Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JOSÉ CARLOS ROMÁN 

RODRÍGUEZ

Recurrente 

V.

VILLA VICTORIA AUTO, 

INC. CARIBE FEDERAL 

CREDIT UNION

Recurridos

KLRA202400154 

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor

Caso Núm.:

SAN2022-0012506 

Sobre: COMPRA 

VENTA DE 

VEHÍCULOS DE 

MOTOR

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, el señor José Carlos Román Rodríguez 

(recurrente) por derecho propio mediante una solicitud de Revisión 

de Decisión Administrativa. Nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 29 de enero de 2024 por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante dicho dictamen, el DACo

ordenó el cierre y archivo de la Querella por el incumplimiento de la 

parte recurrente con la Orden emitida el 1 de diciembre de 2023. 

Sin necesidad de trámite ulterior y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, desestimamos el recurso de revisión 

judicial por falta de jurisdicción.

I.

El 27 de octubre de 2022, la parte recurrente presentó una 

Querella ante el DACo en contra de Villa Victoria Auto Sales, Inc. 

(Villa Victoria) y Caribe Federal Credit Union. A grandes rasgos, 

alegó que acudió al establecimiento de Villa Victoria en donde 

solicitó las reparaciones de su vehículo de motor RAM modelo 1500 
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Laramie 2016. Sin embargo, aseveró que el mecánico no logró 

explicarle cuáles piezas de su automóvil fueron reparadas. Destacó

que, al solicitar el JOB de la reparación realizada, Villa Victoria le 

indicó que no trabajaba ese tipo de documentación y que debía 

confiar en lo informado verbalmente por el mecánico. Sostuvo, 

además, que al salir del establecimiento notó que el vehículo 

presentaba aún desperfectos mecánicos. Puntualizó que intentó 

comunicarse con el departamento de servicio al cliente de Villa 

Victoria, sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos. 

En respuesta, Villa Victoria y Caribe Federal Credit Union 

presentaron sus Contestaciones a Querella. En vista de lo anterior, 

las partes fueron citadas por el DACo para realizar una inspección 

del vehículo en las instalaciones de Villa Victoria. 

Luego de una serie trámites procesales, el 1 de diciembre de 

2023, el DACo emitió una Orden en la cual requirió a las partes 

mantener respeto, deferencia y decoro en la presentación de sus 

escritos. Además, decretó que la parte recurrente cesara y desistiera 

del envío de correos electrónicos a funcionarios del DACo. A pesar 

del apercibimiento, el 3 de enero de 2024, la parte recurrente 

incumplió la Orden emitida por el DACo el 1 de diciembre de 2023, 

pues remitió nuevamente un correo electrónico al funcionario del 

DACo. Más adelante, el 9 de enero de 2024, la parte recurrente

quebrantó de nuevo la precitada orden al enviar al Juez 

Administrativo un correo electrónico. En consecuencia, el 29 de 

enero de 2024, el DACo emitió una Resolución en la cual ordenó el 

cierre y archivo de la Querella por el reiterado el incumplimiento de 

la parte recurrente con la Orden agencial.

En desacuerdo, el 15 de febrero de 2024, la parte recurrente 

presentó ante el DACo una Moción en Solicitud de Reconsideración a 

Desestimación de Querella. Evaluados sus argumentos, el 21 de 

febrero de 2024, el ente administrativo emitió una Resolución en 
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Reconsideración declarando No Ha Lugar la petición sometida por la 

parte recurrente. 

Inconforme aún, el 25 de marzo de 2024, el señor Román 

Rodríguez acudió ante nos mediante Revisión de Decisión 

Administrativa. En dicho escrito, señaló la comisión de los siguientes 

errores:

El DACO erró y actuó arbitrariamente al transferir el 

caso a la oficina regional de Caguas y designar al 

juez administrativo, Lcdo. Samuel González 

González.

El DACO erró al no recursar al juez administrativo 

por crear la apariencia de que se celebraría una 

inspección del vehículo cuando la evidencia apunta 

a que fue una convocatoria exparte con la aparente 

intención de que el querellante no acudiera y tener 

una razón para cerrar el caso. 

Presentado el recurso administrativo, el 10 de abril de 2024, 

la Secretaria de este Tribunal cursó al recurrente una Carta de 

Trámite Notificando Deficiencia en Escrito Presentado en el Tribunal 

de Apelaciones. Entre otras deficiencias, señaló que no incluyó en la 

portada la dirección de las partes conforme al reglamento del 

tribunal intermedio. 

Eventualmente, el 17 de abril de 2024, Caribe Federal Credit 

Union (CFCU) presentó una Moción de Desestimación. En esencia, 

argumentó que la parte recurrente no le notificó sobre la 

presentación del escrito de reconsideración ante la agencia. Por lo 

anterior, razonó que el 28 de febrero de 2024 la Resolución advino 

final y firme. De igual modo, adujo que tampoco le notificó 

adecuadamente en torno a la presentación del recurso de revisión

judicial. En particular, arguyó que no identificó el método mediante 

el cual notificó el escrito ni indicó quiénes fueron notificados. En 

vista de los anterior, planteó que el tribunal intermedio carece de 

jurisdicción y solicitó la desestimación del caso de epígrafe. 

Así las cosas, el 18 de abril de 2024, esta Curia emitió una 

Resolución en la cual ordenó al recurrente a subsanar las 
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deficiencias señaladas en la carta de la secretaría del foro apelativo. 

Consecutivamente, el 22 de abril de 2024, el señor Román Rodríguez 

sometió una Moción en Cumplimiento de Resolución acompañada de 

una portada cuyo contenido exhibe las aparentes direcciones de las 

partes y los correos electrónicos de los representantes legales de la 

entidad recurrida. 

Con posterioridad, este Tribunal atendió la Moción de 

Desestimación presentada por CFCU. Evaluada dicha solicitud, el 

25 de abril de 2024, emitimos una Resolución ordenando al 

recurrente a acreditar dentro del término de (5) días que notificó a 

la parte recurrida a tenor con la Regla 58 del Tribunal de 

Apelaciones. En respuesta, el recurrente sometió el 29 de abril de 

2024 una Moción en Réplica a Caribe Federal Credit Union, Inc. 

acompañada de evidencia documental. Aseguró que notificó la 

presentación del recurso apelativo a través de los correos 

electrónicos previamente utilizados por las partes en el proceso ante 

la agencia recurrida. 

El 2 de mayo de 2024, CFCU presentó un Escrito en Apoyo a 

Desestimación. Nuevamente señaló que la parte recurrente no ha 

notificado el recurso apelativo a los abogados de récord. Ante tales 

alegaciones, el 6 de mayo de 2024, el señor Román Rodríguez 

presentó una Moción en Réplica a Caribe Federal Credit Union Inc.,

con documentos adjuntados. En ésta, reiteró que notificó la 

presentación del recurso apelativo a través de los correos 

electrónicos que emplearon anteriormente los abogados para 

notificar las contestaciones a la querella administrativos. En esa 

misma fecha, presentó una Moción en Cumplimiento de la Resolución

del 25 de abril de 2024, en la cual replicó los argumentos antes 

reseñados. 
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II.

A. Jurisdicción en la esfera judicial

La jurisdicción es el poder o la autoridad que ostentamos para 

decidir un caso o controversia. Báez Figueroa v. Administración de 

Corrección, 209 DPR 288, 298 (2022). A esos efectos, debemos ser 

celosos guardianes de nuestra propia jurisdicción. Fideicomiso de 

Conservación de Puerto Rico v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

211 DPR 521, 530 (2023). Las cuestiones relativas a la jurisdicción 

son privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882

(2007).

Cabe destacar que, los entes adjudicativos no poseen 

discreción para asumir la jurisdicción en aquellas circunstancias en 

que no la tienen. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 165 

(2016). La falta de tal autoridad “no es susceptible de ser 

subsanada”. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.

En tales contextos, corresponde desestimar la reclamación sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

B. Reglamento del Tribunal de Apelaciones

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXI 

B, establece que las “reglas se interpretarán de modo que propicien 

un sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos 

de la ciudadanía”. No obstante, las normas sobre el 

perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones 

deben observarse rigurosamente y su cumplimiento no puede 

quedar al arbitrio de las partes o sus abogados. Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 (2013); Lugo Rodríguez v. Suárez 

Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005). La inobservancia de estas 

exigencias reglamentarias incide en la jurisdicción a nivel apelativo. 

Es decir, el incumplimiento de estas reglas “impide que el Tribunal 
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de Apelaciones pueda atender la controversia que se le presenta”. 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, supra, pág. 105.

C. La adecuada notificación a la parte contraria respecto al 

recurso apelativo presentado

Los requisitos de notificación no constituyen una mera 

formalidad procesal, sino que son parte integral del debido proceso 

de ley. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 551

(2017). La adecuada notificación es un imperativo, pues coloca a la 

parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). En vista de 

lo anterior, deben observarse rigurosamente las disposiciones 

reglamentarias respecto a la presentación de recurso en el foro 

apelativo. Véase Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

290 (2011).

A esos fines, la Regla 58(b)(1) del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXI B, dispone que la parte recurrente notificará el escrito 

de revisión debidamente sellado con la fecha y hora de su 

presentación a los abogados de récord del trámite administrativo o, 

en su defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario 

administrativo de cuyo dictamen se recurre, dentro del término para 

presentar el recurso, siendo éste un término de cumplimiento 

estricto.

De igual modo, la Regla 58(b)(2) del precitado cuerpo 

reglamentario ordena la notificación de recurso presentado 

mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa 

privada con acuse de recibo. 4 LPRA Ap. XXI B. Dicha regla añade 

que se podrán utilizar los métodos de correo ordinario, entrega 

persona, telefax o correo electrónico de conformidad a la Regla 13(B). 

4 LPRA Ap. XXI B.

En lo pertinente, la Regla 13(B)(2) del Tribunal de Apelaciones, 

supra, preceptúa las formalidades relacionadas con el 
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procedimiento de notificación mediante el sistema de correo 

electrónico:

La notificación mediante correo electrónico deberá 

hacerse a la dirección electrónica correspondiente de los 

abogados o abogadas que representen a las partes o al 

de la partes, de no estar representadas por abogado o 

abogada, cuando las partes a ser notificadas hubieren 

provisto al tribunal una dirección electrónica y así surja 

de los autos del caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia. 4 LPRA Ap. XXI B.

Según la Regla 13(B)(3) del Tribunal de Apelaciones, supra, 

cuando la notificación se efectúa por correo electrónico, será 

válida si no hubiere controversia sobre la fecha de la 

notificación ni sobre el hecho de haber sido recibida por su 

destinatario. (Énfasis nuestro). Efectuado el trámite discutido, la 

Regla 58(B)(4) del Tribunal de Apelaciones, supra, establece el 

procedimiento vinculado con la certificación de notificación: 

La parte recurrente certificará al Tribunal de 

Apelaciones en el escrito de revisión el método mediante 

el cual notificó o notificará a las partes, y el 

cumplimiento con el término dispuesto para ello.

La parte recurrente podrá certificar al tribunal en una 

moción suplementaria cualquier cambio en cuanto a la 

certificación original dentro de los tres días laborables 

siguientes al día de la presentación del escrito de 

revisión. El término aquí dispuesto será de 

cumplimiento estricto.

Cónsono con lo anterior, la Regla 12.1 de Tribunal de 

Apelaciones, supra, incorpora la normativa atinente a la 

interpretación de las disposiciones sobre notificación y forma: 

Las disposiciones sobre los requisitos de notificación a 

las partes y al Tribunal, y los de forma dispuestos en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 1996, en las 

Reglas de Procedimiento Civil, en las Reglas de 

Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, 

certiorari y de revisión judicial, deberán interpretarse 

de forma que se reduzcan al mínimo las 

desestimaciones de los recursos. Por causa 

debidamente justificada, el Tribunal de Apelaciones 

deberá proveer una oportunidad razonable para la

corrección de defectos de forma o de notificación 

que no afecten los derechos de las partes. (Énfasis 

nuestro). 
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En este procedimiento, “la fecha que el Tribunal de Apelaciones tiene 

que constatar es aquella en la que se hizo la notificación, no la fecha 

en que la otra parte la recibió”. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 

supra, pág. 560. 

D. El efecto interruptor de la reconsideración presentada ante 

el foro administrativo

La Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio 

de 2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9655, permite a la parte 

adversamente afectada por un dictamen administrativo, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración. Consecuentemente, la petición de reconsideración 

presentada ante la agencia interrumpe el término para solicitar la 

revisión judicial del dictamen administrativo. Hosp. Dr. Domínguez, 

Inc. v. Ryder, 161 DPR 341, 348 (2004). Ahora bien, el efecto 

interruptor de la solicitud de reconsideración no es automático. La 

interrupción “ocurrirá siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos de fondo expuestos en la regla”. Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy, supra, pág. 167. 

En lo concerniente, “unas de esas especificidades es el 

requisito de notificación”. Íd., pág. 168. Aunque la notificación 

dentro del término fijado para presentar la moción no es de carácter 

jurisdiccional, sí es de cumplimiento estricto. Febles v. Romar, 159 

DPR 714, 719 (2003). El requisito de adecuada notificación les

provee la oportunidad a las otras partes a expresarse y les alerta 

sobre la posibilidad de que el término jurisdiccional para presentar 

el recurso de revisión se interrumpa. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 

supra, pág. 169.
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III.

En el presente caso, el CFCU solicita la desestimación del 

recurso de revisión judicial, toda vez que el señor Román Rodríguez 

no le notificó respecto a su presentación ante el tribunal intermedio. 

Alega, además, que no recibió notificación sobre la presentación de 

la solicitud de reconsideración ante el DACo. En vista de ello, 

contiende que la reconsideración presentada no tuvo efecto 

interruptor sobre el término para recurrir al foro apelativo.

Luego de evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, resolvemos que carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso presentado. La parte recurrente quebrantó las 

disposiciones contenidas en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones respecto al perfeccionamiento de recursos. En 

específicos, determinamos que no notificó adecuadamente a la parte

recurrida en torno a la solicitud de Revisión de Decisión 

Administrativa presentada en su contra. 

A pesar de las múltiples oportunidades que le concedimos 

para corregir las deficiencias y responder a las alegaciones 

esbozadas por CFCU, el recurrente incumplió con el deber de 

notificación adecuada. Surge del expediente apelativo, que sometió 

una serie de mociones acompañadas de alegados documentos 

acreditativos de la notificación. Sin embargo, no establece que 

cumplió con dicha exigencia de conformidad con la Regla 58 del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Las mociones sometidas con los 

documentos adjuntos no ilustran las fechas indicativas a la 

notificación de la parte contraria. 

Tampoco presentó una certificación de cumplimiento de dicho 

requisito a tenor con la Regla 58(b)(4) del Tribunal de Apelaciones.

Meramente alude a que notificó al correo electrónico de los abogados 

de récord sobre la presentación del recurso apelativo. Sin embargo, 

destacamos que revisamos minuciosamente la documentación 
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sometida, y no alcanzamos a constatar que la parte contraria tenía 

conocimiento del proceso apelativo instado en su contra. De los 

documentos presentados no surge la fecha en que efectuó la 

notificación. De igual modo, no logramos acreditar que los 

representantes legales de CFCU recibieron la notificación 

directamente a los correo electrónicos previamente utilizados ante 

la agencia recurrida. 

Recordemos, pues, que la Regla 13(B)(3) del Tribunal de 

Apelaciones, supra, permite la notificación mediante el método de 

correo electrónico siempre y cuando no medie controversia sobre la 

fecha de la notificación ni sobre el hecho de haber sido recibida por 

su destinatario. En el caso de epígrafe, la inadecuada notificación 

ha generado una controversia de tal grado que nos priva de aceptar 

el razonamiento esgrimido por el recurrente. En vista de lo anterior, 

resolvemos que el presente recurso no se encuentra perfeccionado, 

y en efecto, no podemos acoger la solicitud de revisión judicial 

presentada. 

Por último, nos percatamos mediante las alegaciones de CFCU 

que estos tampoco recibieron notificación respecto a la solicitud de 

reconsideración presentada ante el organismo administrativo. Tras 

revisar el expediente apelativo, advertimos que no obra notificación 

en torno a la aludida solicitud. Ante tal escenario, determinamos 

que la reconsideración administrativa presentada sin debida 

notificación a la parte no tuvo el efecto de interrumpir el término 

para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, el 

dictamen agencial advino final y firme el 28 de febrero de 2024. Le 

correspondía al recurrente presentar y notificar su petición de 

Revisión de Decisión Administrativa dentro del término contado a 

partir de la notificación de la resolución agencial. 

A la luz del marco legal reseñado y la realidad fáctica 

detallada, nos vemos imposibilitados de ejercer nuestras facultades 
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revisoras. La ausencia de jurisdicción se ha configurado por la falta 

de notificación adecuada a la parte recurrida. Lo anterior conlleva 

la desestimación del recurso presente al amparo de la Regla 83(B)

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de apelación por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones