Número Identificador

RES2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

SUCN. JOSÉ SANTIAGO 

ÁLVAREZ

Apelante

V. 

JOSÉ LUIS ARROYO 

MEDINA

Apelado

KLAN202300907

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Humacao

Civil. Núm.

HU2022CV00106

Sobre:

SENTENCIA 

DECLARATORIA

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

El 12 de octubre de 2023, la sucesión del Sr. José Santiago 

Álvarez t/c/p José Santiago Del Valle compuesta por la Sra. Flor 

Santiago Molina, el Sr. José Luis Santiago Molina, la Sra. Carmen 

Lydia Santiago Molina, el Sr. Andrés Santiago Molina, el Sr. 

Cristóbal Santiago Molina y la Sra. Nilda Santiago Molina (sucesión 

Santiago Molina o parte peticionaria) comparecieron ante nos 

mediante un recurso de Apelación1 y solicitaron la revisión de una 

Sentencia que se emitió el 12 de septiembre de 2023 y se notificó el 

14 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria que presentó el Sr. 

José Luis Arroyo Medina (señor Arroyo Medina), su esposa, la Sra.

Brenda Sánchez Velázquez (señora Sánchez Velázquez) y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte 

1 Examinado el expediente del recurso y la sentencia apelada, advertimos que el 

dictamen recurrido no es final, por lo que acogemos la Apelación como un recurso 

de Certiorari por ser el recurso adecuado para la revisión de la determinación 

recurrida. Sin embargo, para fines administrativos, mantenemos la codificación 

alfanumérica que la Secretaría de este foro le asignó al caso.
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recurrida). En consecuencia, determinó que existía un contrato de 

compraventa válido entre las partes y ordenó a la parte peticionaria

a otorgar una escritura de ratificación de compraventa. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe. 

I.

El 1 de febrero de 2022, la sucesión Santiago Molina presentó 

una Demanda sobre sentencia declaratoria en contra de la parte 

recurrida; la sucesión del Sr. Mariano Santiago Del Valle compuesta 

por la Sra. Marilyn Santiago Vega y la sucesión de la Sra. Flora 

Santiago Álvarez compuesta por la Sra. Carmen Vega Santiago, el 

Sr. Juan A. Vega Santiago, la Sra. María M. Vega Santiago, la Sra. 

Wilma S. Vega Santiago y la Sra. Luz M. Vega Santiago.

2

En síntesis, alegaron que eran dueños en pleno dominio de

un predio de terreno ubicado en el municipio de Yabucoa, en 

conjunto con la sucesión del Sr. Mariano Santiago Del Valle y la 

sucesión de la Sra. Flora Santiago Álvarez. A su vez, argumentaron

que la Escritura Núm. 5 sobre Segregación, Adjudicación y 

Compraventa de Bienes Hereditarios3 que suscribió el Sr. José 

Santiago Álvarez, la Sra. Flora Santiago Álvarez y la Sra. Marilyn 

Santiago Vega, quien compareció en representación de su padre, el 

Sr. Mariano Santiago Del Valle, con la parte recurrida era nula.

De igual forma, indicaron que la Escritura Núm. 28 sobre 

Segregación, Adjudicación y Donación4 que suscribieron las mismas 

partes antes mencionadas era nula, debido a que adolecía de los 

mismos defectos que la Escritura Núm. 5. Por último, enfatizaron 

que, mediante dicha escritura, se le adjudicó el lote Núm. 5 a la 

parte recurrida, como una donación luego de que se efectuara la 

2

Íd., págs. 34-36. 

3

Íd., págs. 12-19. 

4

Íd., págs. 20-28. 
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compraventa de dicho lote en la Escritura Núm.5. Por todo lo 

anterior, sostuvieron que procedía que el TPI dictase sentencia 

declaratoria y declarase nulas ambas escrituras. 

Por su parte, el 15 de junio de 2022, la parte recurrida

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación de la Demanda.

5

En esencia, alegó que, la demanda no aducía hechos suficientes que 

constituyeran una reclamación válida. Adujo, además, que dictar 

sentencia declaratoria afectaría los derechos de las partes ya que se 

vería afectado la titularidad del predio de terrero al declarar nulas 

las Escrituras Núm. 5 y Núm. 28. En desacuerdo, el 21 de julio de 

2022, la parte peticionaria presentó su Oposición a Desestimación

en la cual reiteró los planteamientos de la Demanda.

6 Asimismo, 

señaló que el propósito del recurso era poner fin a la incertidumbre 

que originó el otorgamiento de ambas escrituras públicas.

Luego de examinar los argumentos presentados por las 

partes, el 27 de julio de 2022, el TPI emitió una Orden7 que se 

notificó al día siguiente, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación que presentó la parte recurrida.

8

Así las cosas, el 4 de agosto de 2022, la parte recurrida

presentó su Contestación a Demanda en la cual negó la mayoría de 

las alegaciones.9 A su vez, la parte recurrida presentó su

Reconvención en la cual alegó que acordó la compraventa del lote

Núm. 5 con la parte peticionaria por el precio de diez mil dólares 

(10,000.00). 10 Razonó, que la parte peticionaria estaba obligada a 

entregar el predio de terreno y a transferir el dominio según las 

5 Véase, págs. 37-43 del apéndice del recurso.

6

Íd., págs.44-46. 

7 Véase, entrada Núm. 40 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC). 

8 El 27 de julio de 2022, el TPI emitió una Orden que se notificó al día siguiente, 

en la cual anotó la rebeldía de Juan A. Vega Santiago, María Vega Santiago, Luz 

M. Vega Santiago y Marilyn Santiago Vega según se solicitó en la Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía del 21 de julio de 2022 que presentó la parte 

peticionaria. 

9 Véase, págs. 47-51 del apéndice del recurso.

10 Íd., págs. 49-51. 
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escrituras públicas que otorgaron. En virtud de lo anterior, solicitó 

daños a la parte peticionaria. 

Luego de examinar los argumentos presentados por las 

partes, el 7 de abril de 2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial11, 

que se notificó el 10 de abril de 2023, en la cual declaró nula la 

Escritura Núm. 5 y la Escritura Núm. 28 por incumplir con el Art.

21, 4 LPRA sec. 2039, el Art. 23, 4 LPRA sec. 2052, y el Art. 24, , 4 

LPRA sec. 2042, de la Ley Notarial y la Regla 32, 4 LPRA Ap. XXIV, 

la Regla 33, 4 LPRA Ap. XXIV, y la Regla 35, 4 LPRA Ap. XXIV del 

Reglamento Notarial.12 Asimismo, ordenó el archivo y notificación de 

la Sentencia Parcial conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap., R. 42.3. 

Posteriormente, el 22 de junio de 2023, la parte recurrida

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

13 En 

síntesis, alegó que aun cuando se decretó la nulidad de ambas 

escrituras, subsistía el contrato de compraventa en concepto de 

documento privado. Por tanto, señaló que el contrato que 

suscribieron era válido. En virtud de lo anterior, solicitó se declarase 

válido el contrato de compraventa y, se ordenase a la parte 

peticionaria a traspasar formalmente la finca. 

Por su parte, el 19 de julio de 2023, la parte peticionaria

presentó su Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

14

Arguyó que, se realizó un solo cheque por la suma de cinco mil 

dólares ($5,000.00) a nombre del notario Natividad Márquez Pérez y 

la Sra. Marilyn Santiago Vega, por lo que no se llevó a cabo el 

contrato de opción de compra. Asimismo, enfatizó que las escrituras

11 Íd., págs. 74-79. 

12 Íd., págs. 74-79. 

13 Íd., págs. 80-91. 

14 Íd., págs. 105-108. 
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eran un negocio simulado. Así pues, reiteró que al ser nulas la 

escrituras, era nulo el acto jurídico.15

Luego de examinar los argumentos esgrimidos por las partes, 

el 12 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia que se 

notificó el 14 de septiembre de 2023. En primer lugar, realizó las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. Don José Santiago del Valle, también conocido como 

José Santiago Álvarez, su hermana Flora Santiago 

Álvarez y su sobrina Marilyn Santiago Vega eran dueños 

en común proindiviso de la siguiente propiedad: 

“RÚSTICA: Predio de terreno ubicado en el Barrio Playa 

Guayanés, Sector Calambreñas del término municipal 

de Yabucoa, Puerto Rico, con una cabida aproximada 

de cuatro a cuatro y media cuerdas (4 a 4 1⁄2 cdas.), 

equivalentes a quince mil setecientos veintiún metros 

con sesenta centésimas de otro a diecisiete mil 

setecientos ochenta y seis con ocho décimas de otro 

(15,721.60 a 17,686.8), en lindes por el Norte, con 

Tomás Martínez; por el Sur, con la sucesión de Ernesto 

Carrasquillo; por el Este, con Antonio Roig y sucesores; 

por el Oeste, con Enrique Pérez. Transcurre por el 

mismo camino municipal que grava la propiedad”. 

2. El 16 de agosto de 2023, don José Santiago del Valle 

t/c/p José Santiago Álvarez y su sobrina Marilyn 

Santiago Vega otorgaron un Contrato de Opción a 

Compra de un solar de 1.4833 cuerdas, equivalentes a 

5,830.243 m2 a segregarse de la finca descrita con 

anterioridad a favor del demandado José Luis Arroyo 

Medina por la suma de diez mil dólares ($10,000.00). 

Según pactado, el señor Arroyo Medina pagaría la suma 

cinco mil dólares ($5,000.00) al momento de la firma de 

la opción y los restantes cinco mil dólares ($5,000.00) 

al momento del otorgamiento de las correspondientes 

escrituras. Dicho primer pago fue realizado el mismo 

día (6 de agosto de 2003) y evidenciado mediante 

cheque de gerente número 027952 de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Humacao.

3. Completados los trámites de agrimensura y 

segregación, comparecieron José Santiago del Valle, 

Flora Santiago Álvarez y Marilyn Santiago Vega ante el 

Notario Natividad Márquez Pérez y mediante la escritura 

número cinco (5) de 25 de enero de 2005, venden al Sr. 

José Luis Arroyo y su esposa Brenda Sánchez el solar 

de 5,490.0228 m2 por la suma pactada de diez mil 

15 Íd., págs. 109-118: El 7 de agosto de 2023, la parte recurrida presentó su Réplica 

a “Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”. En respuesta, el 14 de 

agosto de 2023, la parte peticionaria presentó su Dúplica a Réplica a Oposición a 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 
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dólares ($10,000.00) de los cuales ya se había pagado 

la mitad. En la misma escritura se segregaron cinco (5) 

solares y se adjudicaron las participaciones 

correspondientes a los vendedores. 

4. El señor Arroyo pagó los cinco mil dólares (5,000.00) 

restantes mediante cheque de gerente número 003062 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras. 

5. A pesar de haberse otorgado la Escritura Número Cinco 

(5) sobre compraventa a favor de la parte demandada 

José Luis Arroyo Medina y su esposa, el 25 de abril de 

2005, las mismas partes comparecieron ante el mismo 

Notario Público y otorgaron la escritura de donación 

número 28 en la cual “donan” la misma finca que había 

sido vendida a los demandados. Nada dice esta 

escritura sobre dejar sin efecto la compraventa anterior.

6. Tanto en la escritura número cinco (5) como en la 

escritura número veintiocho (28) comparecieron como 

testigos de firma y lectura por el compareciente de la 

Primera Parte, José Santiago del Valle, también 

conocido como José Santiago Álvarez al no saber éste 

leer ni escribir, sus hijas Nilda Santiago Molina y Flor 

María Santiago, respectivamente.

7. Las escrituras número cinco (5) y número veintiocho 

(28) fueron declaradas nulas por el Tribunal mediante 

Sentencia Parcial final y firme. 

8. El negocio de compraventa realizado entre las partes 

cumple con los requisitos de consentimiento, objeto y 

causa y está recogido en un contrato privado de 

compraventa que subsiste al anularse el instrumento 

público. 

En vista de las determinaciones de hechos realizadas y 

conforme al derecho aplicable, el TPI determinó que subsistía y era 

válido el contrato de compraventa que se otorgó entre las partes y, 

que dicho contrato tenía concepto de documento privado. Respecto 

a la Escritura Núm. 28 sobre donación, concluyó que era un negocio 

simulado para intentar sustraer frente a terceros el negocio de la 

compraventa. Así pues, resolvió que la escritura de donación era 

inexistente. A su vez, reiteró que el término para solicitar la nulidad 

de la escritura de compraventa era de cuatro (4) años, contados a 
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partir de la firma de la escritura, por lo que la causa de acción estaba 

prescrita. 

Consecuentemente, declaró Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria y declaró válido el contrato de compraventa a 

favor de la parte recurrida. 16 Además, le ordenó a la sucesión del

Sr. José Santiago Del Valle, a la sucesión de la Sra. Flora Santiago 

Álvarez y a la Sra. Marilyn Santiago Vega a que otorgaran una 

escritura de ratificación de compraventa a favor de la parte 

recurrida. A su vez, ordenó que dicha escritura tenía que estar

acompañada de los permisos de segregación y planos para poder 

inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Aún inconforme, el 12 de octubre de 2023, la sucesión

Santiago Molina presentó el recurso de epígrafe y formuló los 

siguientes señalamientos de error:

Erró el TPI al dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte demandada cuando ya había declarado nulas 

las escrituras número 5 del 25 de enero de 2005 y la 

escritura 28 del 25 de abril de 2005 de compraventa 

entre las partes ignorando que dicho negocio fue 

dejado sin efecto al haberse otorgado una escritura 

de donación posterior al contrato de compraventa. 

En la alternativa erró el honorable tribunal al dictar 

sentencia sumaria existiendo controversias 

sustanciales de hechos por documentos y por 

declaraciones juradas contradictorias que debían ser 

adjudicadas en un juicio plenario y no 

sumariamente. 

Atendido el recurso, el 16 de octubre de 2023, emitimos una 

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 13 de 

noviembre de 2023 para que presentara su postura. 

Oportunamente, la parte recurrida presentó Alegato en Oposición a 

Escrito de Apelación en la cual negó que el TPI cometiera los errores 

que la parte peticionaria imputó. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. Veamos.

16 Íd., págs. 119-138. 
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II.

-AEl certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR__ (2023). Los 

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
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Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).

-BLa Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 42.1, define la sentencia como cualquier determinación del 
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TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse. Particularmente, una sentencia final, es aquella que 

resuelve todas las controversias entre todas las partes de forma tal 

que no quede pendiente nada más que la ejecución de ésta. Cruz

Roche v. Colon y Otros, 182 DPR 313, 323 (2011). Es sentencia firme, 

por el contrario, aquella contra la que no cabe un recurso de 

apelación. Suarez v. E.L.A., 162 DPR 43, 62, (2004). 

De otra parte, según la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.3, una sentencia parcial es la determinación que 

hace el TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o 

partes múltiples, resolviendo finalmente alguna de las 

reclamaciones, o todas en cuanto a una parte. De igual forma, la 

referida regla explica que será una sentencia parcial final 

aquella que al resolverse el juzgador le adscribe carácter de 

finalidad. Es decir, que cumple con dos requisitos, a saber: (1) 

que el juzgador exprese clara e inequívocamente que no existe 

razón para posponer la resolución de esta reclamación hasta la 

adjudicación total del pleito, y (2) que ordene expresamente que 

se registre y se notifique esa sentencia. Rosario y otros v. Hospital 

Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 (2001). (Énfasis nuestro). 

En específico, la Regla 42.3, supra, dispone que, 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 

ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 

contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 

partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final 

en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes 

sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que

concluya expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 

siempre que ordene expresamente que se registre la 

sentencia. Cuando se haga la referida conclusión y 

orden expresa, la sentencia parcial dictada será final 

para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 

derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 

vez sea registrada y se archive en autos copia de su 

notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 

respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 

48 y 52.2 de este apéndice. 32 LPRA Ap.V. R. 42.3
KLAN202300907 11

El propósito de cumplir con los requisitos de la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, al disponer de una 

reclamación parcialmente, es que la parte perdidosa quede 

debidamente advertida de su derecho de apelar ante un foro de 

mayor jerarquía. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). 

Así también, como mencionamos anteriormente, al otorgar esta 

finalidad y una vez quede correctamente notificada y archivada, los 

términos para solicitar remedios post sentencia comenzarán a 

transcurrir. Rosario y otros v. Hospital Gen. Menonita, Inc., supra, 

pág. 57. 

Asimismo, es importante recordar que esta sentencia parcial, 

por tener finalidad, es una determinación susceptible de apelación. 

Entonces, las partes tienen derecho a la revisión de ese dictamen en 

este Tribunal de Apelaciones, mediante el vehículo de la apelación. 

32 LPRA Ap. V, R. 52. Así lo establece el Art. 4.006(a) de la Ley de la 

Judicatura, supra, en el cual faculta al Tribunal de Apelaciones a 

conocer mediante apelación, “toda sentencia final dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24 (x)(a).

Dicho lo anterior, si una sentencia parcial adolece de la 

referida determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no advendrá final y la misma no 

constituirá más que una resolución interlocutoria, que podrá 

revisarse sólo mediante recurso de certiorari, si así lo permite la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, o 

mediante recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en el 

caso sobre el resto de las reclamaciones. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008).

Por tanto, si la intención del TPI es disponer de la totalidad de 

las reclamaciones ante su consideración, así debe consignarlo 

expresamente en la parte dispositiva de su sentencia. 

Consecuentemente, el omitir la adjudicación de una reclamación en 
KLAN202300907 12

la parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de mantener tal 

reclamación “viva y pendiente de adjudicación”. Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642, 658 (1987).

En modo de resumen, a la hora de determinar si estamos ante 

una sentencia revisable por medio de un recurso de apelación, o 

ante un dictamen interlocutorio revisable mediante el auto 

discrecional de certiorari, es crucial auscultar si la determinación a 

revisarse adjudica de forma final el asunto litigioso ante el foro de 

instancia en cuanto a una o más partes, o una o más causas de 

acción, o si sólo resuelve algún asunto interlocutorio sin disponer 

de la totalidad del caso. Como mencionamos, de tratarse de una 

resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede hacerlo 

mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

III.

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que la llamada apelación impugna un dictamen que no 

resolvió todos los asuntos que le fueron planteados. Según 

mencionamos, el omitir una reclamación en la parte dispositiva de 

una sentencia tiene el efecto de mantener tal reclamación viva y 

pendiente de adjudicación. Por lo tanto, ante la ausencia de una 

manifestación en la parte dispositiva sobre la Reconvención17

presentada por la parte recurrida, nos es forzoso concluir que el TPI 

dejó viva y pendiente de adjudicación dicha reclamación. Al así 

proceder, el dictamen del TPI no constituye una sentencia de la cual 

pueda presentarse un recurso de apelación. 

De igual forma, debemos aclarar que el dictamen no es una 

sentencia parcial, por no cumplir con los requisitos de la Regla 42.3 

17 Un panel hermano, mediante el alfanumérico KLAN201901170, tuvo ante sí una 

controversia similar. 
KLAN202300907 13

de las de Procedimiento Civil, supra. Por lo cual, no surge de su 

dictamen que el TPI tuviera la intención de resolver finalmente una 

reclamación y continuar con las reclamaciones restantes. Por lo 

anterior, debemos concluir que el dictamen impugnado es una 

resolución interlocutoria que no culmina el pleito en su totalidad, 

por lo cual acogemos el presente como un recurso discrecional de 

certiorari. Con ello en mente y dada la naturaleza de la actuación del 

TPI, resolvemos que, en este caso, no están presentes ninguno de 

los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, para atender 

el recurso. 

Por el contrario, lo más adecuado es que el TPI disponga de la 

totalidad de las reclamaciones de las partes de epígrafe, pues lo 

contrario constituiría un fraccionamiento indebido del caso. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones