Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

JONATHAN SIERRA DE 

JESÚS

Recurrente

v.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO; JUNTA DE 

LIBERTAD BAJO 

PALABRA

Recurridos

KLRA202400114

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente de la 

Junta de Libertad 

bajo Palabra

JLBP Núm.: 

147325

Confinado Núm.

B308-15439

Sobre: No Concesión 

del Privilegio de 

Libertad Bajo 

PalabraReconsideración –

Volver a Considerar

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, el señor Jonathan Sierra de Jesús (en 

adelante, señor Sierra de Jesús o recurrente), quien presenta 

recurso de revisión administrativa en el que solicita la revocación de 

la “Resolución” emitida el 27 de octubre de 2023 y notificada el 1 de 

noviembre de 2023, por la Junta de Libertad Bajo Palabra (en 

adelante, JLBP o recurrida). Mediante dicha determinación, la JLBP 

determinó no conceder el privilegio de libertad bajo palabra al 

recurrente. El 18 de diciembre de 2023 el recurrente presentó una 

Reconsideración, que fue declarada “No Ha Lugar” el 2 de enero de 

2024 y notificada el 1 de febrero de 2024.

La JLBP compareció mediante “Escrito en Cumplimiento de 

Resolución” a través de la Oficina del Procurador General (en 

adelante, OGP) el 17 de abril de 2024.
KLRA202400114 2

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos la determinación recurrida.

I

El 21 de septiembre de 2006, el recurrente fue sentenciado a 

cumplir una pena consolidada de treinta y dos (32) años, por robo y 

por infracción al artículo 5.04 de la Ley Núm. 404 de 11 de 

septiembre de 2000, Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA 458 (c). 

El recurrente cumplió el mínimo de su sentencia el 22 de abril de 

2022, por lo cual la JLBP adquirió jurisdicción sobre su caso. A tales 

fines, el 26 de mayo de 2023 se evaluó el caso del señor Sierra de 

Jesús y mediante a resolución correspondiente, la JLBP determinó 

una reconsideración de expediente para el mes de agosto de 2023.

Posteriormente, el 27 de octubre de 2023 la JLBP emitió una 

Resolución la cual denegó la concesión del privilegio toda vez que el 

recurrente no contaba con un plan de salida corroborado en las 

áreas de vivienda y amigo(a) consejero(a), esto a pesar de las 

gestiones realizadas por el técnico socio penal. Tampoco contaba con 

oferta de empleo y/o plan de estudios estructurado ni poseía una 

evaluación psicológica reciente de la Sección de Programa de 

Evaluación y Asesoramiento (SPEA). Ante el incumplimiento de 

estos criterios para el privilegio de libertad bajo palabra, la JLBP

ordenó su reconsideración para agosto 2024.

El 18 de diciembre de 2023, el recurrente presentó una

“Moción de Reconsideración”, en la cual, en síntesis, alegó que la 

vivienda de su progenitor continuaba disponible para ser evaluada, 

pero que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, (en 

adelante, DCR), no había hecho la visita correspondiente. Indicó 

que, en la alternativa podía ser participante del Hogar Nuevo Pacto, 

donde había sido aceptado y, que el nombre de un nuevo amigo 

consejero fue sometido a través del Técnico Sociopenal y este lo 
KLRA202400114 3

había mencionado en el plan de salida. El organismo administrativo 

sostuvo su rechazo, acotando que aun cuando el recurrente durante 

la etapa de reconsideración alegó haber presentado las propuestas 

anteriormente mencionadas aceptó no poseía una evaluación 

psicológica reciente de Sección de Programa de Evaluación y 

Asesoramiento (SPEA) ni tampoco oferta de empleo y/o planes 

de estudio.

Inconforme con esa determinación, el 28 de febrero de 2024 

el recurrente presenta este recurso de revisión donde le imputa a la 

JLBP los siguientes señalamientos de error:

1. LA “J.L.B.P.” ERR[Ó] A[L] NEGAR EL PRIVILEGIO AL 

RECURRENTE POR ESTE NO CONTAR CON CUSTODIA 

M[ÍNIMA].

2. ALEGA LA “J.L.B.P. QUE EL PETICIONARIO NO CUENTA 

CON UN PLAN DE SALIDA CORROBORADO EN EL HOGAR 

VIABLE PROPUESTO NI CONTAR CON AMIGO 

CONSEJERO. 

3. LA “J.L.B.P.” ERR[Ó] AL INDICAR QUE EL PETICIONARIO 

NO CUENTA CON [sic] OFERTA DE EMPLEO Y/O PLANES 

DE ESTUDIADO [sic]. 

4. ALEGA LA J.L.B.P. QUE EL PETICIONARIO NO CUENTA 

CON EVALUACI[Ó]N ACTUALIZADA DEL S.P.E.A. EL 

SEÑOR SIERRA COMPLET[Ó] LAS TERAPIAS DE VIVIR SIN 

VIOLENCIA EN EL AÑO 2012 (V[É]ASE ANEJO #13) 

LUEGO DE ESO EL “D.C.R.” NO HABR[Í]A REFERIDO A EL 

[sic] PETICIONARIO A UNA NUEVA EVALUACI[Ó]N. 

Examinado el recurso en su totalidad y con la comparecencia 

de las partes, procedemos a establecer el derecho aplicable y a 

resolver.

II

-ALa Junta de Libertad bajo Palabra fue creada mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 

1501 et seq. Este organismo tiene la autoridad de conceder a 

cualquier persona recluida en una institución correccional de Puerto 

Rico el privilegio de cumplir la última parte de su condena 
KLRA202400114 4

en libertad bajo palabra. 4 LPRA sec. 1503; Maldonado Elías v. 

Gonzalez Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987). Así pues, es la Junta de 

Libertad Bajo Palabra quien tiene la autoridad de conceder a 

cualquier persona recluida en una institución correccional de Puerto 

Rico el privilegio de cumplir la última parte de su condena en 

libertad bajo palabra, sin tener que estar encarcelado. Benítez 

Nieves v. ELA, 202 DPR 818, 825, 835 (2019). Es menester señalar 

que “el beneficio de la libertad bajo palabra no es un derecho 

reclamable, sino un privilegio cuya concesión y administración 

recae en el tribunal o en la JLBP”. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 

458, 475 (2006).

En particular, enfatizamos que la Junta tendrá facultad para 

conceder el privilegio de libertad bajo palabra a una persona

recluida en una institución penal en Puerto Rico, tomando en 

consideración los siguientes criterios:

(1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos 

por los cuales cumple sentencia. 

(2) Las veces que el confinado haya sido convicto y 

sentenciado. 

(3) Una relación de liquidación de la sentencia o sentencias 

que cumple el confinado. 

(4) La totalidad del expediente penal, social, y los 

informes médicos e informes por cualquier profesional 

de la salud mental, sobre el confinado. 

(5) El de ajuste institucional y del social y psicológico del 

confinado, preparado por la Administración de Corrección y el 

médico y psiquiátrico preparado por Salud Correccional del 

Departamento de Salud. 

(6) La edad del confinado. 

(7) El o los tratamientos para condiciones de salud que reciba 

el confinado. 

(8) La opinión de la víctima. 

(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o 

estudio y trabajo del confinado. 

(10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la 

actitud de dicha comunidad, de serle concedida la 

libertad bajo palabra. 

(11) Cualquier otra consideración meritoria que la 

Junta haya dispuesto mediante reglamento. 
KLRA202400114 5

La Junta tendrá la discreción para considerar los 

mencionados criterios según estime conveniente y 

emitirá resolución escrita con determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. Art. 3-D de la Ley Núm. 

118 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1503d.

Además, deberá considerarse el mejor interés de la sociedad

y si el privilegio ayudará en la rehabilitación del delincuente.

Artículo 3 de la Ley Núm. 118-1974, supra. Por esta razón, “la Junta 

tendrá ante sí toda la información posible sobre el historial 

social, médico, ocupacional y delictivo de cada confinado, 

incluyendo la actitud de la comunidad respecto a la liberación 

condicional del sujeto, y una evaluación que deberá someter la 

Administración de Corrección”. Íd.

Para cumplir con estos propósitos, se le delegó a la JLBP el 

poder para promulgar las reglas y reglamentos que entienda 

convenientes. Íd. En virtud de ello, se aprobó el Reglamento de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232 del 18 de 

noviembre de 2020, (en adelante, Reglamento Núm. 9232). En lo 

concerniente, destacamos el Artículo X Sección 10.1 del Reglamento 

Núm. 9232 dispone que:

A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso a 

caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que 

presente el peticionario durante el término que ha 

estado en reclusión.

B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en consideración los 

siguientes criterios con relación al peticionario:

1. Historial delictivo

 a. La totalidad del expediente penal.

b. Los antecedentes penales. Se entenderá por 

antecedentes penales las veces que un peticionario haya 

sido convicto y sentenciado.

[...]

2. Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que cumple 

el peticionario.

3. La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en dicha 

clasificación y si hubo cambio de clasificación y las razones 

para ello.

a. La Junta no concederá libertad bajo palabra 

cuando el peticionario se encuentre en custodia 

máxima.

4. La edad del peticionario.
KLRA202400114 6

[...]

6. El historial social

[...]

7. Si cuenta con un plan de salida estructurado y viable 

en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, residencia 

y amigo consejero.

[...]

[...]

 d. Oferta de empleo y/o estudio. 

i. Todo peticionario deberá proveer una oferta de 

empleo o, en la alternativa, un plan de estudios o 

adiestramiento vocacional, o estudio y trabajo.

ii. La oferta de empleo se presentará mediante carta 

suscrita por la persona que extiende la oferta de empleo al 

peticionario, [...]

iii. Los planes de estudio, incluyendo el adiestramiento 

vocacional y/o el programa de estudio y trabajo, se 

presentarán sometiendo la carta de aceptación de la 

institución educativa, con expresión del programa o 

facultad al cual ingresará. El empleo deberá incluir 

descripción de funciones. 

iv. La falta de oferta de empleo o estudio no será razón para 

denegar el privilegio.

 [...]

 e. Residencia

i. Todo peticionario tiene que indicar el lugar en el 

cual piensa residir de serle concedida la libertad bajo 

palabra, bien sea en una residencia o un programa 

interno. 

ii. De proponer una residencia, el peticionario proveerá el 

nombre completo, el número de teléfono y correo electrónico 

de la persona con la cual residirá, o de algún familiar 

cercano, así como la dirección física de la residencia. En 

estos casos, se realizará una investigación sobre la actitud 

de la comunidad donde propone residir el peticionario, de 

serle concedida la libertad bajo palabra.

[...]

iv. Si el peticionario interesa ingresar a un programa 

interno, tendrá que presentar la carta de aceptación 

del programa, así como proponer una residencia 

alterna en la cual disfrutará de los pases, en los 

casos que aplique. Dicha residencia alterna será 

corroborada para determinar su viabilidad. Si la 

residencia alterna no resulta viable, el peticionario 

no podrá disfrutar de pases hasta tanto no provea 

una residencia alterna viable, y así lo autorice la 

Junta.

 f. Amigo Consejero

i. El amigo consejero tiene la función de cooperar con la 

Junta y el Programa de Comunidad del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en la rehabilitación del 

peticionario.

[...]

iii. Se realizará una investigación en la comunidad sobre la 

conducta e integridad moral de la persona propuesta para 

el amigo consejero.

[...]

v. La falta de amigo consejero no será razón suficiente para 

denegar el privilegio. 
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8. Historial de salud

 [...]

9. Si se registró en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en aquellos casos 

en que el peticionario cumpla sentencia por alguno de los 

delitos identificados en el Artículo 3 de la Ley Núm. 266 de 9 

de septiembre de 2004, según enmendada.

10. Si se registró en el Registro de Personas Convictas por 

Delitos de Violencia Doméstica, en aquellos casos en que el 

peticionario cumpla sentencia por alguno de los delitos 

identificados en la Ley Núm. 59 de 1ro de agosto de 2017, 

según enmendada.

11. Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en aquellos 

casos en que el peticionario extingue sentencia por alguno de 

los delitos identificados en el Artículo 8 de la Ley Núm. 175 de 

24 de julio de 1998, según enmendada.

12. La Junta tendrá discreción para considerar los 

mencionados criterios según considere conveniente y 

cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación 

del peticionario y al mejor interés de la sociedad.

A estos efectos, es preciso enfatizar que, “[l]a decisión de 

conceder o denegar los beneficios de libertad bajo palabra 

descansa en la entera discreción de la Junta, y no existe un 

derecho a obtener tales beneficios”. Maldonado Elías v. González 

Rivera, 118 DPR 260, 275-276 (1987).

En adición a la Sección 10.1, previamente citada, se dispone

en la Sección 10.2 del Reglamento Núm. 9232, supra, que incluye:

A. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, a través 

de sus funcionarios, empleados y/o representantes 

autorizados, proveerá a la Junta todo documento que 

contenga información relacionada a los criterios antes 

esbozados. La producción de estos documentos se hará 

para la fecha de la vista de consideración o a la fecha en 

que se vuelva a reconsiderar el caso. En cumplimiento con 

lo anterior, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, remitirá a la Junta los siguientes 

documentos:

[...]

12. Evaluación médica, psicológica y/o psiquiátrica

a. La Junta podrá requerir la evaluación médica, psicológica 

o psiquiátrica del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 

o de Salud Correccional, o entidad análoga debidamente 

acreditada por el Estado, en aquellos casos en que la persona 

se encuentre cumpliendo sentencia por delitos contra la 

vida y/o delitos sexuales, conforme al estado de derecho 

vigente a la fecha en que fue sentenciado, o en cualquier otro 

caso en que la Junta lo considere necesario.

b. Estos informes tendrán una vigencia de tres (3) años 

desde la fecha de la evaluación.
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c. La Junta en su discreción podrá requerir otra 

evaluación, aunque tenga una vigente.

(Énfasis nuestro).

Por su parte, el Reglamento Núm. 9232 dispone en la Sección 

12.1 sobre la Vista de Consideración:

A. La vista de consideración se celebra en aquellos casos 

que se presentan ante la consideración de la Junta por 

primera vez.

[...]

Adicionalmente, en la Sección 12.2 Reconsideración de 

casos sostiene lo siguiente: 

A. La reconsideración dispuesta en esta sección se refiere a 

aquellos casos en que se ha denegado la libertad bajo 

palabra y que la Junta dispuso que volverá a 

considerar dentro de un (1) año desde la fecha en que 

consideró el caso por última vez. La Junta podrá 

volver a considerar un caso fuera del término antes 

dispuesto, por causa meritoria.

Finalmente, en cuanto a la concesión o denegatoria del 

privilegio, la Sección 12.3 (B) del Reglamento Núm. 9232, supra,

establece que, si “la Junta deniegue la libertad bajo palabra 

expresará individualmente en su resolución las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho que fundamentan dicha 

determinación, así como indicará la fecha (mes y año) en que volverá 

a considerar el caso”.

-BEn nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las 

agencias administrativas están investidas de una presunción de 

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento 

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su ley 

habilitadora le confiere jurisdicción. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras, el 

conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan 
KLRA202400114 9

sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de 

revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones 

emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. 

Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v. AFI y 

otros, 206 DPR 803, 819 (2021). 

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard 

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. ARPe., 

152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal respetará 

el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base racional que 

fundamente la actuación administrativa. ECP Incorporated v. OCS, 

205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-

135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse a determinar si: 

(1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial en el expediente administrativo; 

y (3) si las conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un 

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las 

condiciones que sostienen la deferencia. En el caso de Torres Rivera 

v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó 

lo siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo 

actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los hechos 
KLRA202400114 10

procede que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Íd., pág. 628. 

Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe 

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el 

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente, podrá 

entonces modificar la decisión. De lo contrario, se abstendrá a 

ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige que la agencia 

tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a evaluar es si la 

misma, dentro de las circunstancias particulares del caso, es 

razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 DPR 407, 417-

418 (1989). Por ende, si existe más de una interpretación razonable 

de los hechos, ordinariamente se avalará la decisión del foro 

administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 

En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la sección 

4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor 

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia 

administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión 

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera 

probado o no se limita conforme la siguiente norma: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA sec. 9675. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de 

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 
KLRA202400114 11

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado que: 

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que 

la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 

récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, 

en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa 

del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 

397-398 (1999); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 686 (1953). 

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión 

administrativa quien tiene que producir evidencia de tal magnitud 

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma 

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa, 

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el expediente 

no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de revisión la 

parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hecho de la agencia deben ser sostenidas por el 

tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra, 

pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 

III

En su escrito, el señor Sierra de Jesús, sostiene que

revoquemos la “Resolución” emitida el 1 de noviembre de 2023 por

la JLBP, en la cual se le denegó el privilegio de concederle libertad 

bajo palabra y ordenemos a la agencia su concesión automática. El 

recurrente, a pesar de admitir de que no contaba con una oferta de 

empleo o estudios, amigo consejero y residencia corroborada, insiste 

que la JLBP erró al no haber tomado en consideración que la 

mayoría de lo requerido estaba completada o en trámites de 

conseguirse y que, de pernoctar en el Hogar Cristiano Nuevo Pacto, 

estudiaría “on-line” o presencial y llevaría a cabo gestiones de 

búsqueda de empleo una vez ubicado en la libre comunidad.
KLRA202400114 12

Primeramente, el señor Sierra de Jesús señala que erró la 

JLBP al negar el privilegio por este no contar con custodia mínima, 

aduce el recurrente que está en custodia mínima desde el 30 de 

octubre de 2023. No le asiste la razón.

La negativa de la JLBP para denegar la concesión del privilegio 

no se apoyó en el nivel de custodia del recurrente, pues claramente, 

sólo si el recurrente estuviera en un nivel de custodia máxima, no 

sería considerado para privilegio de la libertad bajo palabra. Al 

momento de la evaluación por la JLBP, Sierra de Jesús estaba 

ubicado en un nivel de custodia mediana. La negativa de la JLBP 

estuvo basada en el incumplimiento con otros criterios a saber: no 

se presentó una oferta de empleo y ni de estudios; el hogar 

propuesto no estuvo disponible para verificación y el amigo(a) 

consejero(a) tampoco pudo ser verificado toda vez que no localizaron 

la dirección provista ni la vivienda. En adición, la falta de la 

evaluación reciente de SPEA, fue otro factor considerado por la JLBP 

para denegar el privilegio del recurrente. A tenor con la información 

recopilada, la JLBP emitió la Resolución el 27 de octubre de 2023 y 

notificada al señor Sierra de Jesús el 1 de noviembre de 2023, donde 

denegó de la concesión del privilegio por la falta de cumplimiento

antes mencionado. Por lo tanto, la JLBP no utilizó como criterio 

rector el señalamiento de la custodia mediana y no mínima, tal y 

como señala el recurrente. Es inmeritorio el planteamiento del señor 

Sierra de Jesús, por lo que no se cometió el error señalado.

Por otro lado, alega el señor Sierra de Jesús que la JLBP erró 

al determinar que no cuenta con un plan de salida corroborado en 

el hogar viable propuesto ni contar con un amigo consejero. No le 

asiste la razón. 

Según se desprende del Informe de Libertad Bajo Palabra

fechado del 24 de marzo de 2023, en este concluyó que la residencia 

propuesta por el recurrente no pudo ser localizada, al igual que el 
KLRA202400114 13

número de teléfono brindado no pertenecía a su señor padre, el 

señor Héctor Sierra García quien sería su encargado propuesto. Por 

otro lado, similar situación ocurrió cuando el técnico socio penal 

trató de localizar la persona y residencia de la amiga consejera, la 

señora Melissa Fiallo Sanabria culminando en resultados 

infructuosos.

1 Surge del expediente de epígrafe, que posteriormente 

a que la JLBP emitiera la antedicha Resolución, el recurrente 

proveyó a su técnico socio penal un nuevo candidato a amigo(a) 

consejero(a).

No obstante, al momento en que la JLBP evaluó el caso del 

señor Sierra de Jesús, este no cumplía con los requisitos básicos 

para la concesión del privilegio. Es decir, para la fecha que el señor 

Sierra de Jesús necesitaba que se evaluara su documentación, no 

se pudo constatar la información sobre el hogar viable y el 

encargado, el amigo (a) consejero(a) y la información básica de este. 

Sin embargo, se desprende del expediente de autos que el 

recurrente radicó una Reconsideración del 29 de noviembre de 2023

ante la JLBP, donde proveyó información adicional para 

cumplimentar los requisitos exigidos de la JLBP, tales como la carta 

de aceptación en el Hogar Cristiano “Nuevo Pacto” para recibir 

tratamiento interno, el amigo consejero con información 

actualizada.2 A su vez arguyó que cuenta con una evaluación 

psicológica independiente de la SPEA. En adición a la información 

expuesta en la moción de Reconsideración precitada, el señor Sierra 

de Jesús sometió ante este Tribunal una “Réplica en Cumplimiento 

de Resolución” donde sostiene que su amigo (a) consejero(a) fue 

evaluado, y que cuenta con una evaluación actualizada de SPEA de 

1 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 13.

2 Dichos requisitos están sujetos a ser evaluados y corroborados por parte del 

componente Técnico Sociopenal.
KLRA202400114 14

enero de este año 2024, al igual que el plan de estudios 

estructurado.3

Tal como se desprende del expediente de autos, ahora el señor 

Sierra de Jesús se encuentra en una mejor posición para ser 

evaluado y considerado por la JLBP, en agosto del año 2024 toda 

vez que se desglosa del expediente, el cumplimiento de alguno de los 

criterios que en la evaluación inicial estaban ausentes. Si bien se 

destaca “que la falta de estudios o trabajo no será razón suficiente 

para denegar el privilegio”, tal como menciona el Reglamento Núm. 

9232, en su artículo X, 10.1 B(7)(d)(iv); X,10.1 B(7)(f)(v); es necesario 

evaluar el cumplimiento con los requisitos exigidos para poder ser 

acreedor de tal privilegio. Por lo que no se cometió el error señalado.

Adicionalmente, el señor Sierra de Jesús señala que la JLBP 

erró al concluir que el peticionario no contaba con oferta de trabajo 

ni planes de estudio. En el mencionado informe, se señala que no se 

había presentado una propuesta de plan de estudio y trabajo, toda 

vez que el recurrente expresó se dedicaría a estudiar y trabajar una 

vez le fuera concedido el privilegio de libertad bajo palabra.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2023 en su escrito de

Reconsideración, arguyó que su plan propuesto de auto empleo

debería aceptarse como cumplimiento al requisito de empleo y

que la gestión de estudios la realizaría una vez esté en la libre 

comunidad, toda vez que la misma debía gestionarse de manera 

presencial. En adición, sostuvo que cuenta con una oportunidad en

un programa de tratamiento interno en el Hogar Cristiano “Nuevo 

Pacto” y que esto no fue considerado en la alternativa para que 

pudiera beneficiarse del programa de tratamiento interno. Arguyó

que desde allí podría llevar a cabo las gestiones para estudiar cursos 

en línea. Como vemos estas gestiones no cumplen con los criterios 

3

Íd.
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es precitados y requeridos en el artículo X,10.1 B,7(d), (e) y (f) del 

Reglamento Núm. 9322 de la JLBP, toda vez que fueron remitidas 

posteriormente a ser evaluado por la JLBP.

Principalmente, en el artículo X, 10.2, B (12) donde señalamos 

que “[l]a Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la discreción para 

considerar los mencionados criterios según estime convenientes 

[...]”, tal como se desprende de la Resolución emitida, es la JLBP 

quien tiene la potestad de determinar si el plan de trabajo 

presentado por el recurrente en la moción de Reconsideración

cumple con los factores establecidos en el Reglamento Núm. 9232 

al momento en que sea evaluado. No se cometió el error señalado.

Por último, el recurrente alegó que erró la JLBP al concluir 

que no cuenta con una evaluación actualizada de SPEA, y que él 

completó terapias conductuales, por lo que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no lo había referido a una nueva 

evaluación de SPEA. De la evidencia que obra en autos y del informe

emitido, se puede constatar la ausencia total de una evaluación de 

SPEA.4 No obstante, recalcamos que el propio señor Sierra de Jesús 

notificó ante este Tribunal, que actualmente cuenta con una

evaluación de SPEA que fue realizada en enero 2024.5

Empero, como discutimos previamente los criterios del 

Reglamento Núm. 9322 de la JLBP deben completarse a cabalidad 

al momento que el miembro de la población correccional va a ser 

evaluados, de lo contrario tendrá que esperar al próximo año para 

la evaluación correspondiente. Por el incumplimiento de los criterios 

exigidos por el Reglamento Núm. 9322 de la JLBP, contenidos

específicamente en la Sección X,10.1 en sus incisos, 7 (d), (e) y (f) y 

en la Sección 10.2(A)(12) (a)(b)(c) el señor Sierra de Jesús no cumplió 

con los criterios que son necesarios para ser considerado como 

4 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-2.

5 Réplica en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-7.
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acreedor del privilegio de libertad bajo palabra. No se cometió el error 

señalado.

El señor Sierra de Jesús no aportó evidencia suficiente, para 

derrotar la presunción de corrección que caracteriza la decisión del 

foro administrativo. Es menester destacar que, al desempeñar 

nuestra función revisora, estamos obligados a considerar la 

especialización, experiencia y las cuestiones propias de la discreción 

o pericia de las agencias administrativas. En vista de lo anterior, 

consideramos que la agencia recurrida no actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que 

se le delegaron, la totalidad de la evidencia que obra en el récord nos 

obliga a confirmar el dictamen recurrido.

Reiteramos que, la determinación de la JLBP está investida de 

una presunción de legalidad y corrección. Ante la gran deferencia

que merecen sus decisiones, nuestra revisión judicial se limita a 

determinar si dicha agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción. Luego de un examen 

de la totalidad del expediente, podemos concluir que la JLBP no 

abusó de su discreción al denegar el privilegio al señor Sierra de 

Jesús, pues sencillamente al momento de ser evaluado, este no 

contaba con los criterios para la concesión del privilegio. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte integral de la presente Sentencia, confirmamos la

“Resolución” recurrida, emitida por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones