no había aceptado el proyecto. En 

idéntica fecha, solicitó enmendar su reclamación. Aboga que, al 

palio de la teoría cognoscitiva del daño y quién lo causó, el término 

prescriptivo comenzó a discurrir ese 3 de abril de 2023. Le asiste la 

razón.

En este caso, la señora Cruz Hernández alegó que, el 18 de 

enero de 2021, sufrió daños compensables por causa de la

presunta negligencia en el mantenimiento adecuado y la ausencia

de advertencias en la carretera 164 Km 14.7, en el Barrio 

Palmarejo, bajo la jurisdicción del Municipio de Corozal. A esos 

efectos, dio aviso interruptor el 4 de marzo de 2021 al Secretario 

de Justicia y al Municipio de Corozal e incoó su Demanda el 19 de 

enero de 2022 contra el Estado, el DTOP, el Municipio de Corozal y 

Óptima Seguros. En su oportuna reclamación, además, la apelante 

reservó las siguientes alegaciones para demandados de nombres 

desconocidos:
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. . . . . . . .

5. Que John Doe es una corporación o ente jurídico organizado 

y/o haciendo negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, con capacidad para demandar y ser demandada, y 

cuyo nombre se desconoce, es una corporación o ente jurídico 

con capacidad para demandar y ser demandada y/o haciendo 

negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

es el verdadero propietario del lugar donde ocurre el accidente que 

da motivo a esta demanda y/o es quien tenía jurisdicción, 

control, manejo y deber de mantenimiento y/o es quien 

responde por todo acto u omisión en administración y/o de 

mantenimiento de los elementos comunes y/o responsable de 

brindar seguridad en el lugar donde ocurre el accidente que da 

motivo a esta demanda y/o es por ende principal y 

directamente responsable de cualquiera los daños que estos 

hubiesen causado a la parte demandante.

. . . . . . . .

9. Que la Compañía de Seguros X es una corporación o ente 

jurídico organizado y/o haciendo negocios bajo las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con capacidad para 

demandar y ser demandada, cuyo nombre se desconoce, y es o 

son, los o las compañías aseguradoras de uno, algunos y/o 

todos los aquí codemandados por ende principal y 

directamente responsable de cualesquiera daños que hubiesen 

causado a la parte demandante.

. . . . . . . .

Un examen de las alegaciones transcritas revela la intención

inequívoca de la señora Cruz Hernández de incluir como partes

demandadas a otras personas naturales y jurídicas que

intervinieron con la carretera PR-164, kilómetro 14.7 del Barrio 

Palmarejo de Corozal, donde aconteció su caída. En ausencia de

evidencia tendente a demostrar la falta intencional de diligencia, es

forzoso concluir que procede la Segunda Demanda Enmendada. La

ACT y Mapfre fueron incluidos con tiempo suficiente para que

pudieran comparecer al pleito y defenderse. Recuérdese, que

nuestro Tribunal Supremo ha rechazado la rigidez de la figura de

la prescripción, según lo exijan las circunstancias particulares del

caso y la justicia. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 328.

De otro lado, surge de los autos que el Departamento de 

Planificación y Desarrollo Económico, adscrito al ayuntamiento,

certificó el 8 de octubre de 2021 que el predio en controversia era 

una carretera estatal.

24 De hecho, con relación al caso de autos, 

el 11 de febrero de 2022, el DTOP afirmó que “[l]a jurisdicción, 

24 Apéndice de la parte apelante, pág. 23.
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control y mantenimiento de la carretera PR-164, kilómetro 14.7 

del Barrio Palmarejo de Corozal pertenece al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas”.

25 (Énfasis nuestro). Ante esa 

información, la apelante desistió voluntariamente de su 

reclamación en contra del Municipio de Corozal y su aseguradora, 

por lo que se dictó Sentencia Parcial;

26 y continuó el litigio contra el 

Estado y el DTOP. Luego, según reseñamos, al palio de

PROMESA,27 el pleito estuvo paralizado durante gran parte del año 

2022. Inmediatamente que se decretó la reapertura, a petición de 

la señora Cruz Hernández, el Estado y el DTOP contestaron la 

Demanda e iniciaron el descubrimiento de prueba. 

El 3 de abril de 2023, ocasión en que el Estado y el DTOP 

remitieron a la apelante las contestaciones del Primer pliego de

interrogatorio y requerimiento de documentos, informaron que, al 

tiempo del accidente, el predio en cuestión fue objeto de un 

proyecto de repavimentación a cargo de la ACT y que el DTOP no 

había recobrado la jurisdicción sobre el mismo. Por cierto, en el 

expediente ante nos, obra una Certificación de 14 de abril de 2023, 

en que el DTOP, esta vez, acredita que “en el lugar de la caída de 

la señora Cruz Hernández, había una construcción y para la 

fecha del accidente, ésta no había sido entregada al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas”.

28 De 

manera expedita, el 3 de abril de 2023, la señora Cruz Hernández

solicitó sustituir los nombres de las personas demandadas con

nombres desconocidos reservadas por los de la ACT y su 

aseguradora Mapfre.

Ciertamente, la inclusión de demandados de nombres 

desconocidos, mediante alegaciones específicas, tuvo el propósito

25 Apéndice de la parte apelante, pág. 115.

26 Apéndice de la parte apelante, pág. 25.

27 Acrónimo de Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act, 48 

USC sec. 2101 et seq., aprobada el 30 de junio de 2016.

28 Apéndice del Estado y el DTOP, pág. 6.
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de que, en la eventualidad, éstos fueran sustituidos una vez se 

conociera quiénes eran e incluirlos como partes demandadas. Por 

ello, con relación a la supuesta demora que se menciona en el 

dictamen apelado, somos del criterio que el mismo no es imputable 

a la apelante. Primero, ésta descansó en las certificaciones oficiales

emitidas por el Municipio de Corozal y el DTOP; segundo, esperó 

que el litigio se eximiera de la paralización, bajo el Plan de Ajuste 

del proceso de quiebra ante el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico, para dar continuidad a la etapa de descubrimiento de 

prueba. Precisamente, fue en dicho proceso extrajudicial, a través 

de las respuestas 4 y 22, que la apelante advino en conocimiento 

de quién realmente ostentaba la jurisdicción, control y 

mantenimiento de la carretera PR-164, kilómetro 14.7 del Barrio 

Palmarejo de Corozal. Conocido el hallazgo, diligentemente solicitó

la sustitución de los nombres John Doe por el de la ACT y el de la 

Compañía de Seguros X por el de Mapfre.

Contrario a lo resuelto por el TPI, la causa de acción contra 

la ACT y Mapfre no estaba prescrita. Al amparo de la teoría 

cognoscitiva del daño, el término prescriptivo contra la ACT y 

Mapfre comenzó a cursar el 3 de abril de 2023. Ello así, ya que la 

apelante conoció de la existencia de los cocausantes mediante el 

procedimiento de descubrimiento de prueba, así como el resto de 

los elementos necesarios para reclamarles los daños alegados. 

Nótese que ni siquiera el Estado y el DTOP conocían esa 

información, la cual surgió luego de su propia investigación. Por lo 

tanto, argüir que era previsible para la apelante que la ACT tenía el 

control del predio en controversia no es correcto. Exigir la 

presentación de la causa de acción con anterioridad a conocer de 

la participación de la ACT y Mapfre transgrede el debido proceso de 

ley de la apelante. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 390. En resumen, las alegaciones contra la ACT y Mapfre, 
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esbozadas en la Segunda Demanda Enmendada presentada el 3 de 

abril de 2023, no están prescritas. Consecuentemente, el TPI 

incidió al desestimar con perjuicio la reclamación de la apelante.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia Parcial dictada el 25 de agosto de 2023 y notificada el 29 

de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia. 

Consecuentemente, restituimos todas las reclamaciones de la 

señora Yeseida Cruz Hernández en contra de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación y Mapfre Praico Insurance Company.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones