Número Identificador

RES2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

PADUIL TORRES MÉNDEZ 

POR SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA CON 

ANABEL ALEMÁN 

DELGADO; ANABEL 

ALEMÁN DELGADO

Recurridos 

V.

DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA DE PUERTO 

RICO, LCDA. INÉS DEL 

C. CARRAU MARTÍNEZ 

EN SU CAPACIDAD 

OFICIAL COMO 

SECRETARIA DE 

JUSTICIA; 

DEPARTAMENTO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE 

PUERTO RICO, PEDRO J. 

JANER ROMÁN, EN SU 

CAPACIDAD OFICIAL 

COMO SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA; 

NEGOCIADO DE LA 

POLICÍA DE PUERTO 

RICO, HENRY ESCALERA 

RIVERA, EN SU 

CAPACIDAD OFICIAL 

COMO COMISIONADO DE 

LA POLICÍA DE PUERTO 

RICO; TENT. COR. 

ROLANDO TRINIDAD 

HERNÁNDEZ, EN SU 

CAPACIDAD OFICIAL Y 

PERSONAL COMO 

COMISIONADO AUXILIAR 

EN INVESTIGACIONES 

CRIMINALES 

Peticionarios 

KLCE202400393

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm.: 

SJ2020CV03817

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2024.
KLCE202400393 2

El Gobierno de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico (en adelante, Gobierno o 

peticionario), nos solicita que revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 21 

de febrero de 2024. Mediante esta, el foro primario denegó la 

solicitud sobre Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del 

Presente Caso que presentó el peticionario y mantuvo el 

señalamiento del juicio pautado para los días 8 al 12 de abril de 

2024.

Este Recurso de Certiorari se presentó el pasado 4 de abril 

de 2024. Junto al recurso, el Gobierno presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción con el fin de paralizar el juicio pautado para 

los días 8 al 12 de abril, más en Resolución emitida el 5 de abril, 

la declaramos No Ha Lugar. 

Evaluado el recurso denegamos la expedición del auto 

solicitado.

I.

El 21 de julio de 2020 el señor Pajuil Torres, su esposa y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos incoaron una 

demanda contra el Gobierno, por conducto de la entonces 

Secretaria de Justicia. Incluyeron además al Sr. Pedro J. Janer 

Román en su carácter oficial como Secretario del Departamento 

de Seguridad Pública, al Sr. Henry Escalera, en su carácter oficial 

como Comisionado del Negociado de la Policía y el Sr. Rolando 

Trinidad, teniente coronel de la Policía de Puerto Rico, en su 

carácter personal y oficial. 

En la demanda reclamó violaciones a sus derechos 

constitucionales, Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, 

discrimen, hostigamiento laboral y daños y perjuicios. Contra el 
KLCE202400393 3

Negociado de la Policía, a través de varios funcionarios. En vista 

de lo anterior reclamó lo siguiente:

Encuentre que el Demandante Torres Méndez, ha 

sufrido discrimen y hostigamiento laboral, por la culpa 

y/o negligencia de los Demandados, le imponga daños 

y perjuicios a los Demandados en forma solidaria a 

favor del Demandante Torres Méndez en una suma no 

menor de $350,000 más los daños por discrimen; le 

imponga daños y perjuicios a los Demandados en 

forma solidaria a favor de la Demandante Alemán 

Delgado en una suma no menor de $200,000 y otra 

suma en daños y perjuicios a favor de la sociedad legal 

de gananciales compuesta por los Demandantes no 

menor de $150,000, y se ordene a todos los 

Demandados solidariamente al pago de honorarios de 

abogados y las costas del litigio.

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de enero de 

mayo de 2024 el Gobierno presentó un Aviso de Injunction 

Paralizando la Litigación del Presente Caso. En síntesis, arguyó 

que el caso debe ser paralizado a la luz del “Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act”, (Ley PROMESA, por sus 

siglas en inglés), 48 USC sec. 2101 et. seq. y a tenor con la Ley 

de Reclamaciones y Demanda Contra el Estado, Ley 104 de 1955, 

según enmendada. Adujo que la cuantía reclamada en la 

Demanda asciende a $700,000, lo que excede los límites de 

$75,000 o $150,000 establecidos en la Ley 104-1955, según lo 

dictamina la Orden de 20 de octubre de 2022 emitida por el 

Tribunal de Quiebras. 

El 20 de febrero de 2024 los demandantes-recurridos 

presentaron una Moción En Oposición a Aviso de Injunction 

Paralizando la Litigación del Presente Caso. Allí reconocieron que,

mediante la Orden de 20 de octubre de 2022 emitida por el 

Tribunal dentro de la petición de quiebra, se permiten la 

continuación de ciertos pleitos, incluyendo reclamaciones 

presentadas con posterioridad, siempre que se ajusten a algunas 

de las disposiciones permitidas como lo puede ser la cuantía

reclamada. Bajo ese precepto informaron que, “se permiten 
KLCE202400393 4

continuar la litigación de ciertas reclamaciones atendiendo a la 

cuantía que se establezca en daños y perjuicios contra el Estado 

hasta $150,000. Entendemos por litigante.” Sostuvo que la etapa 

de los procedimientos en que se encuentra el caso no está madura 

para ser paralizada. Agregó que, luego de que el Tribunal escuche 

la prueba es que se establece la cuantía por los daños y perjuicios 

y/o la compensación conforme a Derecho corresponde a juicio del 

juzgador. Concluyó que el caso debe dirimirse y, en todo caso, lo 

que podría paralizarse sería la ejecución de la sentencia o 

dictamen de no poder darse la virtualidad de esta conforme la 

normativa. 

El 21 de febrero de 2024, luego de evaluar los escritos de

las partes el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

paralización. El Gobierno solicitó reconsideración. La parte 

demandante-recurrida se opuso y el 26 de marzo de 2024, el foro 

primario denegó la solicitud de reconsideración.

Entretanto, el 1ro de abril de 2024, los codemandados 

presentaron una Urgente moción solicitando suspensión del juicio

y ese mismo día el foro primario la denegó.

Así las cosas, el 4 de abril de 2024, el Gobierno acudió ante 

este Tribunal mediante Recurso de Certiorari e indica que incidió 

el foro al:

Negarse a acatar la orden interdictal emitida el 18 de 

enero de 2022 por la Sala de Título III-según 

modificada el 29 de octubre de 2023, que impide la 

continuación de los procedimientos del caso de título, 

a pesar de que carece totalmente de jurisdicción para 

hacerlo.

Junto al recurso, el Gobierno presentó una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción con el fin de paralizar el juicio pautado para los 

días 8 al 12 de abril, más en Resolución emitida el 5 de abril, la 

declaramos No Ha Lugar. A su vez, le concedimos diez (10) días 
KLCE202400393 5

a la recurrida para que expusiera su posición al recurso. 

Transcurrido el término, disponemos:

II.

A.

El recurso de certiorari constituye un vehículo procesal de 

carácter discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones del tribunal recurrido. Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., 212 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 

65; Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ 

(2023), 2023 TSPR 46; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 

163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012). 

Contrario al recurso de apelación, la expedición o no 

del auto de certiorari solicitado descansa en la sana discreción del 

foro apelativo. Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, supra; Medina Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2016). En el ámbito judicial, la discreción del 

tribunal revisor no debe abstraerse del resto del Derecho y, por lo 

tanto, es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para así llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338.

En particular, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, establece los preceptos que regulan la expedición 

discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre el referido 

recurso para la revisión de sentencias y resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al., supra; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Mun. 

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019). En lo 

que nos atañe, esta regla dispone lo siguiente:
KLCE202400393 6

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso 

de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso certiorari la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
KLCE202400393 7

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción 

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Como es sabido, en 

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este 

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 

909 (1986). Por ende, si no se encuentra presente en la petición 

ante nuestra consideración ninguno de los criterios antes 

transcritos y la actuación del foro primario “no está desprovista 

de base razonable ni perjudica derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). De manera que, los foros 

apelativos solo intervendremos con el ejercicio de la discreción del 

foro revisado en aquellas instancias que se demuestre que este 

último (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra; Rivera Durán v. Banco 

Popular, supra, pág. 154. 

B.

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo 
KLCE202400393 8

permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, 

Economic Stability Act (PROMESA) 48 USC sec. 2101 et seq. En lo 

pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó 

las secciones 362 [1] y 922 del Código Federal de Quiebras en 

torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y 

su propiedad. Íd., sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. Lib. 

et al, 198 DPR 786, 787 (2017); Lab. Clínico, et al v. Depto. Salud 

et al, 198 DPR 790 (2017). Ello trajo la paralización automática 

de aquellos pleitos que generalmente reclaman, como parte de los 

remedios, una compensación monetaria. Requena Mercado et als. 

v. Policía, 205 DPR 285, 291 (2020). Véase, además, 48 USC sec. 

2161(a); 11 USC secs. 362 y 922; Depto. de Hacienda v. 

COTIARI, 203 DPR 1049 (2020). El objetivo principal de la 

paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras 

se dilucida el procedimiento de quiebra. Lacourt Martínez v. Jta. 

Lib. et al, supra. 

Para ello, se ha reconocido unánimemente que los tribunales 

locales poseen jurisdicción concurrente para evaluar si un caso 

está efectivamente paralizado o, si está sujeto a las excepciones 

de la referida paralización, en virtud del Título III de PROMESA. 

Requena Mercado et als. v. Policía, supra; Lab. Clínico et al. v. 

Depto. Salud et al., supra, pág. 792; Lacourt Martínez et al. v. 

JLBP et al., supra, pág. 788.

Luego de que el Gobierno realizara una petición de quiebra, 

al amparo del Título III de PROMESA, el 18 de enero de 2022, la 

Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

Rico confirmó el Plan de Ajuste Fiscal. El foro federal, por voz de 

la Honorable Jueza Laura Taylor Swain, emitió el Order and 

Judgment Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan 

of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the 
KLCE202400393 9

Employees Retirement System of the Government of the 

Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public 

Buildings Authority (Confirmation Order) el cual entró en vigor el 

15 de marzo de 2022. En lo pertinente, el párrafo 59 del 

Confirmation Order (Orden de Confirmación), dispuso un 

mecanismo de interdicto en las reclamaciones, que establece lo 

siguiente:

59. Injunction on Claims. 

Except as otherwise expressly provided in section 

92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such 

other Final Order of the Title III Court that is 

applicable, all Entities who have held, hold, or in 

the future hold Claims or any other debt or liability 

that is discharged or released pursuant to section 92.2 

of the Plan or who have held, hold, or in the future 

hold Claims or any other debt or liability discharged or 

released pursuant to section 92.2 of the Plan are 

permanently enjoined, from and after the 

Effective Date, from (a) commencing or 

continuing, directly or indirectly, in any manner, 

any action or other proceeding (including, 

without limitation, any judicial, arbitral, 

administrative, or other proceeding) of any kind 

on any such Claim or other debt or liability 

discharged pursuant to the Plan against any of the 

Released Parties or any of their respective assets or 

property, [...]

Más adelante, luego de ciertos asuntos procesales, el 20 de 

octubre de 2022, la Jueza Taylor Swain emitió el Order Extending

Administrative Claim Bar Date for Certain Parties and Modifying 

Discharge Injuction. Mediante referida Orden, entre otras cosas

modificó lo pautado en cuanto a las reclamaciones de los gastos 

administrativos para ciertas reclamaciones, entre ellas, la Ley de 

Pleitos Contra el Estado y autorizó la litigación de referidos casos 

dentro de los límites estatutarios de $75,000 y $150,000, a saber:

5. The requirement to file a proof of Administrative 

Expense Claim pursuant to decretal paragraph 44 of 

the Confirmation Order shall not apply to any of the 

following claims or causes of action arising from and 

after the applicable petition date with respect to the 

Commonwealth, ERS, and PBA and prior to the 

Effective Date: [...] (v) claims authorized to be 

asserted pursuant to 32 LPRA § 3077(a), to the extent 

the amount of such claim asserted is within such 
KLCE202400393 10

statutory limitation of $75,000 or $150,000, as 

applicable.

6. The injunctions contained in section 92.3 of the Plan 

and decretal paragraph 59 of the Confirmation Order 

are modified solely to the limited extent of allowing 

litigation with respect to claims authorized to be 

asserted pursuant to 32 LPRA § 3077(a), to the 

extent the amount of such claim asserted is 

within such statutory limitation of $75,000 or 

$150,000, as applicable, to proceed to final 

judgment and execution, including any appeals.

De manera que, mediante la Orden emitida el 20 de octubre 

de 2022 se modificó el injunction para permitir la litigación de los 

casos bajo la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas 

contra el Estado, 32 LPRA Sec. 3077, hasta las etapas apelativas 

y la ejecución de sentencia; cuando la reclamación se encuentre 

dentro de los límites de $75,000 o $150,000 que establece 

referida ley. 

III.

El Gobierno de Puerto Rico alega en síntesis que en la 

demanda incoada se solicita que se condene al Gobierno de Puerto 

Rico al pago de una indemnización en daños y perjuicios 

ascendente a $700,000. Menciona que esta reclamación no está 

autorizada por la Ley de Pleitos contra el Estado, dado que excede 

los topes -de $75,000 y $150,000- establecidos en el mencionado 

estatuto. Ante ello, entiende que el foro primario quedó privado 

de jurisdicción para continuar con los procedimientos contra el 

Estado y debe decretar el archivo administrativo hasta que otra 

cosa disponga la Sala de Título III. 

Luego de evaluar el documento de lo incoado por el 

Gobierno sobre Aviso de Injunction paralizando la litigación del 

caso y la oposición a este, el Tribunal de Primera Instancia declaró 
KLCE202400393 11

No Ha Lugar la solicitud de paralización de los procesos. Contra 

esa decisión, el peticionario acude ante nos. 

Evaluado el recurso, declinamos intervenir. 

El señor Torres Méndez, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, reclamaron una compensación 

económica por alegados de daños y perjuicios, hostigamiento 

laboral, ley de derechos civiles, discrimen y otras, contra el 

Gobierno y varios de sus funcionarios.

Para que prospere la compensación económica, los 

recurridos primeramente tendrían que demostrar que los 

demandados incurrieron en los actos que alegan. Luego, 

corresponde probar los daños y la cuantía de estos. De manera 

que, aun se desconoce si la reclamación cumple con los límites 

fijados en la Ley de Pleitos contra el Estado. Así pues, la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso no es la más propicia 

para su consideración. 

Al considerar la normativa arriba expuesta y los hechos que 

informa esta causa, no encontramos que la determinación 

recurrida sea contraria a derecho, que el foro primario haya 

incurrido en abuso de discreción o que esté presente cualquier 

otro de los criterios que la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. De forma tal que no nos vemos compelidos 

a ejercer nuestra discreción e intervenir con la determinación 

recurrida.

IV.

En virtud de lo antes consignado, resolvemos denegar

expedir el auto de certiorari solicitado por el Gobierno de Puerto 

Rico. Devolvemos el caso al foro primario para la continuación de 

los procedimientos de forma cónsona a lo aquí expresado.

Notifíquese inmediatamente.
KLCE202400393 12

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones