Número Identificador

RES2024__________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

JULIO A. CARABALLO 

RIVERA

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

KLRA202400268

KLRA202400269

KLRA202400271

KLRA202400272

KLRA202400281

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-0883

Sobre: Movilidad

ÁNGEL M. MARTÍNEZ 

PÉREZ

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-0875

Sobre: Movilidad

ELLIOT M. FIGUEROA 

GÓMEZ 

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-0888

Sobre: Movilidad

EDGARDO GARCÍA 

ROHENA

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-0882

Sobre: Movilidad

ALFREDO GARCÍA 

GONZÁLEZ

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-1062

Sobre: Movilidad
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 2

CARLOS K. BENGOCHEA 

CORTÉS

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

KLRA202400297

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-1135

Sobre: Movilidad

GILBERTO A. FELICIANO 

MATTEI

Recurrido

v.

AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurrente

KLRA202400298

REVISIÓN

procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm: 

2023-06-1112

Sobre: Movilidad

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

En los casos consolidados de referencia, la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE o recurrente) objeta los 

dictámenes emitidos por la Comisión Apelativa del Servicio Público

(CASP), mediante los cuales determinó no desestimar los recursos 

apelativos instados por un número de empleados de la AEE que 

impugnan la acción de movilidad notificada el 30 de mayo de 20231. 

Por las razones que expondremos a continuación, se 

desestiman los recursos de epígrafe por falta de jurisdicción.

I.

Según surge del expediente, el 30 de mayo de 2023, el señor 

Julio A. Caraballo Rivera y los otros recurridos en los casos 

1 Por la presente, se consolidan los recursos de epígrafe por referirse a la 

impugnación del mismo proceso de movilidad efectuado por la Autoridad de 

Energía Eléctrica.
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 3

consolidados de referencia,2 fueron notificados por el Director 

Ejecutivo de la AEE de una acción de movilidad, al amparo de lo 

dispuesto por la Sección 15 de la Ley Núm. 120-2018, según 

enmendada, conocida como “Ley para Transformar el Sistema 

Eléctrico de Puerto Rico”, en conjunto con las disposiciones de la Ley 

Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como 

“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” (Ley Núm. 8-2017).

3 La 

comunicación les informó a los recurridos que, luego de la 

evaluación realizada por la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 

Rico (OATRH), éstos serían transferidos a distintos puestos en 

diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico. 

Ante su disconformidad con la antedicha acción, los 

recurridos presentaron una apelación en la CASP. En respuesta, la 

AEE, el mismo día que contestó los recursos de apelación, presentó 

una Solicitud de Desestimación, bajo el fundamento de que los aquí 

recurridos incumplieron con la Sección 2.8 del Reglamento Procesal 

de la CASP, Reglamento Núm. 7313. Específicamente, adujo que los 

recurridos omitieron incluir el medio utilizado para la notificación

de los recursos, lo cual conllevaba que estos se tuvieran por no 

radicados.

El 3 de abril de 2024, la CASP dictó la siguiente Orden dirigida 

a la AEE:

[...]

NO HA LUGAR a la Solicitud de desestimación. La parte 

apelante fue notificada de la determinación de 

movilidad el 30 de mayo de 2023, y esta presentó la 

apelación ante este foro el 20 de junio de 2023. Por lo 

2 Sr. Ángel Martínez Pérez, Sr. Elliot M. Figueroa Gómez, Sr. Edgardo García 

Rohena, Sr. Alfredo García González, Sr. Gilberto A. Feliciano Mattei y Sr. Carlos 

K. Bengochea Cortés (todos en conjunto, los recurridos). Véase además lo 

dispuesto en le Regla 17 de Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.17 así como las órdenes administrativas DJ-2019-0316 y DJ-2019-0316 

A respectivamente.

3 3 LPRA sec. 1469 et seq.
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 4

cual la apelación fue presentada dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días, dispuesto en el 

Artículo 13 del Plan de Reorganización Núm. 2-20102 y 

el Artículo I, Sección 1.2 (a), del Reglamento Procesal 

Núm. 7313. Además, la parte apelante cumplió con el 

requisito de notificación de la apelación a la parte 

apelada dentro del término jurisdiccional establecido 

para ello, y así lo evidenció, conforme al Artículo II, 

Sección 2.3, del Reglamento Procesal Núm. 7313.

SE TOMA CONOCIMIENTO de la presentación de la 

Contestación a la apelación. (Énfasis en el original 

omitidos).

Inconforme, la AEE solicitó reconsideración, pero esta fue 

declarada No Ha Lugar por la CASP mediante Orden dictada el 24 de 

abril de 2024. Aun en desacuerdo, la AEE presentó ante este Foro

los recursos de revisión judicial de epígrafe. En estos alega lo 

siguiente:

Erró la Comisión al acoger el recurso apelativo al 

carecer de jurisdicción por el incumplimiento con los 

requisitos de notificación dispuestos en el Reglamento 

7313.

Erró la Comisión al dictar No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración en contra del Reglamento 7313, 

reglamento vigente promulgado por la propia agencia.

Con el beneficio de la comparecencia de los recurridos, 

procedemos a resolver.

II.

A.

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 201–2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et. 

seq., instituye la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. En 

asuntos de índole administrativo, dicha Ley nos circunscribe a 

examinar órdenes o resoluciones finales. Particularmente, el 

Artículo 4.006 (c), 4 LPRA sec. 24y de la Ley Núm. 201–2003, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: 

[...]
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 5

“[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes 

y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas ...” (Énfasis nuestro).

[...]

Cónsono con lo anterior, la Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56, dispone que 

nuestra jurisdicción revisora se limita a determinaciones 

administrativas de carácter final. También la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9601 et seq., establece que una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sec. 4.2 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 9672. Asimismo, dicha Sección expone, en lo 

pertinente:

[...]

Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán 

revisables directamente. La disposición interlocutoria 

de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 

error en el recurso de revisión de la orden o resolución 

final de la agencia. (Énfasis nuestro).

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 

exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o de 

naturaleza informal emitida al amparo de este capítulo.

Una orden o resolución final es aquella que culmina el 

procedimiento administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las 

partes y resuelve todas las controversias ante la agencia; les pone 

fin, sin dejar pendiente una para ser decidida en el futuro. Es decir, 

es aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 

adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Esta culmina en forma 
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 6

final el procedimiento administrativo respecto a todas las 

controversias. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29-

30 (2006). 

Ahora bien, una situación clara de falta de jurisdicción de la 

agencia es una excepción a la norma de que sólo serán revisables 

ante el Tribunal de Apelaciones las resoluciones finales de una 

agencia administrativa. Íd., citando a J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., 144 DPR 483 (1997). Véase, además, Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21 (2004) y la Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9673. No obstante, en Comisionado Seguros v. Universal, supra, 

págs. 30-31, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró lo siguiente:

[N]o toda alegación de ausencia de jurisdicción va a 

tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus 

gestiones en la agencia” ni implicará una aplicación 

automática de la excepción. Sólo en aquellos casos en 

los que la agencia administrativa carece realmente de 

jurisdicción, el proceso administrativo se convierte en 

final por no quedar asuntos o controversias pendientes 

de dilucidar por la agencia; sólo entonces sería revisable 

por el Tribunal de Apelaciones.

B.

Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos 

de su jurisdicción. Este asunto debe ser resuelto con preferencia, 

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. El 

foro judicial carece de discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay. Si un tribunal se percata que no la tiene, debe así declararlo 

y desestimar el caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 

268 (2018); Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 

135 (2009); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). 

III.

Analizado el expediente con detenimiento, colegimos que 

carecemos de jurisdicción para ejercer nuestra facultad revisora en 

la presente causa. Nótese que, a través del pronunciamiento 
KLRA202400268 consolidado con KLRA202400269, KLRA202400271, 

KLRA202400272, KLRA202400281, KLRA202400297 y KLRA202400298 7

recurrido, la CASP no dilucidó, ni adjudicó derechos, obligaciones o 

privilegios de clase alguna. Mediante esta, la CASP retuvo su 

jurisdicción sobre la apelación presentada por los aquí recurridos.

De la misma resulta evidente que no estamos ante un caso claro de 

falta de jurisdicción de la agencia.

Por ende, dicho dictamen no es uno final, sino interlocutorio. 

Cualquier intervención de nuestra parte en esta etapa de los 

procedimientos sería inadecuada, toda vez que aun la agencia 

administrativa no ha adjudicado finalmente los recursos apelativos 

instados por los recurridos. Recordemos que nuestra función 

revisora solo procede ante determinaciones administrativas de 

carácter final.

En fin, toda vez que los recursos consolidados de referencia 

no versan sobre una resolución final de la CASP, carecemos de 

jurisdicción para intervenir y adjudicarlos en los méritos. Una vez la 

agencia tome su determinación final, las partes podrán recurrir ante 

este Foro mediante recurso de revisión judicial, de entenderlo 

necesario. Según dispone la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, la 

disposición interlocutoria de la CASP podrá ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final.

IV.

Por las consideraciones que anteceden, desestimamos los 

recursos de revisión judicial de epígrafe por falta de jurisdicción.

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(C). Se devuelve el caso a la Comisión Apelativa del 

Servicio Público para la continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones