NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel Especial

THE JOINT VENTURE OF F&R –

BLDM, ET ALS

Apelados

v.

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

FAJARDO, ET ALS

Apelante

KLAN202400242

consolidado con

KLAN202400341

KLAN202400343

Apelación

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia

Sala de San Juan

Caso Núm.

SJ2020CV01065

Sobre:

Impugnación de 

Imposición de 

Arbitrios de 

Construcción; 

Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y el Juez Rivera Torres1

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparecen el Municipio Autónomo de Fajardo (el Municipio), Joint

Venture of F&R-BLDM (Joint Venture), y el Departamento de la Vivienda,

mediante sus respectivos escritos de apelación KLAN202400242, 

KLAN202400343, y KLAN202400341, los cuales ordenamos consolidar. 

Todos solicitan la revisión de una misma Sentencia, emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, (TPI), el 27 de diciembre de 2023. En esencia,

habiendo cuestionado Joint Venture la capacidad del Municipio para 

cobrarle ciertos arbitrios de construcción, mediante el referido dictamen

el Foro primario determinó que los trabajos de reparación que el primero 

llevó a cabo en el Municipio bajo el proyecto Tu Hogar Renace (THR): (1) sí

están sujetos al pago de arbitrios de construcción; (2) pero el Municipio no

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2024-036 se designó como integrante de Panel al 

Hon. Waldemar Rivera Torres debido a la inhibición de la Hon. Waleska I. Aldebol Mora.
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2

cumplió su responsabilidad de reclamarlos y exigirlos dentro del término

que la ley establece para ello, por lo que estaba impedido de recobrarlos.

Por los fundamentos que más adelante explicaremos, revocamos el 

dictamen apelado.

I. Resumen del tracto procesal

Tras el paso de los de los huracanes Irma y María por Puerto Rico 

en septiembre de 2017, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA), implementó el Sheltering and Temporary Essential Power Pilot 

Program (STEP), que fue administrado en Puerto Rico por el Departamento 

de la Vivienda (Dpto. de la Vivienda), bajo el nombre Tu Hogar Renace,

(THR). Con el propósito de realizar trabajos autorizados bajo STEP, el 6 de 

noviembre de 2017, el Dpto. de la Vivienda emitió un Aviso de Subasta 

sobre el Requerimiento de Propuestas número DOH-RFP-17-18-03. Como 

resultado de la celebración de dicha subasta, el contratista Joint Venture 

fue seleccionado para ejecutar los trabajos relativos a la misma en el 

Municipio. 

Siendo el licitador agraciado, el 11 de enero de 2018, Joint Venture 

firmó el Contract for Construction Repair Work DOH-RFP-17-18-03, (el

Contrato) con el Dpto. de la Vivienda. En este contrato el Municipio no 

participó como parte suscribiente, ni de manera alguna.

Al próximo mes, el 26 de febrero de 2018, Joint Venture le cursó 

una misiva al Municipio indicándole, entre otros: (1) que solicitaba la 

patente provisional de construcción y; (2) que en el Contrato se había

estipulado que estaba exento de pagar de arbitrios de construcción al 

Municipio, y de obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe). 

Con referencia a la solicitud de patente de construcción aludida, el 

3 de octubre de 2019, Joint Venture, declaró bajo juramento que el 
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3

volumen final certificado por el Dpto. de la Vivienda era de

$16,449,330.61.

Pasado más de un año de lo anterior, el 16 de enero de 2020, el 

Municipio le notificó a Joint Venture una deficiencia preliminar por 

concepto de arbitrios de construcción. En esencia, el Municipio aseveró en 

dicha misiva que la cláusula del Renglón 1(A) del Contrato, donde se 

dispuso que Joint Venture se encontraba eximido del pago de arbitrios de 

construcción, era contraria al Art. 2.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos (LMA o Ley Núm. 81-1991), 21 LPRA sec. 4052, y a la 

Ordenanza Núm. 25 Serie 2010-2011. Por esto, al Joint Venture haber 

realizado obras de construcción dentro de los límites territoriales del 

Municipio, sin haber pagado de los arbitrios correspondientes, se le estaba 

imputando la deficiencia preliminar indicada de $1,052,757.16. A su vez,

el Municipio señaló que el valor de la construcción fue tomado de la 

declaración jurada del 3 de octubre de 2019 presentada por Joint Venture, 

a que se hizo referencia en el párrafo que precede. 

A raíz de ello, 31 de enero de 2020, Joint Venture solicitó al 

Municipio una reconsideración de la referida deficiencia preliminar, con la 

celebración de una vista administrativa. Adujo que las obras llevadas a 

cabo no eran susceptibles del cobro de arbitrios reclamado por el 

Municipio, pues no constituían una actividad de construcción, según esta 

era definida por el Art. 1.003 (dd) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 

4001 (dd). Sobre esto abundó, que había que llegar a tal conclusión por 

causa de la naturaleza temporera de los trabajos realizados sobre las 

unidades elegibles bajo el programa STEP. Es decir, según Joint Venture, 

los trabajos realizados fueron reparaciones menores que no constituían

actividad de construcción para fines de la ley citada. Sugirió, en la 

alternativa, que se hiciera un desglose de las actividades por tarea para 

determinar cuáles constituían actividades de construcción y cuáles no. 
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4

Esto, pues, entre las tareas que le fueron asignadas se encontraba suplir 

neveras, plantas eléctricas microondas, limpieza, etc.2 Además, sostuvo

que estaban exentas del pago de arbitrios las ganancias del contratista, 

los costos de transportación, y de adquisición de equipos. El 4 de febrero 

de 2020, Joint Venture reiteró su solicitud de vista administrativa. 

A pesar de dar inicio al proceso administrativo ante el Municipio, a 

su vez, el 6 de febrero de 2020, Joint Venture presentó ante el TPI

Demanda sobre sentencia declaratoria. En lo pertinente, solicitó que se 

dejara sin efecto la deficiencia preliminar emitida por el Municipio, 

aduciendo que fue impuesta sin autoridad de ley. En particular, adujo que

los trabajos que realizó bajo el programa THR y STEP, eran reparaciones 

de emergencia, de naturaleza temporera, que se encontraban fuera de la 

definición actividad de construcción tributable. También, impugnó la 

notificación de la deficiencia, arguyendo que fue defectuosa, contraria al 

debido proceso de ley. Solicitó en la alternativa, que se dejara sin efecto la 

deficiencia preliminar, por sobrestimar el costo total de la construcción, al 

no aplicar las deducciones provistas por la Ley Núm. 81-1991 y la

jurisprudencia aplicable. 

En la referida demanda Joint Venture también acumuló como parte 

demandada al Dpto. de la Vivienda, alegando que este le había

representado que la obra estaría exenta del pago de arbitrios de 

2 Asimismo, la carta fue acompañada por el Exhibit I intitulado Listado de Procedimiento 

para la Inspección Final V6.0 del Dpto. de la Vivienda. Entre el tipo de obras a realizarse 

y que debían ser inspeccionadas se incluyeron: remoción de escombros, limpiar y 

desinfectar, control de plagas, reemplazo de líneas de gas propano, reinstalación de 

lavamanos y fregaderos, instalación de duchas, instalación de calentador de agua, 

reparación de bomba del pozo de agua, instalación de cisterna, reemplazo de bomba 

eyectora de aguas negras, entrega de enseres electrodomésticos, prueba e inspección del 

sistema eléctrico, remplazo de detector de humo y monóxido de carbono, instalación de 

rampa para discapacitados, reparación de acceso al balcón, reparación de enmarcado 

“framing” para reparaciones misceláneas, reemplazo de puertas y ventanas, remoción e 

instalación de paneles “gypsom board”, instalación de gabinetes, remoción de 

revestimiento del piso, limpiar, remover material suelto del techo y aplicar cemento 

reforzado para corregir el estancamiento del agua, sellado de grietas de exteriores, 

reparación de techo de metal corrugado “zinc”, reparación de cubiertas de lona (toldos 

azules), entre otros. Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, págs. 

28-40.
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construcción. En consecuencia, solicitó como remedio que se dictara una

orden para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), le pagara 

directamente al Municipio los arbitrios de construcción sobre los trabajos 

realizados bajo el programa THR y STEP.

De manera paralela, en el ámbito administrativo iniciado ante el 

Municipio, el 12 de marzo de 2020, este acogió lo solicitud de vista 

administrativa que había presentado Joint Venture, señalándola para el 7 

de mayo de 2020. No obstante, llegada la fecha pautada para celebrar la 

vista administrativa, no se pudo llevar a cabo, por lo que el 9 de julio de 

2020, el Municipio le solicitó a Joint Venture que sugiera tres fechas

disponibles en agosto 2020 para tal fin.

Regresando al proceso iniciado ante el TPI por Joint Venture, el 17 

de julio de 2020, el Municipio presentó ante dicho foro una Moción en 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia por 

Falta de Agotamiento del Trámite Administrativo. En síntesis, informó al 

Tribunal del proceso administrativo iniciado por Joint Venture ante el 

Municipio sobre la misma controversia, que no había concluido, por lo que

la jurisdicción correspondía a dicho cauce.

A los días siguientes, el 20 de julio de 2020, en el trámite 

administrativo, Joint Venture le remitió una carta al Municipio, aduciendo

que este había perdido la jurisdicción para dilucidar la controversia sobre

la deficiencia preliminar de arbitrios de construcción, tras la presentación 

de la demanda ante el TPI. 

En respuesta, el 7 de agosto de 2020, el Municipio le notificó una 

comunicación a Joint Venture, subrayando que ya se había activado el 

trámite administrativo, por lo que el foro que carecía de jurisdicción era el 

judicial, no el administrativo. Acorde con tal conclusión, el Municipio

señaló vista para el 27 de agosto de 2020.
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Entretanto, en el pleito ante el Tribunal, el 20 de agosto de 2020,

Joint Venture instó su Oposición a Desestimación Solicitada por el 

Municipio de Fajardo y Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción. 

En respuesta, el 24 de agosto de 2020, el TPI dictó una Orden de 

paralización de los procedimientos administrativos pendientes ante el 

Municipio. 

Insatisfecho, el 8 de septiembre de 2020, el Municipio solicitó al foro 

primario reconsideración sobre la referida Orden de paralización, y el 17 

de septiembre de 2020, presentó una Réplica del Municipio de Fajardo a la 

Oposición del Demandante a la Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. 

Por otra parte, el 23 de septiembre de 2020, el Dpto. de la Vivienda

compareció ante el TPI, solicitándole que decretara que el Municipio estaba 

impedido de imponerle los arbitrios municipales de construcción

reclamados a Joint Venture. 

El 8 de octubre de 2020 Joint Venture presentó Dúplica a la Réplica 

del Municipio de Fajardo y Oposición a Solicitud de Reconsideración de 

Orden del 24 de agosto de 2020. 

Tras varios trámites procesales, el 11 de enero de 2023, el tribunal 

a quo emitió Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación presentada por el Municipio.3

A los pocos días, el 20 de enero de 2023, compareció el Municipio

ante el TPI, mediante Contestación del Municipio de Fajardo a la Demanda,

reiterando su solicitud para que se desestimara la demanda instada por 

Joint Venture, por falta de jurisdicción. Con todo, el 23 de enero de 2023,

este también presentó Contestación enmendada. Esta vez añadió en su

petitorio que se decretara que el Dpto. de la Vivienda no tenía facultad en 

ley para eximir, mediante contrato privado, del pago de arbitrios de 

3 Notificada el 12 de enero de 2023.
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construcción a Joint Venture. Asimismo, le solicitó al foro a quo que 

dictaminara que los trabajos realizados por Joint Venture constituían 

actividad de construcción, según este concepto era definido por el Art. 

1.003 (dd) de la Ley Núm 81-1991, 21 LPRA sec. 4001, por lo tanto, las 

actividades de construcción realizadas por la primera en el Municipio sí

eran tributables. 

Luego, el 11 de septiembre de 2023, el Municipio presentó una 

Moción de sentencia sumaria. Aquí afirmó que la única controversia ante 

la atención del TPI para dilucidar se reducía a determinar si el Municipio 

tenía la facultad en ley para imponerle a Joint Venture el pago de arbitrios 

por la por los trabajos de reparación realizados dentro de sus límites 

territoriales. 

De manera similar, el 15 de septiembre de 2023, Joint Venture 

presentó un escrito intitulado Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandante y Oposición a la “Moción del Municipio Autónomo de Fajardo 

en Solicitud de Sentencia Sumaria”.

Al próximo mes, el 27 de diciembre de 2023, el TPI emitió la

Sentencia que dio origen a los recursos de apelación ante nuestra 

consideración. En lo referente a las determinaciones de hechos allí 

plasmadas, fueron enumeradas las siguientes como incontrovertidas:

1) El 18 de septiembre de 2017, mediante la emisión del 

Boletín Administrativo Núm. OE-2017-047, el Gobernador de 

Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Rosselló Nevárez, declaró un 

estado de emergencia en todo Puerto Rico a consecuencia del 

paso inminente del Huracán María y el impacto que este 

pudiera generar. 

2) Los días 19 y 20 de septiembre de 2017 El Huracán María 

azotó la Isla de Puerto Rico con vientos sostenidos en exceso 

de 150 millas por hora y lluvias torrenciales.

3) El Huracán María causó grandes pérdidas económicas, así 

como serios daños a la infraestructura, viviendas y el 

comercio en Puerto Rico. 

4) El 20 de septiembre de 2017 el presidente de los Estados 

Unidos de América declaró a todo Puerto Rico como zona de 
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desastre mediante la Declaración de Desastre Mayor (“Major 

Disaster Declaration”) Núm. DR-4339. 

5) El Gobierno de Puerto Rico le delegó al Departamento de la 

Vivienda de Puerto Rico (“DVPR”) la responsabilidad de 

administrar, mantener y operar viviendas provisionales de 

cualquier naturaleza para víctimas de emergencias o 

desastres que fueron trasladadas de sus casas a refugios 

temporeros. 

6) El Gobierno de Puerto Rico le delegó al Departamento de la 

Vivienda ejecutar el programa “Tu Hogar Renace”, bajo las 

disposiciones del programa federal conocido como “Sheltering 

and Temporary Essential Power Program” (“STEP”) para hacer 

reparaciones menores de emergencia en residencias 

unifamiliares en residencias ocupadas por sus dueños. 

7) Bajo el programa “Tu Hogar Renace” se procuraba, cuando 

fuera seguro y practicable, lograr que los residentes 

regresaran y permanecieran en sus hogares, mientras podían 

realizar las mejoras permanentes necesarias. 

8) El programa “Tu Hogar Renace” incluyó trabajos de 

reparación que no podían sobrepasar los $20,000.00 (por 

cada unidad de vivienda); e incluyó, entre otras, mejoras 

temporeras dirigidas a: proveer energía eléctrica, incluso 

mediante un generador; reparación de cisternas y suplido de 

agua potable; sellado de techo; paredes y ventanas; asegurar 

o reemplazar puertas y ventanas; remoción de escombros; 

reparación de elementos de accesos como rampas y escaleras; 

remoción y reemplazo de pisos; asegurar un baño utilizable y 

facilidades de cocina; y asegurar dormitorios a todos los 

miembros del hogar. 

9) El 4 de enero de 2018, y como resultado de los serios daños 

causados por el Huracán María, la Junta de Planificación de 

Puerto Rico, Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), emitió 

la Orden Administrativa 2018-01 mediante la cual dispuso 

que las siguientes obras no requerirán la expedición de un 

Permiso de Construcción por dicha agencia y/o Municipios 

Autónomos que cuenten con un convenio de transferencia de 

facultades delegando jerarquías conforme las disposiciones de 

la Ley 81-1991 – siempre y cuando no formen parte de otra 

obra o desarrollo mayor: 

(a) Pintura de edificios o estructuras existentes; 

(b) Sellado de techos; 

(c) Trabajos de jardinería; 

(d) Relleno de grietas, salideros, y goteras en el edificio o 

estructura; 

(e) Enlucido (empañetado) en obras de hormigón existentes; y 
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(f) Instalación o cambio de losetas de piso, azulejos, cerámica 

o cualquier otra terminación de piso o pared. 

10) El 6 de noviembre de 2017, el Departamento de la Vivienda 

emitió el Requerimiento de Propuestas (Request For 

Proposals) núm. DOH-RFP-17-18-03 para llevar a cabo los 

trabajos de reparación en viviendas que hubiesen sufrido 

daños como consecuencia del paso de los huracanes Irma y 

María. 

11) En el AVISO DE SUBASTA (Requerimiento de Propuestas) 

se estableció lo siguiente: 

“The GPR through the Department of Housing (DOH) desires 

to offer people displaced from their properties an option to 

return to their homes so they can shelter at their own homes 

under Section 403 of the Stafford Act for a Sheltering and 

Temporary Essential Power (STEP) Pilot Program to enable the 

GPR to perform minor emergency repairs in single family 

owner-occupied residences. The DOH is requiring qualified 

contractors to repair said properties so they can become 

habitable as shelters.” (Énfasis nuestro.)

12) En el AVISO DE SUBASTA se aclaró lo siguiente en torno 

a la naturaleza de las reparaciones a llevarse a cabo bajo el 

programa STEP: 

“STEP is not a comprehensive repair program and will not 

result in the complete restoration of the dwelling. The 

measures taken under this program are directed at preventing 

the progression of deterioration of the dwelling because of the 

passing of Hurricanes Irma and María and to provide 

minimal steps necessary to render the dwelling safe and 

sanitary. In order to be elegible under the STEP program, 

each home shall be habilitated for less than $20,000. This 

program reduces the demand for costlier shelter options and 

allows individuals to return to their homes.” (Énfasis 

provisto). [...]

“[...] Under STEP the DOH will contract directly with multiple 

construction firms capable of delivering minor critical 

services on a large scale and who possess or can obtain the 

resources required to deliver in an expedited manner.” 

(Énfasis nuestro.)

13) El 11 de enero de 2018 la co-demandada, Departamento 

de la Vivienda (“DVPR”) y The Joint Venture of F&R-BLDM 

(“JV”) suscribieron un contrato titulado: CONTRACT FOR 

CONSTRUCTION REPAIR WORK – DOH-RPF-17-18-03 (“el 

contrato”). 

14) En el Contrato se describe de manera general la 

naturaleza de los trabajos a realizarse por JV y en lo 

pertinente dispone: 

IX. SCOPE OF WORK 

Summary
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[...] The program also provides expedient and temporary 

repairs to protect the home from further weather-related 

damage. [...] 

Exterior Work 

• Any emergency repairs necessary to provide a 

weatherproofing structure are to be included, such as 

temporary roof, wall and window repairs. The intent is to 

provide absolute minimum repairs to prevent water intrusion. 

[...] 

• Securing or replacing broken windows with minor carpentry 

or hardware repairs. 

15) En el párrafo Sexto, Sección 1(A), del Contrato se incluyó 

el siguiente lenguaje: 

“The repair work to be performed by the Contractor under the 

corresponding Task Orders is not subject to building permit 

requirements established forth by the Puerto Rico Permits 

Management Office (“OGPe”, by its Spanish acronym), or to 

the payment of municipal excise taxes (“arbitrios de 

construcción”).” 

16) De la hoja utilizada para inspección de obras de 

reparación requerida por el DV, titulada “LISTADO DE 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN FINAL V6.0 DEL 

PROGRAMA TU HOGAR RENACE” surge lo siguiente: 

• Artículo #140-reparación de la bomba de agua 

• Artículo #37-rampa para discapacitados 

• Artículo #38-reparación acceso de balcón 

• Artículo #39-reparación de enmarcado “Framing” 

• Artículo #45-remover paneles de yeso o “gypsum board” 

• Artículo #46-instalación de paneles o “gypsum board” 

• Artículo #51-remover revestimiento del piso 

• Artículo #53-Sellado de techo con material poliuretano 

• Artículo #54-reparación de techo de metal corrugado (ZINC) 

17) Mediante carta fechada 26 de febrero de 2018, la firma de 

contables UHY Del Valle & Nieves, PSC, en representación y 

bajo autorización escrita del Joint Venture, solicitó al 

Municipio Autónomo de Fajardo (“MAF”) que expidiera una 

patente provisional de construcción para que el Joint Venture 

pudiera: “realizar el contrato de construcción del Departamento 

de la Vivienda, el cual provee los servicios de reparaciones por 

causa del Huracan María a unidades que constituyen primeras 

residencia a través del Programa "Tu Hogar Renace" o 

"Sheltering and Temporary Essential Power Program (STEP)" 

con fondos de FEMA”. 

18) En torno al pago de arbitrios de construcción, en la carta 

del 26 de febrero de 2018 la firma de contables UHY Del Valle 

& Nieves, PSC, informó por escrito al Sr. Francisco Nazario, 

de la Oficina de Recaudaciones del Municipio Autónomo de 

Fajardo (“MAF”) que: “Este contrato [Contract for Construction 

Repair Work – DOH-RFP-17-18-03] estipula que el contratista
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[Joint Venture] está exento del pago de los arbitrios de 

construcción y de los permisos de OGPe. 

19) En torno al pago de patentes municipales, en la carta del 

26 de febrero de 2018 la firma de contables UHY Del Valle & 

Nieves, PSC, informó por escrito al MAF que: 

(a) El contratista no tiene oficina en su municipio. 

(b) El contrato se realizará en varios municipios y no se puede 

determinar la cantidad total de residencias a reparar por 

municipio ya que depende de las solicitudes al programa que 

cualifiquen. 

(c) El contrato es hasta el 30 de junio de 2018; y 

(d) Al finalizar el proyecto se le estaría pagando la patente al 

MAF, por ser el momento en que se podría determinar la 

cantidad total de volumen [de negocio] que se incurrió en cada 

municipio y que se podría certificar la terminación 

satisfactoria y sustancial del proyecto. 

20) Entre el 2018 y el 2019, JV llevó a cabo trabajos de 

reparación de naturaleza temporera en múltiples unidades de 

vivienda ubicadas dentro de la jurisdicción del MAF. 

(21) Los trabajos de reparación por el JV en el MAF ya habían 

comenzado desde antes de la presentación de la solicitud de 

patente provisional del 26 de febrero de 2018; 

(22) Conforme a los términos del Contrato, el JV llevó a cabo 

inspecciones de unidades elegibles, en conjunto con personal 

asignado por DVPR. El propósito de las inspecciones era 

determinar el alcance de las reparaciones temporeras que 

serían necesarias para cada unidad de manera que las 

personas que habitan en la vivienda pudieran, con 

reparaciones temporeras mínimas, permanecer viviendo en la 

unidad, en lo que puedan ser relocalizados o reparar la unidad 

de manera permanente. 

(23) Los trabajos de reparaciones temporeras llevados a cabo 

por JV bajo el Contrato incluyen, pero no están limitados a, la 

instalación de detectores de humos, alarmas de incendios, 

cisternas y refrigeradores de tamaño pequeño, reparaciones o 

sustituciones menores de puertas exteriores, ventanas 

exteriores y operadores de ventana, limpieza de paredes y 

pisos para sacar la humedad y hongo visibles, sellados de 

techo (con pintura sellante), la instalación de inodoros, 

fregaderos, gabinetes de cocina (de no más de cinco pies de 

largo), y calentador de agua, reemplazo de receptáculos o 

interruptores eléctricos, así como proveer un pequeño 

generador de electricidad portátil, estufa de gas o microondas 

pequeños, según las necesidades temporeras de cada 

residencia.

(24) Para el 26 de febrero de 2018, el JV ya tenía un número 

aproximado de las residencias a repararse; incluso ya había 

terminado y facturado varios de dichos trabajos.
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(25) El 3 de octubre de 2019 el JV declaró (mediante 

Declaración Jurada) que, por sus trabajos bajo el Contrato, 

había tenido un volumen de negocios ascendente a 

$16,449,330.61 en el MAF. 

(26) El 16 de enero de 2020, el MAF envió al JV una 

NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIA PRELIMINAR POR 

ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN, vía correo certificado con 

acuse de recibo número 70190700000025822830. 

(27) En su carta del 16 de enero de 2020 el MAF hace 

referencia a la carta del Joint Venture – fechada 26 de febrero 

de 2018; y a la información que allí le proveyó la firma de 

contables UHY Del Valle y Nieves, PSC, en torno a que en el 

Contrato “[se] estipula que el contratista está exento de los 

arbitrios de construcción y de los permisos de OGPe”. 

(28) En su carta del 16 de enero de 2020 el MAF notificó al JV 

una deficiencia preliminar de $1,052,757.16 por concepto de 

arbitrios de construcción adeudados, penalidad, intereses y 

recargos. 

(29) El MAF utilizó la información provista por el JV en la 

Declaración Jurada del 3 de octubre de 2019 para tasar y 

computar el arbitrio de construcción impuesto mediante la 

Deficiencia Preliminar. 

(30) El MAF estuvo evaluando el estado contributivo del JV 

hasta el 16 de enero de 2020. 

(31) Mediante carta del 31 de enero de 2020, el JV solicitó 

reconsideración de la Deficiencia Preliminar. 

32) En su carta del 31 de enero de 2020, sobre NOTIFICACIÓN 

DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN, el JV informó al MAF 

que el promedio de costos de reparaciones por unidad fluctuó 

en alrededor de $10,000.00, incluyendo el costo de los 

equipos a entregarse y las inspecciones necesarias.

(33) El 6 de febrero de 2020, JV presentó Demanda judicial 

sobre Impugnación de Arbitrios de Construcción y Sentencia 

Declaratoria – mediante la cual solicitó al Tribunal que dejara 

sin efecto la Deficiencia Preliminar.

Al iniciar la Sentencia, el foro primario identificó como las dos 

controversias a resolver las siguientes: (1) si el Municipio tenía autoridad 

legal para imponer el pago de arbitrios de construcción por los trabajos de 

reparación temporera realizados por Joint Venture bajo el programa THR; 

(2) si la notificación de deficiencia remitida por el Municipio a Joint 

Venture fue oportuna y adecuada. En su fundamentada determinación, el 

foro primario contestó la primera de dichas interrogantes en la afirmativa, 
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pero en la negativa la segunda. Por tanto, aunque el foro apelado concluyó 

que la actividad de construcción realizada por Joint Venture en el 

Municipio sí estaba concebida dentro de la acepción actividad de 

construcción descrita en el Art. 1.003(dd) de la LMA, (por lo que quedaba 

sujeta al pago de arbitrios de construcción), el Municipio no actuó de 

manera diligente al requerir su pago, en contravención con los términos 

que la ley dispone para ello, lo que le impedía reclamarlos. 

Insatisfecho, el Municipio solicitó reconsideración ante el mismo

foro primario, respecto a la presunta falta de diligencia en gestionar el

cobro los arbitrios de construcción sobre los trabajos de reparación 

realizados por Joint Venture. En lo particular, esta parte juzgó que el 

dictamen del TPI al respecto validó la acción ilegal de Joint Venture de 

evadir su responsabilidad contributiva, lo que le impidió, a su vez, corregir 

un error administrativo y recuperar fondos públicos.

El Dpto. de la Vivienda también solicitó reconsideración al TPI, pero 

sobre la determinada facultad del Municipio para imponer los arbitrios de 

construcción en pugna. Sostuvo que el sentido legal de la definición de 

reparación en la que se fundamentó la Sentencia para concluir que el 

Municipio sí podía exigir el pago de arbitrio, resultaba inaplicable, puesto 

que los trabajos realizados bajo el Programa STEP no reestablecieron las 

viviendas al estado en que se encontraban antes de sufrir el daño. 

El TPI denegó ambas mociones de reconsideración.

Es así como, el 12 de marzo de 2024, el Municipio presentó el 

recurso de apelación ante nuestra atención, planteando los siguientes

errores:

PRIMER ERROR:

ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA INTENCIÓN DE JV DE 

AUTO DE EXIMIRSE MEDIANTE EL CONTRATO FIRMADO 

CON EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA Y QUE CUANDO 

PRESENTÓ LA SOLICITUD DE PATENTES DEL 26 DE 
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14

FEBRERO DE 2018 YA HABÍA COMENZADO LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN.

SEGUNDO ERROR:

ERRÓ EL TPI CUANDO INTERPRETÓ QUE LA SOLICITUD DE 

PATENTES DEL 26 DE FEBRERO DE 2018 ACTIVÓ ALGÚN 

“DEBER DE ACTUAR” O RESPONSABILIDAD LEGAL DEL 

MAF Y ADJUDICAR QUE UN ERROR EN EL TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO CREA DERECHOS.

TERCER ERROR:

ERRÓ EL TPI, CUANDO DE FORMA CONTRADICTORIA, 

UTILIZA LA SOLICITUD DE PATENTES DEL 26 DE FEBRERO 

DE 2018 PARA JUSTIFICAR LA EVASIÓN DE JV, CUANDO 

EL PROPIO TPI DETERMINÓ QUE DICHA COMUNICACIÓN 

NO ACTIVA LOS TÉRMINOS DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 

2.007 DE LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS, PORQUE 

NO CONSTITUYE UNA DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD.

CUARTO ERROR:

ERRÓ EL TPI AL LEGISLAR JUDICIALMENTE UN PERIODO 

DE PRESCRIPCIÓN SOBRE EL COBRO DE ARBITRIOS DE 

CONSTRUCCIÓN QUE NO SURGE DE LA LEY DE 

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.

Por su parte, el 8 de abril de 2024, Joint Venture también presentó 

un recurso de apelación, alzando los errores que siguen:

PRIMER ERROR:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE SAN JUAN, AL NO DETERMINAR QUE LA 

ORDENANZA NÚMERO 25, SERIE 2010-2011 APROBADA POR 

EL MUNICIPIO PARA LA IMPOSICIÓN DE ARBITRIOS DE 

CONSTRUCCIÓN ES ULTRA VIRES Y NULA ELLO A PESAR 

DE HABER RESUELTO QUE EL MUNICIPIO EXCEDIÓ LA 

FACULTAD DELEGADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL 

CONVERTIR EN TRIBUTABLE TODO TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN QUE SE LLEVE A CABO 

EN EL MUNICIPIO.

SEGUNDO ERROR:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE SAN JUAN AL RESOLVER EN LA SENTENCIA 

APELADA QUE LOS TRABAJOS QUE LLEVÓ ACABO [SIC] JV 

EN EL MUNICIPIO CONSTITUYEN UNA ACTIVIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN Y ESTÁN SUJETOS AL PAGO DE 

ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A PESAR DE QUE CARECÍA 

DE JURISDICCIÓN PARA ENTRAR A LOS MÉRITOS DEL 

CASO YA QUE RESOLVIÓ QUE EL MUNICIPIO NOTIFICÓ A 

JV DE LA DEFICIENCIA CONTRIBUTIVA LUEGO DE 

VENCIDOS LOS 15 DÍAS IMPRORROGABLES QUE DISPONE 
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15

PARA ELLO EL ART. 2.007 (B) DE LA LEY DE MUNICIPIOS 

AUTONOMOS[.]

TERCER ERROR:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMER INSTANCIA, 

SALA DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE LOS TRABAJOS 

DE NATURALEZA TEMPORERA REALIZADOS POR JV EN EL 

MUNICIPIO DE FAJARDO BAJO EL PROGRAMA “TU HOGAR 

RENACE” CONSTITUYEN “ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN” 

TRIBUTABLES PARA FINES DE ARBITRIOS DE 

CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DEFINIDO EN LA LEY DE 

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.

El mismo día, el Dpto. de la Vivienda presentó su recurso de

apelación, con lo siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ADJUDICAR LOS M[É]RITOS DE LA DEMANDA, A PESAR DE 

HABER DETERMINADO QUE LA NOTIFICACIÓN DE 

DEFICIENCIA HECHA POR EL MUNICIPIO ERA 

IMPROCEDENTE POR HABER EXCEDIDO EL T[É]RMINO 

“IMPRORROGABLE” DISPUESTO POR LA LEY DE 

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.

SEGUNDO ERROR:

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONSIDERAR LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO EL PROGRAMA TU HOGAR 

RENACE, NI LAS DISPOSICIONES EXPRESAS DE LA 

SECCIÓN 403 DE LA LEY STAFFORD QUE CREÓ DICHO 

PROGRAMA.

TERCER ERROR:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESCARTAR EL SENTIDO LEGAL DE LA DEFINICIÓN DEL 

TÉRMINO “REPARACI[Ó]N” ADOPTADO POR ESTE PARA 

DETERMINAR QUE LOS TRABAJOS BAJO STEP 

CONSTITUYEN LAS REPARACIONES CONSIDERADAS 

COMO ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN BAJO LA LEY DE 

MUNICIPIOS AUTÓNOMOS.

Habiendo presentado las partes sus respectivos escritos en 

oposición a los correspondientes recursos de apelación, estamos en 

posición de resolver.

II. Exposición del derecho

A. Doctrina del campo ocupado
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16

Es norma generalizada que los tribunales estatales ostentan 

jurisdicción o autoridad para atender todo asunto al amparo de las leyes 

estatales, y jurisdicción concurrente con los foros federales para 

considerar asuntos que surjan al amparo de las leyes federales. Tafflin v. 

Levitt, 493 US 455, 458 (1990). No obstante, el Art. VI, cláusula 2, de la 

Constitución de los Estados Unidos, también conocida como la Cláusula 

de Supremacía, dispone que dicha Constitución y las leyes federales serán 

la ley suprema del país. US Const. Art. VI, cl. 2. De ahí se deriva que el 

Congreso tiene el poder de ocupar (“preempt”) o adelantarse a la ley 

estatal. Crosby v. Nat’l Foreign Trade Council, 530 US 363, 372 (2000). 

Específicamente, dicho postulado establece lo siguiente: 

The Constitution, and the Laws of the United States which 

shall be made in Pursuance thereof; [...] shall be the supreme 

Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound 

thereby, anything in the Constitution or Laws of any state to 

the Contrary not with-standing. Art. VI, Const. EE.UU., LPRA 

Tomo 1. 

Es de la citada disposición que surge la doctrina del campo ocupado. 

En virtud de esta, se evita que surjan conflictos regulatorios entre dos 

gobiernos, y se fomenta la uniformidad. Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, 

Inc., 197 DPR 5, 14 (2016). De conformidad, el Congreso de los Estados 

Unidos (el Congreso) puede ocupar el campo sobre un asunto federal y 

excluir la regulación local. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). La jurisdicción exclusiva del Gobierno federal, en 

los asuntos federales, puede surgir cuando expresamente lo haya 

dispuesto el Congreso o cuando la intención de la ley de privar de 

jurisdicción a los tribunales estatales sea clara. Mun. de Peñuelas v. 

Ecosystems, Inc., supra, págs. 14-15. Del mismo modo, el campo se ocupa 

cuando el interés o el propósito federal es tan dominante que no debe 

existir reglamentación estatal, o, cuando esta podría producir un resultado 
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17

incompatible con los objetivos federales en determinada área. (Énfasis 

provisto). Íd. 

B. La Ley de Municipios Autónomos4 y la facultad para imponer 

arbitrios de construcción

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deposita

la facultad de imponer contribuciones en la Asamblea Legislativa. En lo 

específico, allí se indica que “[e]l poder del Estado Libre Asociado para 

imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los 

municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y 

nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, 1 LPRA, 

pág. 420. Por ello, y en lo pertinente, aunque los municipios no ostentan 

un poder tributario inherente, “la Asamblea Legislativa mediante mandato 

claro y expreso puede delegar en [los municipios] la autoridad para 

imponer y cobrar contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos 

razonables dentro de sus límites territoriales y sobre materias no 

incompatibles con la tributación impuesta por el Estado”. Interior 

Developers, Inc. v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009); Café Rico, 

Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 553 (2001). Es decir, “los 

municipios no tienen un poder inherente, independiente del Estado, para 

imponer contribuciones”. ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, 200 

DPR 665, 675 (2018) citando a Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 

299 (2000); Ortiz v. Municipio San Juan, 167 DPR 609, 613 (2006).

El poder impositivo de los municipios quedó consignado en la Ley 

Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos o Ley Núm. 81-

1991). Esta ley tuvo como propósito principal otorgar a los municipios un 

mayor grado de autonomía fiscal y de gobierno propio para que pudieran 

4 Nos referimos a la derogada Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, en lugar del vigente 

Código de Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, pues era la ley vigente a la fecha en que fue 

suscrito el Contrato.
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18

atender cabalmente sus responsabilidades. Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4001 et seq. Como parte de la mencionada 

política pública, se le reconoció a todo municipio autonomía en el orden 

jurídico, económico y administrativo, lo que incluía la libre administración 

de sus bienes, disposición de sus ingresos y la forma de recaudarlos e 

invertirlos. Art. 1.006 (a) de la Ley Núm. 81, 21 LPRA Sec. 4004 (a). En 

consecuencia, la Ley de Municipios Autónomos otorgó la facultad a las 

entidades municipales de imponer y cobrar contribuciones o tributos, 

entre ellos, la de imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, 

arbitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas 

razonables, dentro de los límites territoriales del municipio a través de 

ordenanzas municipales. Art. 1.003 (cc) y 2.002 (d) de la Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA Sec. 4001 (cc) y 21 LPRA sec. 4052 (d). HBA Contractors v. 

Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 454 (2005).

A la luz de la normativa mencionada, en ECA Contractors v. Mun. de 

Mayagüez, supra, el Tribunal Supremo estableció que para que surgiera 

la obligación de pagar el arbitrio de construcción debían concurrir las 

siguientes circunstancias: (1) que hubiese una obra de construcción; (2) 

que se encuentre dentro de los límites territoriales del municipio, y (3) que 

esta fuera realizada por una persona natural o jurídica privada, o una 

persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o 

dependencia del gobierno central, municipal o federal. Interior Developers 

v. Mun. de San Juan, supra, pág. 705.

El Art. 1.003 (cc) de la Ley Núm. 81-1991 dispone que el arbitrio de 

construcción es una contribución municipal que debe ser impuesta por 

medio de una ordenanza municipal aprobada con dos terceras partes de 

la Asamblea Municipal, la cual recae sobre el derecho de llevar a cabo una 

actividad u obra de construcción dentro de los límites territoriales del 

municipio. 
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19

A tenor del citado artículo, el Municipio de Fajardo aprobó la 

Ordenanza 25, Serie 2010-2011 con el propósito de imponer y cobrar los 

derechos y arbitrios dentro de sus límites territoriales. En su sección 

tercera, se define allí actividades tributables como sigue:

Se imponen los arbitrios que más adelante se detallan por 

concepto de erecciones, construcciones, reconstrucciones, 

ampliaciones, alteraciones, reparaciones, demoliciones, 

remociones de materiales tóxicos y no tóxicos, relocalizaciones 

y mejoras de cualquier estructura o edificación, caminos, 

calles, carreteras y puentes, muelles, excavaciones, limpieza, 

dragado, canalización de ríos y quebradas, instalaciones de 

tuberías, cables, cable televisión y para cualquier instalación, 

movimiento de tierra, hincado de postes y pozos, instalaciones 

de antenas para uso comercial, proyectos de infraestructura 

y cualquier otra obra o proyecto no contemplado en esta 

Ordenanza dentro de los límites territoriales del Municipio.

Ahora bien, el Art. 1.003 (dd) de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, define actividad de construcción como sigue:

[s]ignificará el acto o actividad de construir, reconstruir, 

remodelar, reparar, remover, trasladar o relocalizar cualquier 

edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar 

naturaleza fija y permanente, pública o privada, realizada 

entre los límites territoriales de un municipio, y para la cual 

se requiera o no un permiso de construcción expedido por la 

Oficina de Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo 

que posea tal autoridad. Significará, además, la 

pavimentación o repavimentación, construcción o

reconstrucción de estacionamientos, puentes, calles, 

caminos, carreteras, aceras y encintados, tanto en propiedad 

pública como privada dentro de los límites territoriales de un 

municipio, y en las cuales ocurra [cualquier movimiento de 

tierra o en las cuales se incorpore] cualquier material 

compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la 

construcción de una superficie uniforme para el tránsito 

peatonal o vehicular. Incluye cualquier obra de excavación 

para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de 

cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o 

zanjas por donde discurrirán las tuberías o cablerías dentro 

de los límites territoriales de un municipio. Íd.

C. Sección 403 de la Ley Stafford

Tras una declaración de desastre por el Presidente de los Estados 

Unidos, el Stafford Act establece, en lo pertinente, lo siguiente:

Federal agencies may on the direction of the President, provide 

assistance essential to meeting immediate threats to life and 

property resulting from a major disaster, as follows:

....
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(3) Work and services to save lives and protect property

Performing on public or private lands or waters any work or 

services essential to saving lives and protecting and 

preserving property or public health and safety, including--

(A) debris removal;

(B) search and rescue, emergency medical care, 

emergency mass care, emergency shelter, and provision 

of food, water, medicine1 durable medical equipment, 

and other essential needs, including movement of 

supplies or persons;

(C) clearance of roads and construction of temporary 

bridges necessary to the performance of emergency 

tasks and essential community services;

(D) provision of temporary facilities for schools and 

other essential community services;

(E) demolition of unsafe structures which endanger the 

public;

(F) warning of further risks and hazards;

....

(1) General rule

During the immediate aftermath of an incident which may 

ultimately qualify for assistance under this subchapter or 

subchapter IV-A of this chapter, the Governor of the State in 

which such incident occurred may request the President to 

direct the Secretary of Defense to utilize the resources of the 

Department of Defense for the purpose of performing on 

public and private lands any emergency work which is made 

necessary by such incident and which is essential for the 

preservation of life and property. If the President determines 

that such work is essential for the preservation of life and 

property, the President shall grant such request to the extent 

the President determines practicable. Such emergency work 

may only be carried out for a period not to exceed 10 days.

42 USCA sec. 5170b.

D. Error Administrativo

Como regla general, un error administrativo es rectificable, puesto 

que no crea un estado de Derecho que obligue a un cuerpo administrativo. 

Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 345 (2013). Empero, esta norma no 

aplica automáticamente ante su mera invocación. Íd. Más bien, para que 

aplique esta doctrina, la entidad debe actuar de forma incorrecta, ilegal o 

ultra vires. Íd; Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 95 (2006). Una 

actuación nula es inexistente, por lo tanto, no genera consecuencia 

jurídica alguna. Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 225, 239

(2001). De lo que se sigue que nadie puede ampararse en una actuación 
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administrativa incorrecta o ilegal. Junta de Licenciamiento y Disciplina 

Medica v. Cabral Jiménez, 201 DPR 157, 169 (2018).

E. Orden Administrativa OGPE-2017-07 y OGPE-2018-01

La OGPe emitió la Orden Administrativa 2017-07 intitulada, Para 

Eximir del Trámite Ordinario de Permisos de Construcción y Urbanización y 

el Pago de Derechos a Ciertas Actividades Esenciales Afectadas por el 

Huracán María con el Fin de Realizar Trabajos de Construcción el 6 de 

octubre de 2017.5 En lo pertinente, en su Sección primera estableció que:

[s]e exime del trámite ordinario los permisos de construcción 

o urbanización a presentarse ante la OGPe o Municipios 

Autónomos que cuenten con un convenio de transferencia de 

facultades delegando jerarquías conforme a las disposiciones 

de la Ley 81-1991, supra, como paso previo a efectuar 

cualquier obra de reconstrucción, reparación o reposición 

para restablecer la infraestructura de Puerto Rico y aliviar las 

necesidades básicas de la población. OGPE-2017-07.

Luego, el 4 de enero de 2018, la OGPe también expidió la Orden 

Administrativa OGPE-2018-01; Para Aclarar los Trámites Sobre los Cuales 

el Departamento de la Vivienda Está Exento de Permisos de Construcción 

para Llevar a Cabo Mejoras que Permitan el Uso de Residencias 

Unifamiliares como Refugios Bajo el Programa “Sheltering and Temporary 

Essential Power” (STEP) de FEMA para Personas Deplazadas de sus 

Hogares por el Huracán María. De la referida Orden Administrativa se 

desprende lo siguiente:

PRIMERO: Los proyectos a cargo del Departamento de 

la Vivienda para llevar a cabo mejoras que permitan el 

uso de residencias unifamiliares como refugios por sus 

dueños, estarán limitadas a reparaciones menores 

según definidas por FEMA acorde con la política 

adoptada por dicha agencia federal para el programa 

“STEP”.

SEGUNDO: Conforme dispuesto en el Reglamento 

Conjunto, las siguientes obras no se consideran obras 

de construcción y no requerirán un permiso de 

construcción, siempre y cuando no formen parte de otra 

obra o desarrollo mayor:

1. Pintura de Edificios o estructuras existentes.

2. Sellado de techos.

5 Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, págs. 584-588. 
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3. Trabajos de jardinería.

4. Relleno de grietas, salideros y goteras en el edifico 

[sic] o estructura.

5. Enlucido (empañetado) de obras de hormigón 

existentes.

6. Instalación o cambio de losetas de piso, azulejos,

cerámica o cualquier otra terminación de piso o 

pared.

.... OGPE-2018-01.

Similarmente, la Sección tercera de la Orden reseñada continúa con 

un listado de reparaciones y construcciones menores o sustituciones 

sencillas eximidas de solicitar un permiso de construcción.6

III. Aplicación del derecho a los hechos

a.

Se ha planteado una controversia referente a la alegada ocupación 

del campo por una ley federal, por lo cual nos compete interpretar el 

articulado pertinente de la Ley Núm. 81-1991. Ya hemos advertido que, si 

una ley estatal contraviene una ley federal, la primera será nula. Lilly del 

Caribe v. Mun. de Carolina, 210 DPR 306, 318-319 (2022). En específico, 

iniciamos nuestra aplicación del derecho abordando la interrogante sobre 

si imponer arbitrios de construcción a los actos de reparar las residencias 

elegibles bajo el programa STEP, produce un resultado incompatible con 

los objetivos federales de la Sección 403 de la Ley Stafford, 42 USCA Sec. 

5170b, bajo los cuales están autorizados.

Es el Dpto. de la Vivienda que ha promovido la teoría de que aquí 

interviene la doctrina del campo ocupado, aduciendo que las tareas, 

medidas y trabajos de emergencia realizados bajo el Programa STEP no 

constituyen actividad de construcción, según esta es definida por la Ley 

Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4001 et seq. Sujeta tal aseveración al 

razonamiento de que la definición del término reparación resulta 

incompatible con los objetivos y disposiciones de la Ley Stafford, 42 USCA 

6 Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, págs. 589-593.
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Sec. 5121 et seq. Es decir, aparenta que la teoría legal que sugiere el Dpto. 

de Hacienda sobre este asunto descansa no en la afirmación de que el 

Congreso expresamente dispusiera privar de jurisdicción a los estados 

sobre legislar en este tema, sino que el campo ocupado resulta de que 

interpretar según lo hizo el Municipio produciría un resultado 

incompatible con la legislación federal.

Contrario a ello, adelantamos, juzgamos que la provisión de

asistencia por el gobierno federal a los estados y gobiernos locales a través 

de la referida legislación, no resulta incompatible con el poder tributario 

delegado a los municipios bajo la Ley Núm. 81-1991. Según veremos, como

parte de dicha asistencia federal, uno de los actos esenciales que se deben 

ejecutar con la mayor premura es estabilizar o neutralizar la situación de 

peligrosidad al reparar las residencias ubicadas en las zonas de desastre.

Para suplementar su alegación, el Dpto. de la Vivienda añade que 

“es un hecho incuestionable” que “STEP no constituye un programa de 

reparación”. Esta interpretación surge del siguiente fragmento tomado de

la guía para implementar el programa piloto STEP:

UNDER STEP, FEMA provides funding for basic, minimal 

work to survivors to shelter in-place for an extended period. 

The Stafford Act Section 403 is not a repair program, but 

an authority to provide emergency assistance for life 

sustaining and public health and safety needs for 

emergency sheltering, homes that cannot be made safe for 

sheltering with this minimal work are not eligible for STEP. 

STEP assistance is an emergency protective measure

provided under Section 403 of the Stafford Act to support 

efforts to save lives and protect public health and safety, 

including the provision of emergency sheltering; therefore, 

STEP emergency protective measures do not affect a FEMA 

IHP applicant’s eligibility for repair, replacement, or 

permanent or semipermanent housing construction 

assistance, if approved, under Section 408 of the Stafford Act 

and its implementing regulations. Sheltering and Temporary 

Essential Power (STEP) Pilot Program for FEMA-4336-DR-PR 

and FEMA-4339-DR-PR, FEMA, October 25, 2017. Véase

Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, 

págs. 330-338. (Énfasis provisto).
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24

De una lectura integrada del referido texto, junto a las múltiples 

menciones de los actos de reparación incluidos en la guía de 

implementación del programa STEP, concluimos que el propósito de la 

frase “[t]he Stafford Act Section 403 is not a repair program” es distinguir 

aquellas reparaciones comprensivas de las reparaciones mínimas que, 

como medidas protectoras, son necesarias para que las residencias 

afectadas sean habitables. Esto es, dado que el propósito de STEP se limita 

a proveer asistencia de emergencia, quedan excluidas del programa 

aquellas residencias que no pueden permanecer seguras y proveer 

refugio con reparaciones mínimas, pero, por oposición, sí quedan 

incluidas las residencias que pueden permanecer seguras y proveer 

refugio con reparaciones mínimas.

Joint Venture y el Dpto. de la Vivienda parecen estar de acuerdo con 

esta interpretación, puesto que en la sección de Background and Purpose 

of Request for Proposal del requerimiento de propuestas, la cual se repite 

en la sección de Description of STEP, se reconoce que se trata de un 

programa de reparación no comprensivo debido a que no resultará en la 

reparación total de las residencias.7

Paralelamente, nuestra interpretación encuentra aval en la fuente 

citada por el mismo Dpto. de Vivienda: el reporte del Inspector General del 

Departamento de Homeland Security intitulado FEMA’s Sheltering and 

Temporary Essential Power Pilot Program, OIG-13-15. FEMA’s Sheltering 

and Temporary Essential Power Pilot Program OIG-13-15, US Department 

of Homeland Security, Office of Inspector General, December 2012. El 

referido reporte describe el objetivo del programa STEP como sigue: 

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

established the Sheltering and Temporary Essential Power 

(STEP) pilot program, enabling residents to return to or 

remain in their homes as a form of shelter while permanent 

7 Véase Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, págs. 196-234. 

(Específicamente, en la página 202 se establece que “STEP is not a comprehensive repair 

program and will not result in the complete restoration of the dwelling unit”).
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25

repairs are completed. This program will reduce the number 

of people in shelters or in the Transitional Shelter Assistance 

Program.

....

Section 403 of the Stafford Act authorizes FEMA to take 

emergency protective measures to save lives and property 

(Category B), as part of its public assistance program. The 

purpose of the STEP pilot program is “to assist State, local, 

and Tribal governments in performing work and services 

essential to saving lives, protecting public health and safety, 

and protecting property.” FEMA intends STEP to provide 

essential power and repairs to affected residences, thereby 

reducing the demand for other shelter options and allowing 

people to return to or remain in their homes. Íd., págs. 2-3

(Énfasis suplido).

De aquí que la intención de FEMA al implementar el programa piloto 

STEP era que proporcionara reparaciones esenciales a las residencias 

afectadas para que las personas pudieran permanecer en sus hogares. 

Lo anterior, unido a que, como expondremos más adelante, la Ley 

Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4001 et seq., faculta a los municipios a

imponer arbitrios de construcción sobre reparaciones,

independientemente de la naturaleza temporera o permanente de 

estas, nos conduce a sostener que tal legislación estatal no resulta

incompatible con los objetivos de STEP. De ello se sigue que el Municipio 

no esté vedado de imponer arbitrios de construcción a las reparaciones de 

las residencias elegibles bajo el programa STEP que estén ubicadas dentro 

de su demarcación territorial. 

Entonces, atendiendo el argumento según el cual “la sección 403 no 

contiene lenguaje que permita la ejecución de reparaciones”, solo baste

decir que el contenido amplio y no taxativo de la Sección 403 de la Ley 

Stafford, 42 USCA Sec. 5170b (a) (3), provee para que se puedan realizar 

trabajos para proteger la propiedad, lo que incluye los actos de 

reparaciones temporeras autorizados por STEP.

8

8 En lo pertinente, la Sección 403 de la Ley Stafford, 42 USCA Sec. 5170b (a) (3), bajo la 

cual fue autorizada el programa STEP, implementado en Puerto Rico bajo el nombre Tu 

Hogar Renace, lee como sigue:
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26

Similarmente, Joint Venture y el Dpto. de la Vivienda alegan que el 

programa STEP no constituye un programa de reparación, porque los 

trabajos autorizados bajo este se limitaron a poner en condición estable 

las residencias elegibles. Dicho argumento se cimenta en que la definición 

de actividad de construcción del Artículo 1.003 (dd) de la Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA Sec. 4001, distingue las reparaciones temporeras de las 

“fijas y permanentes”, de manera que, según esta teoría, las primeras 

quedan excluidas del pago de arbitrios de construcción. 

Sin embargo, tal como acertadamente puntualizara el TPI en la 

Sentencia apelada, resulta inconsecuente para determinar si constituye o 

no una actividad de construcción que las reparaciones ejecutadas en el 

Municipio sean de naturaleza temporera o permanente, pues “del texto del 

referido Artículo 1.003 (dd) surge claramente que la frase ‘de similar 

naturaleza fija y permanente’ se refiere a la naturaleza de la estructura 

donde se lleva a cabo la reparación, y no a la naturaleza y/o extensión 

de la reparación”.9 En el Art. 1.003 (dd) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA 

Sec. 4001, se define como actividad de construcción las siguientes 

(a) In general

Federal agencies may on the direction of the President, provide assistance essential to 

meeting immediate threats to life and property resulting from a major disaster, as 

follows:

....

(3) Work and services to save lives and protect property

Performing on public or private lands or waters any work or services essential to saving 

lives and protecting and preserving property or public health and safety, including--

....

(B) search and rescue, emergency medical care, emergency mass care, emergency shelter, 

and provision of food, water, medicine1 durable medical equipment, and other essential 

needs, including movement of supplies or persons;

(C) clearance of roads and construction of temporary bridges necessary to the 

performance of emergency tasks and essential community services;

(D) provision of temporary facilities for schools and other essential community services;

(E) demolition of unsafe structures which endanger the public;

(F) warning of further risks and hazards;

....

(I) reduction of immediate threats to life, property, and public health and safety; and

... Íd. (Énfasis suplido).

9 El Artículo 1.003 (dd) de la Ley Núm. 81-1991 define “Actividad de construcción” como

“el acto o actividad de construir, reconstruir, remodelar, reparar, remover, trasladar o 

relocalizar cualquier edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar 

naturaleza fija y permanente, pública o privada, realizada entre los límites territoriales 

de un municipio....” (Énfasis nuestro).
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acciones: construir, reconstruir, remodelar, reparar, remover, trasladar o 

relocalizar; a ello le sigue el objeto de dicha acción, el cual puede ser 

cualquier edificación, obra, estructura, casa o construcción de similar 

naturaleza fija y permanente. Entonces, aunque las obras autorizadas bajo 

el programa STEP eran reparaciones temporeras, dado que el citado Art. 

1.003 no las distingue de aquellas permanentes, ambas constituyen 

actividad de construcción para fines de la imposición el arbitrio de 

construcción municipal. 

Lo anterior también dispone del primer error planteado por Joint 

Venture en referencia a que el Tribunal de Primera Instancia no 

determinara que la Ordenanza Número 25, Serie 2010-2011,

10 aprobada 

por el Municipio de Fajardo para la imposición de arbitrios de 

construcción, fuera nula, al Municipio exceder la facultad delegada y

convertir en tributable todo tipo de construcción o reparación que se lleve a 

cabo en su demarcación territorial. 

Según es sabido, la validez de una ordenanza municipal está 

condicionada a que sea compatible con la legislación estatal. Lopez Fed. 

Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75, 88 (1988). En este caso, 

la Sección tercera de la Ordenanza Número 25, Serie 2010-2011,11 debe 

armonizarse con el Art. 1.003 (dd) la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 

10 Fajardo, Ordenanza para imponer y cobrar derechos, arbitrios o tarifas dentro de los 

límites territoriales del Municipio de Fajardo, por concepto de todo tipo de construcción, 

reconstrucciones, relocalizaciones, mejoras, instalaciones, cualquier tipo de obra o 

infraestructura sea en propiedad privada o pública con fines personales, comerciales o 

industriales, en carretera estatal, camino o calle municipal, aéreo, sobre o debajo del 

suelo o subsuelo; y derogar las Ordenanzas Número 6, Serie 2003-2004, Número 11, 

Serie 2005-2006, Número 20, Serie 2009-2010 y cualesquiera otras ordenanzas 

anteriores que sean incompatibles con la presente, Ord. Núm. 25, Serie 2010-2011 (7 de 

diciembre de 2010).

11 Fajardo, Ordenanza para imponer y cobrar derechos, arbitrios o tarifas dentro de los 

límites territoriales del Municipio de Fajardo, por concepto de todo tipo de construcción, 

reconstrucciones, relocalizaciones, mejoras, instalaciones, cualquier tipo de obra o 

infraestructura sea en propiedad privada o pública con fines personales, comerciales o 

industriales, en carretera estatal, camino o calle municipal, aéreo, sobre o debajo del 

suelo o subsuelo; y derogar las Ordenanzas Número 6, Serie 2003-2004, Número 11, 

Serie 2005-2006, Número 20, Serie 2009-2010 y cualesquiera otras ordenanzas 

anteriores que sean incompatibles con la presente, Ord. Núm. 25 Sección 3ra, Serie 2010-

2011 (7 de diciembre de 2010).
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4001. Al compararlas, vemos que la Ordenanza citada incluye como 

actividad tributable, sin distinguir en cuanto a su naturaleza, las 

reparaciones. Esto es cónsono con el asunto antes resuelto de que son 

objeto de arbitrios de construcción las reparaciones temporeras o 

permanentes dentro de los límites territoriales de los municipios. 

Entonces, para delimitar el poder tributario de los municipios bajo estas 

circunstancias, hace falta una lectura integrada de ambos estatutos. Ante 

el silencio de la Ordenanza Número 25, Serie 2010-2011, concluimos que 

la facultad de los municipios de imponer arbitrios de construcción sigue 

estando limitada a aquellas estructuras de “naturaleza fija y permanente”, 

en tanto requiere mantener su compatibilidad con la legislación que 

pretendió instrumentalizar.

En cualquier caso, lo anterior no tiene efecto sobre la interrogante 

medular a ser dilucidada, por lo que no acogemos el intento de Joint 

Venture de eximirse de su obligación contributiva al reclamar una omisión

que es inconsecuente para la presente controversia. Afirmamos esto pues

lo que se nos plantea, con precisión, es la presunta exclusión del poder 

tributario del Municipio sobre las reparaciones temporeras autorizadas 

bajo STEP o THR. Como ya discutimos, no son las reparaciones las que 

deben ser de naturaleza fija o permanente, sino las estructuras objeto de 

las reparaciones. Entonces, dado que en el presente caso no se cuestiona

la validez de la Ordenanza citada por imponer un arbitrio de construcción 

sobre las reparaciones realizadas en estructuras que no sea de naturaleza

fija y permanente, concluimos que el primer error formulado por Joint 

Venture tampoco fue cometido.

Como queda visto por lo discutido hasta aquí, nos encontramos en 

completa armonía con el razonamiento expuesto por el TPI que lo llevó a 

concluir que las reparaciones efectuadas por Joint Venture constituyen el 

tipo de actividad de construcción sobre las cuales la Asamblea Legislativa 
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facultó a los municipios a cobrar arbitrios de construcción. A lo que 

añadimos que el Municipio sí estaba habilitado por la Ley Núm. 81-1991

para imponer el referido arbitrio de construcción, sin impedimento legal 

ulterior, puesto que el campo no estaba ocupado por legislación o 

reglamentación federal que lo impidiera.

b.

La próxima controversia planteada nos requiere abordar 

interrogantes relativas al término con el cual el Municipio contaba para

notificar la deficiencia contributiva a Joint Venture, según este es

establecido por el Art. 2.007 (b) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 

4057. Ello también supone verificar las obligaciones del responsable de 

llevar a cabo la obra (Joint Venture) al momento de presentar una 

declaración de actividad que activara el inicio de término para que el 

Municipio le notificara la deficiencia contributiva.

Sobre la anterior, el foro primario concluyó que, al notificar la 

deficiencia contributiva el 31 de enero de 2020, el Municipio faltó a la 

obligación impuesta por el Artículo 2.007 (b) de la Ley Núm. 81-1991, 21 

LPRA Sec. 4057, de llevar a cabo tal ejercicio dentro del término 

improrrogable de quince (15) días. Por lo cual, razonó que el

incumplimiento del Municipio con el término de notificación aludido tornó 

en inadecuada e inválida la deficiencia contributiva notificada a Joint 

Venture, relevándolo del pago de arbitrios de construcción. No 

coincidimos.

Como adelantamos, el Art. 2.007 de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA 

Sec. 4057, contiene las directrices que gobiernan el trámite por el cual el 

Municipio requiere el pago de arbitrios de construcción a la persona que 

lleva a cabo la obra como dueño o su representante, en nuestro caso, Joint 

Venture. En ese contexto, surge como obligación inicial de la persona que 

lleva a cabo la obra, la de presentar ante la Oficina de Finanzas del 
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municipio una declaración de actividad; detallada por renglón, que 

describa los costos totales de la obra a realizarse. Es la correcta 

radicación de dicha declaración, en el que su contenido se ajuste los 

elementos resaltados, la que activa el deber del Director de Finanzas del 

Municipio, o de su representante autorizado, de revisar el valor estimado 

de la obra declarado por el contribuyente. Art. 2.007 (a)(b) de la Ley 

Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4057. Además, debe informar su decisión 

mediante correo certificado con acuse de recibo o entrega al solicitante, 

antes de quince (15) días después de radicada la declaración de 

actividad. Art. 2.007 (b) de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4057.

Reiteramos, el cumplimiento con el requisito de presentar la 

declaración de actividad ante la Oficina de Finanzas es la condición 

necesaria para que el Director de Finanzas proceda a aceptar o rechazar 

el valor de la obra estimada, en este caso, por Joint Venture. Sobre esto, 

véase a modo persuasivo, Carro & Carro Enterprises, Inc. v. Municipio de 

Las Marías, KLAN202400090, en la pág. 22, (21 de mayo de 2024).

Cónsono con lo referido, a partir del recibo de la declaración de 

actividad, el inciso (b) del Art. 2.007 (b) de la Ley Núm. 81-1991 le confiere 

al Director de Finanzas la facultad de escoger uno de dos cursos a seguir. 

El primero, aceptar el valor estimado de la obra y determinar el importe 

del arbitrio de construcción con base a este. El segundo, rechazar el valor 

estimado de la obra declarado por el contribuyente. Este último curso le 

impone la obligación de estimar preliminarmente el valor de la obra antes 

de imponer el arbitrio, dentro del término improrrogable de quince (15) 

días contados a partir de la radicación de la declaración por el 

contribuyente. Finalmente, la determinación preliminar debe ser 

notificada al contribuyente por correo certificado con acuse de recibo o 

personalmente con acuse de recibo. 
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Es decir, la obligación que impone al Municipio el Art. 2.007 de la 

Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4057, es la de rechazar el valor de la 

obra que surge de la declaración de actividad sometida por el 

contribuyente dentro del término improrrogable de 15 días. No obstante, 

nótese que la legislación citada no impone un término al Municipio en el 

que tuviera que considerar, admitir o rechazar el argumento que Joint 

Venture incluyó en la comunicación de 26 de febrero de 2018, en el que 

afirmó que por disposición del Contrato suscrito con el Dpto. de Vivienda 

estaba exento de los arbitrios de construcción y de los permisos de OGPe. 

Sobre lo mismo, para rechazar la posición del contribuyente sobre 

si estaba o no obligado a pagar el arbitrio de construcción, la Ley Núm. 

81-1991, 21 LPRA Sec. 4001 et seq., no provee un término prescriptivo. 

Empero, ello no libera al Municipio de su obligación de cobrar sus 

acreencias, la cual surge, por ejemplo, del Art. 6.005 (j) de la Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA Sec. 4255. Según este artículo citado, se le impone la 

obligación continua a la Unidad Administrativa de Finanzas de los 

municipios de identificar y certificar las cuentas por cobrar. Además, el 

mismo estatuto establece que para declarar una cuenta incobrable, el 

municipio debe llevar a cabo acciones afirmativas de cobro y tener al 

menos cinco (5) años de vencida. Íd.

Entonces, para dilucidar el asunto medular sobre si la presunta 

declaración de actividad instada por Joint Venture cumplió con los 

requerimientos legales para activar los términos que corren en contra del 

Municipio, debemos evaluar el contenido de la carta que el primero enviara

el 26 de febrero de 2018, y su posterior declaración jurada del 3 de octubre 

de 2019. Es decir, resulta necesario verificar con precisión lo que Joint 

Venture informó al Municipio a través de dichos documentos para ver si 

cabía considerarlos como una declaración de actividad, según esta es 

definida por ley.
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El Art. 2.007 de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4057, establece 

dos requisitos que debe cumplir una declaración de actividad: (1) que la 

actividad de construcción declarada se encuentre detallada por 

renglón12 y; (2) que describa los costos totales de la obra a realizarse. 

El propósito de estos requisitos es que el Director de Finanzas pueda 

evaluar las partidas tributables vis a vis las exentas, si las hay, para luego 

calcular la obligación contributiva resultante del costo total de la obra. De 

lo contrario, el omitir la declaración de actividad con tales requisitos, 

impide que el Municipio atienda las impugnaciones sobre partidas exentas 

de los arbitrios de construcción.

Aplicando esta normativa al caso ante nos, nos resulta evidente que

la carta del 26 de febrero de 2018, ni la declaración jurada del 3 de octubre 

de 2019 cumplieron con los requisitos enumerados en el párrafo que 

antecede, para considerarlas propiamente una declaración de actividad.

En la carta de 26 de febrero de 2018, no hay rastro alguno de una actividad 

de construcción que se encuentre detallada por renglón y menos aún se 

ofreció una descripción de los costos totales de la obra a realizarse. 

Claro, la falta de cumplimiento con los requisitos de una actividad de 

construcción resulta explicable a partir del hecho de que, a todas luces,

Joint Venture remitió tal carta con el convencimiento de haber sido librado 

del pago de arbitrios por causa del Contrato firmado con el Dpto. de 

Vivienda, a pesar de lo que manda la Ley Núm. 81-1991 al respecto. 

Simplemente, no fue la intención de Joint Venture cumplir con los 

requisitos de una declaración de actividad que juzgó no tenía que 

presentar. Tal cual acentuamos al enumerar los elementos que componen 

una declaración de actividad en el párrafo que antecede, resultaba 

indispensable en esta desglosar las partidas tributables por constituir 

12 Ejemplo: gastos incurridos por concepto de seguros, permisos, servicios legales, 

administración, transportación, y/o ganancias.
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actividades de construcción. Mas aún, no pasa desapercibido que la carta 

del 26 de febrero de 2018, cuyo objetivo expreso fue solicitar la patente 

provisional, no incluyó siquiera el costo total de la obra, aunque fuese 

uno estimado. Resulta inescapable la conclusión de que la carta 26 de 

febrero de 2018 bajo discusión no proveyó ni los elementos mínimos 

necesarios para poder considerarse como una declaración de actividad, de 

modo que incidió el TPI al atribuirle tal comunicación los efectos que causa 

la presentación de una declaración de actividad, en términos del tiempo 

que tiene el Municipio para hacer la reclamación de los arbitrios 

correspondientes.

Igual suerte corre el análisis sobre la declaración jurada de 3 de 

octubre de 2019, que carece de la declaración de actividad detallada por 

renglón, ni una descripción de los costos totales de la obra a realizarse.

A pesar de lo anterior, advertimos, el Municipio calculó el costo total 

de la obra realizada por Joint Venture, por $16,449,330.61, a partir del 

valor certificado por el Dpto. de la Vivienda incluido en la declaración 

jurada del 3 de octubre de 2019.13 Sin embargo, toda vez que, por lo 

explicado, esta no es una declaración de actividad, según exigida por el 

Art. 2.007 de la Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA Sec. 4057, que activara el 

procedimiento para imponer el arbitrio de construcción correspondiente,

incurrió en un error administrativo el Municipio al así actuar. Como es 

sabido, “[u]n error administrativo no crea un estado de derecho que 

obligue a una agencia ni impida su corrección”. Junta de Licenciamiento y 

Disciplina Medica v. Cabral Jimenez, 201 DPR 157, 1169 (2018). Por lo 

tanto, “[n]inguna persona puede ampararse en una actuación 

administrativa incorrecta o ilegal”. Íd.

En consecuencia, determinamos que Joint Venture no presentó la 

declaración de actividad requerida por el por el Art. 2.007 de la Ley Núm. 

13 Apéndice del recurso de Apelación del Municipio de Fajardo, págs. 278-280.
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81-1991, 21 LPRA Sec. 4057, en tanto la documentación presentada 

incumplió con los requisitos legales para que se le considerara como tal. 

De esto se deriva que no se activó la obligación del Director de Finanzas 

del Municipio, o su representante autorizado, de aceptar o rechazar el 

valor de la obra estimado. A su vez, ello acarreó que tampoco se activara 

el término improrrogable de quince (15) días para que estimara 

preliminarmente el valor de la obra a los fines de imponer el arbitrio de 

construcción correspondiente, de haber rechazado lo declarado por el 

contribuyente. 

Por último, valga señalar que la Orden Administrativa OGPe 2018-

01 solo exime a Joint Venture de su obligación de solicitar y obtener un 

permiso de construcción, mas no le releva de su obligación en ley de pagar 

los arbitrios de construcción. Ante el hecho de que desde la Ley Núm. 130 

del 17 de julio de 1998, la cual enmendó el Art. 2.002 de la Ley Núm. 81-

1991, 21 LPRA Sec. 4052, la intención legislativa fue incluir como 

tributables las obras que no requieran la solicitud o expedición de 

permisos de construcción, tuvo razón el TPI al así haber decido. Exposición 

de Motivos, Ley Núm. 130 del 17 de julio de 1998, 98 LPR Sec. 130; Véase,

Río Construction Corp. v. Municipio de Carolina, 153 DPR 615 (2001). 

A falta de una ley o reglamentación federal que ocupara el campo de 

la facultad tributaria reconocida al Municipio a través de la Ley Núm. 81-

1991, según aquí discutida, las obligaciones contraídas por Joint Venture 

y el Dpto. de la Vivienda a través del Contrato no podían resultar contrarias 

a dicha legislación estatal. Dichas partes contratantes tampoco podían, a 

través de un contrato privado, auto eximirse del pago de los arbitrios de 

construcción correspondientes al Municipio, pues resultaba contrario a la 

Ley Núm. 81-1991, y afectaba a un tercero que no intervino en tal 

contratación.
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VI. Parte Dispositiva

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia apelada, 

en los términos explicados. Se refiere el caso a la Agencia Administrativa 

para que se continúen los procedimientos ya iniciados.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones