Núm. Identificador

SEN2023____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

KERMIT M. RODRÍGUEZ 

SEDA

Apelante

v. 

ARLENE RODRÍGUEZ 

MORALES y otros

Apelados

KLAN202200954

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Ponce

Sobre: Libelo, 

Calumnia o 

Difamación

Caso Núm.:

PO2020CV00252

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero 

Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

Comparece ante nos el Sr. Kermit M. Rodríguez Seda (señor 

Rodríguez Seda o apelante) para que revoquemos la Sentencia

emitida el 13 de julio de 2022,

1 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Ponce (TPI). Allí, se declaró ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la Sra. Yanira Colón Velázquez 

(señora Colón Velázquez o apelada) y, en consecuencia, desestimó 

la demanda sobre daños y perjuicios por difamación instada por la 

parte apelante en su contra.

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan y a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar la decisión apelada, aunque por otro 

fundamento. Veamos.

1 Notificada a día siguiente.
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-ILos hechos en el presente caso se originaron el 26 de febrero 

de 2018 cuando el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, DCR) acogió los Acuerdos del Comité de Clasificación y 

Tratamiento y, dictó Resolución reclasificando la custodia del señor 

Rodríguez Seda de máxima a mediana.

2 Como parte de las 

determinaciones de hechos, se consignó en el inciso #14 lo siguiente: 

“[p]osee historial de uso de sustancias controladas, al momento no se 

ha beneficiado de las Terapias a pesar de haber sido referido”.3

Además, se le advirtió al señor Rodríguez Seda sobre su derecho a 

apelar la decisión en un término de diez (10) días ante el Supervisor 

de la Oficina de Clasificación de Confinados en Nivel Central. Según 

se desprende del expediente, no lo hizo. 

No obstante, compareció el 23 de julio de 2018 ante el TPI 

en el caso núm. PO2018CV00380 mediante la presentación de una 

demanda sobre daños y perjuicios por difamación en contra de la 

señora Colón Velázquez y la Sra. Arline Rodríguez Morales (señora

Rodríguez Morales), ambas, en su carácter personal como miembros 

del Comité de Clasificación y Tratamiento.4 Para el señor Rodríguez 

Seda no representó un problema el resultado de la Resolución de 26 

de febrero de 2018, puesto que fue concedida su petición sobre 

cambio de custodia. Mas bien, su reclamación estribaba en la 

desacertada determinación de hecho #14 esbozada en la resolución, 

la cual consignaba que éste “posee historial de uso de sustancias 

controladas”. En síntesis, el señor Rodríguez Seda argumentó que

las apeladas fueron negligentes en la evaluación de su caso puesto 

que no corroboraron con su expediente médico el hecho de que no

era, ni es, usuario de sustancias controladas. Tal actuación 

2 Exhibit 10 y 11 del recurso de apelación. Señalamos que no se incluyó un índice 

del apéndice y que no todos los exhibits están identificados ni numerados.

3 Ibid.

4 El DCR no fue incluido como codemandado. Véase, Exhibit A del recurso de 

apelación.
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ocasionó que en la Resolución de 26 de febrero de 2018 quedara 

como un hecho probado que el señor Rodríguez Seda “posee historial 

de uso de sustancias controladas”. Según el apelante, lo anterior 

constituye un acto de difamación en su contra y en un ataque a su 

reputación. Además, sostuvo que la actuación difamatoria de las 

apeladas resultó en un retraso en su plan institucional toda vez que 

se le negó en dos (2) ocasiones anteriores la reclasificación de 

custodia. En vista de lo anterior, reclamó una indemnización por los 

daños sufridos y, que se elimine de su expediente toda aseveración 

donde se le señale como usuario de sustancias controladas.

El 22 de julio de 2019 el TPI dictó Sentencia en el caso 

PO2018CV00380. Acogió la solicitud de desestimación presentada 

por las apeladas y, en consecuencia, desestimó la demanda – con 

perjuicio - por falta de jurisdicción ante la falta de agotamiento de 

los remedios administrativos.5 El señor Rodríguez Seda no apeló el 

dictamen, por lo que el mismo advino final y firme.

Posteriormente, el 14 de febrero de 2020 el señor Rodríguez 

Seda presentó otra demanda por difamación en el caso que nos 

ocupa. La demanda fue presentada nuevamente en contra de la 

señora Rodríguez Morales y la señora Colón Velázquez, por idénticos

hechos y remedios alegados y solicitados en el caso 

PO2018CV00380.6

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2020 la señora Colón 

Velázquez radicó una Moción de Desestimación.

7 Entre otras cosas, 

argumentó que el señor Rodríguez Seda debió presentar la queja en 

su contra ante el foro administrativo, por lo que el TPI carece de 

jurisdicción ante la falta de agotamiento de los remedios 

administrativos. En cualquier caso, la reclamación está prescrita 

5 Exhibit 15 del recurso de apelación.

6 Id., Exhibit 26.

7 Exhibit del recurso de apelación.
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toda vez que el señor Rodríguez Seda advino en conocimiento sobre 

la aseveración del uso de sustancias controladas el 26 de febrero de 

2018, cuando se dictó Resolución ordenando la reclasificación de 

custodia. Mientras que la demanda se presentó dos (2) años después 

– 14 de febrero de 2020. 

En oposición a la solicitud de desestimación, el señor 

Rodríguez Seda alegó que el TPI es foro con competencia, ya que 

alega la violación de derechos constitucionales. Por otra parte, 

señaló que el término de un (1) año para entablar la reclamación 

quedó interrumpido con la presentación de la demanda en el caso

PO2018CV00380.

Sin embargo, el 6 de noviembre de 2020 la señora Colón 

Velázquez presentó el escrito intitulado Moción informativa sobre 

Sentencia.

8 Allí, advirtió al TPI sobre la Sentencia dictada en el caso 

PO2018CV00380 el 22 de julio de 2019, por lo cual alegó que la 

reclamación en el presente caso constituía cosa juzgada. El señor 

Rodríguez Seda replicó a lo informado por dicha parte.

Finalmente, el TPI dictó el 3 de junio de 2022 la Sentencia 

apelada declarando ha lugar la solicitud de desestimación de la 

señora Colón Velázquez.9 Concluyó que las apeladas actuaron en su 

carácter oficial en función de sus deberes como miembros del 

Comité de Clasificación y Tratamiento. En ese sentido, señaló que 

no se incluyó como codemandado al DCR de manera que 

respondiera si se hubiese probado culpa o negligencia de estas en 

su carácter oficial. Resolvió, además, que el señor Rodríguez Seda 

no agotó los remedios administrativos. En cualquier caso, el TPI 

determinó que la causa de acción estaba prescrita.

Inconforme, el señor Rodríguez Seda comparece ante nos y 

señala los siguientes errores:

8 Exhibit del recurso de apelación.

9 Id.
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Erró el Honorable Tribunal al emitir o dictar una sentencia 

ilegal sin verificar todos los documentos que se le enviaron en 

la contestación a la desestimación solicitada por una de las 

demandadas, y su representación legal, especialmente los 

Exhibit del 1 al 8 del récord médico y el Exhibit 9 Letra F y la 

Letra H según el fundamento; y en el Exhibit 11 en las 

Conclusiones de Derecho el primer párrafo que dice al evaluar 

la totalidad del expediente; y en el segundo párrafo segunda 

oración; confinado ha cumplido con su plan institucional 

asignado. Esto lo comprueba la resolución de 13 de febrero de 

2019 en el Exhibit 25 numeral #16 según evaluación de 18 de 

julio de 2018. En el Exhibit 24 hay más pruebas en el dopaje 

de sustancias controladas que indican Non Detected el 4 de 

diciembre de 2018 ordenado por la Dra. Evelyn Agostini. Los 

tribunales y la ley no pueden ser violadas. En el Exhibit 26 en 

la Determinación de Hechos en el párrafo número 4 habla de 

un resumen de clasificación de necesidades de salud en el

área de abuso de drogas y el alcohol no tiene necesidad.

Erró el Honorable Tribunal al no solicitar del emplazador que 

solicitara de la Oficina de Recursos Humanos la dirección 

postal y (o) física de la codemandada Arlene Rodríguez 

Morales o al Sistema de Retiro o solicitar edictos a un periódico 

de circulación para su localización para que fuera emplazada 

y esto según la Sentencia del Honorable Tribunal que expresa 

que esta fue emplazada el 20 de febrero de 2020 y resultó 

negativo y no fue hasta que se redactó la moción en anotación 

de rebeldía que fue declarada Ha Lugar el 4 de noviembre de 

2020 y que el 16 de noviembre de 2020 se deja sin efecto la 

anotación de rebeldía. Exhibit 27, 28 y 29.

Erró el Honorable Tribunal al no darse por enterado que la 

demanda fue incoada en el 2018, que hubo una sentencia de 

desestimación ilegal en el 22 de julio de 2019, Caso P02018-

CV-00380 y que se redactó una moción al Honorable Tribunal 

pidiendo reconsideración y anulación de Sentencia por no 

proceder en derecho y aparentemente al Honorable Tribunal 

no se ha percatado que tanto en los epígrafes, en sus órdenes, 

en sus notificaciones no aparece el Departamento de 

Corrección e inclusive en las mociones de las representantes 

legales de las demandadas y que el mismo Honorable envió 

memorandos y documentos para volver a radicar demanda en 

forma pauperis, entendiendo que los términos para radicar no 

habían prescrito.

-IIEn nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada 

es una materia con base en derecho sustantivo,10 la cual se 

encuentra tipificada en el Art. 1204 del Código Civil.11 En lo 

pertinente, dicho artículo establece que:

[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 

otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

10 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012).

11 31 LPRA sec. 3343. Aplica al presente caso el derogado Código Civil de 1930.
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personas de los litigantes y la calidad con que lo 

fueron.12

En su utilización como un mecanismo de defensa, persigue 

evitar que en un pleito posterior se litiguen cuestiones que ya fueron 

o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en un pleito anterior.13

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 

es necesario que entre el caso resuelto por sentencia y aquél en que 

se esté invocando, concurra la más perfecta identidad de cosas, 

causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron.14

El requerimiento de que sean las mismas partes las que 

intervengan en el proceso, se conoce como identidad de personas o 

mutualidad de partes.15 Al considerar el alcance de este requisito, 

se ha señalado que los efectos de la cosa juzgada, en principio, se

extienden a aquellos que intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio.16 Por su parte, la alusión a la existencia de la más 

perfecta identidad entre las cosas, responde básicamente a 

identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita, 

para así poder determinar si ambos litigios se refieren a un mismo 

asunto.17 En la evaluación de este requisito, se debe atender al 

siguiente criterio: “si un juez está expuesto a contradecir una decisión 

anterior afirmando un derecho nacido o naciente”.18 Por último, el 

requisito de identidad de las causas, alude al motivo de pedir o el 

fundamento capital entre ambos pleitos, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.19 Por tanto, para determinar si 

existe identidad de causas, nos debemos preguntar si ambas 

12 Ibid.

13 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 269 (2004).

14 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 150.

15 Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999).

16 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 DPR 753, 766 (1981).

17 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012).

18 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.

19 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 223.
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reclamaciones tienen como base la misma transacción o núcleo de 

hechos.20

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando a Manresa, ha 

expresado que la doctrina de cosa juzgada implica que lo ya resuelto, 

mediante un fallo firme por un tribunal competente, lleva en sí la 

firmeza de su irrevocabilidad.21 Ello, produce que tal determinación 

sea concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, 

aunque estén en controversia causas de acción distintas.22 De 

manera, que esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana 

administración de la justicia, ya que vela por el interés del Estado 

en que finalicen los pleitos y promueve que los ciudadanos no sean 

sometidos a las molestias que entraña la litigación de una misma 

causa de acción dos veces.23

-IIILa parte apelante aduce que el TPI incidió al desestimar, con 

perjuicio, la demanda por las siguientes razones: (1) la reclamación 

no está prescrita; y (2) erró en la apreciación de la prueba 

documental. En cuanto al primer planteamiento, razonamos que le 

asiste la razón al señor Rodríguez Seda. La Resolución de 26 de 

febrero de 2018 fue notificada al apelante el 28 de febrero del mismo 

año. Por lo cual, la presentación de la demanda por difamación en 

el caso PO2018CV00380 el 23 de julio de 2019, tuvo el efecto de 

interrumpir el término de prescripción.

Sin embargo, colegimos que lo anterior resulta inmaterial, así 

como el planteamiento sobre la apreciación de la prueba, toda vez 

que la controversia en el presente caso está enmarcada en cosa 

juzgada. Veamos.

20 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275.

21 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 150-151.

22 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762.

23 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.
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Es un hecho incontrovertido que el 23 de julio de 2018 el 

señor Rodríguez Seda presentó en el caso PO2018CV00380 una 

demanda sobre daños y perjuicios por alegados actos de difamación 

cometidos en su contra por las señoras Colón Velázquez y Rodríguez 

Morales. La presunta conducta difamatoria surge de la 

determinación de hecho #14 esbozada en la Resolución dictada el 

26 de febrero de 2018 por el DCR sobre reclasificación de custodia. 

Sin embargo, el 22 de julio de 2019 el TPI dictó Sentencia en 

el caso PO2018CV00380 desestimando – con perjuicio – la causa de 

acción por difamación por falta de jurisdicción ante la falta de 

agotamiento de los recursos administrativos. El señor Rodríguez 

Seda no apeló dicho dictamen; por lo cual es mismo advino final y 

firme. 

No obstante, el señor Rodríguez Seda presentó el 14 de febrero 

de 2020 otra demanda sobre daños y perjuicios por difamación. De 

un examen a la misma, advertimos la identidad de partes en el caso 

PO2018CV00380 con el de epígrafe. Asimismo, las alegaciones y 

remedios solicitados por el apelante son idénticos al caso previo de 

difamación; es decir, identidad de las causas. Por ende, en este caso, 

el señor Rodríguez Seda está impedido de re litigar una controversia 

que fue debidamente adjudicada por el tribunal sentenciador y que 

advino final y firme.

En consecuencia, al concurrir la más perfecta identidad entre 

las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con 

que lo fueron, entre el caso del 2018 y el caso de 2020, resolvemos 

que procede la desestimación de la presente causa de acción ante la 

aplicación de la doctrina de cosa juzgada.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia dictada por el TPI el 13 de julio de 2022 conforme a lo 

aquí intimado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones